Al cierre de los colegios electorales, las encuestas a pie de urna muestran que ni Netanyahu ni Gantz consiguieron suficientes apoyos para formar gobierno con sus socios tradicionales.
La supervivencia política del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien busca un quinto mandato después de una década en el poder, no quedó asegurada en los comicios de este martes 17 de septiembre de 2019.
Los primeros resultados de unas apretadas elecciones legislativas muestran un empate técnico entre el derechista partido Likud del actual primer ministro, y su principal rival, el centrista (en términos de la política israelí) Azul y Blanco, del ex jefe del Estado Mayor, Benny Gantz.
Los resultados de las encuestas a boca de urna dependen del canal de televisión que se consulte, pero todos coinciden en que, tanto el partido de Netanyahu como el de Gantz habrían logrado, cada uno, entre 31 y 34 escaños, de 120 que tiene el Parlamento.
Para lograr una mayoría gobernante, un partido debe conseguir 61 escaños de los 120 que tiene el Knéset, como también se le conoce al Parlamento israelí. Es allí donde entra en juego un viejo aliado de Netanyahu, ahora convertido en rival: el ex ministro de Defensa, Avigdor Lieberman.
El partido de extrema derecha Israel Nuestro Hogar, dirigido por Lieberman, es crítico para la formación de cualquier coalición gobernante. Las encuestas a boca de urna pronostican que Lieberman logrará entre ocho y diez escaños, casi el doble de la cuota que ostenta actualmente, lo que lo convierte en la pieza clave.
(Las privatizaciones de las empresas públicas tuvieron un cierto consenso social en los ´90 -su autor, el presidente Menem fue reelecto después- porque demasiadas de ellas habían caído en garras de arreglos informales que las usaban para negocios privados. Tengamos presente esa historia).
«El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó el 22 de julio -resolución 2861/19- un proyecto para instalar Internet satelital en 5 mil hogares de la zona cordillerana que no tengan cobertura terrestre. El organismo le encomendó a ARSAT la ejecución del plan y destinó 239,5 millones de pesos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal para garantizar su financiamiento.
En los considerandos, se afirma que fue la propia ARSAT quien presentó la propuesta a través de la nota 669/19, pero sucede que la compañía estatal no cuenta con capacidad HTS (gestión veloz de gran ancho de banda) en su flota para brindar ese servicio porque la construcción del Arsat-3 fue interrumpida por este gobierno.
Así, lo que hizo Arsat fue contratar a la estadounidense Hughes Communications, compañía que brinda el servicio en banda Ka sobre el satélite Telstar-19 Vantage de Telesat. En los hechos, la intervención de Arsat sólo sirvió para evitar la licitación que hubiera correspondido si la contratación hubiera sido realizada directamente por Enacom.
En el proyecto que acompaña la resolución de Enacom, se dice que ARSAT afirmó que es capaz de dar conectividad a población ubicada en la zona cordillerana a través de su red satelital. La compañía estatal se comprometió a proveer el equipamiento necesario para el establecimiento de radioenlaces satelitales que permitan la conexión de 5000 domicilios en un plazo de 24 meses. El cronograma inicial contempla entre 200 y 240 instalaciones mensuales. En el proyecto se especifica además que ARSAT percibirá 39.899,50 pesos en concepto de equipamiento y 8020 pesos en concepto de instalación, por única vez por cada antena instalada.
Pero, más allá de lo que diga el proyecto, ARSAT hoy no está en condiciones de brindar ese servicio. Por eso, solicitó autorización para incorporar mejoras al Sistema Satelital Argentino mediante la incorporación de capacidad satelital del satélite Telstar-19 Vantage del operador satelital canadiense Telesat. La secretaria de Gobierno de Modernización le otorgó esa autorización el 19 de junio -resolución 1103/19- un mes antes de que se aprobara el plan para instalar Internet satelital en la cordillera.
La capacidad en banda Ka del satélite HTS de Telesat fue adquirida por Hughes Network Systems, subsidiaria del operador estadounidense Echostar, y denominada Hughes-63 West. Lo que habría hecho ARSAT es contratar el servicio de conectividad VSAT a Hughes. De hecho, en el proyecto se detallan las especificaciones técnicas de las antenas satelitales VSATS y los parámetros coinciden con las que viene utilizando Hughes en distintos países de la región, como Chile, Ecuador, Perú y Colombia, a través de Hughesnet, su servicio de internet de alta velocidad.
Incluso las antenas que ha comenzado a instalar ARSAT dicen Hughes, aunque la marca de la compañía estadounidense es tapada con una calcomanía. En los contratos de comodato que firman los beneficiarios del servicio se aclara que las antenas son Hughes modelo HT2010W. Es permisible sospechar que lo que Enacom presentó como un plan de ARSAT en realidad era el plan de Hughes».
Los datos de este negocio acaban de ser detallados en el entrecomillado anterior y con la habitual precisión del periodista Fernando Krakowiak. Pero hay mucho más en este asunto. La dirección de ARSAT desde 2016 ha venido haciendo cosas muy raras con Hughes.
Tras interrumpir la construcción programada de los ARSAT 3, 4, 5, 6, 7 y 8, es decir de la primera flota de satélites geoestacionarios argentinos, ARSAT pretendió armar una compañía llamada Newcom en la cual Hughes ponía el 5% del capital (U$ 15 millones en antenas domiciliarias) y con ello se hacía del 51% de la compañía, creada con un 95% de dinero de ARSAT, que debía pagar la construcción del ARSAT-3, valuada entonces en U$ 300 millones. Éste subiría al espacio bajo administración y manejo efectivos de la firma aeroespacial estadounidense. Este tema fue parte de una nota de AgendAR de febrero ´19 Los costos del ajuste: el abandono del Arsat-3.
Este arreglo tan inexplicable en términos societarios y contables fracasó porque se armó un escándalo de medios, que explotó en la Cámara de Diputados.
Lo que están tratando de hacer Hughes y la administración probablemente saliente de ARSAT es dejar a la empresa estatal «colonizada» con contratos onerosos de servicios satelitales y de segmento terrestre con la Hughes. Si pasa éste, de aquí a diciembre, habrá otros y no sólo para la zona cordillerana. Lo esencial es que ARSAT tendrá problemas para retomar sus planes anteriores de una flota nacional de 8 satélites, y deberá despilfarrar las ganancias legítimas generadas por los ARSAT-1 y 2 en pagarle compras de antenas a Hughes y alquiler de capacidad satelital a esta multinacional, y a otras. En el programa original de 8 satélites, cada aparato nuevo tendría capacidades mayores y se pagaba con las ganancias de los anteriores.
Nos interesa agregar que el por ahora difunto ARSAT-3 sería un satélite clonado de los exitosos 1 y 2, construídos por INVAP, en lo que respecta a su plataforma de servicios de navegación, posicionamiento, mantenimiento de apuntamiento de antenas, generación de electricidad para comunicaciones y control de estado funcional.de toda la misión. Pero su carga útil, la parte específicamente comunicacional, operaría en una banda cada vez más importante, la Ka, PARA DAR INTERNET GRATIS Y DE BANDA ANCHA A TODAS LAS ESCUELAS RURALES, MUNICIPALIDADES Y DEPENDENCIAS ESTATALES FEDERALES Y PROVINCIALES DEL PAÍS. El sector terrestre, en los planes de ARSAT anteriores a 2016, se cubriría con antenas fabricadas en el país.
En suma, el ARSAT-3 en su planteamiento original daba servicio público gratis al sistema educativo y a la administración públicas. Ahora del ARSAT-3 no se habla más, Hughes usa a ARSAT SA para vendernos capacidad satelital que se alquila a sí misma, y además también sus antenas V-SAT, y todo a costo muy oneroso para el usuario final, y financiando la operación con plata de los jubilados argentinos.
Las antenas son de Hughes, pero tapan la marca con una calcomanía de Arsat
Una sangrienta y desesperada lucha en la hace siglos llamada «Arabia Felix» (es decir, «feliz») y hoy simplemente Yemen parece muy lejos de nosotros. Pero las consecuencias nos llegan y es probable que impacten sobre la actividad exploratoria de Vaca Muerta, Neuquén, hoy por hoy el mayor recurso hidrocarburífero potencial de Argentina. Reproducimos este informe de fuentes internacionales.
Arabia Saudita ha tenido que detener aproximadamente la mitad de su capacidad de producción de petróleo después de varios “ataques coordinados con drones sobre sus instalaciones” que incendiaron el complejo petrolero de Hijra Khurais y de Abqaiq, las instalaciones de estabilización de petróleo más grandes del mundo, informó el Wall Street Journal.
Los rebeldes hutíes de Yemen, que consiguieron tomar el control de la capital del país –San’a– en 2014, fueron atacados por Arabia Saudita en una feroz campaña de contrainsurgencia que ha matado a decenas de miles de civiles, y ahora ellos han reivindicado este ataque, según el WSJ. El gobierno de Arabia Saudita no se ha pronunciado al respecto y no ha emitido ningún tipo de comunicado sobre si hubo muertos y cuántos fueron, escribió este diario financiero, pese a que se estima que el ataque consiguió detener casi el 5% de la producción mundial de petróleo.
Un panel de expertos informó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que los hutíes habían adquirido drones de Irán en enero de 2018, según el New York Times. Aunque los hutíes han echado mano de drones en ataques previos, éste es el que más penetró dentro de territorio saudí y, si creemos lo que dicen los rebeldes, empleó hasta 10 vehículos robóticos. Según Associated Press, la tecnología de los drones hutíes ha mejorado considerablemente: partió de modelos comerciales y hoy está en “versiones casi idénticas de los modelos (militares) iraníes”. Las Naciones Unidas, las naciones del Golfo Pérsico y parte de Occidente consideran que es Irán el que ha suministrado armamento a los rebeldes.
AP escribió que hay indicios de que las fuerzas de seguridad sauditas intentaron derribar los drones con sus baterías antiaéreas y antimisilísticas, pero no tuvieron mayor éxito.
Un portavoz militar hutí, Yahia Sarie, dijo en el canal de noticias Al-Masirah, dirigido por los hutíes, que las fuerzas rebeldes habían recibido “datos de inteligencia” de Arabia Saudita y que “la única opción para el gobierno saudita es dejar de atacarnos”, escribió AP.
Yemen es el país más pobre de toda la región arábica, y la guerra civil que comenzó allí en 2015 se ha convertido en una de las mayores catástrofes humanitarias actuales del mundo. Se estima que aproximadamente 90.000 personas han muerto como resultado del conflicto, según AP, y hay pruebas de que la coalición liderada por Arabia Saudita y respaldada por los Estados Unidos ha cometido atrocidades como el bombardeo de mercados, hospitales y hasta un autobús con decenas de niños.
La ONU declaró el año pasado que la mayoría de las víctimas han muerto como resultado de los ataques aéreos de la coalición, no por culpa de los hutíes. Sin embargo, nada de esto ha generado una fractura entre Arabia Saudita y la administración de Donald Trump. Éste se entrevistó sin problemas con el príncipe del país Mohammed bin Salman a pesar de las acusaciones contra el monarca por su rol en el reciente asesinato y descuartizamiento de Jamal Kashoggi, un periodista fuertemente crítico del régimen saudí. Kashoggi tenía nacionalidad estadounidense, y su eliminación tuvo lugar en del consulado saudí en Estambul, Turquía, el 2 de octubre de 2018.
Como señaló el Jerusalem Post, el ataque del sábado supone una escalada importante de tensión en la zona; no sólo porque los rebeldes están demostrando repetidamente que pueden llevar a cabo ataques con precisión usando drones de largo alcance, sino porque servirá para aumentar las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que han ido creciendo desde que Trump decidió incumplir en forma unilateral el acuerdo de 2015 diseñado EEUU y las principales potencias de la OTAN para limitar el alcance del programa nuclear iraní.
Imagen satelital de los pozos de petróleo incendiados
Una investigación del CONICET, la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad de Buenos Aires determinó que nuestro país sólo tiene un 2,3% de sus regiones ecológicas preservadas. Está entre los países sudamericanos que menos naturaleza conservan en términos de extensión. Pero este no es el único criterio. Vale la pena profundizar en el tema.
En América del Sur, la expansión veloz de la agricultura y el crecimiento de las ciudades requieren de acciones urgentes para cuidar la naturaleza. Si bien el 7,1% de la superficie de esta parte de América está preservado dentro de áreas protegidas (AP), se sabe poco acerca de cuánto protege cada país, qué ecosistemas están incluidos en las AP y cuáles no. Esta inquietud llevó a los científicos a profundizar en el tema no sólo a escala continental, sino también en el estado puntual de la conservación en nuestro país.
Un estudio publicado en la plataforma de publicaciones científicas PeerJ por profesionales del Conicet, de la Universidad de San Luis y de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) encontró que la proporción de áreas protegidas varía mucho entre los países sudamericanos, con la Argentina ubicada entre los tres que menos naturaleza conservan.
También se detectó que poseemos un mal balance entre las condiciones naturales que protegemos y las que no, a pesar de los compromisos de conservación asumidos.
“En el ranking de países que elaboramos, la Argentina, con un 2,3% de su territorio dentro de áreas protegidas, está —de abajo para arriba— en la tercera peor posición, sólo arriba de Guyana y de Uruguay. Por el contrario, los primeros son Chile, con 18,3%, Venezuela, con un 15,2%, Colombia, con 11,8%, y Brasil, con 5,6%”, afirma Germán Baldi, docente de la Especialización en Teledetección y GIS en la Escuela para Graduados de la FAUBA, quien publicó el trabajo en coautoría con, entre otros, Marcos Texeira y Esteban Jobbágy, también docentes de esa Facultad.
Baldi aclaró que esos números reflejan la conservación de carácter estricto, ya que consideran a las AP cuyo objetivo es preservar la naturaleza, su fauna y su flora (categorías I a IV de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – IUCN). Si se analiza el conjunto de AP, incluyendo a las que permiten algún uso económico como la ganadería (categorías I a VI), la Argentina pasa a tener un 8.8% de su territorio conservado. Sin embargo, comparativamente es un valor muy bajo, ya que en ese ranking ocupamos el penúltimo puesto, arriba de Uruguay.
Por otra parte, Baldi, quien también es investigador del Conicet, resaltó que además de conocer la extensión que protege cada país, también es fundamental saber cuán equitativa es la distribución de las AP a lo largo de las distintas condiciones naturales, o ecorregiones. La extensión protegida y la mencionada equitatividad son las dos dimensiones más importantes de lo que se llama representatividad.
“La equitatividad es una medida que nos permite ver los desbalances. Chile, por ejemplo, tiene mucha superficie protegida, pero está entre los más desbalanceados de Sudamérica porque la mayoría de sus AP está en los bosques subantárticos”, explicó Germán.
En este sentido, advirtió que “nuestro país también está muy abajo en el ranking de la equitatividad. Protegemos bien la Patagonia andina y las selvas de Salta, Jujuy y Tucumán, pero muy poco los pastizales pampeanos y los bosques secos del centro-oeste del país. Nuestro balance es malo, y eso implica que no estamos cumpliendo con los compromisos asumidos”.
Germán Baldi comentó a Sobre La Tierra que la Argentina y 194 países más firmaron en el 2010 el Convenio Sobre la Diversidad Biológica en Aichi, Japón. Uno de los objetivos suscriptos establece que al menos un 17% de áreas terrestres y un 10% de áreas oceánicas deben estar incluidos dentro de redes de AP para el 2020. Mientras tanto, otro de los objetivos estipula que esas redes deben ser ecológicamente equitativas.
Y agregó: “Si bien estas metas no tienen en cuenta las características o limitaciones propias de cada país ni incluyen lineamientos científicos para alcanzarlas, son fundamentales como un marco político global para la forma en que deberíamos proteger la naturaleza debido al valor intrínseco y no utilitario que posee”.
“Pasaron 9 años desde Aichi, y con nuestro actual 2,3% protegido (o inclusive el 8.8%) quedamos bastante lejos del 17% comprometido para el 2020. En realidad, cuando tengamos que reconocer que no cumplimos con la meta, no habrá consecuencias porque es no-vinculante. Por supuesto, a los países pequeños les conviene cumplir para ganar prestigio internacional y acceder a financiación, ya que sus economías están vinculadas a las de los países centrales”, dijo el investigador.
¿Dónde y por qué crear áreas protegidas? Como parte de su estudio, Baldi también intentó comprender cuáles eran las motivaciones que impulsan a cada país a tener áreas protegidas. En el caso de la Argentina, las dos causas más importantes para establecer un AP son la densidad poblacional —donde hay población no hay áreas protegidas— y la distancia a las fronteras.
“La Argentina tiene casi todas sus áreas protegidas en áreas de frontera, lo cual habla más de intereses geopolíticos estratégicos a nivel nacional, como marcar límites o estar presentes en esos territorios, que de proteger una especie animal o vegetal. Obviamente que, de paso, es bienvenido que se proteja al yaguareté o a la ballena. Pero hay que tener claro que las motivaciones frecuentemente van más allá que cuidar la biodiversidad”, señaló Germán.
Por último, Baldi concluyó que “por eso, y un poco a contramano de la lógica de la conservación, las tendencias en el tiempo que detectamos en nuestro trabajo mostraron que los países sudamericanos no están necesariamente fortaleciendo la representatividad. Creemos que este balance entre las regiones ecológicas protegidas y no protegidas sólo va a resultar favorecido si marcha de la mano con intereses económicos basados en la provisión de bienes y servicios, incluyendo el turismo. Nuestro desafío, ahora, es analizar esto a escala global”.
Pese a que se redujo la cantidad de hectáreas incendiadas para ampliar las zonas de cultivo, sigue preocupando el daño que el mal uso del suelo genera en Argentina, y sus consecuencias en el ambiente. La región del Gran Chaco es la más afectada por la deforestación.
«En la última década estamos hablando de tasas que están entre los 180 mil y los 240 mil hectáreas anuales en lo que respecta a la pérdida de bosques nativos en la Argentina. Pero el área de la región chaqueña es la más afectada de todas las regiones en los últimos años», afirma Fernando Miñarro, director de conservación y desarrollo sustentable de la Fundación Vida Silvestre.
Mientras todos los ojos están puestos en la quema de la selva más grande del mundo, el Amazonas, en la Argentina una situación similar se vive casi en silencio o con poca difusión.
«Tenemos que entender que la mayoría de los incendios en la Argentina son causados por el hombre, pero también el fuego es parte de la naturaleza como proceso biológico. Hay métodos ancestrales de usar el fuego para limpiar el terreno y generar nuevos lugares para pasturas. Cuando esos incendios intencionales no se hacen respetando algunas prácticas, como por ejemplo hacerlo cuando hay mucho viento o no hay nada de humedad, se generan esos focos como pasó en el Amazonas y también en nuestro país. Por eso las provincias tienen legislaciones para prohibir estas quemas que se deben realizar en cierta época del año. Pero se sabe que no todos respetan estas normas», dijo Daniel Russo, subsecretario de Operaciones de Protección Civil del Ministerio de Seguridad.
En 2013 fue creado el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF), mediante la Ley 26.815, que actúa en la órbita del Ministerio de Seguridad y está integrado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Administración de Parques Nacionales, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos que determinen.
En la Argentina la región más afectada por incendios intencionales con fines de deforestación es la del Gran Chaco, área que comparte con los países de Paraguay, Bolivia y Brasil. Es considerada como uno de los 11 puntos con mayor deforestación del mundo y, según calcula un informe de la Fundación Vida Silvestre (FVSA) realizado con apoyo técnico del INTA, para el año 2028 se habrá perdido un territorio equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires.
Entre 1982 y 2016 la Argentina perdió el 25% de sus bosques nativos por actividades agropecuarias. El cambio de uso del suelo, sin contar con una barrera natural, disminuyó su calidad por erosión hídrica que generó perdidas de alrededor de USD 30 millones anuales en la producción de maíz, soja y trigo.
Por otra parte, la falta de planificación que combine la producción con la protección del ambiente provocó no solo la pérdida de bosques sino también la reducción de especies autóctonas. «Un problema que se produce al haber perdida de bosques es que las áreas verdes que van quedando con posibilidad de albergar vida silvestre van quedando aisladas y desconectadas. Entonces la fauna, por ejemplo, de mamíferos grandes como el Yaguareté, que necesita grandes superficies para caminar, empieza a no poder circular y quedan expuestos al salir a zonas más antropizadas», enfatizó Miñarro.
HAY QUE REFORESTAR
La pregunta sobre si es posible reforestar o recuperar el ambiente de los bosques nativos es infaltable. La perspectiva es esperanzadora pero preocupante. «No es fácil poder recuperar un bosque a su estado original porque son ecosistemas complejos. No se puede recuperar todo porque hubo en algún momento árboles de 100 años que es imposible restaurarlos. Eso te habla de lo que sea ha perdido. Quizás en 20 años se pueda volver a tener una estructura de bosque en la región, pero nunca va a volver a ser lo que había antes«, según Miñarro.
Por su parte Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la secretaría de medio ambiente de la Nación, se mostró reflexivo sobre la situación. «Es complejo. Los números que estamos teniendo en restauración, dependiendo de la técnica, rondan entre los 40 o 50 mil pesos por hectárea. Sobre todo cuando tenés que producir los plantines, llevarlos para plantarlos y hacer tareas de mantenimiento. Y eso se suma la escala a la que hay que hacerlo», subrayó a La Prensa el funcionario.
Luego agregó que «es más cara la restauración que la prevención. De ahí la importancia de preservar estos recursos naturales tan importantes».
Chaco: Imágenes y ubicación de desmontes selectivos en bosques nativos clasificados en la Categoría II (amarillo). Enero – Abril 2012
Greenpeace
LEY DE BOSQUES
Existen en el país varias normativas para proteger el ambiente pero la Ley de Bosques es la que específicamente protege estas áreas verdes tan importantes para el ecosistema argentino. Sancionada en 2007 y reglamentada en 2009, esta herramienta legal promovió una categorización en las provincias mediante la asignación de un color a cada zona de acuerdo con los usos posibles de las tierras boscosas: para la conservación (rojo); con posibilidad de transformación para la agricultura (verde); y con uso sustentable (amarillo).
Actualmente, la Argentina cuenta con unos 53 millones de hectáreas bajo el ordenamiento territorial que exige la llamada Ley de bosques. «Dentro del ordenamiento territorial hoy en toda la Argentina -si se ven las zonas rojas, amarillas y verdes- tenemos 11 millones de hectáreas que están en categoría verde. Y que legalmente podrían ser desmontadas en función de que las provincias los autoricen. Entonces la ley tiene un efecto sobre la conservación de algunas zonas de bosques pero no es la única herramienta para evitar ir a una deforestación cero», explicó Moreno.
El funcionario también destacó que un gran desafío es definir «qué tipo de producción habilitamos para las zonas amarillas porque hay intervenciones agresivas que terminan generando la pérdida del bosque». «Estamos trabajando con el ministerio de agroindustria, con el INTA y varias provincias para definir un esquema de manejo de los bosques con la ganadería integrada que justamente es buscar un sistema ciclo pastoril compatible con la existencia del bosque. A veces cuando esa práctica se vuelve muy intensiva ese bosque termina desapareciendo», enfatizó el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales.
En tanto, Miñarro aseguró que la ley de protección de bosques nativos «se encuentra desfinanciada. Revertir esto es clave para la conservación, la promoción del uso sustentable y el control de la deforestación. La ley establece que los fondos salen del 0,3% del presupuesto nacional más el 2% de retenciones del sector agropecuario. En la actualidad solo llega el 8% de total que debería otorgarse».
Luego agregó que «Hay que entender que si uno invierte dinero en conservación y medio ambiente es por el bien común de todos, tanto de las comunidades como de las empresas. Hay que exigir un compromiso para que entiendan que no podemos seguir desforestando y perdiendo ambientes naturales. Y también generar un compromiso de los ciudadanos que ahora que estamos en un año electoral tienen la posibilidad de exigirles a los candidatos que digan qué van a hacer en temas ambientales«.
Jorge Castro es uno de los analistas de la economía internacional y en particular de la relación china-estadounidense mejor informado. En AgendAR reproducimos el año pasado China y EE.UU: competencia y colaboración, de su autoría. Claro, sus análisis están sesgados por su ideología (como los de todos). En su caso, lo domina un entusiasmo acrítico por la globalización, de la que está convencido que se da en un marco cooperativo.
En AgendAR también deseamos eso, pero somos menos confiados. Agregamos -a continuación de esta columna suya de ayer- una información sobre un fenómeno de signo opuesto. Y apuntamos que los intereses nacionales de EE.UU., como los interpreta su gobierno, no son siempre los mismos de las empresas transnacionales con origen allí.
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«Las inversiones de EE.UU. en China aumentaron 124,6% en enero de este año, mientras que la inversión extranjera (IED) trepó 4,8% en el mismo periodo (US$12.450 millones); y el sector high tech de las inversiones norteamericanas —éste es el dato crucial— se elevó 40,9% por año en los primeros 30 días de 2019.
En definitiva, las inversiones estadounidenses más que se duplicaron en esa etapa; y la IED de las compañías norteamericanas high tech aumentó 12 veces por encima del total de las inversiones extranjeras.
El Ministerio de Comercio de la República Popular agrega que las inversiones holandesas crecieron 95,6%; las del Reino Unido, 13,7%; y 6,5% las de Hong Kong. También las inversiones high tech de EE.UU. en investigación y desarrollo (R&D) científico y tecnológico, así como los diseños y servicios de alta tecnología, aumentaron 168,6% anual en este periodo.
Morgan Stanley estima que la IED alcanzó en China a US$234.000 millones en 2018 (+34% anual); y que esto responde a que la nueva Ley de Inversiones Extranjeras de marzo del año pasado, sumada a la apertura completa de la industria manufacturera y el sistema financiero que ha realizado la República Popular en los últimos 2 años, asegura que el nivel de 2018 se ha convertido en el piso de la IED que recibiría China en el periodo 2020/2030.
La consultora Rodhium Group señala que la firmas norteamericanas invirtieron en China en los primeros 6 meses de 2019 US$6.500 millones más que en igual periodo del año pasado (+1,5% anual); y entre ellas se destaca Tesla, la principal fabricante de vehículos eléctricos de EE.UU., que ha construido la primera planta 100% extranjera de la industria automotriz en la Republica Popular, con una inversión de US$ 6.500 millones, que sería ampliada con una cifra similar en 2020.
El rasgo característico de la economía china es que ahora crece prácticamente en forma exclusiva sobre la base de su demanda doméstica (98% en 2018); y que 78% del alza del PBI (+6,4%) en los primeros 6 meses de 2019 proviene del consumo individual.
Las empresas trasnacionales de EE.UU. no invierten en China para producir allí y exportar al mundo —como ocurría hasta 2008—, sino que ahora lo hacen para producir y vender en su gigantesco mercado interno, que se ha unificado completamente.
El impulso esencial de este boom de consumo proviene de la nueva clase media de 440 millones de personas con ingresos semejantes a los norteamericanos (US$35.000 / US$ 45.000 anuales), que serían 780 millones en 2025 y más de 1.000 millones en 2030.
Medido en capacidad de compra doméstica (PPP), el ingreso per cápita de la República Popular alcanzó a US$17.000 en 2018, que serían US$20.000 en 2020, mientras que en Beijing, Shanghái, Shenzen y Guangzu, las cuatro principales ciudades, trepó a US$30.000 anuales, o más.
Lo notable del intercambio bilateral EE.UU./China es que el flujo de capitales destinado a invertir en alta tecnología (“Venture Capital”) superó US$22.000 millones el año pasado, más que la inversión recíproca en high tech entre los dos países, que alcanzó a US$18.000 millones.
Los “Venture Capital” son los fondos que invierten en las startups de alta tecnología; y es la contracara financiera de la revolución tecnológica del procesamiento de la información, sobretodo la referida a los unicornios, que son los startups high tech con ingresos por más de US$1.000 millones anuales.
EE.UU. tiene 166 unicornios, y China, 144; y mientras las inversiones chinas cayeron más de 90% el año pasado por las sanciones comerciales de EE.UU., las norteamericanas treparon más de 30% en 2018. Los “Venture Capital” estadounidenses han financiado 1 de cada 3 unicornios chinos.
El dato estratégico central de la relación China/EE.UU. es que son las dos economías más integradas de la historia del capitalismo; y entre ambas el intercambio bilateral superó US$2.000 millones por día. Lo fundamental es que el intercambio bilateral EE.UU/China de bienes fragmentados o intermedios —signo distintivo de la producción trasnacional— ha aumentado seis veces en los últimos 15 años.
Por eso, el conflicto entre las dos superpotencias, centrado en el dominio de las tecnologías de avanzada de la nueva revolución industrial (Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, y robotización), es una novedad histórica, un fenómeno cualitativamente distinto, que sólo se explica por sí mismo y las condiciones de la época. Todo intento de aplicar la metáfora de una nueva “Guerra Fría” al conflicto EE.UU./ China es falso, e impide conocer la realidad de las cosas.
La clave del siglo XXI es que ha surgido una sociedad global absolutamente unificada, fundada en el criterio excluyente de la instantaneidad. “No hay pasado, ni futuro, sólo un eterno presente”, dice Hegel; y esto es más válido que nunca en el siglo XXI».
«El clima de desconfianza entre China y Estados Unidos no sólo se refleja en la reciente guerra arancelaria, sino en el flujo de inversiones entre los dos países, que cada día parecen más rivales. Según informó el martes el Comité Nacional Sobre las Relaciones entre China y Estados Unidos (NCUSCR) y la consultora Rhodium, las inversiones chinas en la economía norteamericana cayeron en 2018 un 80%, hasta los 5.600 millones de dólares, lo que representa el nivel más bajo desde 2012.
Un número muy pequeño, sobre todo si se compara con los 46.000 millones del 2016, antes de la llegada de la presidencia de Donald Trump a la Casa Blanca. Las cifras referentes el año pasado denotan la casi absencia de toma de participaciones, así como de operaciones de adquisición por parte de firmas chinas».
La semana pasada, en una carta al presidente Macri y al ministro Fiocchiaro firmada por unanimidad por el directorio del Conicet, se pide un aumento de emergencia de al menos el veinte por ciento para todo el personal y becarios del organismo.
No se recuerdan antecedentes de un reclamo de estas características firmado por todo el Directorio. Pero, como se dice en la nota, hoy los salarios de nuestros científicos están por debajo de la línea de pobreza. Para no hablar de los empleados y de los becarios.
Reproducimos el texto de la nota:
Ciudad de Buenos Aires, 11 de Septiembre de 2019
Referencia: Nota del Directorio de CONICET A: Mauricio Macri (PTE), Con Copia A: Alejandro Finocchiaro (MECCYT), José Lino Salvador Barañao (SGCTEIP#MECCYT)
De mi mayor consideración: SEÑOR PRESIDENTE:
La situación presupuestaria y salarial de este Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es acuciante. El CONICET es, sin duda, uno de los pilares fundamentales del sistema estatal de ciencia y tecnología de nuestro país. Todo su personal está altamente calificado y realiza tareas creativas no rutinarias. Los investigadores de carrera así como los becarios y muchos trabajadores de otros estamentos poseen títulos universitarios de grado y posgrado. El prestigio internacional de nuestra ciencia, así como la transferencia de conocimientos, bienes y servicios a la sociedad son, en gran medida, logros del CONICET.
Ahora bien, mantener este prestigio y que la Ciencia y la Tecnología sean una política de Estado deben ir de la mano con niveles salariales acordes para que cada uno de quienes hacemos ciencia y tecnología nos dediquemos con plenitud a llevarlas a cabo. Sin embargo, cuando un becario graduado universitario recibe un estipendio de bolsillo cercano a los 29.800 pesos y un doctor (máximo nivel universitario del país) recibe un estipendio de bolsillo por beca posdoctoral cercano a los 36 mil pesos, todo se desvirtúa.
Como podrá observar, ambas cifras se enmarcan por debajo de la línea de la pobreza, según los datos del INDEC. Muchos empleados administrativos con vasta experiencia en el sector perciben salarios brutos por debajo de los 22 mil pesos. Así también, las escalas salariales de los estamentos superiores siguen la misma tendencia regresiva, como es el caso de un Investigador Principal con 20 años de trabajo con dedicación exclusiva en la institución, que dirige doctorandos y otros investigadores y que dicta conferencias internacionales representando al país, que percibe un salario de bolsillo cercano a los 68 mil pesos.
Ante esta situación crítica, el Directorio del CONICET ha decidido por unanimidad hacerle llegar la solicitud de un aumento de emergencia de al menos el veinte por ciento (20%) para todo el personal y becarios del CONICET, que incluye a los empleados administrativos de planta y contratados, a los miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico como así también a los miembros de la Carrera del Personal de Apoyo a la investigación.
Cabe aclarar que este pedido es independiente de los otorgados o a ser otorgados por paritarias, y se funda en revertir la profunda desjerarquización progresiva que venimos sufriendo.
Los miembros del Directorio del Conicet agradecen a usted la atención que pueda brindarle a la presente y le saludan con atenta consideración.
Miguel Ángel Laborde
Vicepresidente
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
En promedio, en nuestro país los consumidores pagan 5,6 veces más de lo que cobra el productor por los productos «en la tranquera».
Pero esa brecha de precios entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor rural subió 8,3% en agosto, impulsada por el aumento en las brechas de productos como la mandarina, la cebolla, la naranja, la papa y el zapallito. Así se desprende del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En julio la diferencia había sido de 5,15 veces. Pero existen muchas dispersiones: mientras en la mandarina la brecha fue de 13,3 veces, en la frutilla fue sólo de 1,73 veces.
Brecha entre el precio al productor y al público (variación):
El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) lo elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores.
Según CAME, en agosto hubo 12 productos donde las brechas subieron y 13 donde bajaron. La intensidad de los aumentos hizo que, en el promedio, se registre un deterioro de la situación en el mes. En promedio, los precios en el origen subieron 8,83% en el mes, mientras que los precios en destino subieron 11,58% en los comercios minoristas y 8,52% en los hipermercados.
César Augusto Lerena, ex Secretario de Estado, experto en Atlántico Sur y Pesca, asesor en el Senado de la Nación, y frecuente columnista en AgendAR, plantea los objetivos que a su entender debe perseguir un modelo nacional en la política pesquera:
«Darle entidad de modelo a la política pesquera actual sería una exageración. Pensar que se trata de un plan que ha fracasado, sería sobrevaluar la incapacidad para llevar adelante una administración sustentable económica, biológica y social.
A pocos días de finalizar su gestión, las autoridades no han tenido una estrategia pesquera, limitándose a otorgar permisos y reformulaciones y, registrar los hechos, muchos de ellos cuestionados y de dudosa credibilidad. No es posible darle identidad de modelo a una administración que desconoció las reglas de la biología, facilitó el aumento de la depredación del recurso pesquero, no avanzó en la reducción de descartes y la eliminación de las sustituciones de especies, no efectuó los controles adecuados de captura y desembarco y, no llevó adelante una táctica de gerenciamiento de los principales recursos, ignorando incluso, los informes técnicos de los científicos del INIDEP.
No se puede administrar un recurso sin tener presente la biología. Se administra mal cuando se sobreexplota, pero también cuando el recurso no se aprovecha al máximo racionalmente; del mismo modo, cuando no se promueve valor agregado ni cuando se ignora la interrelación de las especies.
Este cuadro se completa, con la inacción frente a la pesca clandestina extranjera, puertos inoperables e insuficientes, falta de financiación para la renovación en término de la flota pesquera, carencia de una táctica respecto a los recursos que migran a Malvinas y, por cierto, tampoco se llevan adelante propuestas o incentivos económicos que atiendan las diferencias entre los tipos de capturas, procesos y especies o ,no se tienen en cuenta las ventajas comparativas que los buques extranjeros tienen, a la hora extraer el recurso del Atlántico Sur o de ingresar sus materias primas a los mercados de destino.
Esto no es solo una cuestión de soberanía, también, de competencia comercial y rentabilidad, cuando no es Argentina quién pone los precios en el mercado internacional.
En el próximo gobierno tendrá que haber un diseño de producción y comercio y quien conduzca la política pesquera deberá ejercer en pleno la administración de este recurso de dominio del Estado y, consecuentemente de todos los argentinos.
Y todos los actores del sector deberán hacer su trabajo poniendo eje en la generación de divisas, el incremento sustancial del valor agregado, el aumento de la mano de obra ocupada registrada y la explotación sustentable de las especies, privilegiando la industria radicada en el continente argentino. Y se deberán promover los acuerdos entre empresas y las inversiones en este sector.
Y cualquiera sea el medio que se utilice para la extracción pesquera, la presencia argentina en la Zona Económica Exclusiva y sobre las especies migratorias en la Alta Mar debe ser una prioridad y el objeto de incentivo del Estado.
En resumen, la explotación de las especies estratégicas- para fomentar la captura en forma sustentable de todos los recursos del Atlántico Sudoccidental, generando valor, multiplicando el empleo e instalando una potencia naval pesquera que -junto a las fuerzas de seguridad marítima- desaliente la extracción ilegal en el mar argentino.
La crisis amerita que los gestores de estas reiteradas etapas fracasadas no dificulten más el verdadero cambio que se requiere y que el próximo gobierno, junto a las empresas y las fuerzas del trabajo, participativamente, haga que la pesca industrial se constituya en uno de los factores del desarrollo nacional.«
Los especialistas del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar y el INTA Salta han desarrollado el primer mapa nacional de cultivos de amplia extensión para conocer más sobre la distribución espacial de los cultivos y mejorar las proyecciones.
Diego de Abelleyra –especialista del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar–, informa que se trata del primer mapa de este tipo realizado con una extensión de 118 millones de hectáreas que cubre las principales áreas agrícolas del país con una exactitud general del 80% y fue presentado a pocos meses de finalizada la campaña 2018/19.
Lo consideró un producto “original, preciso, novedoso y de decisivo interés para el sector agropecuario y para la economía en general de la Argentina”.
Santiago Verón –técnico del mismo Instituto– explicó que “el mapa busca cubrir toda la superficie utilizada por cultivos extensivos para grano de la Argentina” y detalló que para definir los límites del área tomaron como referencia las áreas del Panorama Agrícola Semanal (zonas PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que van desde Salta al sur de Buenos Aires y del oeste de San Luis al este de Entre Ríos.
La herramienta está disponible desde GeoINTA o desde una plataforma en la web y permite conocer la distribución espacial de los cultivos, estratificar el área para el muestreo a campo y, de esta manera, optimizar las estimaciones anuales de superficie sembrada y rendimientos para cada cultivo.
A su vez, identifica la presencia en un mismo sitio, de cultivos simples o dobles, lo que permite visualizar en un único mapa lo ocurrido a lo largo de toda la campaña. “Presentamos la primera versión del mapa y tenemos proyectado ampliarla a las campañas de invierno y de verano, por separado”, anticipó de Abelleyra.
De acuerdo con Verón, “mejorar la estimación de la producción agrícola tiene beneficios a múltiples escalas”. En este sentido, puntualizó que “permite anticipar la necesidad de almacenamiento local, la utilización de puertos, la demanda de transporte, los ingresos fiscales y la generación de divisas de la región, como así también los precios de los granos y potenciales proveedores de granos”.
“Si estos mapas se producen de manera periódica, permiten caracterizar en el lote aspectos clave de la sustentabilidad del manejo agrícola como la rotación de cultivos y la intensidad de uso, es decir la cantidad de cultivos por estación de crecimiento o por campaña agrícola”, argumentó Verón.
Ambos especialistas, integrantes de un mismo grupo de trabajo, también generaron la primera colección de MapBiomas Chaco, mapas anuales de uso y cobertura del suelo entre 2010 y 2017 y trabajan en el desarrollo de un mapa estructural de los bosques chaqueños utilizando un Escáner Laser Terrestre y drones.
La producción agrícola nacional de granos se incrementó durante los últimos años y pasó de 34 a 143 millones de toneladas entre 1990 y 2019. En 2013, la Argentina fue el 3.° exportador mundial de soja y maíz y el 13.° de trigo. A pesar de que la agricultura sea una fuente clave de divisas y de ingresos fiscales para el país, existen pocos ejemplos de mapas de cultivos a escala nacional.
En este contexto, desde el Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, trabajaron para generar un mapa de tipos de cultivo para el área agrícola extensiva de la Argentina. Para esto, se capitalizó la disponibilidad de plataformas de almacenamiento y procesamiento de imágenes satelitales en la nube y de nuevos algoritmos de clasificación supervisada, que se sumó a la experiencia en generación de mapas de los técnicos involucrados.
A tal fin, se recorrieron más de 15 mil kilómetros y se registraron más de 13 mil puntos georeferenciados distribuidas en 14 zonas. Para cada una, se definieron clases de cultivos que en conjunto representaron hasta el 90 % del área sembrada. También se registraron otras clases no agrícolas con la finalidad de discriminar el área agrícola y no agrícola.
Para su creación, implementaron información provista por satélites de observación de la Tierra por considerarla particularmente adecuada para la generación de mapas de cultivos, debido a su capacidad para registrar la radiación reflejada por la superficie del Planeta de manera periódica, sistemática y objetiva a lo largo de extensas superficies.
En particular, los radiómetros ópticos proveen imágenes de la superficie en diferentes porciones del espectro electromagnético, usualmente en el visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta e infrarrojo térmico.
Si bien teóricamente la información espectrotemporal –es decir, el conjunto de las adquisiciones satelitales a lo largo del tiempo de información del espectro electromagnético– debería permitir la discriminación de cultivos, esto frecuentemente está limitado por la nubosidad y la diversidad espaciotemporal de fechas de siembra para un mismo cultivo.
De la ciberseguridad a la inteligencia artificial, el posicionamiento web o la multicanalidad, son los puestos de trabajo que todavía tienen demanda, a pesar de la recesión local. Y los nichos de negocio que se han cerrado menos. Por eso nos parece útil reproducir este informe sobre la situación en España y en la Unión Europea, publicado por el diario El País.
El futuro es digital, y ya está aquí. El 45% de los empleos en el año 2020 estarán relacionados con el entorno digital, según datos de la Unión Europea recogidos en el informe ISDI Digitalización de los profesionales españoles.
Ello supondrá una demanda laboral de aproximadamente 900.000 puestos de trabajo, de los que unos 200.000 corresponderán a España. Por tanto, no es una cuestión de si conviene digitalizarse, sino más bien de cuándo y cómo, sin importar en qué sector se ubique el negocio: «Aunque las principales empresas de tecnología y consultoría aglutinan el talento, todos los mercados se ven afectados por la digitalización. Los hábitos de compra de los consumidores, consultando en internet antes de tomar cualquier decisión, hacen que las nuevas tecnologías estén en el centro de competitividad de cualquier empresa», sostiene Alejandro Guerrero, presidente de la sociedad tecnológica Resiliente Digital.
No solo ha cambiado la forma en que las empresas ofrecen sus productos y servicios; también lo ha hecho la manera en que estas interactúan con sus clientes. «Una de las reglas básicas en cualquier venta es llamar la atención, y no siempre implica una venta directa. En mi opinión, es mucho más importante generar una comunidad que esté comprometida con los valores de la empresa, aunque no sean compradores», argumenta Francesc Saldaña, experto en gestión empresarial, crecimiento e innovación y tutor en Esade. «Este compromiso permite una comunicación más sincera, completa y exponencial».
Por otro lado, la innovación y los avances tecnológicos que van surgiendo en respuesta a esas nuevas necesidades han dado relevancia a nuevos modelos de negocio. En el ámbito empresarial «se está incrementando el uso de sistemas digitales de información, tanto a nivel interno operativo como externo, para interactuar con clientes, proveedores o colaboradores», afirma Saldaña.
Algunos ámbitos destacados son el análisis de datos en tiempo real para la toma de decisiones, el uso de sensores en los procesos industriales (por ejemplo, en maquinaria, movimiento de productos, control de calidad…) y el empleo de la realidad aumentada o virtual para simuladores «que ayuden a prepararse para posibles escenarios en los que algo falle u ocurran imprevistos (similar a los de los pilotos simulando lluvia, parada de motores, etcétera) en sectores como la medicina, la cirugía, la industria e incluso decisiones empresariales complejas», añade.
Otro de los sectores que tendrán mucho recorrido es el de las fintechs (empresas con aplicaciones de tecnología financiera). «Gracias a la directiva PSD2, tendrán auge los agregadores de información bancaria que ayuden al cliente a gestionar mejor sus finanzas personales con técnicas de inteligencia artificial», explica Sergio Ríos-Aguilar, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja, España. «Se deberán ofrecer productos sencillos y entendibles, transparentes y de uso inmediato: véase el éxito entre los usuarios más jóvenes de las transferencias inmediatas con Bizum, el uso de apps para dividir pagos…»
La innovación resulta especialmente determinante en el desarrollo de modelos como el de las búsquedas por voz. Se estima que «para 2020, el 50% de todas las consultas [en internet] estarán basadas en la voz. Pero esto significa también que habrá mucha competencia», cuenta Guerrero. «Las empresas deberán invertir para optimizar el motor de voz, porque todo lo que vendamos, ya sean productos o servicios, deberá poder ser preguntado y respondido por medio de la voz». La inteligencia artificial y el machine learning, por su parte, permiten a los vendedores anticipar futuros patrones de conducta de los clientes, en función de los datos recopilados. Con ellos, los especialistas en marketing pueden determinar cómo interactuar mejor con sus clientes, utilizando varios canales.
El aumento del tráfico por internet provoca la circulación de grandes cantidades de datos (personales o no) cuyo tratamiento y protección es de especial relevancia. Así, el asesoramiento legal digital será otro de los modelos relevantes en el futuro, con el objetivo de asegurarse que las empresas cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), como también se demanda el perfil de especialista en big data, un entorno en el que, sin embargo, aún no se sienten cómodos los españoles: de acuerdo con un estudio de Qlik, solo el 3,2% de los jóvenes entre 16 y 24 años son capaces de entender, compartir y analizar datos, lo que los coloca en penúltima posición a nivel mundial, solo por delante de Singapur.
Finalmente, la posibilidad de sufrir un ataque virtual en forma de virus, robo de datos o paralización de los sistemas informáticos hace que el campo de la ciberseguridad sea uno de los que gocen de mayor demanda, bien sea dentro de cada empresa o en compañías dedicadas a ofrecer este servicio, ofreciendo soluciones y fomentando las buenas prácticas tecnológicas.
La industria de electrónica de consumo tuvo, en fabricación y en ventas un semestre a la baja y se espera que el escenario post PASO, con devaluación e inflación mediante, empeorará las cosas en los próximos meses.
«En el primer semestre la industria electrónica presentó una caída en la fabricación de todos los productos. Es probable que la inestabilidad cambiaria del último mes afecte la capacidad de compra de los consumidores», afirmó Federico Hellemeyer, presidente de AFARTE, la entidad que nuclea a las fábricas de Tierra del Fuego.
En el primer semestre, la fabricación de celulares cayó un 23% respecto del mismo periodo de 2018, y el consumo de estos dispositivos bajó 24%. Entre enero y junio se comercializaron 3,5 millones de celulares, 1,1 millón menos que en el 2018. Como consecuencia del Ahora 12, durante el segundo trimestre el consumo mostró una incipiente mejora. A nivel ventas, junio tuvo un resultado interanual negativo (-10%) pero redujo a menos de la mitad la caída de mayo (-23,9%).
El mercado de televisores también presentó en el primer semestre una fuerte caída en la producción (-71%) y una baja del 65% en las ventas. Además de la caída del consumo, la baja se acentúa más por la comparación con 2018, año que tuvo el Mundial de Fútbol de Rusia. Durante el año pasado se ensamblaron 3,3 millones de unidades. En acondicionadores de aire se concretó una caída del 37% en la producción del primer semestre y una variación interanual positiva en el consumo del 16 por ciento. Para este año se espera que salgan 850.000 equipos de las líneas de producción.
Si bien el comportamiento de este producto es muy estacional (en general el 70% de las ventas se concentra en el segundo semestre del año) en 2018 la baja del consumo del último trimestre fue del orden del 30%, lo cual podría explicar las variaciones interanuales positivas en las ventas de los primeros meses de 2019.
El presidente de AFARTE asegura que la mayoría de los precios de los productos han quedado retrasados con respecto a la inflación y a las tres devaluaciones que se sucedieron en los últimos 18 meses. «Hasta las PASO había menos retraso en celulares y mucho más en televisores. La realidad es que si se quiere ser competitivo no se puede trasladar todas las subas de los costos a precios».
Para entender la relevancia de estos datos en la situación de la economía argentina, su relación con nuestro vecino del norte, hay que recordar que Argentina es el cuarto mercado más grande para productos brasileños, después de China, la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos.
Variación de las exportaciones brasileñas, a Argentina y al mundo, en porcentaje
Como puede verse, las exportaciones brasileñas totales no están creciendo mucho, y en este año 2019, disminuyen. Pero, las ventas de Brasil a Argentina vienen cayendo sostenidamente desde el cuarto trimestre de 2018, y la mayor baja tuvo lugar en el primer trimestre de este año con un retroceso del 45%.
La Base Aeronaval Río Grande ya cuenta con un nuevo Radar Meteorológico Argentino de última generación desarrollado por @invapargentina para el #SINARAME. La información obtenida será utilizada por el @SMN_Argentina para elaborar sus pronósticos. pic.twitter.com/R2PmW5W9k3
Si un perro muerde a un hombre, no hay artículo, pero sí lo hay cuando sucede la inversa, se enseña en las carreras de periodismo. En el caso de la compañía Satellogic, Argentina le está vendiendo satélites y servicios satelitales criollos a China, una potencia espacial. Hay noticia. Y es la que sigue.
La firma aeroespacial argentina Satellogic anunció un acuerdo con la firma china ABDAS para la provisión de su constelación dedicada de satélites por un monto total que supera los 38 millones de dólares. De esta forma, ABDAS podrá realizar investigaciones en el área de la provincia china de Henan basadas en las imágenes satelitales recolectadas por Satellogic.
Además de tener el acceso a los servicios de Satellogic, la firma china ABDAS también contará con una serie de lanzamientos dedicados a sus necesidades. También habrá una plataforma dedicada para capturas satelitales y un servicio de almacenamiento en una nube privada para el procesamiento, catálogo y almacenamiento de imágenes.
«Nos sentimos honrados de asociarnos con ABDAS para construir una infraestructura llave en mano para la recolección y el análisis de los datos obtenidos de la observación de la Tierra, con la capacidad de fortalecer y respaldar decisiones políticas clave en la provincia de Henan», dijo Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic.
«Satellogic es un buen aliado para ofrecer imágenes confiables de detección remota», dijo por su parte Liu Hui, CEO de ABDAS. «Esperamos llevar a cabo una cooperación integral con Satellogic en muchas áreas, tales como el desarrollo de satélites, la recepción en tierra y la aplicación de big data», agregó el ejecutivo.
De esta forma, Satellogic se convirtió en el socio estratégico de ABDAS para que Henan pueda acceder a recursos que hasta ahora estaban limitadas a países que contaban con sus propios satélites. Con este acuerdo, ABDAS podrá acceder a información geoespacial de la la provincia china para desarrollar diversas iniciativas de infraestructura sin riesgos técnicos u operativos.
El cohete Larga Marcha 6 de China que pondrá en órbita a 13 microsatélites de la compañía.
El acuerdo de Satellogic se suma al convenio que anunció en enero con la empresa china Great Wall Industry Corporation (CGWIC) para enviar al espacio, en lanzamientos múltiples, 90 microsatélites. Esta constelación de dispositivos satelitales permitirá realizar una observación de la tierra con capacidad de emitir semanalmente imágenes de un metro de resolución de todo el globo.
Las constelaciones de satélites dedicados de Satellogic fue desarrollada desde 2010 mediante el lanzamiento progresivo de diversos equipos desarrollados por la compañía argentina. Manolito, Capitán Beto y Milanesat, construídos en el barrio de Palermo, CABA, fueron algunos de los modelos de satélites de bajo peso y bajo costo que permitieron el desarrollo de una plataforma espacial estándar, fabricada de a decenas, con componentes «off the shelf» para integrar constelaciones, como la utilizada en este caso por el equipo de Data Science de la firma. Éste ofrece soluciones de procesamiento de imágenes satelitales para el sector industrial, agropecuario, forestal y energético, entre otras áreas.
Henan no es una provincia cualquiera. Fue un bastión del ejército de Mao Zedong cuando todavía no había tomado el poder, y también el epicentro de las peores hambrunas agrícolas posteriores a ese hecho. En Henan murieron muchos campesinos pobres (millones), pero no la pobreza rural, que continúa.
En sus operaciones con China, Satellogic pone el hardware espacial y el software humano en tierra. Satellogic, una PyME privada argentina y también una multinacional representada en todos los continentes, salvo África y la Antártida, viene emergiendo como un «cisne negro» en la historia tecnológica nacional. Tiene alta tecnología propia, desplegada en ventas concretas, y es una firma construida y traccionada por un experto en software e inversor de riesgo, el propio Kargieman.
En los últimos doce meses, AgendAR ha seguido de cerca los proyectos de Satellogic, aquí, aquí, y aquí. Solo podemos agregar que ojalá tenga muchos imitadores.
Una ola gigante que emerge desde las profundidades del lago y arrastra todo a su paso. Como en una escena de la película La última ola ( Noruega, 2015), el miedo a una gran inundación en el valle no deja en paz a algunos de los que caminan por los senderos deVilla Traful, un pequeño pueblo turístico de la provincia de Neuquén.
«No es un mito ni una locura. Luego de varios estudios concluimos que en un mes o en 100 años, un tsunami puede ocurrir en la costa del Lago Traful y puede causar serios problemas si nadie hace nada», alerta el geólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicet, Andrés Folguera.
Villa Traful está al borde del lago, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Ahí viven unas 600 personas que aprovechan al máximo la actividad turística de la zona, sobre todo en invierno. Una de las atracciones es la vista del Bosque Sumergido, una ladera montañosa que en 1940 empezó a desplazarse hacia el fondo del lago.
«Hicimos un monitoreo a lo largo de los últimos ocho años y notamos que la ladera se mueve de manera acelerada y podría producirse un desmoronamiento de esa pared con alto riesgo de que se produzca un tsunami», afirma Folguera.
El bloque es de tres kilómetros de ancho, 10 de largo y se desplaza unos ocho metros cada dos décadas. «Ese es un movimiento muy rápido. Y si en algún momento se desmorona, se podría generar un tsunami», añade.
Andrés tiene 49 años y nació en Chile, pero vive en Buenos Aires desde los tres años. A Villa Traful llegó por primera vez en 2007, cuando paseaba por el sur junto a su familia. «El lago lo conocí gracias a un poblador dueño de lanchas que me llevó a recorrerlo. Me acuerdo que me comentó que las ramas de los árboles se hundían cada vez más. Así empezó todo», cuenta.
Luego de varios estudios, publicados recientemente en la revista científica Journal of South American Earth Sciences, determinaron que en 22 años, los árboles se hundieron unos ocho metros. «Muchos árboles que medían 15 metros quedaron debajo del agua», explica Folguera.
El lago Traful está en un valle de cordones de fractura, como muchos de los lagos del sur que fueron esculpidos por los glaciares. «Los tsunamis en ese tipo de lagos son comunes y cuanto más profundos sean, más grande será la ola. Los tsunamis en los lagos son más grandes que los oceánicos», indica.
La palabra «grandes», en este caso, no define bien la escala. El tsunami oceánico que inundó en 2011 inundó la costa japonesa de Sendai, el mismo que ahogó o aplastó por colisión contra objetos a flote a casi 19.000 japoneses, y además causó el accidente de 4 centrales nucleares en Fukushima, tenía entre 15 y 20 metros sobre la línea de pleamar. No fue una ola sino una sucesión de olas que se propagó kilómetros tierra adentro, fluyendo y contrafluyendo, entre intensidades máximas y mínimas, con la velocidad de un río de montaña, pero el caudal de un río de llanura.
El tsunami lacustre que podría suceder en el Traful sería un fenómeno menos extenso y en una zona mucho menos poblada. Pero dado que el lago tiene unos 300 metros de profundidad, la ola resultante de un deslizamiento rápido del Bosque Inundado originaría una ola de al menos 100 metros de altura, que llegaría hasta la costa sur del lago, según los cálculos empíricos que realizaron los investigadores para evaluar el riesgo de un potencial tsunami.
«En el peor de los escenarios posibles, el tsunami podría generar una ola que arrase con la población, inunde los ríos y desborde los diques que están sobre el Río Limay», dice Andrés.
Entre los muchos lagos glaciarios andinopatagónicos, el Traful se destaca no por su tamaño, sino por ser muy angosto y encerrado entre laderas de gran pendiente, cuya continuación bajo la superficie da esa notable profundidad. La mayor parte del volumen del lago está siempre en la negrura: la claridad del agua no alcanza para que el sol penetre tan abajo. Pero a su vez, los deslizamientos de pared en lagos y fiordos glaciarios tan cerrados causan tsunamis acotados en extensión, pero increíbles en magnitud.
Hemos tenido un «lagomoto» relativamente reciente: sucedió el 22 de mayo de 1960 en el Nahuel Huapi, como consecuencia del terremoto de magnitud 9,5 en la escala Richter que, en la vertiente occidental de los Andes, sacudió e inundó la costa chilena. En Chile el fenómeno mató a unas 2000 personas. Del lado argentino, el Nahuel Huapi tiene una superficie enorme que ayudó a disipar un poco el oleaje, pero fue importante. El que embistió contra la ciudad, en aquel momento bastante chica (menos de 20.000 habitantes), tenía 7 metros de altura y entró varias cuadras tierra adentro pese a lo abrupto de la costa. Mató únicamente a 2 trabajadores portuarios, pero dejó casas en ruinas y autos destruidos en todo el frente urbano. Hay algunos testimonios fotográficos del tsunami que golpeó a Bariloche en 1960.
El 9 de julio de 1958, un terremoto de escala Richter 7.7 desmoronó unos 30 millones de metros cúbicos de roca y tierra en Bahía Lituya, al Sureste de Alaska y al norte del golfo de ese estado. Esta bahía, parecida en realidad a un lago glaciario pero algo abierto al mar, como muchos fiordos chilenos o noruegos, tiene 14,5 km. de largo y 220 metros de profundidad. La ola que levantó el deslave midió 520 metros de altura -un record en tiempos históricos- y se propagó por la bahía a 220 km/hora. No había cómo escapar.
Esa zona en 1958 era tan agreste y deshabitada que sólo murieron 5 personas, todas embarcadas. El bote pesquero de Vivian y Bill Swanson, el Badger, fue surfeando involuntariamente la ola hasta la entrada de la bahía, donde finalmente se hundió, pero antes alcanzó a estar más de 30 metros sobre el nivel de las laderas donde las rocas están desnudas porque los árboles no llegan a crecer. El matrimonio, milagrosamente vivo, pudo ser rescatado. Howard Uhlrich y su hijo de siete años lograron increíblemente salvarse de la ola arremetiendo contra ella en oblicua, y la potencia del motor de su nave, el Erdrie, les permitió escalarla hasta sobrepasar su coronamiento sin naufragar. Otros dos pescadores, Orville Wagner y su esposa, a bordo del Sunmore, fueron aplastados por la pared de agua.
Según el investigador debería elaborarse un plan de evacuación masiva en caso de ser necesario, pero antes de eso, cree necesario instalar un centro de monitoreo en la zona.
«El Estado tiene instituciones con los recursos necesarios para controlar el movimiento de las placas. No es necesario evacuar Traful de un día para el otro, pero no podemos descartar que se produzca una desestabilización repentina, un proceso catastrófico. Hay que considerar que los antecedentes de actividad sísmica en el área podrían acelerar este proceso», señala el geólogo.
La noticia del desplazamiento de la ladera era conocimiento común entre la gente de Villa Traful y alrededores mucho antes de la primera visita de los profesionales del Conicet en 2010. «Los viejos pobladores ya habían notado que las raíces de los arboles se abrían en dos y que las rocas se agrietaban, pero lo veían como algo natural, no como una amenaza», cuenta una vecina de Traful, Gabriela Canale.
«Con el paso del tiempo empezaron a circular distintas versiones sobre un tsunami, muchas de ellas alimentadas por los nuevos vecinos. Pero nunca se notó pánico en la población. De hecho, algún que otro vecino se ríe o bromea con la idea de una ola gigante», comenta.
Gabriela, de 49 años, integra un grupo de prestadores turísticos y guías de montaña que van a las escuelas, charlan con los vecinos e informan a los visitantes sobre los movimientos de rocas hacia el lago.
«Estamos trabajando en la conservación del bosque, pero al momento no pedimos al municipio más estudios sobre los movimientos de rocas. También aquí hay muchos que consideran que se trata de mala prensa. No sé. La verdad es que si viene un tsunami aún nadie nos dijo cómo, cuándo ni dónde ocurrirá», comenta.
«Ese fenómeno -que se ve en la película «La última ola»- es el que se podría repetir en el sur argentino. Es el antecedente más cercano que tenemos. Por eso es importante que el Estado se ocupe», insiste Folguera.
Costa del lago Traful, en Neuquén. (Imagen cortesía de Enrique Garabetyan)
El dólar cerró en $ 58,44, pero el que se compra para enviar al exterior («contado con liqui») saltó a $ 71,23; la brecha es casi del 30%.
El riesgo país subió un 3,5%, llegando a los 2.167 puntos básicos.
Los inversores aceleraron liquidación de bonos, que se hundieron hasta 10,5%.
Las reservas brutas del Banco Central descendieron ayer en 60 millones de dólares.
En AgendAR creemos que no es necesario comentar estos titulares. Ya hemos dicho todo lo que podíamos sobre una política que confiaba en la apertura financiera y el libre movimiento capitales, sin proteger el mercado interno ni tampoco la capacidad exportadora.
Según el último informe sobre el estado de las Redes Sociales de GlobalWebIndex, América Latina es la región del mundo donde las personas más horas pasan conectadas a las redes sociales.
Sin embargo, el país más adicto está en la otra punta del mundo, Filipinas con 241 minutos al día de media. A esta nación asiática le siguen en este ranking Brasil y Colombia, con los usuarios que más horas pasan metidos en redes sociales como Facebook o Instagram.
Según ese estudio, los brasileños pasan una media de 225 minutos diarios en alguna red social. Esta cantidad es ligeramente superior a la del año anterior, es decir crece. En Colombia, los usuarios están 216 minutos al día frente a las pantallas viendo este tipo de contenidos.
La quinta posición de este listado a nivel mundial está ocupada por Argentina y en octavo lugar está México.
Los usuarios más jóvenes, en todas las regiones, los que más horas pasan frente a sus pantallas. Además, se calcula que de todas las horas que una persona pasa en Internet, la mitad se destinan a las redes sociales.
En 2016, la cifra de las horas que pasábamos en redes sociales era mucho menor, según un estudio de la misma entidad. Concretamente, hace sólo 3 años el usuario medio de Internet pasaba 109 minutos al dia en las redes sociales. La adicción crece.
Marcelo Bonelli, columnista de Clarín, decía ayer esto «El Fondo Monetario recién evaluará enviar el crucial dinero pendiente (U$S 5.400 millones) después de las elecciones de octubre. La cúpula del FMI adoptó todas las medidas burocráticas posibles para estirar al máximo los plazos y negociar el giro de divisas con quien gane el 27. En Washington consideran que ese día Alberto Fernández será el nuevo Presidente. En caso de que -con sorpresa- haya balotaje, el desembolso se demoraría hasta diciembre.
Con esta resolución política, el Fondo pondrá en “máximo estrés” a la Argentina: la economía necesita antes de fin de año 7.000 millones de dólares frescos para cerrar sus precarias cuentas. Ahora en Wall Street los informes confidenciales del JP Morgan, Merrill Lynch y Moody’s advierten a sus clientes sobre un eventual default. La posición del organismo se desprende de las propias y frías declaraciones de su vocero. Gerry Rice confirmó este jueves que Hernán Lacunza viajará a fin de mes para hablar del desembolso.
El encuentro con la cúpula del Fondo sería el 24 de septiembre. Aun cuando le fuera excelente al ministro en su negociación, el burocrático cronograma para aprobar el desembolso diferiría todo para después de octubre. En otras palabras: el FMI no va a anunciar la postergación del giro, pero va hacer todo lo necesario para la estirar los plazos y negociar con el presidente electo».
Parece que no es sólo el F.M.I. quien ha cambiado su actitud hacia Mauricio Macri.
Se anunció el congelamiento de las tarifas del servicio de Internet hasta febrero de 2020 «para acompañar a las Pymes y cooperativas que brindan el servicio de transmisión de datos provisto por ARSAT». Típica medida de tiempos electorales, pero válida, aunque sólo sea por 6 meses. El problema es que en la mayoría de las pequeñas localidades, y en muchas de las grandes, el acceso a Internet es muy pobre. Aquí explicamos porqué.
El anuncio lo hizo el presidente Macri, a través de su cuenta de Twitter, donde expresó que «el servicio de internet mayorista de ARSAT llega a localidades de todo el país a través de PyMEs y cooperativas. Para acompañar a estas empresas bajamos y congelamos las tarifas que pagan por el servicio».
El Jefe de Estado explicó que «hasta febrero el precio va a estar congelado», y destacó que la medida «va a ayudar también a los usuarios finales, porque las PyMEs van a poder invertir en tendidos domiciliarios». La medida está destinada a «mejorar» la infraestructura y para «aumentar la velocidad del servicio sin que impacte en las facturas de los consumidores», precisó el presidente. Este anuncio merece ser mirado con lupa.
Una presencia llamativa entre los beneficiarios de ésta y otras medidas tomadas por ARSAT durante la administración macrista es Intercargo, megacooperativa integrada por un par de centenares de típicas cooperativas de servicios de pequeñas ciudades del interior… y el Grupo Clarín (Fibertel-Cablevisión). Esta composición societaria es tan sorprendente como descubrir un Jumbo Jet en un hangar de avionetas. Es conmovedor que al otorgar beneficios a los operadores minúsculos, el presidente Macri no discrimine a los gigantes.
La red de ARSAT es, desde que empezó a construirse a todo vapor en 2010, una inversión pública descomunal. Sumando su red troncal propia más las preexistentes que compró, más las provinciales en construcción o en fideicomiso, más los intercambios con redes de otras firmas, ya son más 46.600 km. de fibra óptica cuyo ancho de banda duplica (por dar una comparación) al habitual en Telefónica, simplemente por el grosor y la calidad óptica del cable.
Esta enorme telaraña, en general enterrada a 2 metros de profundidad y con no pocos blindajes, tiene una arquitectura básica anillada que la vuelve bastante invulnerable a cortes accidentales o intencionales de los tramos troncales, y tiene 1700 nodos de acceso.
Al otorgarle descuentos adicionales sobre un peaje «bajito» a los grandes usuarios de la red (las «Telcos», el citado Grupo Clarín), ARSAT rara vez logra mejorar el ancho de banda o la calidad de servicio en «última milla». Este es el tramo de conexión entre un ISP, o proveedor local de internet, y la casa del usuario de a pie. Los ISPs que no tienen competencia local normalmente embolsan la diferencia muy agradecidos, y dejan las cosas como estaban: anchos de banda de 2 Mega o inferiores a cada cliente, precios altos, horarios diurnos en que la demanda satura las exiguas redes locales y las conexiones se interrumpen o las máquinas se cuelgan, etc. El usuario de a pie a veces vive sacado y reclamando por teléfono.
Ante tan desigual situación, los intendentes tienen acceso a un plan B: ARSAT les da la opción de que el municipio se transforme en un ISP, o proveedor de internet local y mejore la cantidad de usuarios y la calidad del servicio. Si hay algo que ARSAT puede ofrecer en cantidades aplastantes, es, justamente, ancho de banda. «En 2 años tiramos más fibra óptica que Telefónica en 22 años, y con el doble de ancho de banda», relataba en 2014 un ingeniero de ARSAT (hoy cesanteado).
Pero algo falla en la comunicación de la empresa, porque los intendentes, incluso aquellos que tienen desde hace uno o dos años una caja de conexiones de ARSAT instalada en sus ciudades, rara vez se enteran de esta posibilidad. En algunos casos extremos, no saben para qué sirve ese cajón blanco que la firma dejó en un predio cedido por el municipio, es decir que en términos comunicacionales, sus votantes se mueren de sed a orillas de un río… cuya existencia no conocen, y él/ella tampoco. Y no es enteramente su culpa.
En estas cosas la Argentina aprende por prueba y error, pero es evidente que en esta administración los beneficios de antes llamada Red Federal de Fibra Óptica, rebautizada Plan Federal de Internet desde 2016, se están repartiendo mal. La red ha sido sin duda la mayor que se ha hecho en integración territorial desde que los ingleses construyeron los ferrocarriles a fines del siglo XIX y principios del XX. Pero los mayores beneficiarios vienen siendo las «Telcos», y a la cabeza de ellas desde que se autorizó la fusión de Cablevisión con Fibertel, el Grupo Clarín. La red ha crecido en tamaño y es previsible que superará con creces los 51.000 km. a los que quería llegar la administración que fundó ARSAT en 2006, época en que esa cifra parecía utópica.
La utopía casi está completa. Pero el márketing de la Red Nacional se ha desvirtuado para eximir de tener que invertir en redes propias a los dueños del negocio de la información y el entretenimiento. En conclusión, la calidad terminal de Internet en miles de ciudades del interior sigue siendo pésima.
