Uno de los temas argentinos en los que AgendAR pone énfasis es el de la industria nuclear. Por varias razones: una es una historia de esfuerzos y logros que abarca más de 60 años; otra porque en su ámbito se desarrollan científicos, técnicos y también empresas pequeñas y grandes que aumentan las capacidades de nuestro país. Y, cómo no, porque es un aporte significativo a la producción, no contaminante, de energía.Entonces nos parece oportuno acercarles párrafos relevantes del documento para el debate que elaboró esta semana el Cuerpo de Delegados del Centro Atómico Ezeiza. Exponen reclamos gremiales, y también los que consideran debe ser parte de la política de Ciencia y Tecnología del estado argentino en este campo.
«La situación que atravesamos los sectores productivos estatales, así como la de los de salud y ciencia y tecnología, es preocupante. A los despidos y la precarización laboral se suman malas condiciones laborales, la falta de presupuesto y los recortes. Es nuestra responsabilidad como trabajadores denunciarlo porque no sólo nos perjudica a nosotros, sino también a nuestro pueblo.
En las plantas productivas hay compañeros precarizados, varios con más de 5 años bajo diferentes formas de contratación. Dada la situación planteada de no ingreso a la planta del Estado nacional por decreto, y a pesar de que los trabajadores de la CNEA no estaríamos incluidos, es urgente que las autoridades se instrumenten los medios para el pase a planta de nuestros compañeros y de todos los contratados y becarios de la CNEA. La falta de carrera laboral, agravada por la situación de precarización, es un problema para el desarrollo de las tareas de las plantas productivas (y de toda la CNEA).
También es necesario que se avance en las evaluaciones de los agentes de planta permanente, con promoción, dado que la última evaluación y promoción fue instrumentada hace 6 años. Estas evaluaciones también son necesarias para trabajadores con contrato plazo fijo.
… Los radioisótopos tienen varias aplicaciones; una de las principales es su uso en el ámbito médico, tanto en diagnóstico para la detección temprana de múltiples patologías (imágenes en medicina nuclear), así como también en el tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas el cáncer (que es en nuestro país una de las principales causas de mortalidad y morbilidad, tanto en hombres como en mujeres).
En Argentina, el reactor RA3 y sus plantas asociadas (ubicadas en el Centro Atómico Ezeiza) es hoy el único lugar del país donde se producen los radioisótopos que abastecen a centros y servicios de medicina nuclear de todas las provincias, además de exportar a Brasil.
La CNEA es pionera en la región en este tema, y construyó y sostiene al día de hoy las instalaciones necesarias para esos procesos: el RA3 y sus plantas y sectores asociados. Sin embargo, la comercialización y distribución e estos radioisótopos es llevada adelante por dos empresas ajenas a la CNEA, que obtienen las mayores ganancias y tienen como principal cliente al sector privado de la salud y las obras sociales.
En particular, creemos que la CNEA debería desarrollar y producir generadores de Tc-99m, en principio para abastecer a los Servicios de Medicina Nuclear y Centros de Diagnóstico del sector público en todo el país, evitando la intermediación (y el costo innecesario que significa para el Estado). De hecho, los trabajadores han realizado la ingeniería de esos productos, y sin embargo no ha habido avances; nos preguntamos por qué sucede esto. Esta postura viene de la mano con nuestra defensa de la salud pública, y creemos que nuestro trabajo debe contribuir principalmente a garantizar el acceso a la salud de todo el pueblo. Por otra parte, los radioisótopos excedentes, que se producen semanalmente, podrían ser entregados al sector público, y sólo después de abastecido este, a obras sociales y empresas privadas de salud».
Radioisótopos
“Es nuestro desafío educar al público y a los políticos sobre la importancia de la ciencia para el avance de nuestro país”, afirmó el doctor Alejandro Schinder, Presidente de la Fundación Instituto Leloir, en el reciente coloquio de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania realizado en Buenos Aires.
En el marco del coloquio “Dando forma al futuro de la cooperación científica germano-argentina – El papel de la investigación impulsada por la curiosidad”, Schinder, quien también se desempeña como Presidente de la FIL, afirmó que “la ciencia es indispensable para que nuestro país avance. Y agregó “debe ser impulsada por el Estado. Los gobiernos deben reconocer la ciencia como una inversión, no como un gasto que deba minimizarse.”
Schinder ha liderado trabajos – difundidos en la prestigiosa revista Science y otras reconocidas publicaciones – que lograron describir mecanismos genéticos y moleculares que regulan la neurogénesis (producción de neuronas nuevas) en el giro dentado del hipocampo y el modo en que se “enchufan” en el circuito cerebral. Este proceso está asociado al aprendizaje y a la formación de nuevas memorias y su comprensión podría inspirar en el futuro el desarrollo de terapias para prevenir o atenuar el deterioro cognitivo por Alzheimer o lesiones traumáticas.
POLITICAS DE CIENCIA
Durante el coloquio, el doctor Schinder dijo que “lamentablemente, medidas como la disolución de Ministerios de Salud y Ciencia, la reducción del poder adquisitivo de los subsidios y el monto actual de nuestros salarios son un mensaje claro sobre las prioridades de este gobierno con respecto a la salud y la ciencia. Es un momento difícil que ha dañado a colegas y proyectos en todo el país.” Y continuó: “Necesitamos nuevas políticas para promover y proteger la investigación de manera que prevalezca independientemente de las prioridades e ideología de las autoridades de cada momento.”
Schinder también señaló que “en un momento tan difícil para el país, la colaboración internacional es más necesaria que nunca, porque la brecha tecnológica entre los países desarrollados y en desarrollo es enorme. Además, los programas con socios internacionales son fundamentales para amortiguar las oscilaciones.” Y destacó que programas como los que implementa la Fundación Humboldt – que mantiene una red de más de 26.000 científicos en más de 140 países en todo el mundo, incluyendo 51 ganadores del Premio Nobel – “desempeñan un rol vital brindando oportunidades alternativas a los subsidios estatales, particularmente en momentos críticos en que nuestros gobiernos son refractarios a nuestros reclamos.”
“En Argentina, estamos fracasando en promover la ciencia como un bien público necesario para lograr una mejor calidad de vida, educación y desarrollo económico. Debemos educar tanto al público como a los políticos. Los científicos debemos tomar la iniciativa en esta tarea”, recalcó Schinder.
Por sus hallazgos y el impacto que tendrán en el futuro sus líneas de investigación en el campo de las neurociencias, en 2014 la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania otorgó el premio Friedrich Wilhelm Bessel al doctor Alejandro Schinder, Jefe del Laboratorio de Plasticidad Neuronal de la Fundación Instituto Leloir (FIL).
El Ejército de Estados Unidos, ante la falta de interés por ingresar a las fuerzas armadas de ese país, recurrirá a la creación de equipos de videojugadores que participarán de competencias y tratarán de convencer a los jóvenes de enrolarse.
Así lo informó Stars and Stripes (Barras y estrellas), un medio que no pertenece al Departamento de Defensa norteamericano pero que suele refejar las opiniones de este
ente gubernamental, según el cual los jugadores de los equipos de videojuegos dependerán
de la oficina de marketing del Ejército.
La idea de crear estos equipos de videojuegos es generar una conexión mayor del Ejército con los posibles candidatos.
Dos tercios de los jóvenes de entre 17 y 24 años que podrían servir en las fuerzas armadas no lo pueden hacer debido, entre otras razones, a que no superan determinados estándares físicos o tienen problemas de consumo de drogas.
Parece que el ala política venció una vez más sobre la económica dentro del Gobierno. Es que el presidente Mauricio Macri firmó el decreto, que salió publicado este miércoles en el Boletín Oficial, para que las petroleras vuelvan a estar alcanzadas por el régimen de promoción con que cuenta Tierra del Fuego y que beneficia a los productores con rebajas impositivas y aduaneras. Estas compañías habían sido excluidas en 2012.
La medida llega en el mismo día en que se vota el Presupuesto en el Senado. El Gobierno necesita asegurarse los votos de los dos legisladores que responden a la gobernadora Rosana Bertone.
La readecuación tarifaria y los ajustes por inflación permitieron que la empresa Pampa Energía mejore su calidad crediticia según informó la empresa. Este año, invertirá u$s300 millones en exploración y producción de hidrocarburos y u$s280 millones en generación eléctrica relacionadas con el aumento de la capacidad instalada en los proyectos de la subsidiaria Genelba y proyectos de energía eólica por 150 Mw, afirmó la calificadora de riesgos Fix Scr.
Pampa Energía alcanzará este año un nivel de Ebitda cercano a los u$s 1.100 millones, dos tercios de los cuales se concentrarán en electricidad (segmento de generación y la controlada Edenor) y el tercio restante del gas natural.
La crisis que está viviendo el sector pyme se cobró una nueva víctima. La empresa textil Tileye cerró su planta en Catamarca dejando a 50 trabajadores sin empleo.
«Tuvimos que cesantear (a los empleados) con dolor y preocupación», cita una comunicado de la empresa que advierte la decisión se tomó por caída de las ventas y un deuda de $ 11 millones que no pudieron financiar.
La fábrica había sido inaugurada hace 35 años y requirió una fuerte inversión para la construcción de sus dos naves para generar sus productos y la adquisición de maquinarias de tejeduría, corte y confección.
(Vale preguntar porqué AgendAR, un portal dedicado a la producción argentina, está dedicando espacio a las noticias del Brasil. Hay motivos permanentes: nos unen la geografía y los intereses. Somos clientes principales entre nosotros, y en productos industriales, el principal cliente, también uno del otro. Y esto seguirá así por años, no importa las reformas que se hagan, o no, al Mercosur.Pero hay un motivo inmediato: la crisis, económica, y de confianza en sí mismos que atraviesa ahora Brasil es muy similar a la que atenaza a la Argentina. Y las soluciones que se ofrecen, y los apoyos que encuentran, también son muy parecidos. Es importante analizarlas y, sobre todo, ver sus resultados. Por lo experimentar en cabeza ajena... Un comentario breve al final).Más de un centenar de economistas, académicos, empresarios y consultores formularon un plan económico integral para Brasil y se lo presentaron a al presidente electo Jair Bolsonaro.
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El conjunto de especialistas, que se armó y consolidó desde un grupo de WhatsApp creado en 2015, resumió en un solo documento –«Carta Brasil»– las principales medidas que el nuevo gobierno del país deberá tomar -según su criterio- desde enero próximo, cuando asuma el sucesor de Michel Temer.
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Son 15 directrices generales distribuidas en cuatro grandes áreas: políticas macroeconómicas, políticas microeconómicas, políticas sociales y políticas de sostenibilidad.
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Algunos de los elaboraron y redactaron el programa son Fernando Holanda, Silvia María Matos, Bernard Appy, Sandra Ríos, Cristina Terra, paulo Coutinho,Hugo Figueredo, lenadro Oliveira, Bruno Ottoni, André Portela, Leandro Piquet, Joiìsa Dutra, Samuel Pessoa, Alexandre Schwartsman, Otaviano Canuto, Flaìvio Ataliba, Elena Landau, Tiago Calvacanti, Octavio de Barros, Maìrcio Garcia, Naércio Menezes, Maìrcio Holland y Alexandre Randse, entre otros.
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«La Carta Brasil es ofrecida para la sociedad como un documento de reflexión. Creemos que la ausencia de reformas llevará inevitablemente a un proceso de estancamiento a largo plazo y eventualmente a una crisis de grandes proporciones. Estamos en una encrucijada «, afirmó Cláudio Frischtak, titular de la consultora Inter B, y uno de los referentes del proyecto.
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Sus principales puntos:
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Política macroeconómica: lograr a lo largo de los próximos dos años, un superávit «sustentable» en torno al 3% del PBI.
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Política monetaria: Autonomía formal para el Banco Central, con mandatos fijos y no coincidentes de los directores de la entidad.
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Gestión fiscal y eficiencia del Estado: reforma del sistema de seguridad social, con una migración gradual al régimen de capitalización, eliminación de los niveles mínimos obligatorios de gastos presupuestarios (en salud, educación), eliminación parcial de la estabilidad en el servicio público.
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Impuestos y pacto federal: la transacción de los tributos actuales para el IVA a lo largo de diez años, exención completa para las exportaciones, la tributación en el destino, el resarcimiento en tiempo de los créditos (fiscales) acumulados, elevar las alícuotas para impuesto sobre las herencias, aplicar el Imposto sobre Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) a las aeronaves y barcos.
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Comercio Exterior: simplificación de la estructura tributaria (alícuotas cero, 5%, 10% o 15% a las importaciones) y transformar el Mercosur de una unidad aduanera en una zona de libre comercio.
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Políticas microeconómicas: aprobación de la ley general de Agencias Reguladoras (normativa sobre órganos de control, autonomía municipal, regulaciones en general e interferencias del sector privado); simplificación del derecho procesal civil y reducción de las instancias de recursos; retirar la legislación que restrinja la oferta de servicios alternativos (como Uber, Rappi,…).
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Defensa de la Competencia: cambiar cálculo de penalidades aplicadas por el CADE (similar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia argentina) e incluir la autarquía en el proyecto 6.621, que mejora la gobernanza en las agencias reguladoras.
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Infraestructura: transferencia de empresas públicas y activos al sector privado, fomentar el trabajo conjunto PPI-BNDES (Programa de Alianza para Inversiones, similar al PPP argentino) para las concesiones de obras; combatir la baja autonomía del administrador público en la toma de decisiones.
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Ciencia, tecnología e innovación: eliminar las barreras para la importación de equipamientos y servicios en investigación de desarrollo; facilitar la emisión de visados permanentes para investigadores e ingenieros; acelerar la reglamentación de la ley 13.243/16 de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Política de lucha contra la pobreza y la desigualdad: unificación de los programas sociales Bolsa Familiar y BPC (Beneficio de Prestación Continua); revalidación de los programas sociales con mayor frecuencia; redimensionamiento de los beneficiarios de las trasferencias (pensiones) no contributivas.
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Crisis previsional: reformar el actual sistema de reparto, estudiando eventuales costos y beneficios de un régimen mixto hasta la transición completa a un modelo de capitalización (privado).
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Educación: Creación de un «índice de efectividad» para el traspaso de recursos del Fundeb (Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica), preservación del ProUni (Programa Universidad Para Todos); restringir los créditos del FIES (Fondo de Financiamiento al Estudiante de la Enseñanza Superior) para los cursos bien evaluados por el MEC (Ministerio de Educación) y con menor valor de la mensualidad disponible por la facultad, manutención de cuotas.
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Mercado de trabajo: unificación del abono salarial (subsidio al año del valor de un salario mínimo) y el salario familiar; unificación del FGTS (Fundo de Garantía del Tempo de Servicio) y el seguro de desempleo en un fondo de ahorro obligatorio e individual; complementación de renta para trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos.
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Seguridad pública y sistema penitenciario: revisión del Código Penal y de la ley de Ejecución Penal; fijar metas de desempeño para los policías, rastreo (registro) de armas de fuego secuestradas en el país; crear padrones para elaborar datos estadísticos.
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Sustentabilidad ambiental: cumplimiento de las mestas del Acuerdo de París; incorporación de una tasa de carbono al sistema tributario; programas de compensación financiera para comunidades tradicionales que ayudan al combate de la deforestación; mayor previsibilidad (transparencia) en la entrega de licencias ambientales (para deforestar).
Nota de AgendAR: Este programa incluye un abanico de medidas en muchas áreas, y algunas de ellas pueden ser suscriptas por gente de distintas ideologías. Pero su núcleo básico, y lo que definirá su éxito o su fracaso, es el programa económico. Y éste se basa en ideas muy definidas.Partidarios y adversarios pueden llamarlas «neoliberales», o «Consenso de Washington» o… no importa. Son las recomendaciones estándar de los organismos internacionales, el «consenso oficial» en la Unión Europea y en EE.UU. (en este último ha habido ajustes, pero se mantiene firme en las recomendaciones para el extranjero): privatizaciones, comercio libre, movimiento de capitales sin restricciones. Y un Banco Central que sea el custodio de esta ortodoxia.El problema que vemos desde AgendAR -y también otros observadores- es que el «proceso de estancamiento a largo plazo y eventualmente a una crisis de grandes proporciones» que preocupa a los autores de Carta Brasil ya llegó.Brasil lo sufre desde 2014, al menos. Argentina… ha pasado varias veces por esa experiencia. Y puede decirse que está inmerso en ella desde 1975, con altibajos. En todo caso, versiones anteriores de esas medidas ya se aplicaron. Con mayor o menor seriedad, con mayor o menor saña. Pero no han funcionado.Dilma Rousseff y Michel Temer, diferentes en su legitimidad, las aplicaron. Y están como están. En Argentina, se aplicaron a fondo con Menem, hasta con la privatización de los fondos jubilatorios. Y no impidieron la Crisis del 2001. Macri lleva casi 3 años ensayando, pero se le echa la culpa a su «gradualismo».Distintos como son Brasil y Argentina, parece que van a servir como banco de pruebas similar para esta nueva experiencia. También veremos qué respuesta dan nuestras respectivas sociedades.
La devaluación que se produjo en estos seis meses -de un dólar a $ 20 a uno de $ 37- provocó, entre muchas otras cosas, un grave problema a las compañías que tenían, tienen deuda en dólares, naturalmente.Pero también a las que no poder actualizar sus activos a la par de los aumentos de precios, tienen patrimonio neto negativo en sus balances del tercer trimestre, presentados en estos días en la Bolsa. Este fenómeno es similar al que se dio en 2002, tras la crisis que generó en las empresas la salida de la Convertibilidad.
Patrimonio neto negativo es cuando la compañía tiene más pasivos (deudas) que activos (bienes). Y, según la ley de sociedades, es una de las causas que llevan a la disolución de una sociedad. El problema fue tan grande en 2002, que el Gobierno llegó a suspender por un tiempo ese artículo para evitar el fin de varias firmas.
Aquí hay también una disputas por impuestos. Hace tiempo que las empresas reclaman al Gobierno poder actualizar sus estados contables por la inflación. El Gobierno aprobó un ajuste a partir de julio de este año, pero todavía no salieron las normas que permitan a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Inspección General de Justicia recibir balances con estos ajustes. Esos son dos de los organismos en los que las empresas están obligadas a presentar sus resultados.
Cuando el patrimonio neto es negativo y los accionistas no quieren que la sociedad se disuelva, lo que hay que hacer de acuerdo a la ley es un aporte de capital de los socios o la venta de activos. Eso es lo que está evaluando, por ejemplo, la petrolera Medanito, de capitales nacionales. La empresa informó a la CNV que el patrimonio neto negativo llegó a $ 1.609 millones en el tercer trimestre. «La sociedad y sus accionistas están analizando distintas alternativas estratégicas entre las que se incluyen la venta de ciertos activos estratégicos y un aporte de capital que mejoren su estructura financiera y patrimonial».
Otra empresa que informó patrimonio neto negativo es Desarrolladora Energética (DESA), la casa matriz de las eléctricas bonaerenses Edelap, EDEN, EDEA y EDES y la salteña EDESA. El rojo llegó a $ 6.900 millones.
También la empresa de biotecnología Bioceres se encuentra en esta situación, aunque el patrimonio neto solo fue negativo en $ 6 millones. Y Petrolera del Conosur, la filial de la venezolana PDVSA, con $ 170,4 millones.
El patrimonio negativo muchas veces no condice con la realidad, porque los activos de las empresas valen más que lo que dicen los balances. Pero afecta, por ejemplo, a la hora de salir a financiarse.
Los balances siguen llegando y es muy probable que estas no sean las únicas grandes compañías con desajustes en sus números. Habrá que ver, sin embargo, cuántas de estas situaciones son solo contables y cuáles esconden un problema financiero.
Una misión diplomática de Argelia, Egipto, Marruecos, El Líbano, Kuwait y Túnez está en Bariloche para ratificar la relación con INVAP y a acercarse al mundo productivo de la provincia.
En el gobierno provincial esperan que la presencia de esa empresa de tecnología en el mundo árabe desde hace décadas se transforme en la llave que les abra la puerta a otras compañías y a productores primarios de Río Negro en los países del norte de África.
Diplomáticos de Argelia, Kuwait, Túnez, El Líbano, Egipto y Marruecos visitaron ayer las instalaciones de INVAP en el Este de Bariloche y hoy tendrán una reunión con empresarios y productores de fruta, forrajes y carne en el hotel Llao Llao.
Egipto y Argelia ya son clientes de la empresa de tecnología aplicada de Río Negro, con una relación que tiene más de tres décadas y contactos permanentes.
Las condiciones económicas en la provincia son desfavorables -como en el resto del país- pero en el gobierno rionegrino hay expectativas por la posibilidad de que lleguen inversiones de los países árabes en agro y que se abran mercados
“Siempre existe la posibilidad de cerrar nuevos contratos. Son procesos que llevan años y que requieren la generación de confianza mutua”, explicó el presidente del directorio de INVAP, Héctor Otheguy.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Alberto Diomedi, explicó que con los embajadores y diplomáticos del mundo árabe se está analizando “qué podemos comercializar y que podemos hacer con ellos”. Agregó que la provincia tiene 200.000 hectáreas bajo riego que no están en este momento en producción.
Las empresas que prestan servicios financieros a través de las nuevas herramientas tecnológicas se multiplican en la región y, principalmente, en la Argentina. Según el informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la cantidad de «fintechs» en el país creció un 61% en el último año, de 72 a 116 emprendimientos.
Sin embargo, todavía Brasil es el país que aporta el mayor número de emprendimientos fintech en América Latina, con 380, seguido por México, con 273; Colombia, con 148, y la Argentina se ubica en el cuarto lugar. Chile completa el top 5, con 84 firmas.
En toda la región, el principal segmento de negocios sigue siendo el de pagos y remesas, que representa el 24% de los emprendimientos identificados, seguido por el segmento de préstamos (18%) y el de gestión de finanzas empresariales (15%).
De las empresas fintech desarrolladas en el país, el BID destaca a tres: Moni, una empresa que gestiona préstamos online; Ripio, y PayPerTic. Las dos últimas son firmas para realizar pagos electrónicos. El Banco además destaca la creación de la Cámara Fintech de Argentina.
El gobierno porteño oficializó el aumento en la tarifa del subte de $1 por mes hasta febrero de 2019. Desde el martes 20, el pasaje costará $13,50.
Según la resolución oficial, el pasaje individual costará este mes $13,50. Subirá a $14,50 desde el 15 de diciembre. Pasará a $15,50 el 15 de enero y a $16,50 desde el 15 de febrero.
Con los descuentos por número de viajes en el mes, a partir del viaje 21 la tarifa costará $10,80; del viaje 31 al 40, $9,45 y desde el viaje 41, $8,10.
En tanto, la tarifa del premetro subirá de a 50 centavos por mes. Costará $4,50 desde el martes 20 y alcanzará los $6 a mediados de febrero.
Según el gobierno de la Ciudad, la tarifa técnica del subte es de $19,20 por pasaje. El 30% del boleto estaría subsidiado.
Hay discordia entre los estados miembros de la Unión Europea sobre un plan propuesto para gravar los ingresos de las grandes empresas de Internet como Google y Facebook.
El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, dijo que está a favor de lograr un acuerdo vinculante sobre un impuesto digital de la Unión Europea en una reunión de ministros de la UE que se realizará en diciembre, destacando de paso que apoya el modelo francés.
“Si las negociaciones continúan de la forma en que han estado yendo hasta ahora, seguiremos en conversaciones dentro de 100 años. Por eso apoyo al modelo francés y quiero ofrecer lo recaudado a la UE”, dijo Scholz, según declaraciones publicadas el lunes por el semanario Der Spiegel.
En virtud de la propuesta de la Comisión Europea dada a conocer en marzo, los estados de la UE cobrarán un impuesto del 3 % sobre los ingresos digitales de las grandes firmas, acusadas de evitar la carga impositiva desviando sus beneficios -con maniobras contables- a los estados del bloque con tributos más bajos.
El plan apunta a cambiar las normas fiscales que han permitido a algunas de las compañías más grandes del mundo pagar tasas inusualmente bajas de impuestos corporativos por sus ganancias.
Los desarrolladores y programadores están a la cabeza de las carreras tecnológicas mejor pagas de Argentina en lo que va del 2018, según un relevamiento hecho por la plataforma Love Mondays, sitio en donde los profesionales evalúan a las empresas donde trabajan.
Según el informe, en la cima de las mejor pagas se encuentra el desarrollador senior con un sueldo mensual promedio de $ 49.304; seguido por el de analista programador ($ 41.496) y en tercer lugar el desarrollador web ($ 36.482). La lista se completa con diversas ocupaciones dentro del mundo IT cuyos salarios más bajos rondan los $ 24.000.
Cabe señalar que, a partir de la devaluación de estos meses, esos sueldos son muy competitivos con los que se perciben en países de un nivel de vida promedio similar.
El 16 de noviembre se modificará en todo el mundo la definición del kilogramo, el kelvin, el ampere y el mol. Su implementación tendrá un gran impacto en el campo científico y tecnológico.
El Sistema Internacional de Unidades (SI) está conformado por siete unidades de base, que sustentan las mediciones en todo el mundo: el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol y la candela.
La mayor revisión del Sistema Internacional de Unidades (SI) desde su instauración en 1960 se aprobará el próximo 16 de noviembre en París, en el marco de la Conferencia General de Pesas y Medidas. Los cambios entrarán en vigencia en mayo de 2019 y suponen: la redefinición del ampere, el kilogramo, el kelvin y el mol; y la reformulación el metro, el segundo y la candela (la medida de la intensidad luminosa).
“A partir de ahora todas las unidades se definirán en base a constantes de referencia, en lugar de artefactos, propiedades de materiales o experimentos teóricos irrealizables, como sucede en la actualidad. Esto permitirá a los científicos que trabajan con el más alto nivel de exactitud realizar las unidades en diferentes lugares o momentos, con cualquier experimento apropiado y en cualquier valor de la escala”, subraya Héctor Laiz, gerente de Metrología Calidad y Ambiente del INTI y miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas, que participará de la conferencia como parte de la delegación argentina.
Si bien el sistema ha sido revisado en diversas oportunidades, es la primera vez en la historia que se redefinen cuatro unidades base a la vez con colaboraciones simultáneas en todo el mundo. “Este cambio no afectarán los resultados de las mediciones en la vida cotidiana, pero sí tendrá un gran impacto al más alto nivel de exactitud en la ciencia y la tecnología”, anticipa Laiz, quien también preside el Sistema Interamericano de Metrología.
Unidades, constantes y experimentos – El kilogramo (unidad de masa) está actualmente definido por la masa que tiene un cilindro de platino-iridio depositado en el Bureau Internacional de Pesas y Medidas en la ciudad francesa de Sevres, lo que implica que todos los países deben basar la medición en un único artefacto. Además de los problemas logísticos que ello conlleva, es imposible determinar su estabilidad temporal. La nueva definición del kilogramo se basará en la asignación de un valor a la constante de Plank (h= 6,626 070 15 × 10−34 kg m2 s-1) y permitirá llevar a cabo su realización práctica con cualquier experimento que vincule la medición de masa con la constante, que actualmente se define por un experimento imaginario que relaciona la fuerza entre dos cables infinitos con la corriente que circula entre ellos, se redefinirá asignando un valor a la carga del electrón (e= 1,602 176 634 × 10−19 A s). Igual que el kilogramo, su realización práctica puede ser de diversas maneras.
– El kelvin (unidad de temperatura) actualmente se define en función de la temperatura en la que coexisten agua, hielo y vapor en equilibrio —proceso conocido como “punto triple del agua”—. Su definición futura no dependerá más de las propiedades de un material, sino que se basará en función de la constante de Boltzmann (k= 1,380 649 × 10−23 J K−1), abriendo la puerta a varias realizaciones experimentales posibles.
– El mol (unidad de cantidad de materia) se redefinirá asignándole un valor a la constante de Avogadro (NA= 6,022 140 76 × 1023 mol−1). En la actualidad, su mejor realización práctica se determina a partir del conteo de la cantidad de átomos que hay en una esfera monocristalina de silicio.
– El metro, el segundo y la candela solo sufrirán cambios en la forma de expresar sus definiciones, dado que ya estaban basadas en constantes de la naturaleza, a saber: la velocidad de la luz para el metro, la frecuencia de transición entre dos niveles energéticos para el átomo de Cesio para el segundo y la eficacia luminosa de una radiación monocromática para la candela.
Hasta hoy martes 13 de noviembre, de acuerdo al decreto y a las negociaciones -que todavía continúan- el bono que acordaron el gobierno y la CGT tendrá las siguientes características, montos y formas de pago.
Empleados de empresas privadas:
El decreto establece que alcanzará a todos los trabajadores de empresas privadas, que el monto es de 5.000 pesos y que se pagará en dos cuotas. Sin embargo, contempla la posibilidad de otros montos y pagos en cuotas en la medida que haya consentimiento del gremio del sector. Está abierta la posibilidad de que «cada rama, cada sector, puede ir negociando» por ejemplo que el bono se tome como a cuenta de futuros aumentos. Los sectores en crisis podrán pagar en más cuotas.
Empleados estatales:
Cobrarán un plus de 5.000 pesos en un solo pago, durante el mes de diciembre todos los trabajadores que dependen de manera directa del Estado nacional. En la negociación con el gremio UPCN, se acordó además que habrá aumento de salarios de 5% en enero y de 5% en febrero.
Fuerzas de Seguridad:
El bono de fin de año alcanzará al personal de las fuerzas de seguridad, que cobrarán 5000 pesos extra junto al aguinaldo de diciembre. La ministra Patricia Bullrich puntualizó que tendrán un aumento de 10% en dos meses y alcanzará al personal de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Beneficiarios de planes sociales:
Aunque se da por hecho que habrá un bono de fin de año para los beneficiarios de planes sociales, no se conocen ni las características ni el monto.
Jubilados y pensionados:
Hasta ahora, no hay información respecto a un bono a jubilados y pensionados.
LOS QUE NO COBRARÁN EL BONOEmpleados de empresas estatales y organismos descentralizados:
El acuerdo cerrado este lunes no alcanza ni a los empleados de las empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, ni a organismos descentralizados como AFIP.
Trabajadores domésticos de casas particulares.
El decreto no alcanza a los empleados domésticos y por horas que trabajan en casas particulares.
Docentes y empleados de gobiernos provinciales y municipales:
Los empleados de administraciones distintas al Estado nacional, como los que trabajan para provincias (docentes, policías, trabajadores de la salud, empleados administrativos) o municipios, no están incluidos en el decreto del bono y su situación dependerá de lo que resuelvan esas administraciones.
La mayoría de las empresas argentinas están cerrando sus balances en rojo. Arcor es una de ellas y entre las alimenticias es de las más golpeadas. De enero a septiembre acumuló pérdidas por algo más de $ 6.200 millones. Un año antes ganaba $ 1.084 millones.
Fue el trimestre de julio a septiembre el más negativo: sólo en ese período perdió más de $3.700 millones. Para lo que queda de 2018 las perspectivas son todavía más negativas por lo que la empresa cerraría uno de los peores balances en su historia.
Según explica Arcor el resultado del ejercicio «fue afectado por el comportamiento de ciertas variables macroeconómicas, principalmente con el impacto en Argentina de una fuerte devaluación de la moneda y una aceleración en los niveles de inflación».
Para hacer más clara la situación: si bien la empresa exporta parte de su producción, el grueso de su negocio está en el mercado interno que aporta alrededor del 70% de sus ingresos.
Yendo a los números: En eso 9 meses Arcor facturó algo más de $ 49.900 millones; un año antes vendía por $ 35.400 millones. Creció un 40% interanual. Aceptable: acompañó la inflación.
Otras variables como costos de comercialización y administración crecieron entre el 30 y el 40%. Pero los «Gastos Financieros» pasaron de $ 1.998 millones en 2017 a $ 13.213 millones de este año. Crecieron más del 500%.
En ese rubro entran los intereses de deudas, obligaciones y bonos, además de pérdidas por diferencias negativas de cambio.
También se registra el fuerte incremento de los pasivos financieros de la empresa: de un año al otro pasaron de $ 30.200 millones a más de $ 56.900 millones; se incrementaron un 68,5%. El ítem que más creció fue «Prestamos»: a septiembre de 2017 sumaba $ 21.000 millones y en el comparativo interanual subió a $ 41.200 millones. Un endeudamiento parecido al del Estado argentino.
Más allá de los detalles: algo no cierra en la economía argentina cuando una empresa alimenticia pierde sumas enormes mientras ganan los inversores especulativos y los contratistas del Estado.
El actual ministro de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones del Brasil, Gilberto Kassab, anunció que defenderá ante el gobierno de Jair Bolsonaro, la permanencia de Telebras como empresa estatal, así como su responsabilidad sobre la operación del satélite geoestacionario brasileño.Kassab afirmó que “un gobierno bien intencionado va a entender que los servicios prestados por Telebras no los puede realizar ninguna otra institución pública o privada”.
Para los lectores que no están familiarizados con la realidad brasileña: Telebras era el nombre del gigantesco monopolio estatal brasileño de comunicaciones, en el orden de la argentina ENTEL (y con la misma imagen de ineficiencia).
En 1998 fue dividido en 12 compañías separadas (las «Baby Bras») y privatizadas, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
Una de ellas, que conservó el nombre de Telebras, fue encargada por el gobierno brasileño a partir de 2007 de extender una red de fibra óptica por su extensísimo territorio. Y en 2017 se hizo cargo del SGDC-1 (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 1). También, muy aproximadamente, en la línea de nuestra ARSAT.
Gilberto Kassab es ministro en el gobierno encabezado por Michel Temer, no exactamente estatista ni populista. Pero en Brasil algunos de sus sectores dirigentes parecen estar más conscientes de que el papel de las empresas estatales no es convertirse en «elefantes blancos» y sí servir de punta de lanza para el desarrollo tecnología nacional en proyectos que son demasiado a largo plazo para ser encarados por el capital privado. Veremos como termina esta historia.
La calificadora de riesgo Standard & Poor´s decidió ayer reducir la calificación crediticia de la Argentina de «B+» a «B» para la deuda a largo plazo, ante la compleja situación económica. La agencia ya había puesto en «revisión especial negativa» la nota.
Esta calificación, según afirma S&P, refleja la debilidad de los perfiles fiscales y externo, como también la flexibilidad monetaria limitada y la creciente carga de deuda. En ese sentido, sostienen, «ha habido una erosión del perfil de deuda de Argentina, de la trayectoria de crecimiento económico y de la dinámica de inflación tras los reveses en la implementación de su desafiante programa de ajuste económico».
Reconoce, sin embargo, la recuperación del sector agrícola, que, a pesar de la fuerte sequía de principio de año, podría frenar la contracción de la económica. Un aumento de la producción redundaría en un incremento de las exportaciones, de cara al segundo trimestre de 2019.
Aún con esa «ventana» que dejan abierta, la calificación de la deuda fue bajada. Y en esto S&P sigue los pasos de otra de las grandes calificadoras de riesgo, que la semana pasada la calificación de deuda soberana de Argentina a negativa.
Por algún motivo, aunque el aporte del FMI promete, si no otra cosa, avalar los pagos a los deudores externos, las agencias siguen aconsejando a sus clientes -las entidades financieras más grandes del mundo- que se abstengan de arriesgar un dólar en Argentina. La lluvia de inversiones parece lejana.
La empresa de seguridad eslovaca ESET alertó que ciberdelincuentes hackearon este sábado 10 de noviembre 688.154 sitios web de todo el mundo para robar criptomonedas. Todavía se desconoce el monto total del botín.
Según informaron, lo hicieron violando la seguridad de la página StatCounter, que se usa para contar la cantidad de visitas al día a páginas web y que tiene al menos dos millones de clientes y más de 10.000 millones de visualizaciones al mes.
Los hackers habrían actuado a través de un script (código para una función específica) que incluyeron en medio de un archivo de StatCounter, algo inusual porque generalmente este código malicioso se coloca al principio o al final del archivo.
Según el comunicado de ESET, el servidor de los hackers generaba una nueva dirección de billetera virtual cada vez que un visitante cargaba el script, y las criptomonedas robadas fueron dirigidas a esas nuevas direcciones.
Bolivia inició una ronda de negociación para ampliar la venta de gas natural a Argentina más allá de 2030, informó en La Paz el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, a su retorno de Buenos Aires.
«Estoy convencido que en las próximas semanas vamos a llegar a acuerdos (con Argentina) en función a precios, nominaciones, pago de deudas (…). Seguramente ya no será un contrato hasta el 2026 sino más allá de 2030», dijo a los periodistas.
Argentina y Bolivia suscribieron en 2006 un contrato por 20 años para exportar un volumen de 5,2 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas. Bolivia ya envió 1,5 TCF, y restan 3.7 TCF para cumplir lo pactado por los presidentes Evo Morales y el fallecido Néstor Kirchner hace 12 años.
Debe considerarse una buena noticia que la negociación aparezca bien encaminada, después de reclamos hechos con cierta aspereza. Pero resulta extraño que al mismo tiempo el gobierno argentino esté autorizando la exportación masiva del gas extraído en la Patagonia a Chile. Creemos que la Secretaría de Energía debe explicar el tema.