Afectados por cortes de luz: aumentaron un 59% en dos años

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El promedio DIARIO de usuarios de las empresas Edenor y Edesur sin suministro llegó a 132.254 en 2018, un 59% sobre el promedio de 83.093 en 2016, dice el informe presentado este lunes ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata, a cargo del juez federal Alberto Recondo.

Como parte de una presentación judicial para que se frene el último aumento de tarifas, el informe, elaborado por el CEPIS, dice que en 2018 hubo 3.570.854 usuarios que sufrieron al menos un corte en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, lo que representó un aumento del 39% respecto de los 2.575.893 usuarios de 2016.

Asimismo, cuando la temperatura se ubicó entre los 28 y los 31 grados, el promedio de cortes diarios se incrementó 58% en el período estudiado, al pasar de 96.559 usuarios afectados a 152.913, precisó Cepis en su del 30% promedio.

En el mismo período y por las fuertes subas de los precios de la energía, la demanda residencial en megavatios cayó un 17%, al pasar de 1.933.671 en el acumulado de 2016 a 1.614.022 en el acumulado de 2018.

Las empresas concesionarias Edenor y Edesur registraron un incremento en sus ingresos por servicio del orden del 1.118% y 821%, respectivamente; y un incremento de sus resultados operativos del orden del 223% y 215%, respectivamente, indica la información oficial.

La CNEA desarrolla técnicas nucleares para garantizar la calidad de la miel

Argentina es uno de los principales países exportadores de miel y sus productos apícolas son muy valorados por los mercados internacionales. Su calidad, propiedades nutricionales y su sabor pueden ser garantizados mediante la aplicación de la tecnología nuclear, que -además- suma beneficios relacionados con la seguridad alimentaria, la sanidad de colmenas y los cuidados del ambiente en los que las abejas viven.

Desde el Sector Apicultura y Sistemas Agroalimentarios del Departamento Aplicaciones Agropecuarias de la CNEA se desarrollan distintas técnicas nucleares en apicultura. Actualmente están trabajando con la Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total, una técnica analítica nuclear multielemental que puede dar información sobre la presencia de metales pesados y otros elementos contaminantes en productos apícolas como miel, polen, abejas, propóleo y jalea real.

La aplicación de esta técnica también puede ser útil para estudiar otros alimentos porque genera dar información analítica de alta precisión a partir de muestras sólidas o líquidas de mínimo volumen y con cortos tiempos de adquisición. Pueden analizarse, por ejemplo, leche y productos lácteos, carnes, aguas, y también realizar estudios referidos a la sustentabilidad y la nutrición de sistemas de producción animal.

Gracias a sus investigaciones en polen con la técnica de Fluorescencia de Rayos X, la ingeniera agrónoma Marilina Basso, responsable del Sector Apicultura y Sistemas Agroalimentarios de la CNEA, y su equipo fueron distinguidos en el marco de la XVI Conferencia Latinoamericana de Análisis por Técnicas de Rayos X (SARX 2018) con el premio a la mejor contribución en términos de tema, calidad y proyecto de investigación.

La abeja es un buen «sensor ambiental»

En el Centro Atómico Ezeiza, donde la CNEA tiene sus propias colmenas, también se lleva adelante un Programa de Biomonitoreo que tiene a las abejas como principales protagonistas. “Estos insectos son muy sensibles a todos los cambios que puede haber en el ambiente, y esto se lo puede observar a través del estudio de productos apícolas o de las propias abejas”, detalla la ingeniera Basso.

De esta manera, se puede obtener información sobre la presencia de contaminación: “La abeja –detalla la investigadora– explora una extensa superficie alrededor de su colmena, estando en contacto continuó con la vegetación y el aire. En el suelo, por ejemplo, un contaminante puede migrar a través de una planta y así transferirse al néctar, las resinas o el polen, que es lo que estos insectos colectan. Esas sustancias contaminantes también pueden estar en el aire o en los cursos de agua”.

La finalidad de estos controles es monitorear la salud del ambiente donde está ubicada la colmena. “La abeja nos da información al respecto, porque los metales colectados junto con el néctar, por ejemplo, se transmiten a la miel a través del aparato digestivo del insecto. En pocas palabras, es un excelente sensor sobre la salud del ambiente”, resume la ingeniera Basso.

Requisitos de exportación

Los mercados internacionales que reciben miel argentina son muy exigentes y algunos de ellos no aceptan productos apícolas sin irradiar, ya que esta técnica permite eliminar la posibilidad de transmisión de la Loque Americana, la enfermedad bacteriana más grave de las abejas que ocasiona pérdidas económicas en todo el mundo.

La Loque Americana es producida por una bacteria esporulante y es altamente contagiosa. Puede afectar la productividad y causar la pérdida de colonias enteras de abejas si no es tratada a tiempo. Antiguamente, la única forma de eliminarla era quemar el material apícola, lo que provocaba altos costos adicionales. Pero la irradiación evita su destrucción, sin riesgos de difundir la enfermedad dentro de la colonia, y manteniendo las propiedades de los productos.

La irradiación de productos o de materiales apícolas consiste en la aplicación de radiación gamma proveniente de una fuente de Cobalto-60. Este procedimiento se realiza en la Planta de Irradiación Semi-Industrial (PISI) del Centro Atómico Ezeiza, donde puede aplicarse tanto al producto como también al material inerte de las colmenas, es decir, aquellos que no tengan elementos vivos (ni abejas ni larvas).

La irradiación no altera el sabor, la calidad ni las propiedades nutricionales de la miel. Además presenta claras ventajas frente a otros procedimientos que usan productos químicos y dejan residuos dentro de las colmenas que pueden difundirse a las mieles, lo cual está penado comercialmente.

Encuentran en la Patagonia una nueva especie de dinosaurio con espinas en el lomo

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Fue bautizada con el nombre de Bajadasaurus pronuspinax. Investigadores del CONICET, Fundación Félix de Azara, Universidad Maimónides y el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, fueron responsables del hallazgo.

Los saurópodos son un grupo de dinosaurios herbívoros y cuadrúpedos que vivieron entre el Triásico Tardío y el final del Cretácico Superior -cuando se produjo la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno- caracterizados por su gran tamaño y el largo de su cuello y cola.

Recientemente, un equipo de paleontólogos del CONICET del Área de Paleontología de la Fundación Félix de Azara de la Universidad Maimónides y del Museo Paleontológico “Ernesto Bachmann” (Villa El Chocón, Neuquén) encontró en el norte patagónico, más precisamente en la formación geológica conocida como Bajada Colorada, una nueve especie de saurópodo a la que nombraron Bajadasaurus pronuspinax, en simultánea alusión a la localidad en la que fue hallado y a las largas espinas inclinadas hacia delante que caracterizan su cuello.

Los resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports.

La nueva especie pertenece a la familia de los dicreosáuridos, distinguida por largas espinas que cubren su cuello y espalda como continuación de sus vértebras, y vivió a comienzos del Cretácico Inferior hace alrededor de 140 millones de años.

“La funcionalidad de las largas espinas en los dicreosáuridos es aún motivo de controversias entre los paleontólogos. Con el hallazgo de Bajadasaurus creemos que se puede arrojar claridad sobre algunas cuestiones”, afirma Pablo Gallina, investigador de CONICET en la Fundación Félix de Azara.

PARA QUE SERVÍAN

Algunas de las hipótesis formuladas indican que estas espinas servían de soporte de una especie de vela que regulaba la temperatura corporal de los dinosaurios o que conformaban una cresta de exhibición que les otorgaba mayor atractivo sexual. También se especuló, por ejemplo, que estas especies podrían haber tenido una joroba carnosa entre las espinas que servía para almacenar reservas. Otra presunción es que las espinas estaban cubiertas con fundas de de cuerno que cumplían una función defensiva frente a potenciales ataques.

“Nosotros creemos que las largas y puntiagudas espinas -extremadamente largas y finas- en el cuello y la espalda de Bajadasaurus y Amargasaurus debían servir para disuadir a posibles predadores. Sin embargo, pensamos que si sólo hubieran sido estructuras de hueso desnudas o forradas únicamente de piel podrían haber sufrido roturas o fracturas fácilmente con un golpe o al ser atacados por otros animales. Esto nos lleva a sugerir que estas espinas debieron estar protegidas por una funda córnea de queratina similar a lo que sucede en los cuernos de muchos mamíferos”, explica Gallina.

El estudio del cráneo, el mejor preservado mundialmente para un dinosaurio dicreosáurido, sugirió a los investigadores que estos animales pasaban gran parte del tiempo alimentándose de plantas del suelo mientras las cuencas de sus ojos, cercanas al techo del cráneo, les permitían controlar lo que sucedía en su entorno.

“La importancia de este estudio radica, entre otras cosas, en que nos permite conocer un poco más sobre los dinosaurios que habitaron la zona de Patagonia Norte mucho antes del reinado que ejercieron durante el Cretácico Superior grupos de dinosaurios como los saurópodos titanosaurios o los terópodos abelisaurios sobre los que sabemos mucho más. Es con este objetivo que desde 2010 venimos explorando la zona de Bajada Colorada donde encontramos rocas de 140 millones de años atrás”, concluye el investigador.

Guerra Fría: la secuela

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Este fin de semana el planeta -y no es una forma de decir, fue todo el planeta Tierra- asistió al reestreno de un drama que se mantuvo en cartel por más de 40 años: el enfrentamiento de dos Grandes Potencias, que se amenazan entre sí con armas nucleares. Pero a no engañarse; como suele pasar en las secuelas, el guión es distinto y los actores no son las estrellas de otrora.

A los hechos: El gobierno de los EE.UU. suspendió desde este sábado 2 de febrero su participación en el tratado INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) con Rusia. Se trata del primer acuerdo de desarme firmado el 8 de diciembre de 1987 por Ronald Reagan y Mijail Gorbachov para eliminar todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio. No los estratégicos, de largo alcance. Esos son los tratados START I, II, y III, y es otra historia.

“Estados Unidos suspenderá sus obligaciones bajo el tratado INF el 2 de febrero” debido a las presuntas violaciones del tratado por parte de Rusia, anunció el secretario de Estado Mike Pompeo.

Con esa medida, se da comienzo a un proceso de 180 días, tras los cuales EE.UU. se retirará definitivamente del tratado, algo que, según ha advertido la Unión Europea, podría iniciar una nueva carrera armamentística entre las dos mayores potencias nucleares del mundo.

El presidente Trump dejó la puerta abierta a mantener su país en el tratado si “Rusia vuelve a cumplir” con lo pactado en el acuerdo “mediante la destrucción de todos los misiles, lanzaderas y equipos asociados que violan” lo suscrito en el texto de 1987. “Durante demasiado tiempo, Rusia ha violado con impunidad el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), desarrollando y desplegando de forma encubierta un sistema de misiles prohibido que supone una amenaza directa a nuestros aliados y tropas en el extranjero”, dijo Trump en un comunicado.

Aseguró que los aliados en la OTAN “apoyan completamente” su decisión, “porque entienden la amenaza presentada por la violación de Rusia y los riesgos que supone para el control de armas el hecho de ignorar las violaciones del tratado”.

“No podemos ser el único país en el mundo atado unilateralmente a este tratado, ni a ningún otro”, afirmó Trump, quien ha retirado a su país de varios acuerdos internacionales desde que asumió la presidencia en enero de 2017. También ha dicho, en otro de sus tweets: «Espero que seamos capaces de llevar a todos a una habitación grande y bonita y hacer un nuevo tratado que sea mucho mejor. Me gustaría verlo».

El otro protagonista de la secuela, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el sábado que su país también suspendía su participación en el tratado de desarme nuclear INF, en respuesta a la retirada estadounidense. Y exigió pruebas por parte de Washington de la presunta violación rusa del acuerdo.

Moscú también ha acusado a Estados Unidos de violar el tratado, al desplegar un componente de un sistema de defensa antimisiles capaz de lanzar también misiles ofensivos; utilizar misiles prohibidos en distintas pruebas y también drones armados que, según Rusia, son efectivamente misiles de crucero.

Putin dijo que Rusia no tomará la iniciativa de reiniciar negociaciones de desarme con Estados Unidos. «Esperaremos hasta que nuestros socios hayan madurado lo suficiente para llevar a cabo un diálogo consecuente y de igual a igual con nosotros en este importante asunto».

Y quien podría ser la nueva estrella de la película, China se declaró el sábado «opuesta» a la retirada unilateral de Washington del tratado, e instó a los dos países a un «diálogo constructivo» para evitar «consecuencias negativas».

«China se opone a la retirada de Estados Unidos del tratado, y exhorta a Estados Unidos y Rusia a resolver sus diferendos (…) mediante un diálogo constructivo», indicó Geng Shuang, un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores.

La observación de AgendAR, desde este rincón del Hemisferio Sur: Estas decisiones de EE.UU. y Rusia no tienen, en principio, relación con los misiles estratégicos, las armas que han clausurado la posibilidad de una guerra total entre Grandes Potencias, en la siniestra lógica de MAD, Mutual Assured Destruction, o Destrucción Mutua Asegurada. Pero hacen más posible el uso de armas nucleares «intermedias» en guerras locales.

A un país mediano, como la Argentina, la posesión de armamento nuclear no le aumenta su seguridad. Al contrario. Pero conservar la capacidad tecnológica de construirlas, y no hacerlo, aumenta el respeto y evita tentaciones ajenas.

A. B. F.

El presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, y el de Estados Unidos, Ronald Reagan, firman el tratado INF el 8 de diciembre de 1987 en Washington

El empleo asalariado privado cayó a nivel de enero 2015

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El empleo asalariado privado cayó en noviembre 1,9% en comparación interanual y volvió a niveles de enero de 2015. De acuerdo a cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) difundidas por la consultora Ecolatina, en ese mes de 2018 el empleo formal en todas las categorías cayó 1,4% interanual.

La depreciación del peso en relación, continúa el informe, generó una cascada de despidos en distintas ramas de la economía, acumulando un total de 200.000 puestos perdidos.

Es en relación al empleo asalariado privado, en promedio mejor remunerado, que la caída se amplificó a 1,9% con respecto a igual mes del año pasado.

Según se desprende de los datos del SIPA, el año que terminó mostró una contracción del 1,6% sólo entre abril y noviembre, mientras que entre octubre de 2015 y junio de 2016 había cedido apenas 0,2%. La diferencia entre un período y otro es que en el anterior la baja de 1.4% en el empleo privado fue compensada por la suba en asalariados públicos (0,9%) y cuentapropistas (1,4%).

Pero entre abril y noviembre de 2018 “no hubo ningún tipo de modalidad de empleo formal que haya crecido para compensar la caída de 2,1% del empleo de calidad (asalariados privados)”, remarca el informe. Los asalariados públicos se redujeron 0,3%, mientras que los cuentapropistas se contrajeron en 2,8%.

Si se tiene en cuenta que la caída en la actividad durante 2018 se ubicó en torno al 2,5% interanual puede trazarse un paralelismo con la caída en las contrataciones que se reflejaron en la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). En la segunda mitad del año, la tasa de ingresos a puestos de trabajo se ubicó en los mínimos desde 2002.

Según Ecolatina, la caída en el PBI prevista para 2019 continuará impactando en las cifras de contrataciones. Sobre ese aspecto, señalan que es probable que – ante los cambios registrados en el mercado interno y externo – las empresas estén analizando variables para ajustar los factores de producción, lo cual puede generar mayor retracción en el empleo.

Los videos juegos argentinos se exportan

Los desarrolladores argentinos de videojuegos hace 10, 15 años que comenzaron a dejar de ser grupos de jóvenes programadores unidos por una adicción en común, para transformarse en empresas rentables.

Todavía, es cierto, la mayoría de los profesionales argentinos del rubro trabajan para empresas extranjeras, desde su casa o en el exterior. Pero ya hay compañías que facturan en divisas a los “gamer” y anunciantes de Estados Unidos, Europa y Asia.

Comparadas con las grandes marcas, las empresas locales todavía son «pymes». Los emprendimientos argentinos suelen mirar sólo al mercado interno. Pero ya hay quienes exportan, y facturan unos 500 millones de pesos anuales, el 97% en virtud de sus ventas a los Estados Unidos, Europa y Asia, según un informe de Arenas Games.

Las empresas activas dedicadas al desarrollo de videojuegos en todo el país suman más de 130. “La gran mayoría comenzó a operar a partir del año 2000. La cantidad de profesionales vinculados ronda los 2.000, entre diseñadores, artistas e ilustradores especializados en 2D y 3D, programadores, ingenieros, guionistas y músicos, cuyas edades promedian los 27 años”, informa Martina Santoro, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA).

Muchos de esos desarrollos están dirigidos a un público local, o a lo sumo con una proyección regional dentro del mundo de habla hispana. Pero algunos desarrolladores locales se lanzaron a hacerse un lugar en el mercado global. El antecedente fue el éxito a nivel mundial de Preguntados, el juego de la empresa Etermax que encabeza Máximo Cavazzani.

Un plan para control del cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer pondrá en marcha un programa nacional con foco en la detección temprana y el acceso a tratamientos.

Cada sesenta minutos, 15 personas reciben un diagnóstico de cáncer en la Argentina. En el país se producen 129 mil nuevos casos por año, según las últimas estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC).

El de mayor incidencia se presenta en mujeres y es el de mama, con una tasa de 73 casos por cada 100 mil mujeres. Luego, lo siguen los tumores de próstata y colorrectal en hombres. Además, Argentina está entre los países del mundo con mortalidad por cáncer media-alta, con 68 mil muertes al año, cifra que lo ubica a su vez en el tercer lugar en Latinoamérica.

En septiembre de 2018, la IARC actualizó el Observatorio Global del Cáncer y trazó un panorama alarmante: en todo el mundo, para 2040, la incidencia de la enfermedad crecerá un 63%, y el número de muertes trepará un 71,5%.

En Argentina, la previsión de la IARC es que los nuevos casos aumentarán 47,8% para 2040. El avance de la enfermedad requiere intervenciones inmediatas para superar los problemas de fragmentación del sistema de salud, que afectan el acceso de la población a los servicios de salud, especialmente por parte de los más vulnerables.

Un ejemplo de ello es la dificultad para hacerse una mamografía, principal herramienta para detectar un tumor mamario en las primeras etapas. De acuerdo con el informe “Control del cáncer, acceso y desigualdad en América Latina: Una historia de luces y sombras”, publicado por EIU, la cobertura del examen llega solamente a 46% de las mujeres argentinas, cuando lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud es que alcance por lo menos al 70% de la población.

PLAN

Con el objetivo de mejorar tanto la detección temprana como el acceso al tratamiento, el Instituto Nacional del Cáncer –que depende de la Secretaria de Salud– está ultimando los detalles para poner en marcha el Plan Nacional de Control del Cáncer, un conjunto de estrategias para prevenir y enfrentar la enfermedad elaborado según las pautas y recomendaciones de la OMS.

Julia Ismael, directora del INC, dijo que este plan quinquenal está enfocado en la equidad y la accesibilidad universal y pone énfasis en la promoción de un estilo de vida saludable, la prevención y la detección temprana de los cánceres de mayor prevalencia y sobre los cuales se puede intervenir, y promueve líneas de cuidado continuo de pacientes oncológicos. Para lograr el control del cáncer de forma eficaz necesitaremos el aporte de los actores clave para juntos hacer posible su aplicación”.

Los objetivos específicos del Plan son: reducir la prevalencia de factores de riesgo modificables para el cáncer; mejorar la detección temprana, la calidad de la atención y la calidad de vida de los pacientes y fortalecer la gestión del recurso humano para el control del cáncer. Se buscará avanzar, por ejemplo, con el tamizaje a nivel nacional para dos tipos de cáncer, el de colon y el cérvicouterino.

Además, en cuanto al cáncer de mama, se buscará mejorar los equipamientos: en Argentina el 70% de los mamógrafos en el sector público son analógicos, una tecnología que se considera obsoleta.

Argentina invierte en energías renovables. Mientras, importa del Uruguay

Las empresas en Argentina están empezando a invertir para generar su propia energía eólica y solar, ya que la electricidad de las empresas de servicios públicos tradicionales y las cooperativas se vuelve más cara. Mientras tanto, importan desde Uruguay.

«El precio de la energía solar y eólica está cayendo, mientras que el precio de la electricidad está aumentando porque se están eliminando los subsidios», dijo en una entrevista Marcelo Breton, director financiero del promotor de energía limpia con sede en Uruguay, Ventus Ingenieria SA.

«Es algo nuevo que no estaba sucediendo hace dos años, pero está empezando a suceder ahora».

Ventus inició en Uruguay, construyendo pequeños proyectos eólicos y luego parques solares con capacidad instalada no mayor a 10 megavatios para clientes corporativos. Esta es la idea que está despegando en Argentina. Alrededor de 8.000 empresas en Argentina tienen actualmente contratos para comprar al menos 300 kilovatios de capacidad cada una, a empresas de servicios públicos y cooperativas, dijo el director de desarrollo de negocios de Ventus, Francis Raquet.

Ese es el mercado al que Ventus le apunta. Aproximadamente la mitad de los 120 empleados de la compañía está en Argentina, y Breton espera que estas empresas generen la mayor parte de su negocio allí en 2019 y 2020.

Chile prohibe por completo las bolsas de plástico

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Informa la agencia Russia Today que Chile se convirtió ayer en la primera nación de Latinoamérica en desechar por completo las bolsas plásticas de sus supermercados y grandes tiendas, luego de que venciera el plazo de prueba establecido en agosto del año pasado.

Se excluyen de esta prohibición las bolsas que constituyan el envase primario de alimentos, que sean necesarias por razones higiénicas o porque su uso ayude a prevenir el desperdicio de alimentos.

Los infractores deberán pagar una multa de 370 dólares por cada bolsa plástica entregada. En todo Chile, donde se producen 3.200 millones de bolsas plásticas anualmente de las 5 billones a nivel mundial.

En julio del año pasado se reportó que los investigadores de la empresa chilena SoluBag habían creado unas bolsas solubles en agua que no dañan el medioambiente, pues sustituyen los perjudiciales derivados de petróleo con derivados de una caliza no contaminante.

Pesca: haciendo como que se protege el patrimonio nacional

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El Dr. César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca, y asesor en el Senado de la Nación -de quien ya hemos publicado un trabajo sobre la situación de la industria pesquera argentina- hace aquí una pregunta «¿Quién instruye y le da los equipos necesarios a la Prefectura?» Es una pregunta retórica.

«El 25 de enero el periodista Andrés Klipphan, en Infobae, nos relató que la Prefectura Naval Argentina había actuado ante buques pesqueros coreanos, taiwaneses y chinos, a los que califica como los mayores depredadores de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Refirió, en su artículo, lo ocurrido con el pesquero chino “HU SHUN YU 809″ -que operaba tres millas dentro de las 200- que fuera detenido por el guardacostas “Prefecto Derbes”, a la altura de Bahía Camarones, en la provincia de Chubut, conteniendo en sus bodegas 600 toneladas de calamar.

La milla 201 -dice Klipphan- «suele convertirse, por su riqueza en especies, única en el planeta, en una verdadera ciudad nocturna con hasta más de 500 pesqueros. Cuando alguno de ellos ingresa a la ZEEA, es dónde actúa la autoridad nacional. A lo largo de su historia como policía, Prefectura detuvo un total de 76 buques que pescaban sin autorización dentro de la ZEEA y, de ese total, catorce fueron coreanos; once taiwaneses; once chinos; once españoles; ocho japoneses; siete uruguayos; dos polacos, rusos, británicos, ucranianos y, los restantes seis pesqueros de Alemania, Panamá, Venezuela, Chile, Ghana y Belice. En los últimos años, la mayoría de los buques contraventores son de bandera china y no pertenecen a empresas privadas, sino al gobierno de ese país (o mixta) y también españoles».

El 21 de febrero del año pasado el buque “JIG YUANG 626” de bandera china escapó a la persecución del Guardacostas GC PNA-24 Mantilla, al igual que otros cuatro poteros de igual nombre y números 608, 616, 618 y 628 que huyeron hacia la zona de Malvinas, solicitándoles por tal motivo la captura internacional. La empresa Yantai Jinyuan Fisheris propietaria del “626” finalmente abonó la multa y gastos por una cifra cercana a los 8 millones de pesos. Luego el 4 de abril la Prefectura detuvo al pesquero español “Playa de Pesmar Uno”, con una carga de 350 toneladas de pescado procesado por un valor de 684 mil dólares, por lo que se le aplicó una multa de 7,5 millones de pesos, más 342 mil pesos de gastos. «Por estas acciones de preservación de la ZEEA, en 2018, la fuerza de seguridad decomisó 327 toneladas de pescados y, la Subsecretaria de Pesca, impulsó multas por unos 20 millones de pesos».

Para el lector desprevenido podría tratarse de una gran acción de la Prefectura y la Subsecretaría para cuidar nuestros intereses, pero deberíamos analizar en más detalle algunos datos: Desde 1983 a 2018 la Prefectura detuvo un promedio dos buques pesqueros extranjeros por año que pescaban en aguas argentinas. Ello parece absolutamente insuficiente en atención a los entre 250 y 500 buques extranjeros que pescan en el Atlántico Sudoccidental, que nosotros consideramos ilegales -por las razones que veremos- ya sea que pesquen dentro de la ZEEA o fuera de ella.

Las multas colocadas en 2018 parecen muy por debajo de lo razonable para desalentar futuras pescas ilegales. Solo al potero chino “626” que escapó y, cuyo titular, finalmente abonó unos 8 millones de pesos, seguramente le hubiese correspondido una multa de 10 millones de pesos, más un valor estimado por un potencial decomiso de la bodega completa de 47 millones de pesos, es decir, bastante más de lo que pagó. Otro tanto ocurre con el buque español, donde no se especifica, si se le decomisó la captura, pero de no ser así, se le hubieran regalado unos 27 millones de pesos, ya que según el Art. 47º de la ley 24.922 se presume que todo lo pescado fue dentro de la ZEEA.

Para evaluar la gravedad de las sanciones, deberíamos tener en cuenta tres escenarios: a) el primero, si el buque extranjero pesca sin licencia debería aplicarse el máximo de la pena según establece la ley; b) el segundo, si el buque extranjero pesca con licencia inglesa dentro de la zona de exclusión pesquera británica ilegal alrededor de Malvinas (FOCZ), es decir dentro de la ZEEA, es una falta grave y, debería aplicarse la máxima pena más alguna accesoria. Ello es posible establecerlo ya que Prefectura y la Subsecretaría de Pesca tiene la característica del buque licenciado y su capacidad de bodega y, c) el tercero, si con licencia británica pesca fuera de esa Zona de Exclusión (FOCZ) en la ZEE bajo control de Argentina o adyacente a ésta.

Esto supone una falta gravísima, ya que el Reino Unido ocupa y pesca en forma prepotente la zona de exclusión pesquera alrededor de Malvinas (FOCZ) y accesoriamente va más allá, cuando los barcos licenciados ilegalmente por el R.U. pescan en la ZEE controlada por la Argentina o, los recursos migratorios o asociados de ésta.

Es decir, que a través de estos buques licenciados el R.U. amplía la zona de invasión inglesa en el territorio marítimo argentino. En este caso correspondería la aplicación de una multa y el decomiso del buque y las materias primas capturadas.

Al buque chino “809” con 600 toneladas de calamar en bodegas no sabemos que multa se le colocó, pero, en cualquier caso, entre multa y decomiso debiera ser del orden de los 47 millones de pesos. Por cierto, estos procesos de control de la bodega, decomisos y multas deben garantizarse para evitar procesos de corrupción a la hora de pagar más o menos y/o decomisar más o menos.

Que la Prefectura Naval Argentina solo haya capturado un promedio de dos buques por año, podría atribuirse a incapacidad; falta de medios para actuar en forma permanente los 365 días al año, en especial por la particularidad de que el calamar se captura de noche; o a una decisión política del gobierno de hacer la vista gorda cuando se trata de buques chinos, pues el gobierno es soja dependiente y recibe diversas inversiones de ese Estado.

Llama mucho la atención la inoperatividad argentina ante los buques de España, el mayor usuario de las licencias británicas pesqueras ilegales de Malvinas que, a su vez, es un beneficiario insignificante en las aguas de Gran Bretaña.

A esta altura debemos observar que la Subsecretaría de Pesca y la Prefectura Nacional tienen un concepto erróneo: que tienen que controlar las capturas de los buques extranjeros hasta la milla 200 y no pueden hacerlo desde la milla 201. Pues conforme el art. 4º de la Ley 24.922 debieran hacerlo en toda la extensión de nuestra plataforma continental argentina (350 millas) que va más allá de las 200 millas de la ZEEA y, como también lo indica este artículo, en su condición de estado ribereño, «podrá adoptar medidas de conservación en el área adyacente a la ZEE sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población de especies asociadas a las de la ZEEA», situación que la Argentina dejó claro al ratificar la CONVEMAR (Art. 2º). Lo mismo aplica, para la protección de los recursos que migran a la ZEEA que ocupa ilegalmente el R.U., donde la Argentina, debería -al menos- aplicar el criterio de precaución y accesoriamente aplicarles multas en función de las bodegas disponibles de los buques que operan sin permiso argentino en esa área.

Un buque potero en una campaña captura unas 2.000 toneladas de calamar, así, que a un promedio de 2.300 U$S/tn nos da unos 4,6 millones de dólares, lo que demuestra las multas insignificantes en el caso que se apliquen. Un cálculo conservador nos indicaría que en forma anual la pesca extranjera captura por un valor de 2.000 millones de dólares y eso supera todas las exportaciones pesqueras anuales de Argentina. Eso demuestra el daño gravísimo que esta pesca ilegal causa a la actividad, que podría duplicar sus ingresos y triplicar el empleo nacional.

Aunque es difícil medir el daño al ecosistema, es fácil entender que este ocurre, porque hay un millón de toneladas/año que se pescan sin control y, mientras Argentina establece la Captura Máxima Permisible Anual en la ZEE, fuera de ella y sobre los recursos migratorios y asociados no hay control. Ello no solo es importante por la pesca en sí, sino por cómo impacta biológicamente esa pesca en los recursos que captura Argentina, ya que el ecosistema es uno, indivisible. Por supuesto, no computamos aquí los descartes en alta mar y los que se realizan en la ZEEA.

¿Quién instruye y le da los equipos necesarios a la Prefectura para apresar a todos los buques extranjeros que pescan ilegalmente en la ZEEA y adyacente y a la Subsecretaría de Pesca para que aplique multas ejemplares, que sostengan el control y desalienten el robo de nuestro patrimonio nacional?»

El biodiesel argentino vuelve a Europa

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El Comité de Prácticas Comerciales de la Unión Europea decidió este miércoles 30 de enero rehabilitar las importaciones de biodiesel argentino. Se trata de una noticia muy importante, por el monto que pueden sumar a nuestras exportaciones -unos 1.000 millones de dólares-, y también porque es un ejemplo de lo que pueden lograr para una industria clave, el trabajo conjunto de la cancillería y el sector privado. (En estos casos, el «libre mercado» es una leyenda amable para ingenuos).

En 2018 la Unión Europea había adquirido 1,3 millones de toneladas de biodiésel de origen argentino por US$ 890 millones. Y es casi el único mercado importante que se recupera, ya que Estados Unidos impuso aranceles antidumping a nuestro biodiesel. Para el complejo oleaginoso es crucial, porque le permite mantener su capacidad instalada en operaciones.

La U.E. había impuesto derechos antidumping en 2013, los cuales fueron desafiados por el gobierno argentino en la OMC, así como la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) y sus miembros se habían presentado ante la Corte Europea de Justicia. Ambos casos fueron favorables para la Argentina y se consiguió eliminar el derecho antidumping.

Pero la Comisión Europea -el equivalente del Poder Ejecutivo para la UE- presionada por sus productores europeos, rectificó una decisión de septiembre y pidió a los gobiernos del bloque imponer otra vez aranceles al biodiesel nacional, esta vez en un rango que iría del 25% al 33,4%. Y abrió una investigación de subsidios contra el gobierno nacional y provinciales de nuestro país. Esta investigación es considerada injustificada y arbitraria.

Todo esto queda en suspenso al implementarse el acuerdo alcanzado. En la industria aceitera de nuestro país celebraron ese acuerdo comercial, con “condiciones de precio y volumen satisfactorias”. “La industria argentina celebra la aprobación del acuerdo; la única forma de lograr volver a exportar a la Unión Europea”, dijo Luis Zubizarreta, presidente de la CARBIO.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y ex agregado agrícola en la Unión Europea, destacó que el voto en Bruselas de la mayoría de los países de ese bloque es el fruto de un trabajo diplomático complicado, con negociaciones largas, que confiamos serían finalmente exitosas”.

El acuerdo de precios y volumen tendrá una fórmula de actualización trimestral basada en un cálculo de los precios FOB más gastos. Además, se establecerá un volumen máximo anual, que en la industria consideran razonable en relación a las cantidades que se han exportado en años anteriores.

Vale la pena repasar los argumentos de los europeos. Las autoridades comunitarias habían argumentado que la Argentina tenía 16 programas de promoción y ayuda al biodiésel. Además, dijeron que el diferencial de derechos de exportación que existía entre el poroto y el aceite de soja significaba una práctica predatoria del comercio. La Organización Mundial del Comercio descartó ese argumento en 2017. Pero los productores de biodiésel que se resisten a la competencia argentina igual presionaron por una sanción por supuestos subsidios. El año pasado el gobierno argentino eliminó el diferencial en las retenciones entre el poroto de soja y sus subproductos, lo que provocó el malestar de la industria, y además fijó derechos de exportación para todos los productos de la economía, entre ellos, el biodiésel. Esas medidas le quitaron peso al nuevo reclamo europeo.

Los argentinos, y argentinas, se automedican

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Según una encuesta de la fundación UADE, el 47% de los argentinos que consumieron algún medicamento el año pasado se automedicaron. Lo hicieron sin consultar a ningún médico, basados en que ese producto «lo toman siempre», en la recomendación de un amigo, o por un resultado que arrojó Google.

Se puede ser escéptico de encuestas tan generales. Pero no cabe duda que este resultado coincide con la apreciación general y con las observaciones de los médicos generalistas.

Los medicamentos de mayor consumo son los analgésicos y antiinflamatorios. Los toman 6 de cada 10 argentinos. En segundo y tercer lugar, el 43% declaró haber consumido antibióticos y el 35% antigripales.

Los más consumidos son, precisamente, los que se adquieren sin receta médica. Solamente la mitad de quienes tomaron analgésicos o antiinflamatorios en el último año usaron la prescripción de un profesional (53%), al igual que quienes consumieron antigripales.

El doctor Alejandro Ventura Simonovich, jefe de farmacología clínica del Hospital Italiano, coincide en que la gente toma decisiones por su cuenta y advierte que no todos los medicamentos deberían ser usados sin control.

«Muchas veces los toman por un lapso de tiempo que no es el correcto, otros eligen no tomar un medicamento porque leen el prospecto y les da miedo, y algunos eligen tomarlo porque ya lo probaron y les hizo bien». Además, «la gente elige automedicarse porque prefiere no ir al médico».

Para Ventura Simonovich, el mayor problema de la automedicación está en las interacciones. Es decir, cuando se consumen medicamentos de venta libre mientras se toman otros medicamentos que fueron indicados por un médico. «Las dDDinteracciones muchas veces hacen que los medicamentos que estaban indicados originariamente por un médico pierdan su eficacia». Da un ejemplo: «Si estoy tomando un medicamento para la presión y tengo que tomar un antiinflamatorio, estaría bueno consultar antes a un médico».

Laura Raccagni, coordinadora del Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), advierte que ningún medicamento es inocuo. «Que sea de venta libre no quiere decir que sea de consumo liberado. Es importante que la gente empiece a concientizarse».

«Los medicamentos de venta libre más vendidos son los analgésicos y antiinflamatorios: paracetamol, ibuprofeno, y diclofenac. El paracetamol es el único que tiene menos efectos gastrointestinales. Todos los demás tienen efectos gastrointestinales; si la persona es hipertensa -como van a retener sodio y agua- le van a aumentar la presión; y tienen efectos en el riñón», precisa a farmaceútica.

El mayor problema: los antibióticos. Porque su uso va creando cepas de bacterias cada vez más resistentes. Las llamadas «superbacterias», cada vez más peligrosas, en la misma infección intra hospitalaria.

Es cierto que los antibióticos son de «venta bajo receta archivada». Pero no se cumple. Es habitual que la gente vaya a cualquier farmacia y se los den. «No debería ni dispensarlo en la farmacia, ni demandarlo el paciente», subraya Raccagni. Los que más se prescriben en nuestro país son los de la familia de la amoxicilina.

La encuesta de la UADE arrojó que, si bien los antibióticos presentan una mayor tasa de receta médica (74%), «un cuarto de los argentinos los consume sin indicación de un profesional».

Para Ventura Simonovich, la automedicación con antibióticos es «un problema» en la Argentina y a nivel global. «Las personas van y compran antibióticos por su cuenta. Los toman para enfermedades que probablemente no sea necesario que tengan que tomarlos. Y eso puede provocar otro tipo de problemas», advierte el especialista.

«Muchas veces tienen síndrome gripal y compran el antibiótico. Dicen que lo toman un día y se terminó el síntoma. En realidad no lo necesitaban, pero lo tomaron. Y tomarlo solamente un día provoca más resistencia. Así, se va generando una cadena: después si tiene alguna infección en la piel tenemos que suponer que fue por una bacteria resistente porque estuvo tomando antibióticos cuando no los necesitaba».

El turismo gay friendly en la Argentina

De las 7 millones de personas que visitaron el país en 2018, se estima que casi medio millón son LGTB. Creció un 11%.

Más de 490.000 turistas del segmento LGBT visitaron la Argentina durante 2018, lo que representó un crecimiento interanual del 11%, según estimaciones divulgadas por la Cámara de Comercio Gay Lésbico Argentina (CCGLAR).

«En 2018, la Argentina cerró el año con más de 7 millones de visitantes y una estimación superior a los 490.000 mil turistas LGBT», dijo el presidente de la Ccglar, Pablo De Luca.

Para los próximos dos años, De Luca sostuvo que la competitividad otorgada por la devaluación «mantendrá ese ritmo de crecimiento de alrededor del 11%».

En tal sentido, estimó que durante este año arribarán al país unos 550.000 turistas LGBT, «mientras que probablemente en 2020, si todo sigue como estimamos, llegaremos a los 600.000 visitantes», auguró.

DESTINOS PREFERIDOS

En cuanto a los destinos elegidos por estos visitantes, ubicó en primer lugar a Buenos Aires, seguido por Puerto Iguazú, Ushuaia, Mendoza, Córdoba y Rosario.

Las sucesivas menciones del país por encuestas, consultoras y buscadores como uno de los 10 destinos «gay friendly» más importantes, «y muchas veces como el único en América Latina, como los LGBT British Awards», son para De Luca algunas de las causas para este crecimiento.

Más datos en www.ccglar.org/

Recaudación de enero $ 363.000 millones: creció menos que la inflación

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informó que la recaudación tributaria de enero. El monto ascendió a $363.927 millones, un 38,9% más respecto de enero se 2018 y casi 8 puntos por debajo de lo que -se estima- creció la inflación en ese mismo período. Por otro lado, implicó una caída del 6,5% respecto de diciembre de 2018.

En enero, los mayores ingresos provinieron de un aumento del 35% del IVA, impuesto por el que se recaudaron $114,742 millones y del 45,7% de Ganancias ($71.300 millones). En el desagregado de este impuesto, unos $90.413 millones correspondieron al IVA impositivo, que está vinculado al movimiento interno (con una variación del 49,4%, en línea con las estimaciones de la inflación) y $ 26.829 millones, al «aduanero».

Al finalizar la explicación sobre la recaudación del mes, Cuccioli se refirió al efecto benéfico que tiene para la recaudación el pago a través de medios electrónicos cuya utilización «viene creciendo mes a mes. Desde a AFIP estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que su uso se extienda» y dijo que la reciente habilitación de pago de la propina, hasta el 10% de lo consumido, a través de tarjetas, «va en este sentido».

Según el economista Nadin Argañaraz, del Instituto de Análisis Fiscal (IARAF) el dato de los ingresos fiscales de enero, «consolidó una caída real de la recaudación por séptimo mes consecutivo, iniciado en julio tras la crisis cambiaria».

China, EEUU, Rusia y la Unión Europea: sus proyectos en la Luna y en el espacio

El espacio, otro campo de batalla entre las potencias

El nacimiento del primer bebé extraterrestre ocurrirá en la Luna antes de 2050. Ese acontecimiento sin precedentes será el resultado lógico de la progresiva colonización del satélite, un proceso que se intensificará alrededor de 2025. Y que promoverá -ya lo está haciendo- enfrentamientos y competencias nacionalistas, más que una idealista «cooperación internacional»

En el programa de la Agencia Espacial Europea (ESA) se prevé la instalación de un asentamiento de seis a diez científicos, encargados de establecer una base que, en 2040, pueda albergar un millar de personas, incluyendo familias enteras.

La iniciativa Moon Village, se podría articular con el proyecto Deep Space Gateway de la NASA y con un programa de la agencia rusa Roskomos para relevar la Estación Espacial Internacional (ISS), que orbita en torno de la Tierra, condenada a terminar su vida útil en 2024.

En su configuración ideal, la plataforma lunar debe operar como escala inicial de la primera misión humana a Marte, que exigirá una inversión global de 800.000 millones de dólares.

Pero además de cooperación, hay competencia por el prestigio y el poder.

La colonización de la Luna y la conquista de Marte son la faz optimista de la intensa actividad espacial que despliegan las grandes potencias. Y detrás de una cooperación científica en apariencia idílica se oculta una despiadada competencia por el control y el predominio del espacio, tema que será uno de los desafíos científicos y estratégicos cruciales del siglo XXI.

CIFRAS

No en vano las grandes potencias consagran sumas colosales al esfuerzo espacial: Estados Unidos gasta más de 40.000 millones anuales; Europa, 7000; Rusia, 5000, mientras que China mantiene un riguroso secreto al respecto.

Ninguna actividad obsesiona tanto en este momento a las grandes potencias como la carrera espacial. Ese interés se explica por tratarse de un sector en el cual el 96% de las tecnologías utilizadas son de carácter «dual«, es decir, a la vez de uso civil y militar.

Aunque la actividad espacial nunca fue inocente, la militarización del cosmos se intensificó después del ejercicio de destrucción de un satélite realizado por China en 2007, que demostró la posibilidad concreta de una «guerra de las estrellas». En los últimos años el espacio se convirtió, cada vez más, en el principal escenario de competición entre las superpotencias y de afirmación de poder para los países que – después de haber alcanzado el estatus nuclear- aspiran a ingresar al club de grandes, como India e Israel, que preparan proyectos de lanzamiento inminente.

La carrera espacial ingresó en un ritmo vertiginoso. El año pasado partieron dos artefactos espaciales por semana.

En esa competencia desenfrenada, China logró -por primera vez- superar a Estados Unidos en cantidad de lanzamientos: 39 cohetes en 2018, contra 31. El descenso de su módulo Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna fue otro campo de batalla entre las potencias. A fin de implantar una base permanente en la Luna antes de 2030 para no dejar el monopolio a los occidentales, Pekín prepara el envío del módulo Chang’e 5, que debe alunizar este año para traer dos kilos de minerales a la Tierra a fin de analizar las posibilidades de una explotación industrial de los recursos lunares.

¿Quién puede decir si se trata de un proyecto científico o militar? El aprovechamiento de esos recursos, en todo caso, será posible gracias al cohete reutilizable Larga Marcha 8, que comenzará a operar en 2020. Ese proyecto permitirá experimentar las técnicas de construcción en 3D a partir del regolito, es decir, la alfombra de restos cósmicos que cubre la superficie selénica. Con esos materiales se podrán construir instalaciones en 3D -viviendas o factorías suficientemente sólidas para resistir las condiciones extremas del hábitat selénico, como el impacto de meteoritos, la presión o la temperatura.

La «aldea» de colonización facilitará las investigaciones para generar oxígeno a partir del regolito lunar y buscar la forma de recuperar el gas helio-3, extremadamente raro en la Tierra, combustible ideal para alimentar los reactores nucleares a fusión. En el caso de China, esa posibilidad de aprovisionamiento responde al imperativo estratégico de reducir su dependencia energética.

A cualquier «colonizador», una presencia permanente le permitiría acceder a las cantidades importantes de aluminio, silicio, hierro, cromo, níquel, titanio y los 16 metales o tierras raras que -al parecer- abundan en las entrañas aún inexploradas de la Luna. En definitiva, es el mismo objetivo que inspira a una docena de operadores privados, como los multimillonarios Jeff Bezos y Elon Musk, que codician las perspectivas que ofrece la explotación del triple play: la Luna, Marte y el turismo espacial.

MILITARIZACION ESPACIAL

Pero lo que resulta realmente inquietante es la militarización del espacio. La amenaza de una «guerra de estrellas», lanzada por Ronald Reagan en los años 80, se cristalizó en junio último cuando Donald Trump anunció la creación de una «fuerza espacial» no solo destinada a asegurar la defensa de Estados Unidos, sino también su «dominación» (sic).

La mitad de los satélites que se lanzan al espacio están consagrados al espionaje o a las comunicaciones militares. Tanto en el ámbito comercial como estratégico, la tendencia dominante del new space es la miniaturización. En los próximos 10 años se lanzarán más de 7000 satélites de menos de 500 kg. Una parte estará destinada a difundir internet en zonas sin cobertura.

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Pero cada paso científico arrastra una cadena de riesgos: las escuadrillas de nanosatélites lanzados por Rusia y China expandieron las fronteras de la confrontación y convirtieron el espacio en un nuevo campo de batalla. Los miniartefactos chinos patrullan el cosmos artillados con rayos láser capaces de destruir otros satélites, como hicieron en 2007.

El satélite ruso Louch-Olymp se dedica exclusivamente a espiar las comunicaciones militares encriptadas de los artefactos occidentales. Desde 1967 existen tratados que reglamentan el uso pacífico del espacio, pero la experiencia reciente demuestra que la vigencia de un acuerdo termina cuando uno de los signatarios decide romperlo. Donald Trump no titubeó en retirar a los Estados Unidos del tratado NIF de armas nucleares intermedias que habían firmado Reagan y Gorbachov en 1987. En ese marco, resulta comprensible la inquietud que suscita la escalada militar en el espacio porque, como suele decir el futurólogo Jacques Attali, «todo lo que es previsible termina por ocurrir».

  Carlos A. Mutto

Una batalla por el desarrollo nuclear argentino: CONUAR

Ayer, viernes 1 de febrero, en el predio de la AFA en la autopista Richieri, los trabajadores de CONUAR realizaron una movilización y un banderazo. Podría ser uno cualquiera de los muchos reclamos gremiales que se hacen en estos tiempos. Desde una mirada más distante, sería otro ejemplo del accionar de las organizaciones de los trabajadores que -para una forma de pensar- impide desde hace más de 70 años que nuestro país tenga un costo laboral que le permita competir en el mundo moderno.

Es cierto: es un reclamo gremial. Y también ha sido parte de un enfrentamiento decisivo -en el que no participan sólo los sindicatos- para el futuro de una Argentina moderna. Decisivo, desde otra forma de pensar.

«LAS EMPRESAS NUCLEARES SON “PRESA LEGÍTIMA”

Es raro que una medida de protesta obrera goce de simpatías patronales. Sin embargo, podría ser el caso de la de los trabajadores de CONUAR, empresa de combustibles nucleares, que hacen un “banderazo” por ocho despidos, pocos para este verano de 2019 en que llueven cesantías. Pero se vienen otros 75 despidos inminentes. Y puede q muchos más.

Y estos ocho despedidos son expertos en mecanizado de silos para enfriamiento de combustibles gastados de las centrales nucleoeléctricas Atucha 1 y 2. Como tal vez imagina el lector, forman parte de una pelea mayor: para terminar con el desarrollo atómico independiente que todavía logra defender la Argentina.

CONUAR es una firma de capitales mixtos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Pérez Companc, formada en los ’80 para que la Argentina fabricara en forma totalmente independiente los elementos combustibles de sus centrales nucleares.

A diferencia de otras mezclas raras de estado y capital privado, CONUAR tuvo un éxito inmediato: desde 1984, los ensambles de caños de circaloy llenos de pastillas de dióxido de uranio que entran en reacción en cadena en nuestras centrales nucleoeléctricas son absolutamente “made in Argentina”.

En energía nuclear, decía Jorge Sabato, es más importante tener la tecnología de los combustibles que la de los reactores y las centrales. Y las razones hoy son evidentes: si la Argentina dependiera de suministro externo de combustibles para sus 1800 MW nucleares instalados y volviera a mostrar atisbos de una política económica o un alineamiento regional independiente, bastaría un telefonazo de embajador para dejar sin combustibles y a oscuras a casi 9 millones de argentinos. 1800 MW puede parecer poco (y es poco), pero son nucleares, es decir vienen con un “factor de capacidad” del 90%.

Gracias a CONUAR, nuestras centrales nucleoeléctricas no se enteran de si llovió o no llovió, si sopló o no sopló, o de si el estado subsidia mucho o muchísimo a los vivos de Vaca Muerta. La Argentina tardó 34 años en dominar la ciencia de materiales cerámicos y metalúrgicos atípicos, los que hoy le permiten fabricar combustibles nucleares. Pero hizo solita esa curva de aprendizaje y no se va a olvidar.

En consecuencia, nuestras centrales nucleares tienen la posibilidad de trabajar 24×7 el 90% del año, y en el caso de Embalse, recién “retubada” por Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) para 30 años más de vida útil, probablemente llegue al 93%.

Si tuviéramos el doble de megavatios nucleares en la Pampa Húmeda, sería muy difícil que sucedieran apagones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Pero suceden. Y cómo.

El año pasado debían firmarse con la China National Nuclear Corporation las compras encadenadas de Atucha III CANDU (740 MW) y de una central Hualong-1 de 1180 MW: duplicábamos potencia instalada nuclear, joya.

Pero en 2018, tras endeudarse hasta las orejas en papelitos financieros de su invención y fuga de capitales vía “carry trade”, el gobierno nacional desistió de adquirir esa infraestructura. Venía con un 75% de financiación china, 8 años de gracia y 20 años de pago al 4% anual, es decir que las centrales se pagaban solas… “pero el gobierno estaba demasiado endeudado”.

De modo que no bien una ola de calor nos hace gastar más de 25.000 MW/h, 1000 MW/h menos de lo que daba el sistema en 2015, ahora éste colapsa, y no sólo por la pésima red distribución minorista, sino porque la capacidad de generación le queda chica incluso a un país en creciente coma recesivo autoinducido desde… ¿2016?

Como hay uranio en casi toda la corteza terrestre, su precio tiende a la estabilidad, por mucho que el petróleo y el gas, y sus crisis y sus guerras y su permanente histeria de tapas, titulares y horario central lo tironeen. Por eso el precio mayorista de la núcleoelectricidad en la Argentina debería ser una constante. No lo es porque los precios al consumidor los fija la Secretaría de Energía (un cártel petrolero), y por la decisión evidente del gobierno de achicar hasta la irrelevancia la porción de NA-SA de la torta eléctrica. En 1987, el átomo llegó a producir el 15% del consumo eléctrico argentino, hoy quizás llega a un tercio de aquella cifra.

Pero no estamos hablando de MW/h, sino de tecnología, o más bien, de independencia tecnológica. Hay mucha gente ofendida con que Argentina tenga al menos una empresa mixta como CONUAR, con que a ésta le vaya bien, con que haya adquirido una capacidad tecnológica tal en metalurgia y maquinado del circonio (y su primo en la tabla química, el titanio) que figura entre los oferentes de las grandes industrias aeronáuticas del Hemisferio Norte. Ir acorralando de nuevo el Programa Nuclear Argentino forma parte de una movida general de “país supermercado”: vendemos soja, carne, gas, minerales y el resto se importa. Si eso deja un tendal de desocupados en empresas estratégicas, otro aún mayor en empresas más corrientes y un tercer tendal de ciudadanos a oscuras en apagones, eso no es una medida de fracaso de un plan para la Argentina.

Es mucho peor, es una medida de éxito. No el nuestro, ciertamente.

Por eso la UOM hace un “banderazo” por 8 despedidos poco comunes y probablemente la patronal de CONUAR, que tampoco es una empresa demasiado típica, sabe que las firmas de alta tecnología son “presa legítima” en la Argentina de hoy».

Daniel Arias

Macri, Maduro y Paolo Rocca: las paralelas no se juntan

En una nota de AgendAR sobre el impacto de la crisis venezolana en nuestra región, señalamos que sería un error pensar que el gobierno argentino fue arrastrado por simple seguidismo de la política exterior de los EE.UU. Mauricio Macri ha estado vinculado, desde antes de ser presidente, a los sectores más enconados de la diáspora venezolana. La esposa del destacado opositor Leopoldo López tuvo un lugar de honor en el festejo de su victoria electoral, en octubre 2015.

Ahora, Alejandro Bercovich hace un paralelismo irónico entre aspectos de las trayectorias de Macri y Maduro, y algunos de Techint. Creemos que exagera por efecto, pero los hechos que señala son interesantes. Compartimos:

«-No, no me lo podés decir en serio. ¡No me podés comparar a Leopoldo López con Milagro Sala! ¡López no hizo nada malo como para que lo compares con Milagro Sala!

Corría enero de 2016. Mauricio Macri acababa de llegar al Foro Económico Mundial de Davos. Apenas llevaba un mes en el poder y la líder del movimiento Túpac Amaru acababa de ser detenida en Jujuy por presuntos «daños agravados» durante una protesta contra el actual gobernador Gerardo Morales. La pregunta de un periodista que lo ofuscó apuntaba a la aparente contradicción entre su aval a la detención de Sala y su condena enérgica al encarcelamiento de Leopoldo López, en aquel entonces líder de la oposición venezolana y jefe político de Juan Guaidó, el dirigente que la Asamblea Nacional acaba de designar como «presidente encargado», en abierto desafío a Nicolás Maduro. Tres años después, con ambos todavía presos en sus domicilios y con condenas por varios años más, Amnistía Internacional y otros organismos globales de derechos humanos reclaman a Macri y a Maduro la inmediata liberación de Sala y de López respectivamente, a quienes consideran injustamente privados de su libertad.

Pese al aguerrido antimadurismo del Presidente y a su disciplinado alineamiento con la Casa Blanca, que lo llevó incluso a reunirse esta semana con una embajadora del gobierno paralelo de Guaidó, otros dos lazos invisibles acaban de atar al Gobierno con el heredero de Hugo Chávez. Uno es el sorpresivo enfrentamiento con Techint, que amenazó anteayer con hacerle juicio por el recorte que dispuso Gustavo Lopetegui en los subsidios para Vaca Muerta y que arrastra duras cuitas con la dirigencia bolivariana desde la expropiación de su filial Sidor. El otro es la contratación de una empresa de software que creció al calor de los petrodólares caribeños, que tuvo a su cargo todas las elecciones venezolanas entre 2004 y 2017 y que proveerá al Correo Argentino el software con el que serán transmitidos los resultados de cada una de las 90 mil mesas de votación de los comicios presidenciales de octubre.

La pelea con Techint es por unos 700 millones de dólares, que su petrolera Tecpetrol esperaba percibir entre 2019 y 2020 en subsidios por haber incrementado su producción de gas en Vaca Muerta. La subvención fue fijada en 2017 por Juan José Aranguren y les garantizaba un precio sostén del gas a todas las compañías que invirtieran en ese megayacimiento neuquino de hidrocarburos no convencionales. Lo que no pudiera pagar el mercado, lo completaría el Estado. Fue con ese aliciente (cobrar US$ 7,50 por millón de BTU de gas entregado a la red, aunque el precio promedio fuera tres dólares menos) que la «T» desembolsó unos U$S 1.800 millones para meterle fracking al área Fortín de Piedra, en el corazón de Vaca Muerta.

Desde aquel rapto generoso de Aranguren, como dice el Presidente, pasaron cosas. Los ingenieros de Rocca encontraron más gas del esperado y sus pozos pasaron a producir el doble de lo que habían proyectado cuando se publicó aquella resolución, la 46/2017. Las sucesivas corridas cambiarias, mientras tanto, empujaron a Macri a los brazos de Madame Lagarde. Como el subsidio crecía a la par de la producción, la cuenta iba a llegar a U$S 1.200 millones en 2019. Casi lo mismo que destinará el Estado en todo el año a Ciencia y Técnica. O un tercio de lo que invertirá en Salud, incluyendo sueldos, remedios y mantenimiento de todos los hospitales nacionales. De eso, cerca de un 70% era para Paolo.

La partida pasó por las tijeras de Lagarde, que fijó un tope de 700 millones para 2019 y de 600 millones para 2020. Un total de 1.300 millones frente a los 2.300 millones previstos inicialmente por los petroleros. Anteayer, Gustavo Lopetegui les transmitió a una veintena de petroleros la decisión que venía dilatando desde diciembre Nicolás Dujovne, el empoderado primus inter pares del gabinete y nexo permanente con el Fondo: esas subvenciones se pagarán solo por el gas que estimaron extraer las empresas al momento de firmarse la resolución, y no por lo que finalmente filtró la roca madre. Un ajuste palpable pero no más severo que el que sufrirán todas las partidas del Presupuesto, excepto la de intereses de la deuda pública.

En la reunión con «Planillita» Lopetegui, uno de los dos enviados de Rocca -el CEO de Tecpetrol, Carlos Ormaechea- se despachó con una frase que para el macrismo suena a daga envenenada: «Acá están cambiando las reglas del juego». Un rato más tarde, ante la Comisión Nacional de Valores, Techint amenazó explícitamente con iniciar acciones legales y administrativas.

«Esto es de una ingratitud total. Nosotros no negamos que acá hay una modificación, pero estuvo recontra hablada. Techint pretende cobrar en dólares lo que calculó en abril de 2017 mientras nosotros hacemos un ajuste sin precedentes en todo lo demás», se quejó ayer ante BAE Negocios una fuente de Hacienda que participó de las negociaciones. «Acá hay mucha calentura con Paolo, porque en su peor momento Mauricio fue y se sacó la foto allá con él, un día después de que lo llamaran a indagatoria», agregó, ofuscado.

La alusión a la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, donde Rocca finalmente fue procesado en noviembre por haber ordenado pagar coimas durante el kirchnerismo, enfureció más todavía al cuartel general de la «T» en Catalinas. «¿Qué corno tiene que ver la causa cuadernos? Hicimos la mayor inversión de los últimos años en la Argentina. Ahora cuando les toca su contraparte nos dicen que no alcanza. Les ofrecimos financiarla. También ofrecimos ponerle un tope el subsidio. Pero ellos están rascando la olla y encontraron este artilugio. ¿¡Y encima los ingratos somos nosotros!?», replicó ante este diario un alfil de Paolo.

No es la primera vez que el jefe de Techint apuesta por un gobernante que luego lo decepciona. El caso paradigmático fue, justamente, Hugo Chávez. Antes que llegara al poder había sido su mecenas. Ya como presidente, y hasta la expropiación de Sidor, el bolivariano siempre lo tuvo como invitado de honor. Incluso después, el apoyo de los Kirchner le permitió quedarse con una indemnización mucho más jugosa que la que obtuvieron otros confiscados. Por eso los fiscales de la causa de los cuadernos desconfían que haya entregado dinero a Roberto Baratta solo para sacar a sus ingenieros de Venezuela, como adujeron sus abogados defensores.

Las traiciones cruzadas están a la orden del día. El eyectado antecesor de Lopetegui, Javier Iguacel, empezó a destilar el rencor que le inoculó su despido y el entierro de sus aspiraciones políticas. El otrora CEO de Pluspetrol se soñaba vicegobernador de María Eugenia Vidal o, como mínimo, intendente de su Capitán Sarmiento natal. Pero después de ponerle la cara a los tarifazos, volvió al llano y no lo disfruta. «Son dogmáticos», se despachó contra Lopetegui y su tropa ante uno de los pocos empresarios con los que habló tras su eyección.

Como suele ocurrir, los problemas aparecen todos juntos. La furia de Paolo y la ingratitud de Iguacel llegaron justo cuando los pobladores de Sauzal Bonito, a solo 5 kilómetros de Fortín de Piedra, empezaron a movilizarse por los temblores de tierra que comenzaron a percibir entre noviembre y diciembre pero que recrudecieron en los últimos días al punto de haber agrietado decenas de paredes y techos de sus viviendas. La ONG Sismología Chile confirmó haber detectado los eventos sísmicos aunque aclaró que, por falta de instrumentos de medición en territorio argentino, no puede asegurar que su origen sea la fractura hidráulica de la roca madre que efectúan las petroleras para extraer el hidrocarburo encerrado en ella.

El director de Defensa Civil neuquino, Martín Giusti, defendió con uñas y dientes el negocio que sostiene a la provincia desde siempre. El martes declaró que el temblor que se había registrado esa madrugada cerca del volcán Copahue «no fue un sismo». Los sismólogos de la ONG chilena lo desmintieron y citaron las alertas de su Servicio Nacional de Geología y Minería. Entre el miércoles y ayer por la mañana detectaron otros cuatro temblores. Si bien no está comprobado de modo concluyente que el fracking genere terremotos, regiones como Lancashire (Inglaterra) prohibieron el año pasado su desarrollo luego de haberse registrado temblores como los de Sauzal Bonito.

El otro parentesco con Maduro que le apareció a Macri, además de su súbita enemistad con Rocca, es aún más sensible a la luz de los cuestionamientos internacionales a la legitimidad de las últimas elecciones venezolanas. La empresa Smartmatic, que acaba de alzarse con el contrato para escanear y transmitir vía mail al Correo Argentino las actas de cada mesa de votación en las elecciones presidenciales de octubre, declara sede en Londres pero nació en Caracas en el año 2000 gracias a un pequeño préstamo inicial de US$ 200.000 del mismísimo gobierno de Hugo Chávez, que contrató sus servicios para el referéndum de 2004 que lo habilitó a su primera reelección. Tres contratos posteriores con Chávez para organizar sus primeras elecciones mediante voto electrónico le dejaron ganancias por unos 120 millones, un capital que le permitió internacionalizarse y establecer filiales en Estados Unidos, Barbados, México, Argentina, España, Filipinas y Taiwán.

La compañía aparece mencionada al menos una docena de veces en cables diplomáticos estadounidenses filtrados por Wikileaks. El más llamativo es el del 10 de julio de 2006, donde el embajador en Caracas, William Brownfield, advierte al Departamento de Estado que «lo más sospechoso del sistema de Smartmatic es que las máquinas contactaban al servidor antes de imprimir sus resultados, dando la oportunidad, como mínimo, de cambiar ahí los resultados y sortear los controles rudimentarios de los observadores internacionales».

Si bien Cambiemos fracasó en su proyecto para digitalizar las elecciones nacionales, que llegó a tener media sanción de Diputados pero naufragó en el Senado, el voto electrónico avanzó en varias provincias y se utilizará, por caso, en las elecciones del 10 de marzo para elegir gobernador de Neuquén. La negativa del Senado a aprobar el proyecto oficial se basó en las advertencias de los especialistas que expusieron denuncias de hackeo y fragilidades de los sistemas usados en todo el mundo.

El tema recuperó actualidad por el fraude histórico que denunciaron la oposición y los medios de comunicación extranjeros en las primeras elecciones presidenciales en casi 20 años que se celebraron dos semanas atrás en el Congo. Las máquinas que se usaron allá habían sido construidas y programadas por una empresa de Corea del Sur para las elecciones argentinas de 2017. En Corea del Sur, un país ultratecnificado donde las escuelas ya no usan papel ni pizarrones porque todo se hace con pantallas, se sigue votando con una boleta única de papel. Las urnas electrónicas todavía no les parecen confiables».

Fabricaciones Militares pasa a ser una Sociedad del Estado

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El gobierno dispuso por decreto que la Dirección General de Fabricaciones Militares se transforme en Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, bajo el régimen de la Ley 20.705. Tendrá por objeto «la investigación y desarrollo de tecnologías, fabricación, industrialización, explotación y transporte, así como la comercialización de bienes y servicios en las áreas de seguridad, defensa, minería, industria química e industria». metalmecánica».

El gobierno afirma que la ahora ex Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, creada hace 77 años, «tiene sistemáticos y recurrentes problemas de competitividad, así como serias dificultades económicas y financieras que derivan en conflictos para acceder competitivamente a los sectores público y privado, y costos excesivos con la consecuente necesidad de disponer de cuantiosas partidas presupuestarias en cada ejercicio anual».

En lo que aparece como un punto clave, el decreto fija un plazo de 180 días, a partir del 1° de febrero, para iniciar las negociaciones de un Convenio Colectivo de Trabajo para su personal.

En diciembre pasado, trabajadores de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán realizaron una protesta frente a la planta para denunciar el despido de 26 empleados. Además, se denunció que en agosto pasado echaron a 49 personas de esa misma planta. Desde ATE se informa que la administración actual redujo más del 50% de la planta y que la producción disminuyó entre 80% y 90%.

La Dirección General de Fabricaciones Militares fue una creación del general e ingeniero militar Manuel Savio, entre 1938 y 1942, para impulsar una industria pesada nacional, ante las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial. Fue un factor decisivo en las industrias para la defensa, en la incorporación de tecnología en una multitud de rubros, y en transformación de la provincia de Córdoba, hasta 1980. Luego, su historia fue similar a la del deterioro de buena parte de la industria argentina.

Cambio climático: el glaciar más peligroso se está desintegrando

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Es el Thwaites, uno de los mas grandes del mundo y con gran peso en el aumento del nivel del mar.

Por su efecto directo en el aumento de los niveles del mar, es considerado el glaciar más «peligroso» del mundo. Y ahora, una investigación de la NASA sube el alerta. Una gran cavidad, de 40 kilómetros cuadrados y 300 metros «crece» en el fondo del glaciar Thwaites, ubicado en la Antártida occidental. Y es una confirmación de que esta masa de hielo se está desintegrando.

Los investigadores esperaban encontrar algunas brechas entre el hielo y la roca en el fondo del Thwaites donde el agua del océano podría «entrar» y acelerar el derretimiento desde abajo. Pero el tamaño y la tasa de crecimiento de ese «agujero», sorprendió. Es lo suficientemente grande como para contener 14.000 millones de toneladas de hielo, y la mayor parte se derritió en los últimos tres años.

«El tamaño de la cavidad debajo de un glaciar juega un papel importante en el proceso de fusión –escribió el autor principal del estudio, Pietro Milillo, del JPL de la NASA. A medida que más agua, y calor, penetran en el glaciar, éste se derrite más rápido».

El tamaño de la cavidad «derretida», fue medida usando datos obtenidos por radar especial, en la «Operación IceBridge» de la NASA, una campaña aerotransportada que comenzó en 2010 y que se dedica a estudiar las conexión entre las regiones polares y sus efectos en el clima global.

Los investigadores también sumaron datos de radares de apertura sintética de misiones italianas y alemanes. Y usando técnicas de interferometría relevaron detalles y como ha ido evolucionando esta situación.

Del tamaño del estado de Florida, en EE.UU, el Thwaites podría ser responsable de aproximadamente un 4% del aumento del nivel del mar a nivel global. Contiene suficiente hielo para elevar el océano algo más de 2 centímetros y sostiene a glaciares vecinos que, de caer, elevarían el nivel del mar en otros 2,4 centímetros más.

El sueño o pesadilla imposible de la dolarización

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A pesar del actual «veranito financiero»-un precio del dólar que se mantiene quieto o baja desde hace semanas, acciones que suben, riesgo país que baja- aquellos que están convencidos de la necesidad de llevar a la economía argentina a «abrirse al mundo», están desilusionados por completo con la administración Macri.

A no engañarse: estos sectores no tienen -ni han tenido, desde el colapso de la UCEDÉ- representación política explícita. Pero son muy influyentes en la formación de opinión, especialmente en los niveles de dirigencia, y cuentan con un apoyo social minoritario pero no insignificante. Y su desilusión es concreta: piensan y dicen que Macri no ha reformado (recortado) la legislación laboral, no hizo la reforma previsional, no… Miran a Chile, a lo que Bolsonaro promete, y piensan que los malos resultados de la gestión Macri: recesión, baja del PBI, endeudamiento, no se deben a lo que hizo sino a lo que no hizo.

Entre los economistas más mediáticos vinculados a este pensamiento, ha empezado a circular la idea de la dolarización. Y algunos de sus oponentes políticos la ven como una amenaza real. Queremos publicar en AgendAR parte de esta columna de Walter Graziano, un economista también mediático, que muestra las dificultades prácticas que hacen irreal esa idea. Pero, como dijimos al principio, son muchos los que -desde distintos espacios en la dirigencia argentina- piensan en los esquemas que reemplazarían al confuso y fallido «modelo Macri». No hay que creer que existe una sola receta.

«… Antes de adentrarnos en un análisis de factibilidad de la dolarización para Argentina, es necesario remarcar, para aquellos nostálgicos de la convertibilidad que se aplicó aquí en la década del noventa, que la dolarización es algo muy diferente a la misma. No es lo mismo tener una moneda nacional con tipo de cambio fijo e inamovible, que además debe cumplir una regla monetaria de igualar la base monetaria a la cantidad de reservas, que directamente utilizar el signo monetario de otro país. Ya lo veremos, yendo punto por punto:

a) La dolarización es inconstitucional, y por lo tanto, ilegal. En efecto, el artículo 75 inciso 6 de nuestra Constitución establece que debe existir un banco federal con la potestad de emitir moneda. O sea, se establece una moneda nacional, un banco central, y un único emisor de moneda nacional.

b) Dolarizar no es una medida cualquiera así nomás que pueda tomarse un día porque uno se levantó con las ideas cambiadas. Para dolarizar se requiere que todos los pesos depositados en los bancos y en circulación en la gente sean canjeados por los dólares de las reservas del BCRA. Y deben ser reservas de libre disponibilidad, de otra manera ese canje sería imposible. Por lo tanto, de los 66.000 millones de las reservas del BCRA habría que restar los encajes de los argendólares, que son cerca de u$s 17.000 millones y los u$s 19.000 millones del swap de monedas con China que no son de libre disponibilidad. Quedarían u$s 30.000 millones de los cuales habría que restar también otros activos que no constituyen reservas de libre disponibilidad, y muy probablemente también el dinero del FMI que fue otorgado para pagar la deuda y no para dolarizar. Pero supongamos que por arte de magia pueden utilizarse esos u$s 30.000 millones. Pues bien, la cantidad de depósitos en pesos y de circulante en el público supera con creces los u$s 100.000 millones, por lo que sería necesaria una devaluación de más del 300% para poder dolarizar. Se necesita un dólar de cerca de $150 por dólar.

Vale insistir en que la cifra necesaria de reservas para dolarizar es muy superior a la que se necesita en una convertibilidad, dado que en la dolarización no es suficiente canjear la base monetaria por las reservas porque si los depositantes desean retirar sus depósitos los bancos deben poder entregarle a los depositantes el 100% de sus activos en dólares, por lo que hay que convertir a divisas el 100% de los depósitos y circulante en el público.

c) Si la probabilidad de un default desde 2020 en adelante luce nada baja hoy en día, ni qué hablar entonces de la que habría en la dolarización: el BCRA se habría quedado sin reservas, y el Tesoro solo contaría con la recaudación para pagar no solo el gasto operativo, sino los intereses y hasta el propio capital de la deuda si los mercados deciden no renovarla. Por lo tanto el dislate de dolarizar es desde el punto de vista fiscal múltiple: se cae en el riesgo de defaultear además de la deuda, las jubilaciones y salarios del sector público si la recaudación es insuficiente por una eventual recesión o cualquier otro factor y los mercados no financian el faltante.

Los problemas no concluyen allí: no se podría tener una deuda flotante como la que hoy hay de Letes porque se corre el riesgo de caer en situaciones inmanejables y el default sería un fantasma omnipresente. El riesgo-país sería estratosférico en una dolarización argentina.

d) Las cuentas externas del país, se trate de la balanza comercial o se trate de la cuenta capital expondrían al sector financiero a vivir momentos de iliquidez, en caso de haber déficit de balanza comercial o fuga de capitales al exterior. No habría posibilidad de financiamiento transitorio de ninguna autoridad monetaria. En tal caso los dólares saldrían del sistema financiero al exterior dejando a muchos bancos en situación muy comprometida. Los bancos serían los primeros en caer en la auténtica picadora de carne que sería una dolarización en nuestro país.

e) Desde el punto de vista del nivel de actividad, la economía argentina quedaría librada a las tasas de interés que la Reserva Federal de los Estados Unidos, subiendo o bajando, quisiera imponer a aquella economía por motivos totalmente ajenos a la economía argentina. Si el dólar subiera o bajara de manera fuerte en el mundo la economía argentina quedaría expuesta a sufrir bruscas recesiones o expansiones sin poder morigerarlas con las tasas de interés ni tampoco con instrumentos que aumenten o disminuyan la liquidez.

f) Desde el punto de vista de la rentabilidad del sector bancario, la dolarización implicaría la necesidad de muy altos encajes, dado que habría que impedir a toda costa que una corrida contra un banco lo deje sin efectivo de dólares para atender el retiro de depósitos. Una caída de un solo banco se convertiría rápidamente en una corrida sistémica dado que el público sabría perfectamente que no hay ninguna asistencia posible del BCRA a ningún banco. Pero sería un dilema propio de Hamlet, dado que con altos encajes en dólares en Argentina, el negocio bancario tendería a mudarse al exterior.

g) La deuda de Argentina con el FMI se convertiría en eterna. Nunca podríamos pagar al Fondo y dar las gracias porque habría que juntar un superávit de u$s 57.000 millones más intereses para cancelar el crédito o en su defecto encontrar otro financiamiento el cual sería imposible de obtener si se tiene en cuenta que muy probablemente nadie estaría dispuesto a prestarle dinero fresco a un país que no cuenta con política fiscal ni política monetaria y posee alta probabilidad de default.

Y hay muchos, muchos problemas más que por cuestiones de brevedad no podemos nombrar aquí. En síntesis, los pocos pero ruidosos libertarios, tras la frustación que les produce no poder eliminar el Banco Central ni ir a una múltiple emisión privada de monedas están cerca de organizar un piquete para dolarizar. Es probable que nuevamente se frustren. No sería raro que, con la excentricidad y extremismo que los caracteriza a estos economistas, la próxima idea retrógada de esta corriente anarco-capitalista virulentamente antinflacionaria, que está conduciendo al liberalismo argentino a una peligrosa esterilidad sea, nada más y nada menos, que instaurar el trueque».