En los últimos meses hubo reclamos por la caída del presupuesto público para investigación en Argentina. Si bien es cierto que el gasto en ciencia se redujo fuertemente, no es una situación nueva ni es el único problema de la ciencia en el país. Una búsqueda rápida en Google muestra que esta discusión, en términos casi idénticos, se dio en el país periódicamente desde, por lo menos, el retorno de la democracia.
La discusión, entonces, debería centrarse en por qué no pudo el país desarrollar un sistema científico de nivel internacional y cómo puede hacerlo. Este comentario se refiere al sistema; hay que reconocer que han surgido algunos investigadores y centros de primer nivel internacional.
Argentina no está sola en esta discusión ya que nos precedieron muchos países, incluyendo los de la Comunidad Europea, de la OCDE, China y Singapur. Y si bien las propuestas de políticas han sido similares en todos los casos, las disparidades en los resultados alcanzados muestran la dificultad de implementarlas.
Los reclamos por mayores inversiones públicas en ciencia comenzaron en 1945 en Estados Unidos con la publicación de Ciencia – la frontera ilimitada. Esta publicación argumentaba que la ciencia, especialmente la básica, era la base de todo conocimiento, que las investigaciones científicas eventualmente siempre generaban beneficios económicos y sociales, y que sólo los investigadores podían decidir qué se debía investigar y evaluarse a sí mismos. Estos principios fueron la base de las políticas científicas por cerca de 50 años y a veces todavía se escuchan estos argumentos.
A partir de la década del 90, los estudios sobre gestión de la ciencia descubrieron tres hechos importantes. Primero, que la calidad de los investigadores tiene una distribución muy asimétrica; es decir unos pocos investigadores sobresalen y la gran mayoría están por debajo de la media. Por ejemplo, menos del 10% de las universidades norteamericanas se consideran de alta calidad.
Con la globalización todos los investigadores del mundo comenzaron a competir entre sí, lo que hizo más evidentes las diferencias de calidad. Si bien no hay estudios sobre el tema, es de esperar que la calidad de los investigadores argentinos tenga la misma distribución que en el resto del mundo. Segundo, que los beneficios de las actividades científicas dependen no sólo de su calidad sino también de cómo los investigadores interactúan con actores no académicos del sistema de innovación. Tercero, que la autorregulación de los investigadores a menudo fracasa lo que resulta en sistemas científicos de baja calidad, aunque en los mismos es posible encontrar algunos investigadores de altísimo nivel.
Por esta razón, es necesario tener sistemas de evaluación gestionados por actores no académicos. Estos problemas aumentaron en los últimos años por la creciente complejidad de las investigaciones científicas, el rápido crecimiento del stock de conocimientos científicos y la globalización de la ciencia.
De acuerdo con las políticas científicas modernas los tres factores más importantes para fortalecer los sistemas científicos son el énfasis en una rigurosa evaluación, las interacciones con actores no académicos y el sostenimiento de las políticas por varias décadas. Es decir, los presupuestos adecuados son necesarios pero no alcanzan si no se establecen sistemas de evaluación de las instituciones y de los investigadores adecuados y efectivos (especialmente con evaluadores internacionales para minimizar posibles conflictos de intereses).
También es decisivo promover la integración de los investigadores en redes internacionales de investigación e innovación, impulsar la participación de investigadores extranjeros en investigaciones en el país, instituir incentivos para la integración de los científicos en el sistema nacional de innovación, definir prioridades para el sistema y (permitir la participación de actores interesados no académicos (stakeholders) en la gobernanza del sistema de investigación y de sus centros.
La experiencia internacional demuestra que es muy difícil fortalecer los sistemas nacionales de investigación ya que se requieren inversiones importantes, estabilidad en las políticas y programas de fortalecimiento institucional. Por ejemplo, China y la Comunidad Europea han mantenido por más de 20 años políticas científicas con los “componentes apropiados” pero los resultados han sido muy variables.
En síntesis, la discusión sobre el presente y futuro del sistema nacional de investigación no puede reducirse a reclamos por mayor presupuesto. Es necesario que todos los actores interesados, académicos y no académicos, trabajen con los partidos políticos para definir una política de estado para la ciencia y que se comprometan los recursos financieros, humanos y organizacionales necesarios para su implementación. Finalmente, es necesario monitorear la implementación de las políticas y que los responsables de implementarlas rindan cuentas de los avances de la implementación.
(*) Doctor en economía agraria (Universidad de California, Davis), especialista en políticas científicas y de innovación; consultor de organismos internacionales, gobiernos y actores privados y de la sociedad civil.
La agencia Bloomberg puso a la Argentina primera en su ranking de los países emergentes más vulnerables a un sacudón en los mercados de capitales internacionales. Detrás de ella siguen Turquía, Sudáfrica, Egipto y Colombia.
Esta noticia fue tomada por todos los medios, porque Bloomberg es la agencia global de noticias financieras. La diferencia en su mayor o menor cercanía al gobierno de Macri se nota en el espacio que le dieron.
Y, también, en algo que en AgendAR queremos desmentir: que el motivo de esta mala ubicación en la lista de «riesgosos» es la cercanía de las PASO. Ese es un factor local, y muy de coyuntura. La vulnerabilidad financiera de nuestro país no habrá cambiado el 12 de agosto, cualquiera sea el resultado.
Los motivos de Bloomberg son otros. Tomamos el correcto resumen de iProfesional: uno es un muy elevado porcentaje de deuda externa de corto plazo con respecto del PBI (40,5%). A eso se suma una de las inflaciones más altas del mundo, con una desviación de 35,8 puntos porcentuales por encima de la meta (Bloomberg toma el 10% alguna vez planteado por el Gobierno como objetivo).
También pesan un muy bajo ratio de reservas internacionales de cobertura (85,9%, frente al 159,9% de Brasil o el 133% de Colombia) y un déficit de cuenta corriente del 2% del PBI.Argentina tiene también un mal puntaje en el apartado que Bloomberg denomina «Efectividad de Gobierno» (0,16 contra 0,85 de Chile).
También influye, sino en la calificación en el ánimo de los inversores, el anuncio de la provincia de Chubut que buscará extender los plazos de los vencimientos de su deuda por unos US$ 600 millones. No es demasiado alarmante: están garantizados por las regalías petroleras.
Nos interesa destacar -en AgendAR siempre rechazamos el «catastrofismo»- que lo que hace Bloomberg es un análisis financiero, para beneficio de su público, inversores o especuladores, que sólo les interesa saber sobre la seguridad de sus fondos. En ese plano, si comparamos a la Argentina con una empresa, se puede decir que tiene una gerencia de finanzas audaz e irresponsable, que se endeudó en forma exagerada, y está pagando intereses insostenibles.
Pero también alguien que analice con seriedad el balance de esta empresa de la que todos los argentinos participamos, tiene que reconocer que sus «fundamentals», es decir, sus recursos y potencialidades, son muy buenos. Si hasta Bloomberg, esta misma semana, predice que el próximo presidente argentino tendrá un boom de commodities en 2020, con las cosechas y el petróleo de esquisto. En AgendAR preferimos confiar en las capacidades de nuestra gente.
Para ser precisos, este estudio fue elaborado por cinco organismos multilaterales: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y Argentina es considerada en un informe que abarca 140 países “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019”.
Pero los números de nuestro país se destacan: las personas que experimentan “inseguridad alimentaria moderada o grave» en Argentina crecieron de 8,3 millones en el bienio 2014-2016 a 14,2 millones entre los años 2016 y 2018. Se trata de un incremento de 71%, uno de los saltos más importantes registrados en el mundo, junto con Nigeria, Tayikistán, Afganistán, Egipto, Sierra Leona y Botswana«.
Para las Naciones Unidas, la definición de inseguridad alimentaria “moderada” es cuando las personas afrontan “incertidumbres sobre su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligadas a reducir, en ocasiones durante el año, la calidad o la cantidad de alimentos que consumen debido a la falta de dinero u otros recursos”.
La FAO indica que en América Latina y el Caribe, “las tasas de subalimentación han aumentado en los últimos años, en gran parte como consecuencia de la situación en América del Sur, donde el porcentaje de personas con hambre aumentó del 4,6% en 2013 al 5,5% en 2018”. Ese aumento, según el organismo con sede en Roma, se corresponde principalmente con la desaceleración económica experimentada por varios países de la región, especialmente la República Bolivariana de Venezuela, donde la prevalencia de la subalimentación asciende actualmente al 21,2% de la población.
Si bien la subalimentación (proporción de la población que no cumple con los requerimientos energéticos diarios mínimos para llevar una vida saludable y activa), es el indicador tradicional que la FAO utiliza para hacer un seguimiento del hambre en el mundo, en el informe de este año se introduce un segundo elemento: la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave. Dicho indicador fue elaborado para complementar la información proporcionada por la prevalencia de la subalimentación y ofrecer una perspectiva más amplia sobre la dimensión de la seguridad alimentaria relativa al acceso a los alimentos.
Para acceder al informe de las Naciones Unidas, cliquear aquí.
El litio es uno de los materiales cuya demanda creció más en los últimos años, y probablemente seguirá creciendo por algunas décadas, al menos. Este metal blando, alcalino y muy reactivo, que se oxida muy fácilmente en contacto con el aire o el agua, se utiliza principalmente para la fabricación de baterías como las que usan los teléfonos celulares, las notebooks, y cada vez más los autos eléctricos y en dispositivos usados para almacenar energía solar y eólica. Pero a veces las expectativas van más rápido que el mercado, todavía no «maduro» y donde hay pocos jugadores.
La demanda de litio a nivel mundial fue constante, y limitada, hasta 2015, cuando pegó un primer salto importante. Desde ese momento hasta 2017, la Argentina, tercer productor mundial, incrementó su cuota un 50%. Según un informe de este año del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la demanda del metal continuará subiendo casi un 80% al menos hasta 2025 pasando de 234.788 a 422.614 toneladas. Algunos analistas estiman que ya para la década de entre 2030 y 2040 la demanda alcanzará el millón de toneladas. El impulso estará apalancado principalmente en su uso para baterías recargables, en particular para los autos eléctricos e híbridos, ya que las automotrices están, aunque con demoras, profundizando su desarrollo. La cuestión es saber si surgirán alternativas al empleo de litio para almacenar electricidad (algunos científicos piensan en el sodio, mucho más abundante que el litio).
El informe del BID hace una aclaración. “En primer lugar, en relación con otros productos mineros como el oro y el cobre, el mercado del litio es casi insignificante. El volumen comercializado de oro en el mundo asciende a casi u$s 125.000 millones, y el de cobre a u$s 95.000 millones. El mercado del litio, en tanto, se ubica en torno a los u$s 2.000 millones, con una proyección optimista de u$s7.700 millones para el año 2022”. Y agrega: “Aun para la Argentina se trataría de una modesta fuente de divisas: un informe del entonces Ministerio de Energía y Minería señala que las exportaciones de litio en 2016 llegaron a u$s 190 millones y, en 2017, la cifra aumentó a u$s 224 millones. Si se concretan algunos de los proyectos en desarrollo, esa cifra podría escalar hasta u$s 880 millones en los próximos años. Sin embargo, estos valores no resultan significativos cuando se comparan con las exportaciones totales del país, que en 2017 rondaron los u$s 58.000 millones, y tampoco son demasiado elevados dentro de la propia minería, cuyas exportaciones oscilan entre los u$s 3.520 millones el mismo año. El flujo neto de divisas sería aún menor si se consideran las importaciones de bienes y servicios realizadas para la operatoria de los salares, y los dividendos y regalías girados al exterior por parte de las empresas concesionarias”.
El BID también afirma que “dado el carácter de capital intensivo de los procesos mineros, tampoco se puede esperar un gran impacto en materia de empleo (más aún si se consideran las tendencias a la automatización en el sector). “En síntesis, la influencia que la minería del litio tendría sobre los agregados nacionales sería muy limitada aunque, por supuesto, no despreciable en un país siempre urgido por la necesidad de inversiones, divisas y empleo”, remata. Sin embargo, sí tienen un fuerte impacto en los presupuestos provinciales, especialmente en Catamarca, Jujuy y Salta.
Localmente, hay una mirada más optimista. Argentina produce hoy algo más de 30.000 toneladas de litio. Franco Mignacco, presidente de la Cámara Minera de Jujuy y prosecretario de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), sostiene que “si todos los proyectos que están en análisis se concretan, y se alcanza una producción cercana a las 200.000 toneladas, Argentina podría estar exportando en litio lo mismo que de carne, y así se convertiría en un producto muy importante en la balanza comercial del país”.
Mignacco explica que gracias a los proyectos que están en marcha, para 2023 habría unas 70.000 toneladas adicionales. Una ventaja que tiene la Argentina es que el estado en el que se encuentra su litio en la naturaleza tiene un costo más bajo de extracción. Pero el directivo de la cámara minera afirma que “hay que trabajar fuertemente los costos, porque si hay un ajuste hacia abajo del precio podés quedar rápidamente fuera del mercado”. “El precio subió bastante desde 2016. Pasó de cerca de entre u$s 6.000 y u$s 7.000 la tonelada a entre u$s 13.000 y u$s 14.000, aunque ahora hubo un ajuste porque se contrajo la demanda. Pero para adelante, con la proyección de demanda que hay, tampoco se ven muchas fluctuaciones; quedará entre los u$s 10.000 y u$s 12.000”. Además, es optimista sobre la demanda: “Lo que está un poco demorado es la fabricación masiva de autos eléctricos, que se pensaba que en 2025 iba a haber una demanda mayor, pero si se mira para adelante todas las compañías automotrices están trabajando para tener entre 2030 y 2040 más de la mitad de sus autos eléctricos. De la mano de eso va a venir el gran empuje en la demanda de litio, que se prevé se puede cuadruplicar de cerca de las 250.000 toneladas de la actualidad”.
En todo caso, existe un consenso sobre una “ventana de oportunidad” (¿en torno a los 20 años?) para explotar la riqueza del litio disponible en la Argentina, ya que los pronósticos sugieren que, tarde o temprano, dicho material será reemplazado por otros o incluso por el reciclado de las baterías agotadas.
Argentina se encuentra en lo que se denominó “el triángulo del litio”. Lo conforman también Chile y Bolivia. En el caso de este último país aún no están cuantificadas con certeza las reservas del metal. En materia de producción, Australia ocupa el primer lugar con más de 100.000 toneladas al año, seguido de Chile con 75.000. Nuestro país está en el tercer escalón con 30.400, casi el doble que China. Pero la producción en la Argentina podría crecer significativamente de concretarse los proyectos en danza.
Guillermo Garaventta, un científico argentino que investiga en el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata sugirió que el Estado tendría que crear un «Yacimientos Litíferos Fiscales». En una entrevista para el medio «Blanco sobre Negro» Garaventta, una referencia sobre sistemas de almacenamiento de energía basados en litio, manifestó que el Estado debería controlar y administrar la extracción, procesamiento y distribución del litio que se saca del país.
Esta propuesta no es «insólita» -adjetivo usado para descalificar a las ideas que no están de acuerdo con el que la comenta. Tanto en Chile como el Bolivia, países con políticas bien distintas, el litio es considerado un material estratégico.
Un objetivo más ambicioso es la fabricación de baterías de litio en nuestro país. Por ahora, hay un ensayo: en Jujuy comenzó la construcción de una planta de batería de Ion Litio, que será gerenciada por la empresa Jujuy Litio, integrada por Jujuy Energía y Minería, Sociedad del Estado y por la compañía italiana SERI. Se afirma que Argentina no exportará baterías a China o a EE.UU. Seguramente: prefieren fabricarlas ellos mismos. Pero no hay ninguna razón estructural para que no las utilice en sus propios productos, si se anima a retomar su vocacion industrial.
Hace dos años y tres meses, la quita del arancel del 35 % a la importación de notebooks y tablets, posibilitó que ingresaran al mercado local una variedad de modelos. Hasta ese momento, casi la totalidad de lo que se vendía era fabricado -en realidad, ensamblado- en el país. Ese cambio en la regulación, según la promesa del gobierno, provocaría una baja de los precios, cosa que efectivamente ocurrió en los primeros meses. Pero la corrida cambiaria del año pasado, y el hecho de tener los valores de referencia en dólares (por la importación), hizo que la tendencia se revirtiera.
Lejos de calmarse, Argentina siguió al tope en los rankings de precios, incluso en dólares: un estudio de la consultora Linio de fines de junio determinó que Argentina es el segundo país más caro de la región para comprar notebooks (el primer lugar lo ocupa Perú). Para los resultados se calculó el precio promedio de cada artículo por país para su comparación internacional. Y se examinaron los montos de cada uno de los productos en por lo menos tres tiendas en línea. Se contabilizaron incluso los impuestos y otros costos asociados de compra.
El promedio en dólares de una notebook en Argentina es de 886, mientras que en Chile es 882, 682 en Colombia, 779 en México y 1151 en Perú.
Lo mismos datos de Linio, que compara online, se verificaron en la consultora GFK que releva los valores en tiendas físicas, no solo en la Argentina; a pedido de La Nación, comparó los costos locales con otros en la región (Brasil, Chile, Colombia y Perú): allí, el resultado en principio parecía ser inverso; es decir, en el promedio total de todos los modelos que se venden en el país, Argentina era más barata. De hecho, son los números que maneja el gobierno. Pero en la comparación real, teniendo solo en cuenta los modelos que más se venden, en casi todos los casos Argentina es más cara que el resto; para ello se evaluó igual procesador, disco rígido y RAM. En algunos casos, puede haber una diferencia del 45% por encima del valor con un modelo en Colombia o del 38% con Chile. Con Brasil, las diferencias son más ajustadas.
Por qué Argentina está «más cara»
Los electrodomésticos en general fueron muy golpeados en el último año. En mayo, las ventas cayeron un 33,2% interanual, según GFK. Y, más allá del precio, las computadoras no estuvieron exentas de la caída del consumo: la comercialización de notebooks, PC de escritorio y tablets se redujo un 41%, en mayo de este año respecto hace 12 meses.
Pero en cuanto al precio: el impacto en pesos tiene lógica al evaluar la suba del tipo de cambio. Pero, ¿por qué aún el país sigue caro en dólares? Uno de los que se adaptaron al nuevo modelo de importación, señala que no solo hay que tener en cuenta la baja de aranceles. «Eso no resuelve el asunto», explica. «Es cierto que eso influye en el costo de importar, pero los costos comerciales están peor que antes, con bajo volumen de venta, estructuras comerciales muy grandes, y una carga de impuestos sobre la venta enorme».
«El tipo de cambio en el país siempre se transforma en dólar futuro. La gente se tiene que asegurar por las deudas que tiene que pagar al exterior. Y hay estructuras comerciales y financieras pesadas para llevar a cabo el precio. La carga impositiva fue aumentando. Hoy todos los municipios te piden tasas. En una venta al público, hay que tener en cuenta ingresos brutos, el impuesto al cheque, la carga de la tarjetas, el costo de logística y envío. Es por eso que las estructuras comerciales necesitan un amplio margen para poder soportar todos los impuestos. Es por eso que a pesar de estar con aranceles bajos, luego se dispara el precio».
Otra fuente de la industria coincide con ese planteo: «el precio alto tiene que ver con la combinación de tasas y el sobrestock, o la inmovilización del capital. Y muchas veces hay que cubrirse de los costos de financiamiento», señala. «En algún momento del año pasado, apenas empezó la corrida, hacíamos bromas internas que los chilenos ahora venían a comprar acá las computadoras, pero eso ya cambió nuevamente hasta que se ajustaron los precios», señala. A la vez explica: «Argentina todavía está tratando de encontrar su dinámica de mercado. Hay muchos elementos que conspiran contra el precio. No es inmediato, pero una baja de las tasas, podría ayudar a bajar los precios».
El caso de las notebooks, entonces, echa luz sobre los problemas de la inflación y la competitividad de la industria argentina.
Como anticipamos hace dos semanas en AgendAR, el FMI autorizó al Banco Central a vender contratos de «dólar futuro» por hasta u$s 3.600 millones. La decisión implica para la autoridad monetaria pasar de los u$s 1.000 millones del límite actual a un nuevo máximo a septiembre próximo. Esta medida le da más capacidad de acción al Central en cuando el tipo de cambio está más presionado por la cercanía de las PASO. Y el agro ha dejado de liquidar divisas en los montos que lo hacía hasta junio.
Ayer el dólar superó los $ 44 en el mercado minorista y se acercó a los $43 en el mayorista, lo que motivó la intensa participación del Banco Central en el mercado de futuros, con el objetivo de evitar más saltos bruscos.
Así, la autoridad monetaria volvió a vender contratos de futuros, con mayor intensidad que días pasados. Los precios del dólar en el mercado de futuros para fines de julio y agosto, terminaron a $43,345 y $45,38, respectivamente.
Para finales de septiembre, la cotización aumentó a $47,462; y para fines de octubre cerró a $49,55.
Para los últimos meses del año, la moneda opera arriba de los $51: para noviembre terminó a $51,58; u para fines de año llega a $53,79.
Se puede considerar un buen seguro de cambio, para los que especulan con las altísimas tasas que ganan los depósitos en pesos.
El proyecto de acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue considerado para lo inmediato por muchos -entre ellos, AgendAR- como un tema de la campaña de reelección en que está empeñado Macri. Hay un aspecto estratégico en el largo plazo, de una negociación que ha durado 20 años, y consecuencias serias para las economías locales. Pero… el tratado no entra en vigor hasta que sea aprobado por los Parlamentos de todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea y del Mercosur. Unos dos años, por lo menos…
Pero hace una semana el periodista Martín Dinatale publicó una nota que, extrañamente, tuvo poca repercusión, salvo en algunos medios. Ahí se dice que el gobierno de Macri, y algunos presidentes del Mercosur están pensando en un esquema para acelerar el proceso de instrumentación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea por medio de un mecanismo de «implementación provisional».
Éste se pondrá en marcha una vez que haya una aprobación del pacto de libre comercio de parte del Parlamento europeo y de uno de los congresos de los países del Mercosur.
El canciller argentino Jorge Faurie, revela la nota, sostuvo que el acuerdo del bloque regional con la Unión Europea fue un «punto de inflexión en la agenda de crecimiento». Y que en la reunión de jefes de Estado del Mercosur que se realizó en Santa Fe adelantó se buscará definir «una adecuación inmediata a las necesidades del Mercosur».
El secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería Horacio Reyzer adelantó que el mecanismo de «implementación provisional» se acordará en esa cumbre de Santa Fe y permitiría a cada país instrumentar automáticamente el acuerdo con la Unión Europea una vez que lo apruebe el Parlamento de ese bloque y el Congreso de cada país. Es decir, los estados miembros del Mercosur no deberán esperar a que los parlamentos de Paraguay, Uruguay, Brasil o Argentina avalen el acuerdo sellado en Bruselas hace algo más de un mes.
«Hay que aprovechar lo antes posible los beneficios que tiene este acuerdo con un mecanismo de vigor provisional que sea vigente en cada país», insistió Reyzer. «De esta manera, los productos que se importen o se exporten del bloque a Europa tendrán la posibilidad de liberar sus aranceles al cien por ciento».
También la negociadora de Uruguay, Valeria Csukasi, expresó que «hoy necesitamos instrumentos efectivos que den una rápida respuesta a lo que están pidiendo nuestros sectores exportadores y productivos de nuestros países», y, así, alentó aquel mecanismo de «aprobaciones bilaterales» del acuerdo que ven en la misma línea de lo que plantearon Reyzer y Faurie.
Como se ve, los diplomáticos que cita la nota son a la vez entusiastas y confusos. Ni Talleyrand ni Metternich habrían aprobado estos trascendidos. Y no ha habido declaraciones oficiales sobre el tema después de esa reunión. Pero considerando que las negociaciones para el borrador del tratado -publicamos los capítulos aquí– han sido secretas, para el periodismo y para el Congreso- y que no se ha consultado ni a las entidades empresarias, ni a los gremios y tampoco a las provincias… es conveniente que los argentinos que no estamos en el gobierno sigamos de cerca este tema. Se juegan demasiados temas fundamentales de la economía.
El consumo popular sigue en baja: Las ventas en los supermercados volvieron a caer 13,5 % interanual en mayo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). También mostraron caídas, en el mismo lapso, los autoservicios mayoristas y los shoppings.
En las góndolas, las ventas acumulan 11 meses consecutivos de caída: desde julio de 2018. Y en lo que respecta a este año, las bajas promediaron siempre los dos dígitos. A precios constantes, las ventas sumaron un total de $22.872,2 millones, lo que representa -también- una caída de 1% respecto del mes anterior.
Para compensar la pérdida de ingresos por la demanda, las cadenas de supermercados fueron reduciendo la cantidad de personal en sus megalocales. Según los datos oficiales, en un año, se contabilizaron 3.288 empleados menos en los super.
Otro dato que surge del informe oficial: de las ventas totales a precios corrientes, el 34% de las compras se pagó en efectivo; el 27,3%, con tarjeta de débito y el 35,4, con plásticos de crédito.
El informe detallado del organismo oficial también dio cuenta de que las ventas en los autoservicios mayoristas, aquellos suelen proveer a los autoservicios chinos y almacenes de barrio, también tuvieron una caída del 13,5 % en un año.
La información oficial, se completó además, con la evolución de las ventas en los shoppings, que alcanzaron un total de $ 3.430,2 millones, según el organismo que conduce Jorge Todesca. Esto representa un aumento de 5,5% respecto al mes anterior y una disminución de 18,7% a nivel interanual.
partir del análisis de estos datos informados por el INDEC, el economista NadÍn Argañaraz, del IARAF, explicó que «el sector del Comercio viene siendo el de mayor incidencia en la caída de la actividad económica, reflejando la fuerte contracción del consumo que ocasionó la caída de poder adquisitivo real luego de la crisis de 2018″. Según este analista, «abril fue el piso de la contracción. Para que el consumo comience a recuperarse y con él, la actividad económica, es necesario una baja sostenida de la inflación».
La minería en gran escala ha empezado a ser importante en Argentina desde hace relativamente poco tiempo: finales del siglo XX. Pero ya despertó críticas y reacciones negativas. En el plano de la economía, por la mínima carga impositiva en comparación con el monto de las explotaciones y la falta de controles. Y en el del medio ambiente, por el gigantesco consumo de agua y los residuos tóxicos que necesariamente produce.
Esto último termina siendo la factura más pesada que deben levantar los gobiernos que la autorizan. No tanto por los ambientalistas que cuestionan desde las grandes urbes lejanas; son los pobladores locales -seguramente menos- pero que se juegan su forma de vida. Y que dicen que las mineras se llevan el mineral y les dejan después un paisaje destruido y envenenado. Es un problema grave en todos los países mineros.
Abriendo el paraguas, el gobierno confía en lograr en los próximos meses los consensos necesarios para presentar un proyecto de ley que prevea el cierre de las minas cuando finaliza la explotación. Para eso vienen trabajando con referentes del sector y diseñando los instrumentos financieros para fondear los emprendimientos.
«Necesitamos contar con una herramienta regulatoria de gestión para llevar adelante la etapa de todo proyecto minero que es el cierre de una operación y los controles post cierre, sin perder de vista sus aspectos financieros», resumió la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez.
En estos días se avanzó en las discusiones sobre las garantías financieras que se incorporarán al anteproyecto de ley. Este mismo está en fase de revisión y consultas. Sánchez señaló también que la finalidad es: «Aportar una regulación que ofrezca variedad de instrumentos financieros que contemplen toda escala de proyectos, que promueva las mejores prácticas de gestión de cierres progresivos, y que no impacte con fondos comprometidos tempranamente para que al cabo de una operación haya que remediar daños no gestionados oportunamente».
La funcionaria agregó: «Las mejores prácticas implican el fondeo progresivo de los esfuerzos de gestión para prevenir daños acumulados al ambiente y para que el proyecto internalice la inversión social y ambiental que el cierre implica”.
Desde hace tiempo
Sánchez participa de distintos encuentros acerca del tema y, de
hecho, suele subir a sus redes sociales resúmenes de los mismos. El
10 de septiembre del año pasado se había referido a la importancia
de esta actividad, incluso en materia económica: «El cierre de
minas es una etapa mas en el ciclo de vida de los proyectos mineros.
Otra oportunidad de generar empleo y tecnología al servicio del
monitoreo y control post operaciones».
El desarrollo del borrador de esta se está nutriendo con la consulta de numerosas guías internacionales (ICMM, APEC, Banco Mundial, Gobierno de Western Australia, Gobierno de Queensland, Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile), además del apoyo técnico del Instituto Canadiense Internacional de Recursos y Desarrollo (CIRDI, por sus siglas en inglés).
El cierre de minas, fundamental para mejorar el desempeño ambiental y social de la actividad. Avances sobre el proyecto de ley para el cierre de minas, en el que trabajamos consensuando con provincias y profundizamos el análisis del aspecto financiero. t.co/xizmilTOHW
La fábrica de alfajores Balcarce pidió un procedimiento preventivo de crisis, por lo que peligran un centenar de puestos de trabajo en medio de una fuerte caída en el consumo. Se espera que en los próximos días se trate el conflicto de la compañía marplatense que, según trascendió, solicitó suspender la actividad de los empleados de la fábrica ocho días al mes.
La Secretaría de Trabajo será la encargada de aprobar o no el procedimiento y, en caso de avanzar, el gremio y las autoridades de la empresa tendrán que negociar un acuerdo en medio de la compleja situación.
La tradicional empresa, que estuvo por quebrar en 2001 y repuntó dos años después, está atrasada con pagos correspondientes a los trabajadores dado la crítica situación por la caída de ventas.
Desde el año anterior, abona los salarios en cuotas y el sueldo correspondiente a julio no fue saldado, al igual que el aguinaldo y el bono de fin de año.
Los productos Balcarce tienen más de 50 años de antigüedad y cuentan con más de 60 locales en diferentes puntos del país.
Este caso se suma al de otras empresas que se encuentran en similares circunstancias ante la crisis económica por la que atraviesa la Argentina. Desde la cartera de Trabajo afirman que hasta ahora se registran 68 pedidos de procedimiento preventivo de crisis. De ellos, 46 se encuentran en trámite, 10 culminaron sin acuerdo, 7 finalizaron con acuerdo y 5 fueron desistidos o archivados.
Días atrás, se conoció la grave situación financiera de la fábrica de galletitas «Tía Maruca» al encontrarse al borde del concurso de acreedores, lo cual se sumó a un serio conflicto salarial con sus 400 empleados.
Boris Johnson, periodista y político ambicioso, será el próximo Primer Ministro de Gran Bretaña. Ayer martes 23 venció en forma clara a su último competidor por la jefatura del Partido Conservador, Jeremy Hunt. El ex alcalde de Londres y ex canciller logró el 66% de los votos, 92.153, frente a los 46.656 de su rival, en una elección interna que tuvo un 87,4% de participación. Conforme a los usos de la política británica, la actual Primer Ministro, presentará su renuncia a la reina y «recomendará» a Johnson como su sucesor.
En un discurso para los miembros del partido que acababan de votarlo, dijo ¿en broma? que algunos «se estarán preguntando qué acaban de hacer». Y confirmó para cuando pretende que Gran Bretaña salga de la Unión Europea: no después del 31 de octubre próximo.
El Brexit ha sido el tema que provocó la grieta que dominó la política del Reino Unido desde el referendum de hace 3 años, 23 de junio de 2016. Ya se «cargó» a dos primeros ministros conservadores: David Cameron y Theresa May. Y sus consecuencias van a definir el lugar que la historia de su país reserve para B. J.
Remarcamos esto porque los medios locales están llenos de las excentricidades, y unos cuantos papelones, que acumuló el nuevo Primer Ministro en su trayectoria anterior. No se engañen, como a Trump, al que se parece en lo físico y en el estilo, los votantes lo juzgarán por los resultados.
Cuáles serán, es difícil anticiparlo. Hay una diferencia fundamental entre la isla y los EE.UU.: el tamaño de su mercado interno. A Johnson no le sería posible ofrecer una reindustrialización parcial. Ni ha insinuado la mínima intención de repudias el legado desindustrializador de Margaret Thatcher. O acepta una reforma apenas cosmética de las condiciones que Theresa May negoció con Bruselas, o «patea la mesa» y se va sin acuerdo. Muchos diputados de su partido han jurado que no lo permitirán, pero hasta ahora la élite del Partido Conservador ha retrocedido ante Boris y, sobre todo, ante la furia anti U.E. de una parte considerable de los ingleses.
En cualquier caso, la política del nuevo gobierno inglés tendrá que ser la búsqueda de aperturas comerciales, para tratar de sustituir el mercado europeo. Un tratado de libre comercio con los EE.UU., y con cualquier otro interlocutor que pueda aceptarlo. Algunos medios ya han recordado que él fue el primer canciller británico que rindió homenaje ante el monumento en Buenos Aires a los soldados argentinos caídos en Malvinas.
Es cierto que los «kelpers» están preocupados. Ellos sí temen la pérdida del mercado comunitario, y de la condición de territorios de ultramar de la Unión Europea. Hay algo seguro: el actual gobierno argentino no está para evaluar ni diseñar políticas para el escenario geopolítico que se abre, en medio de una campaña electoral. Pero el nuevo gobierno a partir de diciembre tendrá que hacerlo.
A partir de ahora, la política exterior del Reino Unido será más dinámica e imprevisible en la superficie, al estilo Trump. Pero en lo fundamental seguirá los lineamientos que tracen los EE.UU. No tendrá otro remedio. Y el general De Gaulle sonreirá desde donde esté. La unidad europea se irá afirmando sin, en el futuro inmediato, la influencia del Reino Unido (los partidos «soberanistas» de los otros países de la Unión ya no son tan «eurófobos», desde que piensan que pueden ir ganando peso en las instituciones europeas.
Y para los geopolíticos apresurados, se aclara que entre los primeros gobiernos en felicitar a Boris Johnson por su nuevo cargo, estuvieron los de Estados Unidos … y de Irán. El presidente Donald Trump dice «Congratulaciones a Boris Johnson por ser el nuevo Primer Ministro del Reino Unido. ¡Él será grande!». El canciller Javad Zarif se extiende un poco más «La captura de un petrolero iraní por el gobierno de (Theresa) May por cuenta de los EE.UU. fue piratería, pura y simple. Congratulo a mi anterior colega @BorisJohnson por ser el nuevo Primer Ministro del Reino Unido. Irán no busca el enfrentamiento. Pero tenemos 1500 millas del Golfo Pérsico. Esas son nuestras aguas y las protegeremos».
Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!
The May govt's seizure of Iranian oil at behest of US is piracy, pure & simple.
I congratulate my former counterpart, @BorisJohnson on becoming UK PM.
Iran does not seek confrontation. But we have 1500 miles of Persian Gulf coastline.These are our waters & we will protect them pic.twitter.com/svEqmEHQBM
Y como una advertencia sobre las reacciones que despiertan en muchísimos votantes -no sólo en Gran Bretaña- las organizaciones supranacionales dirigidas por burocracias que toman en cuenta la corrección política progresista y más aún los intereses de los bancos, acercamos al final de esta nota un expresivo video «17 Million F*ck Offs – A Song About Brexit».
Reproducimos esta columna del Dr. Fernando Stefani, investigador principal del CONICET, profesor de Física Experimental de la FCEN UBA, vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), por una razón sencilla: resume, desde la comunidad científica, lo que ha sido la posición de AgendAR desde el comienzo. Y añadimos un tweet suyo que apunta a uno de los instrumentos claves para hacerla realidad.
«La característica esencial de un país en desarrollo no es su política monetaria o financiera, su legislación laboral o jubilatoria, o la cantidad de tratados de libre comercio que haya firmado. Ni siquiera lo son la facilidad para establecer empresas o recibir inversiones extranjeras, o si se rige más o menos democráticamente. Todos estos factores pueden tener su influencia, favorable o desfavorable, pero ninguno es la clave. La clave para el crecimiento económico sustentable, es reconvertir constantemente las actividades económicas que se realizan en nuevas actividades de mayor valor relativo en el mercado global.
La reconversión de las actividades económicas en nuevas de mayor valor relativo no ocurre espontáneamente, se induce desde el Estado con políticas científico-tecnológicas-productivas competitivas internacionalmente, que hasta ahora no hemos sabido aplicar.
El mundo desarrollado, a través del avance científico-tecnológico, genera todo el tiempo nuevas actividades de mayor valor relativo y marca el avance económico global. El ritmo del progreso global se puede medir en términos de la reinversión que se hace en ciencia, tecnología e innovación.
Según datos del Banco Mundial y UNESCO, el mundo desarrollado aumenta esta inversión de modo prácticamente lineal a un ritmo de 0,03 % PBI/año (números pequeños, pero muy potentes). Los países en desarrollo, para ir escalando posiciones y mejorar su competitividad, lo hacen más rápido. China por caso lo hace al 0,08 % PBI/año.
Argentina, como todos los países rezagados, van más lento. En promedio, desde 1995 a 2016 Argentina aumentó su inversión en ciencia, tecnología e innovación a un ritmo de 0,01 %PBI/año. Ese índice incluye un incremento en el período 2003-2015 a un ritmo de 0,02 % PBI/año, seguido de una fuerte reducción de -0,1 %PBI/año en 2015-2016.
Cuando fuimos en la dirección correcta lo hicimos a un cuarto de la velocidad requerida. La mayor debilidad fue la falta de impulso a la innovación industrial y de incentivos eficientes a la inversión privada. Los países desarrollados y en desarrollo destinan parte importante de su inversión a multiplicarla, estimulando a las empresas a que reinviertan en sí mismas en conocimiento y tecnología, y que generen nuevas actividades de mayor valor.
Naturalmente, esa política falló en reconvertir nuestras actividades económicas de manera significativa. La respuesta, en lugar de continuar la senda de aprendizaje y acelerar, fue ir en la dirección opuesta. Actualmente existe un mensaje contradictorio. Se le pide al sector privado que invierta en conocimiento y tecnología al tiempo que se reduce la inversión pública y se desmantelan partes vitales del sistema nacional de ciencia y técnica.
Se han generado numerosos instrumentos de incentivo a la inversión financiera de corto plazo y prácticamente ninguno para la inversión productiva con componentes de innovación, que son las que tienen la capacidad de mejorar nuestra competitividad a futuro.
La pregunta que debe delinear nuestra política científico-tecnológica-producitva es ¿de qué vamos a vivir en Argentina en 20-30 años? ¿Seguiremos vendiendo principalmente materias primas, productos y servicios de bajo procesamiento que luego compramos dentro de otros más sofisticados y de mayor valor?
Para responder esta pregunta no vale citar casos individuales de éxito, de alguna empresa o desarrollo tecnológico particular. Se trata de estadísticas, de un cambio de paradigma en el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación industrial en nuestras actividades económicas, en la composición de nuestro producto bruto y exportaciones».
Argentina tiene un retraso histórico en ciencia y tecnología que compromete seriamente nuestra competitividad actual y futura. La inversión en I+D debe cumplir un ciclo desde el laboratorio hasta las industrias. Para eso nos faltan instituciones intermedias de innovación modernas pic.twitter.com/8w9A7WHajM
Ante la decisión del actual gobierno de suspender la construcción del satélite Arsat-3, que había sido aprobada por una ley del Congreso, y para no perder el derecho a la posición orbital 81º Oeste, una de las tres asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, fue necesario contratar un satélite de la empresa SES, con 20 años de antigüedad, por 7 millones de euros.La situación, que ya se había comentado en AgendAR, fue reconocida oficialmente en el último informe de gestión de la Jefatura de Gabinete.
Se trata de posiciones en órbitas geoestacionarias, claves para los satélites de comunicaciones, y que la Argentina ya ha estado a punto de perder, también cuando un gobierno se endeudó irresponsablemente y debió «ajustar» los gastos. Otra vez las consecuencias son la pérdida de dinero y, mucho más grave, de equipos de científicos y técnicos talentos que cuesta años y décadas formar.
El portal especializado LATAM Satelital brinda un extenso informe que resumimos aquí:
«El operador satelital estatal argentino ARSAT celebró un acuerdo con SES para la ubicación del ASTRA-1H en la Posición Orbital Geoestacionaria (POG) de 81° Oeste para proteger la prioridad que la Unión Internacional de Telecomunicaciones otorgó a la Argentina en banda Ka y que tiene vencimiento en septiembre de 2019. El satélite de SES se desplazó desde la POG de 67° Oeste, asignada a la Comunidad Andina (Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela) desde donde opera actualmente el SES-10 y donde se ubicará el SES-17, HTS en banda Ka, planificado para 2020.
El acuerdo tiene vigencia hasta diciembre de 2019 y el monto total asciende a 7 millones de euros. Por la ejecución de la orden de servicio y el arribo del ASTRA-1H a su nueva posición orbital SES le cobró a ARSAT 2 millones de euros. Por la operación del satélite, que funcionará en órbita inclinada, SES cobrará a ARSAT 454 mil euros mensuales por 11 meses entre febrero y diciembre de 2019 inclusive. ASTRA-1H es un satélite lanzado al Espacio en el año 1999 con una vida útil de diseño de 15 años, lleva a bordo 2 transpondedores en Banda Ka y 32 en Banda Ku.
ARSAT tenía planificado para 2019 el lanzamiento de ARSAT-3, con capacidad HTS en banda Ka, pero el proyecto fue suspendido con el cambio de gobierno en diciembre de 2015 y la asunción de nuevas autoridades en ARSAT. La suspensión de ARSAT-3, enmarcado en un plan aprobado mediante una ley nacional, tuvo un fuerte impacto en el fabricante nacional INVAP, que enfrenta una importante merma en los ingresos en el segmento espacial de su actividad.
ARSAT-3 es el primer satélite de Plan que el Congreso de la Nación Argentina aprobó para ARSAT en el año 2015 mediante la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital que, entre otras cosas, considera la ampliación de la flota de ARSAT de dos a seis satélites entre 2015 y 2035. Este satélite, a diferencia de su dos antecesores, debía financiarse mediante ingresos generador por ARSAT más crédito del sistema financiero, sin la necesidad de requerir aportes del Tesoro Nacional. Además, el Plan aprobado también estipula inversión en el desarrollo de un nuevo sistema de propulsión híbrida para la plataforma ARSAT-3K de INVAP, desarrollo en el que no hubo avances en los últimos tres años.
En Julio de 2017 se conoció, mediante un informe periodístico, que ARSAT había firmado una acuerdo preliminar con Hughes de los Estados Unidos para conformar una nueva empresa que se ocuparía de operar ARSAT-3 para brindar Internet de Banda Ancha Satelital en territorio Argentino. La nueva empresa iba a estar integrada en un 51% por Hughes y en un 49% (o menos) por ARSAT y tenía planificado posicionar a ARSAT-3 en una POG asignada a la Argentina. Este acuerdo fue cuestionado por violar la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital que establece que una medida de estas características debe pasar por el poder legislativo Argentino. Ha transcurrido más de un año sin novedades sobre este acuerdo».
Como destacó el especialista Guillermo Rus en una reciente nota de Fernando Krakowiak, en lugar de estar operando servicios en una posición orbital asignada a la Argentina con un satélite fabricado en la provincia de Río Negro por INVAP, el gobierno terminó comprando capacidad satelital a un operador canadiense de un satélite fabricado en los Estados Unidos y ubicado en una posición orbital asignada a Brasil.
La Comisión Europea (CE), orgáno ejecutivo de la U.E., anunció que ha abierto una investigación preliminar contra el gigante estadounidense de la venta en internet Amazon por presuntas prácticas contrarias a la competencia. Las indagaciones preliminares por el departamento que dirige la comisaria Margrethe Vestager comenzaron el pasado septiembre. Ahora Bruselas lo que hace es abrir oficialmente la investigación, una vez ha concluido que los indicios son sólidos.
Bruselas sospecha que la firma de Seattle, que funciona como vendedor en línea pero también ofrece su plataforma como escaparate y mercado para comerciantes independientes, recopila y utiliza «información confidencial competitiva» de estos.
En su comunicado, Competencia explica que los acuerdos que Amazon tiene con los vendedores que utilizan su plataforma para comerciar «le permiten utilizar los datos de terceros». En particular, la comisión se focalizará en si el uso de estos datos por parte de la firma dirigida por Jeff Bezos como vendedor minorista «afecta a la competencia».
Concretamente, en el comunicado estudiará cómo funciona el servicio Buy Box y cómo selecciona a los vendedores que participan en él. Buy Box es una herramienta que muestra de forma preferente a los productos de un comerciante sobre otro, por tanto «ganar el Buy Box, explica la Comisión, parece clave para los vendedores independientes».
«El comercio electrónico ha impulsado la competencia en el comercio minorista y ha ampliado las oportunidades de elección y reducido los precios. Debemos asegurarnos de que las grandes plataformas en línea no eliminen estos beneficios al participar en un comportamiento anticompetitivo», declaró en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.
El director general de la agencia de vigilancia nuclear de la ONU, el japonés Yukiya Amano, que preveía abandonar su cargo en marzo próximo debido a su mal estado de salud, ha muerto, anunció la institución.
En un comunicado dirigido a sus miembros, el secretariado del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) expresa su «mayor tristeza» al comunicar la muerte del diplomático nipón, que ocupaba el más alto cargo de la agencia de vigilancia nuclear de Naciones Unidas desde 2009.
La semana pasada, como anticipó AgendAR, Amano tenía previsto e dimitir en marzo de 2020. La decisión, se sabía, estaba relacionada con problemas de salud.
El OIEA es una entidad técnica autónoma de la ONU, con más de 2.000 empleados, que vela por la seguridad nuclear en el mundo y se encarga además de verificar el cumplimiento del Tratado de No Proliferación (TNP) de armas nucleares. Sus responsabilidades de la OIEA incluyen controlar las restricciones a las actividades nucleares de Irán bajo el acuerdo con las potencias mundiales de 2015, que Estados Unidos abandonó el año pasado.
El deceso de Amano, que ha sido elogiado entre otros líderes mundiales por Putin, plantea la cuestión de qué rumbo tomará la agencia en el futuro, aunque pocos esperan que su manejo sobre Irán y otros temas delicados cambien significativamente.
Dos posibles candidatos para suceder a Amano son el embajador de Argentina ante la OIEA, Rafael Grossi, y el rumano Cornel Feruta, coordinador principal de la agencia y un cercano colaborador del japonés.
En AgendAR venimos señalando la conveniencia para nuestro país que un argentino esté a cargo de la OIEA. Grossi, que fue director adjunto de la Organización, recientemente fue elegido presidente de la «Conferencia de Examen» a realizarse en Nueva York en abril 2020, por los 190 países miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
El Banco Central anunció ayer que relajará parcialmente por el bimestre julio-agosto la política de base monetaria y de encajes que deben observar los bancos, para evitar una contracción de dinero aún mayor a la que ya se está aplicando. La flexibilización obedece, también, a que hubo una expansión de pesos en la primera parte del mes que hacía dificil cumplir la meta de crecimiento cero de la base. EL BCRA tenía poco tiempo, hasta fin de mes, para absorber cerca de 100.000 millones de pesos que entraron en circulación por la mayor demanda estacional de pesos -aguinaldo, vacaciones- y por compras de dólares realizadas directamente al Tesoro.
En un comunicado el BCRA informó la decisión que tomó el comité de política monetaria, COPOM. También advirtió que podría modificar la tasa de política monetaria ni bien se conozca el índice de precios al consumidor de Julio. La inflación de ese mes se conocerá el jueves 15 de agosto, es decir cuatro días después del domingo 11 de agosto, cuando se realizarán las PASO.
Además, el Central sube encajes remunerados a los bancos, para que sostengan las tasas de plazos fijos. Y, por último, «blinda» hasta mediados de agosto el piso de 58% para la tasa de las Leliq.
La lógica indica que si el resultado dentro de 20 días es favorable al Gobierno, y además el IPC da, como se espera, debajo del 2,7% de junio, es probable que el BCRA fije la tasa de interés, hoy en el 58%, en un nivel menor. Por el contrario, si las PASO resultan adversas al Gobierno -y el mercado cambiario se agita- es posible que la tasa termine en un nivel superior. Todo para evitar una disparada del tipo de cambio.
Ayer India lanzó al espacio una sonda destinada a posarse el 6 de septiembre en la Luna, su segundo intento por convertirse en el cuarto país en posar un aparato en el satélite natural de la Tierra. Dos mujeres indias están al frente de la misión, por primera vez en ese país: las científicas Muthyya Vanitha y Ritu Karidhal.
El vehículo GSLV-MkIII, el más potente de la agencia espacial india ISRO, despegó a las 14.43 hora local (9.13 GMT) desde su centro de lanzamiento de Sriharikota, sureste del país, una semana después de que un problema técnico obligara a anular un primer lanzamiento. Si bien no se dieron detalles de manera oficial, según la prensa local se trató de una fuga en la pieza de combustible de helio del motor criogénico de la parte superior del cohete.
El vuelo, sin tripulantes, se desarrollaba conforme a las previsiones. «Estoy enormemente feliz de anunciar que el GSLV-MkIII colocó con éxito Chandrayaan-2 en su órbita definida«, declaró Kailasavadivoo Sivan, el presidente del ISRO. «Es el inicio de un viaje histórico para India«.
La misión Chandrayaan-2 («Carro lunar» en hindi y que costó a Nueva Delhi 140 millones de dólares) tiene como objetivo posar un aterrizador y un vehículo de exploración cerca del polo sur de la Luna, situada a unos 384.000 kilómetros de la Tierra, y colocar una sonda en órbita.
Si tiene éxito, India se convertiría en la cuarta nación que logra colocar un aparato en suelo selenita, después de la Unión Soviética, Estados Unidos y China. Israel lo intentó en abril pasado, pero la sonda falló en su alunizaje y se estrelló.
Cómo será el viaje Chandrayaan-2 girará alrededor de la Tierra durante tres semanas elevando progresivamente su órbita, para alcanzar la lunar. Una vez logrado, estrechará gradualmente sus círculos alrededor del satélite.
Esta es la segunda misión lunar de India, que puso una sonda en órbita alrededor del satélite durante la misión Chandrayaan-1 hace once años. El programa espacial del país asiático se destacó en los últimos años al unir ambición y sobriedad presupuestaria, con costos operacionales muy inferiores a los de otros países, así como por su rápido progreso.
El ISRO espera enviar para 2022 un equipo de tres astronautas al espacio, en lo que sería su primer vuelo tripulado. Sus científicos trabajan también en crear su propia estación espacial, esperada para la próxima década.
El conflicto -que ya lleva cuatro décadas, desde el derrocamiento del Shah por la Revolución Islámica de Khomeini- entre los Estados Unidos e Irán, está de nuevo desde hace algunos meses en la tapa de los medios, impulsado por tweets de Trump y advertencias de los ayatolás. Gran Bretaña se ha puesto, con algo de renuencia al lado de los EE.UU., y es previsible que el próximo primer ministro, Boris Johnson, lo refirme (más le vale). La Unión Europea trata de defender el statu quo. Para nosotros, los argentinos, es un escenario distante… en un planeta pequeño.
Por eso consideramos oportuno reproducir este reciente y valioso análisis de Omar Locatelli, director de la Editorial Universitaria del Ejército, Ministerio de Defensa.
«Cuando el 12 de mayo pasado cuatro petroleros que estaban anclados en el puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos fueron atacados, la comunidad internacional volvió sus ojos a un paso marítimo de singular importancia geopolítica y de permanente ebullición: el estrecho de Ormuz, en el Golfo de Omán. Un 30 % del petróleo de la Región sale por este estrecho, que enfrenta costas de Irán y de Arabia Saudita, países en conflicto. Más aún, el derrotero marítimo de los buques petroleros atraviesa zonas en conflicto como Yemen, donde los rebeldes Houtis, apoyados por las fuerzas iraníes de élite, enfrenta al gobierno apoyado por las petro-monarquías de la península arábiga, encabezada por Arabia Saudita, sin una solución clara a la vista.
La opinión generalizada del momento, dirigida por EE. UU. a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo, culpó a Irán por las acciones, en razón de buscar subir el precio del crudo a fin de obtener mayores ganancias. Dos días después de los atentados, un dron atacó una estación de bombeo del oleoducto saudí que va de Este a Oeste. El ataque fue ejecutado por el grupo rebelde Ansar Allah perteneciente a los Houtis, pero Irán no reconoció su participación.
Para reforzar su acusación, EE. UU. mostró evidencia recolectada por el destructor USS Mason que, horas antes de la explosión en los buques petroleros, detectó a 20 pequeñas embarcaciones del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) que ingresaban en aguas de los Emiratos Árabes Unidos, en dirección a donde estaban fondeados los petroleros. Se supuso que las explosiones fueron consecuencia de minas magnéticas plantadas por buzos iraníes.
La especulación de EE. UU. es que las acciones fueron una respuesta al despliegue en la región de bombarderos B-52, de una batería Patriot de defensa aérea y del buque de desembarco anfibio USS Arlington. Por su parte, el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC, por sus siglas en inglés) se limitó a atribuir los ataques a algunos países que trataban de desestabilizar la seguridad de la región, sin especificar a cuáles se referían. Lo único que expresó referido a Irán fue un llamado a evitar interferir en los asuntos internos de otros países, evitar apoyar a organizaciones terroristas internacionales y evitar amenazar la libre navegación marítima.
En su momento la comunidad internacional también supuso que el incidente había concluido.
La chispa de la guerra
La primera semana de junio, el jefe del Comando Central de EE. UU., general Frank McKenzie, declaró ante la prensa en su recorrida por Medio Oriente que Irán o alguno de sus apoderados (llamados proxis) podrían ejecutar un ataque en cualquier momento. Nunca supuso que, apenas unos días después, los hechos le darían la razón. El 13 de junio, dos petroleros rentados por Japón fueron atacados en su paso por el estrecho de Ormuz, a solo 24 millas de una base del IRGC. El buque Front Altair sufrió una explosión en su casco, lo que forzó que su tripulación lo abandonara y rescatada por un buque iraní. El segundo petrolero, el Kokuka Courageos, se incendió y quedó a la deriva, luego de haber sido, supuestamente, atacado por un torpedo. En este caso, sus tripulantes fueron rescatados por el USS Bainbridge que estaba en la zona.
A final de aquel día, el vocero del Comando Central de EE. UU., capitán Bill Urban, hizo público un video donde se observa a una pequeña embarcación iraní cercana al petrolero con un pequeño artefacto sobre el costado del buque. Agregó que “a las 0410 pm un barco patrulla de la IRGC clase Gashti se aproximó al Kokuka Courageous con lo que se identificó como una supuesta mina magnética pegada al casco”.
El mismo día, el secretario Pompeo culpó a Irán por el “evidente asalto” a los petroleros. Su evidencia se basó en los datos aportados por la propia inteligencia, en el tipo de armas usadas y en el nivel de expertisse demostrado, pues solamente las milicias iraníes tienen los recursos y la profesionalidad para ejecutar tan sofisticada operación. Además, los rumbos en el casco de los buques fueron realizados sobre la línea de flotación, lo que hace suponer que se trató de una advertencia de quien lo haya realizado.
Por rara coincidencia, ambos ataques se produjeron cuando el premier japonés, Shinzo Abe, se encontraba en Irán como posible mediador en las conversaciones entre EE. UU. e Irán por el acuerdo nuclear. La escalada al conflicto comenzaba a instalarse.
Del Golfo de Tonkín al de Omán
En agosto de 1964 ocurrió una situación algo similar, cuando el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, dijo que fuerzas norvietnamitas habían atacado dos veces a destructores de los EE. UU. en el golfo de Tonkín. Luego se comprobó que las acciones fueron exageradas en favor de quienes buscaban hacer ingresar a EE. UU. en la guerra que mantenía Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte. El hecho fue el punto de inflexión para la intervención masiva de tropas regulares estadounidenses en el conflicto.
El ataque a los petroleros, en junio de 2019, ocasionó que Trump, al igual que en su momento Johnson, decidiera enviar 1000 tropas más a Medio Oriente como forma de intimidación en una supuesta escalada en contra de Irán. El interrogante se plantea en si también en esta oportunidad EE. UU. está dispuesto a iniciar un conflicto armado de difícil final.
La primera reflexión es que Trump, hasta ese momento, había actuado de manera impulsiva para amedrentar a sus eventuales oponentes. El mismo Trump en su libro The art of deal (El arte del acuerdo) propone la conveniencia de proyectar una imagen amenazadora inflexible para disminuir las expectativas del bando opositor y discutir en una posición ventajosa. Los iraníes, herederos de la ancestral e ingeniosa diplomacia persa, respondieron sin amedrentarse, anunciando que incrementarían el enriquecimiento de uranio, con miras a lograr una mayor cantidad de lo estipulado en el acuerdo vulnerado por EE. UU. Más aún, su jefe de Estado Mayor, Mohammed Baqueri, respondió al despliegue militar estadounidense diciendo que su país estaba listo para “dar una respuesta aplastante”. Por su parte, como complemento, el canciller iraní, Mohammed Zarif, respondió a un tweet de Trump que anunciaba “el final oficial” de Irán si amenazaba a EE. UU., diciendo que “Irán llegará a ver el final de Trump; pero él no verá el de Irán”.
La cancillería iraní acusó a EE. UU. de utilizar una “diplomacia del sabotaje”, aduciendo que nunca podrían haber sido los responsables cuando fueron los primeros en llegar al rescate de los tripulantes siniestrados. Más allá de la insistencia diplomática norteamericana sobre la responsabilidad iraní en el ataque, la herencia de la guerra de Vietnam obra en su contra. En 1964, EE. UU. incursionó en un lugar en el cual ya los franceses habían tenido que rendir sus fuerzas. En este caso, EE. UU. en dos ocasiones incursionó en el Golfo Pérsico para imponer su voluntad. No obstante, el territorio iraní reviste características muy diferentes a los arenosos desiertos iraquíes, con una orografía que impone respeto y que facilita a sus defensores operaciones defensivas y de retardo de magnitud. En razón de ello es que Trump explicó que con un pequeño incremento de fuerzas alcanzaría para el apoyo a las acciones en desarrollo, no para iniciar un desembarco.
En el 64, EE. UU. entró solo en el conflicto como forma de balancear el apoyo chino a los vietcongs. Hoy en día, si bien cuenta con el apoyo israelí y de los países islámicos sunitas en contra de la masa shiíta iraní, también se enfrentaría de manera solitaria a los iraníes, pues algunas de las potencias que lo acompañaron en sus anteriores incursiones en el golfo mantienen su firma en el acuerdo de control nuclear sobre Irán como última ratio para impedir una escalada en la región. Enfrentar a Irán solo no es lo mismo que hacerlo contra el Iraq de Saddam Hussein.
Por último, al igual que en 1964, un conflicto armado con Irán, tendría la total desaprobación, tanto de sus propios legisladores como de su población en general. Al respecto, ambas sociedades rechazarían una acción militar de magnitud, que los involucre en un final incierto, en una región de profunda necesidad para la comunidad internacional.
La supuesta escalada parecía controlada y sin aprestos bélicos.
Del dicho al hecho, hay un dron en el estrecho
Tres días después del ataque a los petroleros, Trump, como forma de presentarse ganador, ratificó el envío de una mayor cantidad de tropas sobre las 1500 enviadas en mayo último, hasta llegar a un eventual máximo de 6000. Por su parte, la Organización de Energía Atómica de Irán dijo que en 10 días produciría y mantendría una mayor cantidad de uranio enriquecido que el autorizado en el acuerdo que había roto EE. UU., si los otros firmantes no accedían a ayudarlo a mitigar las severas sanciones impuestas por EE. UU. El vocero de la organización atómica iraní, Behruoz Kamalvandi, justificó el enriquecimiento de uranio a un nivel mayor al 20 % de pureza para ser usado en un reactor dado por EE. UU. en 1967 que se usa para crear isótopos empleados en tratamientos médicos.
El jueves 20 de junio, a las 4:05, un dron de EE. UU. modelo RQ-4 Global Hawk fue derribado por un misil iraní tierra-aire. Nuevamente, los tambores bélicos sonaban su alerta de combate. Los iraníes adujeron que el dron volaba sobre aguas territoriales 8 millas dentro de las 12 permitidas. Por su parte EE. UU. lo ubicaba sobre aguas internacionales del estrecho de Ormuz.
Los halcones de EE. UU., el secretario de Estado Pompeo, su asesor de seguridad nacional Bolton y la directora de la CIA Haspel, asesoraban que la única respuesta era un bombardeo sobre Irán. El país persa, por su parte, declaraba a través de una carta al Consejo de Seguridad de la ONU que el dron ignoró reiteradas advertencias radiales antes de ser derribado. Su embajador ante la ONU agregó además que “Teherán no busca la guerra pero que está vigorosamente determinado a defender su tierra, mar y aire”. Los legisladores demócratas de EE. UU. buscaron bajar la intensidad de la escalada aduciendo que el presidente necesitaba la aprobación del Congreso para iniciar cualquier acción ofensiva al respecto.
Trump, por su parte, dudaba al decir en su reunión con el premier canadiense que “vamos a ver qué sucede”. Horas más tarde en otra aparición pública buscó evitar una seria crisis militar al culpar del hecho a los líderes iraníes diciendo que “alguien perdido y estúpido” fue el responsable de derribar al dron, lo que era “un gran error”.
Al buscar una opinión militar, el comandante aéreo de EE. UU. en el Comando Central en Medio Oriente, teniente general Joseph Guastella, manifestó que el dron volaba sobre aguas internacionales, pero que no obstante cualquier ataque involucraría “civiles inocentes”. Su contraparte iraní, el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, dijo que la frontera del país es “su línea roja”. Sin embargo, agregó que “no estamos dispuestos a involucrarnos en una guerra con cualquier país, pero estamos totalmente preparados para la guerra”.
Las tensiones se calmaron cuando el asesor de EE. UU. John Bolton dijo el 25 de junio en una reunión en Jerusalén que la intensión general es hacer que Irán se encamine hacia un nuevo acuerdo nuclear. Agregó además que su presidente Trump había dejado “ una puerta abierta para las negociaciones reales”.
El garrote diplomático
Las dubitativas intenciones de Trump guardan relación con las máximas del presidente Theodore Roosevelt en relación a las amenazas militares extranjeras: “habla fuerte y lleva un pequeño garrote. O lleva un garrote grande, pero agítalo mucho y úsalo poco”.
Las demostraciones de ambos gobiernos llegarán hasta que la escalada diplomática sienta la necesidad de más que un apoyo militar a sus declamaciones. Los tambores de guerra podrán seguir sonando, pero solamente para llamar a quienes los escuchan a fin de la firma de un acuerdo con diferente letra mas con una misma finalidad: mantener el adecuado flujo de petróleo para el mundo».
En la Argentina, la presencia del picudo del algodonero representa un desafío para la producción de algodón. Por eso desde hace nueve años, el INTA y las provincias algodoneras de Chaco, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero trabajan en el desarrollo de distintas estrategias para hacer frente a esta plaga.
En una batalla que los científicos libran en varios frentes, obtuvieron variedades resistentes al picudo del algodonero (Anthonomus grandis) mediante la estrategia de ARN de interferencia (ARNi). Esta técnica consiste en lograr que en la planta se genere una secuencia muy pequeña de ARN para bloquear específicamente la funcionalidad de un gen esencial en el picudo y, de esta manera, disminuir su capacidad de daño.
“El desafío que teníamos por delante era generar un sistema de transformación y ajustarlo para comenzar a transformar con el gen de interés, lo que nos llevó años de investigación”, explicó Dalia Lewi, responsable del Módulo Transformación Genética de Algodón del INTA que logró generar plantas transgénicas de este cultivo.
Hoy, el INTA no solo cuenta con un sistema ajustado, “sino con las plantas con el gen de interés”, indicó Lewi y agregó: “Las plantas de algodón están creciendo, tenemos que multiplicarlas y empezar a hacer los desafíos en los invernáculos de bioseguridad, desafíos in vitro y a campo”.
Desde el grupo de transformación de algodón, el primero en el país en alcanzar un desarrollo de estas dimensiones, que también integran Laura Maskin, Mariana Turica y Ariela González, de la Estación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña –Chaco–, esperan contar el año entrante con las líneas de multiplicación. “De todas las líneas que se obtengan evaluaremos cuáles son las mejores”, indicó Lewi.
Un verdadero logro dado que el sistema de transformación de algodón es muy complejo y en el mundo hay muy pocos grupos de investigación con esta capacidad. Pero, además, porque se enfrentan a la plaga más destructiva de este cultivo, debido a su capacidad biológica de reproducción, dispersión y colonización, lo que dificulta su control por los métodos tradicionales.
Las investigadoras esperan que “la planta transgénica exprese una secuencia que genere el ARN de interferencia y que el picudo del algodonero, cuando pique el botón floral, lo tome para que este interfiera en su metabolismo celular”, explicó Lewi, quien se mostró cautelosa con los resultados que esperan obtener, y agregó: “Si no se logra que muera, al menos que tenga una disminución en la capacidad reproductiva y de daño”.
Resultados preliminares
Todo se inició en el INTA a partir de contar con el transcriptoma del intestino medio del picudo del algodonero. Esta información sirvió para establecer qué secuencia del insecto había que tomar para expresar en la planta y generar ARN de interferencia específico para el picudo.
El estudio de las secuencias y sus pruebas “en distintos soportes in vitro, permitió conocer cuáles eran las más efectivas. Una vez armadas estas construcciones genéticas los tomamos para introducirlas dentro de las células de algodón para generar las plantas transgénicas”, indicó Lewi.
En esta etapa, las investigadoras trabajaron en colaboración con Ricardo Salvador, investigador del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA) del INTA Castelar, quien observó la mortalidad en los ensayos preliminares. Con esa información pudieron determinar cuáles eran los mejores blancos de silenciamiento evaluados.
En tal sentido, la estrategia de control de la plaga radica en “utilizar ARN de interferencia para expresar en la planta una secuencia corta, que no necesariamente tiene que formar parte de un gen, pero que es específica de un gen vital para el picudo”, aclaró Lewi.
De esta manera, mediante el uso de silenciamiento génico se busca que estas moléculas ingresen a las células del insecto e inhiban la síntesis de una proteína asociada a una función esencial. Al verse privado de esa función, se espera que las células mueran y, por lo tanto, esto tenga un efecto letal sobre el organismo del insecto.
Un «debate» (intercambio de chicanas) en la campaña electoral hizo que se pusiera atención en un fenómeno evidente para mayoristas y distribuidores. La consultora especializada en consumo Focus Market le puso números: «desde 2016 a 2019 las marcas mayoristas y poco conocidas pasaron de una participación del 32,6% al 42,8% en unidades, y del 21,5% al 27,7% en facturación».
Algunas precisiones: encabezan la venta de las marcas mayoristas el puré de tomates con 38%, las conservas con el 26% y los enlatados de pescado con el 13%.
En cuanto a la participación en la facturación de las marcas, entre el primer trimestre de 2016 y el primero de 2019, hubo una baja de 3,5% en las más caras, del 7,6% en las de mediano precio, alzas de 10,4% de las marcas menos conocidas y de 0,8% en las mayoristaso.
«La tendencia de los consumidores a elegir productos más económicos en los supermercados es obvia y natural en un marco de inseguridad en el empleo. El dato preocupante surge cuando las «segundas marcas» no significa menor publicidad o menos vistoso «packaging», sino menor calidad alimenticia, por ejemplo.
El caso del «alimento lácteo» que se vende como sustituto de la leche es un ejemplo. Los organismos del Estado deben hacer clara la situación para los consumidores.
