El diario El Cronista informó que se habilitaría un aumento de 3% después de las elecciones, a pesar del «congelamiento» (ya descongelado una vez antes). En las empresas aducen un atraso de 17% en los precios y que pararán sus inversiones el próximo año.
Aunque el congelamiento de precios de los combustibles líquidos (naftas y gasoil) se extiende formalmente hasta el 13 de noviembre, el Gobierno analiza desde hace semanas el momento preciso para habilitar un nuevo aumento, tal como lo hizo a mediados de septiembre con un 4%. Así lo contaron fuentes oficiales, que advirtieron que dependerá exclusivamente de la decisión del presidente Mauricio Macri.
Era improbable que suban los combustibles poco antes de las elecciones generales, por lo que el rumor que corre en el sector es que el congelamiento caería el lunes 28 de octubre, derogación de decretos mediante. Según una empresa consultada, el Gobierno planeaba habilitar un incremento de 3% para recompensar en parte la inacción de septiembre y que no se siga acumulando un atraso en los precios, que los directivos de las petroleras ubican en un 17%.
El congelamiento de precios, dispuesto en agosto, impactó en toda la cadena petrolera y produjo incertidumbre en los ejecutivos. De hecho, hace semanas vienen señalando que la inversión caerá en 2020: en petróleo por lo que las petroleras llaman «las malas señales de la política», mientras que en gas falta capacidad de transporte y demanda local.
Mientras tanto, YPF, la compañía líder, logró instalar en la agenda sectorial el mensaje según el cual los aumentos en los combustibles no están ligados de manera directa con la inflación. Su presidente, Miguel Ángel Gutiérrez, mostró que las naftas y gasoil subieron 22% en lo que va de 2019, contra una inflación acumulada a septiembre que estimaron cercana a 39% (solo el mes pasado el índice de precios habría saltado 7,1%).
«Si de golpe incrementamos un 17% los precios, el efecto va a ser peor porque caerán fuerte las ventas», matizaron en una petrolera. En agosto, incluso, bajó por primera vez el consumo de nafta súper, la variedad más barata. La crisis ya se manifestaba en la demanda de nafta premium, que bajó a más de 20% interanual.
Por el cierre de los mercados financieros a la Argentina, el Gobierno otra vez toma préstamos del Banco Nación y del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS en condiciones cuestionables.
Mediante la Resolución conjunta 68/2019 de la Secretaría de Hacienda y de Finanzas, el Gobierno solicita al Banco Nación «un financiamiento para el Tesoro Nacional por un monto de hasta treinta mil millones de pesos($ 30.000.000.000)”.
La Resolución conjunta 69/2019 dispone que el FGS de la ANSeS suscriba “a la par” Letras del Tesoro con vencimiento 17 de abril de 2020 por $ 2.000 millones. Y US$ 175.593.537 en Letras en dólares con similar vencimiento.
En los fundamentos de la Resolución se menciona el Decreto de Necesidad y Urgencia 668/2019, de fines de septiembre pasado. Ese DNU estableció que hasta que hasta el 30 de abril del año que viene, organismos y entidades estatales están obligados a destinar sus excedentes a la compra de Letras del Tesoro que no tengan un plazo mayor a los 180 días.
Las fuentes consultadas por el periodista Ismael Bermúdez afirman que “las condiciones de emisión del préstamo son desfavorables debido a que se coloca a una tasa Badlar corregida que equivaldría a una tasa en torno al 66%, la cual está por debajo de las tasas activas actuales de mercado, es decir, las tasas a las cuales los bancos prestan». Y el Banco Nación tuvo «utilidades negativas» en el último período.
En cuanto al FGS, » no sólo es fuertemente perjudicado en cuanto a sus colocaciones en dólares, sino también en pesos debido a que se colocan a una tasa Badlar mas 500 puntos básicos, muy por debajo de las tasas a las cuales rinden los mismos títulos en el mercado secundario. Cabe resaltar que los títulos en el mercado secundario están afectados por la “reperfilación”, mientras que las colocaciones al FGS serían a pagar íntegramente al vencimiento estipulado”.
Ayer, lunes 22, en la semana antes de las elecciones presidenciales, el dólar minorista subió 33 centavos: se vendió a un promedio de $61,33 en agencias y bancos. El dólar blue ganó $1: $67,25, según un relevamiento en cuevas de la «city». Así, la brecha con el oficial aumentó al 9,6%. El dólar «contado con liqui» (CCL) -que surge de compra de bonos o acciones, y su posterior venta en el exterior para hacerse de divisas- saltó $4 (+5,9%) a $79,59 y marcó un spread de 35,7% con el oficial.
Estas brechas entre diversas cotizaciones -la más alta desde 2015, y que crece día a día- crea tensiones. El Banco Central vendió ayer 300 millones de dólares para contener el alza del dólar. Y, por supuesto, la diferencia estimula a los especuladores.
Pero esto no es lo más grave. Lo muy grave, ya lo dijimos hace 5 días y vale repetirlo, es que el precio del dólar es un factor clave en los precios de todo. Lo que los argentinos consumimos tiene un porcentaje muy alto de importado. No solamente los insumos directos -que son muchos en los productos industriales, y en los fertilizantes, herbicidas y semillas que usa el agro. También hay que tener en cuenta que en los costos del transporte se incluyen la parte de los combustibles y los repuestos que se importan.
Si tomamos en cuenta eso, la carga -siempre en divisas- de las patentes y los reaseguros es sólo un factor más. Frente a ese cuadro, las retenciones a la exportación -que seguramente serán necesarias para cubrir el déficit fiscal -el FMI ya se encargó de remarcarlo- no contendrán el precio local. Ni siquiera, el de lo que se exporta.
Entonces, la suba del dólar provoca inflación. No es un análisis teórico. Es un dato de la realidad que comprobamos todos los días los argentinos. Entonces, volvemos a hacer la pregunta que nos hicimos el viernes 18, cuando comenzó esta última fase de la escalada: ¿Hasta cuánto puede subir el dólar?
La respuesta es la misma: indefinidamente, si no se acierta con la política económica adecuada.
Corresponden algunas precisiones: el dólar «blue» no es el que se usa en las transacciones que realmente importan en la economía: las importaciones y las exportaciones. Ahí rige el dólar «oficial», el que se transfiere en forma abierta a través del sistema bancario. (Por eso fue un engaño o una gigantesca estupidez la afirmación que se hizo al comienzo de este gobierno: que la devaluación no iba a afectar a los precios porque «todo el mundo» ya se guiaba por el paralelo).
Ese precio «oficial», alrededor de $ 60, hoy no está «atrasado» en relación a los otros precios de la economía argentina. Los funcionarios del gobierno y los economistas de la principal oposición coinciden en eso. Y tienen razón.
Pero ése no es el único elemento que determina el precio del dólar. Están las expectativas. Basadas en una experiencia argentina de décadas, en los momentos de crisis nuestros compatriotas tratan de comprar dólares, huyen del peso porque creen que el dólar va a subir. Es decir, que el peso se va a devaluar.
Es una profecía autocumplida. El ahorrista, el especulador, el empresario que necesita cubrir los futuros costos de sus insumos, están dispuestos a pagar el dólar a un precio «caro», porque creen -se lo dice la experiencia- que los precios de todos los otros productos seguirán subiendo, y en semanas o meses el valor al que lo compró parecerá «barato».
¿Hay excepciones a esto? Sí. Se llama «overshooting», cuando el valor local de una divisa extranjera sube demasiado en relación a los otros valores de la economía y retrocede. Los que lo compraron a un precio demasiado alto sufren una pérdida.
La última vez que eso sucedió entre nosotros fue a comienzos del 2002, con la Gran Devaluación. El dólar llegó por algunas semanas a $ 4, y tuvo que bajar a $ 3, valor en el que se mantuvo por un largo tiempo. Pero eso fue consecuencia de la brutal recesión que estalló en 2001. También había sucedido algo parecido 10 años antes, en los primeros meses de 1991, cuando se iba a implantar la convertibilidad.
Nadie, o casi nadie, quiere una experiencia como aquelas: tuvieron un costo terrible para nuestro pueblo. Pero para evitarlas es necesario tener claro que el problema no es la suba del precio del dólar, sino el peso que se devalúa. Por eso insistimos: la necesidad impostergable, no sólo para poner en marcha la economía, también para gobernar la Argentina, es detener la inflación inercial desatada, en la cual el precio de todo sube porque todos los otros precios suben. Incluso el del dólar.
«Pido perdón por esta falta de visión». Así se manifestó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ayer martes a la noche, tras cinco días de masivas manifestaciones pacíficas contra su gobierno, acompañadas por escenas de violencia, saqueos, represión y disturbios en varias ciudades. (Una crónica de los hechos hasta el lunes, y las causas, fue publicada aquí).
«Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud», señaló el mandatario.
Piñera anunció una serie de reformas para tratar de responder al estallido social y aseguró que el gobierno había escuchado «las legítimas demandas» de la ciudadanía. Entre otras medidas, planteó aumentos de 20% «en las pensiones básicas solidarias» y «en el aporte previsional solidario».
Además, dijo que se darán «aumentos adicionales a las pensiones básicas y aportes previsionales en 2021 y 2022», además de un «ingreso mínimo mensual garantizado de 350.000 pesos chilenos (490 dólares) para todos los trabajadores con jornada completa».
También anunció un aumento en los impuestos a personas que ganan más de 8 millones mensuales (11.200 dólares), con lo que el gobierno de Piñera pretende recaudar unos 160 millones de dólares.
En su discurso, indicó que van a crear una Defensoría de la Víctima «para garantizar los accesos a las personas que han sido víctimas de la delincuencia». También prometió una reducción en el número de parlamentarios y en las dietas de los funcionarios; así como bajar las contribuciones que pagan los jubilados «más vulnerables».
Hasta ayer continuaban los disturbios. Se han registrado hasta ahora 15 muertos, pero hay denuncias de más víctimas.
Mayor presupuesto, reformular su estructura administrativa e incluir a los investigadores argentinos en las actividades cotidianas del Estado son las tres ideas-fuerza que resumen hacia donde podría encaminarse la ciencia argentina tras la eventual victoria de Alberto Fernández. Quien viene recopilando y ordenando las ideas y propuestas para el sector es el economista Fernando Peirano, actual profesor en las Universidad de Quilmes y de la UBA y ex-subsecretario de Política Científica entre los años 2011 y 2015.
«Hay varios ejes para los que pensamos una reformulación: algunos ya son públicos -como volver a asignarle categoría de «Ministerio» para el sector. Y, por supuesto, debemos recomponer, en el menor tiempo posible, el poder adquisitivo de sus salarios», resumió Peirano. «Y todo eso dentro de marco de superar lo que hizo el macrismo que eligió, en estos cuatro años, una fuerte desatención simbólica, que se ejemplificó en un destrato cotidiano para los investigadores y el sistema».
Según este experto en política científica, el gobierno liderado por Mauricio Macri afectó la función CyT en tres dimensiones: «la presupuestaria, que registró un 43% de caída en los recursos. También hubo una desatención a los planes estratégicos consensuados y hasta para varias las leyes específicas».
Según Peirano, «la CyT argentina debe volver a tener planificación. Macri propuso el Plan 2030 y dejó de lado el anterior, el Plan 2020, que estaba vigente. Sin embargo el 2030 no obtuvo consenso e, incluso, recibió muchas observaciones por parte de los expertos. Asique revisar todo eso es un punto de partida una revisión profunda y armar un nuevo plan estratégico consensuado, acorde a las necesidades del país».
Para
el coordinador de los equipos de ciencia de los Fernández,
«estimamos que este gobierno le restó al sector alrededor de
US$ 500 millones, cifra que debería volver a la función CyT. Y
aunque sabemos que semejante número no se podrá recuperar de un día
para otro, es una meta que podemos proponernos alcanzar durante la
próxima gestión».
Cualquiera sea el plan a implementar, obviamente una de las claves de su éxito, o fracaso, estará en el ítem del presupuesto que cada año se le asigna a la ciencia. «Para eso pensamos en instrumentos que permitan lograr una recuperación adecuada para un sistema que, hoy, tiene una gran capacidad ociosa. Por ejemplo, sabemos que hay equipamientos y laboratorios disponibles, a los que les faltan insumos para concretar muchos experimentos. También sabemos que habrá que solucionar urgentemente problemas de mantenimiento de numerosos laboratorios».
Recursos humanos La cantidad de científicos ingresantes a la carrera del Conicet es un tema de discusión que vuelve año tras año. «Todavía tenemos que debatirlo en detalle, pero -en principio- nos parece bien la cifra que recientemente publicó el directorio del Conicet. Ellos mencionan que sería deseable que -en el próximo periodo- se sumen 650 cargos de investigadores. Ese es un piso mucho más razonable que los 450 que ingresaron en 2019″.
Y para hacer crecer la «demanda» por soluciones científicas en nuevos rubros, Peirano sugiere que «además del MinCyT otros ministerios deberían armar sus planes de investigación, con presupuesto propio, tal como ocurre en EE.UU. Por ejemplo, podría haber responsables de ciencia y tecnología en Transporte, Energía, Medio Ambiente y, por supuesto, en Salud».
Por muchos más INVAP Algo interesante que planean los equipos coordinados por Peirano es la idea de crear empresas especializas en soluciones tecnológicas bajo un modelo similar al de INVAP, al que todos definen como «muy exitoso». «Podríamos armar nuevos «INVAP» dedicados a la biotecnología, a energías alternativas, a la producción de medicamentos y la Inteligencia Artificial y el Big Data, entre otros. Este último también serviría para financiar la especialización profesional de áreas estratégicas en las que Argentina tiene faltante de profesionales como es en el desarrollo del software y las tecnologías digitales».
Para estimular la inversión de CyT por parte de la industria privada, Peirano propuso crear leyes que eximan del pago de impuestos a los equipos que se usen para hacer investigación, algo que ayudaría en forma inmediata a mejorar el poder de compra de los subsidios. «También pensamos potenciar el «Compre Argentino» y volver a poner en marcha instrumentos como el crédito fiscal para las empresas que hagan I&D, algo que fue aprobado, pero nunca fue instrumentado».
Inspirado en lo que funcionó bien en otros países, también propusieron adaptar una metodología que hoy se usa en Europa: destinar fondos para obtener objetivos específicos que le interesen al país (orientados a misiones). «Por ejemplo, la lucha contra el hambre en Argentina. Allí, equipos de científicos podrían sumarse creando nuevos productos con probióticos o mejorar la supersopa nutritiva. Y otros cientistas sociales podrían llevar el control de los resultados de estos planes».
Reformas en la Agencia para el corto y largo plazo Otro organismo que proponen recuperar es la Agencia oficial encargada de otorgar subsidios, que «hoy está prácticamente paralizada y que debería recibir aportes del presupuesto, aparte de los prestamos de organismos internacionales. «La Agencia, además, debería reformular sus procedimientos administrativos, para que responda a las necesidades de los científicos en forma ágil y menos burocrática que como lo hace hoy».
También están diseñando políticas para el mediano y largo plazo: «Para evitar lo que pasó hasta ahora, queremos una ley de presupuestos plurianuales. La idea es que en años de recesión se garantice que el CyT no sufra recortes. Y en tiempos de expansión económica que su porcentaje de crecimiento sea mayor que en el resto de presupuesto».
La Red de Centros de Formacion de la CGERA ha preparado, con el auspicio de su entidad madre y de la CEPBA, bajo la dirección del Dr. Guillermo Siro, «EMPLEO 2020», un proyecto para una política de empleo. Invitamos a acceder al texto (12 carillas) cliqueando aquí, y reproducimos abajo la Introducción, donde se señala que las estadísticas y registros actuales de empleo son imcompletos, y la necesidad de coordinar los esfuerzos de distintas entidades para obtener el cuadro de situación adecuado.
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Toda política de empleo virtuoso y sustentable debe estar basada en la producción, el desarrollo regional, el trabajo decente y la construcción de una sociedad justa y con futuro. Los desequilibrios regionales han sido y son una de las principales causas del deterioro del trabajo y la producción argentina. Y la desvinculación de las políticas de empleo con las realidades productivas regionales presentes y futuras han deteriorado tanto la calidad del empleo como las cadenas de valor sectoriales, en las cuales el trabajo argentino debe ser el factor que promueva la competitividad a través de la transformación de nuestros recursos naturales y la incorporación de valor agregado, entendido éste como la conjunción de identidad cultural, raíces , innovación y tecnología.
El diseño de cualquier política pública requiere un adecuado diagnóstico que permita conocer el estado de situación, problemáticas, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lamentablemente, la información disponible acerca de la estructura productiva nacional es anticuada, incompleta e insuficiente para la toma de decisiones tanto en el sector privado como en el público. Esta falencia es notable en dos niveles fundamentales: por un lado, no se dispone de bases de datos actualizadas de empleo y de empresas que permitan construir conocimiento práctico sobre la estructura y la dinámica del aparato productivo.
Por otro lado, y quizá como consecuencia de la falta de datos básicos, existe una notable escasez de estudios teóricos y empíricos desde una perspectiva que contemple el conjunto de los sectores. Estas debilidades informativas impiden todo intento de planificación y diseño de políticas y cursos de acción eficaces. Dicho fenómeno afecta al conjunto de políticas públicas destinadas a acompañar o dirigir el desarrollo de la estructura productiva argentina y al conjunto de acciones de la iniciativa privada (empresas, organizaciones no gubernamentales, etc.) que buscan una inserción consciente en eltejido productivo nacional. En otras palabras, sin contar con un adecuado registro actualizado de datos básicos sobre la producción y sin estudios elaborados sistemáticamente con base en ese registro que desarrollen nuevos conocimientos sobre la estructura productiva, no podrá avanzarse en el entendimiento concreto de la misma, ni en la praxis (teoría para la acción) del desarrollo.
Los casos donde puede apreciarse la importancia de lo dicho anteriormente son abundantes en casi todas las áreas de intervención pública. Tomando el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para ejemplificar las carencias informativas, puede observarse que el fenómeno excede incluso a nuestro país. Aún con diferencias significativas entre los países de la región, las políticas pymes tienen en común una baja prioridad dentro de las acciones de gobierno y una llamativa falta de disponibilidad de instrumentos apropiados, incluso para alcanzar modestos objetivos de política. Sin embargo, y paradójicamente, las pymes representan en la gran mayoría de los países, el sector con mayor porcentaje en la generación de empleo y en la democratización y diversificación de las economías. En el caso puntual de la Argentina, se estima que más del 70% del empleo privado depende de las pequeñas y medianas empresas.
Prácticamente en todos los países de la región, la información elaborada por los organismos encargados de recolectar los datos estadísticos se basa en criterios que definen los tamaños de las empresas según la cantidad de ocupados. Por el contrario, las instituciones encargadas de diseñar e implementar las políticas de apoyo identifican a sus beneficiarios según criterios que se basan en la facturación de las empresas. De esta manera, resulta incompatible la comparación de los resultados obtenidos aplicando una u otra definición (según cantidad de ocupados o según facturación).
Este primer diagnóstico sobre la situación económica y social de la Argentina y en particular de la Provincia de Buenos Aires, da cuenta de la necesidad de encarar un PLAN que permita favorecer el desarrollo económico a partir de lograr el aprovechamiento de las oportunidades que brindan los mercados internacionales y nacionales por parte de las pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo. Para que dicho plan sea eficiente y pueda lograr aumentos de competitividad -que impactarían en el empleo y en la disminución de la desigualdad- debe integrar las carteras ministeriales vinculadas a la producción y el trabajo, a la vez que las organizaciones y actores sociales involucrados.
CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO REGIONAL:
De lo dicho precedentemente surge la necesidad de crear un ente tripartito (Estado, trabajadores, empresarios), que cumpla los siguientes objetivos: ● Recoger la demanda y problemáticas en términos de empleo. ● Homogeneizar los criterios a partir de los cuales se segmente y categorice al sector pyme, buscando asimismo que dichos criterios respondan a la heterogeneidad del mismo. ● Identificar y relevar cadenas de valor, su situación y demandas.
Dicho trabajo debe ser articulado de forma conjunta entre los Ministerios de Trabajo, Producción, Ciencia y Tecnología, Educación y Desarrollo Social a través de Consejos Consultivos Sectoriales por actividad y sector, a fin de planificar y ejecutar políticas y acciones de promoción del empleo en el corto y mediano plazo en las diferentes regiones de nuestra República. De igual modo deben conformarse a tales efectos, espacios de articulación con los actores sociales involucrados: organizaciones de pymes, gremios, universidades nacionales, institutos tecnológicos, …
En AgendAR habíamos mencionado los «movimientos anti vacunación» que han aparecido en Europa y en algunas comunidades en los EE.UU. Y, detrás del dato periodístico, había un poco de sorna argenta «¡Estos gringos…!». Nuestra preocupación, avalada por sociedades médicas muy serias, era la deficiencia en la provisión de algunas vacunas por parte del Estado. Pero ahora la advertencia sobre estas actitudes la hace una autoridad sanitaria de nuestra provincia de Santa Fe.
«Las objeciones a vacunarse aparecen cada vez más en consultorios y vacunatorios. Si bien la tendencia es difícil de cuantificar, «con diferentes argumentos, la prevalencia de estas actitudes es cada vez más mayor«, admitió la coordinadora de vacunación de la región sur santafesina, Soledad Guerrero. La resistencia no es sólo de los pacientes, sino incluso de profesionales.
«La inoculación es una herramienta fundamental para evitar la reintroducción de una enfermedad a una región», señaló la especialista y puso como claro ejemplo el actual brote de sarampión.
Es más, la ministra de Salud, Andrea Uboldi, recordó que «en 2010, luego de brote de gripe A, no alcanzaban las vacunas»; sin embargo, desde entonces el número de personas que se colocan la dosis cada temporada descendió drásticamente, incluso entre quienes la tienen indicada por ser población de riesgo.
«Cuando disminuye el miedo, cae la vacunación«, aseguró Uboldi ayer tras presentar una nueva propuesta para captar a la población adolescente.
La información en redes sociales, posturas filosóficas y religiosas, argumentos poco científicos, efectos adversos, el querer «evitar elementos extraños al organismo» y el pensar que «vivir en un ambiente saludable» es suficiente, son algunas de las posturas que tanto Guerrero como Uboldi admitieron que se escuchan cada vez más, incluso cuando se trata de dosis del calendario oficial y por tanto, obligatorias.
La ministra aclaró que «Argentina no tiene, como sucede en Europa, fuertes movimientos antivacunas, grupos muy fundamentalistas y generalmente de un alto nivel educativo y socioeconómico», y rescató «el vínculo de confianza que hay en la población que se relaciona con los centros de salud».
Lo que sí apuntó como un factor a atender es «la incorporación a partir de 2000 de muchas vacunas al calendario, como la del rotavirus y el neumococo, lo que diversificó el panorama de vacunas a nivel nacional y en un corto período de tiempo hizo que la población no pudiera asimilarlas».
Baja cobertura «La información en las redes sociales tiene tremendo alcance y muchas veces es irreal«, señaló Guerrero y apuntó que en algunos casos genera «niveles de coberturas muy bajos».
«Sabemos que a medida que el niño se aleja de los controles habituales que corresponden a un niño sano, cae el nivel de cobertura y es durante el primer año de vida cuando se logran los mejores resultados; pero eso decae más al momento de los refuerzos, ingreso escolar y peor aún a los 11, y en los adultos sanos», detalló.
Para graficarlo, puso como ejemplo la indicación de vacunarse contra la gripe A para los grupos de riesgo, lo que incluye pacientes crónicos, menores de dos años, puérperas y embarazadas. «A nivel nacional y en Santa Fe, se logró en las embarazadas una cobertura de apenas el 65 por ciento, un indicador muy bajo», explicó; y a eso se sumó el informe de la propia ministra de Salud.
«El 85 por ciento de los pacientes fallecidos o internados con gripe A fueron personas que tenían uno o más factores de riesgo y pese a eso, no se habían vacunado», dijo.
El miedo a enfermarse Para Uboldi, «la percepción del riesgo a enfermarse» marca la adhesión a las vacunas. «Al año siguiente del brote de gripe, no alcanzaban las dosis; del mismo modo que casi no hay resistencia a la vacuna contra el meningococo, porque es una enfermedad que genera conmoción entre los padres y comunidades educativas cuando hay un caso», señaló. Sin embargo, indicaron que los nichos de resistencia no están sólo en la población, sino también en profesionales. «A muchos especialistas hubo que convencerlos de vacunar a las embarazadas», añadió Uboldi. Guerrero aclaró que «las buenas coberturas son la herramienta para evitar la reintroducción de enfermedades» y agregó: «La muestra de ello es el brote de sarampión, eliminado en 2016 y que sin embargo, se reintrodujo. Ante la conectividad actual que permite estar en Japón en apenas horas, las vacunas son la principal herramienta de protección».
Mercado Libre, la empresa argentina de mayor cotización bursátil, tiene proyectado comenzar a vender online productos de consumo masivo -como si fuera un supermercado- en Argentina y Brasil el próximo año, dijo el director de Marketing de la empresa Sean Summers a la agencia Bloomberg, en el marco del 55º Coloquio de IDEA, en Mar del Plata.
La empresa de e-commerce ya vende este tipo de productos en México y planea expandir el área a la Argentina y Brasil, una decisión que está relacionada con el ritmo de crecimiento del centro de distribución de Buenos Aires.
En este momento, la compañía fundada por Marcos Galperín está operando un depósito de 35.000 metros cuadrados sobre una superficie total de 65.000 metros cuadrados. “Estaremos completamente operativos para fines de 2019”, dijo Summers a Bloomberg.
En México, la empresa lanzó la categoría «Supermercado Libre» en un plan piloto a fines de 2018 y oficialmente en abril pasado. Allí, la empresa dice que se puede adquirir «todo lo que se necesita para la vida cotidiana», como alimentos y bebidas no perecederos, productos para bebés, cuidado personal, mascotas y limpieza para el hogar. Son unos 20.000 ítems.
Aunque tiene planeado expandir su producción para incluir productos de consumo, Summers aclaró que Mercado Libre no tiene planes de vender comida para llevar. Todo aparece como si Mercado Libre se estuviera preparando para una ofensiva de Amazon.
El modelo económico chileno, heredado en sus líneas generales de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue aceptado luego por las fuerzas políticas principales de ese país, y elogiado por muchos extranjeros. Es cierto que proporcionó estabilidad y crecimiento económico modesto pero sostenido a lo largo de varias décadas. En 2019, con una inflación de 2% anual, se estimaba que el crecimiento alcanzaría al 2,5%, de los más altos en una región en crisis. Pero los indicadores sociales -salud, educación y jubilaciones- dejaban afuera a gran parte de la población.
En Chile se estaban incubando tensiones profundas, que este viernes empezaron a estallar. Reproducimos la crónica -hasta ahora- de estos días de furia, y detallamos algunos factores que en la mirada de analistas chilenos jugaron en esta crisis.
El conflicto se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del subte en 30 pesos chilenos, hasta un máximo de 830 pesos (US$ 1,17 aproximadamente). A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar «evasiones masivas» en el subte, levantando los molinetes para ingresar sin pagar. La situación fue agravándose a partir de este viernes 18, cuando la violencia tomó las calles de la capital, Santiago, con la quema de diversas estaciones de subte y de ómnibus, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes ordenaron un toque de queda la tarde del sábado.
Pero el despliegue de militares armados y de dispositivos de los carabineros no logró frenar la furia de los manifestantes en varias ciudades de Chile. El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció en la noche del sábado la suspensión del alza en la tarifa del subte, afirmando que había escuchado «con humildad la voz de la gente». Sin embargo, ninguna de estas medidas y anuncios atenuó la furia de los manifestantes. El domingo, Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera. Las autoridades extendieron el toque de queda en la Región Metropolitana de Santiago, desde las 19:00 hora local hasta las 6:00 del lunes; y en las regiones de Concepción y Valparaíso, desde las 20:00 hasta las 6:00 del lunes. Además, ayer lunes se suspendieron las clases en Concepción y en 43 comunas de Santiago.
Poco después, también se anunció toque de queda desde las 20:00 del domingo hasta las 6:00 del lunes en las ciudades de Coquimbo y La Serena, ubicadas a unos 470 km al norte de Santiago; y en Rancagua, unos 90 km al sur de la capital. Pese a todo, las manifestaciones no se apaciguaron.
Piñera anunció por TV el domingo que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible». El gobierno chileno confirmó ayer lunes la muerte de al menos 11 personas durante las protestas.
A qué se atribuye el estallido
1. La desigualdad. Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del subte es solo la «punta» de los problemas que aquejan a los chilenos. La palabra «desigualdad» se ha apoderado del debate en estos últimos días. Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.
Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$ 423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$ 562) al mes.
Con este salario, se alega que un alza en el pasaje es insoportable. Más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio. Así lo determinó un reciente estudio de la Universidad Diego Portales, de un total de 56 países alrededor del mundo, Chile es el noveno más caro. Así, hay familias de bajos recursos que tienen que gastar casi un 30% de su sueldo en transporte.
Cristóbal Bellolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, asegura que «este es un problema estructural del sistema socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a pesar de que hay mucho menos pobreza que antes. La situación de aquellos que salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se percibe que hay una clase de ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas», agrega. Para Bellolio, el alza en el pasaje del subte se suma al incremento en el costo de la luz, del agua y a la crisis en el sistema público de salud. También tiene que ver con las jubilaciones: hace bastantes años que Chile está discutiendo una reforma al sistema de pensiones privado. (Las AFJP que implantó Cavallo estaban inspiradas en el sistema chileno).
Una opinión similar tiene Claudio Fuentes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. «Hubo un gran crecimiento de la clase media pero es una clase media precarizada, que tiene bajas jubilaciones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. Es una situación donde el día a día es precario, que vive con incertidumbre».
2. Los errores de Sebastián Piñera. Tanto la oposición como algunos de sus propios partidarios han coincidido en que la actual administración reaccionó tardíamente a las manifestaciones. «No hubo explicaciones claras sobre el alza de la tarifa y se demostró una falta de empatía con los problemas de la gente». De hecho, ante las primeras protestas, ministros del gobierno de Piñera sugirieron tomar el subte más temprano, a las 7 de la mañana, para evitar pagar el aumento.
Además, se ha cuestionado que las autoridades se limitaron a amenazar con la Ley de Seguridad del Estado, sin abordar el fondo del petitorio, y calificando a los manifestantes de «delincuentes» en repetidas ocasiones. «Fue una protesta lenta, que subió en intensidad gradualmente, con muchos momentos para reaccionar. Pero no hubo más que dos respuestas: la tecnocracia y la represión. El panel de expertos define la tarifa, las Fuerzas Especiales la hacen cumplir. Planillas Excel y palos, mientras la política permanece ciega, sorda y muda», dice el periodista Daniel Matamala en una columna a La Tercera. En particular, el presidente Piñera ha sido fuertemente cuestionado luego de que el viernes —mientras se incendiaban varias estaciones del subte— se le vio cenando en un restaurante de Vitacura (una de las comunas más ricas de Santiago), celebrando el cumpleaños a uno de sus nietos.
3. La decepción con la dirigencia política en general. La oposición tampoco se ha librado de las críticas: se ha dicho que reaccionaron tarde y que no han hecho nada para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Hace años que la clase política chilena viene prometiendo mejoras. Se han anunciado reformas educacionales, constitucionales, tributarias y a la salud pero muchas de ellas no han logrado cumplir con las expectativas de la sociedad. El descontento social, entonces, se ha traducido en este estallido que está terminando con la destrucción de un centenar de espacios públicos en distintas ciudades de Chile.
Las expectativas generadas por los dos gobiernos de Michelle Bachelet (de 2006 a 2010, y luego de 2014 a 2018), y luego por los de Sebastián Piñera (quien también lideró el país en un período anterior, entre 2010 y 2014), son una causa importante que puede explicar esta «furia». «Si Bachelet 1 y Piñera 1 fueron símbolos de cambio (la igualdad de géneros, la alternancia en el poder), Bachelet 2 y Piñera 2 agotaron el stock de esperanzas. Hace tiempo se incuba el ruido sordo de la falta de un proyecto país, de un camino al desarrollo, de una meta compartida que dé sentido a las penurias cotidianas», dice Matamala. Además, es importante recordar que Piñera antes fue reconocido por su capacidad para generar empleos y mejorar la economía. Durante su primer gobierno, de hecho, ése fue su gran logro. Esta vez, la gente esperaba lo mismo y, hasta el momento, la realidad económica ha estado por debajo de las expectativas que tenía la sociedad chilena.
Estudiantes chilenos
4. La rebelión estudiantil. Las protestas y manifestaciones han sido lideradas, principalmente, por estudiantes. La primera «evasión masiva» fue el lunes 7 de octubre, liderada por estudiantes de liceos emblemáticos, principalmente del Instituto Nacional. Este establecimiento fundado en 1813 ha protagonizado violentas protestas en los últimos meses. Sus quejas tienen que ver con la «falta de recursos» en la educación chilena y la falta de cuidado en las aulas de clases. Según asegura el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, los desmanes ocurridos en los últimos días en Chile son resultado, en parte, a la aparición de una nueva generación «que se manifiesta cada vez con mayor intensidad». «No es casualidad que todas esas formas de protesta violenta sean protagonizadas por jóvenes».
Una de las manifestaciones más importantes en Chile desde el retorno a la democracia también fue liderada por estudiantes. La llamada «revolución pingüina» (por el uniforme de los estudiantes secundarios), ocurrida en 2006, generó un importante precedente respecto a la demanda social de mejorar la educación. Luego, en 2011, esta petición se incrementó con un movimiento estudiantil que también generó grandes manifestaciones y que tuvo al primer gobierno de Sebastián Piñera en jaque.
El Pacífico ya no lo es
Crisis en Ecuador: masivas protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. Disolución del Congreso en Perú. Y en Chile una parte de la juventud se revuelve contra la fragmentación social y la falta de horizontes. Hace solo unas semanas, tras las crisis en Perú y Ecuador, se decía que Chile era un «oasis» dentro de América Latina. Ahora, la situación ha cambiado abruptamente y nadie sabe si la furia va a detenerse.
(La primera parte de este artículo está aquí.Y la segunda, aquí)
En materia de motorización, el MET (Modelo de Ensayo Tecnológico) que se rompió -y arreglaremos como tantas otras cosas que se rompieron en estos años- no es en absoluto el que llevará el prototipo del clase II.
Para ése drone “El Mago” Oreste Berta, el preparador de motores de la Escuadra Torino, pergeñó un bóxer aeronáutico con 4 cilindros en oposición de 180º parecido al de los automóviles japoneses Subaru: en banco de pruebas daba 90 HP. La idea es no tener que comprar el Rótax 914 que usa el Vigía 2B de la FAA, fierro excelente pero caro y ajeno. Por lo demás, la idea, nunca seremos lo suficientemente aburridores y repetitivos, es generar trabajo calificado en este país y no en otros, y que la repuestería sea propia y se pague en pesos, porque de otro modo a la primer “hiper” el avioncito se queda juntando polvo en un hangar. Por todo ello, que SARA vuele con Berta. No es imposible que el drone clase 2 más habitual sea bimotor: se necesita potencia para enfrentar vientos como los del Sudoeste en la Patagonia y no terminar «arriado» mar adentro, sin poder volver a tierra, como alguna vez casi le pasó a Antoine de Saint Exupéry cuando era piloto de la Aeroposta, allá en los años ’30. Y máxime en un vehiculo sensible al viento por su baja masa y su gran superficie alar.
El SARA clase III, más ambicioso, encapsulado en un diseño “stealth” por ahora tentativo, tendrá 2 motores turboprop, los mismos Pratt & Whitney canadienses con que FAdeA intentó remotorizar el viejo y confiable IA-63 Pucará: como fueron un éxito mundial, se consiguen en todos lados y nunca faltan repuestos. Lo ideal sería conseguir la licencia para fabricarlo aquí. No sería fácil.
El blanco aéreo de alta velocidad, BAAV, es un jet. No logró salir de su etapa de ingeniería preliminar. Y es que tal vez el MinDef apostó mal: a diferencia de la de INVAP, la otrora envidiable capacidad tecnológica de Fabricaciones Militares no sobrevivió al menemismo, ni pudo reconstruirse después. La propulsión de esta máquina de 900 km/hora tal vez empiece con un turbojet en miniatura y luego pase a un turbofan más eficiente. Pero son sólo especulaciones.
El BAAV sería un desafío técnico enorme incluso para INVAP. Y diplomático también, para cualquier gobierno que intente un “revival” profundo de la industria criolla de defensa. Según el sistema de guiado y la carga útil que lleve, el BAAV es un vehículo transónico al cual tirarle cohetazos antiaéreos, como indica su nombre. Pero reconfigurado con otra carga útil, se vuelve un misil crucero de propulsión a chorro. Poca alegría en Londres y Port Stanley.
Hay que tener mucha audacia para formularse semejante proyecto en la Argentina postmalvinera del desarme unilateral. Con Macri presidente, los vicecancilleres Foradori y Duncan restablecieron rápidamente el marco diplomático noventista de los Acuerdos de Madrid de 1990. En ellos, el canciller Guido Di Tella se comprometió con Londres a desactivar toda capacidad argentina de autodefensa: cerrar el Área de Materiales Córdoba (actual FAdeA), el de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) y su misil Cóndor II, los astilleros militares TANDANOR y Domecq García, la considerable capacidad de construcción civil y militar de los Astilleros Río Santiago y el enorme y diseminado complejo industrial de Fabricaciones Militares, con sus 17 fábricas. Y siguen los ejemplos. Tal cual lo pactado, Menem lo hizo.
Bomba inteligente guidada Dardo II C de la FAA en exposición. Otro proyecto no terminado, y van…
El centralismo de INVAP del que se queja Zona Militar lo impuso el MinDef justamente para que la cúpula de la FAA no hiciera lo de siempre: desarrollar sistemas incompletos hasta que, ante el paso de los años, todo lo que se haya logrado, sea bueno o malo, quede obsoleto y/o inútil. Entonces una camándula de brigadieres y comodoros impondrá una importación llave en mano para taponarlo. Sucedió desde siempre.
Es el trasfondo del fracaso del caza Pulqui II, el de los transportes livianos Huanquero y Guaraní II, el del ala volante de transporte pesado Naranjero, y ahora la del Pucará y la del Pampa. Cada una de estas historias truncas AgendAR las analizó aquí,aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. Todo se repite, una y otra vez. Las cúpulas aeronáuticas luchan contra la que fue su propia fábrica, llena de gente valiosa y cuya capacidad se obstina en no morir. Pero lo que quiere la Nomenklatura es importar cosas.
El 30 de Mayo de 2016, el periodista Carlos de La Vega, de la revista TSS de la Universidad Nacional de San Martín, arrimó esta explicación:
“Las adquisiciones en el exterior pueden traer múltiples beneficios para los militares. El primero y más inmediato son los largos viajes de estadía en el país proveedor para “supervisar la compra o capacitarse en su uso”, para los que se cobran viáticos diarios en dólares que implican importantes ingresos por encima de los salarios. También está la posibilidad del cambio laboral de quienes han sido oficiales, que pasan a ser empleados de los proveedores, como en el caso de Reta (Jorge Mario Reta, brigadier RE, secretario general de la FAA a fecha de su retiro en 2011). Y, por último, el más oscuro: los retornos ilegales que las grandes multinacionales de la industria militar están habituadas a pagar. También hay una cuestión ideológica en juego: una parte significativa de la oficialidad de las Fuerzas Armadas argentinas es hostil a los desarrollos nacionales. Las Fuerzas Armadas poseen personal muy valioso, sobre todo en los niveles medios y bajos de la jerarquía, tanto en oficiales como en suboficiales, pero no suelen ser quienes llegan al alto mando”.
Esta visión del problema coincide con la de otro analista muy afilado: Alejandro Artopoulos, de la Universidad de San Andrés. En el caso del SARA, De la Vega, arrastrado probablemente por la frustración entonces muy en carne viva (el artículo es de 2016), encierra al Ejército y la Armada en la misma bolsa que a la Aviación. Creemos que se equivoca: “los verdes” y “los azules” rompieron con su larga tradición importadora y se subieron al proyecto SARA con entusiasmo.
Tiene su explicación: Ejército y Marina viven desde 1983 en una creciente inopia técnica de tanques que no arrancan y barcos que se hunden en puerto. Sus componentes aéreos siempre fueron modestos, incluso en tiempos de vacas gordas (hasta el ’83). Y así vegetaron 27 años hasta que de pronto sobreviene, intempestivo, el proyecto SARA y les regala literalmente el cielo.
Tal vez por haber sido dueña oficial del mismo, la Aviación vivió chirriando “non stop” contra el SARA hasta 2015. Sus representantes ponían “palos en la hélice” con exigencias técnicas descabelladas, que además cambiaban cada 2 años, con cada rotación de jefatura de su Dirección General de Investigación y Desarrollo. Y es que según venía avanzando la tecnología de INVAP, era evidente que este programa la terminaría privando de su derecho, celestial en todo sentido, a importar.
No alcanzó con los 12 ripiosos pero interesantes años del kirchnerismo para recuperar lo perdido en industria de defensa desde 1989. Pero tampoco alcanzaron 4 años de macrismo para hacer quebrar a INVAP. Para su desdicha, la firma barilochense está condenada a ser la semilla de la reconstrucción de nuestra antigua, relativa, problemática pero notable autonomía industrial en armamento. Esa industria, iniciada por la Fábrica Militar de Aviones y seguida por Fabricaciones Militares, fue “spin-off” indiscutible de la sustitución de importaciones y la educación técnica pública. Como tal fue única en Sudamérica hasta bien entrados los ’70. Y en la Argentina se consideró intocable, vaca sagrada, desde los años ’20 hasta 1989.
Hoy la jefatura aeronáutica está tratando de erradicar toda resurgencia del SARA con un clásico “programa tapón”. Aún si se logra cancelar sin juicios este pedido, nada asegura que si gana la fórmula Fernández X 2 alcancen 4 años para hacer avanzar el sistema SARA hasta una clase III en vuelo, desplegada y ofrecida. Habrá que pisar el acelerador.
Pero no se puede no intentarlo. Aunque cause poca alegría en Port Stanley, Londres, General Atomics, Elbit y la cúpula de la FAA.
Un estudio muestra que cuatro de cada diez afiliados al PAMI toman ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y/o hipnóticos. La proporción es tres veces más alta en mujeres.
«Es la primera vez que podemos cuantificar la magnitud del problema», dice el psiquiatra Julián Bustin, autor principal del estudio, asesor de la secretaría general técnico médica del PAMI y jefe de la Clínica de Memoria y Gerontopsiquiatría del INECO (el Instituto de Neurología Cognitiva).
Para los autores del estudio, los resultados muestran niveles de prescripción de psicofármacos «sorprendentemente elevados» y «alarmantes». Y ponen de relieve la necesidad de concientizar tanto a los médicos de cabecera como a los pacientes y sus familiares respecto de los riesgos de esta conducta.
El estudio fue publicado en la revista especializada Vertex y se basó en el análisis de la base de datos del PAMI sobre los mayores de 60 años que recibieron prescripciones por receta electrónica en consultas ambulatorias durante 2016.
Los resultados «deben generar una señal de alerta», manifiestan los autores. El 30% de los afiliados (1.298.425 personas) recibieron al menos una indicación de ansiolítico, antidepresivo, antipsicótico o hipnótico, y de ese total las dos terceras partes (908.227) la recibieron en tres o más ocasiones. La práctica mostró ser más habitual en pacientes mujeres (75% versus 25% de hombres) y en los mayores de 75 años. Si se incluyen las recetas manuales, se calcula que 4 de cada 10 jubilados toman estos medicamentos por lo menos una vez al año.
Pero lo que causó más preocupación es que el 67% de los psicofármacos resultaron ser benzodiazepinas: una familia de fármacos ansiolíticos e hipnóticos.
«Ningún medicamento es inocuo, y está altamente demostrado que las benzodiazepinas aumentan el riesgo de somnolencia, caídas y deterioro cognitivo en el largo plazo -enfatiza Bustin-. Además, causan cierta dependencia, se necesitan cada vez dosis más altas (para producir el efecto) y producen síndrome de abstinencia cuando dejan de tomar se. Solo deberían usarse durante no más de dos semanas, para casos específicos de insomnio y ansiedad».
Una de las dificultades es la naturalización y banalización del consumo. «Muchos pacientes están tan acostumbrados a que formen parte de su vida que no los cuentan como medicamentos», sostiene la médica clínica María Noble, directora del curso de atención primaria de la Sociedad Argentina de Medicina Interna, integrante de la iniciativa Inter-Especialidades y también asesora del PAMI. «Es similar a lo que ocurre con las aspirinas».
Las benzodiazepinas se indican por cuenta propia, se adoptan casi como fetiches y se convidan a familiares y amigos. En un reciente artículo en El País Semanal, el escritor español Juan José Millás (73) cuenta que para tratar un súbito ataque de ansiedad decidió tomarse Orfidal (lorazepam) antes de salir de casa, el mismo fármaco que usa «para dormir, desde hace años». Días atrás se conoció el caso de un joven profesor de inglés argentino detenido en Omán durante cuatro días porque la policía en el aeropuerto le encontró un blíster de Rivotril (clonazepam): «Me lo había dado mi mamá porque me veía un poco deprimido después de una ruptura amorosa», explicó.
En los Estados Unidos, donde las prescripciones de estos fármacos crecieron un 67% entre 1996 y 2013, algunos expertos ya anticipan una epidemia de adicción a estos fármacos más seria y aterrorizante que la crisis de opioides. Y también culpan a las compañías farmacéuticas por sus campañas engañosas de marketing.
Alternativas En su libro El estigma de la enfermedad mental y la psiquiatría (Paidós, 2018), el psiquiatra de Ineco y la Fundación Favaloro Marcelo Cetkovich argumenta que una de las razones que propicia el abuso de ansiolíticos, a menudo sin supervisión médica adecuada, «es la extraordinaria eficacia de estos medicamentos, aunque no están desprovistos de efectos indeseables».
Pero también operan otros factores. Bustin sospecha que «muchas veces, los profesionales creen que la relación médico-paciente se va a ver afectada» si rehúsan indicar esos fármacos o proponen su discontinuación. Noble agrega que otros pacientes se asustan cuando intentan dejarlos de golpe y experimentan insomnio de rebote y otros síntomas de la abstinencia.
Para Gerardo Fridman, un doctor en Farmacia de la UBA que constató que el alza del consumo de psicofármacos en el nordeste argentino triplicó el ritmo de crecimiento poblacional entre 2004 y 2013, el mal uso de las benzodiazepinas se debe en gran parte a su indicación por médicos que no son especialistas. «Yo nunca vi la receta de un psiquiatra con un antihipertensivo, un hipoglucemiante, un antiartrósico, un anticonceptivo o un antiprostático. Pero sí veo traumatólogos, cardiólogos, endocrinólogos, ginecólogos y hasta oftalmólogos que prescriben clonazepam o alprazolam como si nada», afirma desde la farmacia donde trabaja en la ciudad de Corrientes.
¿Cuál es la salida? Según Bustin, «la forma de resolver el problema es que la población general y los profesionales conozcan los beneficios y los efectos adversos de estos medicamentos. Y empezar el tratamiento solo cuando hay indicaciones claras».
El farmacólogo Gerardo Fridman afirma que el consumo de psicofármacos crece aceleradamente. La suspensión después del uso prolongado debe hacerse de forma gradual, para evitar la abstinencia. «Es un camino lento que requiere tiempo y cercanía», afirma María Noble, de la Sociedad Argentina de Medicina Interna. Los médicos también aconsejan probar estrategias alternativas para manejar el insomnio y la ansiedad, desde la higiene del sueño (por ejemplo, evitar comidas abundantes, cafeína o ejercicios antes de irse a acostar) hasta el yoga o la meditación.
El escrutinio provisional oficial, con más del 80% de los votos contados, indicaba una victoria de Evo Morales, que no alcanzaba para evitar una segunda vuelta con el ex presidente Carlos Mesa, algo inédito en Bolivia.
Cuando se suspendió el conteo, Morales, con 14 años en el poder, obtenía un 45,28% de los votos frente al 38,6% de Mesa, un periodista e historiador de 66 años que ya gobernó entre 2003 y 2005.
Pero al reanudarse el recuento, con el 95,23% de los votos escrutados, el nuevo resultado preliminar daba a Evo el 46,86% de los votos y a Mesa, el 36,72%. Con una diferencia mayor al 10% entre ambos (10,14%), no corresponde el balotaje, según la legislación boliviana.
La suspensión del conteo rápido motivó enérgicas protestas de la OEA, y del candidato opositor, que denunció manipulación por parte del gobierno y llamó a una movilización.
Los resultados definitivos recién se conocerán dentro de siete días. Este desarrollo no varía la situación de los otros candidatos, absorbidos por la polarización.
En tercer lugar se ubicó el pastor presbiteriano Chi Hyun Chung, de origen coreano, con 8,7% de los votos, por encima de Óscar Ortiz -con un estilo «a lo Bolsonaro»- a quien durante la campaña las encuestas proyectaban en tercer lugar pero que solo obtiene 4,3%, según estos primeros resultados.
Corresponde señalar que en la primera versión de esta noticia, con las cifras anteriores, destacábamos que faltaba computar mucho voto rural que, muy favorable a Morales.
De todos modos, frente a esta situación es probable, lamentablemente, que Bolivia no consiga evitar un problema común a nuestros países. Una sociedad dividida en dos sectores amargamente opuestos, que no reconocen la legitimidad del otro.
Mesa hizo una campaña centrada en el «voto útil» y en la necesidad de evitar que Morales se perpetúe en el poder.
Por su parte, Morales convocó en su cierre de campaña y desde las redes sociales: “Con el hermano Álvaro (el vicepresidente García Linera) pedimos cinco años más para aprovechar nuestra experiencia, terminar las grandes obras en petroquímica, hierro y litio y bajar la extrema pobreza a menos del 5 %”. “Mi sueño es que Bolivia siga siendo primera en crecimiento económico en Sudamérica. No me abandonen”.
Otro elemento en la campaña del actual presidente fueron las referencias a la crisis argentina y las comparaciones entre Mesa y Macri.
A los cómputos oficiales del escrutinio se puede acceder cliqueando aquí.
El escrutinio provisional oficial, con más del 80% de los votos contados, indicaba una victoria de Evo Morales, que no alcanzaba para evitar una segunda vuelta con el ex presidente Carlos Mesa, algo inédito en Bolivia.
Cuando se suspendió el conteo, Morales, con 14 años en el poder, obtenía un 45,28% de los votos frente al 38,6% de Mesa, un periodista e historiador de 66 años que ya gobernó entre 2003 y 2005.
Pero al reanudarse el recuento, con el 95,23% de los votos escrutados, el nuevo resultado preliminar daba a Evo el 46,86% de los votos y a Mesa, el 36,72%. Con una diferencia mayor al 10% entre ambos (10,14%), no corresponde el balotaje, según la legislación boliviana.
La suspensión del conteo rápido motivó enérgicas protestas de la OEA, y del candidato opositor, que denunció manipulación por parte del gobierno y llamó a una movilización.
Los resultados definitivos recién se conocerán dentro de siete días. Este desarrollo no varía la situación de los otros candidatos, absorbidos por la polarización.
En tercer lugar se ubicó el pastor presbiteriano Chi Hyun Chung, de origen coreano, con 8,7% de los votos, por encima de Óscar Ortiz -con un estilo «a lo Bolsonaro»- a quien durante la campaña las encuestas proyectaban en tercer lugar pero que solo obtiene 4,3%, según estos primeros resultados.
Corresponde señalar que en la primera versión de esta noticia, con las cifras anteriores, destacábamos que faltaba computar mucho voto rural que, muy favorable a Morales.
De todos modos, frente a esta situación es probable, lamentablemente, que Bolivia no consiga evitar un problema común a nuestros países. Una sociedad dividida en dos sectores amargamente opuestos, que no reconocen la legitimidad del otro.
Mesa hizo una campaña centrada en el «voto útil» y en la necesidad de evitar que Morales se perpetúe en el poder.
Por su parte, Morales convocó en su cierre de campaña y desde las redes sociales: “Con el hermano Álvaro (el vicepresidente García Linera) pedimos cinco años más para aprovechar nuestra experiencia, terminar las grandes obras en petroquímica, hierro y litio y bajar la extrema pobreza a menos del 5 %”. “Mi sueño es que Bolivia siga siendo primera en crecimiento económico en Sudamérica. No me abandonen”.
Otro elemento en la campaña del actual presidente fueron las referencias a la crisis argentina y las comparaciones entre Mesa y Macri.
Como fabricante nuestros satélites, INVAP estaba en la mejor situación para diseñar un sistema de drones. Los satélites deben hacer casi todo solos, allá lejos en el espacio, y con una electrónica muy liviana: llevar un kilogramo de carga útil a órbita baja sale desde U$ 1700 a U$ 14.600 según el vehículo usado. Un drone no es un avioncito autopilotado capaz de despegar, navegar de A a B y volver, y aterrizar. Eso lo puede hacer desde los ’90 cualquier avión de línea, donde los pilotos humanos están cada vez más de “back up”, para evitar el pánico de los pasajeros. Un sistema drone es una red informática con sensores y actuadores a distancia. Y estos tienen que poder llevar a cabo en forma semiautónoma y sigilosa una misión compleja de patrulla, vigilancia, espionaje o ataque, e incluso pasar de una a otra en un mismo vuelo.
Los satélites polares heliosincrónicos de observación terrestre que usa la CONAE son semiautónomos porque operan en soledad por fuerza. Dado su particular tipo de órbita, pasan la mayor parte de su tiempo de vuelo fuera del alcance de la Estación Terrena Córdoba en Falda del Carmen. Eso significa que en los 10 minutos que dura un fulminante tránsito matutino de Sur a Norte deben «bajar» montañas de información ultracomprimida a la ETC, y recibir de ésta órdenes complejas, que suben también muy compactadas.
En el caso de los drones militares, las comunicaciones son comprimidas, pero además encriptadas e intermitentes, lo que evita –o intenta evitar- que delaten su posición o sean interferidos o hackeados.
Con sus enormes alas y materiales ultralivianos, los drones grandes, de clase III, parecen lentos planeadores motorizados (motoveleros, en la jerga), pero, como los satélites, son robots muy autónomos. Sólo operan a control remoto cuando no están en cielos hostiles, o cuando viajan armados y deben pasar de modo de vigilancia a modo de ataque.
Ahí es donde pinta un humano con un joystick en el “loop” de control. Gracias al uso de otros drones para retransmisión, o al de satélites geoestacionarios a 35.786 km. de altura, un/a operador/a aprieta ese botón y deja en blanco las pantallas de los radares enemigos, aprieta otro y lo deja sin celulares o sin GPS, y si el oponente es realmente malísimo, “lo pinta” con un láser infrarrojo y le suelta un misilazo que busca el reflejo. Pero lo raro de esta época es que el “piloto” puede estar a miles de kilómetros de distancia del teatro de operaciones.
Dado que Argentina es el único país del Hemisferio Sur que quiso y pudo construir sus propios satélites geoestacionarios, ahora el lector tal vez comprende mejor por qué el gobierno de Macri suspendió los ARSAT 3, 4, 5, 6, 7 y 8, planificados desde 2015 y privó a aquella empresa estatal de su sentido fundacional. Y con ello casi provocó la quiebra de INVAP, ya que estaba. Inevitable preguntarse cuál era el blanco principal y cuál “el de oportunidad”.
Tener sólo 2 ARSAT en el cielo de todos modos da capacidades para avanzar a drones clase III sin tener que alquilar un canal en un satélite ajeno, a U$ 1000 por hora y con plena seguridad de ser espiado. Dicho esto, los SARA Clase III todavía son especificaciones y planos, y así seguirán hasta tanto el MinDef vuelva a trabajar para su país y se retome el programa. Pero su carozo funcional, las cargas útiles y equipos de telecomunicaciones, ya existen porque no difieren mucho de las que llevaron y llevan nuestros satélites.
Estos SARA medio descomunales tienen, por especificación, 230 kg. de carga útil, cámara estabilizada, apuntador laser, 24 horas de autonomía de vuelo, 1000 km. de rango operativo, 14.000 metros de techo y comunicaciones satelitales. En capacidades, aunque no en pinta, equivalen a los míticos Raptor de General Atomics o a los Hermes 450 de Elbit. La diferencia es que son nuestros.
La cámara estabilizada infrarroja, pancromática y telescópica PLATES testeada en un Orion de la Armada, en 2007. Está preparada para resistir viento, bajas temperaturas y atmósfera salina.
La carga útil más desarrollada es la cámara estabilizada PLATES, desarrollada por INVAP en 2004 para los aviones de patrulla marina Orion de la Armada y adaptada para el Pucará por FixView. Este “pod” cuelga ventral en el morro, funciona en infrarrojo (para visión nocturna), pero también da imágenes en alta definición en el espectro visible. Cuando algo merece mayor examen, es capaz de amplificar telescópicamente más de 20 veces una imagen sin “pixelarla”. Lo que para el Orion significó búsqueda y rescate, para “el Puca” y los drones clase II y III es eso mismo, y además operatividad diurna y nocturna.
Hay 2 tipos de radares para los SARA. Uno es un radar sencillo de corto alcance, parecido al RASIT de infantería, un probable “co-pasajero” de una cámara PLATES en un clase II. El más ambicioso es un SAR de apertura sintética como el del satélite SAOCOM-1A, pero compacto y en banda X en un vehículo de clase III.
Nuevamente, para mostrar que el SARA no está en el mismo planeta que el Vigía 2B, la dificultad de subir un radar SAR a un drone no sólo se mide por los kilogramos de peso sino por el producto de ese dispositivo medido en gigabytes. Un radar SAR genera gigabytes de información, que deben comprimirse a megabytes a bordo para su transmisión. En este proceso sustractivo de información redundante, ¿cómo hacer para que no desaparezca el blanco? Es el riesgo de tirar al bebé con el agua en que se lo bañó. Por eso las comunicaciones del satélite SAOCOM 1A fueron un desafío, pero INVAP tenía dominado ese problema antes de terminado el siglo XX. En el SARA clase III, el alcance de este radar SAR estaría en los 200 km. en 360º alrededor del avioncito.
Los satélites GEO de comunicaciones ARSAT, a 35.786 km. de altura, permiten avanzar con los SARA clase III.
El error del MinDef kirchnerista en esta historia fue haber oficializado el contrato global del SARA 4 años tarde, en 2014, cuando el MET clase II ya estaba volando. Luego los tiempos políticos no dieron para completar el resto del programa, y llegó el macrismo a cancelar todo. El eterno problema de muchos gobiernos en Sudamérica: creerse eternos.
Segunda parte: mejor depender de Bariloche
que San Diego o Haifa
En 2010 el MinDef ya tenía a FAdeA, literalmente, una fábrica recuperada, y pensaba usarla en serio. Mandó una delegación a Bariloche a tratar de entusiasmar a INVAP de subirse al proyecto SARA, esperaba una recepción fría. INVAP estaba hasta las manos, tapada de otros pedidos en parte originados por el Ejército y la Armada.
“Lo que no nos imaginábamos –confiesa una fuente reservada- era que en ese directorio de INVAP vos tirás una piedra, rebota en un aviador civil y le pega a un piloto de planeadores. Son más enfermos de la aeronáutica que nosotros. Aquella primera reunión fue como poner un fósforo prendido en un tanque de nafta”.
Desde entonces mediaron varios avances y una gran derrota. Cuando renazca –si renace- el programa SARA, habrá que ir certificando sobre la marcha cada prototipo que se alcance a construir ante la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta (DIGAMC). El organismo estará ante un desafío de licenciamiento importante: jamás en su corta vida tuvo que homologar robots aéreos obligados a compartir cielos con aviones comerciales. Se sabe: todo muy bien hasta que un avión de línea se lleva puesto un drone y mueren civiles.
Este dilema de país periférico se repite, con otros actores, en industrias cuyos productos necesitan atravesar procesos de licenciamiento del estado, como la nuclear, la farmacológica o la de cultivos recombinantes. ¿O no hace más de una década que vaya a saber qué lobby impide que el Ministerio de Agricultura licencie el trigo HB4, un transgénico con genes de girasol resistentes a la sequía? Fue desarrollado por Bioceres, pero pasan los gobiernos y las pérdidas por sequía. Y ahí sigue el HB4, sin licenciar.
El lobby en contra del SARA apretará con que un Raptor de General Atomics, firma con base en San Diego, California, o un Hermes 450 de Elbit, con sede en Haifa, ya licenciaron esos sistemas en bocha de países ‘serios’ (porque son de la OCDE). Y aquí, entre colonizados mentales, esa argumentación paga, porque el primer deber de un burócrata es protegerse.
Pero eso es anticiparse demasiado. La revista Zona Militar sí parece convencida de que el SARA resucita, y de que el proyecto tendrá que lidiar una vez más con la hostilidad de la cúpula aeronáutica (por la que parece tomar partido). Y lidiar, deberá hacerlo, con ésta o la siguiente jefatura, da lo mismo. No alcanza con decapitar la actual porque rebrotará sistémicamente su inquina a la tecnología argentina. Tiene raíces históricas ya viejas en multinacionales y embajadas.
La compra del Hermes 450, si ocurre antes del relevo del macrismo, no cierra ni a palos. Por el dinero que menciona Zona Militar (hoy serían unos U$ 30 millones a cambio oficial) lo único que se lleva el comprador es un par de drones clase III, el paquete de comunicaciones satelitales y la estación terrena de control: nada que cambie en absoluto el actual estado de indefensión aérea nacional.
Más bien lo agrava: compra dependencia. Los drones no son aviones resistentes. Son plataformas que aguantan, con buena suerte, dos años antes de romperse y empezar a pedir repuestos a lo grande. Si un jet de línea tiene 10 millones de horas de vuelo sin novedades entre falla y falla, un drone de gran calidad (un Raptor o un Hermes) a lo sumo dan 3100 horas. De modo que esa compra nos condena a volvernos el hijo pavote de una firma que por ahora es un proveedor bueno, Elbit. Un sistema de drones importados, de ellos o de quien sea resulta un excelente “programa tapón”: garantiza gran sequía de plata que de otro modo podría ir a desarrollo propio.
“El de los drones es idéntico al modelo de negocios de Nesspresso. Te hago precio en la cafetera y te tengo comprándome capsulitas el resto de tu vida”, dice otra fuente (ésta, reservadísima) de aquel MinDef proargentino.
“Para el caso –sigue esa fuente- cuando nos cayó la ficha decidimos que para ir adelante con el SARA necesitábamos a INVAP. Si vamos a vivir comprando repuestos y actualizaciones, mejor desarrollar industria nacional. Si FAdeA fabrica drones y se vuelve tecnológicamente dependiente, mejor que lo sea de Bariloche que de San Diego o Haifa”.
(Continuará)
Daniel E. Arias
Un humano como referencia para mostrar las formas y tamaños relativos de 2 robots: los SARA clase II y III. La envergadura del 2do está en los 16 metros.
En AgendAR somos escépticos sobre si es posible exponer en forma clara y coherente las medidas de un posible gobierno -no hablemos de la filosofía que las anima- en el formato elegido para estas exposiciones televisadas de los candidatos.
En cuanto al debate en sí, hay distintas opiniones en el equipo: están quienes consideran que sirve para que los televidentes pueden conocer más de quienes aspiran a gobernarlos, y los que creen que es otra moda, de las que el cholulismo argentino se apasiona cuando las ve en el exterior.
Como sea, cada uno debe formarse su propia opinión, si ya no lo han visto, o quieren repasar fragmentos. Les acercamos la versión más completa -y con menos propaganda- que encontramos.
Sobre la gestión del actual secretario y anterior ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, AgendAR reflejó el juicio hostil de importantes sectores de la comunidad científica argentina, hace un año y recientemente.
Nos parece interesante reproducir aquí lo que serían, según sus propias palabras, sus reflexiones al cierre de su carrera en la administración pública. Puede ser, o no, útil para sus sucesores.
El próximo 10 de diciembre –gane quien gane las elecciones el próximo domingo– Lino Barañao dejará de ser secretario de Ciencia y Tecnología tras 12 años de permanencia en el cargo. Tiempo en el que atravesó los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, y donde fue protagonista de la creación del Ministerio y su posterior degradación a Secretaría. El futuro, asegura en una entrevista, lo encontrará más cerca del laboratorio que de la política: “Quiero demostrar que la ciencia y la tecnología pueden generar empleo y divisas para el país”.
Justamente esos son
los dos problemas, sostiene, que afectan a la Argentina: la balanza
comercial y la falta de trabajo. “Curiosamente en el discurso de
los científicos esos dos temas no aparecen, y eso me preocupa porque
en los países desarrollados la ciencia genera ambas cosas: divisas y
empleo. Estamos muy anclados en la visión muy academicista de la
ciencia. Lo que va a ser interesante, si hay un cambio de gobierno,
es esta puja entre las dos visiones: una metropolitana y
academicista, y otra más federal y productiva. Nosotros hemos
tratado de poner equilibrio a la balanza. Apoyamos la creación de
conocimiento, pero también su aplicación y distribución más
federal”, defiende.
—Macri durante
el debate presidencial dijo que “aumentó el presupuesto para la
ciencia” cuando, por el contrario, el presupuesto disminuyó
significativamente…
—Supongo que se
refería al aumento propuesto para el presupuesto 2020. De todos los
ministerios, hubo cinco que subieron más, y uno de ellos fue este.
En términos de poder adquisitivo y demás, sí es cierto que el
presupuesto de los últimos años fue menor que el óptimo. Desde
2013 viene bajando en términos reales en paralelo con la situación
económica. Nuestro presupuesto es un reflejo de la crisis que ha
sufrido el país. No es que haya habido una política aviesa de
ataque a la ciencia como desde algunos sectores se piensa, lo que
hemos sufrido es la consecuencia de la crisis como otras áreas del
Gobierno.
—Esta semana el directorio del Conicet pidió un aumento salarial del 20% para todo el personal y becarios del organismo. ¿Apoya el reclamo?
—Sí, claramente
el salario se ha deteriorado. Si vemos la pirámide salarial de la
Argentina, los científicos no están tan mal, pero cuando vemos los
salarios de la región, son considerablemente menores. Eso genera el
riesgo de fuga de cerebros. Justamente hay una propuesta dentro del
Plan 2030 de crear una especie de escalafón único porque
históricamente, por ejemplo, el INTA tenía mejores sueldos que el
Conicet. Los sueldos del Conicet se rigen por las paritarias de la
administración pública, y eso hace que la curva se adapte a ese
incremento, que es exiguo.
—En 2016 me dijo que continuaba como ministro para garantizar las políticas del sector en marchay que si no había presupuesto, renunciaba. ¿Por qué decidió permanecer en el cargo?
—Porque había
cosas por terminar y porque pensaba que mi ausencia iba a ser más
perjudicial que mi presencia. Durante todo este período logré,
justamente con la amenaza de irme, que se incorporaran partidas
adicionales que permitieron aliviar el impacto negativo que tuvo la
crisis en el sistema científico. Había proyectos personales que yo
quería terminar, como el edificio Cero + infinito, que si bien
estaba propuesto desde la administración anterior, se ejecutó
durante esta gestión, y la sede del Centro Latinoamericano de
Formación Interdisciplinaria en Bariloche. Y fundamentalmente para
mantener el grupo humano que me acompaña desde 2013, que es la
garantía de eficiencia en el manejo de fondos. Hemos manejado casi
8.700 millones de dólares y no tenemos una denuncia de ningún tipo.
Para mí ese recurso humano era algo que había que preservar y
hacerlo pasar por esa etapa de crisis que, honestamente, yo no pensé
que iba a durar tanto. Pasado un tiempo también quería honrar el
compromiso que asumí. Me había comprometido a un cargo,
independientemente de las condiciones económicas que hubiera. Con el
diario del lunes, uno juzga de otra manera.
—¿Lo defraudó Macri?
—Lo más grave que
ocurrió fue la evolución de la economía que nos afectó. Creo que
hubo buena intención, se hizo lo que parecía más adecuado como
cualquier funcionario hace. Nadie llega al poder para destruir algo.
Lamentablemente no funcionaron, también cambiaron las condiciones
del entorno. Lo de la degradación del Ministerio fue una mala señal,
me dolió particularmente. Una mala señal también para toda la
región. Hubo gente que dijo que como Argentina había liderado la
jerarquización del área, la vuelta atrás también había incidido
negativamente en otros países que están en proceso de creación del
Ministerio, como Colombia y Chile. Sobre todo porque no hubo
consecuencias presupuestarias, no hubo ningún ahorro. Entiendo que
el Presidente haya querido tener un gabinete más compacto y más
coherente con lo que era su partido, al cual yo no pertenezco.
Entonces, desde ese punto de vista era lógico pensar dos niveles
jerárquicos. Pero la señal para el sistema científico y para el
exterior no fue buena.
—¿Conoce a Alberto Fernández?, ¿cuál es su opinión?
—Lo traté
brevemente cuando ingresé al Gobierno. Los dos salimos del mismo
colegio: el Mariano Moreno, cuyos egresados tienen una visión del
mundo distinta que los del Buenos Aires. Creo que es una persona muy
inteligente, que tuvo en su momento el valor de criticar las
políticas e irse de un gobierno, algo que no es frecuente en la
Argentina.
—¿Qué consejos le daría al próximo ministro?
—El consejo es
tratar de honrar las responsabilidades que uno tiene: administrar los
recursos en beneficio de la sociedad. Tener claro que el ministro de
Ciencia no es el presidente del gremio de los investigadores. Eso es
importante porque todavía se sigue viendo a este Ministerio como una
conquista de los investigadores, no como una herramienta que tiene el
Estado de hacer un uso eficiente del recurso más valioso que tiene,
que es la inversión en ciencia y tecnología. También hay que estar
dispuesto a asumir las críticas como un insumo necesario para
mejorar la gestión. Estos últimos cuatro años –sobre todo– he
sido blanco de muchas críticas, no es fácil soportarlas porque
vienen de parte de gente que uno aprecia. Pero también es cierto que
es mucho más fácil criticar que hacer.
Sandra Pitta, los argentinos y la grieta
“A ningún investigador nunca le voy a preguntar cómo piensa ni a quién vota. Así que, Sandra Pitta, no tengas miedo”, dijo Alberto Fernández en un acto frente a científicos. Para Barañao el cruce se debió a un
malentendido. “El asumió que lo que estaba temiendo la científica
era una persecución del Gobierno. Que la pudieran echar y eso no es
posible. No se puede echar a alguien del Conicet. Creo que lo que
esta científica más temía era el bullying interno, del propio
entorno de la Facultad, que sí tiene una posición bastante peculiar
respecto a los que piensan diferente. Y en eso un presidente no tiene
mucho qué hacer. Me parece que se metió en un debate que no le
incumbía”.
Para el actual
secretario, existe una grieta entre los científicos como en toda la
sociedad. “Los seres humanos amamos las grietas. Necesitamos
identificarnos con un grupo. Esa identificación es mayor que el
instinto de supervivencia. La manera más eficaz de sentirse parte de
un grupo es tener un odio común hacia alguien. Está en nuestro
software innato. Cuando se comprende eso, se entiende por qué la
gente actúa como actúa. Lo peligroso es cuando se avala esa
política de discriminación. Me pareció que estuvo mal esa
situación de reírse de una persona que había tenido una posición
diferente”, sostuvo.
El Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), un proyecto de INVAP elaborado a partir de la Resolución 1.484 de 2010 del Ministerio de Defensa, quedó abandonado -como tantos otros- durante la gestión Macri. Pero soplan nuevos vientos, y la publicación Zona Militar, especializada en temas de defensa, está cuestionando una compra «llave en mano», de un sistema de drones israelí, como informamos aquí en AgendAR.
Ahora, nuestro amigo Daniel Arias tiene cosas para decir de esa compra «llave en mano» y también de lo que afirma Zona Militar. Y de paso, se extiende sobre el tema de los drones, actual si los hay, y las posibilidades de las empresas argentinas en ese rubro. Abrimos la polémica.
ooooo
Primera parte: en lugar del SARA, sarasa.
Un artículo del portal Zona Militar se alarma por el porvenir de la aviación robótica argentina: las 40 empresas nacionales proveedoras del llamado Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA) estarían indignadas ante la compra “llave en mano” por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) de un sistema israelí de drones sustitutivo, el Hermes 450, de Elbit Systems. La operación vale $ 1800 millones y el pedido data de 2017, pero la parte compradora trataría de apurar la operación a todo vapor. En lo que le deseamos muy mala suerte.
Inevitable conjetura: si la fórmula Fernández x 2 ganara las elecciones presidenciales, podría volver la línea pro-desarrollo nacional al Ministerio de Defensa. En tal caso, no sería imposible que se caigan, junto con la compra del sistema Hermes, algunas cabezas.
Zona Militar dice (textual): “El plan de fabricación del SARA surgido bajo un proceso de relevamiento técnico operativo del 2010, que estimaba una inversión de unos 3 mil millones de pesos para fabricar 3 sistemas clase II, 2 sistemas clase III, una estación terrena, blancos aéreos para la Armada, desarrollo de cargas útiles como pods electro ópticos y otras capacidades tecnológicas, sufrío un fuerte parate luego del 2015, por una tendencia muy centralista de la firma INVAP que colisionaba con esfuerzos de otros actores”. (El destacado en negrita es nuestro).
Los expertos del MinDef de tiempos de Nilda Garré y Agustín Rossi involucrados en el SARA leyeron ese artículo y sugirieron estas correcciones: donde dice “fuerte parate” debería leerse más bien “liquidación pura y dura”. En cuanto a “la tendencia muy centralista de la firma INVAP que colisionaba con los esfuerzos de otros actores…”, colegas de Zona Militar, lean el contrato de Diciembre de 2014: es de acceso público.
Para construir el SARA, aquel MinDef anterior al 10 de Diciembre de 2015, nunca libre de errores pero que trabajó para este país y para su industria, trataron con INVAP desde 2010 y nombraron contratista principal de todo el proyecto a esa firma nuclear y aeroespacial barilochense. Y los contratistas principales centralizan: está en su naturaleza. La opción es el caos.
Las 3 Fuerzas Armadas (y luego se sumaron las 4 de Seguridad) acordaron una a una las especificaciones técnicas de los clase II y III. Esto quiere decir que tras no poca discusión, consensuaron centenares de asuntos bajo dirección civil, y en defensa del país y del trabajo nacional.
Las coincidencias no pasaron por el mero diseño aeronáutico de las plataformas. Los aviones de un sistema de drones son la parte más llamativa, más barata y menos relevante de un enorme dispositivo de acopio de datos y de telecomunicaciones, la parte más oculta, más cara y específica. Las acuerdos pasaron por consensuar qué cargas útiles debían llevar a bordo los avioncitos, y qué especificaciones técnicas tendrían. La lista a puntear era larga:
sensores electro-ópticos,
apuntadores láser para guiado de bombas y misiles,
radares de distinto tipo,
cámaras fotográficas de film para alta definición,
interrogador NIF para detección de vuelos amistosos y enemigos,
equipos SIGINT de mapeo y espionaje de inteligencia de señales de radar y de comunicaciones del enemigos,
equipos de ELINT para bloquear esas fuentes
Y eso para empezar, porque la lista sigue. También definieron qué se llevaría a bordo para comunicaciones de media y larga distancia con las estaciones de base, y cuántas de éstas se necesitarían, qué equipos tendrían y qué tipo de “datalinks” necesitarían, y también cómo resolver su logística de base, desde los containers para el transporte y despliegue de las aeronaves y de las estaciones terrenas, hasta la repuestería de todo el conjunto y los manuales de uso. Ésa, señores, es la parte sumergida del témpano, ahí está el 90% del costo y la dificultad de cualquier sistema de drones. SARA es una chica de bajo perfil pero compleja, como se ve.
Y empezaron a barajarse nombres de posibles proveedores: PyMES privadas argentinas como Volartec, Florestán, Nostromo, Redimec, FixView, Aerodreams, Tesacom, centros académicos como el Instituto Universitario Aeronáutico (IUA) o la Nacional de San Martín (UNSAM), o la Tecnológica Nacional (UTN), y centros nacionales de investigación como CITEDEF, que pertenece a las 3 Fuerzas Armadas. Pero este club fue creciendo.
Según el contrato, las Fuerzas Armadas integraron 2 equipos asesores para monitoreo y control del programa: uno supervisaba el desarrollo de los drones a hélice clase II y III, con motores pistonero y turboprop respectivamente. El otro equipo monitoreaba el Blanco Aéreo de Alta Velocidad (BAAV), un extraño jet-robot propuesto por la Armada. Cada grupo estaba formado por 1 representante de las Direcciones de Investigación y Desarrollo (DIGID) de las 3 Fuerzas, más un actor industrial perteneciente al MinDef: la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en el equipo de los drones a hélice, y la Dirección de Fabricaciones Militares en el equipo del BAAV.
Hasta que en 2010 aquel MinDef contactó a INVAP, cada Fuerza Armada estaba desarrollando algún drone propio y con poca plata. El MinDef dejó que quienes hubieran tenido éxito con un clase I lo conservaran, caso del Lipán del Ejército. Más allá de su utilidad en despliegue (ver en qué anda un enemigo cercano y oculto), estos aparatos son imprescindibles para entrenamiento inicial de personal.
La FAA entró muy a contramano. Venía desarrollando vehículos aéreos a control remoto por su cuenta desde 2004 y sin mayores resultados. Se plegó al programa SARA absolutamente a disgusto. En los equipos asesores exigían especificaciones irreales, irrelevantes y cambiantes, según recuerdan los técnicos del MinDef. Desde que el macrismo abortó el SARA: la FAA tomó un protagonismo súbito: sus desarrollos, los aviones Vigía 1 y 2, aparecieron como de la nada y fueron fotografiados innumerables veces en exposiciones y en pista. Recibieron emotivos elogios de los fans en los foros de defensa.
Los Vigía de la FAA: lindos y vuelan bien, pero, no son en absoluto un sistema de drones.
Lo real es que pese a los 15 años que se tomó la FAA en su programa, ningún Vigía puede fungir de drone por su falta de equipos internos y periféricos, excusa hoy usada para esta compra de apuro y “llave en mano” a Elbit. Los Vigía sin duda son aviones bien resueltos en tanto tales, pero con una ausencia disfuncional de “la parte cara”: justamente, lo que define el sentido funcional y militar del drone. No son el SARA: son saraza.
En cambio el SARA Clase II pasó de especificaciones a un MET (Modelo de Ensayo Tecnológico) en vuelo en 2 años. Este minúsculo aparato, realmente un pre-prototipo, fue la primera aeronave argenta “stealth”, diseñada para reflejar muy poco las ondas de radar. Pero es apenas una parte de un sistema complejo de detección remota y telecomunicaciones: lo importante va adentro y afuera pero lejos del avioncito. Que en su versión prototipo deberá llevar hasta 40 kg. de carga útil, invertidos en una cámara multiespectral e infrarroja estabilizada, con 12 horas de autonomía teórica sobre teatro de operaciones, 4600 metros de techo de vuelo, radio de acción de 180 km., capacidad de aterrizaje y despegue desde pistas verdaderamente horribles, equipos de comunicaciones “en línea visual” y “más allá del horizonte”, y 2 estaciones de control: una en pista y otra adelantada en el teatro de operaciones.
Me asombró la ingenuidad con que algunos lectores opinaron sobre aquel hito en la página de INVAP. Alguno se mandó con los tapones de punta contra “la falta de seriedad del programa”, evidenciada a su poco informado parecer por el uso de una pista tan berreta. Otro se desilusionó por el tamaño y potencia motriz mínimas del avión: dijo que no superaba a un chiche chino comprable por Mercado Libre. Y es verdad que este MET, que subrayo, sirve (sirvió) para testear sensores y electrónica en vuelo. No es el prototipo, no asusta, frente al contundente tamaño del Vigía 2B. Que además es más lindo, pero militarmente inútil.
Insisto con que los legos en aviación robótica creen que un sistema de drones es lasaeronaves. Pero como dijo un gran aviador, en un clase II lo esencial es invisible a los ojos: está adentro del fuselaje o -para un clase II- hasta a 180 kilómetros de distancia del mismo. Este MET preliminar y submotorizado, aunque fuera un “stealth”, ni siquiera define la apinta definitiva del clase II: éste será probablemente bimotor, más robusto y carguero. Lo claro es que INVAP venía corriendo 1 año delante del cronograma fijado por contrato, que suponía llegar al MET en 3 años.
Este banco de pruebas volador tenía una motorización minúscula, de 16 HP. Despegó y aterrizó en bautismo en agosto de 2014 en las afueras de Córdoba, como se ve en este video.
Su regreso a tierra no fue la mar de suave, pero la pista elegida se asemeja deliberadamente a la que uno improvisa en guerra cuando el enemigo le bombardeó el aeródromo: es precaria y despareja. Después del 10 de Diciembre de 2015, aquel MET siguió en testeo, en búsqueda obstinada de los límites de sus “envolvente” de vuelo y de comunicaciones, atravesó con su indiferente zumbido de cortadora de pasto el cambio de gobierno nacional, y se hizo puré en un aterrizaje duro en 2016. El nuevo ministro de Defensa, Julio Martínez, no lo hizo reparar: había discontinuado el programa.
En la rapidez con que INVAP sacó volando un sistema drone muy básico pero verdadero, con una carga útil funcional y que puede comunicarse por UHF hasta a 250 kilómetros de distancia de la base, no hay misterios. INVAP hace todo en tiempo y forma y en general le sale aceptablemente de entrada. Por algo, desde 2000 sigue siendo el primer exportador mundial de pequeños reactores nucleares, corona más pesada que las de Maradona y Messi, si se mide en cantidad de camiseteos, codazos y barridas de tobillos. Pero lo que cuenta, en el caso SARA, es su experiencia en satelites.
Más allá de acumular prestigio y lesiones, la firma vino trabajando con los sensores ópticos e infrarrojos de los satélites SAC-B, SAC-1, SAC-C y SAC-D desde 1994, cuando no la conocía casi nadie. Desde 1998 empezó con su primer radar espacial, el de los satélites SAOCOM 1A y 1B, y a partir de 2003, pasó a otros de todo tipo (navegación aérea, militares de diversa potencia, meteorológicos, portátiles de infantería, etc).
Los 5 complejos SAC y SAOCOM construidos por INVAP para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y los 2 que le hizo a la empresa de telecomunicaciones ARSAT SA anduvieron incontestablemente bien. Todos y cada uno. El SAOCOM-1A y los ARSAT 1 y 2, para el caso, siguen operativos. A diferencia de casi todas las empresas aeroespaciales del Primer Mundo, ARSAT con el SARA hizo un camino tecnológico inverso: bajó del espacio a los aviones.
No es de extrañar que antes de que el MinDef de 2010 le tocara timbre, INVAP ya tuviera cocinadas algunas soluciones para “carga útil” de drones. Es que salvo por la pinta, los verdaderos drones son conceptualmente parecidos a los satélites: deben arreglárselas casi solos, gracias a una electrónica de gran potencia en sensores, en informática y en telecomunicaciones, pero muy liviana.
Esta columna de opinión -publicada hace algunas semanas en El Nuevo Herald, de Miami- tiene dos elementos sorprendentes: una, que el autor es Andrés Oppenheimer, un periodista de evidentes simpatías por el sector de la comunidad «latina» en EE.UU. más favorable a Trump y a los Republicanos. Otra, más importante, que en las elección anterior un tercio del voto «latino» contribuyó a la victoria del Donald. Pero, sorprendentes o no, los hechos que menciona aquí son reales. Por eso la pregunta del título.
«MIAMI.- Una vieja broma entre los encuestadores estadounidenses es que el voto latinoamericano es un gigante dormido, y siempre lo será. Pero hay indicios de que podríamos ver una ola de votos hispanoamericanos que complicaría, si se da, las posibilidades de reelección del presidente Trump en las elecciones de 2020.
Una encuesta publicada horas antes del debate demócrata en Houston mostró que los demócratas ganarían Texas -un estado que ha votado por los republicanos durante casi cuatro décadas- si las elecciones se celebraran hoy. Y gran parte de eso podría deberse al voto hispanoamericano. 47% de los votantes registrados en Texas dicen que planean votar o se inclinan a votar por quien gane la nominación demócrata, mientras que solo un 42% apoyaría a Trump, según la encuesta de Univision News.
Entre los hispanoamericanos, que representan alrededor del 40% de la población de Texas y el 24% de los votantes en el estado, el 69% dice que votará por los demócratas. La gran pregunta, por supuesto, es si los hispanoamericanos saldrán a votar o si se quedarán en sus casas, como lo han hecho tantas veces. A pesar de ser la minoría más grande del país, los latinoamericanos votan en menores proporciones que los angloamericanos o los afroamericanos.
Entre los indicios de que las cosas podrían cambiar en 2020 está el hecho de que en las elecciones legislativas de 2018 los hispanoamericanos votaron en números récord, según un estudio reciente del Centro de Investigación Pew. La participación de votantes latinoamericanos a nivel nacional llegó a un récord del 40 por ciento en 2018, según el estudio de Pew. El número de votantes latinoamericanos casi se duplicó entre las elecciones legislativas de 2014 y las de 2018. Esa tendencia probablemente continúe en las elecciones de 2020, dicen los encuestadores.
«Te puedo garantizar que el voto latinoamericano alcanzará proporciones históricas en 2020«, dice Fernand Amandi, presidente de la firma encuestadora Bendixen y asesor político demócrata. Amandi citó el continuo crecimiento de la población hispana y el creciente resentimiento contra la campaña antiinmigración de Trump entre los latinoamericanos. «El tema de las próximas elecciones no será el candidato demócrata, sino Trump, el presidente más antilatino en la historia de Estados Unidos«, dijo Amandi.
El consenso entre los encuestadores es que las elecciones de 2020 dependerán en gran medida del resultado de la votación en un puñado de Estados, incluidos Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Florida y Arizona, y quizás incluso Georgia y Texas.
En su nuevo libro «Que en paz descanses, Partido Republicano», el conocido encuestador demócrata Stanley Greenberg, que trabajó para Bill Clinton, prevé una «oleada demócrata» en 2020. En una entrevista, me dijo que el voto hispanoamericano probablemente sea crítico, junto con el de los millennials, las mujeres solteras y los votantes suburbanos y afroamericanos.
Greenberg dice que podríamos ver un fenómeno nacional similar a lo que vimos en California en la década de 1990. California había sido durante mucho tiempo un estado republicano, hasta que los republicanos comenzaron a presionar por la Resolución 187, que buscaba hacer la vida imposible para los inmigrantes mexicanos. Eso creó una gran reacción en contra, que terminó convirtiendo a California en un estado sólidamente demócrata.
«Lo mismo podría pasar en todo el país en 2020«, dice Greenberg. “Los votantes se han vuelto más proinmigrantes a medida que Trump se ha vuelto más virulento en sus ataques contra los inmigrantes”.
Claro que no hay que olvidar que los encuestadores se equivocaron en 2016: predijeron con razón que los demócratas ganarían el voto popular, pero no pronosticaron que perderían en el colegio electoral. Y hay varias cosas que podrían ayudar a Trump a ser reelegido, como una economía estadounidense en alza o un candidato demócrata demasiado a la izquierda como Bernie Sanders. Si sucede alguna de estas dos cosas, creo que Trump tiene buenas posibilidades de ganar.
Pero hay cada vez más dudas sobre si la economía seguirá creciendo como hasta hace poco, y es difícil imaginar que los demócratas serán tan bobos como para elegir a Sanders como su candidato. De manera que no estoy tan convencido como antes de que Trump será reelecto. Quizás los encuestadores tengan razón esta vez.»
La península Mitre en Tierra del Fuego almacena el equivalente a más de tres años de emisiones de dióxido de carbono de Argentina en sus turberas. Mantenerlas es un asunto clave en la lucha contra el calentamiento global.
Hace años que las organizaciones conservacionistas que Península Mitre, esta joya del archipiélago fueguino, sea declarada Parque Provincial. El Programa Marino «Sin Azul no hay Verde» de la organización Conservation Land Trust dio a conocer un informe de National Geographic Society y el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación de Naciones Unidas: revela que la Península Mitre, la punta Sureste de la Isla Grande de Tierra del Fuego, es el punto de mayor captura de carbono en Argentina. Con 315 millones de toneladas de carbono almacenadas en sus turberas, la zona es un mitigador pasivo de la crisis climática mundial.
¿Qué son las turberas? Clasificadas como humedales, son un paisaje pantanoso originado tras el retiro de los glaciares comenzado hace 18.000 años. Lo compone la turba, material vegetal fibroso sin descomponer y normalmente empapado que a veces se extrae, se seca y se utiliza como combustible. Se emplea también como abono y en usos industriales, domésticos y científicos. Situadas en los fondos de valle fluvial, hidrológicamente las turberas actúan como esponjas y regulan el flujo de aguas superficiales. Es una comunidad vegetal dominada por musgos del género Sphagnum, acompañados también de líquenes, hongos, hierbas y arbustos característicos de la zona más austral de nuestro país, de Chile y de las islas Malvinas.
El 95% de las turberas de Argentina se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego, concentradas en la Península Mitre (el resto está en el Sudoeste de Santa Cruz). «En América del Sur, la concentración más importante de turberas extra tropicales están en la Patagonia. En Península Mitre hay 2400 km2 de turba” explica Rodolfo Iturraspe, secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Todo lo que en este mapa de Península Mitre aparece en rosado, es turbera, y además casi virgen porque la zona está mayormente despoblada.
Las turberas inmovilizan durante miles de años el 30% del carbono. En el Hemisferio Norte, donde su superficie es mucho mayor que en el Sur, cumplen una función importante en la regulación planetaria del ciclo de carbono. En casi todo ecosistema terrestre el dióxido de carbono atmosférico es captado por fotosíntesis por las plantas y almacenado en tallos, hojas y raíces que duran lo que el vegetal. Así, en el bosque fueguino, formado mayormente por especies arbóreas del género Nothofagus, el carbono capturado puede vivir hasta 300 años -lo que dura el árbol- pero aún antes de su muerte va siendo liberado por el ataque de más de 500 especies de hongos, proceso que se acelera -en términos relativos, todo proceso biológico es muy lento en este clima frío- cuando la planta cae y termina de descomponerse más rapidamente en el suelo. En cambio en las turberas el ciclo del carbono es muy distinto.
Incorporado el carbono por fotosíntesis a las plantas del Sphagnum, éstas no se pudren sino que más bien fermentan. Al hacerlo, crean condiciones ácidas en el suelo (lo saturan de ácido húmico). Con esta acidez, tallos, hojas y raíces resisten largamente la descomposición por bacterias u hongos. De modo que el carbono fijado en una turbera tiene una estabilidad milenaria y que todavía no se ha terminado de medir. Es más, en suelos planos, anegados y fríos, el sphagnum crece y muere sin parar, de modo que de mantenerse las condiciones húmedas y las temperaturas bajas en la Península Mitre, las turberas continúan creciendo en espesor e incluso extensión, sin que otras ecosistemas vegetales de ciclo más rápido (los pastizales y los bosques subantárticos) las puedan reemplazar o hacerles competencia.
Hasta ahora vienen acumulando materia orgánica imputrescible desde la última deglaciación, y no son un ecosistema directamente alterable por la presencia humana, o del ganado traído por humanos. Ésa es una diferencia notable con bosque sub-antártico andinopatagónico, que a principios del siglo XX cubría 5 millones de hectáreas, de las cuales, entre incendios intencionales, talas rasas e introducción de ganado, quedan 2 en pie, mayormente defendidas por la Administración de Parques Nacionales. La turbera, en cambio, es un depósito de carbono a largo plazo: su explotación es marginal, no tiene maderas valiosa y es inhóspita para personas, ovejas y vacas.
La meteorología fueguina es fría pero cambiante (las 4 estaciones en un día, suelen gruñir sus habitantes). Pero la de Península Mitre está particularmente dominada por el mar, ya que es el único sector de la Isla Grande que no está cubierto por el Sur por las islas chilenas montañosas, como Navarino. Esto somete directamente a la Península al soplo directo de los feroces vientos antárticos, lo que junto con el relieve accidentado genera un paisaje no muy distinto del de la Isla de los Estados: humedad y frío casi garantizados.
Esto no significa que la Península quede a salvo de otros efectos antrópicos indirectos: el aumento mundial y local de las temperaturas medias y la aparición y mayor frecuencia de veranos secos, muy dañinos para el bosque subantártico, la pueden volver incendiable. Por ahora, su biomasa total parece mantenerse constante, que ya es mucho, e incluso creciendo muy despacio. Franco contraste con las turberas boreales siberianas, que vienen de un verano de incendios como no se recuerda otro.
La Península Mitre hoy está más despoblada que en el siglo XX, por el cierre de las pocas estancias aisladas sobre la costa Atlántica desde que en los ’80 empezó la caída del precio de la lana. Entre la cerrazón del bosque de Nothofagus, las fuertes pendientes, los arroyos impasables y las turberas intransitables, la zona se defiende sola de la presencia humana. Fuera de los destacamentos temporarios de la Armada y Prefectura, ahí solo hay algunos «trekkers» en verano que tratan de llegar a Bahía Policarpo, amén de algunos pocos efectivos navales en Bahía Thetis y los guardafaunas del Museo del Fin del Mundo en alguna misión de rescate de cóndores o de relevamiento de zorros colorados. La fauna nativa no es peligrosa, pero sí lo son los toros cimarrones, descendientes lejanos de los que se fugaron de las estancias abandonadas, ya totalmente asilvestrados.
Península Mitre, sin caminos, sin otra explotación que el turismo de aventuras, no es siquiera un sitio sometido a manejo. Pero salvo que quede bajo algún régimen fuerte de protección legal de la Provincia o la Nación, no faltarán emprendedores que intenten drenar las turberas para construir. Y es que éstas ocupan el escaso suelo horizontal de la zona. En el mundo actual la soledad es un artículo para ricos que se cobra caro. Y aquí hay cantidades.
Los incendios masivos de las turberas siberianas, además de un «tipping point» capaz de disparar en espirales el recalentamiento global, son un recordatorio de que Península Mitre vale más preservada sin cambios.
El domingo 20 de octubre, Buenos Aires y Bariloche fueron dos de las 32 ciudades del mundo -entre ellas París, Berkeley, Manila, Berlín- que participaron de la iniciativa “Stand Up for Nuclear” con el objeto de promover el uso y difundir los beneficios de la energía nuclear y sus aplicaciones.
En Argentina, Women in Nuclear (WIN) –Mujeres del Sector Nuclear–, la asociación internacional de mujeres profesionales del sector nuclear, es responsable de organizar el día de acción global y propuso celebrar una “Kermesse Nuclear” para todo el público, con juegos, música en vivo, charlas y demás actividades que inviten a la comunidad toda a adentrarse en el mundo atómico.
En Bariloche, era en el Centro Cívico entre las 15 y 17 hs. En Buenos Aires, la Kermesse será alrededor del Planetario “Galileo Galilei”, en el horario de 15 a 18 hs.
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