Argentina: en los últimos 12 días se detuvo la caída en la cantidad de contagios y de muertes por covid

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Ayer, viernes 14, se registraron en muestro país 601 muertes debidas al covid, según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Es la mayor cifra informada en la última semana. La suma total de fallecimientos registrados llega a 69.853. En AgendAR no usamos el alarmismo para conseguir la atención de los lectores. Pero no podemos dejar de ver que es una situación grave. El sistema sanitario argentino está haciendo una labor heroica, pero está cerca de sus límites en muchas regiones de nuestro país. Y aunque resista, no es consuelo para los que murieron y sus familias. La campaña de vacunación avanza, y la próxima semana se esperan varios millones de dosis. Pero el virus parece avanzar más rápido. Reproducimos aquí la crónica de la situación más precisa y con menos «alarmismo» de las que leímos (sin optimismo forzado, tampoco), y agregamos al final una reflexión de AgendAR.

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Luego de que, producto de las restricciones al movimiento instauradas a mediados de abril, durante casi dos semanas bajara la cantidad de nuevos casos registrados de coronavirus en Argentina, ahora la curva de contagios se estabilizó y está estancada en un promedio de alrededor de 20 mil por día desde el 2 de mayo.

Cuando hace un mes el país registraba el récord de nuevos casos y se encontraba de lleno en la segunda ola –el 16 de abril el Ministerio de Salud informó 29.472 contagios-, el Gobierno decidió reponer las restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros sectores del país para contener el avance del virus.

En principio, esa decisión tuvo impacto en la cantidad de casos y, en las dos últimas semanas de abril, cuando comenzaron a regir las limitaciones en el horario nocturno, las reuniones sociales y la suspensión de clases presenciales en el AMBA, el promedio de nuevos contagios tuvo un descenso del 21%.

Daniel GollanDaniel Gollan

Hace unos días, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró que “las medidas de restricción, o mejor dicho medidas de cuidados, han llevado a que se cortara la subida exponencial de casos positivos de COVID-19. Empezamos con un descenso la semana pasada”.

En coincidencia con Gollan, su par porteño, Fernán Quirós, dijo la semana pasada que “continuar a la baja en los próximos días depende de seguir intensificando la estrategia de rastreo, testeo y aislamiento, y la vacunación. Pero también de que todos nosotros evitemos al máximo los encuentros en lugares cerrados, sobre todo con los fríos que estamos teniendo. Es fundamental que no nos encontremos en lugares cerrados mal ventilados”.

De todas formas, la curva de casos indica que esa caída producto de las restricciones a la circulación encontró un freno. Entre el 2 de mayo y ayer, el promedio de nuevos contagios se mantuvo siempre en los 20 mil, cuando en los 12 días anteriores fluctuó entre los 23 mil y los 21 mil.

Un trabajador de la salud en el hospital General San Martín de La Plata (Foto: Franco Fafasuli)Un trabajador de la salud en el hospital General San Martín de La Plata (Foto: Franco Fafasuli)
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Al mismo tiempo, producto de 12 días en los que se estabilizaron los nuevos contagios también dejó de aumentar la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTis): desde el 2 de mayo ese porcentaje pasó del 68,10% al 69,30% de ayer; la misma situación se da si se toman solo las UTIs del AMBA, ya que la cifra en la que se estabilizó la ocupación es entre 75,10% y 77,00%.

El Gobierno estará atento a la evolución de estos dos indicadores para definir qué hará luego del 21 de mayocuando se terminen las restricciones que anunció Fernández el 30 de abril.

Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se reportaron en todo el país 448 muertes y 26.531 nuevos contagios de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el total acumulado de contagios se elevó a 3.242.103 y las víctimas fatales a 69.254.

Además, se informó que los pacientes que permanecen internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 5.420, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es 69,30% en la nación y de 76,40% en el AMBA.

De acuerdo con el reporte, del total de casos, 2.869.341 son pacientes recuperados y 277.424 permanecían activos, y del total de decesos, 261 corresponden a hombres, 183 a mujeres y cuatro personas fueron registradas sin dato de sexo.

Con respecto a la vacuna, hasta ayer, y según el Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron 11.373.872 dosis en todo el país, de las cuales 9.541.511 personas ya se vacunaron. De ese total, 7.912.175 personas recibieron una sola dosis, mientras que 1.629.336 completaron el proceso de vacunación.

Una reflexión de AgendAR

En estos días hemos escuchado a funcionarios del gobierno nacional y de varias provincias decir que, si la curva de contagios sigue en estos niveles, habrá que dictar nuevas restricciones. El presidente Fernández, en marzo del año pasado, tomó decisiones muy importantes y audaces, lo que recordamos como Fase 1. Luego esas medidas sufrieron el previsible desgaste. En unos pocos meses una parte numerosa de nuestros compatriotas, por necesidad o por irresponsabilidad, las ignoraron. Tampoco los funcionarios del gobierno mostraron demasiada sensibilidad en el tema. Reuniones, apariciones en público sin barbijo, y algunas hechos multitudinarios, como el sepelio de Maradona -que eran «populares» y por eso no aumentarían los contagios… Ha cambiado. Ahora todos los funcionarios aparecen en público y en las redes sociales con barbijo. Pero todavía muestran vacilación en imponer lo que pueden y deben imponer. Que no es mucho, pero -como el barbijo en público- es una señal necesaria. Ayer, una manifestación de un puñado de activistas -con motivos válidos o no, ese no es el punto- interrumpió la salida de los trenes en Constitución. Y obligó a miles de personas en el Área Metropolitana a viajar amontonados. No es simpático impedir los piquetes, sobre todo con nuestra historia. Pero si no se lo hace, es más difícil que se tomen en serio las restricciones.

La polémica por la Sputnik V y la «guerra de las vacunas»

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Con un artículo breve publicado en su sección Correspondence, la revista The Lancet inició un nuevo capítulo de la novela que podríamos llamar «Los científicos también son seres humanos. La guerra de las vacunas».

De acuerdo con los autores de la nota, Enrico Bucci, Johannes Berkhof, Gowri Gopalakrishna, Raffaele Calogero, Lex Bouter et al., los resultados de los estudios de fase 3 de la vacuna Sputnik V adolecen de inconsistencias y algunos números resultan “problemáticos”. Bucci y colegas se quejan también de que sus pedidos para acceder a la base de datos crudos del ensayo clínico no fueron contestados. Es más: plantean que “los resultados inspiran preocupaciones serias”; entre otras cosas, por la homogeneidad que se informa en los diferentes grupos etarios. En la misma edición, la revista científica publica la respuesta de Denis Logunov, Inna Dolzhikova y Dmitry Schcheblyakov, autores del trabajo cuestionado, que reafirman que el estudio cumple plenamente con los estándares regulatorios, explican que no iban a dar a conocer las bases de datos antes de que se terminara el ensayo y alegan que lo que pudo haber fueron errores tipográficos luego corregidos y enviados junto con el resto de los documentos sometidos a revisión. Por supuesto, la noticia corrió como un reguero de pólvora y muy pronto era tendencia en Twitter. A pesar de haber sido desarrollada con una plataforma tecnológica bien conocida, la vacuna rusa nació envuelta en controversias, en parte por la renuencia a hacer públicos los datos de los ensayos clínicos (que eran muy buenos) y en parte por motivos geopolíticos, ya que durante muchos meses en Europa y los Estados Unidos se la pasaba por alto y ni siquiera se la mencionaba entre las que estaban en etapa de desarrollo más avanzado. La mezcla de marketing y datos científicos no ayudó a evitar suspicacias. Lo importante es si las críticas ponen en tela de juicio la efectividad de la vacuna. ¿Son sustentables las afirmaciones de Bucci y colegas? Un dato para tener en cuenta es que el primero declara conflictos de interés por ser el dueño de una compañía que comercializa servicios de “detección de fraudes en publicaciones científicas” (Resis SRL). Para el virólogo Humberto Debat, integrante del consorcio PAIS de vigilancia genómica, la evaluación de pares pospublicación es “una excelente innovación en el sistema de publicaciones académicas”. “La posibilidad de reanalizar resultados publicados es propia de una actividad científica gradual, humana y perfectible. Este tipo de intercambios ayudan a entender las bases de un proceso de consolidación de la información veraz, mas allá del procedimiento genérico de evaluación en la revista científica. Este caso y tantos otros respaldan la postura de diversas publicaciones que están implementando protocolos transparentes de revisión de pares, donde este proceso de verificación se realiza de cara al lector, lo que aumenta la confianza en el proceso”. Sin embargo, considera que las observaciones que hacen Bucci y colegas son meramente “cosméticas, demagógicas, parciales”. “Es interesante que una de las críticas principales de Bucci y colegas apunta a que no dispone de datos sobre ajustes al ensayo clínico; sin embargo, Logunov et al aclaran que estos datos fueron provistos a la revista para su análisis. Esta información no estuvo disponible solamente para la revista, sino también para el medio centenar de países que la evaluaron para autorizar este desarrollo vacunal. Aplaudo y acompaño la inquietud desinteresada del doctor Bucci, dueño de una compañía que lucra con el mercado de integridad en la investigación, de un acceso irrestricto a datos crudos de un ensayo clínico, lo cual esperamos suceda en cuanto se haya completado. Este ideal debería ser la regla, pero no lo es, y tampoco es una razón para invalidar los resultados presentados por los autores y evaluados por otros expertos que quizá considera menos aptos que él”. Y continúa Debat: “Bucci sugiere que el ensayo carece de información crucial, como los parámetros clínicos que determinan la sospecha de Covid-19, qué protocolos de diagnóstico se utilizaron, cuándo se realizó la prueba de PCR, qué método específico se utilizó o cuántos ciclos de amplificación se utilizaron. Sin embargo, todos y cada uno de esos parámetros, equivalentes a los de diversos desarrollos vacunales, están disponibles en el anexo de la publicación de análisis interino de fase 3 en la misma revista. También sugiere inconsistencias en el número de voluntarios enrolados y evaluados; los autores aclaran en el propio protocolo que esto de ningún modo es una inconsistencia, sino que fueron excluidos de acuerdo con los criterios de exclusión o no cumplieron con los criterios de inclusión. Otra crítica es una ‘peculiar homogeneidad’ de los resultados de eficacia en los distintos grupos etarios, que justamente los autores aclaran que es consistente con los altos niveles de eficacia en los diversos grupos y que la variabilidad es observada no en estos valores absolutos, sino lógicamente en los intervalos de confianza. Esta última crítica no es menor, porque sugiere fabricación de datos, una acusación grave que requiere información concreta que la respalde. De más está decir que una supuesta homogeneidad de valores de eficacia no es ni siquiera evidencia anecdótica o circunstancial que indique de forma directa manipulación de datos”. Daniela Hozbor, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología e investigadora principal del Conicet, coincide: “Los que tienen que disponer de toda la información son los entes regulatorios. No es cierto que sea obligatorio darla a conocer en las revistas científicas. Creo que esto es en parte la guerra que hay contra esta vacuna. Los investigadores ya admitieron que habían cometido algunos errores. Sí, me parece que tienen alguna debilidad en la forma en que dan a conocer los datos, en ese sentido puede valer la crítica. Pero muchos países ya los analizaron y la autorizaron, y eso es un aval. Anvisa (la Anmat brasileña) también la criticó duramente, pero no aportó ninguna evidencia”. Incluso quienes confían en la fórmula desarrollada en el Instituto Gamaleya conceden que sus papers (y los de la mayoría de otras), puestos bajo la lupa, pueden contener algún error. “En ese caso –dice el biólogo molecular Ernesto Resnik–, más que una crítica al protocolo, el artículo en realidad pone en tela de juicio el proceso editorial de The Lancet. Porque errores en los números se cometen todo el tiempo, para eso está la revisión por pares”. Mientras tanto, los resultados de fase 4 (en población real y no en grupos de voluntarios seleccionados) arrojan altos niveles de protección en personas inmunizadas. Uno de los estudios para verificarlo es mencionado en la respuesta de Logunov y colegas, y fue realizado en la provincia de Buenos Aires por investigadores del Instituto Leloir e integrantes del equipo de salud de siete hospitales públicos: utilizando el test CovidAR, tres semanas después de recibir la primera dosis de la Sputnik V, el 94% mostró presencia de anticuerpos específicos neutralizantes. El esquema completo de dos dosis generó respuesta de anticuerpos en el 100% de los vacunados. Con una dosis, las personas previamente infectadas producían cinco veces más anticuerpos que los que recibían el esquema completo. Observación de AgendAR: El análisis que hacen estos especialistas no requiere comentarios de legos. Pero sentimos que corresponde plantear un criterio que podemos usar quienes no somos biólogos: Nuestro país recibió hasta el momento un total de 6.535.850 dosis de la vacuna Sputnik V, de las cuales 5.475.690 corresponden al componente 1, mientras que 1.060.160 son del componente 2. Con menos precisión, podemos estimar que al menos 5 millones de personas han sido inoculadas con al menos una dosis. Algunos de ellos se han contagiado posteriormente -el presidente Fernández es uno- pero el número de enfermos graves y de fallecidos entre ellos… es mínimo, si alguno.

Kulfas y Morales anuncian acuerdo con empresa china para fabricar baterías de litio en Jujuy

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el gobernador Gerardo Morales, firmaron un acuerdo entre nación, provincia y la empresa china Ganfeng Lithium Co. Ltd para concretar la instalación de una fábrica de baterías de litio en Jujuy.

El ministro Kulfas destacó en el acto: “Argentina es un lugar propicio para poder avanzar en el desarrollo de un recurso natural tan importante como es el litio. Es un proceso donde todos los que estamos sentados acá vamos a salir ganando. Este hito va a ser fundamental en este camino que hemos aprendido de trabajo conjunto y estratégico entre Argentina y China con beneficios para ambos pueblos”. “Aprovechemos la extraordinaria red de recursos humanos, científicos y tecnológicos de la Argentina. El mundo avanza hacia cambios muy importantes en las formas de movilidad, transporte y del consumo de energía”. El acuerdo establece, según se informó oficialmente, la cooperación para el desarrollo de estudios, intercambio de información y asistencia mutua para identificar y analizar la viabilidad de proyectos que puedan desarrollar conjuntamente; así como identificar y evaluar la viabilidad de oportunidades de inversión en actividades de exploración y explotación; y buenas prácticas en materias de minería y movilidad sustentable. Acompañado por el secretario de Minería, Alberto Hensel, para Kulfas “la nueva ley de movilidad sustentable es un paso fundamental para que Argentina sea en Sudamérica un jugador sumamente importante en esta industria tan estratégica”. El gobernador Gerardo Morales aseguró: “Quiero reivindicar la política que está implementando el Gobierno Nacional en materia de impulso a las inversiones mineras no solo en litio sino en distintos minerales como recursos importantes que tiene la Argentina. Sabemos que es un impulso del presidente Alberto Fernández y del ministro Kulfas. El proyecto de movilidad eléctrica va a generar un antes y un después en la matriz productiva, energética y de transporte en nuestro país”. “Agradezco a Ganfeng por haber apostado e invertido en Jujuy. En Exar, el objetivo es arrancar el año que viene con 40 mil toneladas de litio de alta calidad, y hoy, solo en obra civil, hay más de 1000 trabajadores, generando proveedores locales y una gran cantidad de recursos para Jujuy y la República Argentina». «Pero también estamos muy agradecidos con la responsabilidad social de esta empresa para con el desarrollo y la salud de las comunidades en nuestra provincia”, sostuvo Morales quien agradeció además el trabajo conjunto con la embajada argentina en la República Popular China. Por su parte, el presidente de Ganfeng Lithium Co. Ltd, Li Liangbing, afirmó: “Estamos trabajando en Argentina en varios proyectos. Queremos apoyar el desarrollo industrial de Argentina para que sea uno de los países productores de litio más importantes del mundo. Nos comprometemos a trabajar comprometidos en el cuidado ambiental. Deseamos una exitosa cooperación entre Argentina y China”. Del encuentro también participó el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, quien aseveró: “Este camino comenzado con la electromovilidad está rindiendo frutos. Quiero destacar el trabajo para desarrollar el potencial minero, el trabajo con provincias como Jujuy o San Juan, en el marco de una agenda bilateral. Esta embajada tiene una mirada federal. Así que cuenten con nosotros”. Por su parte, el embajador chino Zou Xiaoli, resaltó que “gracias a los esfuerzos aunados se consolida un nuevo mundo de conocimiento entre Argentina y China, más provisorio que nunca”, y puntualizó el trabajo entre ambos países para “adoptar las medidas efectivas para apoyar a las empresas, y juntos formar una fuerza competitiva que preste más atención a la ciencia, a los recursos naturales y a la conservación del medio ambiente en la minería con el objetivo de desarrollar un papel más importante en el desarrollo económico de Argentina y China”.

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AgendAR había publicado en diciembre del año pasado Repunta el precio del litio y China reaviva su interés en la puna argentina, donde mencionamos entre otras empresas a Ganfeng. Y China no está interesada solamente en el litio, por supuesto. Para el caso, este mismo mes el gobernador Morales firmó un preacuerdo con empresas chinas para ampliar el Parque de Energía Solar Caucharí. En realidad el interés de China, y de Argentina, por hacer negocios en común viene de bastante antes. Y puede ser muy beneficioso para nuestro país, si sabe cuidar sus intereses estratégicos así como los de corto plazo.

Chile vota para una nueva Constitución

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Tras el terremoto político que provocó el “Estallido” social de 2019, Chile ha iniciado una maratón electoral histórica que a lo largo de un año definirá una nueva arquitectura constitucional que reemplace al régimen heredado de la dictadura de Pinochet (1973-90), y renovará el Congreso y la Presidencia.

En Chile se está eligiendo ahora a los 155 constituyentes que redactarán una nueva Constitución, además de 345 alcaldes, 2.252 concejales y gobernadores de las 16 regiones del país que antes eran eran designados por el Ejecutivo, en una doble jornada electoral histórica por sus implicancias institucionales.

Siete meses después, el 21 de noviembre, se elegirá al sucesor del presidente Sebastián Piñera (para 2022-26) y al nuevo Congreso. En 2022, se plebiscitará el nuevo texto de la Constitución. Para entonces, Chile habrá completado uno de los ciclos de transformación política más importantes de su historia, que comenzó con el plebiscito que aprobó la reforma constitucional, en 2020.

Estos comicios se celebrarán, todavía, bajo la persistente crisis sanitaria que plantea la pandemia de COVID-19, y pese a una elogiada campaña de vacunación nacional (53% de adultos con primera dosis y 44% con la segunda).

La pandemia, que se cobró hasta ahora más de 26 mil vidas y obligó a postergar las elecciones dos veces, generó presión social y económica como en otros países. El gobierno respondió con un operativo de vacunación ejemplar y pronto comenzará a inmunizar a personas de entre 35 y 45 años. Sin embargo, el presidente Piñera exhibe un bajísimo índice de aprobación popular (en abril había caído ya al 9%).

Esa debilidad política, sumada a la demanda de respuestas frente a la crisis económica, llevó en abril pasado al Congreso y al gobierno a autorizar otro retiro del 10% de las Administraciones de Fondo de Pensiones (AFP) privado, el tercero en un año, entre reclamos adicionales de asistencia estatal. Los chilenos llevan retirados más de USD 37 mil millones y 2,9 millones de futuros jubilados ya vaciaron sus cuentas.

LOS CONSTITUYENTES

 

Este fin de semana, unos 14,9 millones de ciudadanos (un millón de ellos de pueblos originarios) estarán en condiciones de elegir por primera vez a los 155 chilenos que estarán a cargo de redactar una nueva Constitución que reemplace a la que ha regido la vida política del país desde 1980 (con 25 reformas posteriores).

En el plebiscito de 1980, cuando los chilenos volvieron a las urnas por primera vez en siete años, se impuso la opción «Sí» a la nueva Constitución, la décima del país y que reemplazó a la de 1925 bajo la que terminó gobernando el derrocado Salvador Allende en 1973. El régimen anunció el triunfo del Sí (67%), pero nunca hubo registros ni controles adecuados para confirmarlo y el texto, que apenas se conocía, fue redactado hasta dos semanas antes por el régimen cívico-militar.

En América Latina, hay antecedentes de reformas constitucionales democráticas durante las últimas tres décadas: desde la de Brasil (1988), Colombia (1991), Argentina (1995) y Venezuela (1999), hasta las más recientes de Ecuador (2008) y Bolivia (2009). Todas procuraron expandir derechos.

Esta elección de convencionales de Chile nació del plebiscito del 25 de octubre de 2020, que con un 78% aprobó la reforma de la carta magna, un año después de las masivas manifestaciones (las primeras motorizadas por estudiantes, unas pocas muy violentas) que durante largas semanas inundaron las calles de Santiago.

Las movilizaciones demandaron cambios políticos, económicos y sociales en un país estable, sólido y en crecimiento y desarrollo, pero caracterizado por una gran desigualdad. En Chile, la nación con el mayor PIB per cápita de Sudamérica, el 1% de la población acumula un 26,5% de la riqueza del país, según la CEPAL

El gobierno de Piñera decidió celebrar simultáneamente varios comicios (locales, regionales y constituyentes) en dos jornadas consecutivas, algo sin precedentes en la historia chilena. Una de las razones fue la pandemia de COVID-19: de hecho, las elecciones se iban a realizar en abril y fueron postergadas un mes para prevenir contagios en plena segunda ola.

Pero también influyó en la novedad de la doble jornada electoral -tramitada y aprobada a través del Congreso nacional- la complejidad de las boletas para el votante, la gran cantidad de candidatos (unos 14.500 en total). Las autoridades estiman que esta vez votar llevará a los chilenos tres o cuatro veces más tiempo que el plebiscito del 25 octubre de 2019.

Los ciudadanos podrán elegir si votan sábado o domingo, pero los sufragios serán contados solamente al final de la doble jornada. Entre uno y otro día, las urnas serán selladas y quedarán bajo custodia de las Fuerzas Armadas, además de la supervisión de apoderados partidarios y autoridades de mesa.

La Convención Constitucional que surja de estas elecciones será paritaria, que por primera vez en la historia del país facilitará que la redacción de una Constitución sea redactada en igual cantidad por hombres y mujeres, además de los cupos reservados para diez pueblos originarios.

LOS PARTIDOS

Los principales partidos políticos de Chile, oficialistas y opositores, adquirieron su protagonismo en el proceso de transformación cuando un mes después de iniciado el “Estallido” social en las calles firmaron, el 15 de noviembre de 2109, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que descomprimió la situación y abrió las puertas a esta inédita sucesión de participación popular en las urnas.

Ese acuerdo entre los grandes partidos chilenos de centroizquierda y centroderecha permitió el plebiscito de 2020. Al votarlo, los ciudadanos les negaron a los legisladores del Congreso la opción de convertirse ellos mismos en Convención.

Pero el acuerdo condiciona también las posibilidades de introducir cambios radicales en la Convención Constitucional (no es Asamblea). Así, cada reforma necesitará dos tercios de la convención, lo cual la limitará como poder constituyente originario. Sin esa mayoría calificada, los cambios deberán pasar por el Congreso Nacional para revalidarse y pasar al plebiscito de 2022, que a su vez sólo confirmará si obtiene mayoría absoluta de los votantes.

Así, la coalición oficialista de derecha Chile Vamos (Renovación Nacional, UDI, los Republicanos y Evópoli) podrán bloquear cualquier cambio progresista con sólo reunir 33% de los votos, una posibilidad cierta. Fuera de ese acuerdo quedaron los partidos Progresista, Humanista, Comunista y parte del izquierdista Frente Amplio.

La oposición ofrece dos grandes listas. Hacia el centro chileno, la Lista del Apruebo, heredera de la Concertación de centroizquierda que gobernó la mayor parte de la etapa democrática post pinochetista, con socialistas, democristianos, radicales y progresistas. Hacia la izquierda, la lista Apruebo Dignidad, liderada por el Partido Comunista, con movimientos sociales protagonistas de las movilizaciones de 2019. En total, unas 70 listas acudirán a las elecciones para la Convención.

Durante al menos nueve meses, con otros tres de prórroga, los discutirán la redacción de una nueva Constitución, a partir de una «hoja en blanco», sin referencias vinculantes con la carta magna de 1980, y con libertad para incluir nuevos derechos, como el del agua. Pero esa condición de los dos tercios dificulta transformaciones radicales en el sistema político chileno.

Los asuntos que abordará la Convención incluyen la posible reforma del actual régimen presidencialista de gobierno, el poder del Estado y su rol económico y social, y el reconocimiento constitucional de derechos clásicos (educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, consumo) y de segunda generación (medioambiente, no discriminación, participación).

También estará a consideración la posibilidad de crear un Estado plurinacional con una definición específica de derechos para las comunidades originarias.

Fundación Embajada Abierta

El ejército israelí lanza una ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza

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En la madrugada de hoy, viernes 14, Israel anuncia una operación terrestre en la Franja de Gaza. Varias de sus tropas ya disparan contra el enclave palestino gobernado por Hamas, aunque aún no está clara la ubicación de sus fuerzas, que al parecer atacan desde la frontera. Las Fuerzas de Defensa israelíes negaron que sus tropas hayan entrado en Gaza.

La acción militar se produce cuando los intercambios de ataques aéreos con el grupo que controla Gaza, entran en su quinto día. El jueves se intensificaron los enfrentamientos y se sumaron tres cohetes lanzados contra Israel desde Líbano. La última gran ofensiva terrestre israelí en Gaza comenzó el 17 de julio de 2014. La invasión terrestre fue la expansión de la Operación Margen Protector, se planteó en respuesta al lanzamiento de cohetes de Hamas, tras pequeños enfrentamientos y elevadas tensiones. La incursión estaba prevista que duraría 10 días, y descabezaría a Hamas. Duró 50, y, evidentemente, no definió nada, aunque provocó gran destrucción y perdida de vidas. Desde Argentina, no vemos probable una escalada del conflicto, simplemente porque ninguna potencia global o regional se muestra dispuesta a enviar tropas o a intervenir con fuerza. Pero sí parece inevitable que aumente, además de los odios entre las poblaciones de ambos lados, la tensión global y el temor generalizado a ataques terroristas. No ayuda el hecho que Israel no tenga hoy un gobierno respaldado en una clara mayoría.

Debaten sobre el Paraná, la Hidrovía y el canal Magdalena: Taiana, Idígoras, Giardinelli – Video

El Grupo de Estudio y Trabajo en Políticas Agropecuarias (GET-PA) de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) organizó un encuentro virtual el 28 de abril para debatir sobre el futuro de la navegación del Paraná, que a su vez es central para la integración de todo el territorio argentino. En el debate participaron Mempo Giardinelli, periodista y escritor, Jorge Taiana, actual Senador Nacional y ministro de Relaciones Exteriores de 2005 a 2010, y Gustavo Idígoras, Presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC). También estaba prevista la participación de Alcira Argumedo, socióloga, investigadora, política y docente, pero avisó que sus problemas de salud se lo impidieron. Al final de esta nota podrán acceder al video completo del conversatorio. Como abarca una hora y 40 minutos, reproducimos aquí el siguiente resumen: Patricia Lombardo, docente de la FAUBA y coordinadora del GET-PA, que también es Directora de la Licenciatura en Economía y Administración Agraria, dijo que el GET-PA, en el marco de las actividades de discusión y reflexión que organiza, convocó a este debate con el propósito de “instalar en el ámbito de nuestra Facultad la discusión sobre el futuro del control y la administración de un punto estratégico en el ejercicio de la soberanía nacional”. La profesora Lombardo procedió a introducir el debate con datos, definiciones y preguntas jugadas: «La llamada Hidrovía Paraguay-Paraná es un tramo que vincula el tránsito de estos dos ríos con el Océano Atlántico a través del Río de la Plata. Tiene una extensión de 3.442 kilómetros y se extiende desde el Puerto de Cáceres, en Brasil, hasta el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay. En 1993, se licitó un tramo del río Paraná que es parte de la Hidrovía, de una extensión aproximada de 1.200 kilómetros y que va desde el puerto de Santa Fe hasta el canal Punta Indio, en el Río de la Plata. Este tramo concesionado es la principal vía de entrada y salida del comercio exterior de nuestro país: por ella se transportan alrededor del 80% de las exportaciones de granos de la Argentina y su gestión representa un negocio de U$S 300 millones anuales. La navegación fluvial es y siempre ha sido una cuestión de soberanía nacional. En los últimos meses, el debate en torno a la concesión de uno de los tramos críticos del río Paraná, que forma parte de la denominada Hidrovía Paraguay-Paraná, tomó relevancia ya que su vencimiento abre una oportunidad única para que la Argentina recupere el control de la navegación de una de sus principales salidas al océano Atlántico. En este contexto, el debate gira en torno a una gran pregunta: ¿Se debe volver a privatizar el tramo en cuestión o se lo debe recuperar para su gestión y control?

¿Privatizar o no privatizar? Esa es la cuestión

El debate comenzó con la intervención de Mempo Giardinelli, que puso énfasis en el origen de la palabra ‘hidrovía’ y la forma en que el lenguaje contribuye a perpetuar una lógica neoliberal que reduce al río a un único rol de vía de transporte de mercaderías. “Acá el protagonista es el río. Para los once millones de argentinos y argentinas que vivimos a la orilla del Paraná, la palabra ‘hidrovía’ no significa nada. El Paraná no es algo folclórico, sin valor: varias generaciones nos criamos con el orgullo de que fuera nuestro río”. Giardinelli hizo hincapié en el valor cultural y ambiental del río Paraná y en el hecho de que el término ‘hidrovía’ invisibiliza ese valor. Pero, para Giardinelli, detrás de esta resignificación, hay un trasfondo concreto: “Nosotros no tenemos una misión romántica, esto es también una cuestión práctica. A lo largo de estos 25 años, la AFIP no cobró dinero. No se pagaron impuestos y ninguna provincia recibió un centavo”. Añadió que a esto se suma el hecho de que no existen los estudios de impacto ambiental que determinen las profundidades de dragado que deben respetarse en cada tramo del río. “Los dragados están generando muchos problemas ambientales. Porque el Paraná no es solo el Paraná. Son todos los acuíferos. La Laguna Iberá, que es el principal acuífero de América, depende del Paraná. El Gran Chaco está atravesado por los ríos Negro y Salado, ambos vinculados al Paraná”. El escritor también enfatizó el problema de la falta de controles sobre las cargas que se transportan: “Es inadmisible que los cinco o seis mil buques que transitan todos los años por el Paraná sigan circulando sin controles, haciendo solo declaraciones juradas. Eso no pasa en ningún río del mundo”. Actualmente, los buques que transitan el tramo concesionado solo deben presentar el inventario de sus cargas a través de una declaración jurada, pero no hay ningún control real que verifique que efectivamente transportan lo que declaran. Para Giardinelli, la mejor opción es no volver a privatizar y crear un organismo estatal integrado por el gobierno nacional y las provincias ribereñas.

El Paraná necesita obras

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales , trajo una posición contraria a la estatización: “El Paraná hoy necesita más obras y mayor inversión. Eso implica, por ejemplo, mayor profundidad de dragado, llegar a los 40 pies para que puedan entrar barcos de mayor calado. Esto no beneficia solo a las empresas exportadoras, beneficia a toda la cadena de valor. Hoy un productor que está en Salta no puede levantar su cosecha porque el Paraná tiene poco calado. Si logramos un mayor calado, ese productor en Salta podrá invertir, hacerse económicamente viable y generar un efecto social en toda la comunidad donde vive, porque empezaría a generar más tecnología, más empleo y más industrialización”. Según Idígoras, el sector privado está en condiciones de hacer las inversiones que requiere el río. Mencionó el hecho de que, en estos 25 años de concesión, el Paraná pasó de transportar 20 millones de toneladas de granos a transportar 180 millones. “Además, hoy vendemos alrededor de 100 millones de toneladas de todo el complejo industrial —maíz, trigo, soja, girasol, aceite de soja y de girasol, harina, biodiesel, glicerina, entre otros— a 100 mercados del mundo”. Añadió también que el sector privado invirtió 15.000 millones de dólares en infraestructura portuaria en las últimas dos décadas, lo que permitió a nuestro país competir en el mercado global. En su visión, la Argentina debe competir en un mundo altamente proteccionista: “Los Estados están muy presentes con políticas activas para promover el crecimiento en la inversión privada a través de subsidios públicos. Se ofrece financiamiento a tasas de interés contra las que Argentina no puede competir”. Afirmó también que los países industrializados ponen trabas a las exportaciones argentinas que tienen valor agregado: “El mundo quiere que seamos un granero. Es lo que llamamos habitualmente proteccionismo, que ahora se ha sofisticado. Las cuestiones ambientales son de extrema prioridad y no podemos tener un sistema productivo si no es ambientalmente sano. Pero cuando el ambiente se transforma en una medida no justificada en un país importador, es un pretexto para cerrarnos un mercado. Pero no para comprarnos materias primas”. Idígoras considera que el sector privado debe hacerse cargo de la administración del río. “Promovemos una nueva concesión”, concluyó, “pero le pedimos al Poder Ejecutivo una concesión transparente, que permita la participación de todos y en la que no haya tratos desequilibrados a favor de alguna empresa. Pedimos un órgano de control para verificar la realización de las obras y que se establezca un peaje relacionado con el nivel de obras, que si es posible sea más bajo que el actual, porque cuanto más bajemos esa tarifa, tenemos mayor posibilidad de inserción internacional. El mundo en un escenario post pandemia se está volviendo mucho más proteccionista. Para que la Argentina pueda seguir creciendo en producción, empleo, tecnología, industria, la logística es un elemento esencial”.

Argentina integrada

El 20 de noviembre de 1845, cuando la Argentina era todavía una Confederación, ocurrió una de las batallas más memorables de nuestra historia. En un contexto de conflicto interno y de surgimiento del Estado Nacional, Inglaterra y Francia presionaban a Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, para que permitiera la libre navegación de los ríos, que les permitiría a su vez comerciar directamente con las provincias. En una relación de fuerzas completamente desigual, las tropas argentinas combatieron a los invasores en el río Paraná y si bien no lograron contener su avance, evitaron su desembarco en el territorio argentino. El Senador Jorge Taiana comenzó su intervención recordando este episodio que no casualmente se conmemora como el Día de la Soberanía Nacional. Con este marco histórico, Taiana enfatizó la presencia estratégica que el río Paraná siempre tuvo en la Argentina. En este sentido, la discusión que tiene lugar en este momento es decisiva: “El fin de la concesión es una oportunidad que nos da el argumento y el timing para reflexionar qué queremos hacer con el río, con la integración de la Argentina fluvial y marítima y con las comunicaciones en los próximos 25 o 30 años. Y la oportunidad es ahora”. Taiana comentó que, al acercarse el vencimiento de la concesión, buscó qué proyectos se habían presentado para planificar la próxima etapa de gestión del Paraná. Y su preocupación se hizo patente al encontrar que no había ningún proyecto, lo que demostraba que no estaba dentro de las prioridades de la agenda política. Para abordar la cuestión de la integración de la Argentina, Taiana habló de un tema medular: la situación del canal de Magdalena. Actualmente, la única vía de acceso al Paraná a través del Río de la Plata es el canal de Punta Indio, al sur de Montevideo. Esto significa que las embarcaciones que vienen de los puertos argentinos del sur tienen que pasar obligatoriamente por el canal Punta Indio, que es uruguayo, para acceder a la cuenca del Plata. “Este embudo tiende a fortalecer el puerto de Montevideo y el de Nueva Palmira”, añade Taiana. “Y es también una consecuencia de ese desarrollo exitoso en términos de números”. Esos números tienen que ver con el aumento en las exportaciones que salen a través del Paraná que mencionó Idígoras en su intervención. No obstante, este embudo también significa una división entre la Argentina fluvial y la Argentina marítima. “Todo buque que venga de cualquier puerto del Sur tiene que pasar por Uruguay para acceder a la Argentina. Esto es difícil de explicar y muestra el atraso que tenemos en la infraestructura de nuestro país”, afirmó Taiana. Por esto, el Senador consideró que el Estado Nacional no debe tomar decisiones solo en función de los números de la economía, sino pensar en el desarrollo de una estrategia integral de cara a los próximos 30 años diseñada en base a conexiones que generen un sistema bioceánico. Pero, para eso, hay que responder muchas preguntas que tienen que ver con las trazas y el desarrollo de todos los puertos de la Argentina, los marítimos y los fluviales. “Creo que es hay que dar por finalizado el contrato con Hidrovía S.A.”, concluyó Taiana. “Esta es una decisión estratégica respecto del futuro del país que abre otros debates. No estamos hablando solo del río Paraná: estamos hablando de las perspectivas de todos los puertos, los privados, los consorcios, los puertos provinciales, y las estrategias que vamos a diseñar para ellos. Y también estamos hablando de la industria naval, a la que hemos abandonado prácticamente porque no tenemos posibilidades de desarrollo interno. Estamos hablando de una conexión estratégica entre lo fluvial, pluvial y lo marítimo y del control de la navegación sobre uno de los principales ríos interiores de la Argentina”.

La AFIP podrá cobrar el «impuesto mínimo» a una tabacalera local

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La Corte Suprema falló ayer en contra de la firma local Tabacalera Sarandí en una sentencia que permitirá a la AFIP empezar a recaudar una cifra cercana a $ 40.000 millones anuales.. La sentencia revoca una medida cautelar que beneficiaba a la empresa argentina y la eximía del pago de un impuesto.

La causa se inició a partir del llamado “impuesto mínimo” que rige para las grandes tabacaleras y del que Sarandí había quedado eximida, al anteponer una medida cautelar ante la Justicia, que es la que acaba de ser revocada por la Corte. La historia de ese impuesto mínimo se remonta a 2004. El entonces presidente, Néstor Kirchner, y su entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández , firmaron el llamado “Convenio para mejorar la recaudación y evitar la evasión en el mercado de los cigarrillos”. En 2008, ya con Cristina Kirchner en la presidencia, se envió un proyecto al Congreso para darle carácter de ley al impuesto. Se aprobó mediante la ley 26.467. En 2017, en la reforma tributaria de Mauricio Macri , se modificó el cálculo y se determinó que el gravamen era fijo y se ajustaba por inflación. La norma estableció que después de pagar ese impuesto mínimo, una manera de desincentivar el consumo de tabaco, se debería calcular los otros. En ese momento, Sarandí recurrió a la Justicia para pedir la exención del pago con el argumento de que las pymes debían quedar eximidas de este impuesto. Tabacalera Sarandí es una empresa del grupo Madero Sur, controlado por el empresario Pablo Otero. La firma se hizo fuerte en los últimos años con su marca Red Point y hoy controla aproximadamente 15% del mercado tabacalero local, que históricamente estuvo dominado por dos multinacionales: Massalin Particulares -una filial del grupo Philips Morris- y BAT Argentina (ex Nobleza Piccardo). Hace un par de años, Sarandí cerró un acuerdo de asociación con la compañía inglesa Imperial Tobacco, para empezar a comercializar en el país la marca de cigarrillos West. Tras conocerse el fallo, Tabacalera Sarandí cargó contra las multinacionales del sector y la Corte Suprema. “El fallo dictado por la CSJN causa un grave perjuicio a Tabacalera Sarandí S.A. al vulnerar los más básicos derechos y garantías constitucionales en materia fiscal, al tiempo que beneficia abiertamente los intereses económicos de las dos empresas multinacionales que concentran gran parte del mercado tabacalero nacional e internacional, todo ello en claro desmedro del capital y del trabajo argentinos”. “Tabacalera Sarandí S.A. arbitrará todos los medios y acciones que se encuentren a su alcance para resguardar sus legítimos derechos y defender los intereses de las empresas y trabajaros nacionales que son abiertamente avasallados por el poder económico y el lobby de las empresas tabacaleras multinacionales y que lamentable e inexplicablemente encuentran cobijo en las máxima esfera del poder judicial argentino”, agregó la empresa a través de un comunicado. El actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz se excusó de intervenir en el fallo por “razones de decoro y delicadeza”. El juez había sido recusado por la tabacalera porque antes de asumir en la Corte había tenido tenido distintos vínculos con Philip Morris (en la Argentina, Massalin Particulares) y British American Tobacco (Nobleza Picardo), que podían ser beneficiadas como competidoras de Sarandí en la resolución del caso.

El Banco Nación lanzó la nueva etapa del programa de créditos Mi Moto

El Banco de la Nación Argentina lanzó la quinta etapa del programa de créditos Mi Moto, que otorga facilidades para la adquisición de motos de fabricación nacional, a cuatro años y con una bonificación de 10 puntos porcentuales anuales de la tasa de interés vigente por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El monto máximo a financiar por usuario es de hasta $ 200.000, a un plazo único de 48 cuotas, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, clientes o no de la entidad bancaria. Ese importe no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (Patentamiento, Fletes, Sellados, etc.). Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes a través del Nación, será de 28,5% en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%. Una moto de $ 150.000 pagaría una suma inicial de $ 6.019,30 para un cliente que perciba sus haberes en el BNA. Para el resto, la cuota inicial asciende a $ 7.059,21. La gestión de la línea se inicia a través de la página web del Banco Nación, dónde el consumidor será precalificado. Una vez pre aprobado el crédito, dispondrá de siete días corridos para reservar la moto en la plataforma Tienda BNA. Las marcas y modelos de motocicletas disponibles para el programa se pueden consultar aquí. Tras la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la sucursal (solo concurren aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado). Finalmente la comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa a través de la Tienda BNA.

La autoridades sanitarias de EE.UU. aprobaron una vacuna para ser usada en adolescentes

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention), CDC de Estados Unidos respaldaron la vacuna de Pfizer para uso en adolescentes y comienzan a aplicarla esta semana. Su uso ahora oficial será contra el COVID-19 en preadolescentes de 12 a 15 años.

Los funcionarios dijeron que no hubo eventos adversos graves asociados con la vacuna Pfizer-BioNTech en esa franja de edad de entre más de 2,000 inoculaciones en el ensayo clínico de las compañías. 
Los efectos secundarios más comunes fueron dolor en el lugar de la inyección y en las articulaciones y músculos, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre y cansancio.
La vacunación de los niños y adolescentes es fundamental para poner fin a la pandemia ya que, en EE.UU., representan alrededor del 20% de la población total de 331 millones.

Tu auto es cada vez menos tuyo. Y los trenes los sacaron – Conclusión

(La 1° parte de esta nota está aquí; la 2°, aquí; la 3°, aquí; la 4°, aquí; la 5°, aquí)
  1. De trenes, de autos, de programación y de plata quemada.
Bueno, Ud. dirá, hicimos una revisión de casi todo lo bueno y casi todo lo malo de tener software “incrustado” (horrible traducción de “embebbed”) en cada nuevo dispositivo que compramos y que ostenta algún grado de complejidad. Hora de ir a los números y aterrizar en alguna conclusión: ¿cuánto sale el software y cuánto el hardware? Esto es complicado, pero antes un par de cuentas: Windows 10 (ése que viene en las PCs nuevas) vale -si Ud quiere comprarlo aparte a Microsoft- U$ 139. ¿Cuánto le cobra Microsoft a cada fabricante de PCs por tan farragoso producto? Alrededor de U$ 50, si fuera cierto que Windows 10 y 7 valen lo mismo. Entonces, en una PC que vale U$ 1000 tenemos U$ 50 de software. ¿Es poco? Ampliemos: en el mundo se venden más o menos 400 millones de PCs y notebooks/año, lo cual significa U$ 400 millones de licencias de Windows a U$ 50 dólares, da 2000 palitos verdes todos los años. No parece tanto. ¿Pero cuánto costó hacerlo? Bueno, Windows 7 tiene más o menos 50 millones de líneas de código. A U$ 10 dólares la línea (la realidad es muy variable, pero estamos buscando promedios para entender el negocio), desarrollar Windows 7 debe haber costado U$ 500 millones de dólares. Pongámosle que Microsoft mantiene esa plataforma, cepillándola cada tanto con parches y mejoras, durante 10 años, y gracias a ello le ingresan U$ 20.000 millones. Y eso, con una inversión inicial de U$ 500 millones en desarrollo. Agreguemos otros U$ 500 millones de actualizaciones, seguridad etc, y sigue siendo negocio. ¿Ahora se entiende por qué en el Silicon Valley pelean tanto contra lo que allí llaman “piratería”? Esa lucha, en el caso de Microsoft (que no está en “el Valley” y prefiere tener su sede entre los bosques y montañas con vista al Pacífico en el estado de Washington), es otro gasto probablemente alto, y bien escondido. Volvamos a los autos: un vehículo cualquiera tiene decenas de computadoras. Por simplicidad, asumamos que es una sola. Según KPMG, hay unas 150 millones de líneas de código en un coche de alta gama, o sea 1500 millones de dólares hundidos solamente en eso. Un auto eléctrico tiene probablemente un orden de magnitud más. Por eso las compañías de autos puramente eléctricos son empresas más de software que automovilísticas. Eso lo subrayan con maldad resignada las revistas tradicionalistas de automóviles como “Car and Driver”, esas viudas del olor a nafta y el escape rugiente, cada vez que descubren flojedades de diseño mecánico, o de ergonomía. Y las hay innegables: Tesla insiste en hacer autos de aluminio que se abollan de sólo mirarlos. Cualquier carrocero con cultura de Detroit le diría que los autos o bien se hacen de chapa de acero estampada, como papá Henry Ford, o de láminas de panal de abeja y “composites”, plásticos o metales reforzados con fibras, como hace Boeing sus aviones. O una u otra. Tesla te pone todos “los relojes” virtuales de sus autos en una enorme pantalla desviada unos 30 grados de la línea de marcha, lo que enoja no sólo a automovilistas chapados a la antigua sino a pilotos de avión de combate. Estos tienen la información decisiva proyectada en el parabrisas, por un “heads up display”, y la que es menos urgente se reparte en dos o tres pantallas más bien angostas y frontales, que el piloto ve con apenas un barrido de ojos sin siquiera girar la cabeza. Eso se llama “full glass cockpit”. Y el conjunto heads-up y full glass tiene una tercera mejora: la información directamente proyectada en el casco. Es ergonomía pura. Los fabricantes de aviones de combate hacen esto porque consideran que a los pilotos no hay que tratarlos como a las computadoras de un dron, les tenés que dar el máximo de “situational awareness”, un entendimiento instintivo e instantáneo del ambiente dinámico y tridimensional que los rodea. Elon Musk, en cambio, trata a sus clientes como se le da la gana: les dice sin palabras que están de paso, que pronto serán el equivalente de una valija que sus autos inteligentes llevarán y traerán. Lo curioso no es eso, sino que ese mensaje subliminal lo transmitan autos muy deportivos por aceleración y agarre, lo que los gringos llaman “driver’s cars”, coches que da placer manejar expertamente y “al mango”. No pretendemos explicar esa contradicción. O tal vez sí: los mayores clientes de Musk son milennials que crecieron entre videogames. Tienen otra cultura visual. Y es que algo está haciendo bien don Musk, porque su firma, que en 2019 vendió 499.550 unidades, en 2020 sobrepasó el millón. Y aunque vende muchos menos autos que Ford o que GM y Volkswagen, su firma en bolsa vale bastante más que VW, Daimler, GM, BMW, Honda, Ford, Fiat-Chrysler y Hyundai SUMADAS. Y aquí, para finalizar los números, vayamos directamente a las fuentes. IEEE/Spectrum de febrero 2009, en un artículo que cumple ya más de 12 años de publicado, decía: “Jonas Bereisa, un ingeniero de GM, escribió en un artículo de 1983 en IEEE Transactions on Industrial Electronics que ‘el desarrollo de software se convertirá en la consideración más importante en la ingeniería de desarrollo de nuevos productos’. ¡Tenía razón! Broy estima que más del 80 por ciento de las innovaciones de los automóviles provienen de los sistemas informáticos y que el software se ha convertido en el principal contribuyente del valor (así como del precio) en los automóviles. “El costo de la electrónica como porcentaje de los costos de los vehículos aumentó de inicios en alrededor del 5 por ciento a fines de la década de 1970,  al 15 por ciento en 2005, (excluidos los costos de ensamblaje final). Para los híbridos, donde la cantidad de software necesaria para el control del motor solo es casi el doble que la de un automóvil estándar, el costo de la electrónica como porcentaje de los costos del vehículo está más cerca del 45 por ciento. Dentro de 10 años, algunos expertos predicen que se espera que los porcentajes relacionados con el costo de la electrónica como porcentaje del costo del vehículo aumenten al 50 por ciento para los vehículos convencionales y al 80 por ciento para los híbridos”. Hoy un Tata Nano (automóvil del otro gigante asiático que solemos olvidar, la India) tiene apenas algo más de electrónica y soft que un VW Escarabajo de los ‘50: fuera de los controles de los inyectores de combustible, nada. Y ese Tata vale U$ 2.000 en la India. Como referencia, si un Ford T de los años 20 tuviera algún valor fuera del mercado de coleccionistas, ajustando por inflación, valdría unos U$ 3.500. Varias fuentes coinciden en que desarrollar un auto sale alrededor de US 6000 millones. Y aquí llegamos al tema: 150 millones de líneas de software son 1500 millones de dólares. Volvemos a los números con que empezó esta nota: ya un 25% de la inversión que genera un auto con motor de combustión interna se va en software. En el caso de un “full electric” es mucho más. Bien, con toda esta información de números ajenos, volvamos a mirar los nuestros. De acuerdo al OPPSI, el Observatorio Permanente de la Industria del Software de la Cámara del rubro (la CESSI), esta rama de la producción en Argentina cerró 2020 con 11.000 puestos nuevos de trabajo (casi un 10% arriba de 2019), con una media salarial que representó 5 veces el mínimo vital móvil del país y 2 veces el valor de la canasta básica familiar. Esa industria argentina que tanto creció en un país devastado por el endeudamiento y trascartón, la pandemia, ya tenía 115.000 trabajadores y una tasa de rotación del 10,4% en la primer mitad de 2020. Detalle interesante, las desvinculaciones en Argentina son mayormente decididas por trabajadores que lograron ofertas mejores. Las firmas que integran CESSI se arrebatan entre sí los graduados en informática e incluso los técnicos, mientras el resto de la industria argentina con empleo en blanco sigue emitiendo telegramas de suspensión o de cesantía. Ud. seguramente cree que como país tenemos algún proyecto para meternos de algún modo en el desarrollo del software vehicular, o al menos de su testeo. Pues hasta donde se sabe, NO. ¿Y por qué? Peguémosle un vistazo a la situación en trenes y en automóviles. Aquí, al costo de devastar los muchos quebrachales diseminados sobre los 900.000 km2 de la llanura chaqueña, proveíamos los durmientes de los ferrocarriles argentinos. El resto, vino todo de afuera. En el período ferroviario de despliegue y crecimiento, entre la inauguración del Ferrocarril Oeste, en 1863, y la nacionalización de los ferrocarriles (mayormente ingleses) en 1948, la Argentina, en su momento de mayor gloria ferroviaria, se abstuvo firmemente de fabricar material rodante y locomotoras. Todo se fabricó en Europa. Eso sí, aquí, obligadamente debido al tamaño enorme de la red, se reparaba todo. Pero desde 1930 en adelante, preparándose para la siguiente guerra en Europa, Inglaterra y Francia dejaron de invertir en mantenimiento de sus líneas. Como el país entero se movía en tren, en los talleres locales de los trenes británicos y franceses empezaron a ganar tracción los recursos humanos generados en ingeniería por la educación pública. Los escuelas nacionales técnicas del Ministerio de Edudación y las carreras de ingeniería de las universidades nacionales, libres de arancelamiento, fueron la cantera del know-how que evitó el derrumbe del sistema. Cuando estalló la 2da Guerra aquí no llegaba un repuesto ni pintado, de modo que la fabricación nacional pasó de posible a inevitable. En el resto del Cono Sur también había ferrocarriles, aunque no de la misma escala que los argentinos. La idea de diseñar y fabricar en forma local toda la infraestructura fija y rodante sólo prendió en Argentina: había distancias y cargas inmensas, había recursos humanos, había una industria metalúrgica interesante, había capitales y había necesidad. La nacionalización de 1948 no fue hostil: el Imperio Británico, arruinado por la 2da Guerra, no podía con la carga de mantener 48.000 km. de tendido en nuestras llanuras. La Corona quería irse y el pago de la expropiación alivió mucho su endeudamiento de guerra con Argentina. Las relaciones entre metrópolis y semicolonia estaban dadas vuelta: por una vez (única y última) los gringos nos debían hasta la camisa. Y no pagaron una libra, arreglaron todo en especies (googlear «Gloster Meteor», goglear «Avro Lancaster», googlear la palabra “chatarra”). La Argentina de posguerra tuvo la oportunidad de desarrollar una industria ferroviaria propia, e incluso diseños propios de locomotoras, pero la dejó pasar pensando que todo seguiría igual. Pero, je, je, en 1961 llegó el “Plan Larkin” del Banco Mundial, que le recomendaba “manu militari” al presidente Arturo Frondizi achicar gastos cerrando 13.000 km. de ramales terciarios y secundarios. El objetivo declarado del teniente general Thomas Larkin, experto en logística del Ejército de los EEUU, y de su operador local, el ingeniero Arturo Costantini, ministro de Obras Públicas puesto por Álvaro Alsogaray, puesto a su vez en el ministerio de Hacienda del Frondizi por los militares argentinos, era abrirle paso a la industria automotriz estadounidense: en Córdoba y Buenos Aires se instalaban fábricas de autos y camiones norteamericanos, y para que crecieran el estado debía desinvertir en rieles e invertir en asfalto. O al menos, lo primero. Con ello, en 1989 sólo un tercio de las rutas nacionales estaba transitable, pero se clasuraron 1000 de las 2400 estaciones existentes en la red ferroviaria, se redujo a la mitad el número de trenes de pasajeros, se echó a 62.000 de los 156.000 obreros y empleados ferroviarios, y la red lineal se redujo de 41.463 a 31.113 kilómetros. El Plan de Larkin y Costantini duró muchas décadas, ciertamente más que ambos personajes. Fue tan persistente su aplicación, a veces lenta y otras brutal, que de 44.000 km. de tendido ferroviario en 1953 hoy sólo quedan 19.000 operativos. En este marco, el milagro es que sin embargo la Argentina mantuviera una industria ferroviaria privada y pública que ganaba plata visiblemente, y pagaba sueldos altos. Terminando los ‘80 llegó a exportar material rodante a países con los que no tenía ninguna relación cultural o económica previa: por ejemplo, vagones de Materfer a los ferrocarriles turcos. Fiat construía vagones en Córdoba, como Fabricaciones Militares, y los Astilleros Río Santiago, cercanos a La Plata, locomotoras diésel-eléctricas; siempre bajo licencia de marcas extranjeras y con buena calidad. Pero los cierres y privatizaciones durante los gobiernos de Carlos Menem liquidaron casi todo. Hoy, la tímida modernización de las líneas metropolitanas electrificadas de pasajeros en el AMBA  y la lenta rehabilitación del Belgrano Cargas, la mayor línea del país por kilometraje lineal y superficie servida, se hace con material japonés o chino, y asumiendo deuda. No fabricamos nada de lo que se mueve por riel. Como decía Tato Bores, los argentinos somos cada vez menos ciudadanos y más usuarios. Nuestra industria automovilística se parece a la ferroviaria en ser una sombra o caricatura de lo que fue, y emplea cada vez más robots y menos personas. Compatriotas, en 1956 y en talleres del estado (DINFIA) construimos la camioneta liviana más persistente y resistente de la historia automovilística local: el Rastrojero. Como incluso en épocas de libre importación de automóviles (durante el gobierno de El Proceso) el Rastrojero seguía dominando el 25% de su segmento, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, ordenó el cierre de la fábrica en Córdoba a pedido de Ford y GM. Los autos de la Escuadra Torino que en 1969 dominaron las 84 horas de Nürburgring. En 1966 y por impulso de Juan Manuel Fangio, IKA desarrolló el famoso Torino, que le recortó el segmento local A1 a Ford y Chevrolet, y se exportó solo y sin hacerle campaña como EL auto de lujo a Uruguay, Chile y Paraguay. El bello sedán argento en 1969 llegó como rareza desconocida y dominó a las marcas habitués en las brutales 84 horas de Nürburgring, en Alemania, y no ganó aquella carrera por argucias legales de los organizadores. Aún con ese pasado, hoy no hacemos ni siquiera el software de esos robots con que nuestras automotrices suplantan el trabajo humano argentino. Eso, en un país donde la informática es una industria floreciente (casi la única) y en buena parte, de capitales argentinos. Pero de autos, nada. Para las empresas informáticas argentinas los autos son otro planeta. Asunto que no parece despeinar a nadie. La fabricación de autos argentinos bajó sin chistar de un 98% de integración nacional en los tiempos de la Ford F-100 a la integración de componentes hechos en Brasil o México, salvo cuando se trata de modelos tan complejos y rentables que vienen totalmente terminados de las casas matrices en EEUU, Europa,Japón; y China. Por eso, más que por la pandemia, en 2020 la industria automotriz llamada argentina generó saldos en rojo de cuenta corriente por U$ 4000 millones. Sin embargo, a cada rato pide que se la considere “estratégica” y exige nuevos subsidios, intercambios compensados, nuevas flexibilizaciones laborales, eliminación de impuestos y cargas sociales, y una lista creciente de etcéteras… ¿Qué distorsión perceptual nos ha llevado a catalogar como “industria estratégica” algo que, mirado con nuestra visión de los ’80, nada nacionalista, por cierto, habríamos llamado armaduría, maquila o libre importación no muy disimulada? Dicho lo cual: ¿no sería hora de que a los “fabricantes” argentinos de automóviles se les empiece a exigir mínimamente la inclusión de software argentino?

Daniel E. Arias

Jorge A. T. Casanova