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Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos del Global Security Institute, destaca que el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEA) era en 2015 equivalente a 363 millones de dólares y cuatro años después quedó reducido a apenas 170 millones, un recorte del 53% que llevó al organismo a representar apenas el 0,16% del presupuesto general de gastos.

Además, se cancelaron los acuerdos firmados con China para construir dos centrales de potencia, una CANDU de uranio natural y agua pesada, y una Hwalong-1 de uranio enriquecido y agua liviana. Hoy sólo queda en pie la segunda, la tecnología cuya compra China imponía como condición, a cambio de financiar la primera (la CANDU) e incluso dejar que Argentina dirigiera la obra y la industria nacional suministrara el 75% de sus componentes.

El abandono de la CANDU deja en suspenso 52 años de experiencia en uranio natural y agua pesada, una ingeniería más barata y simple que la de las PWR, nombre genérico de las centrales de uranio enriquecido. Es una autonomía tecnológica laboriosamente conquistada desde 1967. En los planes firmados con China hasta fines de 2015, la CANDU debía entrar en obra en 2016 y la Hwalong-1 debía empezar su obra en 2019. Con el nuevo programa, tal vez la Hwalong-1 se comience en 2021, sin garantías.

El sector nuclear, uno de los dos más dinámicos del Hemisferio Sur entre 1950 y 1983, fue desmantelado en la década del ’90. Recién con el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino en 2006 la actividad se comenzó a revitalizar, principalmente a partir de la decisión de concluir la obra de la Central Nuclear Atucha II, que tras 27 años de demora fue terminada e inaugurada en 2014.

Una vez concluida esa máquina comenzó a negociarse con China y Rusia para avanzar con la construcción de nuevas centrales e incluso se firmaron convenios-marco con ambos países. Pero aunque las plantas VVER 1200 tienen fama de buenas, el márketing nucleoeléctrico de ROSATOM choca contra la autonomía fundacional del Programa Nuclear Argentina: la firma rusa impone no sólo el 100% de la construcción de la central, con sus componentes y su personal, sino también su operación ulterior, sin más participación local que pagarla.

En contraste, la propuesta inicial de la CNNC (China National Nuclear Corporation) en 2014 llevó rápidamente a acuerdos prácticos. Como oferta, la de CNNC fue raramente generosa porque China necesita bloquear el acceso ruso al mercado nuclear sudamericano, donde el único jugador importante es Argentina. Si prácticamente le daba el 85% de financiación a Argentina para construir una CANDU, era sólo para facilitar la adquisición de una planta que, como la Hwalong-1, está en construcción en China y Pakistán, pero todavía no ha sido puesta en marcha en ningún lado. En materia nucleoeléctrica, los clientes tienden a evitar los prototipos o los aparatos con poca «herencia de funcionamiento» por motivos obvios.

A partir de 2016 el inicio de obras de la CANDU se fue atrasando, hasta que en mayo de 2018 el gobierno la canceló sin que China aparentemente se molestara. En diciembre de aquel año, durante las jornadas del G-20, el gobierno del ing. Macri anunció que también se cancelaba la Hwalong-1, pero ahora dice que en realidad se pospone hasta 2021.

Tantos bandazos tienen explicación a la vista. El gobierno en realidad no tiene una doctrina propia en materia nuclear, salvo la que imponen históricamente los funcionarios petroleros del Ministerio y luego de la Secretaría de Energía: como no es posible eliminar la electricidad nuclear, al menos hay ponerle todos los obstáculos posibles.

En esto han sido exitosos. En 1987 el átomo llegó a generar el 15% de la potencia circulante por el sistema interconectado argentino, y hoy está en el 5,4%. ¿La razón? 1000 MW instalados nucleares evitan el quemado de 1600 millones de toneladas de gas natural/año. Pero los vaivenes del gobierno evidencian otras dos fuerzas en pugna sobre el Programa Nuclear: los EE.UU., que están haciendo lo imposible por parar la penetración tecnológica china en Sudamérica, y el gobierno chino.

En el escenario comercial actual, dado que China es un cliente agropecuario importante de la Argentina y EE.UU. más bien un competidor, el lobby estadounidense logra menos tracción. Pese a su evidente rivalidad, ambos gobiernos, tanto el de Donald Trump como el de Xi Jinping, acuerdan en que el peor escenario posible sería que el Programa Nuclear Argentino continúe la línea de uranio natural y agua pesada, es decir la CANDU, porque le confiere demasiada independencia y a la larga, más que un cliente, genera un posible competidor, como ha sucedido en el mercado (mucho menor) de reactores nucleares de investigación. En ese nicho y desde el año 2000, la Argentina es el vendedor dominante. No es imposible que un país con dominio pleno de la ingeniería y el combustible de las centrales CANDU se vuelva autónomo en la materia, como la India, o incluso competidor, como fue Canadá durante décadas.

La suspensión de la CANDU (que hasta mayo de 2018 se llamaba «Atucha III») dejó parada la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, que no recibe pedidos desde 2016. Es la mayor unidad del mundo en su tipo. Hoy está echando a los pocos profesionales y técnicos que no se han ido. tintas iniciativas y el sector comenzó a ser paulatinamente desfinanciado.

El impacto se expresó en la degradación de la CNEA que hoy depende de una subsecretaría que quinto orden en términos jerárquicos debajo del Ministerio de Hacienda, la secretaría de Gobierno de Energía, la secretaría de Energía Eléctrica y la subsecretaría de Energía Nuclear. El fuerte recorte presupuestario, que en dólares llegó al 53% en cuatro años, derivó también en una pulverización del salario de los empleados del organismo. Desde 2002 no han sido tan bajos.

La política de recursos humanos no se centro en reducir la cantidad de trabajadores, como sucedió en otros organismos, sino en la reducción real del salario a través de la no recomposición mediante paritarias, redondeando, según remarca el informe de CEPA, en una pérdida del poder adquisitivo de los empleados de 42%. Adicionalmente, se discontinuo la capacitación y formación del personal, desalentado a los trabajadores del sector a quienes se alentó a retirarse con un plan de retiros voluntarios. “Esto implica la pérdida de valiosos recursos humanos que emigran tanto a la industria privada como al exterior. Esto reviste una gravedad particular, dado que implica la pérdida de la inversión realizada sobre los trabajadores, convirtiéndose en un beneficio directo para industrias del sector privado en la Argentina y en el exterior”, subraya el informe.

Además, mediante el decreto 882/2017 el Ministerio de Energía (hoy secretaria) descapitalizó a la CNEA al transferir el 51% del paquete accionario de la empresa pública Dioxitek a la misma secretaria de Energía. Dioxitek es la única empresa nacional que produce el polvo de dióxido de uranio que requieren las centrales nucleares y los reactores de investigación del país. “Esta decisión prepara el terreno para una eventual privatización de dicho paquete accionario”, adviert CEPA.

“Pasar hoy de la tecnología de uranio natural y agua pesada a la de uranio enriquecido implica caer en la dependencia de la provisión del combustible, altamente condicionada por las grandes potencias y sus intereses geopolíticos”, remarca el informe. “Adicionalmente, no continuar con la tecnología CANDU, significa una dependencia total de los combustibles nucleares de uranio enriquecido, sólo provisto por las grandes potencias”, concluye este documento.