El juez federal de Mar del Plata Alfredo López dejó sin efecto hoy viernes la medida cautelar que había suspendido la exploración petrolera offshore a 300 kilómetros de las costas marplatenses.
López asumió en la causa, luego de que el Gobierno nacional recusara a su antecesor Santiago Martín, quien fue fotografiado en un bar junto a un abogado ambientalista, vinculado a las ONGs que habían solicitado la cautelar.
Ahora quien deberá dar una sentencia definitiva será la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, ya que López no se expidió sobre la situación de fondo y elevó los recursos al tribunal de alzada.
La tarea de exploración del lecho marino iba a ser llevado adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 por los que las adjudicatarias comprometieron inversiones por casi US$ 800 millones.El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible otorgó el 30 de diciembre la Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que autorizó a las petroleras a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas a más de 300 kilómetros de la Costa bonaerense.
Hace una semana el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, lanzó en las redes sociales lo que podría ser el germen de la idea que ahora se discute:
?? Estamos trabajando en un conjunto de mecanismos que faciliten el contacto directo entre productores y consumidores de alimentos, con todos los beneficios que eso conlleva en materia de abaratamiento de costos y precios, impulso a la producción local y cuidado del ambiente ?? pic.twitter.com/TvmsapFR8b
El contador Feletti continuó relatando que sobre esto había charlado ese jueves 10 con el director Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Rafael Klejzer.
En un reportaje radial, Klezjer, que también es referente del Movimiento Popular La Dignidad y de la UTEP esbozó como podría hacerse realidad la iniciativa que propone:
“Una Empresa Nacional de Alimentos, directamente asociada con los productores, permitirá impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos, en un mercado que hoy está fuertemente concentrado y en manos de grandes corporaciones”, explicó Rafael Klejzer.
“De esta forma, será posible generar un precio de referencia en los productos de consumo masivo y ponerle freno a la avaricia de las empresas que entienden al alimento como una mercancía y no como un derecho social”.
“Normalmente el aumento de precios de los alimentos está por encima de la media inflacionaria, eso quiere decir que hay un ensañamiento con los hogares argentinos y una enorme transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía”, afirmó el dirigente social.
Ayer, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, la vocero presidencial Gabriela Cerruti, ante una pregunta, no descartó la creación de una Empresa Nacional de Alimentos (ENA) para poder controlar los precios y llegar con alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Cerruti afirmó: “El Gobierno está empeñado en ver de qué manera puede ayudar a los pequeños y medianos productores de hortalizas y verduras, que son los precios que estacionalmente más inciden en la inflación”.
Observaciones de AgendAR:
Esta idea de Feletti ha provocado desde ayer jueves 17 una gran repercusión en los medios, al menos. Pero las reacciones hasta ahora tienen más que ver con el enfrentamiento político que con sus posibles méritos y dificultades de realización.
Lo que está planteado es nada más y nada menos que una distribuidora de alimentos a escala nacional. Los productores sólo le venderían si sus precios igualan o mejoran los de las comercializadoras privadas. Es una cornisa angosta: uno de los riesgos es disparar más inflación alimentaria de la existente.
Ahora, uno de los argumentos politizados que ya se esgrimió en contra es que una empresa similar en Venezuela estaría funcionando mal. Es posible, pero también habría que evaluar los casos de México y de algunos estados de Brasil, donde existen mecanismos parecidos.
En realidad, el desafío que percibimos en AgendAR es que la idea exigirá un talento empresario de primer orden para que funcione bien. Las buenas intenciones no alcanzan.
Hay otro asunto no menor si se decide avanzar con esto: la posición hegemónica o monopólica de una empresa privada en el mercado, en cualquier mercado, le permite extraer un beneficio mayor al que obtendría en condiciones teóricas de competencia perfecta. Pero ese no es el motor principal de la inflación que existe en nuestro país.
En el lenguaje de la gente de a pie «todo sube, porque todo sube». Esa inflación inercial deberá detenerse, si Argentina quiere volver a tener una moneda propia. Y porque somos AgendAR y pro-industria, estamos en contra de hacerlo a fuerza de recesión. De estanflaciones, ya estamos hartos. Algo más creativo, por favor, venimos pidiendo casi a gritos. Y ahora surgió esto.
A revisar también, el grado de federalismo que tendrá dicha empresa. Si bien una excesiva concentración de poder del estado nacional puede multiplicar todo error, diluir la capacidad de compra y ejecución en 24 jurisdicciones desalineadas por política o intereses regionales mataría esta iniciativa en el huevo.
En los tiempos de las empresas y organismos públicos poderosos hubo verdaderas usinas de construir país: el Ministerio de Educación, Fabricaciones Militares, YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Administración Parques Nacionales, por dar pocos ejemplos pero muy variados. No sólo fundaron industrias sino ciudades. Y lo que lograron, se hizo gracias a una administración centralizada: chequera de la grande y decisiones de estado, es decir, que se ejecutan.
En este caso, las consignas de una empresa de alimentos deberían ser dos: pisar los precios de la comida a la baja, y promover buenas prácticas de producción agropecuaria desde la capacidad selectiva de compra del estado. Por ambos «pecados», el supermercadismo de capitales extranjeros (y el nacional también), y el modelo agropecuario imperante, tan poderoso en la llanura chacopampeana, tratarán de degollar este bebé en la cuna.
Lectores: esta propuesta es una especie de Plan Marshall, pero interno. Hay regiones devastadas y bocas que alimentar ahora. Quien dirija esta nueva empresa deberá tener la audacia de un San Martín, la astucia de un Roca y la moral de un Belgrano. ¿Son demasiadas líneas de tren como para confluir en una sola persona? Quizás. Pero como dijo otro general, «todo el arte está en la ejecución».
No nos interesa discutir si la idea de Feletti es buena. Está en otra categoría: para más de la mitad de la población resulta desesperadamente necesaria.
Y no sólo para evitar la aberración actual, de un PBI que crece pero menos rápido que la pobreza, porque a ésta la fogonea la inflación. Esta empresa es realismo político puro. Le sería indispensable a cualquier gobierno de cualquier signo que, en la situación actual, quisiera sobrevivir en las elecciones de 2023.
De modo que el momento para empezar a construir esta suerte de banco nacional de alimentos, lectores, es ayer. Y tiene que debutar ganando batallas. No habrá margen de error.
«En silencio se fue tejiendo un acuerdo que demoró más de dos años. Después de varios intentos fallidos, la Nación y la ciudad porteña avanzaron en un entendimiento para el traspaso de los terrenos que el ex presidente Macri le había cedido al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tres meses antes de dejar el poder.
El hecho se conoció horas antes de que se dé la reunión entre la Nación y Ciudad por el traspaso de los colectivos. Para la Casa Rosada, el acuerdo es un hecho. Para la Ciudad, está “muy avanzado” y en “buen camino”, pero aún no cerrado ni firmados los convenios centrales.
Los encargados de destrabar el trato fueron Rodríguez Larreta y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro. El gobierno porteño le devolverá a la Nación las playas ferroviarias de Caballito y Palermo, valuadas en 30 millones de dólares, y la administración de Alberto Fernández se comprometió a no obstaculizar la venta de la ex cárcel de Caseros.
Además, según explicaron fuentes oficiales, el gobierno nacional asumirá la deuda de US$ 175 millones que la gestión de Macri contrajo para financiar el Paseo del Bajo. A cambio, la Capital devolverá los casi 30 terrenos nacionales que Macri cedió a la Ciudad para afrontar el pago del préstamo. Para el gobierno porteño, se trata de 12 predios.
Desde que asumió, en diciembre de 2019, Fernández y el ministro del Interior buscaron recuperar lo que consideraron fue un exceso de transferencias de recursos a la Ciudad durante la administración de Macri.
Según una auditoría de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en los últimos tres meses del gobierno macrista se firmaron 34 escrituras que incluían unas 100 parcelas e inmuebles por un valor de $ 14.000 millones.
Todavía resta la resolución sobre una decena de terrenos fiscales que el gobierno nacional le cedió a Larreta a cambio de las obras de los viaductos de las líneas de ferrocarriles Mitre y San Martín. Otro tema que aún está sobre la mesa es la cesión de la cárcel de Devoto.
Pese a que tomó estado público este miércoles, Rodríguez Larreta y Wado de Pedro destrabaron el acuerdo a fin de año. El jefe de gobierno y el ministro del Interior fueron avanzando lentamente. Incluso, según confiaron fuentes oficiales, la decisión de resolver este tema fue uno de los temas que mantuvieron a flote la relación entre el dirigente de La Cámpora y el Presidente tras la derrota electoral.
Recuperar los terrenos fue una promesa de campaña de Fernández en 2019, que después retomó Leandro Santoro durante 2021.
La cuestión con los terrenos cedidos comenzó en 2016. Por un acuerdo entre Macri y Rodríguez Larreta, la Nación se comprometía a subastar predios en desuso para financiar obras públicas en la ciudad. El convenio incluyó la autorización de la Legislatura porteña para que se pudiera construir (solo el 35% de la superficie se podía destinar a inversiones inmobiliarias).
Pero un día después de la derrota electoral, el 28 de octubre, el entonces presidente firmó un DNU, el 740, con el que le otorgó a la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) la facultad de “dar en pago” inmuebles para “cancelar deudas o afrontar compromisos”. A los pocos días de asumir, Fernández derogó esa facultad porque, según dijo en el decreto, “desnaturaliza la función” del organismo.»
Preguntas de AgendAR:
Ante la ausencia de información oficial, reproducimos la nota de La Nación, un medio que seguramente tiene acceso a fuentes que conocen del asunto.
Hay preguntas que resultan inevitables: si los terrenos en cuestión -o algunos de ellos- eran de propiedad de la Nación ¿por qué los ciudadanos de todo el país deben cederlos para financiar obras en la ciudad autónoma?
Para tomar un caso en particular: sin duda el Paseo del Bajo alivió muchos problemas que causaba el tránsito de camiones en esa zona de la ciudad. Pero el Estado nacional debe hacerse cargo de los 175 millones de dólares que serían el costo de esa obra?
Es posible que este acuerdo equilibre los intereses y los derechos de una y otra parte de la cuestión. Pero las autoridades, las nacionales y las locales, están obligadas a rendir cuentas.
Mediante la administración de compuestos naturales, investigadores de la provincia de Córdoba lograron revertir algunos efectos no deseados que causa la diabetes, una enfermedad caracterizada por un exceso de glucosa en sangre que puede causar lesiones en diferentes órganos del cuerpo.
Tras experimentos en ratones, científicos del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Cuarto planean realizar más investigaciones que preparen el terreno para ensayos clínicos que comprueben su seguridad y eficacia.
“Nuestros hallazgos brindan la primera evidencia clara de que el tratamiento con ácidos fenólicos desactiva un mecanismo molecular que pudimos describir en estudios anteriores y evita el desarrollo de patologías secundarias a la diabetes mellitus en un modelo de rata. Estos resultados pueden formar la base de un nuevo enfoque terapéutico”, indicó el doctor en Biología César Casale, investigador del Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud (INBIAS) que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), en Río Cuarto, Córdoba.
Cuando la glucosa se incorpora a la célula puede seguir dos caminos, consumirse para generar energía o almacenarse en forma de un polímero llamado glucógeno. ¿Qué acurre entonces cuando continúa ingresando glucosa, como es el caso de las células de individuos diabéticos que transportan glucosa de una manera no dependiente de insulina? “Aquí se produce uno de los primeros problemas para la célula. El exceso de glucosa toma una vía secundaria forzada por la situación de la gran disponibilidad de glucosa: se transforma en sorbitol y este metabolito es la causa, entre otros efectos, de la muerte celular”, explicó Casale, también investigador principal del CONICET y del Departamento de Biología Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales de la UNRC.
La formación de sorbitol desde glucosa en pacientes diabéticos se acelera alrededor de 12 veces, ya que se activa una proteína que se llama aldosa reductasa (AR) que es la responsable de esa transformación y que, según este y otros trabajos previos del grupo de Casale, se activa con la unión a ciertas estructuras de las células llamadas “microtúbulos” que se forman por la unión de moléculas de una proteína, la tubulina.
“El aumento de glucosa causa un incremento en el contenido de microtúbulos de la célula, es decir que si se sube el nivel de glucosa aumenta la actividad de la enzima, situación que sucede en las personas diabéticas”, explicó Casale.
Los investigadores también observaron que la tubulina que preferentemente se une a la aldosa reductasa es una que contienen 3-nitro-tirosina, un aminoácido que aumenta considerablemente en las células de personas con diabetes mellitus.
A partir de este conocimiento, en estudios in vitro los investigadores probaron diferentes ácidos fenólicos y constataron que seis derivados fueron capaces de inhibir la unión entre tubulina y la aldosa reductasa y de esta manera reducir los niveles de sorbitol. “Los resultados fueron sorprendentes”, destacó el científico cordobés.
A raíz de estos resultados alentadores, y tal como se describe en la revista “Journal of Physiology and Biochemistry”, los científicos sometieron ratas diabéticas al consumo por vía oral de diferentes ácidos fenólicos. “Como esperábamos los tres compuestos probados fueron capaces de revertir todos los parámetros estudiados”, indicó Casale.
La administración de los ácidos fenólicos logró prevenir en los animales con diabetes la formación de cataratas, alteraciones en deformabilidad de los glóbulos rojos, enfermedad del riñón e hipertensión arterial. Para poder poner a prueba los ácidos fenólicos en humanos es necesario realizar más estudios preclínicos y si los resultados son positivos, se realizarán los experimentos en humanos según los protocolos de bioética y seguridad que establece la ANMAT, afirmó Casale.
Del trabajo también participaron Juan Franco Rivelli Antonelli (primer autor del estudio), Verónica Santander, Ayelen Nigra, Noelia Monesterolo, Gabriela Previtali y Emilianao Primo, del INBIAS, del CONICET y de la UNRC; y Lisandro Otero, oriundo de Rio Tercero e investigador del CONICET, del Instituto Leloir y de la Plataforma Argentina de Biología Estructural y Metabolómica PLABEM.
Dos especies de plantas nativas de las Orcadas del Sur crecieron en diez años hasta cinco veces más que en los cincuenta años previos. Un estudio señala que esta tendencia desencadenará «cambios significativos» en el ecosistema.
n estudio publicado esta semana refleja la incidencia que tuvo el cambio climático en la Antártida durante una década, y alerta por los cambios significativos que podría tener en los próximos años en el ecosistema de las costas e islas antárticas.
El trabajo de investigación, publicado en la revista especializada Current Biology, expone que las únicas dos especies de plantas nativas que crecen en la Antártida, Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis, experimentaron entre 2009 y 2019 una rápida y “sorprendente” expansión.
“En este estudio documentamos la aceleración en la expansión de D. antarctica y C. quitensis en la última década (2009-2018) en Signy Island, donde la tendencia al calentamiento de la temperatura del aire se reanudó en el verano después de 2012”, manifiestan en la publicación.
La especie nativa D. antarctica creció, durante los años que duró el estudio, tanto o más que como lo había hecho entre 1960 y 2009. Por su parte, la especie C. quitensis aumentó hasta cinco veces más durante los mismos períodos.
“Nuestra hipótesis es que la sorprendente expansión de estas plantas se debe principalmente al calentamiento del aire del verano y la liberación de la limitación de la perturbación del lobo marino”, señalan los investigadores respecto de la disminución de las colonias de lobos marinos.
No obstante, hacen hincapié en que “el fuerte calentamiento de la temperatura del aire entre la década de 1950 y 2016 en la región de la Península Antártica superó el calentamiento global promedio con impactos evidentes en los ecosistemas terrestres”.
Asimismo, pronostican que esta tendencia impulsada principalmente por el calentamiento global “se reanudará con la expansión de áreas libres de hielo e impactos continuos en los componentes abióticos y bióticos de los ecosistemas terrestres, incluida la entrada de especies no nativas como se registró recientemente en Signy Island (Islas Orcadas del Sur)”.
Nicoletta Cannone, autora principal del estudio, señaló: «Nuestros análisis muestran que ahora la Antártida está respondiendo rápido y esto se debe al aumento de la tendencia al calentamiento». Peter Convey, coautor del estudio, explicó al sitio New Scientist que el problema no es sólo el crecimiento sorprendente de esta vegetación, sino también el impacto que eso tendrá en el ecosistema de la Península Antártica. «Creemos que estamos empezando a ver lo que es casi como un cambio radical o un punto de inflexión», detalló.
Alberto Fernández encabezó ayer el acto en el que se anunció la construcción de 100 Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria en el país. El objetivo es revincular al sistema educativo a adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años y posibilitar su formación profesional.
En su discurso, el mandatario dijo que el desafío es que un chico que termina el colegio «tenga un lugar donde trabajar». También anticipó a alumnos y docentes que para el 2 de marzo, inicio del ciclo lectivo, «se dará vuelta la página de la penuria».
El acto se hizo en el predio de Tecnópolis, y el presidente estuvo por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Educación, Jaime Perczyk.El programa está destinado en especial a jóvenes vulnerables que hayan abandonado o no comenzaron los estudios secundarios. Se hará una inversión de $ 35.500 millones, que apunta a recibir a unos 100.000 estudiantes.
La iniciativa, que se realiza a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), plantea como objetivo «fortalecer el acceso a la educación secundaria obligatoria a jóvenes de entre 15 y 18 años, favorecer su formación profesional y promover la inclusión laboral!, según informaron desde el ministerio de Educación.
En el ministerio de Obras Públicas brindaron detalles de los futuros edificios. Los establecimientos tendrán una superficie total de 3.000 metros cuadrados y contarán con aulas, talleres, laboratorios, biblioteca, SUM y espacios de encuentro. Se estima que cada escuela tenga capacidad para recibir a 600 estudiantes en tres turnos.
Las nuevas escuelas se constituirán como el entorno formativo donde los jóvenes realizarán sus estudios durante el ciclo lectivo y, a la vez, funcionarán como un espacio abierto a la comunidad con actividades y propuestas que permitan integrar, convocar y vincular a esta población durante el año.
Los establecimientos serán construidos en un plazo entre los 10 y los 18 meses con un enfoque de “desarrollo sostenible”. Cubrirá las siguientes especialidades: Agroindustria; Bioeconomía; Construcciones; Economía del conocimiento; Energías; Industria textil; Minería, Mecánica automotriz; Metalmecánica; Madera y muebles; Petróleo y gas; Tecnología 4.0; y Telecomunicaciones.
De la inversión se encargará el Ministerio de Obras Públicas, que elabora los proyectos y financia las obras con $ 33.000 millones del Tesoro Nacional, y la ejecución estará a cargo de las jurisdicciones provinciales. El INET brindará el equipamiento y mobiliario con una inversión total de $ 2.500 millones.
Se otorgará título secundario y una certificación profesional de acuerdo a la especialización elegida
“Se desarrollaron distintos prototipos de edificio teniendo en cuenta las condiciones climáticas y territoriales de las zonas en las que se emplazarán, cuya construcción tendrá una duración aproximada de entre 10 y 18 meses, considerando el período de veda invernal”, precisaron en la cartera que conduce Katopodis.
Aún no está definida las ubicaciones de los establecimientos. El relevamiento sobre la disponibilidad de los terrenos se está llevando a cabo de manera conjunta: mientras el Ministerio de Obras Públicas avanza en la identificación de localizaciones en el Gran Buenos Aires, el INET lo hace en el resto del país, considerando a su vez, las propuestas realizadas por las provincias y los municipios.
La nueva modalidad de educación técnica
Esta iniciativa se enmarca en la nueva modalidad de Educación Profesional Secundaria del Ministerio de Educación, que otorga título secundario junto a una certificación profesional de acuerdo a la especialización elegida.
La modalidad está dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años que abandonaron la escuela tras concluir la primaria, que hayan iniciado sus estudios pero que luego se desvincularon por al menos un año perdiendo así su condición de estudiante regular, o bien que se encuentren en situación de haber repetido al menos dos veces consecutivas un determinado año escolar.
El tramo de formación tiene una duración estimada máxima de hasta 4 años, que puede variar en función de las condiciones socioeducativas y de la posible acreditación de saberes previos. La carga horaria de la propuesta curricular es de aproximadamente 2.900 horas, de las cuales 2.100 corresponden a la formación general, y entre 700 y 800 al trayecto de formación profesional.
Recibimos en AgendAR esta nota de APAL, Asociación por la Autonomía de Lima, y la reproducimos. Añadimos al final nuestras observaciones:
«Buenas tardes, desde la asociación queremos hacerles llegar nuestra inquietud con respecto a la construcción de Atucha III, como vecinos de LIMA , los que le otorgamos la licencia social a las centrales, hoy estamos preocupados.
Esperando que puedan publicar nuestra nota.
Quedamos a disposición
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Hernán COLOMBO Adriana Reyes
Presidente Secretaria
03487-15-629252 03487-15-646896
Atucha 3: “Lima necesita mayor infraestructura para albergar una nueva central nuclear”
La firma de la construcción de una nueva central nuclear pone en alerta a los vecinos de Lima, el pueblo más cercano de donde se construirá la cuarta central “no queremos repetir el legado social que nos dejó la construcción de Atucha 2”.
La construcción de una nueva central nuclear en Lima, está cada vez más cerca y a juzgar por los contratos firmados y la intención de los gobiernos de China y Argentina, la obra comenzaría este año. Sin embargo, la experiencia de Atucha II, para el pueblo limeño, no fue del todo grata en cuanto al legado social y de infraestructura que dejó tal proyecto.
La obra gruesa finalizó en 2012 y la puesta en marcha en 2014, año cuando se supo que la tercera central nuclear no iba a iniciarse en el corto plazo y que muchos obreros iban a quedar a la deriva, algunos de ellos viviendo en Lima. Luego de la terminación de una obra tan grande, como cualquier proyecto de infraestructura de gran envergadura emplea y desemplea, al cabo de unos años, a miles de personas. Y eso fue lo que sucedió con Atucha 2.
Y lo que plantean los limeños es que a partir de ese año crecieron los asentamientos de Lima porque las promesas del Estado nacional fue que inmediatamente iba a comenzar “Atucha 3”.
De hecho, los propios limeños afirman que un número significativo de las personas empleadas en diversas tareas de puesta en marcha de Atucha 2 se quedaron a vivir en Lima, muchos de ellos en condiciones muy precarias. Y relacionan dicha etapa al crecimiento y generación de los asentamientos en Lima, pasando de tener 12 barrios, a más de 30 en los últimos 12 años.
Por ello, y ante la inminencia de la construcción de la tercera central, la Asociación para la Autonomía de Lima (APAL) pidió una reunión con la gerencia de Nucleoeléctrica Argentina, firma que opera las centrales y responsable de la construcción de Atucha 3, para trasladar sus preocupaciones, como la falta de infraestructura y el deterioro estructural y urbanístico como ciudad que sufrió Lima; donde entran los asentamientos irregulares como “efecto no deseado” de una obra de tal envergadura.
“Un inmenso orgullo sentiremos al contar que seremos una de las pocas ciudades del mundo donde se emplace, una vez más, un proyecto nuclear de semejante envergadura. Pero también reconocemos que nos genera incertidumbre saber si el ciudadano limeño será parte de semejante obra o si alguien se detuvo a pensar que es lo que el limeño desea o merece al otorgar su licencia social nuevamente.
Ojalá quienes nos representan ubiquen a la localidad de Lima en el lugar que realmente se merece”, establece el comunicado de APAL. En esta carta incorporan un término interesante, la licencia social, que obliga a pensar la instalación de una cuarta central nuclear en términos de impacto social y urbanístico.
Claro está, que entidades ambientalistas también expondrán sus razones sobre el impacto ambiental y ecológico. Por su parte, desde APAL sostienen en que Lima necesita de otra infraestructura para albergar a una nueva central nuclear y plantear un trabajo, y aquí es donde ingresaría el Estado en sus tres niveles, para evitar una explosión demográfica que luego de la obra traerá consecuencias sociales como cientos de personas desocupadas viviendo en asentamientos en dicha localidad; tal como ocurrió con Atucha II.
En este sentido, vuelven a aparecer las demandas históricas de los limeños, la construcción de un hospital de alta complejidad, el arreglo de todas las calles ante cualquier tipo de emergencia ambiental y sanitaria (el 85% son de tierra), dotar a la ciudad de los servicios básicos, impulsar la construcción de planes de vivienda y que, al pertenecer en un polo tecnológico y nuclear, único en el país, que parte de todo lo generado por la empresa también se vuelque a la ciudad en inversiones.
De allí viene su pedido de separarse de Zárate, quieren poder administrar sus propios recursos y poder decidir ellos mismos cómo será el futuro crecimiento de su ciudad. Si todo avanza como hasta el momento, la construcción de la tercera central nuclear en Lima llevará un plazo de ocho años, tiempo suficiente para que el Estado nacional, más allá de los gobiernos que pasen, se pongan de acuerdo a nivel nacional, provincial y municipal para atender tales demandas del pueblo limeño junto con la empresa Nucleoeléctrica Argentina.»
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Observaciones de AgendAR
Sobre el pedido de autonomía de Lima en relación a Zárate, no tenemos nada que decir. Hace a la política de la provincia, que no es nuestro tema. Pero quienes hemos seguido el desarrollo de la actividad nuclear en nuestro país, debemos señalar algo evidente, que estos vecinos prefieren no mencionar, quizás para evitar dividirse por diferentes simpatías políticas.
Lo que perjudicó a Lima fue la suspensión de todas las nuevas construcciones nucleares -que ya estaban previstas- en el predio de las Atuchas, no la terminación de Atucha II en 2014.
Y la suspensión de toda obra nuclear nueva empezó por las demoras deliberadas en el cavado de cimientos de la central CANDÚ nacional en 2016, decididas por el Ministro de Energía, Ing. Juan Carlos Aranguren, y su posterior decisión de directamente no construirla en 2018.
También les golpeó la decisión de no construir nada más en el predio de las Atuchas, porque ese mismo año se detuvo la obra del CAREM, comparativamente más pequeña, y quedaron 200 trabajadores en la calle.
En el pico de ocupación temporaria generada por la obra civil de una central nuclear mediana o grande hay hasta 7000 personas en el obrador, con muy distintos grados de calificación y distintas expectativas de residencia en el lugar.
No es demostrable que de haberse seguido el programa de construcción nuclear decidido por ley en 2014 en Lima no habría asentamientos. Lo que sí habría sería una CANDÚ nacional terminada y empezando a hacer pruebas de estanqueidad en frío que se llamaría Atucha III y un CAREM en finales de obra. Se puede estimar entre 600 y 800 puestos de trabajo de calificados a muy calificados.
Las obras civiles de ambas centrales, las únicas de la construcción nuclear que movilizan a la gente no especializada del gremio de la construcción, se habrían terminado hace un par de años. Y la central Hualong-1, de acuerdo a lo firmado entre los gobiernos argentino y chino, se estaría construyendo desde 2018 en alguna provincia donde la obra tenga sentido y goce de licencia social. Hoy la obra civil estaría probablemente terminada.
Las dos cosas que promueven la proliferación de asentamientos irregulares son la recesión y el trabajo en negro. No había recesión en la Argentina a fines de 2015, y la CNEA, la NA-SA y sus proveedores tercerizados de obra civil no admitieron jamás trabajo no registrado.
Hasta 2015 Lima era una ciudad pequeña, modesta, tranquila y bien construida, con servicios municipales y educativos suficientes. Estaba nucleada alrededor de las casas, de calidad más que mediana, de las primeras personas que fueron a vivir a un sitio que hasta 1968 era campo: las de los operadores de las centrales nucleares. Fueron construidas en forma planificada por la CNEA en los años ’60 y fines de los ’80, con asfalto, luz, agua, red cloacal y establecimientos educativos.
No somos neutrales en esto. La mejor política contra los asentamientos es el crecimiento económico, la creación de trabajo legítimo y registrado y la planificación urbana, cuando se construye en lugares que eran campo abierto. Son íconos indisociables de las grandes obras nucleares.
Que las culpas de la crisis urbanística y social de Lima caigan sobre quienes la generaron a partir de 2016, en el tercer gran intento de destruir el Programa Nuclear Argentino.
Las soluciones las tendrán que proveer, como suele suceder, mejores gobernantes que los inventores del problema.
Como esta noticia ha sido comentada desde enfoques muy diversos, en AgendAR nos pareció adecuado reproducir la nota, su título, y el video distribuidos por la agencia rusa, Russia Today. La mirada brasileña… esperaremos a las elecciones del 2 de octubre próximo.
«Vladímir Putin y2 Jair Bolsonaro han concluido su reunión bilateral en Moscú, adonde el presidente de Brasil llegó este martes pese a las presiones de EE.UU. para que suspendiera el viaje debido a las tensiones por la crisis en torno a Ucrania.
Putin ha aceptado la invitación de Bolsonaro de visitar Brasil y ambos líderes han calificado las negociaciones, que transcurrieron «en un ambiente de cordialidad y confianza mutua» a lo largo de casi dos horas, como fructíferas. «Durante el intercambio de opiniones sobre asuntos globales y regionales se constató que las posturas de Rusia y Brasil son cercanas o coinciden en muchos temas», ha indicado el presidente ruso en una rueda de prensa después del encuentro con su homólogo brasileño.
La reunión ha finalizado con una declaración conjunta, en la que los mandatarios han reiterado su intención de reforzar la cooperación estratégica, ampliar el diálogo político y aumentar el nivel de las relaciones bilaterales «sobre la base del respeto a la soberanía, el derecho internacional y los principios del Estado de derecho», destacando «el desarrollo dinámico» de la colaboración bilateral en materia de la agricultura, energía, defensa, medioambiente, ciencia, tecnologías, educación y cultura.
«Nuestros países abogan por la formación del orden mundial multipolar con base en el derecho internacional y el papel central y coordinador de la ONU», ha destacado el presidente ruso.
Bolsonaro, por su parte, ha mencionado «un gran potencial» para la cooperación con Rusia en el ámbito energético, la producción de petróleo, gas natural y productos petrolíferos, manifestando el interés de su país por la exploración petrolera en aguas profundas y reactores modulares pequeños.
Además, los presidentes han abordado la carrera armamentista en el espacio, acentuando la necesidad de acciones conjuntas para impedirla. Hablando sobre el espacio, Putin y Bolsonaro también han resaltado los proyectos conjuntos de navegación por satélite y vigilancia de los desechos cósmicos, así como su interés mutuo por aumentar la cooperación en otras esferas relacionadas con las actividades en el espacio con fines pacíficos.
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En los momentos previos a la reunión, Putin destacó que pese a todas las restricciones que supuso la pandemia de covid-19, el intercambio comercial con Brasil creció en un 87 %, y señaló que Brasil es «uno de los principales, incluso se puede decir que el principal socio comercial y económico» de Rusia en Latinoamérica.»
El Gobierno nacional apeló este martes el fallo de la Justicia de Mar del Plata que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de esa ciudad bonaerense, al hacer lugar a una medida cautelar.
La apelación presentada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable incluye una recusación al juez actuante por manifiesta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad.
El 30 de diciembre pasado, el Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y autorizó a las empresas a realizar los estudios de exploración sísmica. Pero el viernes último la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto.
El proyecto de exploración petrolífera del lecho marino en el Mar Argentino fue adjudicado en 2019 e implica un compromiso de inversiones por casi US$ 800 millones por parte del consorcio de empresas que encabeza la noruega Equinor en sociedad con YPF y Shell.
El escrito de apelación consideró «absolutamente innecesarios o prematuros la cautelar dispuesta y los conjeturales impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino», al entender que «los supuestos impactos auditivos, interferencias en corrientes migratorias, interrupciones de amantamiento en crías de mamíferos marinos, son hoy por hoy absolutamente conjeturales».
Tras recordar que las tareas de prospección sísmica iniciarían dentro de ocho meses -octubre de 2022, «dicha información se encuentra a estudio de las áreas técnicas del Ministerio de Ambiente; de modo que sólo cabe preguntarse ¿Cuál es el perjuicio irreparable?«.
«Sólo existen conjeturas que no señalan de manera meditada qué etapa del proyecto es la que produce el daño que arguyen y en que dimensión. Se incumple así con el postulado de acreditar este requisito, lo que impone también por estas razones, el rechazo de la cautelar solicitada», agregó el escrito.
Como prueba que hace a la recusación del juez marplatense, el escrito propuso entre otros el tuit del constitucionalista Daniel Sabsay donde «festeja abrazando al juez de la causa el dictado de la cautelar junto a uno de los letrados de los amparistas», el abogado ambientalista José Esain, quien es patrocinante en esta misma causa del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).
Al hacer lugar a la medida cautelar, el juez Martín había ordenado la semana pasada la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021 y contaba con la aprobación del Ministerio de Ambiente.
Tras la presentación de la apelación, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que el Gobierno apeló este fallo porque «sus fundamentos están desvinculados de la realidad, y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en las ciudades costeras».
Martínez agregó que el fallo «ignora absolutamente los máximos niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción offshore y que aplicarán en estos proyectos».
Según Martínez, «este fallo está fundamentado en preceptos erróneos, equivocados, sin relación con la actividad petrolera que se va a desarrollar, y denota profundo desconocimiento sobre la misma, su historia y sus características».
«Por otra parte -continuó- genera un freno injustificado a la generación de miles de puestos de trabajo para los argentinos y argentinas que viven en las ciudades ribereñas y oportunidades de mayor actividad para sus pymes, así como priva al país de desarrollar y aprovechar los recursos energéticos que necesita».
En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en alta mar en la costa atlántica podría generar alrededor de 220.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por unos US$ 25.000 millones anuales.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incorporó una nueva tecnología que promete mejorar la estrategia de testeos del covid. Un infectólogo advierte que no es un no es un método validado por la experiencia internacional.
El nuevo sistema se creó a partir de la recolección de más de 140 mil muestras de toses y permite detectar si el audio de la tos enviado a través del chat corresponde potencialmente a una persona infectada. Ya se encuentra disponible a través de Boti, un «bot» que responde enel WhatsApp del gobierno de la Ciudad (11-5050-0147), y cualquier persona lo puede probar.
Como parte del proceso de triage, para conocer si la persona tiene síntomas o si fue contacto estrecho de un caso confirmado, y dependiendo de las respuestas a preguntas definidas por las autoridades sanitarias, la persona puede grabar y enviar un audio con su tos. Una vez recibido el audio, «IATos» analiza el sonido: si coincide con los patrones de casos positivos le recomienda a la persona hacerse el test de COVID-19.
El gobierno de la C.A.B.A. informa que IATos funciona a partir de una red neuronal de inteligencia artificial que es capaz de clasificar sonidos de voz, respiración y tos. Está basado -indican- en algoritmos de aprendizaje automático y fue desarrollados por la Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad de Buenos Aires, y contaría actualmente con alrededor del 86 % de efectividad en la predicción.
De esta manera, el sistema permite rescatar casos positivos que de otra manera no hubieran ido a testearse. En una prueba piloto, sobre un total de 2.687 audios evaluados, IATos recomendó realizarse el testeo a 554 personas. De esas 554, 436 resultaron positivas en su hisopado y 118 fueron negativas.
Para entrenar el sistema de reconocimiento de esta red, se recolectaron a través de Boti 140.000 audios de personas con diagnósticos positivos o negativos COVID-19, según las pruebas de PCR realizadas en los centros de testeo del Gobierno de la Ciudad. De esta manera, el etiquetado de los audios se realiza gracias y en base a los testeos, siendo esta la primera vez que se hace un estudio de este tipo en el mundo, recolectando audios de forma abierta a la comunidad a través de WhatsApp. Este proceso fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Elizalde.
La base de datos de toses positivas y negativas recolectada por el GCBA es la más grande del mundo y es de dominio abierto: la Ciudad hizo disponibles todos los datos relacionados al proyecto para que cualquiera pueda conocer más sobre este tipo de sistemas y avanzar en proyectos similares.
«IATos es una solución escalable, versátil y de bajo costo que aporta una herramienta innovadora a la estrategia de testeos de la Ciudad, y que se suma como una función adicional a Boti, el WhatsApp oficial del GCBA (11-5050-0147)», afirmó el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta cuando fue presentado.
Por otra parte, el reconocido inmunólogo e investigador del Conicet Jorge Geffner dijo que «no es un método validado».
El especialista explicó que el nuevo sistema está basado en un trabajo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) de Boston, Estados Unidos.
«Básicamente, lo propone como una metodología para el caso no de infectados por Covid sintomáticos, sino asintomáticos porque sabemos que en el escenario Ómicron hay una fracción importante que son asintomáticos», añadió Geffner.
En declaraciones radiales, el inmunólogo precisó que la iniciativa «es parte de un estudio científico, hoy no está validado como método diagnóstico en la Argentina, tampoco en Estados Unidos y no lo vi en ningún otro lugar del mundo».
En la misma línea, consideró que «es interesante, pero es más un proyecto de investigación hoy por hoy ampliado, que un método de diagnóstico con certeza. Es una metodología que hoy no está validada internacionalmente», insistió el investigador del Conicet.
A su vez, explicó que el trabajo del MIT tiene por objetivo detectar qué incidencia poblacional tienen los casos de coronavirus asintomáticos antes que «indicar un comportamiento en lo particular de qué es lo que tenés que hacer».
Damos espacio a esta nota en AgendAR no porque se refiera a un problema exclusivo de la provincia de Mendoza o de sus autoridades.
El punto es que se ha extendido en muchos sectores de la sociedad moderna, urbanos, alejados en su vida cotidiana de las realidades materiales de la producción, una sensibilidad aguda sobre sus costos inevitables.
Y eso no está mal. Está bien que se exija el cuidado del ambiente en que vivimos. Equilibra el impulso de producir a cualquier precio. Pero que las autoridades escolares supriman conocimientos prácticos, datos, porque les parezcan «conflictivos» con el discurso político de moda… Es peor que un error. Es una estupidez.
«De los 92 elementos químicos naturales conocidos y clasificados en el Sistema Periódico de Mendeleiev, tal vez aluminio, hierro, cobre, silicio, sodio, magnesio, potasio, calcio, carbono, cromo, níquel, oro, plata y litio, sean los más comúnmente mencionados a nivel general.
Esas menciones están relacionadas con la enorme y trascendente importancia que tienen para la producción de energía y para las industrias que elaboran todo lo que tenemos y usamos en nuestra vida diaria, como así también para el desarrollo científico y tecnológico.
¿Y dónde están y cómo se obtienen esos elementos para que los utilicen las industrias?
Los elementos químicos están contenidos en los minerales que componen las rocas de la corteza terrestre y de allí se extraen para usarlos. Y esa corteza terrestre es un ámbito específico de estudio de una ciencia que se denomina Geología.
Si nos expresamos de una manera tan elemental sobre esta verdad científica es porque se trata de una parte de la Geología que está ausente en los programas de estudio de las escuelas primarias y también de las secundarias.
Parece que está permitido enseñar sobre las eras geológicas con sus millones de años de duración, de la tectónica de placas, de los terremotos, de los volcanes y de la evolución de los dinosaurios, pero está absolutamente prohibido enseñar sobre los elementos químicos, su distribución petrológica y mineralógica, su obtención y su aprovechamiento para bien de la humanidad.
No se trata de una omisión involuntaria. Más bien parece haber un acuerdo entre funcionarios de gobierno (Dirección General de Escuelas principalmente) y legisladores para esconder esos temas a nuestros niños y adolescentes.
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Tendríamos que agregar en ese aparente acuerdo a la Universidad Nacional de Cuyo que cuando elaboró un manual guía para maestros (Cuyun 2011) calificó a la obtención de minerales como un peligro ambiental y no como una actividad productiva.
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Así, los niños y adolescentes mendocinos saben la importancia que tienen la agricultura y la ganadería en la producción de materias primas para elaborar alimentos, pero no saben que las industrias que los elaboran y la energía que usan se hacen con minerales que deben extraerse de la corteza terrestre.
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Y tampoco saben que todo lo que tienen y usan diariamente también está hecho con minerales de la misma procedencia.
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Y no lo saben porque además del aparente acuerdo hay una decisión política para esconderles esa información básica sobre las materias primas minerales y su industrialización. El famoso oscurantismo de otras épocas todavía existe y se practica en el Gobierno de Mendoza.
Por respeto a la integralidad de la educación sería oportuno y conveniente introducir cambios en las políticas y los programas educativos al efecto de hacerles conocer a nuestros niños y adolescentes que existe un reino mineral cuyo aprovechamiento se ha hecho fundamental e imprescindible para el desarrollo de la humanidad.
Si así se hiciera, la Asociación Geológica de Mendoza cuenta entre sus asociados con docentes que pueden colaborar en la tarea de formular un listado de contenidos mínimos para los diferentes niveles.»
El autor de esta nota es Eddy Lavandaio. Geólogo – Matrícula COPIG 2774A. Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza.
Mediante un comunicado, las máximas autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, su presidenta y Diego Hurtado, su vicepresidente, han expresado su apoyo entusiasta a la firma del acuerdo entre Nucleoeléctrica y la empresa china CNNC para la construcción de una central Hualong I.
En una extensa y detallada declaración se expresa textualmente que “esta iniciativa forma parte de los planes de la política nuclear argentina desde hace por lo menos ocho años. Que hoy no se encuentre en un estado más avanzado se explica por la incapacidad de los funcionarios del gobierno anterior, que afirmaban en 2017 que, continuando con la asociación estratégica con China, la construcción de Atucha III «comenzará hacia fin de año o comienzos de 2018” (Télam, 14/05/2017).
Sin embargo, luego de numerosas contradicciones y desaciertos –como el anuncio oficial de que la central Hualong I se instalaría en Sierra Grande (Río Negro), a mediados de 2017–, en los hechos el gobierno de Mauricio Macri dejó un sector nuclear desfinanciado, con graves pérdidas de recursos humanos, como es el caso de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), paralizada en 2017, o el recorte drástico del financiamiento del proyecto CAREM, que incluyó el abandono y deterioro de componentes, para citar solo dos ejemplos
El sector nuclear argentino se ha involucrado activamente en la política energética nacional desde la primera mitad de la década de 1960. Desde entonces, este sector es un ejemplo de expansión, diversificación y acumulación de capacidades autónomas y producción de efectos multiplicadores hacia otros sectores de la industria nacional. Son incontables los hitos que justifican que hoy la Argentina sea un país exportador de tecnología nuclear, participe activamente en los principales foros internacionales del sector y cuente con los mejores estándares de regulación y seguridad.
Las afirmaciones del llamado “grupo de ex secretarios de energía”, que incluye ex funcionarios que durante sus gestiones impulsaron el franco desguace del sector nuclear, deben ser tomadas como opiniones que representan intereses que van en la dirección opuesta al proyecto de industrialización, desarrollo de capacidades organizacionales y tecnológicas autónomas, generación de trabajo de creciente calificación y mayor valor agregado de las exportaciones, que son las metas que siempre guiaron al sector nuclear. El acuerdo firmado el pasado 1 de febrero por Nucleoeléctrica y CNNC representa un hito en esta dirección.
Agreguemos que, desde que se comenzó a trabajar en la asociación estratégica con China en el sector nuclear, en el escenario global se han ido consolidando algunas novedades. Una de las más relevantes es la revalorización creciente de la tecnología nuclear como componente necesaria para acompañar la descarbonización que plantea la transición energética, no solo por la baja emisión de gases de efecto invernadero, sino además por ser energía de base, estable y permanente. Los esfuerzos por avanzar en una transición hacia economías nacionales más limpias, para aquellos países que disponen de capacidades tecnológicas e industriales son un incentivo para impulsar la producción de energía nuclear como modo de abastecer sus demandas eléctricas y combatir los efectos del cambio climático.
Por estas razones, la Argentina se plantea el desafío de avanzar en una mayor diversificación de su matriz energética aprovechando sus capacidades tecnológicas e industriales en materia nuclear. En primer lugar, para abastecer nuestra demanda eléctrica con energía de base, limpia, segura y económicamente sustentable, de forma de aportar a nuestro propio desarrollo socioeconómico y colaborando a la vez en la meta global de combatir los efectos del cambio climático. En esta dirección es importante dejar en claro que la política nuclear actual vuelve a contar con la inversión necesaria para impulsar el proyecto CAREM, hoy recuperado y en marcha, y también retoma el sendero de las centrales de agua pesada y unario natural en su versión CANDU, una línea tecnológica en la que el sector cuenta con enorme experiencia y conocimiento. Por esta razón, la CNEA también ha tomado la decisión de poner en marcha la Planta Industrial de Agua Pesada, activo estratégico central para impulsar este sendero tecnológico.
En segundo lugar, porque este proceso ha demostrado en nuestro país su capacidad para producir efectos multiplicadores hacia sectores de alto valor agregado, como la producción de radares primarios y secundarios, satélites de observación y comunicación, así como desarrollar capacidades necesarias para las energías renovables. Así funcionan los sectores intensivos en conocimiento, algo que el grupo de ex secretarios de energía parece no comprender, anclándose a evaluaciones anacrónicas, que favorecen procesos de importación de tecnología y financierización de nuestra economía. Sería clarificador y propio del debate democrático serio que este grupo presentara su visión propositiva detallada, además de críticas descontextualizadas que son refutadas por sus propias trayectorias.
Entendemos desde la CNEA que el desarrollo nuclear está recuperando un sendero sectorial que hace su aporte a la optimización de oportunidades para impulsar un proyecto de país inclusivo, con creciente equidad, con trabajo, mayor industria intensiva en conocimiento, y desarrollo social y ambientalmente sostenible. Aprovechamos entonces la ocasión para felicitar a la empresa Nucleoeléctrica por la firma del acuerdo con la empresa CNNC.”
Los directivos de un consorcio formado por la canadiense Daymak y las firmas argentinas FDC Competición y Emerx, se reunieron con el ministro Kulfas para presentar su proyecto: fabricar en el país su modelo Spiritus, el primer auto eléctrico de alta gama que se producirá en Argentina con fines exclusivos de exportación.
«Argentina cuenta con las materias primas, la tecnología y los recursos humanos y profesionales para avanzar en la movilidad sustentable. La calidad de la industria nacional fue clave en la decisión de fabricar en el país este auto eléctrico de alta gama”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo, y agregó: “Inversiones como ésta son una gran oportunidad para reposicionar nuestra industria automotriz en el mundo y generar más producción y trabajo argentino”.
De la reunión participaron el presidente de Daymak, Aldo Baiocchi; el director de I+D de la compañía, Mike Chow; el dueño de FDC Argentina, Javier Ciabattari; y el ingeniero diseñador del vehículo, Fabián Magri. También estuvieron presentes, en representación de Emerx S.A., Gustavo Castells y Carlos Alonso.
El diseño y la ingeniería del prototipo corresponden a la empresa FDC Competición y son totalmente nacionales. El contenido de partes y conjuntos nacionales durante la producción en serie, que se estima para el segundo semestre del año próximo, superará el 40%.
Los directivos explicaron que se trata de un vehículo tri-rueda de alta performance, caracterizado por un coeficiente de aceleración único en el mercado, logrado por un sistema de baterías especiales capaces de entregar 1000 Amp a los tres motores independientes ubicados en el centro de ruedas. Las condiciones de conducción son del tipo super sport, similares a las de vehículos de las marcas más prestigiosas a nivel mundial.
La versión tope de gama de este biplaza alcanzará los 100 km/h en menos de 2 segundos, y el precio de venta rondará los USD 200.000 en Europa y Estados Unidos. Además, se fabricará una gama inferior a un precio más accesible.
Observaciones de AgendAR:
Nos resulta lógico que este proyecto se piense para la exportación. No sólo porque apunta a ser un juguete caro para millonarios y billonarios. Hay mercado para eso, también aquí.
Pero todavía no se cuenta con la red de estaciones de carga que sería imprescindible. A propósito, será interesante saber en cuánto tiempo se recargan las baterías del Spiritus.
Y nos despertó una curiosidad ¿cuál es la ventaja dinámica de un triciclo? Ese será un dato importante para la movilidad eléctrica que se viene.
Ubicada en la Isla 25 de Mayo, de las Shetland del Sur, allí se realizan investigaciones de glaciología, sismología, microbiología y remediación de suelos.
La base antártica Carlini, uno de los principales polos de desarrollo científico y cooperación internacional en la Antártida, celebró este sábado 12 de febrero sus 40 años como centro de desarrollo de diversas áreas de conocimiento, albergando una población de sesenta efectivos de las fuerzas armadas, técnicos e investigadores.Patricia Ortúzar, directora Nacional del Antártico, afirma que “la base Carlini es la gran usina científica de Argentina en la Antártida, es donde en las últimas décadas se pudieron desarrollar gran parte de las investigaciones que se llevan adelante en diversos campos del conocimiento”.
Aunque la Armada Argentina fundó un destacamento en 1953, fue en febrero de 1982 que la Dirección Nacional del Antártico (DNA) tomó posesión de las instalaciones con el objetivo de apuntar al desarrollo del conocimiento de este territorio.
Ortúzar contó que “cada base tiene su particularidad pero Carlini tiene una variedad de condiciones ambientales que la hacen muy atractiva para las investigaciones científicas, la Caleta Potter es el área especialmente protegida n° 132 del Tratado Antártico, porque allí en una franja costera de pocos kilómetros durante el verano se concentran una gran variedad de especies de aves y mamíferos marinos para su etapa de reproducción”.
Y su atractivo “es que está ubicada en un área de la Isla 25 de Mayo en la que también se hacen investigaciones de glaciología, sismología, microbiología y remediación de suelos entre otras».
«La infraestructura de esta base permite a los investigadores de diversas áreas no sólo la toma de muestras sino también la posibilidad de analizarlas en el mismo lugar”, explicó la jefa de la DNA
En la base hay un laboratorio “al que todos le decimos «el Cabildo», que es el Laboratorio Argentino y el Laboratorio Dallmann, un proyecto conjunto con Alemania y uno de los más exitosos casos de cooperación internacional científica en la Antártida».
Luis Balmaceda, jefe de la Base Carlini, manifestó que “en la base somos 30 personas destinadas al sostenimiento logístico y otras 35 en los diferentes proyectos de investigación científica. Durante el verano se concentra la mayor parte de la actividad antártica y después de abril vamos a quedar 29 hasta que se produzca el relevo de dotación entre diciembre y enero».
Lucas Martínez, doctor en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que investiga microbiología ambiental en el IAA es el jefe científico de la base y destacó que «la tarea implica coordinar y organizar toda la actividad científica, esta base es la que mayor cantidad de científicos tiene por lejos e implica un trabajo satisfactorio pero desgastante; acá hay al menos diez proyectos simultáneos y es la base que más publicaciones científicas genera”.
“Hay equipos trabajando en oceanografía, mamíferos marinos, pingüinos, microbiología, fisiología, parasitología, aves voladoras, química ambiental, y macroalgas entre otras áreas», precisó.
Martínez destacó que la base Carlini es “la que más proyectos de cooperación internacional articula, hasta antes de la pandemia era bastante habitual que en cada verano vengan con nosotros investigadores de países como Alemania, Rusia o Nigeria».
Ortúzar contó que «una de las actividades más importantes de Carlini es el monitoreo a largo plazo de las poblaciones de pingüinos, que es un dato que Argentina le provee a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR, por su sigla en inglés).
«En Carlini también se lleva adelante una investigación de biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos que nos dio muchas satisfacciones”, aseguró.
Indicó que lo interesante es que “desarrollaron la técnica con bacterias autóctonas que es algo muy importante porque el Protocolo de Madrid no permite el ingreso de especies de otros lugares».
Ortúzar mencionó que se avanza en un estudio sobre el impacto de los microplásticos en la Antártida y que también existe un desarrollo en sismología en cooperación con Italia.
“Fue un sismógrafo de ese proyecto el que recabo los datos de la serie de temblores que afectó al archipiélago de las Shetlands hace unos años».
La base antártica Carlini está ubicada en la península Potter de la isla 25 de Mayo perteneciente al archipiélago de las Shetland del Sur, a unos 1.000 kilómetros de la ciudad fueguina de Ushuaia y a 3.700 de Buenos Aires. Durante el verano la temperatura ronda entre los -2 °C y 3 grados y en el invierno las temperaturas promedio son de entre 10 y 20 grados bajo cero.
La inflación de enero de 2022 fue del 3,9%, el valor más alto desde abril último. En los últimos 12 meses acumula un incremento del 50,7%.
De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), nuevamente el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue el de mayor incidencia en el índice general, con un incremento del 4,9% en enero.
Según el organismo, el rubro “fue el de mayor incidencia en todas las regiones”, y la suba se explicó principalmente por los aumentos en el tomate, la lechuga, la papa y la cebolla, entre otras.
También se destacaron las subas en las categorías de “Comunicación” (7,5%), impulsada por el aumento en telefonía e internet, y en “Restaurantes y hoteles” (5,7%), en la que se destacó el incremento de los servicios de alojamiento durante la temporada de vacaciones.
Por otra parte, las dos categorías de menor variación en enero fueron “Educación” (0,8%) y “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” (1,8%).
El aumento del 3,9% de enero representa el mayor aumento mensual desde abril, cuando se había registrado un incremento del 4,1%.
En la variación interanual, a enero la inflación aumentó un 50,7%, con subas del 66,3% en el rubro de Vestimenta; 65,8% en Hoteles y restaurantes; 56,4% en Educación y 50,5% en Alimentos.
El satélite Arsat Segunda Generación (SG1) que diseña la empresa estatal rionegrina INVAP a pedido de ARSAT, superó el llamado «cierre de la revisión de los requerimientos del satélite» (SRR CO por las siglas del inglés satellite requirements reviews close out)Ahora comienza una segunda etapa del diseño. Este satélite muestra un cambio crespecto de las versiones anteriores, ArSat 1 y 2: no tendrá combustible en su carga sino que funcionará con energía solar. La inversión total es de 253 millones de dólares.
Esta etapa se cumplió «durante los días 31 de enero y 1 de febrero conforme al cronograma establecido», informó la empresa Arsat, dueña de los dos satélites que llevan ese mismo nombre y que orbitan desde hace años a más de 36.000 kilómetros de la Tierra de manera geoestacionaria. Sus servicios son las comunicaciones.
«Con esta revisión se concretó un avance importante con la finalización de la consolidación de los requerimientos de la misión a nivel sistema y subsistema del satélite, que contará con propulsión eléctrica y alta capacidad de comunicaciones. Estos mismos definen la característica del satélite y la performance, para cumplir las especificaciones necesarias para dar servicios a los clientes de Arsat», informó la empresa.
«Debido a las condiciones sanitarias de público conocimiento, este hito se realizó de forma mixta, presencial en la sede de Invap y virtual por videoconferencia entre más de 100 ingenieros, especialistas, autoridades y consultores de las diferentes partes que trabajan en el proyecto», se explicó.
El Arsat-SG1 «estará destinado a brindar banda ancha satelital de alta calidad en sitios rurales con cobertura total en la Argentina y parcial en países limítrofes».
Observaciones extensas de AgendAR:
El dato de la propulsión «full electric» (a través de paneles solares) del nuevo satélite merece más que una mirada al paso.
Ante todo: de haberse no haberse ignorado en 2016 la ley satelital 27.208/15, deberíamos estar construyendo un nuevo ARSAT cada 2 años desde 2015. En una Argentina ideal donde las leyes valen más que las matufias, en 2021 habríamos empezado a construir el ARSAT 5 en lugar del 3… y habríamos hecho una transición lenta y gradual desde la propulsión 100% química de los satélites 1 y 2 a la mixta de los satélites 3 y 4.
La interrupción de la serie obligó a Argentina a saltar directamente al punto de llegada previsto para 2021, un satélite liviano con todos sus motores eléctricos. Eso implica ante todo al motor principal, o de apogeo. Este debe llevar al satélite en sucesivos giros desde A a B. El punto A es donde lo dejó el cohete satelizador, una órbita excéntrica de hipogeo, perfectamente inútil. El punto B es una órbita perfectamente circular y muy alta, de 57.786 km. sobre un punto fijo del cinturón ecuatorial.
Con un motor químico común, llegar a B es un viaje de muchas órbitas sucesivas y varios disparos de motor de apogeo. El trayecto todo suma como 400.000 km. (la distancia a la Luna) y toma casi una semana. Semana en la que en la sala de navegación, nadie logra pegar un ojo, porque las posibilidades de error de comandos son de malas a peores.
Como ya puestos en B parecen fijos en un punto del cielo, y eso para que las antenas emisoras y receptoras terrestres no deban seguir su trayectoria, estos satélites se llaman geoestacionarios. Y por la importancia y duración descomunales de la maniobra de apogeo, que no siempre sale bien, en realidad son más espacionaves que satélites.
Pero la denominación «full electric» para un satélite geo implica también los otros motores, los diminutos «thrusters» de apuntamiento y mantenimiento de posición orbital.
En este país, una mafia pestilencial de políticos vendidos y de empresas satelitales estadounidenses y españolas le ganó fácilmente la pulseada a una ley nacional aprobada y promulgada, y la dejó pintada en la pared. En una Argentina mejor, habrían existido los ARSAT 3 y 4 y habrían sido de propulsión mixta. Esto significa que hubieran tenido un cohete químico de lo más convencional, con propelentes líquidos, como motor principal, y thrusters eléctricos más experimentales para «la motricidad fina».
La rugosa realidad, como la llamó Rimbaud, nos hizo saltar del ARSAT 2 al 5, y éste que va tomando contorno en la sala limpia de la constructora-diseñadora INVAP, ahora tiene el nombre de 3. Pero es el 5. Quede claro.
Los dos antecesores sencillamente no se construyeron. Por magia del entonces Ministro de Telecomunicaciones, Dr. Oscar Aguad, y de sus acólitos, fueron sustituídos por 26 satélites extranjeros con derechos de servicio unilaterales y por ende ilegales: ellos pueden cobrarle a la Argentina, pero no viceversa.
Increíblemente, la estatal rionegrina de tecnología INVAP logró sobrevivir a esta cancelación: tenía metida en la construcción de los ARSAT la mitad del capital humano y monetario de la empresa. Pero logró salir a flote con ayuda del estado.
Del estado neerlandés, que en 2018 le otorgó por fin (y por segunda vez) el triunfo en la licitación de un reactor nuclear de irradiación, el reemplazo del Pallas, en Petten, el segundo más potente del mundo. Por su parte el estado argentino, tras no poco escándalo de prensa, consintió en pagarle a INVAP varios años de deuda por suministro de radares militares, de aeronavegación y meteorológicos. En pesos, pero peor era nada.
El resultado tecnológico de esta historia política más bien sórdida empieza a ser un satélite que pesa la mitad que los dos primeros ARSAT (cuya masa andaba por las 3 toneladas cada uno). Es tanto más liviano porque sencillamente éste no carga con 1,7 toneladas de propelentes líquidos. Sólo usará unas decenas de kilos de algún gas noble, probablemente argón, y unas placas fotovoltaicas tal vez del tamaño de una cancha de paddle. La idea del motor eléctrico es simple: con electricidad solar de las placas fotovoltaicas, se ionizan átomos de argón y se los expele. Es muy poca masa la que se expele, pero mucha su velocidad.
Con los motores eléctricos no hay llamas de combustión oxidante, ni esa aceleración trepidante, poderosa y brutal de los cohetes químicos. Toda acción y reacción es pausada, como en cámara lenta. Pero la escasa fuerza de un motor eléctrico en un medio de alto vacío, sin resistencia aerodinámica, y con una fuerza gravitatoria muy disminuída, logra cosas sensacionales, Por ejemplo, para el motor de apogeo, llevar un satélite desde 1500 km. de altura a casi 36.000 para estacionarlo ahí. Pero ese camino ya no insume una semana, sino varias, y un trayecto más largo pero menos peligroso.
Luego de estacionado el satélite en su posición de trabajo, los thrusters sirven para dejarlo fijo ahí, en un punto del cielo y bien apuntado hacia sus antenas terrestres. Y eso los thrusters lo logran haciendo mínimas correcciones toda vez que las fuerzas aleatorias de la gravedad lunar, la del sol, y la presión de las partículas del viento solar tratan de sacar al satélite de su posición y apuntamiento.
Es una larga lucha contra esas fuerzas cósmicas que debe durar al menos 15 años. Que coinciden con el período de degradación programada del satélite debido a los daños de la radiación solar en su electrónica y placas fotovoltaicas. Todas las partes del satélite deben morir a la vez, por motivos de economía, para que fenezca recaudando hasta el último cuac, somo también dijo Rimbaud.
El canto del cisne del ARSAT 3 será disparar por última vez el motor de apogeo, con sus últimos suspiros de argón, para desocupar su lugar en la órbita geoestacionaria. Que será llenado por algún sucesor, espero que argentino, el ARSAT «ya perdí la cuenta». Con un soplo terminal de argón, el ARSAT 3 ascenderá hasta la llamada «órbita cementerio», unos 200 km. más arriba de la geoestacionaria.
El ARSAT 3 debe lograr todo esto con unas decenas de kilos de argón y mucha electricidad, en lugar de 1,7 toneladas de líquidos propelentes. Pero como poner un kilogramo de carga útil a 35.786 km. de altura sobre el ecuador vale fortunas, aprovecha esa economía de peso para tener equipos de comunicaciones más grandotes y potentes, y mayor ancho de banda para vender.
Si los ARSAT 1 Y 2 ganan plata (al menos U$ 30 millones/año cada uno) pese a que el 75% del peso del satélite al momento de disparo era de combustibles, con los motores eléctricos las expectativas de ganancia se vuelven más jugosas. También las de control soberano de la información del estado.
Sí, los satélites geo no sólo transmiten partidos de fútbol y recitales de South of Eden, sino comunicaciones diplomáticas y militares. Por eso conviene tener propios. No por nada nos han querido bajar de la órbita geoestacionaria de un hondazo en más de una ocasión, y diversos y sucesivos gobiernos «NATO friendly» lograron que la Argentina perdiera, por falta de ocupación, sus posiciones en ese cinturón hasta quedarse sólo con dos.
Eso de salir a la órbita geo con un satélite tan, pero tan eléctrico, ¿es a riesgo? Sin duda: mayores y más potentes placas fotovoltaicas implican más posibilidades de cortocircuitos durante los equinoccios. Esos suelen suceder cuando los satélites geoestacionarios entran brevemente en eclipse respecto de la luz solar. La enfermedad es tan típica y letal como para merecer un nombre: «shock térmico».
Al quedarse algunas horas a oscuras, el frío del espacio profundo (casi 270 grados bajo cero) a veces resquebraja las vainas aislantes del cableado. Cuando el satélite sale del cono de sombra terrestre y vuelve a ser iluminado, si hay dos cables pelados contiguos, los chispazos resultantes pueden quemar una placa. O las dos. Y un satélite sin potencia eléctrica está funcionalmente muerto. Y si además eso le saca el mantenimiento de altura y apuntamiento, se vuelve un objeto a la deriva, peligroso para otros satélites vecinos.
Lo interesante es que, atraído por el éxito técnico de los ARSAT 1 y 2 y los resultados de INVAP como diseñador-constructor de todos los satélites ópticos y de radar de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, pintó otro constructor importante, Turkish Aerospace Industries (TAI), sin experiencia geoestacionaria, pero con chequera. TAI podría asociarse al proyecto argentino para competir por el mercado geoestacionario mundial con los aproximadamente 20 empresas que representan a 7 grandes constructores. Obviamente, ninguna de estas dos partes ha dicho «esta boca es mía».
Desde 2014, hemos sido los últimos en sentarse a esa mesa chica, y entre 2016 y 2020 nos robaron la silla y nos sacaron la comida, pero ARSAT e INVAP son un dúo insistente. Y si pinta un socio forrado y ambicioso, bienvenido. Con o sin él, mantendremos nuestro lugar en la mesa a codazos si hace falta, sustituiremos importaciones de servicios satelitales y ganaremos seguridad, prestigio y plata.
La posición 81o Oeste permite dar servicios a las Tres Américas, desde el Norte canadiense hasta la Península Antártica. Es tan única y bien ubicada que es de tasación difícil. Resulta como esas viejas mansiones del siglo XIX que sobreviven travestidas de embajadas, asomadas a la Avda. Libertador, y que son tan valiosas que no tienen precio referencial de mercado.
¿Y quién se quedaba con la posición 81o Oeste si la Argentina no la llenaba a tiempo con el ARSAT 2? El Reino Unido, que la tiene pedida ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El único país del mundo con el que tenemos hipótesis de conflicto no deja de complotar un segundo por obtenerla. ARSAT se creó en 2006, compatriotas, para impedir eso.
¿Esto significa que la interrupción de la serie ARSAT podría lograr que esta posición quede libre para Inglaterra, en 2030, cuando el ARSAT 2 lance su último «cuac»? Incluso para Whitehall, la cancillería británica, es un tiro demasiado largo. Puede ser que en 2030 haya tecnologías de telecomunicaciones espaciales superiores a las geoestacionarias, basadas en constelaciones inmensas satélites de órbita baja y muy baja.
Las órbitas muy bajas, de 240 kilómetros sobre la superficie, como las que eligió Elon Musk para algunos trenes de satélites de su constelación Starlink, no es un refugio seguro contra colisiones. La semana pasada una eyección coronal del sol recalentó e infló la termósfera, y la mayor resistencia aerodinámica le frenó, derribó e incineró en la atmósfera casi medio centenar de satélites a don Elon. Un pequeño eructo de rayos ultravioletas del sol, que ni siquiera está en su año de actividad máxima, y 100 millones de dólares de satélites se vuelven estelas de luz y humo en la mesósfera.
También puede ser que pese a sus ventajas (comunicaciones instantáneas, sin «latencia» o «delay»), estos proyectos de órbita baja generen resistencia internacional. Los astrónomos ópticos los odian, porque interfieren con las observaciones. Pero pueden interferir otras cosas.
Con miles de satélites circulando a velocidades cercanas a los 27.000 km/hora en un volumen espacial relativamente reducido, no es imposible que por el llamado «síndrome de Kessler», que ya opera pero muy lentamente, empiecen a suceder escaladas incontrolables de basura espacial debidas a colisiones, y que millones de esquirlas destruyan a satélites de terceros inocentes, y que el tema se judicialice. Incluso en el actual mundo telecomunicacional, dominado más por la fibra óptica submarina que por las comunicaciones espaciales, no es imposible que los altísimos satélites geo en 2030 sigan siendo, aún más que hoy, una tecnología de nicho, un reducto de poco ancho de banda y alta latencia, pero bastante seguro y muy de élite.
Hubo un apuro notable por liquidar el ARSAT 3 en el suelo, antes de iniciarse su construcción, al toque de que el ing. Mauricio Macri asumiera el gobierno. Su administración, que no hacía nada gratis, apretó los dientes y asumió el costo político, que fue enorme. Y se puede hablar horas sobre los pergaminos técnicos y políticos de un ministro que, como Oscar Aguad, llegó a Telecomunicaciones sin saber cómo se mandaba un mensaje por Whatsapp, y cuyo paso posterior por Defensa en 2017 quedó marcado por el hundimiento de nuestro único submarino operativo, el ARA San Juan.
De todos modos, no miren tan fijamente a la pobre reina Isabel, nacida en 1926, cuando los satélites geo no eran ni siquiera un planteo teórico. Quizás es sospechar del monarca equivocado. Los beneficiarios de que la Argentina se caiga de la órbita geoestacionaria son todos los que la explotan, 7 países más con un total de 20 empresas, los que llegaron antes y la fueron ocuparon a sus anchas. Y entre ellos, el más activo denostador de los ARSAT 1 y 2 en su prensa ha sido… sorpresa, España. El progresista diario «El País» en 2014 y 2015 destilaba cianuro contra ARSAT.
Pero además ese reino ha sido el más hábil operador tras bambalinas, y con más agentes en el estado argentino para capturar todo el control posible de las telecomunicaciones sobre el Cono Sur. Tal vez estamos culpando a los Windsor de pecados de los Borbones. ¿Alguien dejó caer el nombre Hispasat?
Lectores, nuestros dos primeros humildes satélites de telecomunicaciones fueron deliberadamente conservadores en lo tecnológico, dos verdaderos Rastrojeros, pesados y resistentes como primer deber. Y eso porque no estaba políticamente permitido que fallaran, ¿se entiende?
Pero esos aparatos enormes resulta que no sólo dan buen servicio sino que ganan plata. Y por ello, han despertado los odios coloniales de un país al que echamos a patadas del país para poder tener un país en primer lugar, y de paso también sacamos a los tiros de Chile y del Perú. Hasta que un tal Carlos Menem, presidente, los trajo de increíble regreso, o por recidiva, y como patrones de estancia. Nuestra pulseada por seguir con el programa geoestacionario será larga y llena de puñaladas por la espalda, y -como quizás habría dicho don José de San Martín- con puñales godos. Si no queremos perder esa lucha secreta de nuevo, compatriotas, sepamos que existe, que no sea secreta.
TAI, como socio potencial, se las trae. Turquía hoy esta entre los mayores fabricantes mundiales de drones militares y duales. Es un campo en el que el gobierno anterior fue letal: junto con los satélites de ARSAT, eliminó de un plumazo el proyecto SARA (Sistema Robótico Aéreo Argentino), que liderado por INVAP, en 2015 empezaba a ensayar su primer MET, o Modelo de Demostración.
La situación hoy es paradójica: el intento de eliminar a la Argentina del mercado geoestacionario la obliga a volver al mismo más agresivamente, muy jugada al menos en lo tecnológico. Es como si la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) amaneciera mañana con un nuevo proyecto y un nuevo socio capaces de morderle un trozo del mercado de transporte a la Boeing o Airbus y Bombardier.
Pero amigos, eso no es una fantasía: yasucedió antes. En julio de 1990, la entonces llamada Fábrica Militar de Aviones presentó al mundo, en alianza con Embraer de Brasil, el CBA 123 Vector, un avión biturbohélice para 19 pasajeros. Era bellísimo. Pese a ser un biturbohélice, o «turboprop», alcanzaba casi la velocidad de un jet: 596 km/h de máxima, con un techo de 11.000 metros. Pero por su aerodinámica aflechada, sus extraños motores en la cola y con hélices en posición «pusher», soplando hacia atrás de sus góndolas, y aquellas alas finitas y supercríticas, volaba con menos ruido, más rápido, más alto, a menor costo en combustible y con más seguridad que cualquier turboprop de cabotaje liviano.
CBA son las siglas de «Cooperación Brasil-Argentina», pero como le dirán con naturalidad en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Córdoba: «es la abreviación de Córdoba, culeau».
En 1991 y 1992, esta máquina levantó, sobre todo por lo veloz y por su aviónica completamente digital (entonces una novedad enorme), centenares de pedidos de informes en las ferias aeronáuticas de Fairnbourough y Le Bourget. Costaba U$ 5 millones, 1 millón más que la competencia, toscos biturbos que le envidiaban todo: pinta, rapidez y alcance. En su milonga, el segmento biturbo, el CBA era Gardel. O como se jactaba entonces la propaganda del televisor Grundig, «caro pero el mejor».
Se necesitaron dos presidentes como Carlos Menem y Fernando Collor de Melo, y un Ministro como Domingo Cavallo para matar y enterrar este proyecto Mercosur, que venía remándola desde 1986 y ya había costado U$ 300 millones en investigación y desarrollo. Como a Collor de Melo sus compatriotas le dieron el raje rápido a cambio de un presidente menos vendepatria, Embraer logró aprovechar la espectacular célula y la aviónica del CBA 123: le cambió los motores turboprop por turbofanes comunes y lo relanzó como el ERJ 145. Ése fue el primer peldaño de un camino que llevó a la constructora brasileña a adueñarse en las dos décadas siguientes y con sus gráciles jets, del mercado de cabotaje de la Unión Europea y de EEUU.
En cambio, aquí Menem le regaló la FMA a Lockheed Martin. Y pagando.
Lectores, tras demasiadas historias similares, cuando se puso en órbita el ARSAT-1, esta joven empresa pública se volvió un ícono.
Si la gente a cargo del tendido de la Red Federal de Fibra Óptica paraba por combustible con nuestas camionetas (grandes logotipos ARSAT en las puertas), esto era lo que sucedía en todas las estaciones de servicio del país: los estacioneros se llamaban unos a otros a gritos, dejaban los surtidores y corrían a tomarse «selfies» con nuestra gente. Entre los laburantes de ARSAT, los que no nos sentíamos Maradonas nos sentíamos Messis. Pero era todo un país el que por fin volvía a hacer goles.
Esos son los antecedentes. El ARSAT 3 SG1, amigos lectores, es mucho más de lo que parece. Es una pulseada geopolítica. Y es un renacimiento.
Daniel E. Arias
El «cuarto limpio» de Invap en Bariloche, donde se fabrican los satélites
Nucleoeléctrica Argentina anunció que la ingeniería para el desarrollo de la quinta central nuclear, de tecnología CANDÚ, se realizará en el complejo de Embalse. Pero la ubicación de la planta no será Córdoba.
El presidente de la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), José Luis Antúnez, anunció que la ingeniería para el desarrollo de la quinta central nuclear argentina, que usará uranio natural, se realizará en el complejo de Embalse. La obra demandará un millón de horas hombre y permitirá despachar las primeras órdenes a la industria local hacia fines de 2023.
En la entrevista, el Ing. Antúnez reseñó que la cuarta y la quinta central proyectadas en el programa nuclear están cumpliendo con los plazos previstos, de acuerdo a las posibilidades financieras, a lo que se suman otras obras de relevancia para el sector como la extensión de vida útil de Atucha I y la construcción del almacenamiento de combustibles.
Según Antúnez, la previsión de la empresa es para 2026 contar con cuatro centrales nucleares de potencia en funcionamiento.
«El diseño de la central Candú se va a hacer en Embalse, donde esta la central existente. No se va a emplazar allí, pero sí se va a diseñar en Córdoba y vamos a llevar un millón de horas de ingeniería al centro del país«, subrayó.
Remarcó Antúnez que «haymuchos profesionales que trabajaron en la extensión de vida de Embalse, muchos de ellos desempeñados en la zona, que los vamos a volver a ocupar«.
Antúnez resaltó los efectos de la construcción y operación de centrales nucleares en cuanto al progreso tecnológico científico: «Vamos a seguir el camino que se emprendió con Atucha I y que lleva 48 años funcionando«.
Hace un mes, el Directorio del ENACOM informó que había procedido a la individualización de las bandas de frecuencias aptas para la tecnología 5G. Así, el ENACOM declaró aptas las siguientes bandas:
Banda de 1500 MHz: 1427 – 1518 MHz
Banda AWS-3: 1770 – 1780 MHz / 2170 – 2200 MHz
Banda de 2300 MHz: 2300 – 2400 MHz
Banda de 3500 MHz: 3300 – 3600 MHz
Banda de 26 GHz: 24,25 – 25,75 GHz
Banda de 38 GHz: 37 – 43,5 GHz
Es necesario tener en cuenta que la licitación de estas bandas no empezará antes de 6 meses, y la implementación de esta nueva tecnología será un proceso de largo aliento. Que traerá muchas transformaciones, pero no tanto en la comunicación humana. El 5G apunta a la «internet de las cosas», la coordinación entre sistemas y artefactos.
Pero la siguiente nota de María Julieta Rumi para La Nación ya introduce en el tema el «fantasma geopolítico» del posible interés de la empresa china Huawei. La reproducimos:
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«En medio de las suspicacias que generó la foto del presidente Alberto Fernández en el Centro Tecnológico Huawei por el fantasma de que el Gobierno pudiera favorecer a la firma china en la futura licitación de 5G en contra de los deseos de la embajada de los Estados Unidos, lo cierto es que desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)pisaron el acelerador y hablan de que en seis meses podrían estar los pliegos para licitar el espectro de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil.
Según fuentes allegadas, el gobierno apunta a recaudar US$ 1.000 millones, más otros US$ 800 millones por el remanente que quedó de 4G, licitado en 2014.
Más allá de esta decisión, en las empresas no estarían tan ansiosas de invertir por el contexto económico del país y la guerra judicial en la que se encuentran por el DNU 690/2020, que declaró a las telecomunicaciones servicio público y estableció que los precios serían fijados por el Estado.
El titular del Enacom, Claudio Ambrosini, le puso un nuevo plazo a cuándo se lanzaría la subasta de espectro y habló de unos seis meses. “Está el trabajo de sacar a los que están en las bandas que nosotros designamos para 5G y migrarlos a otras y hay que aprobar el reglamento. Y, una vez que esté todo eso, tenemos que sentarnos a terminar de evaluar con Jefatura de Gabinete y el presidente cuánto valen las bandas y cuál va a ser la estrategia comercial de esta licitación: si va a prevalecer un mayor despliegue o el precio”.
En este sentido, dijo que, a nivel regional, en la subasta de Chile se pagó un precio caro por el espectro (US$ 453 millones) y en Brasil uno barato (US$ 8.400 millones). En el caso brasileño se privilegió que parte de la inversión se destine a despliegue.
“Aunque parezca caro, en Brasil hablamos de 212 millones de habitantes y, en Chile, de 19 millones. En Chile es inmensa la cantidad que tienen que pagar las empresas cuando el volumen de negocio de Brasil es infinitamente mayor. Así que eso también tenemos que terminar de determinarlo y después solo queda la decisión política”, continuó.
Las empresas no estarían desesperadas por participar. Fuentes del mercado dijeron que hablar de 5G cuando todavía queda pendiente continuar con el despliegue de 4G es “poner el carro delante de los caballos” y que la vía para achicar la brecha digital es 4G y no 5G que está más pensado para usos industriales.
“Las empresas no están apuradas en invertir millones por el contexto macroeconómico, a lo que hay que sumarle la disputa por el DNU 690. Este es un escenario distinto al de la licitación de 4G en la que el Estado recaudó US$ 2.200 millones porque los operadores estaban colapsados y tenían que sí o sí hacer el up grade. Hoy todavía no hay casos claros de negocios con 5G y en donde menos relevante va ser es en la telefonía celular. No cambia el panorama como sí lo hace en otros usos como los industriales”, detalló el especialista Enrique Carrier.
En otras palabras, las empresas tendrían que hacer la inversión, pero no podrían cobrar más caro, ni crecerían de a millones de clientes como hace 10 años.
En el Enacom dicen que por lo menos dos de las compañías –Telecom y Claro– manifestaron su intención de participar en una eventual subasta y que lo judicial no es un escollo. “La situación actual no es un impedimento para avanzar en la licitación y ellos lo saben porque se trata del mismo proceso que se viene dando a nivel regional y mundial y las compañías quieren acompañar”, afirmó el director general de Asuntos Jurídicos y Regulatorios del Enacom, Diego Leiva.
En cuanto a cómo continúa el proceso de desjudicialización del DNU 690 planteado por el vicejefe de gabinete, Jorge Neme, Ambrosini dijo que están en una instancia de diálogo y que las empresas acercarán sus propuestas para flexibilizar la situación actual. “Lo que es real es que las telecomunicaciones no van a dejar de ser servicio público porque eso lo ancló el 690, pero necesitamos avanzar para tener previsibilidad de lo que va a ser el esquema a transitar este año con las diferentes variaciones de precios debido a los diferentes índices de inflación que tengamos”, apuntó.
Consultado por la selección de proveedores de infraestructura para 5G por el caso Huawei, Ambrosini dijo que el Gobierno permite que las compañías elijan con quienes desean trabajar independientemente de los problemas geopolíticos que se plantean hoy en el mundo con la situación de China y los Estados Unidos. “La regulación es sobre las compañías que brindan telefonía. Después veremos si se comprueban ciertas afirmaciones, pero, por ahora, damos libertad plena para que utilicen la tecnología que les sea más favorable”, cerró.
En el caso de Telecom, vienen trabajando con Huawei y la finlandesa Nokia y Movistar lo hace con la sueca Ericsson. Claro no tiene aún definido su proveedor.»
En solo una semana, las autoridades sanitarias de la provincia de Mendoza anunciaron que aplicarían una 4° dosis de la vacuna contra el Covid y también tuvieron que salir a aclarar que, para eso, todavía falta. Argumentaron que la prioridad en este momento debe ser acelerar el ritmo con el primer refuerzo, sobre todo por el comienzo de las clases.
Hasta ahora, uno de cada tres argentinos con el esquema inicial completo recibió esa tercera dosis y aún queda poner al día con un refuerzo la vacunación de los mayores de 50 inmunizados inicialmente con Sinopharm y de la población inmunocomprometida, que necesitan una dosis adicional.
“No hay definición aún en los lineamientos de la Nación sobre la cuarta dosis. Además, todavía se está colocando la tercera dosis y hay que esperar”, respondieron desde el Ministerio de Salud mendocino ante la consulta sobre si el anunciado nuevo refuerzo sería una dosis anual, como la de la vacuna antigripal.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que ese segundo refuerzo “no está en el horizonte” porque “es un escenario muy dinámico el de la pandemia como para adelantar” la decisión. Sobre el primer refuerzo para los dos grupos con un esquema inicial de tres (dosis adicional), como se definió en la guía técnica de noviembre pasado, dijeron que se coordinará entre los distritos en próximas reuniones de los ministros de Salud.
Hay países como Israel, Chile o Dinamarca que ya decidieron avanzar con un segundo refuerzo en ciertos grupos o ampliarlo a la población comprendida en sus campañas de vacunación.
Pero desde el mes pasado el equipo técnico asesor en vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reguladores como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en inglés) y referentes del campo de la inmunología empezaron a poner bajo la lupa una estrategia de refuerzos frecuentes.
En algo coinciden todos: se necesitan más datos para conocer cómo sigue respondiendo el sistema de defensa del organismo más allá del primer refuerzo y poder tomar decisiones.
El viernes 4 de este mes, la titular de la cartera sanitaria mendocina, Ana María Nadal, había adelantado la decisión del distrito de aplicar este año una nueva dosis extra y que se estaba analizando la fecha para implementarlo. Para justificar la postura, Nadal se había referido al pedido de la OMS a los laboratorios productores para que actualicen sus vacunas de acuerdo con las variantes en circulación. “Todo lleva a que la pandemia se convierta en los próximos meses en endemia y que se tenga que convivir con ella como se hace con la gripe”, había dicho la funcionaria.
Ahora, ante una consulta específica, aclaró que la provincia adhiere a esa nueva aplicación –este es un punto que se viene analizando en las reuniones del Consejo Federal de Salud (Cofesa)–, aunque no se sabe cuándo.
Seguridad y efectividad, en duda
El debate sobre qué hacer con las vacunas anticovid una vez completado el esquema inicial y el primer refuerzo está abierto en el mundo. Se volvió público a fines del año pasado, cuando el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió a “los programas de refuerzo generalizados” mientras ómicron se desplazaba por el mundo. Dijo que tenían más probabilidad de prolongar la pandemia que de terminarla “al desviar el suministro [de vacunas]” a países con una buena cobertura, “lo que da al virus más oportunidades de propagarse y mutar”.
Jorge Geffner, referente local en inmunología e investigador principal del Conicet/UBA, resume la discusión sobre la cuarta dosis en dos argumentos: por un lado, el de la OMS, de las diferencias entre países en la disponibilidad de vacunas y la logística para aplicarlas. Por el otro, el que tiene que ver con poder responder una pregunta: ¿es necesaria realmente una cuarta dosis?
“La evidencia en este momento nos dice que sería necesaria para una fracción importante de pacientes con inmunodeficiencias: primarias, que son muy poco frecuentes y son con las que una persona nace, y secundarias asociadas a infecciones (por ejemplo, VIH) o a tratamientos (por ejemplo, los pacientes oncológicos). En estos casos, sabemos que una primera, segunda y hasta una tercera dosis pueden generar una respuesta inmunológica defectuosa y otro refuerzo, a los cuatro meses, aumentaría su protección”.
Otro grupo en el que se está investigando si sería conveniente dar un segundo refuerzo son los mayores de 70 años. “No hay resultados taxativos aún, pero está en estudio darles una mayor cobertura. La tendencia probablemente sea protegerlos más en un mundo que está liberando las restricciones”, dijo Geffner.
La aparición o no de una nueva variante de preocupación, después de ómicron, también es parte de todos estos análisis.
Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) precisaron: “A la fecha, la OMS no tiene evidencia suficiente sobre la seguridad o efectividad de una cuarta dosis de vacuna contra Covid-19. A medida que se desarrolle esa evidencia, la OMS la integrará en sus recomendaciones que son las que seguimos en la OPS”.
A la vez, señalaron que la información disponible demuestra que “una serie primaria de dos dosis de vacuna más una dosis de refuerzo son altamente eficaces para minimizar el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte hasta seis meses después de la administración de la tercera dosis. Este resultado es válido para todos grupos poblacionales, a pesar de la variante en circulación”.
A mediados de enero, un funcionario de la EMA dijo en conferencia de prensa: “Aún no hemos visto datos con respecto a una cuarta dosis y nos gustaría verlos antes de poder hacer cualquier recomendación, pero al mismo tiempo estamos bastante preocupados por una estrategia que implica la vacunación repetida en el corto plazo”, dijo Marco Cavaleri, responsable del área de vacunas de la agencia europea, que considera más “razonable” segmentar la necesidad de los refuerzos por grupos y de acuerdo con el nivel de protección alcanzado.
La nueva meta regional es que todos los países tengan al 70% de su población inmunizada ya con el primer refuerzo en junio
En este contexto, seguir hablando de la población cubierta recién con la primera dosis describe cómo realmente un país avanzó con su cobertura: en la Argentina, hay 4,3 millones de personas en esa situación. Es decir que uno de cada 10 de los habitantes que iniciaron su esquema no volvieron a tener contacto con el sistema sanitario para completarlo.
“La prioridad global es lograr la protección total de los grupos de mayor prioridad en todos los países con series primarias y una dosis de refuerzo, y avanzar hacia los grupos de menor prioridad a medida que aumenta la oferta. Un refuerzo tras otro en un pequeño número de países no pondrá fin a una pandemia”, acotaron desde la OPS.
Astrónomos europeos han descubierto un tercer planeta que orbita Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol (4,3 años luz). Llamado Proxima Centauri d, el mundo recién descubierto es probablemente más pequeño que la Tierra y podría tener océanos de agua líquida.
«Está demostrando que la estrella más cercana probablemente tenga un sistema planetario muy rico», dice Guillem Anglada-Escudé, astrónomo del Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona, España, quien dirigió el equipo que, en 2016, descubrió el primer planeta en ser visto orbitando Proxima Centauri.
Un planeta del tamaño de la Tierra alrededor de una estrella cercana es un sueño astronómico hecho realidad.
El astrónomo João Faria y sus colaboradores detectaron Proxima Centauri d midiendo pequeños cambios en el espectro de luz de la estrella a medida que la gravedad del planeta la atraía durante su órbita. El equipo utilizó un instrumento de última generación llamado Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations (ESPRESSO) en el Very Large Telescope, un sistema de cuatro telescopios de 8,2 metros en el Observatorio Europeo Austral en Cerro Paranal, Chile. Los resultados se publicaron el 10 de febrero en Astronomy & Astrophysics.
Esta técnica de «bamboleo» busca cambios en el movimiento de la estrella a lo largo de la línea de visión desde la Tierra; ESPRESSO puede detectar variaciones de tan solo 10 centímetros por segundo. El efecto total de la órbita del planeta, que dura solo 5 días, es de unos 40 centímetros por segundo, dice Faria, del Instituto de Astrofísica y Ciencias del Espacio de la Universidad de Oporto en Portugal. «Sabía que ESPRESSO podía hacer esto, pero aun así me sorprendió verlo aparecer».
Para encontrar la oscilación, el equipo realizó más de 100 observaciones del espectro de Próxima Centauri durante poco más de 2 años. ESPRESSO se guarda en una sala especial en el observatorio, dentro de un tanque que mantiene su presión y temperatura constantes. Esto asegura que sus mediciones sean consistentes y repetibles a lo largo de los años. ESPRESSO puede medir la longitud de onda de las líneas espectrales con una precisión de 10−5 ångströms, o una diezmilésima parte del diámetro de un átomo de hidrógeno, dice Faria.
Planeta provisional
Hasta ahora, los investigadores consideran a Proxima Centauri d solo como un «candidato a planeta»: los astrónomos esperan habitualmente una confirmación independiente antes de introducir un nuevo mundo en sus catálogos. Pero el equipo de ESPRESSO tiene mucha confianza en la detección, dice Faria. A partir de sus efectos en el espectro de la estrella, el equipo estima que el planeta es probablemente más pequeño que la Tierra, pero no menos del 26 % de la masa de nuestro planeta.
ESPRESSO se construyó principalmente para buscar planetas extrasolares, así como para estudiar la luz de objetos extremadamente brillantes pero distantes llamados cuásares. Lo más emocionante del último descubrimiento es que muestra que el instrumento funciona como se anuncia, dice Anglada-Escudé. “ESPRESSO es el nuevo instrumento que todos quieren usar y jugar”, dice.
Proxima Centauri tiene un lugar especial en los corazones de los astrónomos, agrega. “Siempre tiene un poco de mística, siendo el más cercano”.
“Es fascinante saber que el vecino estelar más cercano de nuestro Sol es el anfitrión de tres pequeños planetas”, dice Elisa Quintana, astrofísica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. «Su proximidad hace que este sea un sistema principal para un mayor estudio, para comprender su naturaleza y cómo probablemente se formaron».
Faria admite que a pesar de que los viajes interestelares todavía pertenecen al ámbito de la ciencia ficción, el sueño de que la gente pueda visitar algún día nuestra estrella más cercana lo motiva a buscar allí planetas similares a la Tierra. “Te hace preguntarte”, dice.
«De los 92 elementos químicos naturales conocidos y clasificados en el Sistema Periódico de Mendeleiev, tal vez aluminio, hierro, cobre, silicio, sodio, magnesio, potasio, calcio, carbono, cromo, níquel, oro, plata y litio, sean los más comúnmente mencionados a nivel general.
