El Presidente se reunió con el gobernador Kicillof por la licitación y construcción del Canal Magdalena

El presidente Alberto Fernández recibió este viernes 9 al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para analizar los avances en la licitación y construcción del Canal de Magdalena, que permitirá la conexión marítima entre los puertos del Río de la Plata y del litoral marítimo de las provincias argentinas y establecer un corredor logístico nacional para el comercio exterior.

Frente al compromiso oficial, nos parece oportuno reproducir este exhaustivo estudio que ya publicamos hace 30 días:

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«¿De qué hablamos cuando hablamos del Canal Magdalena? Un estudio realizado por Irene Wasilevsky y Luciano Machain y retomado por el Centro de Economía Política Argentina le pone números a una iniciativa cuya concreción aumentaría la competitividad del comercio exterior, se repagaría en apenas tres años y contribuiría a desarrollo de polos de servicios para la navegación. Aquí, los detalles, en la pluma de Gabriel Bencivengo, del portal Socompa. La historia del Proyecto Canal Magdalena tiene como telón de fondo la demorada licitación para renovar la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) que une el litoral fluvial con el Océano Atlántico. La famosa Hidrovía Paraguay-Paraná. Unos 3.400 kilómetros de ríos que permiten la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Una obra atravesada por intereses multimillonarios y factores geopolíticos. En la licitación de la concesión se juegan los intereses de las empresas que operan los puertos privados que se concentran en unos 70 kilómetros de costa sobre el Paraná, desde Timbúes hasta Arroyo Seco, y que son propiedad de una docena de agroexportadoras y grandes industrias. Las que fletan más 1.600 mil buques oceánicos al año con 80 millones de toneladas de granos, aceites y harinas, además de manufacturas industriales. El Proyecto Canal Magdalena, al momento de analizar la situación fluviomarítima, es un componente central. La vía está al sur del Canal Punta Indio y, por lo tanto, presenta una mayor cercanía a la costa argentina. Su profundidad actual impide que los grandes buques lo utilicen como vía de acceso a los puertos fluviales. ¿La consecuencia? Los buques, sean de bandera nacional o extranjera, deben pasar por aguas cuyo tráfico administra por Uruguay. Los impulsores del proyecto señalan que se hace necesario su profundización, ensanche y balizamiento. Subrayan que la obra es fundamental en lo geopolítico y económico. La razón: brindaría una salida directa al mar y mejoraría la conectividad fluviomarítima. Además, implicaría un ahorro en los tiempos de navegación a los buques que transitan por el VNT y, por tal motivo, menores costos logísticos y una mayor competitividad.

Un poco de historia

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reseña la historia: “El proyecto se remonta a 2002, cuando la Prefectura Naval Argentina (PNA) planteó ante la Cancillería y la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) la conveniencia de prolongar el Canal Punta Indio, rectificando su traza desde la zona conocida como El Codillo con orientación sudeste para obtener una vía más corta y orientada a las corrientes. Esa rectificación es lo que, posteriormente, dio lugar al Proyecto Canal Magdalena”. En 2013, la entonces Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SSPyVN) impulsó el proyecto. La idea: un canal de doble vía para buques con un calado máximo de 42 pies. Ese mismo año, la SSPyVN habilitó la navegación del Canal Magdalena como alternativa al Canal Punta Indio. Se definió la traza, el ancho y se planificó el dragado. El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) realizó el relevamiento batimétrico, la PNA abordó las medidas de seguridad y la Secretaría de Ambiente dio el visto. En enero de 2016, el proyecto quedó aprobado. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri abandonó el proceso licitatorio y la iniciativa quedó paralizada. Mientras tanto, Argentina aprobó en 2018 la profundización a 14 metros del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo. Es decir: Cambiemos no sólo interrumpió la concreción del Canal Magdalena sino que, además, permitió que Uruguay ejecutara una obra que fortalece su posición en el transporte de mercancías por el Río de la Plata.

La recuperación del proyecto

Con la culminación de la concesión de la VNT, Alberto Fernández creó en diciembre de 2020 el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), que integran los ministerios, de Transporte, Interior, Producción y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, además de entidades ambientalistas, sindicatos y expertos del ámbito académico. El objetivo: que se constituyera como órgano de discusión y rector de la política respecto a la principal vía navegable. La necesidad e importancia de desarrollar el canal quedó integrada a la discusión por la VNT. El CFH reconoció que se trata de una obra en sí misma, con su propio proceso licitatorio al margen del que corresponde a la VNT y la inversión quedó incluida de forma plurianual en el Presupuesto 2021. Para avanzar en la ejecución, Transporte creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Canal Magdalena”, que completó los pliegos y cumplió con la Audiencia Pública en materia ambiental. En junio del año pasado, se creó la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía y del Sistema de Navegación Troncal, en la cual se le dio tratamiento al Proyecto Canal Magdalena. La obra quedó incluida en el proyecto de Presupuesto 2022. Sin embargo, al no haberse aprobado la norma, la iniciativa volvió a paralizarse. Esta vez por falta de fondos.

La situación actual

Hoy, el Canal Punta Indio es para los buques de gran porte la única vía que conecta el Océano Atlántico con los puertos de los ríos de De la Plata, Paraná y Uruguay. “Se trata de un canal de una sola vía, 120 kilómetros de longitud, 100 metros de ancho y 34 pies de profundidad. Según lo expertos, muestra signos claros de agotamiento para las exigencias actuales”, indica el trabajo. Su traza se inicia en Pontón Recalada, frente al puerto de Montevideo, y se extiende hacia el oeste por El Codillo hasta confluir con el Canal Intermedio del Río de la Plata. Debido a sus condiciones, los buques que navegan hacia los puertos fluviales argentinos deben esperar en la zona que administra Uruguay. Allí quedan a la espera de la habilitación para ingresar por parte de la autoridad marítima de uruguaya, el Centro de Control del Tráfico y la PNA. Todos, incluso los provenientes de los puertos argentinos de la costa atlántica, deben ingresar desde el océano por el norte, bordear la costa uruguaya hasta las proximidades de Montevideo y, luego de fondear en la Zona de Espera, recién pueden ingresar al Canal Punta Indio para, finalmente, llegar al puerto. El mismo recorrido que debe realizar un buque que transita la ruta Rosario-Bahía Blanca. De acuerdo con la Administración General de Puertos (AGP), sólo en mayo pasado ingresaron por “Pontón Recalada” un total de 405 buques entre graneleros, portacontenedores, tanqueros y de otro tipo. “A las desventajas enumeradas se suman los problemas de diseño del Canal Punta Indio, que contradicen las recomendaciones de los organismos como la Asociación Internacional de Infraestructuras del Transporte Acuático. Las deficiencias pueden sintetizarse en cuatro puntos: es angosto, carece de una traza rectilínea, presenta tasas de sedimentación excesivas, no sigue la dirección de las principales corrientes y no se orienta a favor de los vientos y oleajes”, subraya el estudio. Deficiencias que se agudizan año tras año con la llegada de embarcaciones que incrementan sus dimensiones. Una limitación ante el potencial incremento del flujo comercial. Según Transporte, el 65 por ciento de la demora en los tiempos de navegación que se registran en la VNT se produce en el Canal Punta Indio. La potencial obstrucción de la principal vía de ingreso y salida del comercio exterior demuestra el riesgo y la fragilidad en la que se encuentra el transporte fluviomarítimo al depender del Canal Punta Indio. El Proyecto del Canal Magdalena sería una respuesta concreta a estas dificultades.

El actual Canal Magdalena

El Canal Magdalena se extiende desde “El Codillo” hacia el sur. Tiene un calado de 15 pies y una extensión de 55 kilómetros. Su profundidad impide que los buques de gran porte lo utilicen. La obra proyectada plantea una profundización inicial a 36 pies, con un ancho de 150 metros a completarse en dos años y medio. En términos geográficos y geológicos presenta una serie de ventajas. “En primer lugar, se trata de un canal natural orientado en la dirección de la corriente y de los vientos predominantes, lo que reduce la sedimentación. Por otro lado, el ancho proyectado permitiría el tránsito de buques de mayor porte, así como la generación de una doble vía de circulación”, destaca el CEPA. Aunque su navegación implicaría una mayor distancia de navegación para los buques que ingresan o salen por la VNT, redundaría en un ahorro de tiempo al poder circular con mayor velocidad.

Los beneficios del Canal Magdalena

Argentina tiene 6.683.000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos continentales, insulares y antárticos. La plataforma continental ocupa el 56 por ciento. En este marco, el Proyecto Canal Magdalena es una pieza clave para los intereses argentinos en el Atlántico Sur. La razón: brinda una salida directa al mar y mejora la conectividad fluviomarítima sin tener que atravesar por aguas administradas por otro país. Los beneficios económicos tienen al menos tres aristas. “Por un lado, los ahorros en tiempos de navegación y su impacto positivo en los costos. Por otra parte, el costo de mantenimiento de dragado -menor que el del Canal Punta Indio debido a las mejores condiciones técnicas-. Finalmente, existe un potencial beneficio económico a partir de los servicios que se podrían ofrecer desde Argentina a los buques que transiten el Canal Magdalena”, dice el informe. Según Transporte, las demoras que se originan en el Canal Punta Indio equivalen a 1.442 días al año. Las estimaciones desarrolladas en “Valuación y análisis de impacto económico Proyecto Canal de Navegación Magdalena” de Irene Wasilevsky y Luciano Machain (2015) arrojan que la obra redundaría en una disminución de tres cuartos de hora de navegación con relación al Canal Punta de Indio desde la Isla de Lobos al El Codillo. Un ahorro directo para las compañías, no solo por los menores tiempos, sino también por los menores costos en honorarios del práctico y de consumo de combustible. Como se puede observar, el tiempo total de navegación para los buques que vienen del Océano Atlántico es levemente inferior en el caso del Canal Punta Indio -107 millas náuticas vs 119 millas en el Canal Magdalena-. Sin embargo, por las características estructurales, se disminuirían los tiempos totales desde la Isla de Lobos hasta El Codillo de 10,36 a 9,92 horas por la nueva vía. La disminución, incluso, afirman Wasilevsky y Machain, “podría mejorar hasta un 10 por ciento cuando se defina la mejor vía de acceso desde la Isla de Lobos hacia el inicio del Canal Magdalena”. En el caso de que el buque provenga o se dirija al sur de nuestro país, el tiempo total se reduce un 80 por ciento -29 millas náuticas en el Canal Magdalena vs 107 millas en el Canal Punta Indio-. Tomando en cuenta el análisis de Wasilevsky y Machain, el CEPA hizo una estimación del ahorro. Pare hacerlo tomó como base un buque portacontenedores modelo Panamax y la estadística de la AGP sobre el tráfico de la VTN, que arroja el paso anual de unos 4.248 por el Canal Punta Indio; además del costo diario de navegación de 34.537 dólares, lo que equivale a 1.439 diarios. Lo resultados son contundentes. “La utilización del Canal Magdalena le generaría para los buques que la VTN, en el escenario más desalentador, un ahorro anual de casi 85 millones de dólares al año. Según el presupuesto 2021, el costo total de la obra se ubica en poco más de 271 millones a erogarse en cuatro años”, se sintetiza en el trabajo. Es decir: el Canal Magdalena no sólo mejoraría sustancialmente la navegación, sino que en apenas tres años se cubriría el costo total de la obra. El ahorro se verificaría también para los buques que navegan entre puertos nacionales. Unas 15 horas para los barcos que transitan entre los puertos del atlántico sur y los puertos fluviales del Paraná, lo que, según los impulsores de la iniciativa, incentivaría el desarrollo del cabotaje. Adicionalmente a los ahorros por costos de navegación, la ejecución implicaría también menores costos de dragado y mantenimiento. El mantenimiento a 34 pies del Canal Punta Indio requiere de una extracción de 6.967.391 metros cúbicos por año. El Canal Magdalena requeriría extraer un 45 por ciento menos, principalmente por su menor longitud, pero también debido a su menor sedimentación.

El desarrollo de polos de servicios

“El transporte marítimo fluvial tiene asociado una red de servicios de asistencia a los buques y a la tripulación: servicios de las agencias marítimas, de practicaje, aprovisionamiento de víveres, servicios médicos, traslados y la gestión de residuos; además de hotelería y los servicios mecánicos, metalúrgicos y generales para reparaciones menores”, afirma el CEPA. Hoy, esos servicios son provistos casi íntegramente por Uruguay. La situación conspira contra el desarrollo de nuevos polos de servicios y asistencia técnica en las costas argentinas, lo que podría generar nuevas zonas económicas y un efecto multiplicador en las economías locales. Para dimensionar la potencial generación de divisas mediante la prestación de servicios, el CEPA realizó un ejercicio económico, solo considerando los servicios que se proveen actualmente desde el Puerto de Montevideo -agua y alimentos, ropa de trabajo y otros, como tratamiento de residuos, lanchas, etc.-. Los valores de referencia surgen del Modelo de Estimación de Costos de Transporte por Agua del Ministerio de Transporte y de los calculados para servicios de agente marítimo y asistencia médica en “Los costos en el Río de la Plata. La rectificación del Canal Magdalena”, trabajo realizado de Oscar Arce (2018). Una vez más, los resultados son elocuentes. Si se toma Rosario como puerto de origen y Ushuaia como destino, un Panamax portacontenedores, con 22 tripulantes y 15 días de navegación, los valores diarios por los servicios contemplados suman 40.450 dólares; equivalentes a 2.697 dólares diarios por buque. En el escenario más optimista, que supone que el 90 por ciento de los buques optan por transitar el Canal Magdalena, los ingresos potenciales ascienden a 154 millones de dólares al año. En el escenario más pesimista, en el que solo un 35% de las embarcaciones se trasladan al Canal Magdalena, los potenciales ingresos son de unos 60 millones de dólares anuales. En síntesis, en peor de los casos, la concreción del Proyecto Canal Magdalena significaría un ahorro de 85 millones de dólares anuales en divisas, lo que repagaría la obra en solo tres años y generaría ingresos por al menos 60 millones de dólares todos los años por la provisión de servicios a los buques que transitan la VTN entre el Océano Atlántico y puertos fluviales.»

Reexaminando la explotación minera

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Martín Alfie, @alfiemart, economista, consultor, docente en la UBA y en la Torcuato Di Tella, y uno de los mejores expositores de las posibilidades de una Argentina Productiva, aporta aquí datos sobre una industria vinculada a la minería con la que cuenta nuestro país. Y otros tres en el mundo. En caso de derrumbes, incendios, presencia de gases tóxicos, los refugios que garantizan la vida de los trabajadores mineros. Por eso tienen requerimientos exigentes de seguridad, no son productos sencilllos. Por ejemplo, fueron clave para que sobrevivan los 33 mineros chilenos. Hay cuatro empresas que lo producen: una estadounidense ??, una alemana ??, una australiana ?? y, motivo de orgullo, una PyME argentina llamada PIRCA ??. Un desarrollo de ingeniería local y producción en el país, compitiendo con países de primer nivel de igual a igual. Esta empresa le vende a gran parte de las mineras que operan en el país, lo que es una muestra de que es posible desarrollar proveedores de bienes complejos en el país. También tiene potencial exportador. ¿Cuál es su límite? La poca actividad minera en el país. Lamentablemente, hay un pre-concepto de que las mineras «se llevan todo» y no dejan nada en el país. Hay numerosos estudios, destacándose éste del CEPXXI, «El impacto de la minería argentina en los proveedores locales», que demuestran que no es así: entre impuestos, sueldos y proveedores más del 80% se queda en el país.

Los argentinos que se van del país – El mito y los números

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Nos parece importante señalar, desde el comienzo, que al hablar de un «mito» en el título de esta nota no estamos diciendo que es una mentira. La «diáspora» argentina -los y las compatriotas que residen y trabajan en el exterior son una realidad importante. La «provincia 25» merece que una repartición en el Estado se ocupe de ella -existe todavía, en Cancillería o en Interior, aunque perdida en la negligencia burocrática. Los emigrados suman un porcentaje pequeño de nuestra población, pero significativo por su papel en la economía, la ciencia y la cultura en un mundo que la tecnología unifica cada vez más. Al mismo tiempo, hoy es natural para un joven argentino de clase media o media alta, considerar entre sus opciones de trabajo algunas en el exterior, sobre todo si le resulta difícil encontrarlo aquí. La emigración ya no significa alejamiento, en la era de Whatsapp, Telegram,… Pero vale poner el fenómeno en su contexto: los datos de la Dirección Nacional de Migraciones permiten conocer el número de jóvenes de entre 18 y 30 años que abandonaron el país. Las estadísticas empiezan en 2015 y llegan hasta el 31 julio del 2022. Sin embargo, las cifras sobre quienes se mudaron a otras tierras sólo están especificadas desde el 7 de septiembre del 2020 en adelante, ya que en esa fecha se puso en vigencia la declaración jurada que exigía indicar el motivo del egreso. Desde enero a julio del 2022, un total de 3.052 argentinos y argentinas alegaron abandonar su lugar de nacimiento por mudanza. El año pasado esa cifra fue de 6.313. Desde el 7 de septiembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del mismo año, ese número alcanzó los 2.222. Así, la suma total de los argentinos que emigraron desde septiembre del 2020 al 31 de julio del 2022 es 11.587¿Es una migración masiva o es un porcentaje bajp? Las estimaciones del INDEC en cuanto a la población del país afirman que hay 46.234.830  de argentinos este año y quienes tienen entre 15 y 29 años alcanzan los 10.589.418. En 2021 la cifra de esa franja etaria fue de 10.592.737. Entonces, el porcentaje de argentinos que emigraron representa el 0,059%. Desde enero del 2022 al último día de julio el resultado de los que alegaron mudanza sobre la población de 15 a 29 alcanza el 0,028%. Vale aclarar que restan cinco meses… Nuestra conclusión es que la emigración argentina es un fenómeno que se debe tomar en cuenta. Pero es una proporción muy pequeña del total de nuestra población, y, como señalamos hace tiempo en AgendAR, es menor que el número de quienes emigran a nuestro país. (La fuente de estos datos es un artículo más extenso, y más politizado, de Perfil, al que se puede acceder cliqueando aquí).

Inician en EEUU ensayos clínicos de una vacuna contra la viruela del mono

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Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron la realización de ensayos clínicos para probar diferentes estrategias de dosificación de la vacuna contra la viruela del mono Jynneos, en medio de discusiones sobre su eficacia. El ensayo abarcará a 200 adultos de 18 a 50 años en todo el país y está patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), informó la agencia de noticias AFP. La vacuna Jynneos, fabricada por Bavarian Nordic, con sede en Dinamarca, fue aprobada en Estados Unidos para la prevención de la viruela y la viruela del mono en mayores de 18 años. Empero, aunque se alienta a que el grupo de mayor riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, se vacune, no hay certezas sobre la efectividad de este inmunizante. El nuevo ensayo no está diseñado para producir una estimación de la eficacia, sino para medir la respuesta inmunitaria de diferentes niveles de dosificación y métodos de administración. «La prueba de Jynneos del NIAID proporcionará información importante sobre la inmunogenicidad, la seguridad y la tolerabilidad de los enfoques de dosificación alternativos que ampliarían el suministro actual de vacunas», dijo el director del NIAID, Anthony Fauci, en un comunicado. La vacuna se basa en un virus atenuado que se modifica para que no pueda replicarse y se administra en dos dosis con 28 días de diferencia. El brote del virus El brote mundial actual afecta principalmente a hombres homosexuales y bisexuales. Históricamente, el virus se ha propagado a través del contacto directo con lesiones, fluidos corporales y gotitas respiratorias y, a veces, a través de la contaminación indirecta a través de superficies como la ropa de cama compartida. Empero, en este brote hay evidencia preliminar de que la transmisión sexual puede desempeñar un papel importante.
El virus causa lesiones cutáneas dolorosas y presenta síntomas similares a los de la gripe.
La mayoría de las personas se recupera por completo, pero la enfermedad puede causar complicaciones graves, como infecciones bacterianas, inflamación del cerebro y la muerte.

Murió Lino Patalano. Queda una leyenda porteña

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Falleció hoy el director y productor teatral Lino Patalano, a los 76 años. Lo recordamos con estas palabras que había escrito hace sólo 10 días el periodista Gustavo Lladós: «Por años fue el señor Maipo, el dueño de sala y productor de los más grandes espectáculos del histórico teatro (otrora templo de la revista porteña) de la calle Esmeralda. Gracias a Lino Patalano, el público pudo disfrutar –a lo largo de 25 años de gestión– de una programación bien variada, que incluyó tanto la primera versión de Escenas de la vida conyugal, con Alfredo Alcón y Norma Aleandro, como la segunda con Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli; el music hall The Hole con Moria Casán, las cabalgatas cómicomusicales de Enrique Pinti –Pinti canta las 40 y el Maipo cumple 90, Pericón.com.arCandombe nacional–; los musicales Sweeney Todd, con Julio Chávez; y Sunset Boulevard con Valeria Lynch y hasta la revista La rotativa del Maipo con Jorge Lanata, entre numerosos hitos de la casa que, bajo ese nombre, acaba de cumplir un siglo. Paralelamente fue representante y productor de Julio Bocca y aún sigue siéndolo de Les Luthiers
Elenora Cassano, Julio Bocca, Niní Marshall y Lino Patalano

Argentina en los BRICS, y el lugar que están ocupando los BRICS en el mundo

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Argentina solicitó formalmente su inclusión al grupo de los BRICS, anunció el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, durante su participación en el foro del bloque de países que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que tuvo lugar en la ciudad china de Xiamen. El representante argentino en Beijing precisó que el pedido fue concretado la semana pasada en una carta enviada por presidente Alberto Fernández a su par chino, Xi Jinping, quien ocupa la Presidencia pro témpore del foro. El mes pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia informó que la Argentina había sido formalmente incluida en la lista para ingresar al selecto grupo. Asimismo, la Cancillería argentina comunicó durante la semana pasada que el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyan Jaishankar, había manifestado el apoyo total de su país a la inclusión de la Argentina en este grupo.

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En AgendAR publicamos la semana pasada el análisis de un lúcido pensador chileno, miembro de instituciones académicas yanquis, que encuentra que los BRICS son una «plataforma de lanzamiento geopolítico» para nuestro país. Es posible. En lo inmediato, es una interesante muestra de equilibrio y autonomía diplomática, en el momento en que nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, busca créditos, inversiones y fortalecer los vínculos con Washington. Con un enfoque práctico, podemos señalar que nos pone en una posición más favorable ante el New Development Bank, el banco de los BRICS. Sus préstamos también deben ser pagados -lo mismo que los del FMI- pero son otorgados con un enfoque más… «desarrollista». Pero es un error considerar sólo las urgencias del momento. O siempre estaremos dominados por las urgencias. Por eso, acercamos este artículo en el que Swaran Singh, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Jawaharlal Nehru, de Nueva Delhi, escribió para el China Daily, para proponer un debate necesario.

A. B. F.

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«La expansión de BRICS es inevitable a la luz de la falta de voluntad de los países desarrollados para dar a los países en desarrollo una mayor participación en la gobernanza mundial, pero requerirá esfuerzos Aunque BRICS se ha comprometido con varias otras naciones bajo la rúbrica de las cumbres «BRICS Plus» y «BRICS Outreach», el grupo se ha mantenido cauteloso sobre la adición de nuevos miembros. Últimamente, sin embargo, la ampliación de su membresía se ha convertido en un tema de discusión en las cumbres de los BRICS, especialmente en las de 2013, 2017 y 2022 cuando China presidió, ya que está notablemente a favor de miembros adicionales. Rusia y Sudáfrica también se han vuelto cada vez más favorables, aunque creen que no se debe permitir que una sola nación decida sobre los nuevos participantes. Brasil e India, por otro lado, siguen siendo cautelosos. Sin embargo, la suerte está echada y la expansión se producirá más pronto que tarde. La Declaración de Beijing de su cumbre de 2022, por ejemplo, acordó «promover discusiones… sobre el proceso de expansión… para aclarar los principios rectores, estándares, criterios y procedimientos» para ampliar la cooperación con otros mercados emergentes y países en desarrollo». Este sentimiento de expansión también fue visible en sus «términos de referencia» de 2021 para sus sherpas. Cinco nuevas naciones podrían unirse a BRICS en 2023 durante la presidencia de Sudáfrica, que se unió al grupo original de cuatro países BRIC en 2010. Las solicitudes de Irán y Argentina ya están bajo consideración, mientras que Arabia Saudita, Turquía y Egipto han comenzado el proceso de solicitud para la membresía. Turquía, en particular, está interesada en acelerar el proceso de solicitud. Además, Argelia, Bangladesh, Indonesia, Kazajstán, México, Nigeria, Pakistán, Sudán, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela también han expresado interés en unirse. Varios de ellos participaron en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores «BRICS Plus» de mayo de 2022 convocada por China. Entre los argumentos a favor de la expansión, se señala que BRICS sigue estando subrepresentado en la gobernanza financiera global. En conjunto, los cinco miembros representan más del 50 por ciento del crecimiento mundial, el 40 por ciento de las reservas mundiales de divisas, el 25 por ciento del PIB mundial y el 16 por ciento del comercio mundial y, sin embargo, no tienen más del 15 por ciento de los derechos de voto tanto en el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. La defensa de los BRICS por un comercio global libre, justo y equitativo los ha convertido en los abanderados de las aspiraciones del Sur Global que cree que sus intereses no están adecuadamente protegidos bajo el sistema de gobierno financiero global existente. El PIB de los BRICS superará el PIB de las economías del G7 para 2032, si no antes. Sin embargo, los criterios para la expansión pueden no ser el PIB o el tamaño del mercado. La inclusión de Sudáfrica se basó en que sería la puerta de entrada de los BRIC a África, el próximo centro de crecimiento, y la inclusión de un país del continente africano haría que los BRICS fueran globales. Hoy en día, los criterios de inclusión pueden incluir representaciones o recursos geográficos, civilizacionales y religiosos. Indonesia, Irán, Egipto y Arabia Saudita podrían representar a los países musulmanes, cada uno con sus fortalezas únicas. Arabia Saudita también puede destacarse como la nación exportadora de petróleo más grande del mundo. El consenso sobre la expansión también se verá limitado por las relaciones intra-BRICS. La ecuación entre la economía BRICS más grande y la segunda más grande, China e India, es un buen ejemplo. Las solicitudes de Argentina o Pakistán pueden enfrentar un grave déficit de confianza de Brasil e India. La lógica original de los BRICS como «economías emergentes» podría ser un problema para su formación actual. Brasil, Rusia y Sudáfrica no solo son más pequeños, sino que enfrentan perturbaciones económicas. Durante los años de la pandemia, incluso China e India experimentaron períodos de crecimiento negativo y una desaceleración general. Pero el conflicto entre Rusia y Ucrania y la volatilidad resultante en los precios y la escasez de alimentos y combustibles han dado un impulso a la expansión de los BRICS. El aumento resultante en el comercio de Rusia con otras naciones BRICS, especialmente con China e India, ha reactivado sus esfuerzos por reducir su dependencia del dólar estadounidense a través de transacciones rublo-rupia y rublo-renminbi. Las políticas abrasivas de la administración de Donald Trump ya habían acelerado las demandas para que los BRICS alzaran su voz en el escenario internacional. La pandemia ha amplificado aún más esos llamados, exponiendo el «apartheid de vacunas» de Occidente. Ahora, la crisis de Ucrania ha revelado el fracaso de Occidente para permanecer unido incluso al imponer sanciones económicas. De hecho, las nuevas revelaciones sobre los apalancamientos alimentarios y energéticos de varias economías emergentes aspirantes sobre las naciones del G7 han fortalecido la convicción de los BRICS de expandirse. Además, frente a las sanciones occidentales, Rusia está mucho más dispuesta a ampliar su círculo de amigos. Pero en lugar de anunciar otra Guerra Fría, la expansión de BRICS tiene como objetivo obtener una mayor participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones global. A medida que la resiliencia posterior a la pandemia brinda a los BRICS una oportunidad para redefinir la gobernanza financiera global, BRICS ha comenzado a expandirse más allá de las cumbres «BRICS Plus» y «BRICS Outreach» de eficacia probada para incluir nuevos miembros. Pero un BRICS ampliado no tendrá ni el deseo ni el potencial de convertirse en un contrapeso para el G7 o el G20, o para perturbar las instituciones financieras lideradas por las naciones occidentales. La expansión de BRICS está haciendo que las naciones occidentales reconsideren su renuencia a hacer espacio para las economías emergentes, lo que fortalece aún más su comprensión de que hacer espacio para las economías emergentes sigue siendo un requisito previo para que la gobernanza financiera global sea inclusiva, representativa y efectiva.»

El papel del gas en el desarrollo argentino

En el marco de la 6° edición de la JOG, la Jornada de los jóvenes profesionales de la industria de Oil & Gas, que se llevó a cabo el mes pasado, expertos del sector gasífero cuáles son los principales desafíos que existen en cuanto al desarrollo de gas y qué iniciativas se deberían poner en marcha para lograr el desarrollo de los recursos de Vaca Muerta.

El énfasis fue en la importancia de la ampliación del sistema de transporte de gas, de la oportunidad que presenta para la Argentina la generación de saldos exportables y el rol clave que ocupa en la transición energética. En la jornada, organizada por las nuevas generaciones de profesionales que se inician en el sector, estuvieron presentes Pedro Locreille, gerente de Midstream Gas Natural de YPF; Mariano Marino, subgerente de Transporte y Servicios al Cliente de TGN y Salvador Gil, director de carrera de Ingeniería en Energía en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), quienes dialogaron sobre el Gas Licuado de Petróleo (GLP), evacuación, tratamiento y transporte de gas y su función en el proceso hacia energías más limpias.

Desafíos

El límite de la capacidad de transporte emerge como uno de los obstáculos para el desarrollo de Vaca Muerta. Así lo señaló Locreille: “es necesario seguir construyendo redes de transporte desde los yacimientos y también gasoductos porque el Néstor Kirchner queda chico para Vaca Muerta”. Además, explicó que el gas proveniente de ese yacimiento “es distinto porque tiene un contenido de licuables, y en esto se diferencia de los convencionales. Las instalaciones quedaron desactualizadas y por eso el objetivo está en ampliar las plantas”. En base a esto, precisó “desde YPF nos encontramos trabajando en plantas de gas y construyendo nuevos gasoductos”. En esa misma línea, Marino aseveró que “las normas deben acompañar al gas que existe en la región haciendo que el producto sea confiable y que al mismo tiempo no dañe las instalaciones de transporte, distribución y consumo, las cuales deben funcionar bien para evitar problemas en la compresión y en los ductos”. Por esta razón, y teniendo en cuenta el potencial que tiene la industria de GLP, Locreille planteó que “es necesario removerlo porque se condensan en los caños y se generan taponamientos”. Asimismo, agregó que “cuando se recupera el GLP y se lo comercializa es tres o cuatro veces superior al precio que tiene el gas natural en el mercado”. “Aparece una oportunidad comercial porque se generan 2,4 millones de toneladas, de las cuales solo se consumen 1,5 millones y lo demás representa saldos exportables. Chile es un potencial gran cliente y tenemos la oportunidad de exportar por camiones”. Aun así, considero que “serán necesarios nuevos ductos desde la cuenca Neuquina hasta los puntos de exportación”.

Aspectos a resolver

Otro de los temas abordados por el panel fue la declinación de la producción de gas natural que registra Bolivia y el impacto que representa para la Argentina. En esa clave, Marino manifestó que “el desafío es poder llegar, desde Neuquén, a las zonas que abarca el gasoducto Norte para abastecer a la zona de Tucumán y centro y no depender de Bolivia, pero para eso necesitamos obras de ampliación del ducto y de capacidad de transporte”. Los disertantes también debatieron sobre los picos de demanda que se generan en los períodos invernales. Gil mostró que esta situación arroja que en esa etapa del año “el consumo es seis veces más grande que el que tiene lugar en el verano lo que obliga a importar Gas Natural Licuado provocando un impacto negativo en lo económico y también en el sistema”. Y exhibió que “el pico se da porque construimos inadecuadamente el sistema de viviendas”. No obstante, auguró que “todo esto es resoluble porque las mejoras en las viviendas se hacen con mano de obra local, lo cual generaría empleo y, eventualmente, tener una reserva y poder exportarla, lo que resolvería nuestros problemas”. Locreille se mostró de acuerdo con esta visión y afirmó que “una forma de resolver el problema es con capacidad de almacenamiento”. Y añadió que “se necesita más capacidad de transporte y legislación porque el techo está en las instalaciones que faltan construir y la necesidad de tener socios que quieran invertir”. Se refirió a los jóvenes presentes y dijo “hay otra cuestión, la local, y es que faltan profesionales, ingenieros de todas las especialidades que se desarrollen en energía”. En cuanto a la evacuación, Marino sostuvo que “debe existir la posibilidad de evacuar el gas y que llegue hasta los últimos puntos del sistema. Hay mucha infraestructura parada y es necesario llegar al norte, potenciar el último tramo del gasoducto de esa zona para tener capacidad de sobra y reactivar las exportaciones a Chile y llegar a Bolivia”.

Gasoducto Néstor Kirchner

Tras ser consultados por el impacto que genera el nuevo gasoducto, Marino expresó “se habla de la primera etapa porque ya en el primer invierno desplazaría la necesidad de un barco regasificador en Bahía Blanca y permitiría revertir la importación”. En ese mismo sentido, Locreille remarcó que “Argentina importa GNL y gasoil para centrales eléctricas y esto impacta negativamente en la balanza comercial, entonces esta obra tendría un beneficio económico y de abastecimiento”.

Transición energética

Gil subrayó que “entre el 35 y 40 por ciento de la población mundial no tiene acceso a energía limpia”. “La mayoría de los países de Latinoamérica no dispone de una red de gas como la que tenemos nosotros. El mundo nos necesita para bajar sus emisiones y cuidar su salud”, aseveró. De igual forma, indicó que “el gas tiene un rol importante en la transición energética global”. “Debería ser el reemplazante natural del carbón ya que representa una reducción que oscila entre el 40 y 50 por ciento de las emisiones”, cuantificó. Sin embargo, advirtió que “esto debería venir acompañado también de una transición del uso de la energía. “Debemos reducir los consumos para abastecer la demanda y generar un círculo virtuoso”. Por último, concluyó que “el gas no es un combustible más, es un elemento clave que contribuye al desarrollo energético del país dado que podemos potenciar la producción a fin de exportarlo al mundo”. “Lo que es evidente es que debemos hacerlo en el tiempo limitado que se nos presenta”, finalizó.

Aumentó la producción de biofármacos y destacan su potencial a futuro

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La producción de biofármacos aumentó su desarrollo en la última década, a partir de nuevas empresas nacidas del estímulo de universidades, el sistema científico tecnológico y el Estado, que generó un potencial importante para su crecimiento en los próximos años, con la consecuente generación de empleo y divisas para el país. «Argentina ya es parte de esta revolución de la industria farmacéutica. En nuestro país trabajan 350 laboratorios, de los cuales la mayoría son empresas de capitales nacionales con plantas industriales radicadas en el país», indicó el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk. Destacó que «también hay experiencias de las provincias y municipios que participan en el mercado de fármacos con alrededor de 40 laboratorios estatales de fabricación de medicamentos». Sostuvo que «eso sería un paso fundamental para profundizar el desarrollo de la industria y también para continuar con la política de sustitución de importaciones sobre la que estamos trabajando». Por su lado, Esteban Corley y Mauricio Seigelchifer, cofundadores de la firma pharmADN, recordaron que «en la década del ’80 cuando surgió la biotecnología en todo el mundo, en Argentina estaba mal visto pasar de la academia a la industria». En cambio destacaron que «hoy no sólo no está mal visto, sino que la misma universidad y los sistemas científico tecnológicos promueven el surgimiento de emprendimientos». Una alianza estratégica Desde 2018, estos científicos dictan un curso en el Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) para transmitir su experiencia como fundadores de empresas y así «hacer menos tortuosa la experiencia de pasar de la academia a la industria». «A diferencia de cuando empezamos nuestra carrera en la industria, hoy hay aceleradoras de startups y grupos dispuestos a financiar proyectos. Hace más de una década no nos querían dar subsidios para desarrollo tecnológico porque estábamos en el sector privado», remarcaron. «Estos logros generan entusiasmo y dan cuenta de la efervescencia de la biotecnología en Argentina. No es el mismo país que en el que nosotros empezamos. El sector biofarmacéutico atraviesa un auge y tiene un potencial que no tenía 30 años atrás», aseguraron Corley y Seigelchifer. Los emprendimientos En este mayor desarrollo de la industria, varios emprendimientos argentinos consiguieron financiamiento en Estados Unidos. Uno de estos emprendimientos es Stämm Biotech, que diseña fermentadores por microfluídica, consiguió una inversión de US$ 17 millones y emplea a unas 150 personas. Por su parte, el director de la empresa Inmunova, Linus Spatz, puntualizó que «hay un semillero de empresas de base tecnológica enorme», y señaló que «el año pasado se fundó la Cámara Argentina de Biotecnología Joven y ya cuenta con 71 empresas, desde Jujuy hasta Chubut». Además destacó que «hay fondos de inversión que están invirtiendo y que ya ganaron dinero gracias a muchas de estas empresas», y añadió que «existen aceleradoras e incubadoras y algunos jugadores fuertes que realmente están cambiando la realidad del sector». «Esto despertó el interés de científicos del Conicet, y muchos de ellos están creando sus propias empresas. La base científica de Argentina siempre fue muy buena y lo sigue siendo», sostuvo Spatz. Por su parte, Graciela Gutman, Pablo Lavarello y Juan José Pita, investigadores del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), destacaron que «el sector muestra un fuerte perfil deficitario en su inserción internacional. En 2015 el déficit del balance comercial alcanzó a más de US$ 1.000 millones, explicado en más del 50% por la importación de anticuerpos monoclonales». En un documento producido para el programa Argentina Productiva 2030, no obstante, destacaron que «este proceso comienza a dar signos incipientes de contención como resultado de políticas públicas y estrategias público-privadas implementadas en el período 2010-2015». Además pusieron de relieve que «el vencimiento en los próximos años de un relevante número de patentes de drogas innovativas genera ventanas de oportunidad transitorias para avanzar en la producción de biosimilares para atender a la vez las necesidades del sistema de salud nacional e impulsar una estrategia exportadora con esquemas de transferencia Sur-Sur».
Las empresas del sector facturaron US$ 700 millones en 2021 y exportaron por US$ 200 millones
Las empresas que componen el sector biofarmacéutico facturaron más de US$ 700 millones el año pasado, y generaron más de US$ 200 millones en exportaciones, de acuerdo a las cifras de la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), cuyas empresas emplean a 18.200 personas y reinvierten en investigación y desarrollo el 4,6% de sus ventas. En la actualidad, el segmento biofarmacéutico de la industria farmacéutica del país está compuesto por alrededor de 60 empresas y grupos empresariales de diverso tamaño, señala por su parte el informe de Argentina Productiva producido por Graciela Gutman, Pablo Lavarello y Juan José Pita. Se trata en su mayoría de empresas de capital nacional, ya que sólo 11 son filiales de corporaciones farmacéuticas multinacionales que no producen en el país. Además, cinco empresas medianas nacionales (especializadas o integrantes de grupos farmacéuticos) abordan la producción de principios activos junto con la formulación de las drogas. Algunas de ellas están fuertemente orientadas a los mercados externos, ya que por ejemplo se exporta un 80% de la producción de proteínas de la primera generación de biosimilares. Una estimación preliminar indica que la producción local de medicamentos a partir de principios activos biotecnológicos producidos en el país representa casi un 24% del mercado interno; el resto de la demanda es cubierto con importaciones. Los científicos remarcaron que «los análisis preliminares realizados muestran, por una parte, la diferencia de precios que puede lograrse con la sustitución de las compras de drogas originales por biosimilares, permitiendo a la vez abaratar los elevados costos de los sistemas públicos de salud y extender su alcance a un mayor número de beneficiarios». Además subrayaron que «el análisis de diferenciales de precios pone en evidencia que la política de compre nacional es una herramienta crucial con impacto presupuestario y de reserva de mercado para fomentar las capacidades tecnoproductivas locales». «Por otra parte, el ejercicio de simulación de ahorro de divisas por sustitución de importaciones de un conjunto limitado de moléculas, con ahorros potenciales de entre US$ 48 y US$ 84 millones anuales, puso en evidencia los impactos posibles de una política como la propuesta, los que pueden ser aún más significativos con estrategias de promoción de exportaciones», concluyeron.

«La placenta es el primer órgano del bebé, y uno de los menos estudiados del cuerpo humano»

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“A pesar de su importancia para el nacimiento de un bebé, la placenta es uno de los órganos menos estudiados del cuerpo humano”, define Carlos Guardia, graduado y doctorado en Química en la Universidad de Buenos Aires, cuyo derrotero profesional lo llevó a enfocarse en algo que nunca hubiera imaginado: la biología reproductiva. Oriundo de Villa Tesei, en el oeste del conurbano bonaerense, a los 37 años Guardia lidera desde fines del año pasado el Grupo de Biología Celular de la Placenta de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), con el objetivo de determinar mecanismos básicos del desarrollo y funcionamiento del único órgano humano temporal y, eventualmente, impulsar terapias o intervenciones que eviten complicaciones durante la gestación, como la preeclampsia. “La placenta es el primer órgano del bebé, no es de la mamá”, aseguró Guardia. Y aclaró: “Se desarrolla a las dos semanas del embarazo, inmediatamente luego de que el embrión se implanta en el útero. La capa celular exterior del óvulo fecundado es la que va a generar la placenta, lo que significa que hay contribución de papá y mamá y por lo tanto es tejido del bebé”. La función principal de la placenta es proporcionar oxígeno y nutrición al feto y eliminar los desechos. Está conectada al bebé mediante el cordón umbilical. “Se conoce mucho sobre el cerebro y el Alzheimer o el Parkinson; sobre el hígado y la cirrosis; sobre el corazón y las enfermedades cardiovasculares. Pero de la placenta siempre se habla poquito, y creo que se debe a que es un órgano transitorio, que sólo tienen las mujeres embarazadas y que mientras el bebé esté bien no pasa nada. Nunca estuvo en las prioridades”, explicó Guardia luego de una charla que brindó a investigadores de la Fundación Instituto Leloir (FIL) durante su primera visita a la Argentina desde que se declaró la pandemia. El científico aseguró que aprovechó el parate obligado por el aislamiento sanitario para interiorizarse en ese tema en el que trabajaba gente cercana al laboratorio donde él culminó su posdoctorado de ocho años. Pero su área de estudio, en verdad, era el de la autofagia celular: un mecanismo por el cual todas las células controlan el “estrés” mediante la  degradación de contenido nocivo y el reciclado de sus propios componentes. “Me empecé a involucrar y a tratar de entender un poco qué es lo que sucede con el embarazo, el desarrollo de la placenta y la autofagia como reguladora del estrés y signo de que algo anda mal”, comentó Guardia. Y agregó: “Hay mucha gente trabajando en placenta, incluso excelentes investigadores y médicos en la Argentina. Pero el foco que quiero darle es un poco único: llevar el entrenamiento que tengo en biología celular y estructural a un área en dónde se necesita más ciencia básica para realmente descifrar los mecanismos de formación y función de la placenta”. ¿En qué sentido interviene la autofagia en la placenta? “Si la embarazada o el bebé tienen una enfermedad, la idea de nuestro grupo es que la placenta va a evidenciar ese estado a través de la autofagia: si por algún motivo la madre no le provee los alimentos necesarios o el bebé no puede adquirirlos, la placenta estará bajo estrés y la autofagia, activada”, describió Guardia. “Entonces, se puede conocer el estado del embarazo a través de la determinación de la autofagia de la placenta. E incluso se puede pensar en regularla o ver cómo activarla para controlar el estrés que está generando el problema”, precisó. El investigador y su grupo buscan “tratar de entender mecanismos fundamentales de cómo se forma y funciona la placenta, con el objetivo a largo plazo de diagnosticar o tratar enfermedades del embarazo a través de ella”. La moda de comerla: “No hay ningún beneficio ni indicación” Es posible que, hasta ahora, ese órgano transitorio haya tenido más protagonismo en revistas populares que científicas. “Cuando nazca mi hija voy a comer la placenta”, reveló la modelo argentina Barby Franco, en la línea de otras figuras mediáticas como Juana Repetto o las internacionales Evaluna Montaner y Kim Kardashian. La moda de comer placenta se instaló por sus supuestos beneficios, entre los que sus promotores mencionan un menor riesgo de depresión posparto,  mejor estado de ánimo y de suministro de leche. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica que lo respalde, sostuvo Guardia, quien sospecha que esa tendencia podría estar basada en el hecho de que la mayoría de los mamíferos se come la placenta luego de parir. “Pero en los animales tiene que ver con una cuestión de supervivencia, porque si quedan restos puede atraer depredadores. Ciertamente, en la sociedad moderna no hay ningún beneficio probado ni indicación para hacerlo”.

El regreso de la energía nuclear: más de 30 países anuncian 429 nuevas centrales

La energía nuclear es una fuente energética que garantiza el abastecimiento eléctrico, frena las emisiones contaminantes, reduce la dependencia energética exterior y produce electricidad de forma constante. Así lo entienden cada vez más países que apuestan por la continuidad de sus centrales nucleares, con autorizaciones para operar 60 e incluso 80 años -como en el caso de Estados Unidos- y la construcción de nuevas plantas.

Los 442 reactores actualmente en operación en un total de 33 países producen alrededor del 10,5 % de la electricidad mundial Más aún, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de Naciones Unidas, -datos a diciembre de 2021- hay 58 unidades en construcción en 20 países, entre los que se encuentran China, India, Corea del Sur, Rusia y Turquía. Todos ellos, conscientes de los desafíos energéticos y medioambientales, construyen nuevas plantas porque consideran que la energía nuclear es una fuente esencial para el presente y futuro de sus países. China es el país del mundo que más reactores construye. Cuenta con 53 unidades operativas y dieciséis reactores más en construcción. A China le sigue India, con ocho reactores en construcción, así como Rusia y Corea del Sur con cuatro cada uno y Turquía con tres. El pasado año, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) iniciaron la operación de uno de sus reactores, lo que les ha convertido en el primer país árabe con energía nuclear.
Estados Unidos ha comenzado a conceder autorizaciones para que sus reactores operen 80 años
Energía nuclear en la Unión Europea En la UE, 13 de los 27 Estados miembros tienen centrales nucleares. Hay un total de 106 reactores en operación, que producen anualmente cerca del 26% del total de la electricidad consumida en el conjunto de la Unión. Otros cuatro reactores se encuentran en construcción en países como Eslovaquia, Finlandia y Francia.
En la Unión Europea, casi un tercio de la electricidad es de origen nuclear
La continuidad de la operación consiste en el funcionamiento de una central nuclear, manteniendo su nivel de seguridad, más allá del periodo inicialmente considerado en su diseño. Es una práctica habitual en distintos países del mundo y constituye una estrategia adecuada para poder cumplir simultáneamente con los aspectos básicos del desarrollo sostenible, ya que garantiza la independencia y la diversificación del abastecimiento energético y ayuda en la lucha contra el cambio climático. Distintos estudios internacionales reflejan que es técnicamente viable operar las centrales nucleares más allá de su plazo de diseño inicial, sin abandonar en absoluto los niveles de seguridad y fiabilidad exigidos por las legislaciones nacionales e internacionales. En realidad, cuando se le hace extensión de vida útil a una planta, la modernización de sus sistemas de seguridad pasiva y activa le suelen aumentar no sólo la disponibilidad operativa, sino la seguridad.
Ha sido el caso de Atucha I, en la Argentina, un diseño alemán al que primero la CNEA y desde 1995 NA-SA le fueron mejorando tanto los sistemas y subsistemas, desde el combustible hasta la termohidráulica, que su potencia subió de los 320 MWe con que empezó operaciones en 1974 a los actuales 361 MWe. Además de ello, su «quemado», la eficiencia en extraer  electricidad a partir del uranio, prácticamente se duplicó, con lo que gasta mucho menos combustible porque éste dura casi el doble. El cauteloso proceso de extensión de vida de Atucha I, a partir de 2006, el primero autorizado en la historia de la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear), fue un éxito técnico, y permite planificar su segunda extensión de vida. La construcción del nuevo repositorio de almacenamiento en seco para los combustibles gastados, una vez que pasaron unos 6 años enfriándose térmicamente en piletas, es parte inicial de esa segunda tarea, que los constructores originales de Atucha I (KWU-SIEMENS) no imaginaron siquiera. Las extensiones de vida son posibles por la robustez fenomenal de los sistemas de seguridad pasiva con que han sido construídas todas las centrales de agua presurizada del mundo (PWR de uranio enriquecido y PHWR de uranio natural). Esas poderosas estructuras envejecen muy lentamente, y dan margen de sobra para renovarlas a estado original, o mejor. En las PWR y PHWR, la cantidad de blindajes sucesivos de hormigón ultradenso, de acero y de aleaciones especiales de zirconio que envuelven las pastillas de cerámica de dióxido de uranio es apabullante. Esas cerámicas capaces de resistir temperaturas mayores de 3000o C sin desintegrarse son en sí mismas un sistema de seguridad pasiva. Todo esto explica, entre otras cosas, que el costo inicial de Atucha I haya sido de U$ 1800 por kilovatio instalado, mientras que el de una central «destripada» de la mayor parte de esas barreras en profundidad haya sido de sólo U$ 200 por kilovatio instalado. Fue el caso de Chernobyl 4, y con consecuencias. Todo esto también explica cómo la electricidad nuclear vuelve de su segundo exilio, el causado ya no por el accidente INES 7 de Chernobyl en 1986, sino el de Fukushima en 2011. Ninguna de esas centrales era un PWR o un PHWR, sino diseños brutalmente simplotes para bajar costos de inversión inicial. Ninguna central carente de edificio de contención, como Chernobyl, logra renovar su licencia: por caso, las viejas centrales refrigeradas a gas del Reino Unido, encerradas no en búnkeres estancos, sino en meros galpones. Por algo en lo que va del siglo las fueron cerrando lo más rápido que pudieron. Fue por razones de seguridad que en la licitación por  Atucha I la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) recibió decenas de ofertas internacionales, y sus dos organismos de seguridad, el CALIN (Comité de Licenciamiento) y la Gerencia de Radioprotección, descartaron todas las propuestas que no fueran PWR y PHWR. Esos dos organismos, precursores a la actual ARN, que es independiente de la CNEA y de NA-SA, parecen haber hecho un trabajo notable. Y supieron plantar su autoridad de expertos. Algún lobbista de la General Electric en el gobierno del general Juan C. Onganía trató de hacer valer entonces el GE-MK1 por ser más eficiente y barato, pero la CNEA y sus dos pilares en licenciamiento carecían de todo interés por esas centrales de agua hirviente, o BWRs. Y primero el presidente legal Arturo Illia, y luego el de facto, Onganía, se atuvieron al dictamen de la CNEA. Para algo, dentro del tótem del estado federal argentino, le daban dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional. Ha sido una estupidez sacarla de allí. En el caso de los BWR, a juicio de los expertos argentinos en seguridad, los existentes a fecha de hoy tienen defectos incurables de diseño. Las contenciones de las BWR en general son volumétricamente insuficientes en relación a su potencia térmica, sus recipientes de presión de acero son de paredes relativamente finas, y por último, la turbina se alimenta en forma directa, con vapor generado por el núcleo de la central. Esto obliga a tener desalojado de personal el edificio de la turbina durante las operaciones, porque el nitrógeno atmosférico disuelto en el agua se activa y emite rayos gamma de baja energía (alcance biológicamente significativo de 90 metros) con una vida media de 10 minutos. Y no hay turbinas enteramente libres de escapes de vapor. El acierto argentino en no comprar la GE MK1 se vio en 2011. Es el tipo de máquina que le costó a Japón el accidente de Fukushima. Y si traía defectos de ingeniería básica, la TEPCO, la empresa privada que instaló el complejo de centrales en esa ciudad costera, los agravó al ponerlo a unos escasos 10 metros verticales de la superficie del mar y con una defensa anti-oleaje que era un chiste. Eso, en el país donde se inventó la palabra «tsunami». Que en el caso del de 2011 llegó a 30 metros de altura. Claro, era más barato operar la central desde ahí abajo que dejarla en lo alto de la barranca original, a… sí, 30 metros. Si la Argentina puede darse el lujo de conceder extensiones de vida a Atucha I (y muy probablemente a Atucha II, allá por 2038 o 2039) es porque no compró basura. Además, instaló esas máquinas en sitios naturalmente seguros. La segunda extensión de vida en Argentina fue la de la Embalse, la planta nuclear a orillas del embalse de Río Tercero, en Córdoba, y por cifras de disponibilidad, la mejor del país. Volvió al trabajo con un 6% más de potencia eléctrica y con nuevos sistemas de seguridad activa en caso de apagón de la red en esa zona. Son grandes generadores diésel de electricidad para garantizar el enfriamiento del calor residual del núcleo con la central apagada en emergencia, y están escalonados «en profundidad»: el primero sustituye a la red, el segundo, al primero, el tercero, al segundo, el cuarto, al tercero. La probabilidad estadística de que fallen simultáneamente la red y además, uno tras otro, los cuatro generadores no es cero, pero está razonablemente cerca de cero. Y la cantidad de diésel almacenado en las afueras de la central garantiza varias semanas de operación en caso de un apagón de red prolongado, como el que podría causar un terremoto, o una tormenta severa, o un incendio masivo de campos que destruya las líneas de alta tensión. Por supuesto, todo esto cuesta plata: lo barato sale caro. Al menos, al principio. Pero significativamente, el megavatio de electricidad nuclear termina siendo, a largo plazo, más barato que el que viene de fuentes supuestamente baratas, como las centrales de gas a ciclos combinados, la forma dominante de producir electricidad en la Argentina. Y es que las centrales de gas duran a lo sumo 20 años y hay que tirarlas. Las solares tampoco duran más de 20 años y tienen el mismo defecto que el sol: de noche y en los crepúsculos no producen potencia. Las eólicas, en cambio, adhieren con entusiasmo a los defectos del viento: no sólo son intermitentes, sino impredecibles. Y como por ambos factores no logran una disponibilidad mayor del 50% del año, sean de la marca que sean y estén adonde estén, en el país hay que tener centrales de gas operando -pero fuera de línea- para no dejar a la red sin potencia no bien aflojen las renovables, para evitar apagones o grandes oscilaciones de voltaje, fatales para los motores eléctricos domésticos e industriales. Esto se llama «respaldo caliente», en la jerga, y es un tema maldito para los ecologistas y algunos economistas empetrolados, porque implica estar quemando gas y contaminando al cuete la mitad sumada del año. Pero todo puede ser peor: desde 1998, cuando el Partido Verde se volvió fuerte en las coaliciones de gobierno y empezó a cerrar centrales nucleares alemanas a troche y moche, Alemania empezó a hacer respaldo caliente con carbón, el más contaminante de los combustibles. Y como no les alcanza con el de Silesia, importan carbón desde Polonia y Rusia. Y como tampoco les alcanza así, importan electricidad polaca hecha a carbón. Y como tampoco les alcanza, gas ruso, cada vez más desde que Angela Merkel y su partido conservador también se volvió antinuclear. Hoy los alemanes le venden armas a Ucrania para luchar contra Rusia (no muchas, para no ofenderlos seriamente), pero la industria alemana depende del gas ruso en un 65%. Y como tampoco con eso les alcanza, van a importar GNL estadounidense, cuando lo haya y tengan los barcos y las instalaciones costeras (5 años, mínimo), y mientras tanto importan toda la electricidad francesa posible… que es 81% de origen nuclear. A este sinsentido en Alemania le dan un nombre de lo más ecológico: Energiewende, o «Transición energética». Y hasta hace unos meses, estaban re-orgullosos de él. Ahora, hay que ver si el Energiewende resiste el invierno de 2022. Aparentemente la triplicación de la potencia eólica instalada en Alemania en la última década no ha sacado al país de problemas: el viento sigue necesitando respaldo caliente. Y tapizar ese nebuloso país de techos fotovoltaicos no ha logrado que brillara más el sol. Centrales como las Atuchas o Embalse podrían llegar a vidas operativas sucesivas de hasta 80 o 100 años, comparables con el de las buenas centrales hidroeléctricas, y con costos de relicenciamiento estimables entre el 20 y el 30% de la inversión inicial. Rafael Grossi, el argentino que hoy dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo siempre que el combo energético más potente del futuro a mediano plazo es renovables + nuclear. La historia le está dando la razón. Mucho antes de lo esperable. A la luz de la catástrofe climática, el átomo es negocio: las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero. Y a la luz de la catástrofe económica que supone el aumento de hasta un 1000% del costo del gas en la UE y cifras menores pero disparatadas en el resto del Hemisferio Norte, es un negocio del tipo que puede serlo el tener un salvavidas a mano cuando a uno se le hunde el barco en que venía. Y descubre que en realidad uno estaba subido a un salvavidas, porque el verdadero barco era el país nuclear con 18 centrales que tenían los alemanes en 1998. Pero como suele repetir el Dr. Carlos Aráoz, especialista en materiales y el hombre que, junto a Jorge Sabato, construyó en 1958 el primer reactor nuclear argentino (el RA-1): «El verdadero negocio nuclear no pasa por vender electricidad. Pasa por vender tecnología». Si tras 72 años de desarrollos atómicos propios y exportación exitosa de reactores argentinos a 7 países los gobiernos argentinos entendieran lo que tenemos como capital intelectual, hoy no estaríamos importando una central nuclear. Estaríamos construyendo clones mejorados de Embalse, para lo cual estamos técnica y legalmente habilitados desde 1974. Y estaríamos compitiendo con los coreanos y los rusos por venderle al mundo centrales nucleares argentinas. Como el CAREM, por dar un ejemplo. Así, a 31 de diciembre de 2021, en el mundo hay 186 reactores nucleares a los que los distintos organismos reguladores les han concedido autorización para operar más allá de 40 años, adoptando distintos esquemas: en unos casos se han concedido autorizaciones para 20 años adicionales, en otros, por un periodo determinado y, en otros casos, de forma indefinida. En Estados Unidos, seis unidades han recibido autorización para operar durante 80 años. En total, representan más del 30% de los reactores nucleares existentes en el mundo. En AgendAR predecimos que serán más. Y que la flota actual se duplica, porque se vienen 429 nuevos, casi todos PWR y PHWR, aunque empiezan a pintar otros entera pero cautelosamente nuevos, y en general más interesantes, sencillos, seguros y mejores. Como el CAREM, para volver a nuestro ejemplo.