El Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) ha informado que el rompehielos ARA “Almirante Irízar” finalizó las tareas de relevo de dotación y reabastecimiento de la Base Marambio. Esas actividades se han dado en el marco de la Campaña Antártica de Verano 2020- 2021.
Junto a las tareas de reabastecimiento, que fueron efectuadas con el apoyo de una aeronave Sea King de la 2° Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la Armada Argentina (EAH2), personal de COCOANTAR y de la Dirección Nacional del Antártico fueron replegados al continente.
Otra de las actividades de importancia en la Antártida es el repliegue de los residuos generados por la Base Marambio. Para esta tarea fue empleado una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, que fue la que transportó al personal hacía el continente.
El pasado 12 de marzo, el rompehielos ARA “Almirante Irízar” también finalizó el apoyo a la Base Conjunta Antártica San Martín, en la Bahía Margarita, siendo la base argentina ubicada más al oeste en el presente.
Argentina es, entre muchas otras cosas, un país productor de alimentos. Y es como exportador de alimentos que llega a ser un jugador fuerte en el escenario global. Varía su posición en ese «ranking» según como se mida, y también según las vicisitudes del clima, pero en ningún caso deja de estar en los primeros puestos de esa docena de países cuyas producciones determinan los precios de los alimentos y el forraje en los mercados.
Esto ha sido así a lo largo de su historia. En buena parte ha determinado su historia, y sus problemas. En actas del Cabildo de Buenos Aires del siglo XVII se lee sobre las pujas con los productores de trigo y la necesidad de garantizar al provisión de pan para los vecinos. Pero eso sería historia antigua, no?
En AgendAR hemos reproducido el año pasado estos artículos sobre lo que sucedió en los últimos 100 años y está sucediendo ahora en las relaciones entre la actividad rural y el resto de la Argentina. El autor es Roy Hora, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, profesor en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Nacional de Quilmes, e investigador principal del CONICET.
Invitamos a leerlo a quienes se animen a reexaminar los «relatos», convencionales y contradictorios que todos hemos escuchado, una y otra vez.
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El presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, han dado señales claras que ven en la fabricación local de vehículos eléctricos -en una primera etapa, híbridos- un desarrollo industrial que puede cumplir varios objetivos: incorporación de tecnología, creación de empleo para personal capacitado, paulatina adecuación a las políticas ambientales que Argentina ha suscripto en tratados internacionales, y, posiblemente, la incorporación a la producción local de las grandes reservas de litio de nuestro país.El periodista Matías Alonso, de TSS-UNSAM ha resume en esta nota que reproducimos el estado actual de los proyectos que impulsa el gobierno.
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«Durante su discurso de apertura de las sesiones del Congreso, el presidente prometió que “este año se presentarán 6 proyectos de ley destinados a dinamizar la estructura de crecimiento que abordarán nuevos desafíos tecnológicos y productivos”. Uno de ellos se refiere a incentivos para la producción de vehículos eléctricos con baterías de litio o mediante el uso de hidrógeno. El proyecto abarca incentivos fiscales para la compra de estos vehículos y la creación del Instituto de la Movilidad, con el objetivo de atraer inversiones que se estiman en los 5.000 millones de dólares.
Será la séptima vez que se presenta un proyecto de ley sobre este tema y, aunque todavía ha sido presentado públicamente, son varios los borradores que circulan desde hace varios meses. En septiembre pasado, se había podido acceder a un proyecto de ley impulsado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el que se proponían beneficios fiscales para la fabricación y compra de vehículos cuya tracción no dependiese de un motor de combustión interna. Esto incluiría a vehículos eléctricos enchufables, híbridos y de hidrógeno, de manera indistinta.
El presidente también había anunciado el interés por la electromovilidad a principios de año, en el Foro de Davos, donde afirmó: “Creemos que hay condiciones para que la Argentina asuma el rol de liderazgo en materia de electromovilidad con un marco legal robusto que estamos diseñando”.
A través de un memorando de entendimiento con el Gobierno, la empresa china Jiangsu Jiankang Automobile se comprometió a instalar una fábrica de baterías de litio en el país y una fábrica de chasis completos para colectivos de 12 metros de largo, desde la que se abastecería la demanda interna y también exportaría a otros países de América Latina.
En diversos países se han diseñado políticas para aumentar la porción de automóviles que tienen motorización eléctrica o híbrida, ya que es una herramienta para descarbonizar un área que genera gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Este tipo de vehículos son más eficientes y además más simples de producir, por lo que sería posible integrar en forma local más cantidad de componentes y así evitar los desequilibrios de la balanza comercial.
Claudio Damiano, coordinador del grupo de Energías Renovables y Nuevas Tecnologías: Generación Distribuida y Electromovilidad del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), afirmó: “Podemos dividir un vehículo en tres partes: el chasis, con sus partes, el motor y, en el caso del auto eléctrico, una gran batería. En el caso del chasis, la Argentina es uno de los 21 países que tiene industria automotriz. Fácilmente se podría trasformar esta industria a chasis o plataformas que pudieran incorporar la movilidad eléctrica. El motor eléctrico también ya se fabrica en nuestro país y se controla con una electrónica que también se puede hacer aquí, con algunos componentes importados. Podríamos evitar las barreras que significaban fabricar un motor a nafta, que todos sabemos lo complejo que es hacer de forma eficiente, económica y durable, ya que un motor eléctrico es mucho más sencillo. Por último, están las baterías, y allí la Argentina tiene la ventaja de tener reservas de litio. Es una industria sumamente compleja y fabricar una batería completa en el país sería sumamente difícil, pero siempre se empieza por algo y este proyecto está tratando de sentar las bases para poder hacer los paquetes de celdas que componen la batería del auto”.
Dado que se espera que los vehículos eléctricos se vayan incorporando lentamente al mercado, no sería necesario realizar modificaciones a la red eléctrica. Lo que se suele hacer, para no recargar el sistema, es promover que la carga no se haga en horarios pico. Cuando la cantidad de autos eléctricos gane cierta masividad sería necesario realizar cambios en el sistema nacional de distribución y generación de energía eléctrica. “Si todo el parque automotor argentino se vuelve eléctrico, el aumento de demanda sería de un tercio de lo que se consume en la Argentina en energía eléctrica durante un año. Entonces, habría que ponerle al sistema un 33% más de inversión en generación y distribución”, afirmó Damiano.
Según los borradores que circulan del proyecto, se prohibiría la fabricación de motores de combustión interna para dentro de 20 años, es decir, en el año 2041, aunque se podrían otorgar permisos especiales para los casos que lo justifiquen. Desde la industria, hubo quejas indicando que es un tiempo demasiado breve como para adaptar las fábricas.
El debate sobre la electromovilidad traerá aparejada la discusión sobre si los vehículos eléctricos son realmente descarbonizantes, ya que esto depende de qué tan contaminante sea la matriz energética con las que se cargan sus baterías. Por eso, en el caso de que se masifique su uso y deba agregarse nueva generación de energía, también habrá que discutir si las nuevas fuentes serán de origen solar, eólico, nuclear, hidráulica o de hidrocarburos.
Damiano también remarcó algunos cambios de paradigma que se avecinan con el advenimiento de los vehículos eléctricos: “La electromovilidad permite un diseño de plataformas flexible, ya no tiene la tiranía del motor térmico, el tanque de nafta y demás, con lo que se pueden ubicar baterías y motores en cualquier lado. El Estado, en función de sus requerimientos, que podría ser desde el Correo hasta servicios en las plazas, podrían demandar vehículos diseñados específicamente para sus necesidades. Existe también mucha expectativa sobre el desarrollo de microvehículos, para tareas de micrologística, por ejemplo. Se están haciendo pequeños vehículos elécricos que pueden cargar hasta 500 kilos con estructuras muy simples, fáciles de hacer en talleres especializados, con motores que se consiguen localmente”.
En el año 2018 se modificó la ley que regula las categorías y requisitos de los vehículos que circulan por la vía pública y se incluyeron las categorías L6 y L7 para vehículos livianos de propulsión eléctrica y construcción de baja escala. Se trata de vehículos de hasta 400 kilos de peso (sin contar las baterías) y con limitaciones de velocidad que permiten también tener una normativa especial que evita costos y permite su fabricación por parte de pymes nacionales. En la Argentina se están construyendo vehículos de la categoría L (la categoría de los autos comunes es la M) que son unos cuatriciclos con carrocería más chicos, livianos y eficientes desde el punto de vista energético que un auto de calle”, dijo el funcionario.
Todavía es difícil de proyectar el efecto económico de una ley a partir de los borradores en danza, ya que en ellos prima un planteo general y se delegan las políticas específicas en la autoridad de aplicación, que estaría bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
“La electromovilidad no es lo ideal para todos las necesidades pero rápidamente puede ocupar el 50% de los usos de movimiento. También está en discusión el modelo actual del uso del automóvil, ya que no es sustentable usar un auto por persona, las calles y autopistas colapsan y hay una necesidad de cambiar la forma de movernos”, concluyó Damiano.
Argentina y Bolivia relanzaron este jueves 11 de marzo su relación bilateral con énfasis en el comercio, las inversiones y los vínculos políticos, en el marco de la visita oficial del canciller argentino, Felipe Solá, quien ve necesario que en la próxima cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) se apruebe el ingreso pleno de este país.
Solá llegó a La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, e inició su agenda oficial con un encuentro privado con el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, en el que abordaron distintos temas. «Tuvimos una jornada de trabajo más que interesante, en la que abarcamos muchos temas importantes de la relación», dijo el canciller argentino, tras recibir la condecoración con la legión de honor Mariscal Andrés de Santa Cruz, en grado de Gran Cruz, de manos de Mayta.
Ambos cancilleres destacaron la labor conjunta en la lucha contra el COVID-19, como la compra de vacunas y pruebas de diagnóstico, luego que el primer lote de dosis del fármaco ruso Sputnik V llegó desde un vuelo de Rusia a Buenos Aires, donde un avión de la estatal boliviana BoA las trajo al país. Solá también sostuvo una reunión en la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, con el presidente de Bolivia, Luis Arce, y sus respectivas comitivas relacionadas con el tema de comercio e inversiones.
El canciller de Argentina expresó el compromiso de su país para que Bolivia forme parte del Mercosur como miembro del pleno derecho y adelantó que se prevé que el tema sea tratado en la cumbre del bloque regional el próximo 26 de marzo. «Esperamos que allí se ratifique el ingreso de Bolivia como Estado asociado pleno».
Sobre la demora del proceso de adhesión de Bolivia al Mercosur, trámite que inició hace diez años, el canciller Solá aseguró que «Argentina, Uruguay y Paraguay apoyan el ingreso (…) como miembro pleno, y en Brasil está detenido en el Congreso», situación que espera sea abordada pronto.
Bolivia y Argentina firmaron el Acuerdo General de Cooperación, Integración y Hermandad, que define la relación bilateral para los próximos diez años. El proyecto se divide en cooperación e integración sobre infraestructura; integración fronteriza; acuerdos para tránsito; cooperación en materia nuclear, espacial e industria para la defensa, e integración en materia de energía y encadenamientos productivos vinculados con la explotación del litio. Asimismo, los dos Gobiernos acordaron trabajar en la cooperación para la defensa de los derechos humanos, la protección del medioambiente, el desarrollo social y la política de género.
«Creemos que en Bolivia hay una capacidad tecnológica importante y desarrollada en la extracción, y ambos países queremos una cooperación muy amplia de tipo tecnológica, que pueda derivar después en una producción conjunta» del litio, declaró Solá.
Mayta reiteró el agradecimiento al Gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y a su canciller por la ayuda al expresidente Evo Morales quien, tras la crisis de 2019, se refugió por casi 11 meses en ese país, tiempo en el cual las relaciones del Ejecutivo argentino y la Administración interina de Jeanine Áñez estuvieron congeladas. Por su parte, Solá reiteró el agradecimiento de Argentina al «tradicional apoyo boliviano» a su reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
Recibimos la grata visita del Ministro de Relaciones Exteriores de #Argentina, hermano @felipe_sola. Analizamos ampliar el comercio y la incorporación de #Bolivia al MERCOSUR como miembro pleno. Recuperada la democracia, normalizamos relaciones bilaterales entre países hermanos. pic.twitter.com/JMHoWI8HrX
— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) March 11, 2021
Al menos 3.000 enfermeras murieron de coronavirus, aseguró la federación mundial que las agrupa. El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) dijo también que «las pesadas cargas de trabajo», la «insuficiente dotación de recursos», el «agotamiento» y el «estrés» hacen que millones quieran dejar su puesto.
«Hay gran cantidad de enfermeras experimentadas abandonando la profesión o considerando hacerlo tras la pandemia», advirtió el CIE en un comunicado.
El director general de la federación, Howard Catton, afirmó que las enfermeras sufrieron un «trauma colectivo» durante la pandemia, que «ha dañado gravemente» su salud «física y mental». «Hemos llevado al personal de enfermería del mundo demasiado cerca del punto de ruptura a lo largo de esta pandemia. Aún tenemos una oportunidad de protegerlo».
Según el CIE, la cifra de 3.000 enfermeras muertas de Covid-19 «es un cálculo flagrantemente a la baja por falta de datos serios».
Catton dijo que con la actual escasez de seis millones de enfermeras y otros cuatro millones que van camino de la jubilación de aquí a 2030, la fuerza laboral global de enfermería de 27 millones podría verse mermada «en diez millones, o incluso a la mitad».
«El personal de enfermería está asomado a un precipicio», dijo Catton, y recordó que se necesitan entre «tres o cuatro años para formar a una enfermera».
Catton destacó el «fenomenal» trabajo de las enfermeras para «liderar al mundo a través de la pandemia», y aseguró que ocuparán un lugar de privilegio en la historia junto con los creadores de la vacuna contra el covid-19.
Al presentar este «sombrío panorama» del sector, pidió a los gobiernos «mejorar las condiciones salariales y laborales, permitir que las enfermeras más mayores en particular tengan horarios de trabajo flexibles y prestar apoyo de salud mental apropiado para ayudarlas a afrontar los traumas del año pasado».
Una observación de AgendAR:
Confesamos que al leer esta noticia, distribuida por agencias internacionales, nos hizo algo de «ruido» que sólo se hablara de enfermeras. Los enfermeros también han hecho un gigantesco esfuerzo durante la pandemia, y no pocos de ellos pagaron con su vida. Una sana política de inclusión debe incluir a todos.
Investigando, encontramos que el Consejo Internacional de Enfermeras – Internacional Council of Nurses (ICN) es una organización fundada por y para las enfermeras en 1899, durante las primeras luchas feministas. Se justifica entonces el énfasis.
Pero, eso sí, ahora nos sorprende que su director sea un hombre…
Queremos poner aquí este homenaje de un talentoso dibujante
La percepción generalizada de que sería imposible un cierre de la mayoría de las actividades económicas -como el que se dispuso el 13/3 del año pasado- si llegara a amenazar un colapso del sistema sanitario en nuestro país es errónea.
Esa es la opinión -respaldada en encuestas- del sociólogo Daniel Feierstein, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, y profesor en UNTREF y UBA. Feierstein ha subido sus reflexiones sobre la pandemia y las medidas para evitar el contagio a las redes sociales, y las hemos publicado otras veces en AgendAR, como pueden ver si ponen su apellido en el Buscador del portal.
Esta la expuso en estos días en un largo hilo de Twitter, que aquí reproducimos. Sólo agregaremos que no sería la primera vez que un sector de la sociedad que cree ser mayoría descubre que es minoría. Y viceversa.
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1) Mientras vemos avanzar el colapso sanitario en Brasil y Paraguay y la vacunación avanza, pero lentamente, surgen preguntas sobre cómo reaccionar si se inicia la segunda ola. Pareciera que no se podría hacer nada, pero eso NO ES lo que piensa la mayoría de los argentinos.
2) El Socpol de la Universidad Nacional de Quilmes viene hace unos meses realizando estudios de opinión bien interesantes. Hace unas semanas me convocaron para sumar ideas a la última encuesta: Si fueras presidente… ¿qué harías si se comienzan a llenar las terapias intensivas por la segunda ola?.
3) Resulta útil observar las respuestas. Contra la imagen dominante, el 40% opina que las medidas debieran ser muy estrictas y otro 23% avala los aislamientos intermitentes que junto a Rodrigo Castro, Ernesto Kofman y muchos otros propusimos en agosto.
4) O sea: la idea «la gente está harta de las restricciones», «no queremos estar encerrados» o «que mueran los que tengan que morir», «no se puede hacer nada», por muy difundidas que estén, son miradas que representan a una minoría (intensa, pero minoría al fin) de la población.
5) Esto encuentra también refuerzo en otra pregunta, en la que se indagaba el acuerdo con volver a las restricciones de abril ante una eventual segunda ola: 55% de acuerdo y otro 35% que las respetaría aun en desacuerdo. Apenas un 10% «no las respetaría».
6) Sin embargo ocurre algo interesante cuando ya no preguntamos qué es lo que habría que hacer o el nivel de acuerdo sino cómo creen que respondería la sociedad frente a la reimposición de restricciones por el inicio de la segunda ola.
7) Allí resulta que la mitad de los que proponen restricciones creen q su posición es minoritaria, que la mayoría de la población no está de acuerdo. Véase que un 50% (31 + 19) cree que casi todos le tendrían bronca y ese 19% piensa que ni siquiera las podría implementar.
8) Por el contrario, quienes están en contra de cualquier tipo de restricción, se encuentran convencidos de ser mayoría, como podemos ver aquí: un 66% de ellos está convencido de que «todos estamos hartos» y que «la gente» los acompañaría como presidentes sin restringir nada
9) Algo así podemos encontrar también en las redes sociales, donde gritan más los que se oponen a las restricciones, insultan con más ínfulas. Pero insultar más no los hace ser mayoría.
10) Pueden consultar el artículo completo donde analizamos esto con el equipo de Javier Balsa, Guillermo de Martinelli, Pehuén Romaní y Juan I. Spólita
11) Y podemos ver q lo mismo ocurre con la reapertura de las clases presenciales. Se vociferaba que lo querían las mayorías pero el 77% pensaba que era mejor esperar a que estuvieran vacunados todos los docentes en una encuesta previa del mismo equipo del Socpol de la Universidad de Quilmes.
12) El primer punto entonces queda aclarado: los que se oponen al principio precautorio NO SON la mayoría de la población sino una minoría intensa. El problema es que esa minoría (un quinto de la población) ha demostrado q está dispuesta a hacer lo que sea para impedir cualquier medida de cuidado.
13) Al mismo tiempo, ese grupo se encuentra empoderado, convencido de expresar a «la mayoría» en tanto que la mayoría que acuerda con el cuidado cree ser minoritaria. Un 20% ha conquistado la hegemonía, convenciendo a muchos (y a las autoridades) de ser «la opinión mayoritaria».
14) Casi todas las autoridades consideran «inviables» las medidas de cuidado, sea porque sufren la misma confusión que la población mayoritaria o porque consideran difícil enfrentar la insubordinación de la minoría intensa (un 20% es mucha gente si está dispuesta a la acción).
15) Por lo tanto, la paradoja que se genera es que se termina ejecutando las políticas de la minoría, sea por su capacidad de ganar la disputa por el sentido, sea por el poder que les otorga estar dispuestos a cualquier cosa. Resultado: más de 50.000 muertos y contando.
16) Esta disyuntiva no tiene salidas fáciles. No se resuelve necesariamente implementando las medidas para lograr Covid cero (q bien propone Yaneer Bar-Yam y que ya han logrado muchos países) porque la resistencia del 20% puede ser desestabilizadora si no se planifica bien.
17) Y porque las correlaciones de fuerzas y los sentidos son dinámicos: alguien que acuerda hoy puede disentir más tarde, aunque también puede ser al revés. Estos equilibrios son inestables y dependen de la buena comunicación y la eficacia de las medidas y sus resultados.
18) Pero este mapa de las representaciones de la sociedad argentina HOY sí puede constituir una herramienta poderosa para asumir mayor convicción en la defensa del principio precautorio y no dejarse silenciar por los trolls o las minorías intensas.
19) Es cierto que una porción de la sociedad cree que esto es una gripecita, que hay que olvidarse del tema y que hay que dejar «que se mueran los que se tengan que morir» pero esa porción es claramente UNA MINORÍA.
20) Si las autoridades y cada uno de nosotros podemos tener esto claro, quizás las disputas por el sentido puedan avanzar otro pasito y permitirnos construir las condiciones para recuperar la aplicación del principio precautorio y salvar muchas vidas ante la segunda ola.
21) Es útil comprender que NO ES CIERTO que todos somos egoístas, que no estamos dispuestos a ayudar a nadie o a sacrificar nada en pos del otro. Sabiendo esto… que cada quien se haga cargo de la parte que le toca
22) Este hilo no hubiese sido posible sin el tremendo laburo de Javier Balsa, Guillermo de Martinelli, Pehuén Romaní y Juan I. Spólita, mencionados más arriba. Todo el mérito de ellos, todos los errores míos 🙂
Con el objetivo de «delinear las principales estrategias en el armado de una nube híbrida estatal de última generación», la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) abrió con la Resolución 19/2021, una consulta pública: recibirá consideraciones, aportes, ideas, experiencias y recomendaciones para la futura creación de la Nube híbrida estatal.
Una nube híbrida es una arquitectura de TI que incorpora cierto grado de gestión, organización y portabilidad de las cargas de trabajo en dos o más entornos.
En la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) los servicios de cómputo en nube se posicionan como una de las principales estrategias para garantizar la administración, segurización, escalabilidad y gestión de información. Según estudios del sector, se prevé que en los próximos tres años las inversiones destinadas a servicios de nube se dupliquen con relación a los presupuestos que las organizaciones destinan a tecnologías de la información.
Como etapa inicial de la puesta en valor del Centro Nacional de Datos, y con el objetivo de darle continuidad a los servicios que se vienen brindando y ampliar la oferta tanto para organismos públicos como empresas privadas y cooperativas, la Jefatura de Gabinete autorizó en diciembre pasado la transferencia de $ 509.422.861 a ARSAT para la renovación, actualización y ampliación del equipamiento, como informamos en AgendAR a fines de diciembre.
“La actualización del Centro Nacional de Datos que funciona en Arsat constituye una decisión estratégica en la delimitación de acciones de gobernanza de datos y se complementa con diferentes líneas de inversión detalladas en el Plan Conectar y enmarcadas en la industria satelital, de fibra óptica y de soluciones de televisión digital”, enfatizó al respecto la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm. “Esta consulta pública es el primer paso para el armado de una nube híbrida estatal de última generación”.
Para participar en la elaboración de proyectos y propuestas, se deberán efectuar las presentaciones a través del correo electrónico [email protected] dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la publicación de la Resolución 19/2021 de la Secretaría de Innovación Pública en el Boletín Oficial de la República Argentina.
El consejo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se encarga de cuestiones de propiedad intelectual no alcanzó un acuerdo sobre la exención temporal de patentes para las vacunas contra el coronavirus, tras la oposición principalmente de los países centrales, sedes de los grandes grupos farmacéuticos.
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La OMC toma decisiones por consenso, por lo que alcanzó la oposición de la Unión Europea y de Gran Bretaña, donde tienen sus sedes centrales grupos farmacéuticos como Pfizer y BioNtech, para no llegar a un acuerdo.
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La propuesta fue presentada en octubre del año pasado, desde entonces tratada en ocho oportunidades en reuniones formales e informales, y volvió a ser discutida la semana pasada, aunque en el puesto 12 de un temario de 18 puntos.
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Apoyada por los países de ingresos medio y bajo y resistida principalmente por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, aunque también por Brasil, busca suspender las patentes «hasta que haya una vacunación a escala global y la mayoría de la población mundial esté inmunizada».
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Su aprobación facilitaría intercambiar conocimientos y multiplicar con rapidez los sitios de fabricación de productos médicos urgentes contra la pandemia, como las vacunas y los test.
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La iniciativa fue presentada por India y Sudáfrica y es respaldada por más de un centenar de países y organizaciones humanitarias y médicas que denuncian la desigualdad en la vacunación: en las naciones más pobres la inmunización no arrancó o lo hizo lentamente, mientras que los más ricos inoculan de forma masiva desde fines de 2020.
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Con el cambio de gobierno, Estados Unidos flexibilizó un poco su postura y, a diferencia de reuniones anteriores de la OMC, no mostró una férrea oposición a quitar las patentes, sino que instó a seguir discutiendo los beneficios y problemas que traería.
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PhRMA, la asociación que nuclea y funciona como «lobby» de las farmacéuticas en el país, dirigió una carta al presidente Joe Biden en la que exigió que se defienda la propiedad intelectual.
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«El Gobierno de Estados Unidos se opone a esta exención junto a otros incluidos la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá, Suiza, Brasil y Noruega. Instamos a mantener este respaldo a la innovación», dice la misiva.
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Brasil ratificó hoy su oposición a la exención, único país en desarrollo en hacerlo y uno de los más golpeados en el mundo por la pandemia, precisó una fuente en Ginebra, ciudad suiza donde la OMC tiene su oficina.
La aparición de nuevas variantes del coronavirus ha llevado a muchos gobiernos a revertir los esfuerzos para aliviar las restricciones a los viajes, principalmente en Asia y el Pacífico y Europa. En América, diez destinos permanecen completamente cerrados a los turistas entre los que se encuentran Canadá, Venezuela, Argentina y Chile.
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Uno de cada tres destinos de viaje en el mundo está ahora completamente cerrado a los viajeros internacionales, revelaron los más recientes datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
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De acuerdo con la agencia, la aparición de nuevas variantes del coronavirus ha llevado a muchos gobiernos a revertir los esfuerzos para aliviar las restricciones a los viajes, siendo los cierres totales a los turistas más frecuentes en Asia y el Pacífico y Europa.
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A principios de febrero de 2021, el 32% de todos los destinos del mundo (69 en total) estaban completamente cerrados al turismo internacional. De estos, alrededor de la mitad (38 destinos) han estado cerrados durante al menos 40 semanas. Y el 34% de los destinos mundiales están ahora parcialmente cerrados a los turistas internacionales.
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Variaciones regionales
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De los 69 destinos donde las fronteras están completamente cerradas a los turistas actualmente, 30 están en Asia y el Pacífico, 15 en Europa, 11 en África, 10 en América y tres en Medio Oriente.
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Según el informe, el 72% de los destinos con fronteras cerradas se caracterizan por tener una dependencia baja o moderada del turismo con no más del 10% de dependencia del turismo en su PIB.
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Un número creciente de destinos en todo el mundo ahora requiere que los turistas internacionales presenten una prueba de antígeno o PCR negativa a su llegada y también proporcionen datos de contacto para fines de rastreo. De hecho, el 32% de todos los destinos mundiales ahora tienen la presentación de tales pruebas como su principal requisito para las llegadas internacionales, a menudo combinadas con la cuarentena, mientras que la misma cantidad ha hecho de las pruebas una medida secundaria o terciaria.
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Los diez principales países emisores de turistas que generaron el 44% de las llegadas internacionales en 2018, entre los que se encuentra Alemania y Estados Unidos, actualmente desaconsejan los viajes no esenciales al extranjero.
La segunda ola de contagios del covid que se muestra en varios países de la región, los colapsos sanitarios en Brasil y Paraguay, y el rebrote en Chile, a pesar de su intensiva vacunación, generaron alarma en el gobierno nacional. Frente a la situación, en una reunión ayer viernes del Presidente con un grupo de ministros se decidió, por ahora, no adoptar nuevas políticas restrictivas y, en cambio, apuntar a “escalar” la vacunación y profundizar la “concientización”.Hoy se publicará un nuevo DNU que prorrogará el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (DISPO) hasta el 9 de abril, casi sin cambios.
La ministra de Salud Carla Vizzotti dijo a la salida de la reunión: “Evaluamos la situación global de producción de vacunas, el trabajo que se está haciendo para acceder a dosis y el trabajo que se está haciendo con las jurisdicciones para poder escalar la vacunación. A medida que llegan más dosis, realmente debemos ver cómo día a día se pueden aplicar más”, dijo que encabezó Fernández y tuvo lugar en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Además de Vizzotti, asistieron los ministros Sabina Frederic (Seguridad), Eduardo De Pedro (Interior), Agustín Rossi (Defensa), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Mario Meoni (Transporte) y Matías Lammens (Turismo).
Fernández le bajó un mensaje claro a los ministros. “Hay que restringir lo menos posible las actividades industriales, económicas y sociales. Lo que tenemos que hacer es reforzar los cuidados y escalar la vacunación para ganarle a la segunda ola”. El Presidente pretende sostener la “nueva normalidad” e intentar contener una ola de contagios a partir de las medidas de cuidado e higiene conocidas hasta ahora. En los próximos días se lanzarán campañas de difusión, al tiempo que se espera acelerar la inoculación.
En Casa Rosada hablan de “lección aprendida” al referirse a la decisión de evitar cerrar la economía. “Así como el año pasado había que ganar tiempo para reforzar el sistema de salud, ahora hay que ganarle a la segunda ola con la vacunación”, comentó un colaborador oficial.
Vacunación y vuelos
En el Gobierno reconocen que aún no se está vacunando a la velocidad que se pretende. El objetivo es alcanzar un “ritmo promedio” de un millón de dosis aplicadas por semana. En los últimos siete días se aplicaron 784.000. La gestión de Fernández, por ahora, no cambiará el operativo logístico. La evaluación que se hizo es que se está transitando un “punto de inflexión”, porque hasta hace un par de semanas el problema era la falta de dosis, pero ahora hay muchas más vacunas, y lo que falta es que las provincias escalen la aplicación.
Están en evaluación nuevas restricciones en materia de vuelos, que se implementarán a partir de la semana que viene. En la Casa Rosada aseguraron que está descartado de plano un cierre de fronteras y que aún no está confirmado qué medidas se tomarán para controlar los ingresos de los países que registran cepas más peligrosas de Covid.
Lo que se evalúa es reducir la cantidad de vuelos, con el objetivo de ejercer un mejor control de los argentinos que provengan de los Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Europa. Pero no está definido si bajar los vuelos en un determinado porcentaje (como trascendió) o, en cambio, fijar la cantidad máxima de pasajeros que puedan llegar por día. Esto es porque, además de exigir un test PCR, se obligará a los viajeros a hacer una cuarentena de siete días que tendrá una vigilancia más estricta.
Respecto a la vacunación, Vizzotti volvió a hacer referencia a la estrategia de “captar a más personas con la primera dosis” de aquellas vacunas que no tienen dos componentes distintos. “Lo que se evalúa permanentemente, no solo en Argentina sino en el mundo, es ver la mejor estrategia sanitaria para reducir la mortalidad”, dijo, para evitar la polémica que se había generado cuando, siendo la segunda de Ginés González García, generó un malentendido al aludir a la posibilidad de aplicar una sola dosis de la vacuna.
Y explicó: “Se puede trabajar fuertemente en captar la mayor cantidad de personas con la primera dosis sabiendo que los intervalos son mínimos y si se difiere unas semanas el refuerzo no es un problema”. Vizzotti aclaró que “eso no es factible con la Sputnik” ya que tiene dos componentes distintos. “Lo que estamos haciendo con el resto de las vacunas es trabajar con el concepto de intervalo mínimo”.
El Gobierno nacional promulgó la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que aumenta los recursos al área de la ciencia y la tecnología, del actual 0,28% del Producto Bruto Interno (PBI) al 1% en 2032.
El presidente Alberto Fernández afirmó en su cuenta de Twitter: «Hoy se promulgó la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nuestros científicos e investigadores son fundamentales en la batalla que estamos dando contra la pandemia. En educación, ciencia y tecnología nunca se gasta, se invierte en el futuro«.
La ley 27.614, aprobada el pasado 24 de febrero en el Senado. fue promulgada por medio del Decreto 157/2021, con la firma de Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro del área, Roberto Salvarezza.
Reproducimos unas reflexiones sobre este paso de Fernando Peirano @ferpeirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).
Son de particular interés para nosotros porque esa repartición tiene como fin específico vincular la ciencia y la tecnología con las empresas que protagonizan la actividad productiva.
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«En la actualidad los países ricos no son aquellos que cuentan con abundantes recursos naturales y los venden como materias primas. Los países que generan empleos calificados, que amplían sus exportaciones y que generan riqueza son aquellos cuyas economías tienen al conocimiento como principal motor de desarrollo. La Argentina tiene en sus universidades y en sus instituciones de ciencia y tecnología una sólida base material e intelectual para potenciar las actividades de investigación y desarrollo. Sin embargo, necesita articular distintas piezas y actores para que estos resultados científicos transformen y potencien la producción y puedan atender las necesidades sociales. En efecto, se trata de construir puentes entre la generación de conocimiento y su aplicación efectiva.
La Agencia I+D+i evalúa proyectos y otorga subsidios que apoyan, organizan y orientan las tareas de más de 25.000 investigadores y 6.000 empresas innovadoras. Más de 7.800 proyectos forman parte de los registros activos en la Agencia. Cada uno de estos proyectos tiene el potencial de contribuir a un cambio en la matriz productiva y la inclusión socioeconómica.
En las últimas semanas se difundieron los resultados de la última gran convocatoria para asignar nuevos apoyos a proyectos de investigación en ciencia y tecnología (PICT). Se otorgaron 1.523 subsidios, lo cual representa un incremento del 14% en relación al año 2020, y cada uno de estos subsidios recibió un refuerzo del 25% adicional al compromiso asumido al momento del llamado. En más de 74 instituciones de todo el país se pondrán en marcha nuevas iniciativas y se formarán nuevos científicos y científicas gracias a estos fondos.
De esta manera, en la Argentina estamos reconstruyendo las bases de la promoción en ciencia, tecnología e innovación y consolidando un nuevo rumbo donde el Estado nacional le brinda respaldo y protagonismo a la ciencia y la tecnología hecha en el país. Es un paso necesario que consolida el giro de 180 grados respecto a los recortes, destratos y retrocesos del anterior gobierno.
El financiamiento plurianual para ciencia, tecnología e innovación se convirtió en ley y brinda un horizonte previsible para la próxima década porque considera un incremento gradual de los fondos para los organismos públicos de ciencia y tecnología a fin de multiplicar por cuatro la importancia de esta agenda en el presupuesto nacional en el año 2032. Así, llegaremos a una inversión pública en el área equivalente al 1% del PBI en diez años. Además, la ley prevé que en caso de una retracción del PBI la inversión en ciencia y tecnología no puede ser una variable de ajuste, considerando que sus acciones y capacidades requieren de tiempo para fortalecerse, pero se pierden rápidamente si el apoyo se interrumpe. Por ejemplo, en un mundo donde todas las economías buscan contar con más científicos y especialistas en tecnología, la interrupción en las becas o en el financiamiento de los proyectos estimula la fuga de cerebros hacia los países centrales.
Esta iniciativa fue uno de los principales puntos de la plataforma electoral junto con la restitución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hace años que se viene impulsando contar con una regla institucional para definir el presupuesto en CyT y que tenga un horizonte de mediano y largo plazo. Durante el gobierno anterior se bloqueó su tratamiento en Diputados.
La promulgación por parte del presidente Alberto Fernández confirma que el Estado recupera un rumbo, construido en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y que se había perdido durante el mandato que terminó en 2019.
Esperemos que este consenso, materializado en esta ley, asegure un apoyo creciente y definitivo al desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina.»
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Como señalamos cuando esta ley fue aprobada por el Congreso, con este aumento del presupuesto, serán beneficiados 17 organismos e instituciones de ciencia y tecnología, distribuidos en nueve ministerios.
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Entre ellos están las áreas de ciencia y técnica de las universidades nacionales, el CONICET, la Administración Nacional de Laboratorios (ANLIS), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Antártico Argentino (IAA), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El 11 de marzo de 2011 un triple desastre sacudió la costa este de Japón: un gran terremoto de magnitud 9, un posterior tsunami con olas gigantescas y, como consecuencia de ello y por fallos humanos, un accidente nuclear de nivel 7 (el más alto) en la central de Fukushima Daiichi.
Sus diques de contención cedieron, la planta se inundó, quedaron fuera de servicio los sistemas eléctricos y de refrigeración de los reactores, en tres de ellos (1, 2 y 3) se produjo la fusión del combustible nuclear, se generó gran cantidad de hidrógeno y explotaron los reactores 1, 3 y 4, descargando cantidades de radiactividad: 18 mil terabequerelios (el bequerelio es una medida muy mínima de actividad radioactiva: 3,7 terabequerelios equivalen a 1 curio) fueron liberados al mar.
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En el décimo aniversario de las explosiones en la planta atómica japonesa, cerca de 5.000 empleados continúan las labores de desmantelamiento y descontaminación.
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De los casi 165.000 vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares por el accidente nuclear, según la Prefectura de Fukushima, aproximadamente 37.000 todavía viven fuera, «unos 43.000 si sumamos también los evacuados por el terremoto y el tsunami», ha explicado Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, durante el seminario organizado esta semana por la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) para analizar la situación diez años después del accidente de Fukushima.
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Gallego confirmó que a lo largo de esta década se redujeron los niveles de radioisótopos: «Salvo el cesio Cs-137 (el contaminante principal, todavía activo al 80 %), del resto de productos radiactivos que escaparon en cantidades significativas no queda ninguno, como se puede comprobar en el último mapa de contaminación (octubre 2019) y dosis de radiación (octubre 2020)». Los exhaustivos controles que se realizan a los alimentos de la zona, como el arroz y el pescado, también verifican que son aptos para el consumo.
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En el mismo seminario, Luis Echávarri, ex director general de la Agencia de la Energía Nuclear (NEA) y asesor del Instituto de Investigación para el Desmantelamiento Nuclear de Japón, comentó que cerca de 5.000 empleados trabajan por turnos actualmente eliminando los contaminantes y desmantelando la central: «Para que lo puedan hacer se ha descontaminado el 96 % del sitio (radiación inferior a 5 microsivers/hora), solo queda un 4 % con mayor protección, y lógicamente no se puede entrar en los reactores. Hay áreas de descanso y una cantina que sirve 2.000 comidas diarias».
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La empresa propietaria y responsable de la central, TEPCO, ofrece un tour virtual para que los internautas vean cómo están hoy las instalaciones.
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Echávarri recordó que el compromiso del Gobierno japonés «es dejar un emplazamiento totalmente limpio, completando el desmantelamiento en un plazo de 30 a 40 años». El coste oficial se estima en 74 mil millones de dólares, pero expertos del Japan Center for Economic Research consideran que la factura total podría ser mucho mayor. Ante la presión de la ciudadanía se descartaron otras opciones más baratas, como enterrar y proteger los reactores dañados.
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Las prioridades de las operaciones se establecieron según el riesgo creciente que conllevan: refrigeración de los núcleos fundidos, desescombrado y descontaminación del emplazamiento, control y eliminación de las aguas contaminadas, control y evacuación de los elementos de combustible (gastado y nuevo) en las piscinas, extracción del combustible fundido y la futura gestión de los numerosos residuos.
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«La eliminación del combustible fundido es lo más complicado y no se ve la luz al final del túnel», reconoció Echávarri. «Un objetivo político era sacar la primera viruta de la unidad 2 antes de este décimo aniversario, pero no se consiguió. En esto influyó la pandemia, aunque en Japón se ha seguido trabajando, pero un brazo robótico que tenía que llegar desde Inglaterra se está retrasando por sus problemas con el Covid».
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El experto también explicó la complicada gestión del agua, que es de cuatro tipos: la que se introduce para refrigerar los reactores, la de lluvia, la subterránea y la que se filtra por debajo de los edificios dañados a pesar de los esfuerzos por evitarlo.
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Se construyó un primer muro en la costa para que no entre agua de mar o salga la contaminada, y otra barrera hermética de tierra congelada, de unos 30 metros de profundidad alrededor de todo el perímetro de los reactores, que trata de bloquear las aguas subterráneas o marinas fuera y la radiactiva dentro.
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«Después de construir las barreras, la cantidad de agua a descontaminar y almacenar ha descendido de 540 m3/día a unos 150 m3/día», apunta Echávarri, que añade: «Mediante un sistema llamado ALPS (Advanced Liquid Processing System) se logra eliminar 62 radionucléidos de esta agua, todos excepto el tritio, para luego pasarla a los tanques, donde ya hay 1,2 millones de m3 acumulados».
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«Ahora se discute qué hacer con esta agua extraída de los reactores, y la descargacontroladaalmar es la opción con menos impacto», apunta el experto, quien recuerda que en su día ya fue al océano Pacífico una cantidad mucho mayor y con más componentes radiactivos. Esta descarga sólo llevaría tritio.
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«Las decenas de miles de tanques con esta agua pueden colapsar el emplazamiento entre 2022 o 2023, ocupando un territorio muy precioso que se podría usar para probar tecnologías de desmantelamiento, por ejemplo», señala por su parte otro ponente del seminario, Juan Carlos Lentijo, director general adjunto del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
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«En este tema hay que ser muy prudentes —continúa—, porque intervienen muchos actores (operadores, regulador, la comunidad japonesa, pescadores, países vecinos…) y hay colectivos muy estresados ya por las dificultades tras el accidente, pero con el balance ventajas-inconvenientes creo que no va a quedar más remedio, y tampoco hay que hacerlo todo de una vez. Si no se descarga, cualquier día va a haber otro tsunami o un terremoto, como el del mes pasado (de magnitud 7,1 que volvió a sacudir la central), y sería peor que se vertiera esta agua al mar sin control. Además ya hubo accidentes entre vigilantes de los tanques, alguno falleció al caer».
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Como conclusión al seminario de la Sociedad Española de Protección Radiológica, su presidente, Ricardo Torres, lanzó un mensaje: «La transmisión de una información correcta es clave para dar confianza a la ciudadanía. Cuando se oculta información o no es la correcta se genera desconfianza y es un error garrafal«.
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El análisis de AgendAR:
Pleno acuerdo con el Dr. Ricardo Torres. Pero somos conscientes que Fukushima ha sido y es usado como un cuco para despertar temores en torno a la energía nuclear. Hubo errores muy básicos en la elección del tipo de planta y del lugar de su emplazamiento:
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* Las 4 unidades se situaron a sólo 10 m. de altura sobre la línea de pleamar para ahorrar plata en bombeo ascendente de agua marina. En estas4 plantas se usa (usaba) como refrigerante externo del condensador externo del vapor salido de la turbina. La escarpa costera habría permitido poner el conjunto de unidades a una altura de seguridad de 40 o más metros, pero se la socavó intencionalmente para formar una platea a bajo nivel. Una forma particularmente estúpida de ahorro que le salió carísima a Japón y al mundo nuclear.
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* En el país donde se inventó la palabra «tsunami», las fuentes de potencia auxiliar para refrigerar los núcleos de las unidades en caso de colapso de la electricidad de red eran un banco de baterías y un motor diesel… situados bajo el nivel de la planta baja, en el sector más inundable. El tsunami, que en Fukushima llegó a medir 33 metros sobre la línea de pleamar, los eliminó. El recalentamiento y fusión del combustible fue inevitable.
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* El edificio de contención abotellado de estos reactores GE MK1 había sido severamente criticado en EEUU, el país que lo vendió, por su pésima relación volumen/potencia. Carece de espacio para aguantar la expansión brusca de gases. No estaba en condiciones de soportar explosiones internas de vapor, y menos aún, la deflagración del gas hidrógeno. Este gas se forma por descomposición del agua al contacto con el combustible en fusión, calentado a más de 2000 grados. Y en espacios herméticos, el hidrógeno se acumula y su ignición puede ser explosiva.
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* En la unidad apagada de las 4 que componían el complejo, el combustible gastado se estibaba en un piletón de enfriamiento en la planta más alta (y por ende la más vulnerable a sacudidas sísmicas). El terremoto, que llegó al grado 9.0 en la escala Richter, la rajó y vació. El apagón total de la planta hizo imposible bombear agua a lo alto para evitar que se recalentaran. En las GE MK1 todo está al revés, donde NO tiene que estar. Este diseño absurdo provocó el primer incendio y explosión de hidrógeno en la historia nuclear de un piletón de enfriamiento… ¡Y en una unidad inactiva!
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* Los errores anteriores evidencian la falta de supervisión estatal sobre el negocio nuclear privado en Japón, donde esta función se diluía en un laberinto burocrático que ocultaba la falta de una agencia reguladora con autoridad para objetar compras, diseños y procedimientos, y eventualmente poner multas o clausurar instalaciones. Con una empresa como TEPCO -famosa mundialmente por sus incumplimientos de normas- librada de todo control, lo raro es que no hayan ocurrido accidentes graves antes de 2011.
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Éste fue un resumen rápido del Dr. Abel González, argentino y el hombre de mayor prestigio mundial en radioprotección en las dos grandes agencias nucleares de Naciones Unidas: el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) y el UNSCEAR (el Comité Científico de la ONU sobre los Efectos de la Radiación Atómica), así como en el universo académico de decenas de países. En la última reunión por Zoom de la SAR (Sociedad Argentina de Radioprotección) sobre Fukushima, su presidenta, la Dra. Marina Di Giorgio, intentó leer el currículum de cargos, trabajos y premios de González: tardó 5 minutos y la tuvo que relevar otro organizador, porque se le cansaba la voz. Tantas distinciones me asombraron. Y conozco a González desde 1986…
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González tiene su propia opinión sobre la gestión del residuo más voluminoso a gestionar en Fukushima: el agua con tritio. Lo considera un problema político antes que radiológico. Dice que a diferencia de otros radionucleídos acumulables por los organismos vivientes, el agua con uno o dos átomos de tritio es químicamente casi idéntica al agua liviana, es decir la formada por un oxígeno y dos hidrógenos. Como tal, tiene el mismo tránsito rápido que el agua a través del organismo humano (o cualquier otra forma de vida animal o vegetal): pasa de largo, se elimina sin fijarse en ningún tejido.
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Esta característica del agua tritiada, sumada a su radiación beta de muy baja potencia, la vuelve unas 100.000 veces menos ionizante que el Cesio 137, uno de los dos productos de fisión típicos de una fusión de núcleo que rompe un edificio de contención. O que no encuentra ninguno, porque el reactor -miserablemente diseñado en función del puro ahorro- está encerrado en un simple galpón, como el caso de Chernobyl (caso de casi todo el parque nucleoeléctrico británico, pero de eso no se habla).
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Añade González que el agua de mar tiene un inventario natural de tritio formado por los rayos cósmicos que impactan átomos de hidrógeno, y ése inventario está sujeto a descomposición por emisión beta, con entradas y salidas en un equilibrio más o menos constante. En el total ingente de agua del Océano Pacífico, el agua tritiada depositada en la costa de Fukushima, aunque semejante calidad de piletones sellados impresiona la vista, no es nada ni cambia nada.
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González cree que el problema político lo generaron los bandazos de manejo regulatorio japonés posteriores al accidente. Los inventarios de agua tritiada debieron haberse eliminado de a poco liberándolos al mar desde los primeros días de la gestión del desastre. Pero las autoridades nucleares locales estaban paralizadas de miedo a las críticas, no se atrevieron a cambiar de rumbo y dejaron que el problema se acumulara toda una década.
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Hoy es inmanejable, o poco menos. Japón tiene fronteras marítimas disputadas con varios de sus vecinos, países a los que invadió y maltrató brutalmente antes y durante la Segunda Guerra Mundial, y que no se olvidan de ello, básicamente, China y Corea (pero no son los únicos). En un teatro geográfico que está nuevamente casi al borde de una guerra, ambos países -aunque rivales entre sí- están dispuestos a desatar un infierno diplomático en la ONU si Japón intenta resolver el problema del tritio liberándolo en el mar. De pronto se han vuelto todos ecologistas.
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Dice González: «Es como si vivieras en un tres ambientes porteño y todos los días te tomaras un litro de agua mineral, pero sin compactar la botella de plástico y tirarla a la basura. En 10 años, tenés 60 metros cuadrados cubiertos de botellas y no podés ni caminar. Tratá de tirar todo eso junto, si en el consorcio te tienen bronca, y contame cómo te va».
Tras meses de trabajo, un grupo de expertos del Conicet, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con el apoyo de la compañía textil Kovi acaban de lanzar la versión 2.0 de su barbijo. Se trata del Atom Protect N95 Plus (FFP2).
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Esta nueva versión del equipo protector tiene una mayor capacidad para filtrar polvo y gotículas. Su tasa de filtrado ronda el 97 %.
SEGÚN SUS DESARROLLADORES ESTOS NUEVOS MODELOS SUPERAN EN CAPACIDAD FILTRANTE AL BARBIJO ORIGINAL
En su proceso de mejora, se armó un dispositivo con cuatro capas de protección:
Una externa semi-impermeabilizante que lentifica el ingreso de microgotas;
La segunda capa de tela tejida de algodón poliéster con los mismos activos antivirales que el primer modelo de barbijo;
El tercer filtro físico de tela no tejida con una capacidad filtrante, certificada por Nelson Labs (un proveedor líder en pruebas de laboratorio ubicado en Estados Unidos), del 97,1% para polvos a partir de 0,1 µm (micrómetros) y del 99,9% para aerosoles acuosos de cloruro de sodio (esta última medición realizada por el equipo desarrollador);
La cuarta: una capa de tela tejida de algodón poliéster con los mismos activos bactericidas y fungicidas que el modelo Atom Protect original.
A mediados del 2020, como informamos en AgendAR, este mismo equipo de profesionales desarrolló dos productos (uno antiviral, bactericida y fungicida y otro bactericida) para aplicar sobre telas de algodón poliéster para fabricar barbijos de uso social Atom Protect versión 1.
Ahora, las nuevas telas están diseñadas para prevenir la dispersión de la enfermedad por parte de la persona que los usa, pero también se las emplea para proteger al usuario de salpicaduras o aerosoles de sangre o fluidos corporales.
De esta manera, los barbijos confeccionados con estas cuatro telas, previenen la acumulación de virus, bacterias u hongos generados por la exhalación respiratoria del usuario o usuaria y la recibida desde el exterior. Logran, además, inactivar virus de la superficie del barbijo y disminuir la carga viral enviada/recibida al/del medioambiente.
“Consideramos que estamos respondiendo a los desafíos planteados por esta pandemia haciéndonos eco de los nuevos requerimientos internacionales en materia de elementos de protección personal”, dijeron desde el grupo desarrollador compuesto por Silvia Goyanes, Roberto Candal, Griselda Polla, Ana Maria Llois (CONICET-UBA-UNSAM).
NELSON LABS CERTIFICÓ QUE LA EFICIENCIA DE FILTRACIÓN DE BACTERIAS DEL FILTRO SUMADO ES DE 95,9%
Además, a este filtro se le han hecho tests de resistencia a la penetración de sangre sintética (consiguiendo cero penetración), y se ha comprobado que cumple con las normas de presión diferencial que garantizan la respirabilidad del producto. “Por lo tanto, a diferencia de la versión original, los barbijos N95 PLUS presentan un filtro físico adicional de tela no tejida que incrementa la capacidad filtrante frente a polvos y gotículas, acordando con las últimas indicaciones internacionales en lo que respecta a protección frente al SARS-CoV-2. Adicionalmente, presenta un dispositivo de ajuste nasal maleable para mejorar el cierre”, explica el grupo de trabajo.
En suma, el nuevo modelo de mascarillas Atom Protect N95 PLUS tiene una eficiencia de filtración frente a aerosoles acuosos de 99,9% (frente al 70 % del modelo anterior).
Cabe destacar, por otro lado, que el barbijo N95 PLUS obtuvo la certificación otorgada por la Comunidad Económica Europea (RG01_SECM rev.3 (FFP2).
Después de un año intenso de trabajo, este equipo no descansa, actualmente están trabajando en el desarrollo de mascarillas de uso médico “en el que se utilizan dos tecnologías diferentes que permitirán obtener productos con posibilidades de transferencia rápida al sector productivo, para abastecimiento local y exportación”.
El doctor en Química e Investigador Superior del CONICET, especializado en inmunología, Jorge Geffner, recomendó que en 2021 no se deben relajar las medidas para prevenir el contagio del SARS-CoV-2, en el país, a pesar de la llegada de las vacunas.
En diálogo con Mariana Contartessi, por «EnTiempoReal» Geffner, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (INBRIS), del CONICET, aseguró que «la inmunidad de rebaño será a fin de año».
«Sería un gran error considerar que lo peor del COVID19 ha pasado», dijo Geffner, y advirtió que «aún vacunados podemos contagiar, debemos usar barbijo todo el año»
El investigador subrayó la situación, explicando que «hasta ahora 130 países en el mundo no han recibido una sola dosis de vacunas contra el Covid».
Geffner aseguró que «seguimos en una situación compleja, tenemos que sostener todas las medidas de aislamiento, el uso correcto del barbijo y las medidas higiénicas, porque avanza el programa de vacunación pero más lento de lo que queremos».
«Estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño, para lo cual necesitaríamos vacunar al 70% de la población, y el objetivo inmediato es terminar de vacunar a todo el personal de salud y a los mayores de 60 años para disminuir notoriamente los casos graves y los fallecimientos».
Geffner agregó que «hay un cuello de botella en todo el mundo en el suministro de la vacuna, incluso en países que han comprado enorme cantidad de vacuna, y no les entregan las dosis».
«La inmunidad de rebaño nosotros deberíamos pensarla para fin de año, no creo antes, ahora, si llegan estas vacunas, y se desbloquea la entrada de miles y miles de dosis, sería muy bueno pensar cubrir en un par de meses a los mayores de 60 años, que es donde se concentran los mayores índices de morbilidad severa y mortalidad».
Sobre las declaraciones de Fernán Quiros, sobre la falta de vacunas en la ciudad, Geffner aseguró que «la ciudad está en las mismas condiciones que el resto de las provincias, que Argentina y que el mundo» y subrayó que «ni Argentina logró vacunar todo el personal de salud y a los mayores de 60 años, ni otros países, por el cuello de botella a nivel mundial».
Esta nota de AP y Reuters que reproducimos parcialmente refleja el cuadro que todos los medios internacionales pintan de la situación en nuestro gran vecino.No es una noticia ajena a nosotros. Argentina, a diferencia de Brasil, ha evitado el colapso de su sistema sanitario. Pero la Organización Mundial de la Salud advierte que las descontroladas cepas brasileñas son un peligro para toda la América Latina. Y tenemos que preguntarnos ¿si la temida «tercera ola» llega a nosotros antes que un gran porcentaje de la población esté vacunado, seremos capaces de soportar aquí nuevas restricciones, de volver a encerrarnos?
«RÍO DE JANEIRO.- El panorama en Brasil es alarmante. Los hospitales están colapsados, con muchos pacientes que mueren a la espera de una cama en terapia intensiva, la variante del coronavirus altamente contagiosa se extiende por todo el país, el presidente Jair Bolsonaro insiste en tratamientos no probados y el único intento de crear un plan nacional para contener el Covid-19 no tuvo demasiada consistencia.
Durante la última semana, los gobernadores brasileños trataron de hacer algo que Bolsonaro rechaza obstinadamente: armar una propuesta para que los estados ayuden a frenar el brote más letal del virus hasta la fecha en el país. Se esperaba que el plan incluyera un toque de queda, la prohibición de eventos multitudinarios y límites a las horas en las que pueden funcionar los servicios no esenciales.
Pero el producto final, presentado el miércoles, fue un documento puramente declaratorio de una página que incluía un apoyo general a la restricción de la actividad pero sin medida específica alguna. Seis gobernadores, todavía temerosos de enfrentarse a Bolsonaro, se negaron a firmarlo.
Médicos atienden a pacientes en un hospital de Belem, en el estado de Pará
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El gobernador del estado de Piauí, Wellington Dias, dijo que, a menos que se alivie la presión sobre los hospitales, cada vez más pacientes tendrán que pasar la enfermedad sin una cama en un hospital ni la esperanza de recibir tratamiento en una unidad de cuidados intensivos.
“Hemos llegado al límite en todo Brasil; raras son las excepciones”, afirmó Dias, que dirige el foro de gobernadores. “La posibilidad de morir sin ayuda es real”.
Esos decesos ya han comenzado. En la región más rica de Brasil, San Pablo, al menos 30 pacientes murieron este mes esperando una plaza en la UCI, según un conteo publicado el miércoles por la web de noticias G1.
Tareas de ampliación en el cementerio Vila Formosa, en San Pablo
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Las unidades de cuidados intensivos para pacientes de Covid-19 han alcanzado niveles de ocupación críticos por encima del 90% en 15 de 27 capitales estatales, según el centro biomédico Fiocruz.
En Santa Catarina, en el sur del país, 419 personas esperan una cama en una unidad de cuidados intensivos, y en el vecino Río Grande do Sul, las UCIs están al 106%, con más pacientes que su capacidad de atención.
Alexandre Zavascki, médico en la capital de Río Grande do Sul, Porto Alegre, describió la llegada constante de pacientes con problemas para respirar. “Tengo muchos compañeros que, a veces, se retiran de las salas para llorar. Esta no es la medicina que estamos acostumbrados a practicar. Esta es una medicina adaptada para un escenario de guerra”, dijo Zavascki, que supervisa el tratamiento de enfermedades infecciosas en un hospital privado. “Vemos que una buena parte de la población se niega a ver lo que está ocurriendo, se resiste a los hechos. Esas personas pueden ser las próximas en pisar un hospital y querrán camas. Pero no habrá ninguna”. El país, agregó, necesita “medidas más rígidas” de las autoridades locales.
La sala de emergencia del hospital Nossa Senhora da Conceição, en Porto Alegre, repleta de pacientes
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A pesar de las objeciones del presidente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil confirmó la jurisdicción de las ciudades y los estados para imponer restricciones a la actividad. Aún así, Bolsonaro condenó constantemente cualquier medida restrictiva, al alegar que la economía necesita seguir activa y que el aislamiento causaría depresión. Las medidas se relajaron al final de 2020, cuando las infecciones y decesos por Covid-19 descendieron, se inició la campaña para las elecciones municipales y los brasileños que regresaron a casa estaban cansados de la cuarentena.
El último repunte está impulsado por la variante P1, que según dijo el ministro de Salud del país el mes pasado, es tres veces más transmisible que la original. Se hizo dominante primero en la ciudad amazónica de Manaos, y en enero obligó a trasladar por aire a cientos de pacientes a otras regiones.
Un área improvisada para atender pacientes con un hospital de Brasilia
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El fracaso de Brasil a la hora de contener el virus desde entonces se ve cada vez más como una preocupación no solo por sus vecinos latinoamericanos, sino también como una advertencia para el mundo, señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa el 5 de marzo.
“En el conjunto del país, el uso agresivo de medidas de salud pública, de medidas sociales, será muy muy crucial”, afirmó. “Sin hacer cosas que tengan un impacto en la transmisión o supriman el virus, no creo que pueda haber una tendencia a la baja en Brasil”.
Los más de 10.000 fallecimientos reportados la semana pasada en Brasil fueron su peor marca desde el inicio de la pandemia, y el conteo de esta semana va camino de ser incluso más alto luego de que se registraran cerca de 2300 decesos solo el miércoles, batiendo el récord del día anterior.
“Los gobernadores, como gran parte de la población, se estar hartando de toda está inacción”, dijo Margareth Dalcolmo, una destacada neumóloga el Instituto Fiocruz, de gestión estatal. El pacto propuesto es vago y seguirá siendo simbólico a menos que tenga un gran alcance y confronte al gobierno federal, agregó.
El consejo nacional de ministros estatales de Salud pidió la semana pasada el establecimiento de un toque de queda en todo el país y de cuarentenas en las regiones donde la capacidad hospitalaria está cerca de su máximo. Una vez más, Bolsonaro objetó.
“No lo decretaré”, señaló el presidente en un acto el lunes. “Y pueden estar seguros de una cosa: mi ejército no saldrá a la calle para obligar a la gente a quedarse en casa”.
Las restricciones ya podían notarse en el exterior del palacio presidencial luego que el gobernador de Distrito Federal, Ibaneis Rocha, implementó un toque de queda y un confinamiento parcial. Rocha advirtió el martes que podría incrementar las restricciones, excluyendo solo a farmacias y hospitales, si la gente desobedece las normas. En la actualidad, la lista de espera para ocupar una cama en una UCI en la región es de 213 personas.
Bolsonaro dijo a reporteros el lunes que el toque de queda es “una afrenta, inadmisible” y que incluso la OMS cree que los confinamientos no son adecuados porque afectan de manera desproporcionada a los pobres. Aunque la agencia de Salud de Naciones Unidas reconoce los “profundos efectos negativos” de esta medida, señala que algunas naciones no tienen más opción que imponer medidas muy estrictas para ralentizar los contagios, y que los gobiernos deben aprovechar al máximo el tiempo adicional para hacer pruebas y rastrear casos, además de atender a los pacientes.
Los hospitales de Brasil están al límite de su capacidad operativa por la pandemia
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Este matiz se le escapó a Bolsonaro. Su gobierno sigue buscando soluciones milagrosas que por el momento no han servido para nada más que para alimentar las falsas esperanzas. Cualquier idea parece ser digna de consideración, excepto las de los expertos en salud pública.
Mientras Europa y Estados Unidos aceleran sus programas de vacunaciones y logran reducir los casos graves, el Gobierno federal tuvo un lento comienzo de la inmunización. Solo el 2% de los 210 millones de brasileños han sido inoculados con dos dosis hasta el momento.
El gobierno de Bolsonaro gastó en cambio millones en producir y distribuir pastillas contra la malaria, que en estudios rigurosos no mostraron ningún beneficio. Sin embargo, el presidente respaldó este medicamento. También apoyó el tratamiento con dos fármacos para combatir los parásitos, ninguno de los cuales ha demostrado ser efectivo. El miércoles volvió a elogiar su capacidad para evitar hospitalizaciones durante un acto en el palacio presidencial.
Porto Alegre es una de las ciudades con ocupación completa de las camas de terapia intensiva
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Bolsonaro envió también un comité a Israel esta semana para evaluar un spray nasal no probado que ha calificado de “producto milagroso”. Dalcolmo, cuya hermana está ingresada en una UCI, calificó el viaje como “realmente patético”.
Camila Romano, investigadora en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de San Pablo, espera que la prueba que está desarrollando su laboratorio para identificar variantes preocupantes, incluyendo la P1, ayude a monitorear y controlar su propagación. Además, pide medidas más estrictas del gobierno y que los ciudadanos cumplan su parte.
“Cada día hay una nueva sorpresa, una nueva variante, una ciudad cuyo sistema de salud colapsa”, afirmó Romano. “Ahora estamos en la peor fase. Si esta es la peor fase, es porque desafortunadamente no sabemos lo que está por venir.”
El gobierno argentino firmó un contrato con la empresa china Sinopharm para la compra de 3 millones de dosis más, que se suman al millón ya recibido de la misma farmacéutica a finales de febrero. Según lo previsto, las nuevas dosis llegarán al país a partir de la semana próxima.
Nuestro país ya ha recibido 4.050.540 dosis de vacunas. 2.470.540 de ellas son la Sputnik V, llegadas en varias etapas; 580.000 son la Covishield, desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca y producida por el laboratorio Serum Institute de India, y el ya mencionado millón de dosis de Sinopharm.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se reunió este miércoles 10 con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, para avanzar en la concreción del «Polo Logístico Antártico» (PLA), un proyecto que busca posicionar a la ciudad de Ushuaia como eje estratégico de la actividad en la Antártida.
Melella y Rossi acordaron «trabajar de manera conjunta y con celeridad» en el desarrollo de la iniciativa que lleva «décadas de postergaciones», se informó en un comunicado.
El objetivo es la creación en Ushuaia de un centro de operaciones que permita abastecer la logística de las campañas científicas de todo el mundo que se desarrollan en el Continente Blanco. Para ello se buscará dotar a la capital fueguina de la infraestructura necesaria y aprovechar su cercanía geográfica, de solo 1.000 kilómetros, con la Antártida.
«La intención es conformar un polo que sea capaz de abastecer de servicios, alimentos, traslados y otros rubros afines, a las dotaciones que trabajan en forma permanente en las bases antárticas que se encuentran en nuestra zona de influencia», explicó Melella.
Según el gobernador, existen «conversaciones muy avanzadas» para que otros países empiecen a considerar a Ushuaia como base para sus operaciones antárticas, lo que además favorecería el desarrollo de nuevos programas.
En la actualidad, muchas de las bases antárticas argentinas son abastecidas por aviones Hércules de la Fuerza Aérea que despegan desde Buenos Aires y realizan escalas en Río Gallegos o en Ushuaia.
El Polo Logístico «reduciría esos movimientos, abarataría los costos y permitiría ampliar la capacidad de proveer de mercaderías y servicios de apoyo a nuestro personal científico y de otras bases extranjeras», confirmó Melella.
Según los voceros del Gobierno fueguino, desde el punto de vista del desarrollo estratégico de la provincia, la actividad es otro intento por «ampliar la matriz productiva fueguina», y «generar empleo sostenible», de modo de reducir la dependencia de rubros como la industria electrónica promocionada.
Las autoridades apuntan también al desarrollo de la llamada industria del conocimiento, a través del desembarco de empresas como Globant, y al agregado de valor a la extracción de hidrocarburos, además del crecimiento del turismo, la pesca y la producción primaria.
Y, como decíamos en AgendAR hace pocos días, la Antártida es una frontera donde expandir las capacidades argentinas.
?? Junto al ministro de Defensa de la Nación, @RossiAgustinOk, trabajamos en una agenda conjunta para el desarrollo del Polo Logístico Antártico, un proyecto estratégico para consolidar a Ushuaia como la puerta de ingreso al Continente Blanco. pic.twitter.com/C41YsPQphL
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su par ruso Vladimir Putin inauguraron oficialmente este miércoles 10 en forma virtual las obras de construcción del tercero de los cuatro reactores que integrarán la planta de Akkuyu, ubicada en el sur de Turquía. «Este proyecto gigantesco es uno de los símbolos de la cooperación ruso-turca», destacó Erdogan. «Compartimos con el presidente Putin la misma voluntad de ampliarla», añadió.
Construida por Rosatom, el gigante nuclear ruso, la planta comenzará a funcionar en 2023, coincidiendo con el centenario de la República de Turquía, y tendrá un costo estimado de unos 16.800 millones de euros.
Vista general de la planta nuclear de Akkuyu, en Mersin, Turquía
Creciente acercamiento entre Rusia y Turquía
Por su parte, Putin dijo que quería que el proyecto «contribuya a fomentar la asociación turco-rusa en todas sus facetas y refuerce la amistad y el entendimiento recíproco entre los pueblos» de los dos países.
Pese a sus divergencias respecto a los conflictos en Libia y Siria, en los que apoyan a partes enfrentadas, Moscú y Ankara se han acercado de manera considerable en los últimos años, al punto de irritar a los aliados occidentales de Turquía, que integra la OTAN.
Un ejemplo es la compra por parte de Ankara del sistema ruso de misiles S-400, lo que causó una crisis con Estados Unidos que aún persiste.
Mañana a las 10hs junto @KulfasM vamos a presentar la agenda estratégica que diseñamos desde @produccion_arg para incrementar la capacidad exportadora de nuestras PyMES a la República Popular China. Pueden seguir el evento acá ? t.co/nYNwXPPkWkpic.twitter.com/hmozjHyGjW
“Fue un enorme desafío, con momentos de incertidumbre, de mucha tensión. Algunas noches se me complicó el sueño -confiesa el ministro de Ciencia Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza-. Por suerte estuve acompañado por un grupo de secretarios, subsecretarios, la jefa de Gabinete, con los que trabajamos realmente como un equipo y eso nos permitió compartir la tarea de una manera equitativa”, agradece. Y completa con una frase que sorprende al sentido común: “Estoy muy satisfecho de haber estado en este lugar, en este momento histórico”.
Es que gestionar uno de los ministerios clave para enfrentar una pandemia que nadie preveía es una tarea que nadie le desearía a un amigo. Y mucho menos, cuando todo estalla muy poco tiempo después de hacerse cargo de un área que venía de cuatro años de fuerte ajuste, a tal punto que había sido degradado de ministerio a secretaría. “Al asumir, nuestros objetivos tenían un doble foco. Por un lado restaurar el daño causado por los cuatro años de Macri y, por otro, trabajar para que la ciencia aportara a la solución de los problemas de los argentinos. La llegada de la pandemia trastocó todos los planes y nos colocó de lleno en la necesidad de buscar respuestas urgentes para semejante desafío”.
Salvarezza considera que semejante prueba pudo tener una respuesta acorde con la altura del problema gracias al enorme acompañamiento de la comunidad científica. Como prueba de ese apoyo señala la extraordinaria respuesta que tuvo la Convocatoria IP-COVID-19, lanzada a fines de marzo de 2020, en la que se presentaron más de novecientos proyectos. “Creo que el Ministerio tuvo como mérito la habilidad de articular a todos los actores del sistema y la rapidez para financiar los proyectos con fondos que quedaban sin utilizar de la gestión de Mauricio Macri. Parece increíble pero encontramos recursos de organismos de crédito internacional sin ejecutar que pudimos redirigir rápidamente para que esas iniciativas pudieran avanzar”.
Las respuestas que el sistema científico tecnológico nacional viene brindando para enfrentar al SARS-CoV-2 han sido valoradas recientemente en un artículo publicado por la revista Nature Inmunology en el que se enumeran algunos de los aportes realizados por científicas y científicos argentinos, se remarca la actuación de las agencias estatales para impulsar múltiples iniciativas y se subraya que “Argentina permanece a la vanguardia de los esfuerzos internacionales para controlar la pandemia”.
– ¿Qué proyectos destacaría del conjunto de contribuciones que hicieron los investigadores e investigadoras argentinas para dar respuesta ante la pandemia?
– Hay numerosos proyectos para destacar. Entre las herramientas de diagnóstico yo diría que el NEOKIT, del Instituto César Milstein y el Laboratorio Cassará, ha sido un instrumento muy importante que hoy está siendo utilizado en las provincias y fue usado durante toda la temporada de verano en la costa por la Provincia de Buenos Aires. Respecto del test de anticuerpos el COVIDAR de la Fundación Instituto Leloir (FIL) y del CONICET, liderado por Andrea Gamarnik también fue muy relevante. Los barbijos, que fueron un éxito, a partir de un desarrollo de investigadores de la UBA, UNSAM y CONICET y producidos por la empresa Kovi. Otra iniciativa que tuvo enorme importancia fue el Suero Equino Hiperinmune (SEH), que hoy en día está siendo utilizado en los hospitales de la Argentina para pacientes moderados y severos. También quiero resaltar el ensayo clínico de plasma de convaleciente o plasma de paciente recuperado, que llevó adelante Fernando Polak, del que se comprobó su utilidad real cuando se aplica a enfermos que están en un estado leve, en los primeros días con síntomas. Es un estudio clínico que dio muchísimo soporte a una terapia que se venía aplicando en muchos lugares del país sin tener todavía un sustento clínico verificable.
– Esto le permite a la Argentina contar con diferentes alternativas terapéuticas…
– Claro, esto hace que, hoy en día, Argentina tenga en sus hospitales dos opciones: el plasma de paciente recuperado y el SEH. Todos los días recibo reportes del interior del país destacando la eficiencia del SEH y del plasma de convaleciente. Todos estos desarrollos tienen, además, proyección para exportación. En otro orden de cosas, también fueron importantes algunos desarrollos informáticos, como la plataforma CUIDAR, que permite hacer un autodiagnóstico y gestionar el permiso de circulación. Eso fue desarrollado por investigadores del CONICET y de Exactas UBA que están en la Fundación Sadosky. Y no me quiero olvidar de algo fundamental, que se llama Proyecto PAIS, integrado por unos 100 investigadores de diferentes instituciones, que tiene por objetivo detectar y secuenciar el genoma de las diferentes variantes del SARS-CoV-2 que están presentes en nuestro país. Ellos revelaron, hace algunas semanas, la aparición de la variante de Río de Janeiro, luego la del Reino Unido y hace unos días anunciaron la presencia de otro caso de la variante de Manaos. Se trata de un tema fundamental para saber con quién nos enfrentamos y la eficacia que tienen las vacunas.
– En qué instancia está el desarrollo de vacunas nacionales en el que participan algunos grupos de investigación de la Argentina?
– El tema de la vacuna lo quiero poner en el marco correcto. Argentina puede fabricar vacunas. De hecho, la vacuna de Oxford se fabrica en mAbxience, en una planta en Munro y lleva producido el principio activo de 18 millones de dosis que ya fueron enviadas a México para ser distribuidas en América Latina. Lo que nosotros no pudimos concretar fue el diseño de una vacuna argentina. A mí me hubiera gustado que Argentina pudiera diseñar una vacuna de la UBA, de San Martín, del Litoral. Ese es el espíritu que hizo que nosotros saliéramos desde el comienzo con dos proyectos, uno de la Universidad de San Martín con investigadores del CONICET y otro de la Universidad del Litoral, también con investigadores del CONICET. En el primer caso, ya tenemos un laboratorio nacional que está interesado en fabricarla. Estamos esperando a que se firme el convenio para anunciarlo. Obviamente, se encuentra en fase preclínica, o sea, en los ensayos previos a la aplicación en humanos. El horizonte, si todo sale bien, es que el año que viene se podría avanzar a la fase 1. No es un tema disparatado si tenemos en cuenta que este virus nos puede visitar en forma recurrente con distintas variantes.
– Da la sensación de que la pandemia volvió a poner en valor un concepto que habitualmente no es tenido en cuenta por el neoliberalismo. Me refiero a la soberanía científico tecnológica.
– Sí, es un tema que la pandemia puso en evidencia. Tener la capacidad de diseñar nuestras vacunas nos da un margen de soberanía muy importante. El país no debería tener que recurrir otra vez a un proveedor extranjero para conseguir vacunas. Deberíamos adquirir nuestras propias capacidades. Así lo hicimos con nuestros kits de diagnóstico, que al principio había que importarlos. Así hicimos con los elementos de protección, con la producción de respiradores. En este momento, Argentina fabrica todos estos elementos en el país. Nos falta diseñar nuestra vacuna y tenemos que aprender a hacerlo. Porque, incluso, Argentina puede exportar estos productos que desarrolló y que mañana pueden ser dedicados a otras enfermedades.
– ¿Qué importancia le otorga a la posibilidad de que la vacuna Sputnik V se fabrique en Argentina?
– Ustedes saben que se trata de un acuerdo entre privados. De la misma manera ocurrió cuando se hizo el acuerdo entre el laboratorio mAbxience y AstraZeneca para fabricar esa vacuna en el país con una transferencia de tecnología. Aquí se trata, más o menos, del mismo esquema. El Fondo Ruso de Inversión Directa hace un acuerdo preliminar con el Laboratorio Richmond. El gobierno actuó de articulador, pero sigue siendo un acuerdo entre privados. En este caso, se está planteando la construcción de una planta de producción de vacunas, lo que le daría al país una capacidad de producción mayor para el futuro. No sólo para COVID sino para otras enfermedades.
– ¿Qué tipo de aprendizajes tuvo que desarrollar con urgencia el sistema científico para enfrentar la pandemia y que podrán aprovecharse de aquí en adelante?
– En este tiempo hemos aprendido a hacer una muy buena interacción entre el sector académico y el sector productivo. Yo recuerdo que uno de los grandes problemas que existía en el 2015 era la articulación entre instituciones diferentes y con el sector productivo. Bueno, la pandemia demostró que es posible trabajar en forma asociada. Si uno mira el caso del SEH, la verdad es que, sin mayores inconvenientes, se pusieron a trabajar tres instituciones científicas: el ANLIS, la UNSAM y el CONICET, junto con dos empresas como BIOL e INMUNOVA. Y en menos de un año sacaron un producto. La verdad es que esa manera de organizarse cuando hay un objetivo claro, una acción concreta, definida, con un financiamiento ágil, con una decisión política, permite solucionar múltiples problemas. Creo que es un ejemplo de lo que vamos a estar haciendo en otras áreas. Pero no nos olvidemos de que nosotros estamos trabajando para financiar toda la ciencia. Porque nunca sabemos qué es lo que vamos a requerir mañana.
– ¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que fue recientemente aprobada en el Congreso?
– Yo diría que se trata de una ley histórica. Mirá, en 2015, el país invertía en CyT el 0,65 % de su PBI. De ese 0,65, el 0,35 correspondía a la función CyT del presupuesto nacional. Pero ese monto no contempla la inversión privada, lo que ponen las universidades, las provincias. Todo eso sumaba el 0,65 % del PBI. Ahora bien, la ley establece que la función CyT, que era del 0,35 en 2015 y que Macri dejó en 0,23 en el 2019, irá aumentando progresivamente año tras año, hasta alcanzar el 1% en 2030. Es una cifra importantísima porque fija el piso de financiamiento en el 1% del PBI. Pero ese 1% corresponde exclusivamente a la función de CyT del Estado nacional. Si a eso le sumamos el aporte privado -que debería incrementarse con la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento-, más lo que inviertan las provincias, más las universidades, podríamos estar llegando al final de esta década con un 2% del PBI como de inversión en CyT.
– Nunca en la historia argentina se logró un financiamiento para la ciencia de este nivel…
– Lo que tenemos garantizado por ley es el 1 %. Y ese 1 % ya es un logro porque nunca llegamos a esa cifra. En el mejor momento llegamos al 0,65 sumando todas las componentes. Este año la función CyT es de, aproximadamente, unos 100 mil millones de pesos, lo que equivale a cerca de 1.100 millones de dólares. De acuerdo con la Ley, dentro de 10 años, el compromiso del Estado es poner 4 mil millones de dólares. Un salto enorme.
– El hecho de que ese monto sea establecido por ley, ¿constituye un reaseguro suficiente para que ese financiamiento sea respetado más allá de los cambios de gobierno?
– Lo bueno, que ha significado una derrota cultural para el proyecto neoliberal periférico de Juntos por el Cambio, es que todos han tenido que acompañar esta ley. ¿Por qué? Porque, a la luz de la pandemia, quién puede negar que el Estado tiene que invertir en CyT. Si hasta aquellos que recortaron recursos ahora terminaron apoyando que este renglón presupuestario suba en forma escalonada hasta el 1 % del PBI. Es decir, terminaron apoyando que sea el Estado y no el privado, el que aumente esa inversión. Y la iniciativa fue aprobada casi por unanimidad en ambas Cámaras. Ojalá que ésta se convierta en una política de Estado y que podamos seguir invirtiendo en algo que es básico. Ningún país desarrollado del mundo deja de invertir en CyT. Solamente los proyectos neoliberales aplicados a países periféricos hacen estas cosas. Que son chapucerías, realmente. Eso fue lo que hicieron pero ahora este gobierno cambió el rumbo.
Claudio Damiano, coordinador del grupo de Energías Renovables y Nuevas Tecnologías: Generación Distribuida y Electromovilidad del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), afirmó: “Podemos dividir un vehículo en tres partes: el chasis, con sus partes, el motor y, en el caso del auto eléctrico, una gran batería. En el caso del chasis, la Argentina es uno de los 21 países que tiene industria automotriz. Fácilmente se podría trasformar esta industria a chasis o plataformas que pudieran incorporar la movilidad eléctrica. El motor eléctrico también ya se fabrica en nuestro país y se controla con una electrónica que también se puede hacer aquí, con algunos componentes importados. Podríamos evitar las barreras que significaban fabricar un motor a nafta, que todos sabemos lo complejo que es hacer de forma eficiente, económica y durable, ya que un motor eléctrico es mucho más sencillo. Por último, están las baterías, y allí la Argentina tiene la ventaja de tener reservas de litio. Es una industria sumamente compleja y fabricar una batería completa en el país sería sumamente difícil, pero siempre se empieza por algo y este proyecto está tratando de sentar las bases para poder hacer los paquetes de celdas que componen la batería del auto”.
Dado que se espera que los vehículos eléctricos se vayan incorporando lentamente al mercado, no sería necesario realizar modificaciones a la red eléctrica. Lo que se suele hacer, para no recargar el sistema, es promover que la carga no se haga en horarios pico. Cuando la cantidad de autos eléctricos gane cierta masividad sería necesario realizar cambios en el sistema nacional de distribución y generación de energía eléctrica. “Si todo el parque automotor argentino se vuelve eléctrico, el aumento de demanda sería de un tercio de lo que se consume en la Argentina en energía eléctrica durante un año. Entonces, habría que ponerle al sistema un 33% más de inversión en generación y distribución”, afirmó Damiano.
Según los borradores que circulan del proyecto, se prohibiría la fabricación de motores de combustión interna para dentro de 20 años, es decir, en el año 2041, aunque se podrían otorgar permisos especiales para los casos que lo justifiquen. Desde la industria, hubo quejas indicando que es un tiempo demasiado breve como para adaptar las fábricas.
El debate sobre la electromovilidad traerá aparejada la discusión sobre si los vehículos eléctricos son realmente descarbonizantes, ya que esto depende de qué tan contaminante sea la matriz energética con las que se cargan sus baterías. Por eso, en el caso de que se masifique su uso y deba agregarse nueva generación de energía, también habrá que discutir si las nuevas fuentes serán de origen solar, eólico, nuclear, hidráulica o de hidrocarburos.
Damiano también remarcó algunos cambios de paradigma que se avecinan con el advenimiento de los vehículos eléctricos: “La electromovilidad permite un diseño de plataformas flexible, ya no tiene la tiranía del motor térmico, el tanque de nafta y demás, con lo que se pueden ubicar baterías y motores en cualquier lado. El Estado, en función de sus requerimientos, que podría ser desde el Correo hasta servicios en las plazas, podrían demandar vehículos diseñados específicamente para sus necesidades. Existe también mucha expectativa sobre el desarrollo de microvehículos, para tareas de micrologística, por ejemplo. Se están haciendo pequeños vehículos elécricos que pueden cargar hasta 500 kilos con estructuras muy simples, fáciles de hacer en talleres especializados, con motores que se consiguen localmente”.
En el año 2018 se modificó la ley que regula las categorías y requisitos de los vehículos que circulan por la vía pública y se incluyeron las categorías L6 y L7 para vehículos livianos de propulsión eléctrica y construcción de baja escala. Se trata de vehículos de hasta 400 kilos de peso (sin contar las baterías) y con limitaciones de velocidad que permiten también tener una normativa especial que evita costos y permite su fabricación por parte de pymes nacionales. En la Argentina se están construyendo vehículos de la categoría L (la categoría de los autos comunes es la M) que son unos cuatriciclos con carrocería más chicos, livianos y eficientes desde el punto de vista energético que un auto de calle”, dijo el funcionario.
Todavía es difícil de proyectar el efecto económico de una ley a partir de los borradores en danza, ya que en ellos prima un planteo general y se delegan las políticas específicas en la autoridad de aplicación, que estaría bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
“La electromovilidad no es lo ideal para todos las necesidades pero rápidamente puede ocupar el 50% de los usos de movimiento. También está en discusión el modelo actual del uso del automóvil, ya que no es sustentable usar un auto por persona, las calles y autopistas colapsan y hay una necesidad de cambiar la forma de movernos”, concluyó Damiano. 
4) O sea: la idea «la gente está harta de las restricciones», «no queremos estar encerrados» o «que mueran los que tengan que morir», «no se puede hacer nada», por muy difundidas que estén, son miradas que representan a una minoría (intensa, pero minoría al fin) de la población.
5) Esto encuentra también refuerzo en otra pregunta, en la que se indagaba el acuerdo con volver a las restricciones de abril ante una eventual segunda ola: 55% de acuerdo y otro 35% que las respetaría aun en desacuerdo. Apenas un 10% «no las respetaría».
6) Sin embargo ocurre algo interesante cuando ya no preguntamos qué es lo que habría que hacer o el nivel de acuerdo sino cómo creen que respondería la sociedad frente a la reimposición de restricciones por el inicio de la segunda ola.
7) Allí resulta que la mitad de los que proponen restricciones creen q su posición es minoritaria, que la mayoría de la población no está de acuerdo. Véase que un 50% (31 + 19) cree que casi todos le tendrían bronca y ese 19% piensa que ni siquiera las podría implementar.
8) Por el contrario, quienes están en contra de cualquier tipo de restricción, se encuentran convencidos de ser mayoría, como podemos ver aquí: un 66% de ellos está convencido de que «todos estamos hartos» y que «la gente» los acompañaría como presidentes sin restringir nada
9) Algo así podemos encontrar también en las redes sociales, donde gritan más los que se oponen a las restricciones, insultan con más ínfulas. Pero insultar más no los hace ser mayoría.
10) Pueden consultar el artículo completo donde analizamos esto con el equipo de Javier Balsa, Guillermo de Martinelli, Pehuén Romaní y Juan I. Spólita
11) Y podemos ver q lo mismo ocurre con la reapertura de las clases presenciales. Se vociferaba que lo querían las mayorías pero el 77% pensaba que era mejor esperar a que estuvieran vacunados todos los docentes en una encuesta previa del mismo equipo del Socpol de la Universidad de Quilmes.
12) El primer punto entonces queda aclarado: los que se oponen al principio precautorio NO SON la mayoría de la población sino una minoría intensa. El problema es que esa minoría (un quinto de la población) ha demostrado q está dispuesta a hacer lo que sea para impedir cualquier medida de cuidado.
13) Al mismo tiempo, ese grupo se encuentra empoderado, convencido de expresar a «la mayoría» en tanto que la mayoría que acuerda con el cuidado cree ser minoritaria. Un 20% ha conquistado la hegemonía, convenciendo a muchos (y a las autoridades) de ser «la opinión mayoritaria».
14) Casi todas las autoridades consideran «inviables» las medidas de cuidado, sea porque sufren la misma confusión que la población mayoritaria o porque consideran difícil enfrentar la insubordinación de la minoría intensa (un 20% es mucha gente si está dispuesta a la acción).
15) Por lo tanto, la paradoja que se genera es que se termina ejecutando las políticas de la minoría, sea por su capacidad de ganar la disputa por el sentido, sea por el poder que les otorga estar dispuestos a cualquier cosa. Resultado: más de 50.000 muertos y contando.
16) Esta disyuntiva no tiene salidas fáciles. No se resuelve necesariamente implementando las medidas para lograr Covid cero (q bien propone Yaneer Bar-Yam y que ya han logrado muchos países) porque la resistencia del 20% puede ser desestabilizadora si no se planifica bien.
17) Y porque las correlaciones de fuerzas y los sentidos son dinámicos: alguien que acuerda hoy puede disentir más tarde, aunque también puede ser al revés. Estos equilibrios son inestables y dependen de la buena comunicación y la eficacia de las medidas y sus resultados.
18) Pero este mapa de las representaciones de la sociedad argentina HOY sí puede constituir una herramienta poderosa para asumir mayor convicción en la defensa del principio precautorio y no dejarse silenciar por los trolls o las minorías intensas.
19) Es cierto que una porción de la sociedad cree que esto es una gripecita, que hay que olvidarse del tema y que hay que dejar «que se mueran los que se tengan que morir» pero esa porción es claramente UNA MINORÍA.
20) Si las autoridades y cada uno de nosotros podemos tener esto claro, quizás las disputas por el sentido puedan avanzar otro pasito y permitirnos construir las condiciones para recuperar la aplicación del principio precautorio y salvar muchas vidas ante la segunda ola.
21) Es útil comprender que NO ES CIERTO que todos somos egoístas, que no estamos dispuestos a ayudar a nadie o a sacrificar nada en pos del otro. Sabiendo esto… que cada quien se haga cargo de la parte que le toca
22) Este hilo no hubiese sido posible sin el tremendo laburo de Javier Balsa, Guillermo de Martinelli, Pehuén Romaní y Juan I. Spólita, mencionados más arriba. Todo el mérito de ellos, todos los errores míos 🙂 
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