El furor de las ventas por la web llegó también al mercado inmobiliario. La desarrolladora Eidico y Mercado Libre presentaron una nueva plataforma para comercializar proyectos inmobiliarios de forma online. La novedad es que esta alianza permite, además, pagar la reserva con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago.
La presentación de esta alianza se hizo en el marco de la tercera edición del evento anual organizado por Mercado Libre, en el que se analiza la evolución y últimas tendencias del mercado inmobiliario.
Según esta alianza, las propiedades que se ofrecen desde Eidicom, la plataforma de transacciones inmobiliarias que ya tiene Eidico, también se podrán ver en Mercado Libre, y reservarse mediante el sistema de pagos de la plataforma de comercio electrónico más importante de la región.
En el primer lanzamiento conjunto, las empresas lanzarán a la venta dos emprendimientos a desarrollar por Eidico. Se llaman San Pedro y Altos del Encuentro. Se estima, llegarán a una suscripción total de unos US$ 33 millones.
El primero es un barrio náutico ubicado en Villa Nueva, Tigre, que se comercializan a un monto que promedia los US$ 169.000, financiados a 4 años.
El segundo está ubicado en General Pacheco, donde el valor promedio de las casas es de US$ 135.000 y US$ 140.000 para los dúplex, ambos financiados en cuotas en pesos.
El Gobierno anunció «micros low cost» pero las empresas aseguran que no pueden bajar más los precios. Según el vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia Gustavo Gaona. «No sabemos si estamos en condiciones de aplicarlo, no porque no querramos, sino por la crisis que vive el sector«, señaló.
Es que cinco grandes empresas de micros de larga distancia están de paro. Igualmente el Gobierno anunció que a partir del mes de septiembre habrá pasajes sin pisos tarifarios en todo el país y que se venderán al 95% del costo.
Sin embargo desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia aseguran que la noticia llegó como “coletazo” ya que fue anunciada en medio de las negociaciones en las que se discutían las dificultades que tiene el sector para afrontar los costos.
«Cada empresa tiene su problema particular, algunas están atrasadas con los sueldos y por eso hoy los trabajadores están de paro”, dijo el vocero de la Cámara, y aseguró: “Lo que nosotros reclamamos fundamentalmente es la necesidad de un cambio regulatorio en los transportes de tierra, tal como se viene haciendo con el aéreo”.
Es que las empresas de larga distancia se quejan de que no obtienen los mismos subsidios ni marco regulatorio que el transporte aéreo y que a partir de la eliminación de la tarifa mínima en el aire no pueden competir.
“Que digan que vamos a bajar los precios por la quita del piso es una herramienta pero que no sabemos si vamos a poder cumplir. Tenemos que bajar los costos primero, solucionar los problemas que hay en el sector y es a partir de una nueva regulación que vamos a poder lograr eso”, señaló Gaona.
El Gobierno amplió en $ 9.682 millones los gastos del Presupuesto de este año. De ese total, $ 1.834 millones de cubrieron con mayores recursos y el resto se financió con mayor deuda.
A través de la Decisión Administrativa 1468/2018, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso partidas adicionales por casi $ 7000 millones para cancelar deudas previsionales, servicios de la deuda pública y asistir a distintos ministerios.
La norma prevé, en su artículo 2, una ampliación de más de $ 3.760.015.919 para cancelar las deudas previsionales de los siguientes cajas:
– Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares: $ 2.059.169.978.
– Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina: $ 1215 millones.
– Servicio Penitenciario Federal: $ 175 millones.
– Gendarmería Nacional: $ 289.845.941.
– Prefectura Naval Argentina: $ 21.000.000.
Por otra parte, en el anexo de 151 páginas, un apartado dispone que $ 3.092.700.000 se destinen para «servicios de la deuda pública y disminución de otros pasivos».
Además, se distribuyen recursos entre programas pertenecientes a distintos ministerios por un monto de más de $ 2800 millones. Entre ellos sobresalen:
– Desarrollo del Plan Antártico (Ministerio de Relaciones Exteriores): $ 736.130.000.
– Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas (Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda): $ 526.300.000.
– Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (Ministerio de Defensa): $ 352 millones destinados al alistamiento operacional.
– Hospital Nacional «Profesor Alejandro Posadas» (Ministerio de Salud): $ 189.629.333.
– Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico (Ministerio de Seguridad): $ 151.592.029.
Pero el mayor incremento del gasto –por $ 3.092,7 millones— es “para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública».
La calma que había logrado el dólar en las últimas semanas parece haber quedado atrás. La divisa, que viene subiendo día tras día arrancó el viernes con un salto de más de $ 1, al pasar de los $ 28,69 del jueves a $ 29,75 este viernes, según el BCRA.
El salto también se vio en el segmento mayorista, que es donde operan los bancos y las grandes empresas: cotizaba al alza a $ 28,88.
Mientras tanto las acciones y los bonos argentinos se derrumbaron en un contexto donde la jornada ya arrancó con el riesgo país en un punto alto record: 633 puntos, el más alto de la era Macri.
El dólar también subía en los mercados de la región, aunque en menor proporción. En Brasil, avanzaba 1,77%, hasta los 3.86 reales, mientras que en Chile subía 1,17%, a 655,22 pesos.
En ese marco, el Banco Central no encuentra mucho margen para bajar las tasas de interés y aliviar las condiciones financieras de las empresas
Por su parte, la Bolsa perdió casi 9% de valor desde la aparición pública de los cuadernos de la corrupción y hoy la caída ya rondaba el 2,8%, hasta los 26.157 puntos.
Salvo Petrobras, Cresud y Tenaris, todas las demás acciones cotizaban en rojo. Las mayores bajas eran para el Francés (-9,1%), TGN (-8,7%), Mirgor (-6,8%), Transener (-5,7%), Agrometal (-5,4%), Holcim (-4,8%), Supervielle (-4,5%), ByMA (-4,3%), y BMA (-4,2).
La utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria cayó en junio hasta apenas el 61,8% del potencial de producción, el nivel más bajo para un junio en los últimos 16 años. Para remontarse a una proporción menor hay que retroceder hasta 2002, en plena crisis del default y salida de la convertibilidad.
En el promedio de 12 sectores fabriles, el dato conocido ayer supone una caída de 5,3 puntos respecto del nivel del año anterior, según el INDEC.
La contracción que se observa en la actividad económica y el costo del financiamiento, con tasas de interés que desde principios de mayo se ubican por encima del 40%, y la consecuente decisión de muchas empresas de liquidar stocks antes de profundizar sus planes de producción, explican en gran medida lo que ocurre con el uso de la capacidad instalada en la industria.
Con la actividad económica en modo «regulando«, analistas coinciden en que la tendencia en cuanto a utilización de la capacidad instalada se mantendrá estable o, incluso, descendiendo al menos de aquí hasta fin de año. Esto obedece a que el nivel de actividad no levanta e incluso en sectores que tuvieron buen desempeño en meses anteriores, como la industria de la construcción y el agro, tendrán números más modestos o, sencillamente, caída en los próximos meses.
Los bloques sectoriales con mayor utilización de su capacidad instalada fueron industrias metálicas básicas (80,5%), papel y cartón (71,7%), minerales no metálicos (70,6%) y refinación de petróleo (68,7%), pero varios de ellos con caída respecto de mayo. En el caso de los productos de tabaco la UCI llegó en junio a 68,0%, mientras que sustancias y productos químicos registró 61,8%, edición e impresión 60,1% y alimentos y bebidas terminó en 59,1%.
Los que registran menor utilización del potencial productivo se ubican los productos textiles (55,4%), productos de caucho y plástico (54,8%), industria metalmecánica excluyendo automotores (53,6%) e industria automotriz el 47,7%.
Según un artículo publicado por el diario BAE, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) no prevé modificar el Sistema de Consulta de Comercio Exterior de Bienes, donde existen 5.011 productos «confidenciales».
Fuentes oficiales revelaron que se mantendrá el secreto estadístico y «la protección de datos individuales a 5.011 posiciones arancelarias secretas, de los cuales 419 corresponden a la industria de alimentos y bebidas».
Aunque desde la UIA recordaron ayer que fue el propio ministro de Producción, Dante Sica, quien garantizó la normalización de los datos, en el Gobierno fueron tajantes. «Ya se ha vuelto a publicar la información con el anterior formato pero apartando aquellos productos que se consideran que violan el secreto estadístico, ya sea por el producto o el país, agrupándolos bajo la posición 99999999», informaron las fuentes oficiales.
La llamada Información Agregada de Comercio Exterior contiene posiciones arancelarias, el peso neto en kilos de importaciones y exportaciones, el precio máximo y mínimo en dólares por producto; y el valor global de las operaciones. Pero se dejó de difundir el detalle completo (12 dígitos del nomenclador) y esto impide la detección de casos de dumping o competencia desleal.
En la web del Indec se indica que «como es de conocimiento, se ha llevado a cabo una revisión de las estadísticas sobre los flujos de las exportaciones e importaciones de bienes, debido a que la Administración Federal Ingresos Públicos ha dejado de publicar en su sistema SIM en línea».
Según el Indec, hay tres tipos de vulneración de la confidencialidad: a nivel de producto, país o producto/país. Lo que no resulta claro es dónde existe la violación del secreto estadístico que impide detectar casos de dumping.
Por otro lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) recortó el fondo conformado con un porcentaje de la recaudación impositiva destinado a reforzar el salario de sus empleados, en medio del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno.
La decisión fue tomada por Cuccioli, y afectará a unos 23.300 empleados del organismo, incluidos los de la Aduana, que ya prevén poner en marcha un plan de lucha.
Hay al menos 1,5 millones de personas que están en riesgo de caer nuevamente en la pobreza a causa de la devaluación y la alta inflación que se vivió durante los últimos meses, según cálculos preliminares de la Universidad Católica Argentina (UCA).
En el primer trimestre de 2016, un período negativo para el Gobierno, con perdida de empleo, la pobreza, según la medición de la UCA, llegó al 32,9% de la población, unas 13 millones de personas, y la indigencia afectó a 2,5 millones. Un 4,5% de los hogares urbanos padecieron inseguridad alimentaria severa, cifra que bajó al 4,4% en 2017. «Son los hogares que registran experiencias de hambre por razones económicas«, afirmó Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, en el marco del ciclo de conferencias organizado por el Rotary Club de Buenos Aires. Vale aclarar que ese porcentaje había sido de 5,3% en 2010; 4,9% en 2012 y 2013, y 4,3% en 2015.
El tercer trimestre de 2017, el último medido por la UCA, trajo buenas noticias para más de un millón de personas que dejaron de ser pobres. Se había recuperado el empleo y la pobreza había bajado al 28,7% de la población, afectando a 11,5 millones de personas, mientras que la indigencia castigaba a unas 2.600.000 personas.
La pobreza estructural en la Argentina, aquella que no baja a lo largo de los años, es del 25%. «Este país parece tener un patrón de pobreza estructural que incluso en los mejores momentos económicos no baja del 25%», dijo Salvia. Esto, teniendo en cuenta que, según el investigador, el 93,5% de las mujeres mayores de 60 y de los varones mayores de 65 años perciben jubilaciones y pensiones contributivas o no contributivas «que garantizan que buena parte de las personas mayores tengan un ingreso fijo».
La pobreza en sí llega a valores más altos, que pueden superar el 30%, porque hay un porcentaje de la población extremadamente sensible a la coyuntura del momento. «La situación actual seguramente lleve a la pobreza a los valores que había a principios de 2016», dijo Salvia en diálogo con LA NACION. «Son al menos 1,5 millones de personas. Los ciclos económicos de crecimiento del último año se muestran con una caída de tres puntos», agregó. Más números. Hay un tercio de la Argentina en situación de postergación económica.
Por otro lado, el 30% de los hogares hoy tienen un plan social (68,9% de los hogares pobres) o reciben una transferencia de ingresos. Es decir, uno de cada tres hogares tiene una prestación (sin contar las jubilaciones) como la AUH, programas de empleo o el programa para madres de 7 hijos.
Toyota Argentina e YPF firmaron un acuerdo para abastecer a la fábrica de las Hilux y SW4 en Zárate con energías renovables.
El objetivo es que, en el año 2020, la planta de la marca japonesa opere sólo con energía eólica.
El acuerdo es por el plazo de 10 años y, además, le permitirá a Toyota reducir en un 15% sus costos eléctricos.
El acuerdo fue anunciado por el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, y el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez. “Nuestra fábrica de Zárate tiene un consumo de electricidad equivalente al de 21 mil hogares y, con este acuerdo a diez años, vamos a cambiar por energía eólica una demanda que hubiera representado el consumo de 12 millones de metros cúbicos de gas”, señaló Herrero.
La electricidad llegará por medio de la red eléctrica, proveniente de los parques eólicos de las provincias de Chubut y Buenos Aires.
El contrato de provisión de energía renovable tiene una duración de 10 años, con una primera etapa en la que Toyota sustentará su producción con un 25% de energía renovable, y una segunda etapa a partir de 2020 en la que el 100% de sus necesidades energéticas, equivalente a 76.000 MWh/año, provendrán de fuentes renovables.
La semana que viene arrancarán las reuniones entre los economistas del Fondo Monetario Internacional y del Ministerio de Hacienda y Finanzas por el seguimiento de las metas que firmó Argentina y el organismo el 20 de junio pasado.
El propósito de la misión será constatar en los papeles que el Gobierno cumple con las metas comprometidas en el acuerdo y así desembolsar el 15 de septiembre unos US$ 3.000 millones. Si Argentina continúa al pie de la letra el programa, en diciembre llegaría otro desembolso igual.
Se espera que la misión a Buenos Aires sea encabezada por Roberto Cardarelli, un economista italiano encargado de seguir el caso argentino, comience el lunes 13 y finalice el 22. Hay reuniones previstas con funcionarios en el Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Nicolás Dujovne. La información fue confirmada por fuentes del ministerio y del organismo.
La llegada del equipo del FMI sucede en el marco de la primer revisión y el análisis de la marcha de las variables a fines de junio.
Las metas fijadas en el acuerdo no han sido cumplidas, pero la estimación es que -salvo un agravamiento inesperado de la situación- el Fondo aceptará una prórroga. El primer «waiver» no se le niega a nadie.
En una nueva reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, autoridades del Gobierno y los gremios más grandes acordaron junto con los representantes de empresas un ajuste del 25% anual en cuatro etapas.El incremento salarial se dará siempre en base a los $10.000 actuales. Es decir, el salto de 25% resultará en un salario mínimo (SMVM) de $12.500 en junio de 2019. Los aumentos ocurrirán en septiembre (7%) y diciembre (6%) de este año, y marzo (6%) y junio (7%).
Con esto, luego de la suba de diciembre, el SMVM de $11.300 representará un aumento del 27,5% interanual, considerablemente por debajo de la expectativa inflacionaria de las consultoras, que ronda entre 30% y 32 por ciento.
La última actualización del SMVM se dio en junio del año pasado, cuando el Gobierno decidió de forma unilateral un aumento en tres tramos que lo elevó hasta $10.000 en julio de este año.
Uno de los principales puntos de discusión entre los funcionarios y representantes gremiales giró en torno a si el aumento lograba cubrir la canasta básica familiar, estimada en $19.600 por el Indec.
Como ha sido señalado en AgendAR, el Salario Mínimo Nacional tiene aplicación directa en remuneraciones de miles de empleados públicos provinciales y municipales, y en los «adicionales» del personal de la administración publica nacional, así como sobre los nuevos valores de las asignaciones y planes de empleo de la llamada economía popular, que son un porcentual del salario mínimo.
Son muchas las esperanzas que el sector agrícola tiene depositadas en la biotecnología, y uno de los grandes argumentos que se suele esgrimir es la posibilidad de reducir el impacto de los fenómenos climáticos en los cultivos. En ese sentido, el gen HB4 es un caballito de batalla con bandera nacional, y como tal tenía que tener su espacio en el XXVI Congreso de AAPRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, donde se ve el futuro de la agricultura.
AgendAR ya publicó su posición sobre este tema, que puede leerse aquí.
Ignacio Crippa, líder de producto de Indear -la empresa de investigación y desarrollo del grupo Bioceres-, fue el encargado de mostrar los resultados que viene dando el gen que aporta tolerancia a sequía y salinidad en los cultivos de soja y trigo en su fase de ensayos, una tecnología que llega para aportar estabilidad a los rindes.
En síntesis, a partir de 37 ensayos realizados en la Argentina (contando los realizados en EE.UU. suman 50 ensayos) se encontró que el gen HB4 genera mejores rindes en condiciones de estrés hídrico y que en condiciones óptimas no tiene penalidad.
“En soja, los ensayos demuestran que mejora los resultados en un 13 % en promedio en condiciones de estrés, pudiendo alcanzar hasta un 30 % en condiciones de sequía severa. En trigo, los resultados son un 25,2 por ciento más de rendimiento en condiciones limitantes y un 1,4 más en lotes con napa”, aseguró Crippa.
La tecnología, que se desarrolló por primera vez en el cultivo de girasol a partir de un descubrimiento realizado por profesionales de la Universidad Nacional del Litoral y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) liderados por la Dra. Raquel Chan,genera en las plantas un aumento de la fotosíntesis y una disminución en la senescencia.
Según Crippa, “teniendo en cuenta los rindes promedio de trigo de la Argentina, HB4 puede ser considerado un gen no solo de resistencia a sequía sino de rinde”.
¿Cómo sería la producción en un año de sequía si todos los materiales de trigo y soja del mercado tuvieran esta tecnología? Bioceres hizo el cálculo: “En los últimos cinco años, la producción promedio de Argentina en soja es de 55 millones de toneladas. En la última campaña se perdieron 16 millones por la sequía, de las cuales con el evento se podría haber recuperado 4,5 millones de toneladas (un 26%)».
«En trigo, con el evento se podría haber recuperado más de 2 millones de toneladas”, dijo el técnico, y añadió que en términos económicos el impacto del gen podría haber llegado a los casi 2000 millones de dólares entre ambos cultivos.
Nueva York no otorgará nuevas licencias por plazo de un año para la empresa de transporte Uber y otras similares, según decidió el concejo deliberante de la ciudad.
Durante ese plazo el Gobierno local evaluará los efectos en el medio ambiente, el tráfico y el sector de taxis, cuyos conductores se han quejado de la creciente congestión de tránsito y la caída de los ingresos debido al aumento de la competencia.
«Nuestra ciudad enfrenta directamente una crisis que está llevando a los trabajadores de Nueva York a la pobreza y a nuestras calles al embotellamiento. El crecimiento incontrolado de las empresas de vehículos basadas en aplicaciones ha requerido medidas y ahora las tenemos», escribió a través de Twitter el alcalde la ciudad, Bill de Blasio.
La medida también afecta a empresas similares como Lyft, y habrá excepciones para aquellos vehículos con accesibilidad para discapacitados. La legislación habilita además la posibilidad de establecer tarifas mínimas para los conductores de Uber en Nueva York.
En Argentina, Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en permitir que funcione Uber.
Empresas como Uber y Lyft argumentan que limitar la emisión de licencias «dejará tirados» a muchos habitantes, que se enfrentan al racismo, o de bajos recursos, fuera de Manhattan, que tendrán que recurrir al deficiente sistema público de transporte -el metro pasa por horas críticas-, y de ello se hicieron eco los concejales que votaron en contra.
El riesgo país argentino trepó ayer a 619 unidades, el nivel más alto en la gestión de Mauricio Macri (Su anterior registro más alto fue 610 puntos, el 29 de junio pasado, en plena corrida cambiaria cuando el dólar «tocaba» los 30 pesos).
El Riesgo País mide el diferencial de tasas que pagan los bonos del Tesoro de EE.UU. contra los títulos de otros países. En el caso de la Argentina, ha subido en este año 2018 casi 300 puntos. En el mismo periodo, el promedio de la suba en los demás países emergentes -todos afectados como el nuestro por el alza de las tasas en EE.UU.- es de 50 puntos. Y el de los países latinoamericanos, menos de 50.
Hoy jueves 9, probablemente también como reflejo de la desconfiaza de inversores y especuladores, el dólar pegó un pequeño salto y llegó a $ 28,60.
Los analistas de los medios lo atribuyen a los malos resultados de la gestión y al escándalo por los supuestos sobornos en la obra pública, que afecta a grandes empresas. Esos factores influyen, sin duda. En AgendAR estos índices no nos resultan tan alarmantes como los ruidos en la cadena de pagos del comercio y la industria, de los que informamos aquí. Pero creemos el problema es estructural: una política que atiende sólo al aspecto financiero y no contempla el mercado interno ni la producción argentina.
Las cosechas argentinas fracasaron el verano 2017/2018 por una obstinada falta de agua. Pero este invierno en llueve con fanatismo, AgendAR declara que el campo necesita también agua pesada para poder fertilizar el suelo sin fundir la chacra importando nitrógeno. Pedimos un minuto de su atención para probar que no estamos locos. O tal vez sí lo estamos, como país: tenemos una instalación capaz de darle al campo 700 mil toneladas de amoníaco y 1 millón de toneladas de urea granulada… y está en perfecto estado, pero parada, y a punto de cierre y chatarreo.
Esa instalación es la Planta Industrial de Agua Pesada, o PIAP, en Arroyito, Neuquén, sobre el último embalse del río Limay. Es la mayor del planeta en su tipo.
El agua pesada en un insumo nuclear, no agropecuario. En lugar de un oxígeno ligado a dos hidrógenos, tiene un oxígeno ligado a dos isótopos pesados del hidrógeno: átomos de deuterio. En la jerga, D20 en lugar de H20. Líquido ideal para volver reactivo un combustible pobre, como el uranio natural de nuestras centrales. Hasta ahora, no parece que le estuviera hablando al agro pero pido paciencia. Tanto hablaremos de producción agrícola que incluso mencionaremos algo tan rural (al menos en el Sudeste Asiático) como la educación de los elefantes. Es promesa.
AgendAR interpela a sectores tan diversos y desencontrados como la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria (FAA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), los grupos CREA, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), las Confederación Rurales Argentinas (CRA), los contratistas de todo tamaño, las cerealeras, las semilleras y el campo todo. Tienen un interés común y no lo saben: si se cierra la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, Neuquén (y todo indica cierre) los productores agropecuarios pierden la mayor productora de amoníaco del planeta: 2150 toneladas/día. ¿Se imagina la cantidad de bolsas de diversos fertilizantes nitrogenados que se puede sacar de eso?
Por qué el amoníaco sirve para extraer D20 del H20, esa es una historia para nucleares. Ud., que lee Clarín Rural, La Nación Campo y la revista Supercampo en lugar de Nucleonics Week, no está exceptuado de tener unos 5 gramos de D20 en su masa corporal. Eso ocurre porque en 1 millón de moléculas de lo que llamamos genéricamente “agua” hay 156 de D20. Sin ese líquido azulado, el D20, pero llevado a una pureza del 99,75%, nuestra flota de centrales nucleoeléctricas se apagaría, y con ella también su computadora y hasta su fábrica de aceites, de harinas y de biodiésel, si tiene una: la agroindustria es electrodependiente. Pero vamos a lo que le interesa a Ud.: el amoníaco de la PIAP.
Del amoníaco salen el ácido nítrico y de éste casi todos los fertilizantes nitrogenados que nos faltan: urea, nitrato de amonio, etc. Si compramos 1/3 del amoníaco de la PIAP estaremos bien de nitrógeno un tiempo. Nos seguirán faltando los imprescindibles fosfatos, porque son raros en la corteza planetaria.Los esquivos fosfatos seguirán viniendo de China, EEUU o Marruecos. Y a precios terribles, dado que son un recurso escaso que ya pasó su pico mundial de producción hace 4 décadas y se extinguirá en las 4 siguientes, y después… ¿Dios proveerá? Pero entre tanto, con 1/3 de la PIAP dedicada al campo, combinar fósforo marroquí con nitrógeno argentino puede ser química pesada local, y dinero del productor criollo (otro recurso escaso) que se queda en el país.
En caso de cierre, el agro local sacrifica la posibilidad de fabricar un plus de 700 mil toneladas de amoníaco y 1 millón redondo más de toneladas de urea granulada nacionales. Eso es “grosso modo” lo que saldría de un tercio de la PIAP reconvertida para ser abastecedora número 2 del campo argentino. El puesto número 1 lo seguiría teniendo PROFÉRTIL en Bahía Blanca, por especialista.
Sumando todos los productores locales de nitrogenados, incluidos BUNGE en Campana, PROFÉRTIL y ese tercio disponible de la PIAP, más los fabricantes chicos, en 2025 de todos modos quedarán cortos para cubrir la demanda agropecuaria proyectada por la Asociación Civil FERTILIZAR. Y eso porque el regreso de la rotación de soja con trigo o maíz hace que el suelo de la llanura chacopampeana hoy pida nitrógeno a gritos. Y máxime en los lugares “top” como el cinturón Rosafé, donde los precios y rindes del trigo justifican la refertilización a macollaje.
(Para los lectores nucleares, lo del macollaje es volver a fertilizar el suelo cuando la planta está en brote: el crecimiento se dispara. La urea granulada es la que mejor se incorpora al suelo y menos nitrógeno pierde por evaporación. En cuanto al célebre fosfato diamónico, es el “burro de arranque” del motor biológico del suelo: lo pone en marcha para la siembra. Pero si aquí podemos sintetizar los radicales amonio, los fosfatos vienen de afuera sí o sí, pues nuestra geología es unánimente pobre en fósforo. La PIAP no remediaría eso: no hace magia).
En febrero de 2017, Mario Sufritti, recién nombrado presidente de PROFÉRTIL, suponía que en 4 o 5 años el campo iba a demandar un 50% más de fertilización que la de 2016. Ésta acababa de aumentar a su vez un 46% medida contra la de 2015. Sufritti pensaba que en 2022 o 2023 se alcanzaban las 140.000 toneladas cosechadas, y en el año y medio que pasó, fuera de las intercurrencias climáticas, los números le van dando la razón. El experto dijo también que para terminar con la “minería de suelos” (extracción de nutrientes sin reposición) había que llegar a 9 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, casi el triple de lo gastado en 2016.
Cuando se persiste en la “minería de nitrógeno”, pasa lo que en Córdoba con el trigo: cosecha 2018 récord, más de 1,4 millones de hectáreas sembradas por tercer año consecutivo. Y un volumen importante de grano que no llegó a los valores mínimos de proteína del estándar actual, y se pagaron menos. Si apostamos a super-cosechas, hay que super-fertilizar. Con la urea granulada a U$ 460 la tonelada, los productores medianos y chicos no pueden seguir en carrera. Terminan “cambiando la plata”, alquilando, o fundiéndose.
Todo en la PIAP es monumental: la producción, la superficie, la complejidad, los consumos.El equipamiento adicional de química pesada para hacer de la PIAP la 2da. proveedora de nitrógeno local estaría en U$ 520 millones. En realidad, deberían ser más de U$ 800 millones, pero la inversión principal, las dos enormes columnas de 47 metros de alto donde se fabrica amoníaco por la reacción de Haber-Bosch, está pagada. También la infraestructura de suministro de gas y electricidad en cantidades majestuosas.
A plena operación, la PIAP devora 1200 MW/hora (3/4 del consumo de Neuquén Capital) y 700.000 m3 de gas diarios. Por eso a fines de los ’70 el contralmirante Carlos Castro Madero, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la instaló en Neuquén, a tiro de las centrales hidroeléctricas del Limay y el Negro, y del gas de Loma de la Lata (hoy, el de Vaca Muerta). Todos esos son costos hundidos. Castro Madero quizás nunca se imaginó que esa planta, para salvarse, podría terminar trabajando para el campo. Y salvándolo. Por un tiempo, al menos.
Hasta el ramal ferroviario de la vieja línea Roca, hoy Tren Norpatagónico, está a tiro de la PIAP, en servicio hoy algo lerdo pero a punto de mejorar. El 29 de junio de este año el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y los gobernadores Alberto Weretilnek (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén), anunciaron la reparación a nuevo de los 700 km. de trocha ancha doble que ligan Añelo (Neuquén) con Puerto White (Bahía Blanca), una inversión de U$ 570 millones por el sistema PPP (Participación Público-Privada). Ese riel es el cordón umbilical de insumos de “fracking” de los campos de gas y petróleo de Vaca Muerta, Neuquén.
Con vías bien calzadas, la velocidad promedio de las formaciones cargueras pasará de los 12 km/h de hoy a 96 km/h. y las cargas anuales de 700.000 toneladas a 4,1 millones en 2030. Pero si a la arena especial, los tubos sin costura, las frutas, materiales de construcción, metanol y alimento balanceado que llevará y traerá el Tren Norpatagónico se le añadieran el amoníaco y la urea granulada desde la PIAP hasta White, los números de la línea cerrarían por encima de lo proyectado por Dietrich.
La demanda, en términos logísticos, está cerca, porque en la ecuación casi no hay camiones. La más urgente vendría probablemente desde el complejo industrial de “crushing” sojero del Gran Rosario, que se reparte sobre 70 km. lineales de costa santafecina jalonados de 19 puertos privados, vecinos de «la crema» de los campos argentinos, tendidos tierra adentro hasta a 300 km. del Paraná, y pidiendo nitrógeno.
Desde Arroyito a White el nitrógeno viajaría en tren, y de allí hasta el Gran Rosario, por agua salada y luego remontando la amarronada del Paraná. Riel y agua, flete barato.
Lo dicho: el rompecabezas de la fertilización está casi completo. Falta insertar en él la PIAP neuquina. Y no es tanto cuestión de plata, aunque nunca sobra, como de visión empresarial y/o o de estado, que en algunas circunstancias sobra un poco menos.
De ahí este llamado.
Razones para seguir fabricando agua pesada
El gobernador Gutiérrez fue proclive a dedicar un tercio de la PIAP a fines agrícolas, pero no puede. Como copropietaria del 49% de ENSI (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería), su provincia no tiene la plata. Lo que sí tiene es un problema de gobernabilidad: en la ENSI trabajan 420 profesionales y técnicos muy especializados, y personal de apoyo que suma 600 puestos más, todos a punto de perderse. Por ende, la idea de Gutiérrez es mantener la instalación en marcha entre 2 y 3 años más. Generaría así una reserva estratégica de 300 toneladas de D20 “de reposición” para la que van perdiendo, año a año, las Atuchas I y II en Lima, provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba. Gutiérrez no le añadiría ni un tornillo a la PIAP actual: claramente apuesta a pasarle el problema al propietario del 51% de ENSI, el gobierno nacional, preferiblemente no éste sino el próximo.
Pero NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina), compradora natural del producto de la PIAP por ser la constructora y operadora de centrales nucleares del estado, está siendo desguazada en recursos humanos, planes de desarrollo y fondos por el actual Ministerio de Energía. Por ende, tampoco puede firmarle contrato de compra de D20 a Gutiérrez. La PIAP hoy carece de plan A y de plan B.
Como todas estas centrales nucleoeléctricas deben reponer unos U$ 34 millones de D20/año y van a durar en operaciones, en promedio, 22 años más, el plan B de Gutiérrez liberaría a la Argentina de importar U$ 680 millones a precio de hoy de este líquido extraño y azulado del que, por ahora, es el primer fabricante mundial.
Eso, en un planeta donde hay 49 centrales, 47 de ellas CANDU de diseño canadiense, que necesitan reponer D20, sin tener autoabastecimiento pleno. Están en Canadá, Corea, Argentina, la India, Rumania y China. Éste último país compró 2 CANDU medianas de 728 MW, en línea desde 2003, y en septiembre de 2016 la CNNC y Lavalin, de Canadá, firmaron un acuerdo de co-desarrollo y márketing conjunto del CANDU AFCR 1000 y de sus novedosos combustibles. La idea es añadir 2 unidades grandes, de 1000 MW cada una, al complejo nuclear de Qinshan, cerca de Shanghai.
Lo que le interesa a China del diseño CANDU son dos cosas:
Estas máquinas pueden quemar el combustible gastado y reprocesado de 4 PWRs, las centrales de uranio enriquecido más comunes en el mundo (las que usan H20, agua liviana). Es el equivalente de reciclar los gases de escape de 4 camiones para darles un segundo quemado y mover un quinto camión de porte equivalente.
Pero además las CANDU de 1000 MW pueden quemar torio, 3 veces más abundante en la corteza terrestre que el uranio. La geología de China, país que en 2030 tendrá la mayor flota nucleoeléctrica del mundo, es enérgicamente avara en uranio. Los chinos odian depender de importaciones estratégicas. Torio, tienen de sobra. Saque cuentas.
De modo que si alguien le dice que sacrificamos Atucha III y hoy debemos cerrar la PIAP porque las centrales de D20 son cosa del pasado, no es por no leer Nucleonics Week. Es por no leer el diario.
Esos son dos motivos para mantener al menos 2/3 de la PIAP dedicados a su finalidad original. China va a generar demanda. Nuestra planta ya ha exportado D20 a Canadá, Corea, Estados Unidos, Australia, Suiza, Francia, Alemania y Noruega, y puede volver a hacerlo. El precio mundial está entre U$ 600 mil y 800 mil la tonelada.
El otro motivo es que no se nos apague la luz: la PIAP mantiene activos los 1756 megavatios instalados de mayor disponibilidad del mercado eléctrico nacional. Nuestras tres centrales, las Atuchas I y II y Embalse, una chica y dos medianas, fabrican tanta energía anual “de base” como la descomunal hidroeléctrica de Yacyretá, y un 20% más que todas las del Comahue, y sin importar si llueve, nieva o deja de hacerlo. La PIAP debe seguir alimentando las nucleoeléctricas por muchas razones, pero la que le importa al campo ya la dijimos: la agroindustria es MUY electrodependiente.
A todo esto, el Ministerio de Energía, hoy dueño de la “acción de oro” de ENSI, tiene planes que van a contramano de los 70 años del Programa Nuclear. Acaba de cancelar Atucha III, una CANDU de 728 MW que se iba a fabricar en un 75% en Argentina e iba a necesitar 600 toneladas de carga inicial de D20. Prefiere incurrir en algo que aquí no se hizo jamás: comprar una central de uranio enriquecido “llave en mano”, como quien compra una heladera o un auto, y cerrar la ENSI. Es decir, chatarrearla. Los autores de tan notable plan fueron el Ing. Juan J. Aranguren y hoy su sucesor, el Ing. Javier Iguacel, petroleros. Ud. los conoce por sus obras: le vienen fijando el precio del gasoil, del gas, de la electricidad e indirectamente, de los nitrogenados.
En la visión petrolera el átomo es gas y petróleo no explotados, o no importados. El Programa Nuclear Argentino, e incluso la posición de primer exportador mundial de reactores nucleares que tiene hoy nuestro país, a ojos de estadistas como los nombrados es un lujo cultural caro, una tilinguería que se pudo permitir durante 70 años, pero que se deberá sacrificar.
En la perspectiva de ambos próceres, los apagones se gestionan a tarifazos e importando centrales nucleares chinas Hualong I que quemen uranio enriquecido chino. Y que las construyan chinos, las operen chinos, que vengan hasta con cemento chino y que las maneje laCNNC (China National Nuclear Corporation) con sus propios criterios regulatorios (chinos). Eso último es ilegal porque terceriza lo intercerizable: la seguridad de diseño y operación. Y extiende a la CNNC un cheque en blanco en la materia: a fecha de hoy, aunque las Hualong I son sin duda muy avanzadas… no hay ninguna funcionando en el mundo. No pretendemos discutir aquí tanto colonialismo mental. AgendAR intentar ahora mirar este drama del modo en que lo ve el campo: como si no fuera su problema.Sin embargo, lo es y puede ser también su oportunidad. Reconvertir 1/3 de Arroyito sería un “win-win” estratégico de tapa de libro. El Programa Nuclear Argentino conservaría durante décadas la posibilidad de construir sus propias, baratas, sencillas, probadas y robustas centrales tipo CANDU de uranio natural. Es una ingeniería que la Argentina conoce de memoria desde 1984, y que no necesita de componentes importados, y mucho menos el combustible. Las Hualong I vienen con 60 años de combustible importado, lo que triplica su precio final de U$ 9000 millones a U$ 27.000 millones… Si uno tiene una F-100 o incluso una Hilux, ésta trabaja para la empresa de uno. Si uno tiene una Ferrari, trabaja para la fábrica Ferrari.
Pero no es una comparación válida: la Ferrari no te obliga a comprar SU nafta.Otro cultivo que regresó demandando nitrógeno, con las rotaciones: el maíz.
La SRA, la FAA, la CARBAP, CONINAGRO, la CRA, los grupos CREA, la ACA y demás líderes del “quién es quién” agropecuario ganarían mucho más si se apalancan en 1/3 de la PIAP: podrían apearse un tiempo de la rampa del precio mundial del nitrógeno, fijado por un cártel petroquímico muy reducido que lideran justamente China y EEUU. El primer paso en esa dirección lo dio YPF, al hacer joint-venture con Agrium, de Canadá, y fundar PROFÉRTIL en Bahía Blanca. Reconvertir 1/3 de la PIAP puede ser el paso número dos.
La propuesta de AgendAR es simple: salven la PIAP, gente del campo argentino, y le estarán pagando mucho menos nitrógeno a su principal cliente (China) y a su mayor competidor (EEUU), respectivamente. ¿Cierra?
¿Es negocio? Si no lo hacen Uds. su rol lo podría tomar alguna multinacional de la química pesada. Seguramente compraría el 100% de la PIAP en plan “Jack The Ripper”, para quedarse con las columnas de amoníaco y chatarrear el resto. Habría más nitrógeno en el país algunos años, pero la plata se giraría afuera. Y sin agua pesada a precio argentino (el más barato del mundo), a la larga habría problemas para mantener en servicio las Atuchas I y II y Embalse. Mirando el mapa, lo primero que surge es que habría apagones persistentes durante años en el AMBA, sur de Córdoba y el Gran Rosario. Es decir, en la capital mundial de los derivados de soja y el biodiésel.
Si FERTILIZAR tienen razón, en 2025 estaremos nuevamente en dependencia aguda de nitrógeno importado, más aún que antes de la apertura de operaciones de PROFÉRTIL en Bahía Blanca, que dio un largo respiro.
También es posible que en AgendAR estemos gastando retórica y nadie vea la oportunidad y/o necesidad. Y es que no resulta frecuente que la dirigencia rural argentina cambie figuritas con la nuclear: por ahora, son culturas separadas que no se hablan. Pero para mal de ambas: ¿acaso no son las dos ramas productivas de mayor nivel tecnológico del país?
Eso sólo justificaría levantar el teléfono, ir a ver la PIAP “in situ”, tragar saliva, hacer números, entender que había un elefante en el salón de fiestas pero los invitados no lo vieron hasta hoy, y pensar qué se puede hacer con él. Como sabe cualquier “mahout” (maestro de elefantes) en el Sudeste Asiático, un paquidermo educado y de gran porte es, básicamente, una tremenda herramienta de trabajo.
En un contexto de caídas generalizadas de ventas, las tarjetas de crédito resisten el cóctel tóxico de la inflación, devaluación y suba de tasas. Al menos por ahora, el consumo con plásticos viene creciendo por encima de la suba de precios (44% en mayo y 32% en junio).
Esto parece contradecir a las experiencias de quienes encuentran en forma cada vez más frecuente el cartelito «Están suspendidas las tarjetas», pero los grandes negocios (supermercados, retail, etc) siguen aceptándolas. De hecho, algunos negocios pequeños que antes exigían un consumo mínimo ahora las aceptan, con tal de facturar algo.
Otro dato relevante: también aumentan los clientes que pagan el mínimo o parcialmente el monto total de la factura, pese a que las tasas de interés son altísimas.
“El porcentaje viene subiendo desde febrero”, explicó una fuente del sector financiero y agregó que esta práctica “se concentra principalmente en las carteras internacionales y el segmento Gold”, es decir, principalmente por compras en el exterior efectuadas a un dólar mucho más bajo que el actual.
A pesar de todo, el uso de la tarjeta es un refugio frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, según coinciden los analistas. Mariano Mancurti, gerente del área tarjetas del HSBC, remarca que no sólo crecieron los plásticos emitidos sino también un mayor uso por parte de los usuarios. “El volumen de transacciones creció por encima de la base de clientes, lo que implica que hay más gente usando tarjeta”, explicó.
A pesar de la brusca suba de tasas y el encarecimiento del crédito, este ejecutivo señala que la participación de las compras en cuotas sobre el total del consumo no se modificó con respecto al año pasado. “La gente está más informada y educada sobre promociones, cuotas y descuentos, y sobre las ventajas de este medio de pago con relación al dinero físico”, dijo al Económico.
El nivel de bancarización en la Argentina es bajo.
Un reciente informe del Banco Mundial detectó que el 52% de los argentinos no posee ni siquiera una caja de ahorro, ni opera con bancos. Y que el porcentaje promedio sube al 57% entre las personas de menores ingresos. Frente a esto, la expansión de los plásticos resulta notoria: “En los últimos dos años, se emitieron 5,7 millones de tarjetas de crédito nuevas y la cantidad de usuarios creció en 3,7 millones”, dice Alejo Espora, economista del Banco Ciudad.
Con dificultades y en un marco de alta informalidad, la bancarización avanza pero por debajo de las aspiraciones oficiales. Una estadística del BCRA indica que hay cerca de 51 millones de cajas de ahorro operativas. Por otro lado, hay poco más de 40 millones de tarjetas de crédito y 45 millones de débito en uso, todos indicadores de la llamada “inclusión financiera”. En el país, señala el informe del Banco Mundial, en los últimos tres años la “desbancarización” subió 2%, principalmente entre la población de menores ingresos.
El tradicional diario de negocios El Cronista -que en general comparte la filosofía económica del actual gobierno- advierte de un hecho inquietante: Debido a que se resintió la cadena de pagos y a que las tasas de interés para las empresas escalaron al 70%, se incrementó 8% interanual en el primer semestre la presentación de concursos y quiebras, en especial de las pymes, las orientadas al consumo, y las del sector industrial, según datos oficiales.
De acuerdo con los números de la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura, se presentaron 132 concursos y 829 quiebras en el Fuero Comercial entre enero y junio.
«Se espera que en el segundo semestre de este año haya muchas más presentaciones», afirmó Germán Mozzi, de Mozzi Abogados quien observa que la tendencia comenzó ya a fines del año pasado y se incrementó con la corrida cambiaria.
«Las empresas están teniendo muchos problemas para financiar el capital de trabajo. En su gran mayoría, no cuentan con el mercado de descuentos de facturas y cheques. Además, enfrentan mora en la cartera activa, ya que los propios clientes piden alargamiento de los plazos. Otro problema grave es que es difícil trasladar los costos a los precios, porque hay problemas con la demanda y no saben a qué precio vender», explicó Mozzi. «En general, cuando hay inflación, se tiende a cubrirse con una política de atrasar los pagos de impuestos o cargas sociales, y empiezan a acumular deudas y moratorias».
La abogada Graciela Alfici, del estudio Goldsztein-Alfici, coincidió en que se incrementaron las presentaciones en los últimos 60 días, principalmente de pymes, y las vinculadas con el rubro textil y la venta de electrodomésticos.
«Porque bajaron abruptamente las ventas y se incrementaron los costos fijos, los servicios, las paritarias. Se produce un desequilibrio económico financiero que no pueden cubrir con el giro ordinario de sus negocios», dijo Alfici, al recordar que las financieras cobran a las pymes tasas del 70%.
«Hay una interrupción en la cadena de pagos, justamente porque las pymes se presentan en concursos. Dejan de pagar todos los cheques anteriores a la presentación del concurso y eso tiene un efecto multiplicador», explicó Alfici. «El concurso es un remedio
para evitar que se caigan las cuentas bancarias».
José María Allonca, de Allonca Abogados, espera más presentaciones en los próximos meses, «porque la cadena de pagos se va a seguir resintiendo, si no bajan las tasas y el mercado se sigue reprimiendo, y las empresas se están comiendo los stocks. El concurso es una herramienta para poner un freno a los reclamos y volver a reestructurar forzadamente la deuda».
Entiende que los impulsa una combinación de factores: el cambio de modelo económico, la apertura de las importaciones y la corrida cambiaria. El concurso preventivo «abre una ventana de casi dos años para no pagar las deudas», dijo Allonca. Implica la obligación de que todos los acreedores, incluso los trabajadores, tengan que
solicitar el reconocimiento de sus créditos ante el juez, quien ordena frenar todos los juicios contra la empresa e impide pedir nuevos embargos.
«Estamos peinando las cuentas de todas las personas que puedan estar involucradas». La confesión proviene de Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y es en referencia a las personas mencionadas en la investigación judicial que surgió de los «cuadernos». «No vemos que haya clientes nuestros entre los que se llevaron bolsos», agregó el representante de las entidades financieras nacionales. Luego, detalló que esta clase de operaciones -con personas moviendo cantidades inusuales de dinero- suele realizarse por fuera del sistema bancario.
El Foro de Convergencia Empresarial -un espacio que reune desde AEA hasta el campo, pasando la Bolsa, entidades rurales y organizaciones profesionales, muchas de abogados- había convocado para hablar sobre su apoyo a la decisión del Gobierno de bajar el déficit fiscal, pero el tembladeral sobre los empresarios cambió el foco previsto.
«Lo que está pasando con otros empresarios está en manos de la Justicia. Celebramos que este tipo de temas salga a la luz. Queremos que la justicia opere y no opere en los tiempos que venía operando, sino que opere con celeridad», manifestó Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia Empresarial.
Como el próximo paso judicial parece inclinarse hacia el movimiento de dinero, Cesario explicitó que «estamos a disposición de la justicia cuando venga el pedido del juez (Claudio) Bonadío, la UIF o Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción. Queremos que la cosa termine bien. Por supuesto que siempre puede fallar. El tipo que quiere saltar los controles lo puede hacer. Para sacar el dinero de los bancos tiene que haber una constancia. Pero también puede haber cheques que se hayan negociado por fuera del circuito», completó.
La empresa de logística Ocasa -para adaptarse a las nueva y cada vez más extendida modalidad del comercio: la compra online- lanzó Pickit, una compañía especializada en ofrecer soluciones de «última milla», como se denomina a la entrega de un pedido realizado en sitios de comercio electrónico.
A través de una plataforma tecnológica cuyo desarrollo demandó una inversión de US$ 2 millones, Pickit permite que sus clientes elijan dónde y cuándo retirar sus envíos gracias a una red de puntos, un amplio entramado de comercios que incluye locales de Havanna, Walmart, Staples, The Coffee Store, Pinturerías Rex y negocios barriales, entre otros.
A la fecha, el sistema permite gestionar la entrega de productos adquiridos en Mercado Libre, Dafiti, Fotter, Cardon, Sofía de Grecia, Philips, Bolivia, Elepants, Topper, Mizuno, Delaostia, Legacy, La Martina, Dr. Martens y Viamo.
La red consta de 400 puntos, cifra que esperan ampliar hasta superar los 1000 durante 2018.
«Actualmente, ofrecemos este servicio no solo en Capital y Gran Buenos Aires, sino también en Rosario, Santa Fe, Mar del Plata y, próximamente, en Córdoba y Bahía Blanca», señaló Maximiliano Martello, responsable de operaciones de la firma.
La empresa promete entregar los paquetes en un plazo máximo de 24 horas después de recibirlo de manos del vendedor a un precio más económico que el de sus competidores, también cuenta con un servicio de devoluciones que usa su misma red de puntos.
Según datos provistos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el e-commerce creció 52% en 2017 hasta $156.300 millones. En total, se vendieron 96 millones de productos con 60 millones de órdenes de compra, 28% arriba en comparación al año previo, con un ticket promedio de compra de $ 2600.
Las grandes marcas (Samsung, Motorola, Huawei) hacen esfuerzos para “empujar” sus equipos tope de gama y suelen dejar sin promoción a sus celulares más «baratos». A ese mercado llega Figo, una compañía que ya opera en Paraguay con modelos que van desde los $ 2.500 a los $ 7.000.
Con el objetivo de colocar unos 300.000 equipos en 2019 (lo que equivaldría a un 3% del mercado), la marca desembarca en Argentina, con cabeza de playa en Córdoba.
Figo es una marca que se desarrolla desde los EE.UU. para los mercados de latinoamérica. Iniciaron su negocio en Paraguay en 2012 donde colocan actualmente unos 25.000 equipos por mes y rondan el 5% del market share.
Su línea de productos se enfoca en la gama media y baja, con prestaciones en algunos casos básicas, pero también con smartphones competitivos en sus segmentos.
En Argentina, el desembarco llega de la mano de la empresa Growpro con asiento en la ciudad de Córdoba. Desde allí ya empezaron los trámites de homologación ante el Enacom de 8 equipos que esperan tener listos para la fecha más importante del año: Día de la Madre.
Entre su portafolio destaca -por lo económico y vintage- el modelo Furia, un revival de los celulares “con tapita”, sin sistema operativo y de uso básico, ideal para tres mercados:
Niños (como primer celular)
Adultos mayores (y tecnofóbicos)
“New age” (aquellos que dieron una vuelta y buscan desconectarse de los smartphones, pero estar “a tiro” de una llamada para cosas importantes o urgentes.
Las previsiones de ventas para el primer semestre de 2019 está en el orden de las 100.000 unidades, con previsiones de llegar a las 300.000 a fin del año próximo, un número que equivaldría al 3% de un mercado de 10 millones de unidades.
Linio, una tienda online con presencia en 8 países de Latinoamérica presentó su Índice de Precios de Tecnología 2018, un estudio en el que se calculó el precio promedio de 11 categorías tecnológicas en la región. El análisis también profundiza en productos claves y países en donde la compra de tecnología es una tendencia en crecimiento del e-commerce.
En Argentina, de acuerdo con la CACE, 48% de los compradores en línea han adquirido algún producto tecnológico lo que muestra un constante aumento en el interés por comprar en línea los gadgets que más se acomodan a nuestra vida.
Los resultados de la investigación indican que las tres subcategorías tecnológicas más costosas incluyen computadoras con sistema Mac y Windows, entre una y otro hay una diferencia de más de mil dólares. Otras subcategorías que incluyó el análisis son: smartphones, consolas de videojuegos y drones, con un precio promedio regional de $1031,35 USD, $483 USD y $426 USD, respectivamente.
En la tabla comparativa destacan Australia y Argentina como los países más costosos para adquirir los productos y Canadá o EUA como los más asequibles.
En el informe completo se pueden revisar también los precios de otros 9 smartphones, 7 consolas de videojuegos y 7 cámaras tipo réflex a nivel regional, así como la comparación entre marcas como Nikon vs Canon y iPhone vs Android.
Algunas de las conclusiones más relevantes son:
· El precio promedio regional de un producto tecnológico es de $834 USD, en Argentina es $200 USD más.
· Colombia es el país más barato de America Latina para comprar tecnología y Argentina el más caro, con un precio promedio por producto de $724 USD y $1036 USD respectivamente.
· Si un argentino comprara un artículo tecnológico de cada categoría a precio promedio gastaría en total $7203 USD, $3310 USD más que un estadounidense.
· México es el país más barato para comprar computadoras Mac a un precio promedio de $ 1,720 USD, 516 dólares menos que en Ecuador, el país más caro.
· En todas las categorías estudiadas, los peruanos y ecuatorianos pueden comprar los productos a un precio cercano al promedio regional o incluso menor.
El Índice de Precios de Tecnología 2018 incluye 404 productos tecnológicos de 6 categorías que se buscaron en 632 comercios electrónicos de 6 países latinoamericanos y 5 de otras regiones. Para el estudio se calculó el precio promedio de cada artículo por país para su comparación regional e internacional. Los impuestos y otros costos asociados de compra, menos la entrega, también se contabilizaron, los productos se escogieron de acuerdo a su popularidad en ventas y búsquedas dentro de Linio.
Se examinaron los costos de cada uno de los artículos en por lo menos tres tiendas en línea. El precio promedio regional se calculó de acuerdo con el precio promedio por país de cada uno de los productos. Las tasas de cambio se obtuvieron de acuerdo a lo indicado por Bloomberg Markets del 4 al 29 de junio del 2018
Fuentes: Linio, Cámara Argentina de Comercio electrónico y KANTAR TNS: “Los argentinos y el e-commerce, ¿cómo compramos y vendemos?”, 2018.
Los esquivos fosfatos seguirán viniendo de China, EEUU o Marruecos. Y a precios terribles, dado que son un recurso escaso que ya pasó su pico mundial de producción hace 4 décadas y se extinguirá en las 4 siguientes, y después… ¿Dios proveerá? Pero entre tanto, con 1/3 de la PIAP dedicada al campo, combinar fósforo marroquí con nitrógeno argentino puede ser química pesada local, y dinero del productor criollo (otro recurso escaso) que se queda en el país.
En caso de cierre, el agro local sacrifica la posibilidad de fabricar un plus de 700 mil toneladas de amoníaco y 1 millón redondo más de toneladas de urea granulada nacionales. Eso es “grosso modo” lo que saldría de un tercio de la PIAP reconvertida para ser abastecedora número 2 del campo argentino. El puesto número 1 lo seguiría teniendo PROFÉRTIL en Bahía Blanca, por especialista.
Sumando todos los productores locales de nitrogenados, incluidos BUNGE en Campana, PROFÉRTIL y ese tercio disponible de la PIAP, más los fabricantes chicos, en 2025 de todos modos quedarán cortos para cubrir la demanda agropecuaria proyectada por la Asociación Civil FERTILIZAR. Y eso porque el regreso de la rotación de soja con trigo o maíz hace que el suelo de la llanura chacopampeana hoy pida nitrógeno a gritos. Y máxime en los lugares “top” como el cinturón Rosafé, donde los precios y rindes del trigo justifican la refertilización a macollaje.
(Para los lectores nucleares, lo del macollaje es volver a fertilizar el suelo cuando la planta está en brote: el crecimiento se dispara. La urea granulada es la que mejor se incorpora al suelo y menos nitrógeno pierde por evaporación. En cuanto al célebre fosfato diamónico, es el “burro de arranque” del motor biológico del suelo: lo pone en marcha para la siembra. Pero si aquí podemos sintetizar los radicales amonio, los fosfatos vienen de afuera sí o sí, pues nuestra geología es unánimente pobre en fósforo. La PIAP no remediaría eso: no hace magia).
En febrero de 2017, Mario Sufritti, recién nombrado presidente de PROFÉRTIL, suponía que en 4 o 5 años el campo iba a demandar un 50% más de fertilización que la de 2016. Ésta acababa de aumentar a su vez un 46% medida contra la de 2015. Sufritti pensaba que en 2022 o 2023 se alcanzaban las 140.000 toneladas cosechadas, y en el año y medio que pasó, fuera de las intercurrencias climáticas, los números le van dando la razón. El experto dijo también que para terminar con la “minería de suelos” (extracción de nutrientes sin reposición) había que llegar a 9 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, casi el triple de lo gastado en 2016.
Cuando se persiste en la “minería de nitrógeno”, pasa lo que en Córdoba con el trigo: cosecha 2018 récord, más de 1,4 millones de hectáreas sembradas por tercer año consecutivo. Y un volumen importante de grano que no llegó a los valores mínimos de proteína del estándar actual, y se pagaron menos. Si apostamos a super-cosechas, hay que super-fertilizar. Con la urea granulada a U$ 460 la tonelada, los productores medianos y chicos no pueden seguir en carrera. Terminan “cambiando la plata”, alquilando, o fundiéndose.
Hasta el ramal ferroviario de la vieja línea Roca, hoy Tren Norpatagónico, está a tiro de la PIAP, en servicio hoy algo lerdo pero a punto de mejorar. El 29 de junio de este año el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y los gobernadores Alberto Weretilnek (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén), anunciaron la reparación a nuevo de los 700 km. de trocha ancha doble que ligan Añelo (Neuquén) con Puerto White (Bahía Blanca), una inversión de U$ 570 millones por el sistema PPP (Participación Público-Privada). Ese riel es el cordón umbilical de insumos de “fracking” de los campos de gas y petróleo de Vaca Muerta, Neuquén.
Con vías bien calzadas, la velocidad promedio de las formaciones cargueras pasará de los 12 km/h de hoy a 96 km/h. y las cargas anuales de 700.000 toneladas a 4,1 millones en 2030. Pero si a la arena especial, los tubos sin costura, las frutas, materiales de construcción, metanol y alimento balanceado que llevará y traerá el Tren Norpatagónico se le añadieran el amoníaco y la urea granulada desde la PIAP hasta White, los números de la línea cerrarían por encima de lo proyectado por Dietrich.
La demanda, en términos logísticos, está cerca, porque en la ecuación casi no hay camiones. La más urgente vendría probablemente desde el complejo industrial de “crushing” sojero del Gran Rosario, que se reparte sobre 70 km. lineales de costa santafecina jalonados de 19 puertos privados, vecinos de «la crema» de los campos argentinos, tendidos tierra adentro hasta a 300 km. del Paraná, y pidiendo nitrógeno.
Desde Arroyito a White el nitrógeno viajaría en tren, y de allí hasta el Gran Rosario, por agua salada y luego remontando la amarronada del Paraná. Riel y agua, flete barato.
Lo dicho: el rompecabezas de la fertilización está casi completo. Falta insertar en él la PIAP neuquina. Y no es tanto cuestión de plata, aunque nunca sobra, como de visión empresarial y/o o de estado, que en algunas circunstancias sobra un poco menos.
De ahí este llamado.
Razones para seguir fabricando agua pesada
El gobernador Gutiérrez fue proclive a dedicar un tercio de la PIAP a fines agrícolas, pero no puede. Como copropietaria del 49% de ENSI (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería), su provincia no tiene la plata. Lo que sí tiene es un problema de gobernabilidad: en la ENSI trabajan 420 profesionales y técnicos muy especializados, y personal de apoyo que suma 600 puestos más, todos a punto de perderse. Por ende, la idea de Gutiérrez es mantener la instalación en marcha entre 2 y 3 años más. Generaría así una reserva estratégica de 300 toneladas de D20 “de reposición” para la que van perdiendo, año a año, las Atuchas I y II en Lima, provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba. Gutiérrez no le añadiría ni un tornillo a la PIAP actual: claramente apuesta a pasarle el problema al propietario del 51% de ENSI, el gobierno nacional, preferiblemente no éste sino el próximo.
Pero NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina), compradora natural del producto de la PIAP por ser la constructora y operadora de centrales nucleares del estado, está siendo desguazada en recursos humanos, planes de desarrollo y fondos por el actual Ministerio de Energía. Por ende, tampoco puede firmarle contrato de compra de D20 a Gutiérrez. La PIAP hoy carece de plan A y de plan B.
Como todas estas centrales nucleoeléctricas deben reponer unos U$ 34 millones de D20/año y van a durar en operaciones, en promedio, 22 años más, el plan B de Gutiérrez liberaría a la Argentina de importar U$ 680 millones a precio de hoy de este líquido extraño y azulado del que, por ahora, es el primer fabricante mundial.
Eso, en un planeta donde hay 49 centrales, 47 de ellas CANDU de diseño canadiense, que necesitan reponer D20, sin tener autoabastecimiento pleno. Están en Canadá, Corea, Argentina, la India, Rumania y China. Éste último país compró 2 CANDU medianas de 728 MW, en línea desde 2003, y en septiembre de 2016 la CNNC y Lavalin, de Canadá, firmaron un acuerdo de co-desarrollo y márketing conjunto del CANDU AFCR 1000 y de sus novedosos combustibles. La idea es añadir 2 unidades grandes, de 1000 MW cada una, al complejo nuclear de Qinshan, cerca de Shanghai.
Lo que le interesa a China del diseño CANDU son dos cosas:
«Se espera que en el segundo semestre de este año haya muchas más presentaciones», afirmó Germán Mozzi, de Mozzi Abogados quien observa que la tendencia comenzó ya a fines del año pasado y se incrementó con la corrida cambiaria.
«Las empresas están teniendo muchos problemas para financiar el capital de trabajo. En su gran mayoría, no cuentan con el mercado de descuentos de facturas y cheques. Además, enfrentan mora en la cartera activa, ya que los propios clientes piden alargamiento de los plazos. Otro problema grave es que es difícil trasladar los costos a los precios, porque hay problemas con la demanda y no saben a qué precio vender», explicó Mozzi. «En general, cuando hay inflación, se tiende a cubrirse con una política de atrasar los pagos de impuestos o cargas sociales, y empiezan a acumular deudas y moratorias».
La abogada Graciela Alfici, del estudio Goldsztein-Alfici, coincidió en que se incrementaron las presentaciones en los últimos 60 días, principalmente de pymes, y las vinculadas con el rubro textil y la venta de electrodomésticos.
«Porque bajaron abruptamente las ventas y se incrementaron los costos fijos, los servicios, las paritarias. Se produce un desequilibrio económico financiero que no pueden cubrir con el giro ordinario de sus negocios», dijo Alfici, al recordar que las financieras cobran a las pymes tasas del 70%.
«Hay una interrupción en la cadena de pagos, justamente porque las pymes se presentan en concursos. Dejan de pagar todos los cheques anteriores a la presentación del concurso y eso tiene un efecto multiplicador», explicó Alfici. «El concurso es un remedio
para evitar que se caigan las cuentas bancarias».
José María Allonca, de Allonca Abogados, espera más presentaciones en los próximos meses, «porque la cadena de pagos se va a seguir resintiendo, si no bajan las tasas y el mercado se sigue reprimiendo, y las empresas se están comiendo los stocks. El concurso es una herramienta para poner un freno a los reclamos y volver a reestructurar forzadamente la deuda».
Entiende que los impulsa una combinación de factores: el cambio de modelo económico, la apertura de las importaciones y la corrida cambiaria. El concurso preventivo «abre una ventana de casi dos años para no pagar las deudas», dijo Allonca. Implica la obligación de que todos los acreedores, incluso los trabajadores, tengan que
solicitar el reconocimiento de sus créditos ante el juez, quien ordena frenar todos los juicios contra la empresa e impide pedir nuevos embargos. 
