Por el cierre de los mercados financieros a la Argentina, el Gobierno otra vez toma préstamos del Banco Nación y del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS en condiciones cuestionables.
Mediante la Resolución conjunta 68/2019 de la Secretaría de Hacienda y de Finanzas, el Gobierno solicita al Banco Nación «un financiamiento para el Tesoro Nacional por un monto de hasta treinta mil millones de pesos($ 30.000.000.000)”.
La Resolución conjunta 69/2019 dispone que el FGS de la ANSeS suscriba “a la par” Letras del Tesoro con vencimiento 17 de abril de 2020 por $ 2.000 millones. Y US$ 175.593.537 en Letras en dólares con similar vencimiento.
En los fundamentos de la Resolución se menciona el Decreto de Necesidad y Urgencia 668/2019, de fines de septiembre pasado. Ese DNU estableció que hasta que hasta el 30 de abril del año que viene, organismos y entidades estatales están obligados a destinar sus excedentes a la compra de Letras del Tesoro que no tengan un plazo mayor a los 180 días.
Las fuentes consultadas por el periodista Ismael Bermúdez afirman que “las condiciones de emisión del préstamo son desfavorables debido a que se coloca a una tasa Badlar corregida que equivaldría a una tasa en torno al 66%, la cual está por debajo de las tasas activas actuales de mercado, es decir, las tasas a las cuales los bancos prestan». Y el Banco Nación tuvo «utilidades negativas» en el último período.
En cuanto al FGS, » no sólo es fuertemente perjudicado en cuanto a sus colocaciones en dólares, sino también en pesos debido a que se colocan a una tasa Badlar mas 500 puntos básicos, muy por debajo de las tasas a las cuales rinden los mismos títulos en el mercado secundario. Cabe resaltar que los títulos en el mercado secundario están afectados por la “reperfilación”, mientras que las colocaciones al FGS serían a pagar íntegramente al vencimiento estipulado”.
Ayer, lunes 22, en la semana antes de las elecciones presidenciales, el dólar minorista subió 33 centavos: se vendió a un promedio de $61,33 en agencias y bancos. El dólar blue ganó $1: $67,25, según un relevamiento en cuevas de la «city». Así, la brecha con el oficial aumentó al 9,6%. El dólar «contado con liqui» (CCL) -que surge de compra de bonos o acciones, y su posterior venta en el exterior para hacerse de divisas- saltó $4 (+5,9%) a $79,59 y marcó un spread de 35,7% con el oficial.
Estas brechas entre diversas cotizaciones -la más alta desde 2015, y que crece día a día- crea tensiones. El Banco Central vendió ayer 300 millones de dólares para contener el alza del dólar. Y, por supuesto, la diferencia estimula a los especuladores.
Pero esto no es lo más grave. Lo muy grave, ya lo dijimos hace 5 días y vale repetirlo, es que el precio del dólar es un factor clave en los precios de todo. Lo que los argentinos consumimos tiene un porcentaje muy alto de importado. No solamente los insumos directos -que son muchos en los productos industriales, y en los fertilizantes, herbicidas y semillas que usa el agro. También hay que tener en cuenta que en los costos del transporte se incluyen la parte de los combustibles y los repuestos que se importan.
Si tomamos en cuenta eso, la carga -siempre en divisas- de las patentes y los reaseguros es sólo un factor más. Frente a ese cuadro, las retenciones a la exportación -que seguramente serán necesarias para cubrir el déficit fiscal -el FMI ya se encargó de remarcarlo- no contendrán el precio local. Ni siquiera, el de lo que se exporta.
Entonces, la suba del dólar provoca inflación. No es un análisis teórico. Es un dato de la realidad que comprobamos todos los días los argentinos. Entonces, volvemos a hacer la pregunta que nos hicimos el viernes 18, cuando comenzó esta última fase de la escalada: ¿Hasta cuánto puede subir el dólar?
La respuesta es la misma: indefinidamente, si no se acierta con la política económica adecuada.
Corresponden algunas precisiones: el dólar «blue» no es el que se usa en las transacciones que realmente importan en la economía: las importaciones y las exportaciones. Ahí rige el dólar «oficial», el que se transfiere en forma abierta a través del sistema bancario. (Por eso fue un engaño o una gigantesca estupidez la afirmación que se hizo al comienzo de este gobierno: que la devaluación no iba a afectar a los precios porque «todo el mundo» ya se guiaba por el paralelo).
Ese precio «oficial», alrededor de $ 60, hoy no está «atrasado» en relación a los otros precios de la economía argentina. Los funcionarios del gobierno y los economistas de la principal oposición coinciden en eso. Y tienen razón.
Pero ése no es el único elemento que determina el precio del dólar. Están las expectativas. Basadas en una experiencia argentina de décadas, en los momentos de crisis nuestros compatriotas tratan de comprar dólares, huyen del peso porque creen que el dólar va a subir. Es decir, que el peso se va a devaluar.
Es una profecía autocumplida. El ahorrista, el especulador, el empresario que necesita cubrir los futuros costos de sus insumos, están dispuestos a pagar el dólar a un precio «caro», porque creen -se lo dice la experiencia- que los precios de todos los otros productos seguirán subiendo, y en semanas o meses el valor al que lo compró parecerá «barato».
¿Hay excepciones a esto? Sí. Se llama «overshooting», cuando el valor local de una divisa extranjera sube demasiado en relación a los otros valores de la economía y retrocede. Los que lo compraron a un precio demasiado alto sufren una pérdida.
La última vez que eso sucedió entre nosotros fue a comienzos del 2002, con la Gran Devaluación. El dólar llegó por algunas semanas a $ 4, y tuvo que bajar a $ 3, valor en el que se mantuvo por un largo tiempo. Pero eso fue consecuencia de la brutal recesión que estalló en 2001. También había sucedido algo parecido 10 años antes, en los primeros meses de 1991, cuando se iba a implantar la convertibilidad.
Nadie, o casi nadie, quiere una experiencia como aquelas: tuvieron un costo terrible para nuestro pueblo. Pero para evitarlas es necesario tener claro que el problema no es la suba del precio del dólar, sino el peso que se devalúa. Por eso insistimos: la necesidad impostergable, no sólo para poner en marcha la economía, también para gobernar la Argentina, es detener la inflación inercial desatada, en la cual el precio de todo sube porque todos los otros precios suben. Incluso el del dólar.
«Pido perdón por esta falta de visión». Así se manifestó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ayer martes a la noche, tras cinco días de masivas manifestaciones pacíficas contra su gobierno, acompañadas por escenas de violencia, saqueos, represión y disturbios en varias ciudades. (Una crónica de los hechos hasta el lunes, y las causas, fue publicada aquí).
«Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud», señaló el mandatario.
Piñera anunció una serie de reformas para tratar de responder al estallido social y aseguró que el gobierno había escuchado «las legítimas demandas» de la ciudadanía. Entre otras medidas, planteó aumentos de 20% «en las pensiones básicas solidarias» y «en el aporte previsional solidario».
Además, dijo que se darán «aumentos adicionales a las pensiones básicas y aportes previsionales en 2021 y 2022», además de un «ingreso mínimo mensual garantizado de 350.000 pesos chilenos (490 dólares) para todos los trabajadores con jornada completa».
También anunció un aumento en los impuestos a personas que ganan más de 8 millones mensuales (11.200 dólares), con lo que el gobierno de Piñera pretende recaudar unos 160 millones de dólares.
En su discurso, indicó que van a crear una Defensoría de la Víctima «para garantizar los accesos a las personas que han sido víctimas de la delincuencia». También prometió una reducción en el número de parlamentarios y en las dietas de los funcionarios; así como bajar las contribuciones que pagan los jubilados «más vulnerables».
Hasta ayer continuaban los disturbios. Se han registrado hasta ahora 15 muertos, pero hay denuncias de más víctimas.
Mayor presupuesto, reformular su estructura administrativa e incluir a los investigadores argentinos en las actividades cotidianas del Estado son las tres ideas-fuerza que resumen hacia donde podría encaminarse la ciencia argentina tras la eventual victoria de Alberto Fernández. Quien viene recopilando y ordenando las ideas y propuestas para el sector es el economista Fernando Peirano, actual profesor en las Universidad de Quilmes y de la UBA y ex-subsecretario de Política Científica entre los años 2011 y 2015.
«Hay varios ejes para los que pensamos una reformulación: algunos ya son públicos -como volver a asignarle categoría de «Ministerio» para el sector. Y, por supuesto, debemos recomponer, en el menor tiempo posible, el poder adquisitivo de sus salarios», resumió Peirano. «Y todo eso dentro de marco de superar lo que hizo el macrismo que eligió, en estos cuatro años, una fuerte desatención simbólica, que se ejemplificó en un destrato cotidiano para los investigadores y el sistema».
Según este experto en política científica, el gobierno liderado por Mauricio Macri afectó la función CyT en tres dimensiones: «la presupuestaria, que registró un 43% de caída en los recursos. También hubo una desatención a los planes estratégicos consensuados y hasta para varias las leyes específicas».
Según Peirano, «la CyT argentina debe volver a tener planificación. Macri propuso el Plan 2030 y dejó de lado el anterior, el Plan 2020, que estaba vigente. Sin embargo el 2030 no obtuvo consenso e, incluso, recibió muchas observaciones por parte de los expertos. Asique revisar todo eso es un punto de partida una revisión profunda y armar un nuevo plan estratégico consensuado, acorde a las necesidades del país».
Para
el coordinador de los equipos de ciencia de los Fernández,
«estimamos que este gobierno le restó al sector alrededor de
US$ 500 millones, cifra que debería volver a la función CyT. Y
aunque sabemos que semejante número no se podrá recuperar de un día
para otro, es una meta que podemos proponernos alcanzar durante la
próxima gestión».
Cualquiera sea el plan a implementar, obviamente una de las claves de su éxito, o fracaso, estará en el ítem del presupuesto que cada año se le asigna a la ciencia. «Para eso pensamos en instrumentos que permitan lograr una recuperación adecuada para un sistema que, hoy, tiene una gran capacidad ociosa. Por ejemplo, sabemos que hay equipamientos y laboratorios disponibles, a los que les faltan insumos para concretar muchos experimentos. También sabemos que habrá que solucionar urgentemente problemas de mantenimiento de numerosos laboratorios».
Recursos humanos La cantidad de científicos ingresantes a la carrera del Conicet es un tema de discusión que vuelve año tras año. «Todavía tenemos que debatirlo en detalle, pero -en principio- nos parece bien la cifra que recientemente publicó el directorio del Conicet. Ellos mencionan que sería deseable que -en el próximo periodo- se sumen 650 cargos de investigadores. Ese es un piso mucho más razonable que los 450 que ingresaron en 2019″.
Y para hacer crecer la «demanda» por soluciones científicas en nuevos rubros, Peirano sugiere que «además del MinCyT otros ministerios deberían armar sus planes de investigación, con presupuesto propio, tal como ocurre en EE.UU. Por ejemplo, podría haber responsables de ciencia y tecnología en Transporte, Energía, Medio Ambiente y, por supuesto, en Salud».
Por muchos más INVAP Algo interesante que planean los equipos coordinados por Peirano es la idea de crear empresas especializas en soluciones tecnológicas bajo un modelo similar al de INVAP, al que todos definen como «muy exitoso». «Podríamos armar nuevos «INVAP» dedicados a la biotecnología, a energías alternativas, a la producción de medicamentos y la Inteligencia Artificial y el Big Data, entre otros. Este último también serviría para financiar la especialización profesional de áreas estratégicas en las que Argentina tiene faltante de profesionales como es en el desarrollo del software y las tecnologías digitales».
Para estimular la inversión de CyT por parte de la industria privada, Peirano propuso crear leyes que eximan del pago de impuestos a los equipos que se usen para hacer investigación, algo que ayudaría en forma inmediata a mejorar el poder de compra de los subsidios. «También pensamos potenciar el «Compre Argentino» y volver a poner en marcha instrumentos como el crédito fiscal para las empresas que hagan I&D, algo que fue aprobado, pero nunca fue instrumentado».
Inspirado en lo que funcionó bien en otros países, también propusieron adaptar una metodología que hoy se usa en Europa: destinar fondos para obtener objetivos específicos que le interesen al país (orientados a misiones). «Por ejemplo, la lucha contra el hambre en Argentina. Allí, equipos de científicos podrían sumarse creando nuevos productos con probióticos o mejorar la supersopa nutritiva. Y otros cientistas sociales podrían llevar el control de los resultados de estos planes».
Reformas en la Agencia para el corto y largo plazo Otro organismo que proponen recuperar es la Agencia oficial encargada de otorgar subsidios, que «hoy está prácticamente paralizada y que debería recibir aportes del presupuesto, aparte de los prestamos de organismos internacionales. «La Agencia, además, debería reformular sus procedimientos administrativos, para que responda a las necesidades de los científicos en forma ágil y menos burocrática que como lo hace hoy».
También están diseñando políticas para el mediano y largo plazo: «Para evitar lo que pasó hasta ahora, queremos una ley de presupuestos plurianuales. La idea es que en años de recesión se garantice que el CyT no sufra recortes. Y en tiempos de expansión económica que su porcentaje de crecimiento sea mayor que en el resto de presupuesto».
La Red de Centros de Formacion de la CGERA ha preparado, con el auspicio de su entidad madre y de la CEPBA, bajo la dirección del Dr. Guillermo Siro, «EMPLEO 2020», un proyecto para una política de empleo. Invitamos a acceder al texto (12 carillas) cliqueando aquí, y reproducimos abajo la Introducción, donde se señala que las estadísticas y registros actuales de empleo son imcompletos, y la necesidad de coordinar los esfuerzos de distintas entidades para obtener el cuadro de situación adecuado.
ooooo
Toda política de empleo virtuoso y sustentable debe estar basada en la producción, el desarrollo regional, el trabajo decente y la construcción de una sociedad justa y con futuro. Los desequilibrios regionales han sido y son una de las principales causas del deterioro del trabajo y la producción argentina. Y la desvinculación de las políticas de empleo con las realidades productivas regionales presentes y futuras han deteriorado tanto la calidad del empleo como las cadenas de valor sectoriales, en las cuales el trabajo argentino debe ser el factor que promueva la competitividad a través de la transformación de nuestros recursos naturales y la incorporación de valor agregado, entendido éste como la conjunción de identidad cultural, raíces , innovación y tecnología.
El diseño de cualquier política pública requiere un adecuado diagnóstico que permita conocer el estado de situación, problemáticas, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Lamentablemente, la información disponible acerca de la estructura productiva nacional es anticuada, incompleta e insuficiente para la toma de decisiones tanto en el sector privado como en el público. Esta falencia es notable en dos niveles fundamentales: por un lado, no se dispone de bases de datos actualizadas de empleo y de empresas que permitan construir conocimiento práctico sobre la estructura y la dinámica del aparato productivo.
Por otro lado, y quizá como consecuencia de la falta de datos básicos, existe una notable escasez de estudios teóricos y empíricos desde una perspectiva que contemple el conjunto de los sectores. Estas debilidades informativas impiden todo intento de planificación y diseño de políticas y cursos de acción eficaces. Dicho fenómeno afecta al conjunto de políticas públicas destinadas a acompañar o dirigir el desarrollo de la estructura productiva argentina y al conjunto de acciones de la iniciativa privada (empresas, organizaciones no gubernamentales, etc.) que buscan una inserción consciente en eltejido productivo nacional. En otras palabras, sin contar con un adecuado registro actualizado de datos básicos sobre la producción y sin estudios elaborados sistemáticamente con base en ese registro que desarrollen nuevos conocimientos sobre la estructura productiva, no podrá avanzarse en el entendimiento concreto de la misma, ni en la praxis (teoría para la acción) del desarrollo.
Los casos donde puede apreciarse la importancia de lo dicho anteriormente son abundantes en casi todas las áreas de intervención pública. Tomando el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para ejemplificar las carencias informativas, puede observarse que el fenómeno excede incluso a nuestro país. Aún con diferencias significativas entre los países de la región, las políticas pymes tienen en común una baja prioridad dentro de las acciones de gobierno y una llamativa falta de disponibilidad de instrumentos apropiados, incluso para alcanzar modestos objetivos de política. Sin embargo, y paradójicamente, las pymes representan en la gran mayoría de los países, el sector con mayor porcentaje en la generación de empleo y en la democratización y diversificación de las economías. En el caso puntual de la Argentina, se estima que más del 70% del empleo privado depende de las pequeñas y medianas empresas.
Prácticamente en todos los países de la región, la información elaborada por los organismos encargados de recolectar los datos estadísticos se basa en criterios que definen los tamaños de las empresas según la cantidad de ocupados. Por el contrario, las instituciones encargadas de diseñar e implementar las políticas de apoyo identifican a sus beneficiarios según criterios que se basan en la facturación de las empresas. De esta manera, resulta incompatible la comparación de los resultados obtenidos aplicando una u otra definición (según cantidad de ocupados o según facturación).
Este primer diagnóstico sobre la situación económica y social de la Argentina y en particular de la Provincia de Buenos Aires, da cuenta de la necesidad de encarar un PLAN que permita favorecer el desarrollo económico a partir de lograr el aprovechamiento de las oportunidades que brindan los mercados internacionales y nacionales por parte de las pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo. Para que dicho plan sea eficiente y pueda lograr aumentos de competitividad -que impactarían en el empleo y en la disminución de la desigualdad- debe integrar las carteras ministeriales vinculadas a la producción y el trabajo, a la vez que las organizaciones y actores sociales involucrados.
CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE PRODUCCIÓN, EMPLEO Y DESARROLLO REGIONAL:
De lo dicho precedentemente surge la necesidad de crear un ente tripartito (Estado, trabajadores, empresarios), que cumpla los siguientes objetivos: ● Recoger la demanda y problemáticas en términos de empleo. ● Homogeneizar los criterios a partir de los cuales se segmente y categorice al sector pyme, buscando asimismo que dichos criterios respondan a la heterogeneidad del mismo. ● Identificar y relevar cadenas de valor, su situación y demandas.
Dicho trabajo debe ser articulado de forma conjunta entre los Ministerios de Trabajo, Producción, Ciencia y Tecnología, Educación y Desarrollo Social a través de Consejos Consultivos Sectoriales por actividad y sector, a fin de planificar y ejecutar políticas y acciones de promoción del empleo en el corto y mediano plazo en las diferentes regiones de nuestra República. De igual modo deben conformarse a tales efectos, espacios de articulación con los actores sociales involucrados: organizaciones de pymes, gremios, universidades nacionales, institutos tecnológicos, …
En AgendAR habíamos mencionado los «movimientos anti vacunación» que han aparecido en Europa y en algunas comunidades en los EE.UU. Y, detrás del dato periodístico, había un poco de sorna argenta «¡Estos gringos…!». Nuestra preocupación, avalada por sociedades médicas muy serias, era la deficiencia en la provisión de algunas vacunas por parte del Estado. Pero ahora la advertencia sobre estas actitudes la hace una autoridad sanitaria de nuestra provincia de Santa Fe.
«Las objeciones a vacunarse aparecen cada vez más en consultorios y vacunatorios. Si bien la tendencia es difícil de cuantificar, «con diferentes argumentos, la prevalencia de estas actitudes es cada vez más mayor«, admitió la coordinadora de vacunación de la región sur santafesina, Soledad Guerrero. La resistencia no es sólo de los pacientes, sino incluso de profesionales.
«La inoculación es una herramienta fundamental para evitar la reintroducción de una enfermedad a una región», señaló la especialista y puso como claro ejemplo el actual brote de sarampión.
Es más, la ministra de Salud, Andrea Uboldi, recordó que «en 2010, luego de brote de gripe A, no alcanzaban las vacunas»; sin embargo, desde entonces el número de personas que se colocan la dosis cada temporada descendió drásticamente, incluso entre quienes la tienen indicada por ser población de riesgo.
«Cuando disminuye el miedo, cae la vacunación«, aseguró Uboldi ayer tras presentar una nueva propuesta para captar a la población adolescente.
La información en redes sociales, posturas filosóficas y religiosas, argumentos poco científicos, efectos adversos, el querer «evitar elementos extraños al organismo» y el pensar que «vivir en un ambiente saludable» es suficiente, son algunas de las posturas que tanto Guerrero como Uboldi admitieron que se escuchan cada vez más, incluso cuando se trata de dosis del calendario oficial y por tanto, obligatorias.
La ministra aclaró que «Argentina no tiene, como sucede en Europa, fuertes movimientos antivacunas, grupos muy fundamentalistas y generalmente de un alto nivel educativo y socioeconómico», y rescató «el vínculo de confianza que hay en la población que se relaciona con los centros de salud».
Lo que sí apuntó como un factor a atender es «la incorporación a partir de 2000 de muchas vacunas al calendario, como la del rotavirus y el neumococo, lo que diversificó el panorama de vacunas a nivel nacional y en un corto período de tiempo hizo que la población no pudiera asimilarlas».
Baja cobertura «La información en las redes sociales tiene tremendo alcance y muchas veces es irreal«, señaló Guerrero y apuntó que en algunos casos genera «niveles de coberturas muy bajos».
«Sabemos que a medida que el niño se aleja de los controles habituales que corresponden a un niño sano, cae el nivel de cobertura y es durante el primer año de vida cuando se logran los mejores resultados; pero eso decae más al momento de los refuerzos, ingreso escolar y peor aún a los 11, y en los adultos sanos», detalló.
Para graficarlo, puso como ejemplo la indicación de vacunarse contra la gripe A para los grupos de riesgo, lo que incluye pacientes crónicos, menores de dos años, puérperas y embarazadas. «A nivel nacional y en Santa Fe, se logró en las embarazadas una cobertura de apenas el 65 por ciento, un indicador muy bajo», explicó; y a eso se sumó el informe de la propia ministra de Salud.
«El 85 por ciento de los pacientes fallecidos o internados con gripe A fueron personas que tenían uno o más factores de riesgo y pese a eso, no se habían vacunado», dijo.
El miedo a enfermarse Para Uboldi, «la percepción del riesgo a enfermarse» marca la adhesión a las vacunas. «Al año siguiente del brote de gripe, no alcanzaban las dosis; del mismo modo que casi no hay resistencia a la vacuna contra el meningococo, porque es una enfermedad que genera conmoción entre los padres y comunidades educativas cuando hay un caso», señaló. Sin embargo, indicaron que los nichos de resistencia no están sólo en la población, sino también en profesionales. «A muchos especialistas hubo que convencerlos de vacunar a las embarazadas», añadió Uboldi. Guerrero aclaró que «las buenas coberturas son la herramienta para evitar la reintroducción de enfermedades» y agregó: «La muestra de ello es el brote de sarampión, eliminado en 2016 y que sin embargo, se reintrodujo. Ante la conectividad actual que permite estar en Japón en apenas horas, las vacunas son la principal herramienta de protección».
Mercado Libre, la empresa argentina de mayor cotización bursátil, tiene proyectado comenzar a vender online productos de consumo masivo -como si fuera un supermercado- en Argentina y Brasil el próximo año, dijo el director de Marketing de la empresa Sean Summers a la agencia Bloomberg, en el marco del 55º Coloquio de IDEA, en Mar del Plata.
La empresa de e-commerce ya vende este tipo de productos en México y planea expandir el área a la Argentina y Brasil, una decisión que está relacionada con el ritmo de crecimiento del centro de distribución de Buenos Aires.
En este momento, la compañía fundada por Marcos Galperín está operando un depósito de 35.000 metros cuadrados sobre una superficie total de 65.000 metros cuadrados. “Estaremos completamente operativos para fines de 2019”, dijo Summers a Bloomberg.
En México, la empresa lanzó la categoría «Supermercado Libre» en un plan piloto a fines de 2018 y oficialmente en abril pasado. Allí, la empresa dice que se puede adquirir «todo lo que se necesita para la vida cotidiana», como alimentos y bebidas no perecederos, productos para bebés, cuidado personal, mascotas y limpieza para el hogar. Son unos 20.000 ítems.
Aunque tiene planeado expandir su producción para incluir productos de consumo, Summers aclaró que Mercado Libre no tiene planes de vender comida para llevar. Todo aparece como si Mercado Libre se estuviera preparando para una ofensiva de Amazon.
El modelo económico chileno, heredado en sus líneas generales de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue aceptado luego por las fuerzas políticas principales de ese país, y elogiado por muchos extranjeros. Es cierto que proporcionó estabilidad y crecimiento económico modesto pero sostenido a lo largo de varias décadas. En 2019, con una inflación de 2% anual, se estimaba que el crecimiento alcanzaría al 2,5%, de los más altos en una región en crisis. Pero los indicadores sociales -salud, educación y jubilaciones- dejaban afuera a gran parte de la población.
En Chile se estaban incubando tensiones profundas, que este viernes empezaron a estallar. Reproducimos la crónica -hasta ahora- de estos días de furia, y detallamos algunos factores que en la mirada de analistas chilenos jugaron en esta crisis.
El conflicto se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del subte en 30 pesos chilenos, hasta un máximo de 830 pesos (US$ 1,17 aproximadamente). A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar «evasiones masivas» en el subte, levantando los molinetes para ingresar sin pagar. La situación fue agravándose a partir de este viernes 18, cuando la violencia tomó las calles de la capital, Santiago, con la quema de diversas estaciones de subte y de ómnibus, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes ordenaron un toque de queda la tarde del sábado.
Pero el despliegue de militares armados y de dispositivos de los carabineros no logró frenar la furia de los manifestantes en varias ciudades de Chile. El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció en la noche del sábado la suspensión del alza en la tarifa del subte, afirmando que había escuchado «con humildad la voz de la gente». Sin embargo, ninguna de estas medidas y anuncios atenuó la furia de los manifestantes. El domingo, Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera. Las autoridades extendieron el toque de queda en la Región Metropolitana de Santiago, desde las 19:00 hora local hasta las 6:00 del lunes; y en las regiones de Concepción y Valparaíso, desde las 20:00 hasta las 6:00 del lunes. Además, ayer lunes se suspendieron las clases en Concepción y en 43 comunas de Santiago.
Poco después, también se anunció toque de queda desde las 20:00 del domingo hasta las 6:00 del lunes en las ciudades de Coquimbo y La Serena, ubicadas a unos 470 km al norte de Santiago; y en Rancagua, unos 90 km al sur de la capital. Pese a todo, las manifestaciones no se apaciguaron.
Piñera anunció por TV el domingo que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible». El gobierno chileno confirmó ayer lunes la muerte de al menos 11 personas durante las protestas.
A qué se atribuye el estallido
1. La desigualdad. Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del subte es solo la «punta» de los problemas que aquejan a los chilenos. La palabra «desigualdad» se ha apoderado del debate en estos últimos días. Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.
Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$ 423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$ 562) al mes.
Con este salario, se alega que un alza en el pasaje es insoportable. Más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio. Así lo determinó un reciente estudio de la Universidad Diego Portales, de un total de 56 países alrededor del mundo, Chile es el noveno más caro. Así, hay familias de bajos recursos que tienen que gastar casi un 30% de su sueldo en transporte.
Cristóbal Bellolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, asegura que «este es un problema estructural del sistema socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a pesar de que hay mucho menos pobreza que antes. La situación de aquellos que salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se percibe que hay una clase de ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas», agrega. Para Bellolio, el alza en el pasaje del subte se suma al incremento en el costo de la luz, del agua y a la crisis en el sistema público de salud. También tiene que ver con las jubilaciones: hace bastantes años que Chile está discutiendo una reforma al sistema de pensiones privado. (Las AFJP que implantó Cavallo estaban inspiradas en el sistema chileno).
Una opinión similar tiene Claudio Fuentes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. «Hubo un gran crecimiento de la clase media pero es una clase media precarizada, que tiene bajas jubilaciones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. Es una situación donde el día a día es precario, que vive con incertidumbre».
2. Los errores de Sebastián Piñera. Tanto la oposición como algunos de sus propios partidarios han coincidido en que la actual administración reaccionó tardíamente a las manifestaciones. «No hubo explicaciones claras sobre el alza de la tarifa y se demostró una falta de empatía con los problemas de la gente». De hecho, ante las primeras protestas, ministros del gobierno de Piñera sugirieron tomar el subte más temprano, a las 7 de la mañana, para evitar pagar el aumento.
Además, se ha cuestionado que las autoridades se limitaron a amenazar con la Ley de Seguridad del Estado, sin abordar el fondo del petitorio, y calificando a los manifestantes de «delincuentes» en repetidas ocasiones. «Fue una protesta lenta, que subió en intensidad gradualmente, con muchos momentos para reaccionar. Pero no hubo más que dos respuestas: la tecnocracia y la represión. El panel de expertos define la tarifa, las Fuerzas Especiales la hacen cumplir. Planillas Excel y palos, mientras la política permanece ciega, sorda y muda», dice el periodista Daniel Matamala en una columna a La Tercera. En particular, el presidente Piñera ha sido fuertemente cuestionado luego de que el viernes —mientras se incendiaban varias estaciones del subte— se le vio cenando en un restaurante de Vitacura (una de las comunas más ricas de Santiago), celebrando el cumpleaños a uno de sus nietos.
3. La decepción con la dirigencia política en general. La oposición tampoco se ha librado de las críticas: se ha dicho que reaccionaron tarde y que no han hecho nada para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Hace años que la clase política chilena viene prometiendo mejoras. Se han anunciado reformas educacionales, constitucionales, tributarias y a la salud pero muchas de ellas no han logrado cumplir con las expectativas de la sociedad. El descontento social, entonces, se ha traducido en este estallido que está terminando con la destrucción de un centenar de espacios públicos en distintas ciudades de Chile.
Las expectativas generadas por los dos gobiernos de Michelle Bachelet (de 2006 a 2010, y luego de 2014 a 2018), y luego por los de Sebastián Piñera (quien también lideró el país en un período anterior, entre 2010 y 2014), son una causa importante que puede explicar esta «furia». «Si Bachelet 1 y Piñera 1 fueron símbolos de cambio (la igualdad de géneros, la alternancia en el poder), Bachelet 2 y Piñera 2 agotaron el stock de esperanzas. Hace tiempo se incuba el ruido sordo de la falta de un proyecto país, de un camino al desarrollo, de una meta compartida que dé sentido a las penurias cotidianas», dice Matamala. Además, es importante recordar que Piñera antes fue reconocido por su capacidad para generar empleos y mejorar la economía. Durante su primer gobierno, de hecho, ése fue su gran logro. Esta vez, la gente esperaba lo mismo y, hasta el momento, la realidad económica ha estado por debajo de las expectativas que tenía la sociedad chilena.
Estudiantes chilenos
4. La rebelión estudiantil. Las protestas y manifestaciones han sido lideradas, principalmente, por estudiantes. La primera «evasión masiva» fue el lunes 7 de octubre, liderada por estudiantes de liceos emblemáticos, principalmente del Instituto Nacional. Este establecimiento fundado en 1813 ha protagonizado violentas protestas en los últimos meses. Sus quejas tienen que ver con la «falta de recursos» en la educación chilena y la falta de cuidado en las aulas de clases. Según asegura el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, los desmanes ocurridos en los últimos días en Chile son resultado, en parte, a la aparición de una nueva generación «que se manifiesta cada vez con mayor intensidad». «No es casualidad que todas esas formas de protesta violenta sean protagonizadas por jóvenes».
Una de las manifestaciones más importantes en Chile desde el retorno a la democracia también fue liderada por estudiantes. La llamada «revolución pingüina» (por el uniforme de los estudiantes secundarios), ocurrida en 2006, generó un importante precedente respecto a la demanda social de mejorar la educación. Luego, en 2011, esta petición se incrementó con un movimiento estudiantil que también generó grandes manifestaciones y que tuvo al primer gobierno de Sebastián Piñera en jaque.
El Pacífico ya no lo es
Crisis en Ecuador: masivas protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. Disolución del Congreso en Perú. Y en Chile una parte de la juventud se revuelve contra la fragmentación social y la falta de horizontes. Hace solo unas semanas, tras las crisis en Perú y Ecuador, se decía que Chile era un «oasis» dentro de América Latina. Ahora, la situación ha cambiado abruptamente y nadie sabe si la furia va a detenerse.
(La primera parte de este artículo está aquí.Y la segunda, aquí)
En materia de motorización, el MET (Modelo de Ensayo Tecnológico) que se rompió -y arreglaremos como tantas otras cosas que se rompieron en estos años- no es en absoluto el que llevará el prototipo del clase II.
Para ése drone “El Mago” Oreste Berta, el preparador de motores de la Escuadra Torino, pergeñó un bóxer aeronáutico con 4 cilindros en oposición de 180º parecido al de los automóviles japoneses Subaru: en banco de pruebas daba 90 HP. La idea es no tener que comprar el Rótax 914 que usa el Vigía 2B de la FAA, fierro excelente pero caro y ajeno. Por lo demás, la idea, nunca seremos lo suficientemente aburridores y repetitivos, es generar trabajo calificado en este país y no en otros, y que la repuestería sea propia y se pague en pesos, porque de otro modo a la primer “hiper” el avioncito se queda juntando polvo en un hangar. Por todo ello, que SARA vuele con Berta. No es imposible que el drone clase 2 más habitual sea bimotor: se necesita potencia para enfrentar vientos como los del Sudoeste en la Patagonia y no terminar «arriado» mar adentro, sin poder volver a tierra, como alguna vez casi le pasó a Antoine de Saint Exupéry cuando era piloto de la Aeroposta, allá en los años ’30. Y máxime en un vehiculo sensible al viento por su baja masa y su gran superficie alar.
El SARA clase III, más ambicioso, encapsulado en un diseño “stealth” por ahora tentativo, tendrá 2 motores turboprop, los mismos Pratt & Whitney canadienses con que FAdeA intentó remotorizar el viejo y confiable IA-63 Pucará: como fueron un éxito mundial, se consiguen en todos lados y nunca faltan repuestos. Lo ideal sería conseguir la licencia para fabricarlo aquí. No sería fácil.
El blanco aéreo de alta velocidad, BAAV, es un jet. No logró salir de su etapa de ingeniería preliminar. Y es que tal vez el MinDef apostó mal: a diferencia de la de INVAP, la otrora envidiable capacidad tecnológica de Fabricaciones Militares no sobrevivió al menemismo, ni pudo reconstruirse después. La propulsión de esta máquina de 900 km/hora tal vez empiece con un turbojet en miniatura y luego pase a un turbofan más eficiente. Pero son sólo especulaciones.
El BAAV sería un desafío técnico enorme incluso para INVAP. Y diplomático también, para cualquier gobierno que intente un “revival” profundo de la industria criolla de defensa. Según el sistema de guiado y la carga útil que lleve, el BAAV es un vehículo transónico al cual tirarle cohetazos antiaéreos, como indica su nombre. Pero reconfigurado con otra carga útil, se vuelve un misil crucero de propulsión a chorro. Poca alegría en Londres y Port Stanley.
Hay que tener mucha audacia para formularse semejante proyecto en la Argentina postmalvinera del desarme unilateral. Con Macri presidente, los vicecancilleres Foradori y Duncan restablecieron rápidamente el marco diplomático noventista de los Acuerdos de Madrid de 1990. En ellos, el canciller Guido Di Tella se comprometió con Londres a desactivar toda capacidad argentina de autodefensa: cerrar el Área de Materiales Córdoba (actual FAdeA), el de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) y su misil Cóndor II, los astilleros militares TANDANOR y Domecq García, la considerable capacidad de construcción civil y militar de los Astilleros Río Santiago y el enorme y diseminado complejo industrial de Fabricaciones Militares, con sus 17 fábricas. Y siguen los ejemplos. Tal cual lo pactado, Menem lo hizo.
Bomba inteligente guidada Dardo II C de la FAA en exposición. Otro proyecto no terminado, y van…
El centralismo de INVAP del que se queja Zona Militar lo impuso el MinDef justamente para que la cúpula de la FAA no hiciera lo de siempre: desarrollar sistemas incompletos hasta que, ante el paso de los años, todo lo que se haya logrado, sea bueno o malo, quede obsoleto y/o inútil. Entonces una camándula de brigadieres y comodoros impondrá una importación llave en mano para taponarlo. Sucedió desde siempre.
Es el trasfondo del fracaso del caza Pulqui II, el de los transportes livianos Huanquero y Guaraní II, el del ala volante de transporte pesado Naranjero, y ahora la del Pucará y la del Pampa. Cada una de estas historias truncas AgendAR las analizó aquí,aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí. Todo se repite, una y otra vez. Las cúpulas aeronáuticas luchan contra la que fue su propia fábrica, llena de gente valiosa y cuya capacidad se obstina en no morir. Pero lo que quiere la Nomenklatura es importar cosas.
El 30 de Mayo de 2016, el periodista Carlos de La Vega, de la revista TSS de la Universidad Nacional de San Martín, arrimó esta explicación:
“Las adquisiciones en el exterior pueden traer múltiples beneficios para los militares. El primero y más inmediato son los largos viajes de estadía en el país proveedor para “supervisar la compra o capacitarse en su uso”, para los que se cobran viáticos diarios en dólares que implican importantes ingresos por encima de los salarios. También está la posibilidad del cambio laboral de quienes han sido oficiales, que pasan a ser empleados de los proveedores, como en el caso de Reta (Jorge Mario Reta, brigadier RE, secretario general de la FAA a fecha de su retiro en 2011). Y, por último, el más oscuro: los retornos ilegales que las grandes multinacionales de la industria militar están habituadas a pagar. También hay una cuestión ideológica en juego: una parte significativa de la oficialidad de las Fuerzas Armadas argentinas es hostil a los desarrollos nacionales. Las Fuerzas Armadas poseen personal muy valioso, sobre todo en los niveles medios y bajos de la jerarquía, tanto en oficiales como en suboficiales, pero no suelen ser quienes llegan al alto mando”.
Esta visión del problema coincide con la de otro analista muy afilado: Alejandro Artopoulos, de la Universidad de San Andrés. En el caso del SARA, De la Vega, arrastrado probablemente por la frustración entonces muy en carne viva (el artículo es de 2016), encierra al Ejército y la Armada en la misma bolsa que a la Aviación. Creemos que se equivoca: “los verdes” y “los azules” rompieron con su larga tradición importadora y se subieron al proyecto SARA con entusiasmo.
Tiene su explicación: Ejército y Marina viven desde 1983 en una creciente inopia técnica de tanques que no arrancan y barcos que se hunden en puerto. Sus componentes aéreos siempre fueron modestos, incluso en tiempos de vacas gordas (hasta el ’83). Y así vegetaron 27 años hasta que de pronto sobreviene, intempestivo, el proyecto SARA y les regala literalmente el cielo.
Tal vez por haber sido dueña oficial del mismo, la Aviación vivió chirriando “non stop” contra el SARA hasta 2015. Sus representantes ponían “palos en la hélice” con exigencias técnicas descabelladas, que además cambiaban cada 2 años, con cada rotación de jefatura de su Dirección General de Investigación y Desarrollo. Y es que según venía avanzando la tecnología de INVAP, era evidente que este programa la terminaría privando de su derecho, celestial en todo sentido, a importar.
No alcanzó con los 12 ripiosos pero interesantes años del kirchnerismo para recuperar lo perdido en industria de defensa desde 1989. Pero tampoco alcanzaron 4 años de macrismo para hacer quebrar a INVAP. Para su desdicha, la firma barilochense está condenada a ser la semilla de la reconstrucción de nuestra antigua, relativa, problemática pero notable autonomía industrial en armamento. Esa industria, iniciada por la Fábrica Militar de Aviones y seguida por Fabricaciones Militares, fue “spin-off” indiscutible de la sustitución de importaciones y la educación técnica pública. Como tal fue única en Sudamérica hasta bien entrados los ’70. Y en la Argentina se consideró intocable, vaca sagrada, desde los años ’20 hasta 1989.
Hoy la jefatura aeronáutica está tratando de erradicar toda resurgencia del SARA con un clásico “programa tapón”. Aún si se logra cancelar sin juicios este pedido, nada asegura que si gana la fórmula Fernández X 2 alcancen 4 años para hacer avanzar el sistema SARA hasta una clase III en vuelo, desplegada y ofrecida. Habrá que pisar el acelerador.
Pero no se puede no intentarlo. Aunque cause poca alegría en Port Stanley, Londres, General Atomics, Elbit y la cúpula de la FAA.
Un estudio muestra que cuatro de cada diez afiliados al PAMI toman ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos y/o hipnóticos. La proporción es tres veces más alta en mujeres.
«Es la primera vez que podemos cuantificar la magnitud del problema», dice el psiquiatra Julián Bustin, autor principal del estudio, asesor de la secretaría general técnico médica del PAMI y jefe de la Clínica de Memoria y Gerontopsiquiatría del INECO (el Instituto de Neurología Cognitiva).
Para los autores del estudio, los resultados muestran niveles de prescripción de psicofármacos «sorprendentemente elevados» y «alarmantes». Y ponen de relieve la necesidad de concientizar tanto a los médicos de cabecera como a los pacientes y sus familiares respecto de los riesgos de esta conducta.
El estudio fue publicado en la revista especializada Vertex y se basó en el análisis de la base de datos del PAMI sobre los mayores de 60 años que recibieron prescripciones por receta electrónica en consultas ambulatorias durante 2016.
Los resultados «deben generar una señal de alerta», manifiestan los autores. El 30% de los afiliados (1.298.425 personas) recibieron al menos una indicación de ansiolítico, antidepresivo, antipsicótico o hipnótico, y de ese total las dos terceras partes (908.227) la recibieron en tres o más ocasiones. La práctica mostró ser más habitual en pacientes mujeres (75% versus 25% de hombres) y en los mayores de 75 años. Si se incluyen las recetas manuales, se calcula que 4 de cada 10 jubilados toman estos medicamentos por lo menos una vez al año.
Pero lo que causó más preocupación es que el 67% de los psicofármacos resultaron ser benzodiazepinas: una familia de fármacos ansiolíticos e hipnóticos.
«Ningún medicamento es inocuo, y está altamente demostrado que las benzodiazepinas aumentan el riesgo de somnolencia, caídas y deterioro cognitivo en el largo plazo -enfatiza Bustin-. Además, causan cierta dependencia, se necesitan cada vez dosis más altas (para producir el efecto) y producen síndrome de abstinencia cuando dejan de tomar se. Solo deberían usarse durante no más de dos semanas, para casos específicos de insomnio y ansiedad».
Una de las dificultades es la naturalización y banalización del consumo. «Muchos pacientes están tan acostumbrados a que formen parte de su vida que no los cuentan como medicamentos», sostiene la médica clínica María Noble, directora del curso de atención primaria de la Sociedad Argentina de Medicina Interna, integrante de la iniciativa Inter-Especialidades y también asesora del PAMI. «Es similar a lo que ocurre con las aspirinas».
Las benzodiazepinas se indican por cuenta propia, se adoptan casi como fetiches y se convidan a familiares y amigos. En un reciente artículo en El País Semanal, el escritor español Juan José Millás (73) cuenta que para tratar un súbito ataque de ansiedad decidió tomarse Orfidal (lorazepam) antes de salir de casa, el mismo fármaco que usa «para dormir, desde hace años». Días atrás se conoció el caso de un joven profesor de inglés argentino detenido en Omán durante cuatro días porque la policía en el aeropuerto le encontró un blíster de Rivotril (clonazepam): «Me lo había dado mi mamá porque me veía un poco deprimido después de una ruptura amorosa», explicó.
En los Estados Unidos, donde las prescripciones de estos fármacos crecieron un 67% entre 1996 y 2013, algunos expertos ya anticipan una epidemia de adicción a estos fármacos más seria y aterrorizante que la crisis de opioides. Y también culpan a las compañías farmacéuticas por sus campañas engañosas de marketing.
Alternativas En su libro El estigma de la enfermedad mental y la psiquiatría (Paidós, 2018), el psiquiatra de Ineco y la Fundación Favaloro Marcelo Cetkovich argumenta que una de las razones que propicia el abuso de ansiolíticos, a menudo sin supervisión médica adecuada, «es la extraordinaria eficacia de estos medicamentos, aunque no están desprovistos de efectos indeseables».
Pero también operan otros factores. Bustin sospecha que «muchas veces, los profesionales creen que la relación médico-paciente se va a ver afectada» si rehúsan indicar esos fármacos o proponen su discontinuación. Noble agrega que otros pacientes se asustan cuando intentan dejarlos de golpe y experimentan insomnio de rebote y otros síntomas de la abstinencia.
Para Gerardo Fridman, un doctor en Farmacia de la UBA que constató que el alza del consumo de psicofármacos en el nordeste argentino triplicó el ritmo de crecimiento poblacional entre 2004 y 2013, el mal uso de las benzodiazepinas se debe en gran parte a su indicación por médicos que no son especialistas. «Yo nunca vi la receta de un psiquiatra con un antihipertensivo, un hipoglucemiante, un antiartrósico, un anticonceptivo o un antiprostático. Pero sí veo traumatólogos, cardiólogos, endocrinólogos, ginecólogos y hasta oftalmólogos que prescriben clonazepam o alprazolam como si nada», afirma desde la farmacia donde trabaja en la ciudad de Corrientes.
¿Cuál es la salida? Según Bustin, «la forma de resolver el problema es que la población general y los profesionales conozcan los beneficios y los efectos adversos de estos medicamentos. Y empezar el tratamiento solo cuando hay indicaciones claras».
El farmacólogo Gerardo Fridman afirma que el consumo de psicofármacos crece aceleradamente. La suspensión después del uso prolongado debe hacerse de forma gradual, para evitar la abstinencia. «Es un camino lento que requiere tiempo y cercanía», afirma María Noble, de la Sociedad Argentina de Medicina Interna. Los médicos también aconsejan probar estrategias alternativas para manejar el insomnio y la ansiedad, desde la higiene del sueño (por ejemplo, evitar comidas abundantes, cafeína o ejercicios antes de irse a acostar) hasta el yoga o la meditación.
