Desde el gobierno explicaron la segmentación de tarifas y afirmaron que el esquema actual es «pro-ricos»

En el marco de la última de las audiencias publicas que se realizaron esta semana, el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, dio precisiones del esquema de segmentación de tarifas, e hizo una fuerte defensa de la posición del Ministerio de Economía, que considera que la metodología actual de subvenciones a las tarifa es ‘pro-ricos’.

Fue este funcionario, de la mayor confianza del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien presidió la audiencia publica realizada este jueves en la que el Gobierno precisó los criterios que llevará adelante para aplicar la segmentación de las facturas de servicios públicos. López Osornio marcó la necesidad de comenzar a recortar las subvenciones del Tesoro sobre el sector energético, dado que, a su entender, el esquema actual es pro-ricos, es decir, favorece a los usuarios de mayores ingresos. Enfatizó que “se destina un mayor porcentaje de los subsidios a los sectores de mayores ingresos, es decir, que el 50% más pobre recibe un 40% de los subsidios, mientras que el 50% más rico recibe un 60% del total”. Además, argumentó que “hay un margen para mejorar la eficiencia distributiva estableciendo segmentos donde el subsidio esté relacionado con la capacidad de pago y que los sectores de más poder adquisitivo dejen de recibir ayuda del Estado”, para que esta se traslade a los sectores medios y más vulnerables.
La iniciativa propone que aquellos que reciben ingresos que superan las 3,5 canastas básicas totales, que posean tres o más inmuebles y/o vehículos 3 o más con menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios de embarcaciones de lujo o aeronaves, abonen la tarifa plena, sin subsidios. En este segmento también se contempla a quienes viven en urbanizaciones cerradas. En este sentido, el subsecretario resaltó que “en el decil de más altos ingresos se destina un 0,9% al servicio eléctrico y un 2,2% al de gas natural”, por lo que sólo el 3% de sus ingresos va dirigido al pago de los servicios. Por lo cual, afirmó que “este es el sector al que se propone retirar gradualmente los subsidios porque esto no afecta su nivel de vida o bienestar”.

¿Por qué segmentar subsidios?

López Osornio explicó que hoy el Estado cubre más del 75% el costo del gas y electricidad que se incluye en las facturas y que los usuarios sólo abonan un parte de este costo, entre el 20% y el 25%. Por esto, la propuesta del Gobierno contempla la posibilidad de asignar subsidios energéticos según la capacidad de pago a fin de mejorar el impacto distributivo, reducir la dependencia de importaciones, disminuir el impacto ambiental y liberar recursos para áreas prioritarias como obra pública, vivienda e inversión social.

Gas natural

El subsecretario afirmó que actualmente el Estado cubre la diferencia entre lo que pagan los usuarios como Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el costo de adquisición del gas natural. En esa línea, el costo promedio surge de los distintos contratos y proveedores de gas- productores nacionales, importaciones desde Bolivia o GNL. Asimismo, en el informe presentado se detalló que existen esquemas específicos para el subsidio a los sectores de menores ingresos que no acceden al gas por red (Programa Hogar) o zonas climáticas desfavorecidas (zona fría).

Energía eléctrica

López Osornio aseveró que el Estado “cubre la diferencia entre el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) que pagan usuarios y el costo de generación por medio de transferencias a CAMMESA». Por lo cual, sostuvo que “el precio abonado por la energía eléctrica, es uniforme en todo el territorio nacional, de manera tal que el monto de subsidio por cada kW/h consumido en todo el país es igual para todos los usuarios” y por ello propone la segmentación.

Criterios de segmentación

El primero responde a parámetros geográficos-espaciales, en donde se define el nivel de subsidios a aplicar en un polígono determinado. Requieren información relevada en una zona determinada con características socioeconómicas y de la propiedad. Este criterio funciona en ciudades con alta densidad poblacional y zonas homogéneas de poder adquisitivo (AMBA). Captan sectores con baja declaración de ingresos, y por lo tanto no son aplicables de igual forma a todo el territorio nacional. El segundo de ellos se vincula con los ingresos y patrimonio de los usuarios. Por este motivo, requiere mantener actualizada de forma permanente una base de datos. A su vez, permite identificar casos aislados de usuarios con alta capacidad de pago y considerar la situación del conjunto del hogar. Es por esto que se considera que tendrá mejor resultado en cuanto al alcance nacional. Este criterio se compone de información de titulares aportada por el ENARGAS, distribuidoras, subdistribuidoras y cooperativas eléctricas. También por el cruce con información de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Además, contempla la identificación del segmento de más alta capacidad de pago, los alcanzados por la tarifa social y un segmento medio. El resultado sería remitido a las distribuidoras, las encargadas de aplicar los distintos niveles de subsidio, en base a la normativa del PIST y PEST. En base a ello, Osornio remarcó que “hoy la resolución del precio estacional ya contiene distintos segmentos”.

Inclusión en el mayor nivel de subsidios

En cuanto a los criterios espaciales, la inclusión contemplará a quienes estén ubicados dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Respecto a los criterios socioeconómicos, se incluirá a:
  • Jubilados, pensionados o trabajadores en dependencia cuya remuneración sea menor a dos salarios mínimos, vitales y móviles, y monotributistas en la misma situación
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas
  • Titulares de programas sociales
  • Trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social y los incorporados en el Régimen de Seguridad Social para trabajadores de Casa particular
  • Titulares de seguro de desempleo
  • Aquellos que reciben Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
  • Titulares de certificado de discapacidad

¿Quiénes quedan excluidos de los subsidios?

Aquellos que:
  • Posean ingresos superiores a 3, 5 Canastas básicas totales, de un hogar tipo 2 según el INDEC
  • Propietarios de tres o más inmuebles
  • Titulares de 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años
  • Titulares de aeronaves o embarcaciones de lujo
En cuanto al criterio espacial, quedan fuera quienes figuren en los registros de urbanizaciones cerradas y/o estén ubicados dentro de polígonos de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con alcance restringido al AMBA. Por último, López Osornio habló sobre la existencia de errores de exclusión. Estos pueden englobar a usuarios cuya situación socioeconómica se haya visto modificada y por lo tanto no coincida con la información tomada para aplicar la segmentación, sumado a que la titularidad del servicio puede no coincidir con quien lo utiliza. Por esto comunicó que habrá un mecanismo de pedido de reconsideración.

La participación de INVAP en FIDAE 2022

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La empresa argentina INVAP participó en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE 2022) llevada a cabo del 5 al 10 de abril. Dentro de los proyectos que actualmente la empresa desarrolla, fueron exhibidos el Radar táctico RPA-170, y el Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) Ruas 160.

En una entrevista realizada por Néstor Santomartino, corresponsal de Zona Militar, el gerente de Defensa, Seguridad y Ambiente de INVAP, Darío Giussi, destacó la importancia de “…recuperar la continuidad de la inversión, para satisfacer las necesidades de la argentina, que tiene varios programas de radarización tanto en el ámbito civil, con la modernización de la infraestructura de aeronavegación, como en el ámbito militar para la Fuerza Aérea,  y en el ámbito meteorológico a través del Ministerio de Obras Públicas y el Servicio Meteorológico Nacional…”.

También remarcó la importancia de “Profundizar nuestra oferta exportable, que ya empezamos a caminar desde el año pasado con la concreción de una venta de radares a Nigeria, por lo que la feria también nos sirve para hacer conocer nuestra propuesta fundamentalmente en la región, y eventualmente hablar con otras empresas para buscar asociaciones y poder expandirnos”.

Giussi señaló la importancia de otorgar a los distintos proyectos en el área de defensa las partidas correspondientes, a fin de continuar con la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.

La industria nacional presente

Dentro de la amplia oferta de productos que presento la empresa en su stand, se destaco en la plataforma del Aeropuerto Internacional de Santiago el radar RPA–170. Se trata de un radar táctico de defensa aérea 3D (distancia, altura y azimut) diseñado para el despliegue rápido con mínima dotación de personal. Gracias a su amplia gama de escenarios operacionales, es capaz e asumir un rol clave en misiones de defensa aérea.

Vista del Radar RPA-170 y shelter de operaciones exhibido en FIDAE 2022
Especificaciones RPA-170
  • Frecuencia de operación: Banda L (D)
  • Rango instrumentado: 170NM
  • Altura máxima: 100Kft
  • Velocidad de giro: 6 a 14 RPM
  • Seguimiento de blancos simultáneos: > 600
  • Tiempo de despliegue: < 30 min.
  • MTBCF: > 1500 horas
  • MTTR: < 1 hora
  • Modos IFF: 1,2,3/A, C, S (4 y 5 opcional)

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Acorde al desarrollo y empleo decisivo de los drones en los escenarios contemporáneos, también fue presentado el Vehículo Aéreo No Tripulado RUAS-160. Este proyecto nace con la colaboración entre INVAP y la empresa argentina fabricante de helicópteros Cicare y la empresa de servicios agrícolas Marinelli Technology.

Este sistema esta formado por el VANT RUAS-160, junto a su consola de monitoreo y control desde tierra (Ya en mayo de 2019 marcábamos en AgendAR la importancia de este desarrollo argentino). Posee la capacidad de configurarlo con la plataforma giroestabilizada con sensores EO/IR, LIDAR y radar SAR en banda X, para misiones que requieran la detección, reconocimiento e identificación de objetos móviles y estacionarios, tanto  en tierra como en mar.

Especificaciones RUAS-160
  • Longitud 3.10 m
  • Ancho fuselaje 0.70 m
  • Ancho patines 1.80 m
  • Altura 1.72 m
  • Diámetro de rotor superior e inferior 3.60 m
  • Pesos
  • Peso Máximo de Despegue 150 Kg
  • Peso Vacío 80 Kg
  • Capacidad de Carga Útil 70 Kg (sensores y combustible)
  • Configuración de Carga Útil y Autonomía
  • ISR1 de Alcance Extendido – Gimbal con cámaras EO/IR de 5 a 6 Hs con reserva
  • C4ISTAR2 Multisensor – Gimbal, Radar AESA, AIS de 3 a 3:30hs
  • Trabajo Aéreo Agro – Barra de pulverización y cámaras multiespectrales 1:30 hs.
  • Sistema Propulsivo
  • Tipo de Motor Motor a pistón 2T
  • Potencia 39 HP
  • Opcional Redundancia doble motor a pistón
Agradecimientos: Néstor Santomartino, corresponsal en FIDAE de Zona Militar y a Ariel Santomartino, fotógrafo.

La primera imagen del «agujero negro» en el centro de nuestra galaxia

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Por primera vez, los astrónomos capturaron una imagen del agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia.

Es la primera observación directa que confirma la presencia del agujero negro, conocido como Sagitario A*, como el corazón de la Vía Láctea. Los agujeros negros no emiten luz, pero la imagen muestra un anillo brillante, que es luz desviada por la gravedad del objeto. Este agujero negro es 4 millones de veces más masivo que nuestro sol. «Durante décadas, los astrónomos se han preguntado qué hay en el corazón de nuestra galaxia, «empujando» a las estrellas en órbitas a través de su inmensa gravedad», Michael Johnson, astrofísico del Centro de Astrofísica | Harvard & Smithsonian, dijo en un comunicado. «Con la imagen del Telescopio de Horizonte de Eventos (Event Horizon Telescope o EHT), nos hemos acercado mil veces más cerca que estas órbitas, donde la gravedad crece un millón de veces más fuerte. En este rango cercano, el agujero negro acelera la materia a una velocidad cercana a la de la luz. y dobla los caminos de los fotones en el espacio-tiempo deformado». El agujero negro está a unos 27.000 años luz de la Tierra. Nuestro sistema solar está ubicado en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, por lo que estamos a esa distancia del centro galáctico. «Nos sorprendió lo bien que el tamaño del anillo coincidía con las predicciones de la Teoría de la Relatividad General de Einstein», dijo Geoffrey Bower, científico del proyecto EHT, del Instituto de Astronomía y Astrofísica, Academia Sínica, Taipei, en un comunicado. «Estas observaciones sin precedentes han mejorado en gran medida nuestra comprensión de lo que sucede en el mismo centro de nuestra galaxia y ofrecen nuevos conocimientos sobre cómo estos agujeros negros gigantes interactúan con su entorno», agregó. Los resultados de este innovador descubrimiento se publicaron el jueves en una edición especial de The Astrophysical Journal Letters.

Buscando el agujero negro

Los astrónomos tardaron cinco años en capturar y confirmar esta imagen y descubrimiento. Anteriormente, los científicos observaron estrellas que orbitaban algún objeto masivo e invisible en el centro galáctico. El Premio Nobel de Física 2020 fue otorgado a los científicos Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez por sus descubrimientos sobre los agujeros negros, incluida la evidencia compartida por Ghez y Genzel sobre la masa del objeto en el centro de la Vía Láctea. «Ahora vemos que el agujero negro se está tragando el gas y la luz cercanos, llevándolos a un pozo sin fondo», Ramesh Narayan, astrofísico teórico del Centro de Astrofísica | Harvard & Smithsonian, dijo en un comunicado. «Esta imagen confirma décadas de trabajo teórico para comprender cómo comen los agujeros negros». El descubrimiento fue posible gracias a más de 300 investigadores de 80 instituciones que trabajan con una red de ocho radiotelescopios diferentes en todo el mundo que conforman el Event Horizon Telescope. El telescopio lleva el nombre del «horizonte de eventos», el punto en el que ninguna luz puede escapar de un agujero negro. Esta red mundial de telescopios forma esencialmente un solo telescopio virtual «del tamaño de la Tierra» cuando los ocho están conectados y observando en tándem. Es la segunda imagen jamás capturada de un agujero negro, siendo la primera el logro del EHT de obtener imágenes de M87* en el corazón de la lejana galaxia Messier 87, ubicada a 55 millones de años luz de distancia, en 2019.

Qué es un agujero negro (simplificado)

Un agujero negro​ es una región del espacio donde existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tan fuerte, que ninguna partícula –ni tampoco la luz–puede escapar de ella.​ Los agujeros negros pueden ser capaces de emitir un tipo de radiación, la «radiación de Hawking», conjeturada por Stephen Hawking en la década de 1970, a partir de conceptos de la física cuántica. Pero la radiación detectada de agujeros negros como Sagitario A* no procede del propio agujero negro sino de su «disco de acreción», el gas que orbita a su alrededor a velocidades que se acercan a la de la luz. La gravedad de un agujero negro, o «curvatura del espacio-tiempo», provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada a todo, llamada horizonte de sucesos. Esto es previsto por las ecuaciones de campo de Einstein. El horizonte de sucesos separa al agujero negro del resto del universo, y una vez dentro de él, ningún tipo de partícula, sea material o electromagnética, puede salir, ni siquiera los fotones. Dicha curvatura es estudiada por la Teoría de la relatividad general, la que predijo la existencia de los agujeros negros. Para acceder a la publicado en The Astrophysical Journal Letters, cliquear aquí.

La inflación de abril fue del 6%. En los últimos 12 meses suma un 58%

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, informó hoy jueves la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC): fue de 6% en abril de 2022. Los precios al consumidor llevan, hasta abril, un 58% de incremento interanual.

El rubro que más aumentó sus precios, en promedio, en abril, fue el ítem prendas de vestir y calzado, con un 9,9% mensual. Le siguen restaurantes y hoteles, con una suba de 7,3% mensual. Otra vez la inflación tuvo un fuerte impulso por alimentos y bebidas no alcohólicas que, si bien disminuyó en comparación con meses anteriores a 5,9% mensual, fue la categoría que mayor variación tuvo. Dentro de la división de alimentos, las mayores subas se dieron en aceites y pan, entre el 8% y 15%, según la región; seguido de carnes y derivados y lácteos, donde se verificó un incremento entre el 5% y 7%. Desde el INDEC indicaron que el porcentaje de abril responde igualmente a aumentos en restaurantes, recreación, medicamentos, alquiler de la vivienda y adquisición de vehículos. También aportaron al elevado índice mensual, los gastos en salud que aumentaron un 6,4% mensual por incrementos en medicamentos y prepagas. Desde el ministerio de Economía destacaron que “la inflación se redujo en abril, luego de haber aumentado 6,7% en marzo, en parte, traccionada por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania”.

Observación de AgendAR:

Ya dijimos muchas veces en AgendAR que la inflación es el factor que más afecta a todos los sectores sociales, en especial a los más vulnerables. Y el que más contribuye a desordenar la economía. Ahora, y a propósito de la afirmación de Economía -correcta, hasta donde llega- señalamos que es necesario distinguir entre la inflación y los aumentos de precios de algunos productos o servicios en particular. Éstos pueden ser la consecuencia de inflación importada, o del abuso de una posición monopólica, o de… puede haber muchos motivos. La inflación generalizada regista la desvalorización de la moneda nacional, del peso.

El nuevo almacenamiento en seco de los elementos combustibles gastados de Atucha I estará listo en julio

 

Observaciones de AgendAR:

En 1974, cuando entró en línea Atucha I, su vida útil planificada era de 30 años, como la de todas las centrales presurizadas de 2da generación: Por lo tanto se suponía su salida definitiva de servicio alrededor de 2004. Pero ya desde los ’90 era claro que el estado técnico de la central era estupendo, y que valía la pena hacerle una recorrida completa de sistemas para llevarla a «cero kilómetro» y dejarla 20 años más en servicio. Aunque el gobierno de Néstor Kirchner todavía no entendía mucho de energía nuclear (eso empezó en 2006), la propuesta de la nueva operadora de la máquina, NA-SA, coincidía con las estimaciones técnicas de la dueña original (la CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica). Lo importante es que la parte potencialmente objetora, la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear), hizo la lista de reparaciones, modernizaciones y reemplazos necesaria y estuvo de acuerdo, cautelosamente, en dar 10 años «y volver a ver». En el mundo se vivía el llamado «renacimiento nuclear». Los países asiáticos industriales, con China y la India a la cabeza, construían centrales nuevas de tercera generación, con estimaciones de vida iniciales de 40 años o más. Mucho más timorato, el país con el mayor parque nuclear del mundo, EEUU, empezaba a dar extensiones de vida útil a algunas centrales atómicas activas desde los ’60, cuando el estado técnico y las cuentas lo permitían. Aquí no sólo lo permitían sino que lo exigían. La economía argentina, aunque endeudada irremediablemente, se recuperaba una década de estanflación feroz, había vuelto a crecer desde 2002 y la industria empezaba a pedir electricidad a gritos. Sin embargo, con la formación Loma de la Lata ya casi totalmente despresurizada, no era claro de adónde saldría el gas para evitar los apagones programados. Ahora bien, si es para fabricar electricidad, 1000 MW nucleares instalados tienen disponibilidad 24×7 al menos 320 días por año, suponiendo paradas planificadas largas, y sustituyen 1.600 millones de m3 cúbicos de gas por año. De modo que los 350 MWe de Atucha I repotenciada y disponible por dos décadas más evitaría importar 560 millones de m3 cúbicos anuales de gas boliviano, o su equivalente en GNL asiático. Los combustibles de todo tipo, fogoneados por la demanda china, habían iniciado su rampa mundial de precios. Era negocio. Pero además, como NA-SA tenía -por primera vez desde su creación por Menem- una conducción «pro-industria nacional», la idea era que la fabricación de componentes quedara básicamente en el país. A esa altura de la vida era bastante inevitable ignorar al proveedor de la central, KWU, división nuclear de la SIEMENS, porque ya no existía, había sido vendida por los alemanes a la francesa AREVA. Por lo demás, los alemanes ya no merecían confianza: en 1988 Atucha I, que es un prototipo único en el mundo, había sufrido la rotura de internos que la dejaron fuera de servicio. KWU ofreció repararla por U$ 200 millones, algo así como el doble del precio original de la central nueva, y tomándose 2 años para ello. Tras cierta lucha interna, la CNEA le propuso al gobierno que fuera reparada por una UTE de INVAP y Techint, que hizo el trabajo por U$ 17 millones y la puso en línea como nueva y bajo aprobación de los expertos en radioprotección del Organismo Internacional de Energía Atómica. Era un «first timer» mundial, porque la intervención fue -en términos médicos- laparoscópica. La central se arregló con herramientas telecomandadas diseñadas «ad hoc» capaces de caber en sus canales de refrigeración, de 12 cm. de diámetro, sin destapar el recipiente de presión. En la Argentina pre-menemista, habría pasado por hazaña, pero no fue el caso. Jorge Lanata, seguramente más motivado por su indómito ingenio que por el despecho alemán, aprovechó para poner en tapa de su diario -Página12- la foto de la instalación con el titular: «La arreglamos con un alambre». Greenpeace, tampoco motivada por el despecho alemán, prometió un Chernobyl bonaerense. El gabinete uruguayo, por si las moscas, estuvo sesionando secretamente en Paysandú durante la primera semana de la puesta en marcha de Atucha I. Pero la central anda joya desde entonces: no se puede contentar a todo el mundo. Esa reparación convenció a la CNEA de que en materia de centrales de uranio natural refrigeradas y moderadas con agua pesada empezaba a entender más que Alemania. Y no por nada: en planos, Atucha 1 tendría 250 MWe, pero antes y a lo largo de la construcción, empezada en 1968, la CNEA le impuso optimizaciones que le permitieron inaugurar con 320 MWe. Luego de la reconstrucción de los internos de reactor averiados en 1988, a la central se le hicieron mejoras adicionales en intercambiadores de calor que llevaron su potencia eléctrica a 350 MW, 100 más que en el diseño original. Pero además, dado que el país ya tenía oficialmente la capacidad de enriquecimiento, se estudió una mejora ligerísima del uranio natural: del 0,73% de ley de isótopo 235 se modelizó y luego ensayó con mucha cautela el funcionamiento de la máquina con un 0,9%. Y lo que sucedió fue que prácticamente se duplicó «el quemado»: sin incrementos de potencia térmica, los nuevos elementos combustibles argentinos duraban casi el doble hasta gastarse.  A esa altura de las cosas, la Argentina era el país que más entendía de Atuchas, es decir de centrales de uranio natural, agua pesada y con recipiente de presión. Mucho más que los alemanes, por cierto. Fue un espaldarazo bastante útil cuando en 2006 se decidió retomar la construcción de Atucha II bajo dirección de NA-SA, obra que había estado 27 años detenida. Volvió a ser otro espaldarazo cuando en 2011 se empezó a planificar la extensión de vida de una central aún mejor por disponibilidad: Embalse, de Córdoba. Una dirección nuclear menos asertiva le habría dado el trabajo al diseñador original, la AECL canadiense… pero ya no existía, y además NA-SA en aquel momento tenía por dirección lo mejor de la vieja jefatura de la CNEA de Jorge Sabato. La tarea se hizo con un 97% de participación de la industria nuclear argentina. Embalse empezó su segundo ciclo de vida en 2018, y anda joya. De modo que estamos llegando al momento en que hay que estudiar si Atucha 1 merece seguir en servicio 20 años más. Por ahora, todo indica que sí. La central es -hay que sacarse el sombrero ante los alemanes por ello- de una robustez fenomenal. Pero además, en EEUU ya se planifican extensiones de vida de 80 e incluso 100 años. Las autoridades regulatorias del mundo empiezan a entender que algunos de estos aparatos -no todos- pueden tener expectativas de servicio equivalentes a las de las obras hidroeléctricas. De modo que la puesta en servicio de un repositorio temporario de enfriamiento ya sin agua, únicamente por circulación convectiva de aire, de los combustibles gastados de Atucha 1 era una obra urgente. Pero esta obra ancilar y nada espectacular se hace porque antes sucedieron cosas bastante interesantes y casi heroicas, y contra distintos opositores nacionales e internacionales: reparar la central sin KWU, darle más potencia, mejorarle el quemado, extender su vida útil. Todos esos fueron triunfos de la tecnología y de los recursos humanos nucleares argentinos. Y salieron bien. Conviene recordarlo.

Daniel E. Arias

En la Universidad de La Plata desarrollan una nueva terapia para combatir células tumorales

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Un equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), perteneciente al CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizan sorprendentes avances en un nuevo método para combatir células tumorales aprovechando el rol oxidativo de aglomerados de un puñado de átomos de plata. Se trata de un estudio interdisciplinario desarrollado en colaboración con investigadoras e investigadores de las Universidades de Santiago de Compostela, Cádiz, Palermo y Cambridge, que describe nuevos mecanismos por los que aglomerados atómicos de cinco átomos de plata (Ag5) catalizan selectivamente la oxidación de tioles, responsables de la regulación de la homeostasis redox en las células. Es conocido que diferentes tipos de neoplasias tienen la capacidad de evolucionar evadiendo los tratamientos antitumorales. Sin embargo, no pueden sobrevivir a la desregulación del equilibrio químico en la célula (homeostasis redox), que resulta esencial para la proliferación celular y el avance tumoral.

Átomos de plata contra los tumores

En este reciente estudio, se describe la actividad antitumoral de los átomos de plata en ratones con tumores de pulmón ortotópicos. Allí los científicos confirmaron que lograron reducir el tamaño del tumor primario y la carga de los ganglios linfáticos afectados. Estos hallazgos sugieren que la química característica de los Ag5 podría conducir a nuevos enfoques terapéuticos contra el cáncer, basados en los estados redox intracelulares. Félix Requejo, director del INIFTA y miembro del equipo de investigadores locales – junto a Lisandro Giovanetti y Juan Devida-, explicó que “los aglomerados o “clusters” atómicos de pocos átomos son materiales subnanométricos que presentan características particulares dependientes de su tamaño y atomicidad, las que le confieren propiedades catalíticas únicas capaces de oxidar agresivamente los elementos químicos en diferentes moléculas”.
Félix Requejo (izq.), director del INIFTA junto a investigadores del instituto. Imagen: UNLP.
En particular, en este trabajo se describen los mecanismos por los cuales los clusters catalizan la oxidación completa del azufre presente en los sitios activos de las proteínas responsables de la regulación redox celular, disparando la muerte celular programada, un fenómeno que hasta ahora no había sido descripto por ningún otro catalizador. A su vez, se demostró que este efecto se ve potenciado en función del entorno oxidante en el que se encuentran diversas células tumorales, haciendo a los clusters de Ag5 selectivos para la oxidación en dichos tejidos.Esta investigación del INIFTA fue recientemente publicada en la revista Advanced Functional Materials (1), en conjunto con especialistas en distintas disciplinas de España, Italia e Inglaterra.

Matías Kulfas: «La minería ha sido un motor importante de la recuperación económica»

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El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, resaltó este martes que “la minería argentina ha sido un motor importante de la recuperación económica, con una producción en alza y, sobre todo, con nuevos proyectos que se están poniendo en marcha” que tendrán impacto federal en las inversiones, el empleo y las exportaciones.

Durante la celebración del Día de la Industria Minera 2022 organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Kulfas destacó que el sector tiene mucho por aportar al país, al desarrollo local y a la transición a las energías limpias, y aseguró: “Queremos construir colectivamente una minería que sea futuro, que cuide cada vez más el ambiente”. “El sector empezó 2022 con 34.000 puestos de trabajo formales directos, la mayor cifra de la historia reciente del sector minero. Contando los empleos indirectos, estamos hablando de más de 80.000 familias que viven de la minería”, afirmó el ministro en el evento realizado en Parque Norte en el que participaron más de 400 representantes de la cadena de valor del sector. El ministro agregó que “ese dinamismo también tiene impactos claros en el desarrollo federal: 5 de las 10 localidades del país que mayor crecimiento tuvieron en los últimos dos años en materia de creación de empleo formal son localidades mineras. Provincias como Catamarca, San Juan y Santa Cruz, han creado empleo formal muy por encima de la media nacional en los últimos dos años. Es imposible entender eso sin la minería”. Tras su discurso y en diálogo con la prensa, Kulfas se refirió a los planteos que la industria realizó en el evento para apuntalar su actividad, en particular los referidos a las retenciones, el acceso al mercado de divisas, y la disponibilidad para la importación de insumos. «En retenciones estamos en un escenario donde la minería tiene que hacer un aporte como todas las actividades, creo que estamos en un escenario adecuado», consideró Kulfas, tras lo cual agregó que «la presión fiscal que hay en la Argentina es parecida a las de otros países con algunas diferencias, pero estamos en el camino correcto y las problemas lo vamos a resolver con el diálogo y el trabajo conjunto». En el encuentro, estuvieron presentes el presidente de CAEM, Franco Mignacco; el director ejecutivo de la cámara, Luciano Berenstein; el secretario general de Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace; la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila; y el director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), Daniel Schteingart. Mignacco fue el encargado de plantear la posición del sector: «En la industria minera, por sus grandes volúmenes de inversión con largo plazo de recupero, es necesario garantizar un contexto de reglas claras». «Esto significa principalmente respeto por la Ley de Inversiones Mineras y garantía de la estabilidad fiscal. Seguimos planteando que hay que revisar las retenciones, tendiendo a llegar a su eliminación, para equipararnos con el resto de los países mineros con los que competimos, que no tienen este tipo de cargas», agregó. El titular de CAEM también entendió «esencial el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios, revisar los regímenes de devolución del IVA y garantizar las importaciones de los insumos necesarios para la producción y para la construcción de los proyectos». «En Argentina contamos actualmente con 13 yacimientos mineros metalíferos en producción, más de 30 proyectos con recursos identificados y más de 250 prospectos. La puesta en marcha de los proyectos mineros más avanzados impulsará el desarrollo socioeconómico federal y permitiría más que triplicar las exportaciones anuales actuales, llegando a alrededor de U$S 10.000 millones, si se sostienen las condiciones de contexto», reseñó Mignacco. Por su parte, Ávila dijo que “existe la creencia de que la minería deja solo un 3% de sus ganancias en el país, cuando en realidad deja un 80%».

La OMS dice que la política “Cero COVID” de China es “insostenible”

La Organización Mundial de la Salud considera que China debería “transitar a otra estrategia” y lograr un equilibrio entre las medidas de control y los derechos de la población. La OMS espera que la Cumbre Mundial sobre COVID-19 sirva para ampliar la vacunación y los tratamientos y llegar a un acuerdo sobre patentes.

La política de “cero COVID” que están aplicando las autoridades de China ante el último repunte de casos no es sostenible dado los conocimientos actuales sobre el coronavirus, dijo el director de la OMS. “Creemos que no es sostenible si tenemos en cuenta el comportamiento del virus y lo que anticipamos para el futuro”, sostuvo el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus. “Ahora tenemos buen entendimiento del virus y buenas herramientas. Transitar a otra estrategia sería muy importante. Lo hemos hablado con expertos chinos y se lo hemos dicho. En el marco de la política de «cero-C2OVID», grandes áreas de población en China están confinadas para acabar con la propagación del coronavirus, incluso si sólo un pequeño número de personas da positivo. Las medidas en Shanghái han sido especialmente estrictas, y sólo se permite a los residentes salir de los recintos por razones excepcionales, como una emergencia médica. A muchos ni siquiera se les permite salir de la puerta de su casa. El director de emergencias de la Organización, Michael Ryan, dijo que, dado que China ha logrado mantener un número relativamente bajo de fallecidos, con 15.000 muertos durante la pandemia, es entendible que las autoridades quieran controlar los últimos brotes, pero cualquier política debe tener en consideración los derechos humanos. “Siempre hemos dicho como OMS que hay que lograr un equilibrio entre las medidas de control y el impacto que tienen en la sociedad y en la economía, y que no siempre es una ecuación fácil”, subrayó Ryan. La OMS sigue abogando por que todos los países trabajen para conseguir un 70% de vacunación, empezando por inmunizar y reforzar a los más vulnerables.

Comentario de AgendAR:

La nota que antecede ha sido tomada de la página dedicada a la OMS de las Naciones Unidas, como indicamos al pie. Seguramente por casualidad, la CNN distribuye en su newsletter «Meanwhile in China», la siguiente información: «En las últimas semanas, decenas de ciudades de China conti2nental, incluido el centro financiero de Shanghái, han sido bloqueadas mientras las autoridades trabajan para acabar con el coronavirus. Para industrias que van desde Big Tech hasta bienes de consumo, eso está destruyendo tanto la oferta como la demanda, y dando a los ejecutivos otro gran dolor de cabeza. Muchas empresas acababan de acumular millones o miles de millones de dólares en pérdidas debido a la guerra en Ucrania, lo que provocó un éxodo corporativo masivo y costoso de Rusia. La combinación de ambos eventos ha creado un asombroso doblete para las corporaciones multinacionales, como Estée Lauder (EL), que dijo la semana pasada que los «dos vientos en contra significativos» la obligaron a recortar su perspectiva para el año. La crisis es un claro recordatorio de la enorme importancia de China para las empresas globales

El gobierno nacional creó «Nómades Digitales»: una nueva visa, y una nueva categoría de visitantes a atraer

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro; y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens; dieron a conocer la iniciativa «Nómades Digitales», un nuevo tipo de visado que incluye un programa de beneficios para atraer a extranjeros y generar un impacto económico positivo en el ingreso de divisas.

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La iniciativa apunta a visitantes del exterior que desempeñan tareas laborales de manera remota y que, según los datos, se quedan más tiempo y consumen más que otras otras categorías de turistas que llegan al país.
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Acompañado por la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, De Pedro señaló que la pandemia de coronavirus posibilitó analizar «las trasformaciones a nivel mundial, no solo en el mercado laboral, sino también los modos de ir captando esa fuerza de trabajo que circula a nivel mundial».
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Según estimaciones oficiales, son más de 35 millones los «nómades digitales» que viajan de país en país mientras continúan trabajando a distancia. Con un rango de edades entre los 20 y los 40 años, la mayoría de ellos cuenta con título universitario.
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«Confiamos en que la economía de la Argentina se pude seguir potenciando con un turismo receptivo y con políticas como la del PreViaje, que fomenta el turismo interno», dijo De Pedro.
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Lammens recordó que «Argentina es el país que más turistas de Sudamérica recibe» y que ahora también está la «gran oportunidad de convertirla en una opción para quienes trabajan en forma remota».
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Entre los beneficios anunciados se destaca una visa, que otorgará un plazo de 180 días prorrogables por única vez, término idéntico al de la residencia transitoria, que brinda la posibilidad de prestar servicios en forma remota a favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior.
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Según explicó Carignano en diálogo con la prensa, se podrá aplicar a la visa concurriendo los consulados argentinos en el exterior o a través del sitio web de Migraciones.
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El interesado «va a tener que tener el pasaporte al día, siempre aclarando que es para personas que no necesiten visa para entrar a la Argentina, que son la mayoría de los países. Va a necesitar demostrar que está trabajando con el aval de un empleador, presentar un currículum y va a tener que pagar una visa de 200 dólares», dijo Carignano.
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Aerolíneas Argentinas se sumará a esta iniciativa con tarifas especiales para este tipo de turistas.
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El Gobierno adelanta a junio los aumentos del Salario Mínimo: será de $ 45.540. Suben 15% las jubilaciones de ANSES y asignaciones por hijo

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El gobierno dispuso el adelanto de dos cuotas del salario mínimo. SE condensa el impacto del aumento que restaba por este año en junio y agosto, cuando completará el 45% pactado en marzo y el piso formal de ingresos pasará a ser de 47.850 pesos.

El gabinete económico hizo ayer el anuncio junto con la CGT, adelántanose al proyecto de ley presentado por el diputado s en ese mismo sentido. Los funcionarios confirmaron, además, que en las próximas semanas se definirá una nueva convocatoria del Consejo del Salario para revisar hacia arriba el ajuste por este año y arrimarlo al 60% de las últimas paritarias cerradas. Mediante una resolución que firmó el ministro de Trabajo Moroni, los cuatro tramos en que había sido dividido el 45% de aumento de este año del salario mínimo quedaron reducidos a tres: uno, de 18%, que ya se abonó en abril, en tanto que los dos restantes (de 10% cada uno) pautados para junio y agosto se pagarán juntos con los sueldos del mes que viene y el último, de 7%, previsto para diciembre, se adelantará a agosto. Según la CGT el mecanismo asegurará que el sueldo mínimo le ganará a la inflación al menos hasta ese mes. Con ese esquema el piso actual, de 38.940 pesos, pasará a ser de $ 45.540 desde junio (227,10 pesos el valor de la hora para trabajadores jornalizados) y de $ 47.850 en agosto ($ 239,30 la hora). De igual modo quedarán modificados los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo: $ 12.650 y $ 21.083, respectivamente, a partir del 1 de junio. Y $ 13.292 y $ 22.153, respectivamente, desde el 1 de agosto. En igual proporción que el salario mínimo subirán los programas sociales Potenciar Trabajo y Acompañar. En el gabinete económico ratificaron que está en preparación un paso extra: una nueva convocatoria al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir una suba adicional a la pactada en marzo con centrales sindicales y cámaras patronales. La misma mecánica (adelantamiento de cuotas y convocatoria a un segundo aumento anual) se produjo en 2021 aunque entonces la inflación no se había espiralizado en la cuantía de los primeros meses de este año y tampoco se había desatado de forma tan abierta la interna dentro del Frente de Todos. Los funcionarios admiten que en una nueva discusión el salario mínimo deberá alcanzar el 60% de suba plasmado en las últimas paritarias como las de Bancarios y Gastronómicos. En ese caso el sueldo mínimo treparía este año a cerca de 53 mil pesos. Si bien permanece muy lejos de la canasta de pobreza, que mide para una familia tipo casi 90 mil pesos, en Gobierno destacan que la ley de Contrato de Trabajo establece que el salario mínimo debe cubrir los requerimientos de un trabajador “sin carga de familia”.

También aumentan las prestaciones de la ANSES

Las jubilaciones y pensiones del sistema gestionado por la Anses, las prestaciones no contributivas y las asignaciones por hijo (tanto la AUH como los pagos que reciben los trabajadores registrados, asalariados y monotributistas) aumentarán 15% en junio. El Indec dio a conocer ayer su informe sobre variación salarial, con el índice de marzo de este año: ese era el último dato que faltaba entre los componentes de la fórmula que determina el porcentaje de suba trimestral de los ingresos. El aumento se da en cumplimiento de lo establecido por la ley de movilidad jubilatoria, que dispone que debe haber recomposiciones en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. La primera suba de 2022 había sido de 12,28%, casi cuatro puntos por debajo de la inflación del primer trimestre del año, que resultó de 16,1%. Para el período de abril a junio, las proyecciones de alza de precios indican que podría ser de alrededor de 15%. El aumento acumulado de las jubilaciones en la primera mitad del año resulta, en tanto, de 29,12%. Con la nueva suba, que se aplicará para todos los niveles de ingresos, el haber mínimo pasará de $ 32.630,40 a $ 37.524,96 y el máximo, de $ 219.571,69 a $ 252.507. Las pensiones no contributivas (PNC) que equivalen al 70% de la mínima se ubicarán en $ 26.267, en tanto que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $ 30.020. La Asignación Universal por Hijo pasará de $ 6375 a $ 7332. Los nuevos valores regirán entre los meses de junio y agosto, mientras que en septiembre deberá haber una nueva actualización. El incremento alcanzará a casi 5,64 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo (que cobran casi 6,85 millones de prestaciones, porque hay personas que perciben dos beneficios), 1,75 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas (incluyendo la PUAM), 4,4 millones de chicos por los que se percibe la AUH y 4,14 millones de chicos por los que se cobra la asignación por hijo del sistema formal. En total, son poco más de 17 millones de prestaciones, cobradas por casi 16 millones de personas, según datos estadísticos de la Secretaría de Seguridad Social, a marzo de este año. La fórmula de movilidad vigente está incluida en la ley 27.609, aprobada por ley en diciembre de 2020, luego de año en el que no rigió ningún mecanismo automático de actualizaciones y en el que las subas se dieron de manera discrecional y por decretos del Poder Ejecutivo. En el cálculo intervienen la variación interanual que tuvo en un trimestre la recaudación de los impuestos con los que se financia en parte el pago de las prestaciones de la seguridad social, medida por beneficiarios, y la evolución trimestral de los salarios según uno de dos índices oficiales (se elige el que haya tenido la mayor suba). Para calcular el reajuste de junio se considera lo ocurrido en el primer trimestre, en este caso, de 2021. Los índices de ingresos laborales que se observan son la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es una referencia de la economía formal, y el índice de salarios del Indec, que contempla a una población más amplia. Entre enero y marzo pasados el Ripte tuvo una variación de 18,2%, más elevada que la registrada por la variable informada hoy por el instituto oficial de estadística (por esta razón, se consideró el primero de los indicadores). A diferencia de la fórmula anterior, que era simple de calcular a partir de datos publicados con regularidad, la actual modalidad de actualizaciones, al involucrar la recaudación de una parte de los recursos del Estado medida en función del número de beneficiarios y, además, un tope a las subas (cuya aplicación se evalúa en cada diciembre), es más compleja. La propia ley delegó en normativas de rango inferior la elaboración de aclaraciones respecto de cómo hacer el cálculo bajo determinados supuestos; por ejemplo, en caso de que se aprueben modificaciones en la estructura tributaria que hagan que no sea comparable de manera homogénea la recaudación de un período con la de otro. Aumentan los aportes El índice de movilidad, además de usarse para actualizar los ingresos, se aplica para actualizar trimestralmente los aportes previsionales de los autónomos y también, en el caso de los empleados bajo relación de dependencia, las remuneraciones mínima y máxima para calcular los descuentos con destino al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI. Al aplicarse entonces una suba de 15%, los trabajadores autónomos de las categorías I y II deberán pagar aproximadamente $6740 y $9436 en cada caso (las cifras son estimaciones propias y no fueron aún oficializadas). Y el salario más alto para estimar el 17% que se descuenta para los aportes a la seguridad social rondará los $410.742. Esto último significa que quienes tengan remuneraciones de ese monto o más elevadas, tendrán un descuento mensual de $69.826. En 2021, primer año de su aplicación, la fórmula de movilidad determinó aumentos de 8,07% (marzo), 12,12% (junio), 12,39% (septiembre) y 12,11% (diciembre). El alza acumulada fue de 52,67%, casi dos puntos por arriba de la inflación, que fue de 50,9% ese año. Eso no compensó, sin embargo, el efecto del ajuste hecho en 2020, un año en el cual las jubilaciones recibieron aumentos de entre 24,3% y 35,3%, en lugar del 42,1% que hubiera correspondido por la fórmula que para ese período estuvo suspendida.

CANSAT: la CONAE, la NASA, ESA, impulsan una competencia espacial para alumnos del secundario

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  • CANSAT es una competencia internacional impulsada por varias agencias espaciales del mundo -entre ellas, la NASA de Estados Unidos y la ESA de Europa. En nuestro país la organizan el Ministerio de Ciencia y la CONAE.

  • Propone a estudiantes de escuelas secundarias construir una carga útil del tamaño de una lata de gaseosa («can») y lanzarla en un cohete hasta una altitud de aproximadamente un kilómetro.

  • Está abierta la inscripción hasta el 31 de mayo.

En línea con el Plan Nacional Espacial, que tiene entre sus prioridades realizar actividades de educación y formación, CANSAT Argentina se propone reproducir a escala el proceso por el cual se diseña, construye, prueba, lanza y opera un dispositivo similar a un satélite. Esta será la primera edición nacional que organiza la agencia espacial argentina. Pueden participar alumnas y alumnos de colegios secundarios de todo el país, de 13 a 18 años y no es necesario tener conocimientos previos para inscribirse, ya que se brindará una capacitación destinada a docentes y estudiantes que concursen. Esta les permitirá acceder a los conocimientos, las herramientas y los materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. «Nos llena de orgullo llevar adelante en el país la iniciativa CANSAT, que propone despertar vocaciones tempranas científico-tecnológicas al democratizar el acceso a la información satelital» afirmó el ministro Daniel Filmus. “Estamos muy entusiasmados con esta primera edición de CANSAT en Argentina, reforzando las actividades que llevamos a cabo en CONAE, de acercamiento de la actividad espacial a los más jóvenes, tal como venimos haciendo desde hace varios años con nuestro Programa 2Mp (Dos Millones de Pibes)” dijo Raúl Kulichevsky, Director Ejecutivo y Técnico de la CONAE.

Cómo participar:

Cada grupo de estudiantes deberá conformarse como un equipo de misión espacial, con el objetivo de desarrollar un “CANSAT”. Los equipos supervisados por un/a docente, competirán para avanzar en las distintas etapas y deberán ir entregando pruebas para dar cuenta del desarrollo de sus respectivas cargas útiles. Superada una última etapa de validación se seleccionará a los equipos finalistas de la convocatoria, que tendrán la oportunidad de participar en la campaña de lanzamiento de sus CANSAT y realizar las misiones que diseñaron, con la asistencia de profesionales de la CONAE.  

Para inscripciones consultá los requisitos acá: CANSAT Argentina

Para más información, bases y condiciones visitá: CANSAT

Consultas e informes: [email protected]

Se realizó la primera audiencia pública para debatir los aumentos de tarifas del gas

En la primera de las tres audiencias públicas de esta semana, previas a aumentar las tarifas de electricidad y gas, un tema clave en el acuerdo del gobierno con el FMI y que provoca diferencias internas en el oficialismo, no estuvieron presentes el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el interventor del Enargas, Federico Bernal, ni el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La audiencia pública que sirvió para que el gobierno nacional explicite cómo evolucionará el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) a partir de junio, se realizó ayer martes a la mañana. El dato más significativo fue la ausencia de los principales referentes políticos del área energética del gobierno. Por eso, la audiencia fue llevada adelante por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, pero ni su jefe directo, el secretario de Energía, Darío Martínez, ni ningún otro funcionario de ese nivel o superior. La audiencia tuvo 39 expositores y los principales oradores fueron miembros de las asociaciones de consumidores y los referentes municipales, que rechazaron la próxima suba de tarifas propuesta por el gobierno, como el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. En su participación sobre las tarifas señaló que “no es un momento oportuno para más aumentos. Los sectores más desprotegidos no podrían resistirlo ni tampoco los sectores medios. Resulta necesario postergar los aumentos tarifarios porque tendría secuelas duras en los postergados, los trabajadores, las pymes y las entidades de bien público”.

Tarifa social y sectores medios

La subsecretaria de Hidrocarburos explicó en la introducción que realizó en el inicio de la audiencia que los beneficiarios de la tarifa social “tendrán un cero por ciento de incremento en las facturas”, y para los usuarios sin tarifa social “el aumento será del orden del 20 por ciento«. Maggie Videla Oporto explicó cuánto pagará en las tarifas finales un usuario residencial promedio sin tarifa social (R31) de distintas zonas del país, según sus últimas facturas. Con este aumento propuesto por el gobierno, un usuario residencial promedio de la zona centro del país que recibió una factura de gas sin impuestos de $ 2.029 pasará a pagar a partir del 1° de junio $ 2.393 (una diferencia de $ 364) En la zona centro este del país, una factura de $ 2.008 pasará a $ 2.378 ($ 370). Para un usuario residencial del noroeste, sin tarifa social, que recibió en marzo una factura de $ 1.151, este monto se le elevará a $ 1.402 ($ 251) y para un usuario del sur del país, que hoy abona $ 2.112 $, su factura se elevará a $ 2.651 ($ 539).

Otras voces

Por su parte, Daniel Martini, director ejecutivo de ADIGAS (Asociación de Distribuidores de Gas), indicó que “las distribuidoras son las responsables últimas de garantizar la calidad, seguridad y el derecho de accesibilidad al servicio público, por esos debe garantizarse que la segmentación tarifaria, siendo una prerrogativa del Estado, no las perjudique con su implementación. Por ejemplo, estableciendo el pago a los productores a través de declaraciones juradas que relacionen volúmenes de gas PIST con su precio, asegurando así el derecho contractual de las distribuidoras a la neutralidad económica”. En tanto, la única voz del espacio opositor de Juntos por el Cambio fue la de la diputada nacional por Mendoza, Jimena Latorre, que señaló: “repiten como un mantra que ‘no van a permitir que las tarifas crezcan por encima de los salarios’. Las tarifas que pagan los usuarios crecen por debajo de los salarios, pero el problema es que los salarios siguen muy por detrás de la inflación mientras los costos de la energía se incrementan”.

«Dimos un paso histórico para que en Argentina el cannabis medicinal sea de calidad, legal y accesible»

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  • La investigadora del CONICET Silvia Kochen habla de las implicancias del marco regulatorio establecido por la ley nacional.

La Cámara de Diputados aprobó el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que ya tenía media sanción del Senado. De esta manera, quedó creada la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Este organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, y tendrá como función regular –entre otras– la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales. Este marco regulatorio era una de las cuentas pendientes que la Red de Cannabis Medicinal (RACME) del CONICET venía señalando en cada uno de sus plenarios, que se celebran desde fines de 2019 y tienen como fin trabajar en torno a todas las cuestiones concernientes a los usos científicos del cannabis medicinal. La RACME fue parte, incluso, del proceso de elaboración de esta nueva ley, impulsada en junio de 2020 por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en un acto en cuya presentación estuvo presente la presidenta del CONICET Ana Franchi. “Estamos muy contentos con esta ley que se acaba de sancionar, porque es una manera de complementar la ley que tenemos vigente hoy, que ha dejado un montón de espacios sin resolver. En el pasado teníamos situaciones que nos dejaban casi en una condición de ilegalidad en torno a la planta, pero creemos que esta ley va a permitir que comiencen a resolverse”, explica la investigadora Silvia Kochen, coordinadora de la RACME, un espacio conformado por científicos y científicas, funcionarios, funcionarias y miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabaja en comisiones para materializar avances en torno a todos los temas relevantes atinentes al cannabis medicinal y la Ley 27.350 que regula su uso en Argentina. “La RACME estuvo trabajando mucho en el contenido de esta ley”, señala Kochen, quien de hecho participó de la discusión en torno a la reglamentación que se celebró el año pasado en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación.  
El desafío nuestro es cómo logramos la calidad, la legalidad y además la accesibilidad al cannabis medicinal
Para Kochen, la sanción de esta ley significa que “quienes trabajamos en torno al cannabis medicinal al fin vamos a comenzar a estar en una situación diferente. Aunque todavía tenemos un gran trabajo aun por hacer con grandes desafíos, para no repetir experiencias malas de otros países: en Estados Unidos, por ejemplo, en los estados donde es legal el uso del cannabis, los precios del cannabis son elevadísimos. Es decir que la gente tiene libertad para usar cannabis, pero solo acceden quienes tienen mucho dinero. El desafío nuestro es cómo logramos la calidad, la legalidad y además la accesibilidad al cannabis medicinal”, asegura Kochen. Por último, la investigadora vislumbra que “esta nueva reglamentación va a generar nuevos horizontes para iniciar investigaciones que demuestren la seguridad y la evidencia en distintas patologías, hacer investigaciones en modelos experimentales, avanzar en las genéticas de la planta con las particularidades de nuestro país y consolidar la producción, tanto en el caso de las ONG, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, como en los grandes laboratorios farmacéuticos”. Cabe destacar que, según los fundamentos de la ley aprobada, “la ARICCAME tendrá a su cargo la regulación y fiscalización de la actividad productiva de la industria del cannabis, su comercialización y distribución, para uso medicinal e industrial en el territorio nacional, en todo lo referente al registro, control y trazabilidad de semillas, insumos críticos y productos derivados del cannabis, en el marco de un proceso industrial debidamente autorizado y habilitado en los términos de la ley vigente y la reglamentación”. En la ARICCAME participará CONICET. Asimismo, la ley sancionada contempla la creación del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Crearán en la Patagonia una Mesa Integral del Hidrógeno para desarrollar este negocio

En la última sesión del Parlamento Patagónico, los legisladores aprobaron crear una Mesa Integral del Hidrógeno que permita debatir y formular políticas conjuntas, para promover la investigación, desarrollo, uso y aprovechamiento del hidrógeno en la Patagonia.

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El proyecto fue debatido en las comisiones y contó con la adhesión de todos los legisladores. “El hidrógeno es el futuro de la energía, especialmente para la Patagonia. Las distintas provincias están teniendo sus iniciativas y Santa cruz tiene una planta que data del 2010. Es una de las primeras de la Patagonia y hace poco sabemos todo el desarrollo que tuvo Río Negro con esta iniciativa”, sostuvo Gabriel Oliva, diputado provincial de Santa Cruz.
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“El hidrógeno está destinado a ser la descarbonización de la economía y parte de la transición energética. Argentina se ha prometido reducir 27% las emisiones de carbono para el 2030 y ser neutrales de carbono para el 2050. El mundo está buscando estas fuentes energéticas que no impliquen gases de efecto invernadero. Tenemos mucho para cooperar en cuestiones estratégicas por lo que todas las provincias deberían tener un proyecto en común y colaborar en lo tecnológico en lo científico y también en lo normativo porque todo esto requiere de discusiones y como se van a utilizar cómo se van a usar nuestros recursos. Es una oportunidad para que la región se de una estrategia importante”, destacó.
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Asimismo, la legisladora provincial de Río Negro, Adriana del Agua, aseveró que las provincias tienen recursos naturales que ayudan a la producción de hidrógeno y resaltó las cualidades del proyecto de Fortescue. “Las tierras van a ser concesionadas, no van a ser cedidas, y tendrán un órgano de control que estará integrado con Sierra Grande. Todos los bloques votaron a favor y eso quiere decir que, más allá de las posiciones ideológicas que tenemos, nos podemos poner de acuerdo pensando en el futuro para mitigar el cambio climático y que todos podamos vivir mejor”, subrayó y propuso que cada provincia pueda conformar una mesa de trabajo.
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Asimismo, ponderó que la inversión que realizará Fortescue es comparable con las inversiones que recibe Vaca Muerta. “Hay que utilizar la experiencia de Río Negro donde se van a generar 15 mil empleos de forma directa y 45 mil de forma indirecta. Eso es lo que va a cambiar a la Patagonia y tenemos que pensar en una educación que enriquezca a la producción y a la industria que nos va a permitir ser un poco más competitivos con los demás países”, consideró.

Se mueve el Congreso Nacional: ampliar el «Compre Argentino»; Salario Básico Universal; y vuelve ENARSA

Parece que el debate «caliente» en el seno del Frente de Todos ha dinamizado al oficialismo. En el Congreso Nacional se empiezan a debatir tres proyectos importantes para la economía y la sociedad. Cada uno merece, y tendrá, análisis por separado, pero que se planteen ahora es una noticia en sí misma.

Hoy, martes 10 de mayo, un plenario de las comisiones de Industria, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados intentará avanzar con la modificación del “Compre Argentino”. La iniciativa, que apunta a mejorar los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas, es mirada con desconfianza desde algunos sectores de la oposición poniendo su mira en los potenciales beneficios. El régimen actual contempla márgenes, para bienes de origen nacional, de 15% a favor de MiPyMEs y 8% para grandes empresas. En competencia con productos no nacionales, para bienes con menor grado de integración, hay desde un 1% hasta un máximo de 8%. Con el proyecto que plantea el oficialismo se intentará que las MiPyMEs pasen de 15% a 20%, mientras que para el resto se subirá de 8% a 15%. Para el caso de competencia con bienes no nacionales, se eleva el margen de preferencia de 1,5% hasta un máximo de 12%. Una iniciativa del Poder Ejecutivo establece un margen adicional de 3% para empresas con composición mayoritaria de mujeres u otras identidades no binarias (en capital social y puestos jerárquicos y en el plantel general de la misma), según un informe que fue enviado a los diputados del oficialismo. Un aspecto importante es que el proyecto incluye al PAMI como sujeto explícito de la ley por tres motivos: “cumple un ‘rol clave’ para promover la industria farmacéutica nacional y de equipamiento médico (sectores estratégicos y de alto contenido tecnológico)”; “su patrimonio se encuentra conformado, entre otros aportes, por fondos del Tesoro Nacional”; y “es la obra social más grande del país y nuclea una población altamente sensible como lo son los beneficiarios del régimen nacional de previsión”. Otras finalidades del proyecto hablan de “garantizar el acceso a la información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local”, “mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas”, “promover la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes”, “fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales”, y “crear incentivos a la contratación de bienes y servicios para el desarrollo de productos innovadores”. La iniciativa es impulsada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

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Casi simultáneamente, sectores del Frente de Todos críticos de la gestión actual presentarán en Diputados un proyecto para establecer un Salario Básico Universal (SBU) y así “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina en la pospandemia”. El texto será explicado por los diputados Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli -vinculados a Juan Grabois. Define al SBU “como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”. De acuerdo a la iniciativa, el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”. Es muy poco probable que este proyecto avance rápidamente. Pero plantea un debate pendiente en el seno de la sociedad.

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Mientras tanto, en el Senado: Mientras se espera la convocatoria a la sesión de pasado mañana para votar el proyecto que establece un gravamen sobre fondos enviados al exterior y no declarados -que al mismo tiempo, afirma la oposición, los «blanquea»- para pagar la deuda con el FMI, la comisión de Energía analizará un proyecto impulsado por Oscar Parrilli para que la denominación social de la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) pase a llamarse Energía Argentina Sociedad Anónima, es decir, la vieja ENARSA. “Por medio del decreto 882/17 se resolvió fusionar a ENARSA con EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A), sustraerla de todos sus activos estratégicos mediante su privatización y venta espuria, así como modificar la denominación social. Estas acciones expresaban un nuevo ciclo de desindustrialización, extranjerización de la economía y la vuelta a la utilización de la energía como herramienta de negocios, de ajuste y de empobrecimiento ciudadano”, argumenta Parrilli. El senador también manifiesta que “el nuevo gobierno que asumió en 2019 ha decidido elevar la política energética como instrumento de desarrollo social y económico, para lo cual es imprescindible retomar la línea programática original de ENARSA, y adecuarla a las necesidades actuales y futuras del sector energético”. Y agrega: “Por ello en primer lugar, resulta de gran importancia la recuperación simbólica del nombre original de ENARSA, ya que traduce la esencia y finalidad de la compañía, continuando y profundizando el camino iniciado por Néstor Carlos Kirchner en 2004”. El objetivo que se propone es que la compañía se involucre en la explotación del litio, el hidrógeno, los desarrollos hidroeléctricos y todo tipo de proyectos con energías renovables.

La «transición energética» ¿puede volverse una oportunidad para el desarrollo?

Desde el 24 de febrero en adelante, la guerra en Ucrania ha puesto en un segundo plano de la atención global, las preocupaciones sobre el clima, el ambiente y la biodiversidad. Pero sería un error olvidarlas, por varios motivos. En 1er. término, porque nuestro país se ha comprometido a llevar adelante la «descarbonización», y como exportador de commodities que somos, debemos prever que nuestros clientes pueden exigirnos que cumplamos con esos compromisos. Algunos ya lo hacen. También, porque buena parte del desarrollo tecnológico actual incorpora esa realidad, y no nos conviene quedar afuera de esos desarrollos. Pero el motivo principal es que las amenazas al ambiente, y a la vida humana, son reales. Por eso es necesaria encarar el debate quienes están comprometidos con el tema, para evitar que preocupaciones legítimas sean usadas para impedir nuestro desarrollo. Nadia Luna, de la agencia TSS de la UNSAM hizo un reportaje con motivo del Día de la Tierra a la economista Ana Julia Aneise, investigadora en la organización Fundar e integrante de Jóvenes por el Clima. Lo reproducimos:

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“Los cambios tecnológicos que introduce la transición energética suponen oportunidades para el desarrollo productivo de la Argentina, sobre todo porque además de tener importantes recursos eólicos y solares, también tenemos un sistema de ciencia y técnica muy fortalecido”.

¿Por qué es importante –y urgente- que la Argentina realice una transición energética?  Es importante porque sabemos que la principal causa del cambio climático son los gases de efecto invernadero que provienen de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, la urgencia es más global que local. La Argentina supone entre un 0,7 y un 0,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Por lo tanto, por más que hagamos la transición energética a fuentes renovables o fuentes bajas en carbono, el futuro del cambio climático está sujeto a lo que pase con los principales países emisores, como Estados Unidos, China, India, Rusia y los países europeos. Entonces, sí, es importante, pero hay que poner en perspectiva que nuestro país no es definitorio en términos del futuro ambiental del planeta. En términos económicos, sabemos que van a crecer las imposiciones a los países cuyos productos tengan una huella de carbono alta. Por ejemplo, si producís usando combustibles fósiles, para trasladar tus bienes a través de camiones o al tener fábricas que usan combustibles fósiles, que es el caso de la Argentina, se pueden empezar a cobrar impuestos según esa huella de carbono. Esto es algo que ya va a empezar a incorporarse en Europa a partir de 2023 y tiene que ver con lo que se llama competitividad climática de las exportaciones. Por otro lado, también hay fondos de inversión que empiezan a decir que no van a apostar por negocios petroleros o que no van a invertir en países que no tengan ciertos compromisos climáticos. Entonces, económicamente, el mundo se va a empezar a cerrar con criterios ambientales. Más allá de tratar de aumentar la proporción de fuentes renovables en su matriz energética, ¿qué dimensiones debe tener en cuenta un país como la Argentina al encarar una transición?  Para pensar esto, resulta útil el concepto de “trilema energético”, elaborado por el Consejo Mundial de Energía, que hace referencia a tres pilares que deben permanecer equilibrados: seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad ambiental. La seguridad energética tiene que ver con la gestión eficaz del suministro de energía, la fiabilidad de la infraestructura y la capacidad de satisfacer la demanda energética actual y futura. En tanto, la equidad refiere a la accesibilidad a un precio justo para toda la población. Y la sostenibilidad ambiental implica la eficiencia energética y el desarrollo del suministro de energía a partir de fuentes renovables y bajas en carbono. En un informe reciente, la Secretaría de Energía argentina señala que en nuestro país se debería agregar una cuarta dimensión: el desarrollo tecnoindustrial, que tiene que ver con crear y ampliar las capacidades tecnológicas e industriales vinculadas con las energías renovables. Este “equilibrio cuadrado” conlleva un costo y un importante requerimiento de divisas. Aunque el monto dependerá del “mix energético” elegido y de los instrumentos adoptados, los cálculos de la Secretaría de Energía para sus escenarios “REN 20” y “REN 30” (una participación del 20 y 30% de renovables en la matriz eléctrica hacia 2030) estiman que sólo la inversión en nueva potencia eléctrica ascendería a entre 10.000 y 14.000 millones de dólares. A eso hay que sumarle otros costos, como el de la cuarta central nuclear que comenzaría a funcionar en 2031, las inversiones en transporte eléctrico, las inversiones en litio e hidrógeno, entre otras.
Un mayor porcentaje de fuentes renovables y no contaminantes en la matriz energética permitiría que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.
Si bien requiere grandes montos, invertir en el desarrollo tecnológico y en la producción de energías renovables podría ser una buena palanca para el desarrollo económico del país, ¿no? Sí, la idea es procurar que sea una palanca para el desarrollo en términos de innovación, encadenamientos productivos, generación de empleo y exportaciones. Para eso, es importante tratar de maximizar el componente en pesos de esta inversión, conseguir financiamiento a tasas accesibles y movilizar el ahorro nacional detrás de este proyecto. La clave para compatibilizar la necesidad de divisas de corto plazo con los objetivos de la transición energética en el mediano y largo plazo será, en última instancia, el ritmo y velocidad que adopte la transición. Esto requerirá una planificación mínimamente consensuada entre las dos principales coaliciones políticas, información transparente de cara a la sociedad y mucha participación pública para dotar de legitimidad a los proyectos. ¿Qué oportunidades representa la transición energética para países desarrollados?  Las economías centrales conciben a la crisis ambiental como una oportunidad para impulsar una transferencia masiva de tecnología a los demás países. Es decir, adoptan la catástrofe climática como un gran catalizador de negocios. Con frecuencia, atan el financiamiento de proyectos de energías renovables a la adquisición de su tecnología por parte del país que recibe el préstamo. Esto, sumado a las crecientes barreras comerciales con criterios ambientales, los condicionamientos crediticios basados en el cumplimiento de compromisos climáticos y las exiguas transferencias financieras completan un cuadro en el que los esfuerzos hacia la reducción de emisiones están signados por la competencia en lugar de la cooperación. ¿Y qué oportunidades representa este escenario para países semiperiféricos como la Argentina? ¿Disponemos de capacidades instaladas y tecnologías propias para producir y distribuir renovables? Los cambios tecnológicos que introduce este ciclo de transformación que es la transición energética suponen oportunidades para el desarrollo productivo, sobre todo porque además de tener importantes recursos eólicos y solares, también tenemos un sistema de ciencia y técnica muy fortalecido. También tenemos empresas en el sector, como IMPSA o INVAP, que si bien han sufrido muchas idas y vueltas a lo largo de la historia, tienen la potencialidad de, con una buena política de desarrollo productivo, generar un desarrollo que les permita hacer crecer su participación en una potencial matriz exportadora en la que empiece a tener más peso el sector energético. De todas maneras, en la Argentina hay un punto importante que es que tenemos la segunda reserva de gas natural no convencional y la tercera de petróleo no convencional en el mundo. Entonces, ahí hay un incentivo enorme a hacer una explotación de esos recursos, sobre todo por el potencial económico que tienen para resolver la restricción externa en nuestro país, que es un tema muy recurrente. Frente a eso, creo que tenemos una dicotomía ambiente-desarrollo bien clara. Si bien a nivel global muchas veces esa dicotomía no existe porque los costos de mitigar el cambio climático son menores que los costos que vamos a tener que afrontar si se producen las peores consecuencias del cambio climático, a nivel local esa dicotomía sí existe y el caso de Vaca Muerta es un claro ejemplo donde no tenemos todavía claro cómo vamos a reemplazar esos recursos por fuentes renovables, sin que eso implique la importación de tecnología en el corto plazo. Por eso, cuestiono un poco lo de la palabra “urgente”. Para mí, el ritmo tiene que ser lento. Es un proceso complejo, no lineal, que se tiene que dar de forma progresiva, teniendo en cuenta el escalamiento de capacidades nacionales y de empresas locales, que es lo que el programa RenovAr no tuvo tan en cuenta y fue uno de sus defectos. ¿Qué rol debería jugar el gas natural en la transición energética en nuestro país? En nuestro país, el gas natural tiene una parte importante de la matriz energética y eso es positivo porque nuestro porcentaje de carbón es muy poco significativo. Así que en ese sentido el gas está siendo un combustible de transición. Creo que lo que se pone en juego es cuál va a ser la proyección del gas en relación a nuestras exportaciones, si efectivamente se va a invertir en una planta de licuefacción que permita exportar GNL al exterior o si va a ser para consumo interno. En el segundo caso, no creo que podamos hacer una utilización de todas las reservas de gas, o sí, pero a lo largo de mucho tiempo. Son diversas posibilidades que están abiertas. Pero creo que en la Argentina no se pone tanto en cuestión si el gas es un combustible de transición o no a nivel local, sino que hoy está más la discusión sobre si lo vamos a exportar o no, dada la potencialidad de Vaca Muerta.
El pasado 22 de abril, en el Día de la Tierra, se realizó en Buenos Aires y en diversas partes del mundo la Marcha Global por el Clima.
¿Qué tipo de políticas se podrían impulsar para aprovechar las oportunidades económicas, ambientales y sociales que brinda la transición energética?  El anuncio de inversión en hidrógeno verde de Fortescue (empresa australiana) sería una buena oportunidad para generar contratos que requieran que la infraestructura para la producción de hidrógeno verde tenga que tener un cierto porcentaje de componentes nacionales. Entonces, ahí se puede traccionar para que IMPSA u otras empresas que tengan capacidad de escalamiento puedan crecer. Es atar la inversión a esos requerimientos, que es algo que se suele hacer en muchos sectores. Después, hay una política que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo en relación a calefones solares, que creo que es muy promisoria porque no tiene un gran requerimiento de divisas e implica el acceso a un servicio más eficiente y más barato para muchas personas que no tienen acceso a la red de gas. Hay muchos ejemplos de políticas que se pueden implementar. Creo que lo fundamental es establecer cuál es el ritmo de transición que se quiere llevar adelante, en qué etapas, cuánto va a ser el componente nacional en energías renovables que se va a incorporar a la matriz e ir acompañando el camino con las inversiones necesarias. También se necesitan redes de alta tensión que trasladen la electricidad desde donde se produce, que en el caso de las energías renovables muchas veces son puntos lejanos del país. Esa es una infraestructura que también implica grandes inversiones. También se puede pensar en una adjudicación específica de fondos, por ejemplo, destinando parte de las regalías petroleras de los proyectos offshore a financiar la transición energética. ¿Cómo se puede incorporar de forma más activa a la sociedad –y a sus necesidades– en este proceso de transición energética? Creo que la incorporación de la sociedad tiene que ver con esta discusión crezca y que tenga mayor anclaje. En ese sentido, la marcha del 22 de abril fue una demostración de que eso está sucediendo porque una de sus principales consignas fue que haya una transición energética justa. También hay políticas que acompañan a los consumidores que quieren empezar a hacer una incorporación de renovables, como la Ley de Generación Distribuida. Pero esto también enfrenta dificultades porque para amortizar las inversiones que hay que hacer, por ejemplo, en paneles solares, se necesita un determinado precio de la energía que hoy en día, con los subsidios, por ahí no genera una cuenta muy conveniente. Por eso, las decisiones a nivel individual hoy tienen más que ver con elegir otras formas de consumo, como usar el transporte público y la bicicleta, o comprar electrodomésticos con eficiencia energética, que con la incorporación de renovables en nuestro día a día que, por ahora, es algo un poco más complejo.

55 años del primer bypass, la técnica desarrollada por René Favaloro

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A 55 años del primer bypass, la técnica desarrollada por el doctor argentino René Favaloro sigue vigente y salvando incontables vidas. Cambió la historia de la enfermedad coronaria, uno de las principales causas de muerte en la sociedad actual.

El 9 de mayo de 1967, en la ciudad estadounidense de Cleveland, una mujer de 51 años era operada por el emblemático cardiólogo aplicando, por primera vez, una técnica que revolucionó la cirugía cardiovascular: el bypass aortocoronario, luego considerado uno de los «400 inventos más importantes de la historia de la humanidad» en la plataforma cultural de Google. «El bypass cambió la historia de la enfermedad coronaria, mejorando la calidad de vida de los pacientes de esta patología, que es uno de los principales flagelos que tenemos los seres humanos», expresó el jefe de Cirugía Cardiovascular y Torácica de la Fundación Favaloro, Alejandro Bertolotti, ex alumno y colega del reconocido doctor. «Tuvo un impacto inconmensurable en la medicina, realmente ha salvado incontables vidas afectadas por enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de mortalidad en Argentina y el mundo«, añadió el cardiólogo. Por su parte, la presidenta de la fundación y sobrina del doctor, Liliana Favaloro, recordó que, en la década del 60, los pacientes «se morían por la enfermedad coronaria» dados los «mínimos recursos terapéuticos» de los que se disponía. En ese contexto, el desarrollo de la cirugía de bypass coronario «disminuyó la muerte y mejoró la expectativa y calidad de vida de los pacientes», aseguró la cardióloga, quien consideró esta técnica como «un antes y un después» en el tratamiento de la enfermedad. «Aún más: generosamente, Favaloro no dudó en poner a disposición su técnica para que todos los cirujanos del mundo la usaran», manifestó Bertolotti acerca del doctor, para quien la tecnología y los avances «sólo tenían sentido cuando llegaban a todos». Agregamos desde AgendAR que Favaloro, valorado y aplaudido en el exterior, y que podía haber elegido entre los hospitales más prestigiosos del mundo para ejercer, volvió a su país para trabajar entre nosotros. Ambos profesionales destacaron el humanismo que lo caracterizaba y la empatía con el paciente y su familia por la que siempre bregaba y que también son parte de este descubrimiento. La técnica de bypass o cirugía de revascularización miocárdica consiste en un tratamiento especial para la enfermedad de las arterias coronarias, la cual provoca la disminución del flujo de sangre que llevan al músculo cardíaco estas arterias, que son «las más importantes del corazón». «Lo que diseñó el doctor Favaloro es armar un puente (bypass) para que la sangre pase por arriba de la parte enferma de la coronaria y llegue del otro lado, conectando la parte sana de la arteria con la aorta«, explicó el médico cardiólogo. Y amplió: «Esto lo hizo utilizando la vena safena que tenemos en la pierna, de la que se puede extraer una porción sin afectar la circulación en la extremidad, e hizo que la sangre entrara por esa nueva comunicación y le vuelva a llegar sangre a la coronaria». Con esto, siguió, los síntomas de la enfermedad «se pueden evitar», entre ellos, el dolor de pecho, la falta de aire y agitación e incluso los infartos, al tiempo que aumenta la calidad y tiempo de vida de los pacientes con enfermedad severa, aseguró el especialista, con más de tres décadas de experiencia. Más allá de la introducción de ciertos avances tecnológicos, el concepto de la cirugía «sigue vigente y es siempre el mismo», y también es aplicado en otras partes del cuerpo. «Esto fue un hito que le valió el reconocimiento en todo el mundo y por el que, actualmente, sigue siendo muy recordado y reconocido», aseguró Bertolotti.

El empleo industrial creció un 5,2% en el Gran Buenos Aires, respecto al nivel pre pandemia

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El empleo industrial formal en los partidos del conurbano bonaerense creció un 5,2% respecto de los niveles previos a la pandemia de coronavirus, con aumentos en todos los distritos con excepción de San Isidro, según un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI).

Así lo destacó el director del organismo y coordinador del Plan Argentina Productiva 2030, Daniel Schteingart, quien en su cuenta de Twitter puso de relieve que entre enero de 2020 y el mismo mes de este año hubo un repunte «particularmente alto en el cordón noroeste» comprendido por los partidos de Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Moreno. En el total del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) más los partidos de Zárate y Campana incluidos en el informe, el crecimiento fue del 4,1%, por la incidencia que tuvo en el total la caída del 0,7% en la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de los 31 partidos relevados por el CEP XXI, en 30 de ellos hubo una evolución positiva en los dos años transcurridos en lo que respecta al empleo industrial formal, con 13 por encima del 5,2% promedio. El listado estuvo encabezado por el partido de Pilar, con una mejora bianual del 13,8%, seguido por el de José C. Paz con el 11%, Escobar y Moreno con el 10,7% cada uno y Malvinas Argentinas con el 10,4%. Otros municipios con alzas superiores al nivel general fueron Ezeiza (9%), Hurlingham (7,5%), General Rodríguez (7,3%), Berazategui (7,2%), San Miguel (6,5%), Florencio Varela (5,7%), Esteban Echeverría y Zárate (5,3% en cada caso). Con crecimientos inferiores al global se anotaron Almirante Brown (5%), General San Martín, Tres de Febrero y Luján (los tres con 4,7%), San Fernando (4,5%), Merlo (4,4%), Tigre (4,3%), Ituzaingó (4,1%), Quilmes (3,9%), Lanús (3,5%), Avellaneda (3,4%), Campana (3,3%), La Plata (3,1%), Lomas de Zamora (2,6%), La Matanza (2,2%), Morón (0,6%) y Vicente López (0,2%), en tanto San Isidro fue el único distrito con una caída del 0,2%.

Claudio Scaletta aporta (calor) al debate sobre inflación y restricción externa

«La vicepresidenta de la Nación y principal lideresa de la política nacional, acudió a la etimología para señalar algo que debería ser tomado como un verdadero desafío. Sostuvo que sus posiciones al interior del Frente de Todos no consisten en dar una pelea, ni siquiera una mera discusión, sino en presentar un debate. Las líneas que siguen, salvando las inmensas distancias, buscan precisamente ser un aporte para el debate interno en materia económica. En los debates se exponen ideas y exponer ideas distintas no debería llevar a que se considere enemigo al expositor de matices. Lo dicho se dice fácil, pero en la práctica cotidiana de la militancia las cosas funcionan de otra manera, quien se aparta de las ideas dominantes al interior de su fuerza corre el riesgo de ser considerado virtualmente un hereje. En realidad, el vocablo es más específico. El militante que no se cuadra es considerado “un librepensador”. Ser un cuadro militante es no ser un librepensador, sino seguir la línea bajada por la dirigencia. Cristina dijo que ella vive en “on the record” perpetuo, por lo que la línea que baja a la militancia puede leerse en cada uno de sus discursos. En su exposición chaqueña fue muy clara respecto de su visión económica. Si alguien tenía dudas del enojo de la vicepresidenta con Matías Kulfas, las dudas desaparecieron. Efectivamente a Cristina no le gustó “Los tres kirchnerismos”, el libro del ministro de Producción. Sin embargo, el citado texto no fue, no es, un libelo antikircnerista, sino que señala algunas de las limitaciones con las que se enfrentó el kirchnerismo a medida que avanzaba su administración. Parte de lo que allí se dice fue reconocido por la propia Cristina en sus momentos de autocrítica. Por ejemplo, no haber avanzado en las transformaciones productivas estructurales que demanda cualquier proceso de desarrollo. CFK es muy consciente de lo que sucede cuando la economía crece y demanda más importaciones que las que se pueden financiar con las exportaciones, es decir sabe lo que sucede, porque además lo padeció, cuando aparece la restricción externa. En su primer gobierno, por ejemplo, le ordenó a Amado Boudou la reapertura del canje de deuda y en su segundo período, el tercero del kirchnerismo, intentó, al menos hasta que apareció el fallo del juez Griesa, despejar todos los pendientes con los mercados financieros internacionales. No lo hizo por voluntad de subordinación al imperialismo de las finanzas, sino porque comprendió que, en el punto al que se había llegado, continuar con el crecimiento económico y avanzar al desarrollo demandaría financiamiento externo. Luego vino la intervención buitre y la historia ya conocida. Sin embargo, el capítulo de mayor enojo con Kulfas no viene por el libro. Sería una actitud por lo menos extraña para alguien que dejó de lado cualquier rencor y construyó un frente político con personajes que, durante la noche macrista, proponían nada memos que “meterla presa”. Pero lo cierto es que si quedaba algún encono por el libro el cuadro empeoró luego de que Kulfas bochara a Hernán Lechter como secretario de Comercio interior. El problema es aquí conceptual, no personal, no es que Cristina se haya enojado con Kulfas porque no aceptó que ponga a su candidato Lechter, sino que la lectura es sobre las políticas. Cristina parece creer que el problema de la inflación se combate en la Secretaría de Comercio, es decir toma como válida la falsa teoría del “área de economía y tecnología de FLACSO” sobre la “inflación oligopólica”, la gran confusión económica entre niveles de precios y variaciones de precios que ya fue analizada. El ministro de Producción sería entonces el culpable de no luchar contra los formadores de precios, un ingenuo que cree que las asimetrías de poder en el mercado se resuelven por la vía del “diálogo y el consenso”. Alcanzaría con un llamado telefónico para enterarse que esto no es lo que piensa el ministro. El ministerio de Producción es el “ministerio de la oferta”. Como su nombre lo indica su ámbito es el de la producción. La dimensión en la que trabaja Kulfas, razón por la que cuenta con el consenso de muchos economistas heterodoxos, es en alejar el problema estructural de la restricción externa. Y uno de los pasos más firmes para hacerlo es aumentar la producción y las exportaciones en un país que tiene un grave problema de reservas internacionales y de endeudamiento. La contradicción entre modelo exportador y mercadointernista es sencillamente falsa. No es posible mejorar el poder adquisitivo de los salarios si al mismo tiempo no se crece y, para eso se necesitan importaciones que deben financiarse con exportaciones. Lo que surge de las ideas económicas de la vicepresidenta podría sintetizarse en una lista: subir el gasto, incrementar los controles cambiarios y de precios, clavar el tipo de cambio, bajar la tasa de interés y subir salarios. Pero sin reservas internacionales y sin la posibilidad de nuevo endeudamiento externo se trata de una receta simplemente hiperinflacionaria. Luego, si se quiere terminar con la economía bimonetaria, un problema que Cistina interpreta muy bien, hay que hacer todo lo contrario. Se necesita bajar las expectativas de devaluación evitando la apreciación cambiaria (de la misma manera que se debe evitar la devaluación) y se necesita que quedarse en pesos no sea sinónimo de perder dinero, para lo cual una condición necesaria es subir la tasa de interés para que sea simplemente “real positiva”, para que le empate o le gane levemente al dólar. Quien escribe es partidario de subir el Gasto y los salarios, pero hacerlo significa recorrer un camino macroeconómico. Ahora bien, Cristina sintoniza con la sociedad al hablar de “la insatisfacción democrática” sobre la base del incumplimiento de las expectativas económicas. Por eso crecen los esperpentos políticos como los Milei. La alta inflación es hoy una verdadera desgracia que debe ser combatida con mucha más decisión, lo que significa algo más que reducir el déficit y espera a ver qué pasa. La inflación es la causa que evito la recomposición salarial desde diciembre de 2020. Sucedió la pandemia, sucedió el mayor desempleo y los trabajadores perdieron en la puja distributiva. Por esta razón reapareció el fenómeno de fines de los ’90 del trabajador pobre aunque tenga trabajo registrado. Y lo peor para los sectores populares: también podría ser la causa por la que se pierdan las elecciones de 2023. Hacen falta más políticas activas para resolver este problema, por eso es tan importante el debate conceptual. De nuevo, los malos diagnósticos llevan a políticas erróneas y a resultados distintos a los esperados. En la economía local del presente el diagnóstico correcto implica descartar los incorrectos. La inflación no es un problema de diferencia de poder de los actores en el mercado, no se debe a los oligopolios ni a los empresarios remarcadores malos. La inflación tampoco es un problema monetario. En circunstancias de normalidad en ninguna economía del planeta existe evidencia estadística alguna que relacione tasa de inflación y cantidad de dinero. Siempre en circunstancias normales la inflación, como enseña la buena teoría, es un problema de variaciones en los precios básicos, en los precios que determinan los costos de producción: salarios, tarifas y tipo de cambio. A ello se suman factores adicionales como los ajustes contractuales que provocan inercia y la inflación importada, que es la internacional. La suba de la inflación mundial desde 2020 es el efecto primero de la pandemia y profundizado luego, desde febrero último, por la guerra en Ucrania. Una interpretación falsa de esta inflación es que los países gastaron más durante la pandemia y por ello emitieron más. No es así, lo que hubo fue problemas de oferta y de cortes o restricciones en las cadenas de suministros, incluida la logística, lo que provocó el crecimiento de los precios de las commodities y, a través de ellas, derramó al conjunto de los precios. La guerra en el este de Europa actuó como la gota que derramó el vaso. La suma de pandemia y guerra podría conducir a una estanflación global que transforme completamente el statu quo planetario. En Argentina, mientras tanto, los precios básicos se mantuvieron relativamente estables desde 2021. No se puede explicar la inflación a través de ellos. Desde 2021 la causa principal de la suba generalizada de precios fue la inflación importada, el shock de los precios externos agravado por la guerra, por eso la aceleración local comenzó a registrarse desde el mismo febrero. Se trata de la inflación más difícil de combatir precisamente porque no depende de causas internas. Lo único que puede hacerse, y no es fácil, es encontrar mecanismos de separación de los precios internos de los externos. Precisamente por esta dificultad es que en la coyuntura las medidas deben centrarse en la política de ingresos, es decir en evitar que los salarios pierdan contra una inflación que se mantendrá inevitablemente alta.»

Claudio Scaletta

Comentario de AgendAR:

Es frecuente que en este portal agreguemos un comentario nuestro, aportando opiniones o datos a una nota que reproducimos. En este caso, las afirmaciones de Scaletta -aunque expuestas en forma informal- desarrollan conceptos complejos. Deben ser discutidas con mayor profundidad y precisión que la que se puede agregar en unos párrafos. Queda para el debate, para el cual su artículo se ofrece como un aporte. Pero… hay un punto que no podemos dejar de cuestionar. C. S. dice «en ninguna economía del planeta existe evidencia estadística alguna que relacione tasa de inflación y cantidad de dinero». Es cierto … por la negativa: la relación de la emisión con la inflación no es directa, no es lineal, no es automática. Un país con una relativa estabilidad de precios y una economía razonablemente ordenada, puede emitir hasta aumentar en un porcentaje apreciable su base monetaria, sin provocar un estallido inflacionario. En realidad, sin efecto inflacionario alguno, al menos en el corto plazo. Este hecho es un dato fácil de apreciar, que se ha repetido en estas décadas en varios países desarrollados (como EE.UU., por ejemplo). No en la Argentina, porque no tenemos estabilidad de precios ni una economía razonablemente ordenada. No tenemos una moneda que funcione como reserva de valor. Por eso somos un país «bimonetario». Sólo naturalizando la inflación inercial, de décadas, que experimenta Argentina, se puede decir, como dice arriba C. S., que «los precios básicos se mantuvieron relativamente estables desde 2021». Con esta observación, no se niega mucho de lo que dice aquí Scaletta -ni tampoco de lo que dijo la vicepresidenta en el Chaco. Queremos insistir en que la economía argentina tiene también un problema monetario: la falta de una moneda propia que funcione como reserva de valor.

A. B. F.