La posición de AgendAR en el tema de las energías renovables en nuestro país ha estado guiada -y lo sigue siendo- por algunos conceptos básicos. El primero, y clave, es que el uso de los combustibles fósiles -salvo un desarrollo inesperado e imprevisible- tiene una fecha cierta de terminación en todo el planeta.
No es una fecha cercana, por cierto; existe una gigantesca infraestructura, fija y móvil, que no se reemplazará rápidamente. Ni tampoco estarán disponibles pronto las alternativas para suplirlos en su totalidad. Pero la realidad del calentamiento global está siendo aceptada -en algunos casos a regañadientes- por los gobiernos en todo el mundo. Entonces, el desarrollo de las energías renovables es un camino que debemos recorrer.
Pero hay otros conceptos que tenemos presentes: las energías renovables requieren infraestructuras caras y complejas; y en el caso de las más comunes, la solar y la eólica, son inconstantes. Salvo otro desarrollo inesperado e imprevisible -un sistema de almacenamiento eléctrico muchos órdenes de magnitud superior a las baterías- necesitan un respaldo «de base». Las dos fuentes que no aumentan el carbono en la atmósfera son la nuclear y la hidroeléctrica. Esas infraestructuras también son caras y complejas.
Todo esto apunta a una conclusión inescapabla: la transición energética en nuestro país requiere, sí o sí, una planificación a largo plazo, que tome en cuenta todos los factores.
En nuestro país el gobierno anterior hizo una apuesta importante -y cara, en términos de subsidios, a la energía eólica y a la solar. En AgendAR hemos sido críticos de esos planes: demasiado costosos, en relación al aporte real a la red eléctrica, y, sobre todo, porque no incorporaban estímulos para la industria nacional. En una expresión cáustica de nuestro Daniel Arias, «el único insumo local previsto era el viento«.
Pero, bien o mal, es lo que se hizo, y debemos partir de esa realidad. Y escuchar a las empresas que trabajan en este rubro. Teniendo en cuenta los datos de una nota reciente, podemos decir que en este mes de septiembre, para ser precisos, el sábado 12 a las 15:40, por primera vez se logró que el 22,38% de la demanda eléctrica fuera abastecida por energía renovable.
Esto se dio por un conjunto de factores climáticos que permitieron que la energía eólica y la solar generaran más electricidad que su media, pero también porque entraron al sistema varios parques nuevos en los últimos meses.
A futuro, sin embargo, las perspectivas son negativas, ya que, por la crisis de financiamiento y la incertidumbre de no tener un horizonte claro, hace más de un año están paralizados la mayoría de los nuevos proyectos.
EOLICA
De todos los tipos de energías limpias, la principal proveedora de electricidad es la eólica, que ese día representó al 70,89% del total abastecido, con 2051,67 megawatts/hora (MWh).Luego le siguieron la solar, con 18,95% del total y 548,53 MWh; la hidráulica, con 6,29% y 182 MWh, y bioenergías, con 3,86% y 111,8 MWh.
Las energías renovables tienen prioridad de despacho; es decir, toda la electricidad que generan entra al sistema y abastece la demanda de forma automática. El resto de la generación necesaria se complementa con la energía térmica, la hidroeléctrica no renovable (por alguna causa, las centrales «hidro» de más de 50 MW instalados no figuran por ley como renovables) y la nuclear (que puede reciclar su combustible y no emite C02, pero la ley actual tampoco la considera renovable).
Al día de hoy hay 146 proyectos de energía renovable habilitados comercialmente, que tienen una potencia instalada de 3383 MW. De ese total, en los últimos cuatro años se inauguraron 89 proyectos por 2534 MW, que fueron impulsados por el nuevo marco regulatorio Mater (el mercado mayorista donde operan los grandes usuarios) y el programa Renovar.
Aún con todos los proyectos nuevos, la generación promedio de energía eléctrica representa un 11% del total de la demanda. Esto es mucho mayor a los menos de 2% que representaba hasta julio de 2018 y al 8% con el que cerró 2019, aunque está por debajo del 12% que se tendría que haber alcanzado el año pasado, según las metas impuestas en la ley 27.191 de energías renovables, aprobada por unanimidad en 2015. El objetivo final es llegar a 20% para 2025.
Del total de proyectos renovables, 46 son parques eólicos, que tienen una capacidad instalada de 2205 MW y 31 son solares, con 461 MW. Con respecto de la energía hidráulica, la ley de fomento nacional para el uso de fuentes renovables incluye solo a los proyectos de centrales hidroeléctricas de hasta 50 MW, por lo cual no se toman en cuenta en los registros de renovables las grandes represas como Yacyretá o El Chocón.
Este año se habilitaron comercialmente 22 proyectos nuevos, que tienen una capacidad instalada de 734,8 MW. La última gran incorporación que está en período de pruebas es el parque solar Cauchari, en Jujuy, que tiene una capacidad de 300 MW. También entraron en funcionamiento grandes parques eólicos como Vientos Neuquinos, de la generadora estadounidense AES, y Vientos la Genoveva, de Central Puerto.
En contraste a todas las inauguraciones de parques renovables de los últimos meses, la realidad del sector es pesimista cuando se mira a futuro. Desde la escalada del dólar que comenzó en marzo de 2018, y continúa, el inicio de nuevos proyectos se fue ralentizando cada vez más.
Esto sucede en buena medida, porque máquinas como las eólicas tienen un alto consumo de repuestos, y dado que estos son tan importados como las propias turbinas, se pagan en dólares. No sería la primera vez que la imposibilidad de mantenimiento paraliza parques eólicos durante años y décadas. Ya sucedió, pasados los ’90, con el primero de cierta dimensión, el de la ciudad de Comodoro Rivadavia, hecho con molinos daneses en tiempos de la convertibilidad peso/dólar.
Al igual que todas las industrias energéticas, el sector de renovables se caracteriza por ser capital intensivo y, por lo general, al financiamiento hay que buscarlo en el exterior. Con las sucesivas devaluaciones que tuvo la moneda en los últimos dos años, el aumento de la tasa de interés para créditos en la Argentina y las actuales restricciones al comercio exterior, la construcción de nuevos parques se hizo cuesta arriba.
Las cosas podrían haber sido distintas si se hubiera obligado a las proveedoras de tecnología eólica a fabricar en el país, como se hizo en Brasil. Allí el 100% de cualquiera de los generadores Vestas desplegados en los enormes parques locales es de manufactura brasileña. Aquí se permitió la libre importación de equipos enteros sin un centavo de trabajo local, instalaciones descomunales en las que la Argentina pone sólo el viento, la prioridad de despacho eléctrico sobre cualquier otro tipo de centrales aunque tengan producto más barato en el mercado spot, desgravaciones impositivas, precios sostén garantizados a dos décadas al kilovatio/hora, garantías de todo tipo y libertad de repatriación de ganancias. Seguir una política «más brasileña» habría sido un modo de ligar el precio de los equipos y repuestos no sólo al dólar, sino al consumo local de energía y al valor de la hora de trabajo en Argentina, y no en Dinamarca.
«La gran discusión que hay que dar es qué se hará con esos proyectos que no se llevarán a cabo por falta de financiamiento, que representan 2000 MW. Cada uno de ellos fue asignado con una capacidad de transporte, que es el gran cuello de botella. Mientras que no se den de baja, no se van a poder reasignar nuevos proyectos, porque tienen que tener asegurado que se pueda evacuar la energía», explicó Gustavo Castagnino, director de asuntos corporativos de Genneia, la empresa que tiene siete parques eólicos y uno solar en funcionamiento, y está por terminar de construir tres más.
Cada cuatro años, Brasil renueva su Manual de Defensa Nacional, también conocido como Libro Blanco. El ex vicecanciller Roberto García Moritán comenta la versión más reciente, con la discreción y buenas intenciones que debe manifestar un diplomático de carrera. De todas maneras, apunta observaciones interesantes:
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«Los Libros Blancos para la Defensa son una medida de transparencia y fomento de la confianza que nacieron en América del Sur por iniciativa de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos.
Sin embargo, raramente han contenido información considerada relevante desde elpunto de vista militar o diplomático, al tener un enfoque primordialmente de política interna. El nuevo Libro Blanco de la Defensa del Brasil parece ser una excepción a esa práctica: aborda cuestiones sensibles para la seguridad regional y admite que el país se prepara para la eventualidad de crisis agudas en América del Sur.
Según el documento, América Latina dejó de ser una zona libre de conflictos bélicos. El Libro Blanco reconoce una variedad de hipótesis de conflicto y, en ese contexto, destaca que las fuerzas armadas de Brasil (las más numerosas de América del Sur) se orientan para responder a las distintas alternativas.
Es de presumir que las recientes adquisiciones de armas convencionales respaldan esa visión. De hecho el aumento del presupuesto militar (según el SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute) es el 51% del total del gasto militar de América del Sur) y la variedad de compras de armamento. tanto como la producción doméstica, pondría en evidencia que Brasil incluso se prepararía para escenarios más amplios que los que define el Libro Blanco.
Es el caso, por ejemplo, de los aviones de combate de última generación y de la flota de cinco submarinos incluyendo uno a propulsión nuclear. La anticipada producción de elementos combustibles del submarino, con una planta de uranio enriquecido gerenciada por la Armada, sería otro dato en ese sentido.
Aunque Venezuela es el único país nombrado en el documento, ciertos conceptos tienen alcance geopolítico y permitirían interpretar objetivos militares más ambiciosos. La defensa delAmazonas Continental, por ejemplo, ya presupone una zona geográfica que comparte con varios países.
En otro objetivo, la defensa de la Amazonia Azul ocurre básicamente lo mismo, al afirmar interés sobre una presencia oceánica que trasciende su zona económica exclusiva.
De hecho, la armada del Brasil ya es hoy la más relevante entre los países sudamericanos. Cuenta también con un buque oceanográfico de apoyo a la Base Comandante Ferraz en la Antártida, en sintonía con planes relativos al Atlántico Sur.
El panorama que describe el Libro Blanco plantea un futuro de eventual complejidad política para América Latina, incluso en lo que hace a reequilibrios geopolíticos. Esas circunstancias, de confirmarse, suelen generar procesos de rearme regional que sería oportuno prevenir con la debida anticipación.
El Mercosur, que ha afirmado que la paz constituye un elemento esencial para la continuidad y desarrollo del proceso de integración, ha dado testimonios en ese sentido en materia de armas de destrucción masiva. Otro ejemplo es el ABACC entre Argentina y Brasil en lo relativo al control y contabilidad del material nuclear.
Aunque América del Sur es la macroregión del mundo con el menor índice de conflictos armados interestatales, el proceso de integración del Cono Sur debería fortalecer el concepto de defensa colectiva, renovar y actualizar medidas de fomento de la confianza en lo relativo a armas convencionales y contribuir a adoptar acuerdos diplomáticos para robustecer la estabilidad estratégica regional. Es de esperar que la vocación de paz siga prevaleciendo en toda América Latina y el Caribe.»
Cuando comenzó a escalar la pandemia, en la primera etapa de cuarentena –abril a junio de este año– más de 3,6 millones de trabajadores por cuenta propia, en relación de dependencia -en su gran mayoría informales- y pequeños productores y comerciantes que tenían empleo, lo perdieron o no pudieron trabajar en el segundo trimestre de este año, durante el período de mayores restricciones a la actividad.
El dato surge de la proyección nacional de las tasas e indicadores socioeconómicos para 31 aglomerados urbanos que reveló la encuesta permanente de hogares para ese período y que publicó el INDEC.
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La desocupación pasó del 10,4% al 13,1%. Hay que volver al tercer trimestre de 2004 para encontrar una tasa de desempleo similar. A su vez, el nivel del empleo se derrumbó 8,8 puntos: del 42,2% al 33,4%. En forma similar cayó la población activa: de casi 20 millones a poco más de 16 millones.
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Esto es así porque casi 4 millones de personas que en el primer trimestre estaban ocupados o desocupados buscando trabajo, no buscaron o no pudieron buscar otra ocupación en el trimestre siguiente. Por todo esto, la tasa de actividad bajó del 47,1% al 38,4%. Esto explica que el número de desocupados haya crecido apenas en unas 60.000 personas, hasta llegar a 2,1 millón de personas.
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Por las mismas razones, la subocupación – gente que trabaja pocas horas, en su mayoría informales– bajó del 11,7% al 9,6% debido a la fuerte pérdida de puestos de trabajo, en especial entre los que no están registrados.
El INDEC precisó que dentro de los 16 millones de ocupados “se verificó un aumento en la proporción de «ocupados ausentes». Se trata de las las personas que no pudieron concurrir por suspensiones, por otras causas laborales o por licencias.
Habrá que esperar las próximas mediciones para saber cuántas de esas pérdidas de puestos de trabajo podrán haberse recuperado con las distintas reaperturas de la actividad.
Finalmente, el gobierno definió aprobar una sexta entrega del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), luego de una reunión del Gabinete Económico. Así, ya está aprobado el desembolso para facilitar el pago de los salarios para algunos empresarios durante el mes de septiembre.
Según explicaron fuentes gubernamentales, se resolvió continuar con el programa en condiciones similares a las del último mes, con solo “algunos ajustes menores” en cuanto a los requisitos para poder aplicar al mismo.
Las empresas que podrán presentarse a este beneficio deberán tener una recuperación nominal de la facturación de hasta 40%, pero que aún registran una variación real negativa si se compara su evolución con la situación pre-pandemia. Y solo podrán acceder aquellas firmas con menos de 800 trabajadores.
Entre las opciones que ofrecerá el ATP 6 están la posibilidad de acceder al salario complementario para los sectores críticos, y el crédito convertible en subsidio para las empresas que incorporen trabajadores.
El préstamo para el pago de salarios, como se introdujo en el ATP 5, puede convertirse en un subsidio si la empresa aumenta su dotación de personal. Esto depende el tamaño de la empresa: las exigencias para poder convertir el préstamo en subsidio aumentan cuanto más grande es la dotación del personal. las empresas también deberán cumplir con algunas condiciones adicionales: no tener empleados suspendidos en 2021 y no haber caído en mora en el pago del crédito.
El ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, destacó: “Estamos trabajando desde que comenzó el gobierno en fortalecer la producción local. Esto implica el diseño una política industrial integral que permita identificar bienes y servicios en las distintas cadenas de valor donde es posible sustituir las importaciones. Por supuesto, no se trata de producirlo todo, por el contrario, tenemos que avanzar para detectar las oportunidades que se presentan en el caso argentino, donde vemos escala y posibilidades de mercado, tanto interno como externo”.
El ATP es un programa de ayuda que está compuesto en un 99% por PyMEs que tuvieron que suspender su producción durante el aislamiento obligatorio. En el mes de agosto ayudó a pagar los sueldos de 1 millón y medio de trabajadores.
el ministro de la Producción, Matías Kulfas, presentó un nuevo plan para reactivar el consumo: créditos para la compra de electrodomésticos de hasta 36 cuotas fijas. Incluye a heladeras, lavarropas, lavavajillas, cocinas, ventiladores, calefones y termotanques. La condición es que sean modelos de eficiencia energética, para ahorrar electricidad.
Así, abarca 35 modelos de heladeras, 22 de lavarropas, 9 de cocinas a gas, 7 de calefones a gas, 9 de termotanques a gas, 4 de termotanques eléctricos, 1 modelo de lavavajillas y 144 de ventiladores.
La financiación será por un monto de hasta $100.000, con tasa fija de 15% a pagar en 36 cuotas, con la tarjeta Nativa del Banco Nación. Quienes no tengan esta tarjeta pueden tramitarla a través de la web del Banco Nación aquí.
Estas medidas para estimular el consumo se suman a la reciente ampliación del plan Ahora 12, el programa de Precios Cuidados para la Construcción y la línea de créditos para la compra de motocicletas nacionales, entre otros recientes anuncios del gobierno nacional.
La ministra de Salud provincial, Ana María Nadal, afirmó que Mendoza pondrá en práctica un plan de testeos masivos y rápidos a partir de esta semana.
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Según explicó, se implementará a partir de la semana que viene un plan de testeo provincial, con un test rápido recientemente aprobado por la Anmat.
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El anuncio llegó durante la conferencia en la que se adelantaron las restricciones de movimiento que estarán activas durante el fin de semana y el lunes pasado, para evitar contagios por el Día del Estudiante.
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«Vamos a implementar un plan de testeo provincial que tiene base territorial», explicó Nadal. «Esto lo podemos hacer a partir de que la semana pasada la ANMAT nacional ha aprobado un test rápido mediante el cual podemos detectar la presencia del virus».
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El test, remarcó la funcionaria, es de antígeno, es decir que detecta ciertas proteínas en el virus. El resultado puede estar en minutos, a diferencia de lo que sucede hoy, cuando los datos finales demoranvariosdías, especialmente con la cantidad de personas que se están testeando.
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«Nos permite realizar un abordaje territorial amplio, intenso y concentrado, que va a poder ayudarnos a detectar, aislar y evitar las cadenas de contagio», siguió. «Con ese plan podemos ser muy eficientes a la hora de controlar las cadenas de contagio», destacó.
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Finalmente, explicó que la tarea se realizará en coordinación con municipios y organizaciones sociales. Además indicó que esperan con este nuevo plan volver a controlar la cantidad de contagios que se producen en la provincia.
Este año, a principios de agosto, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que establece la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.
En el debate se recordó que “hace décadas hay un equipo de argentinos que consolidados están trabajando en los océanos para definir la continentalidad, la bioceanidad de la República Argentina” y se manifestó un “eterno agradecimiento al equipo que agrandó el mapa de la Argentina, a ese puñado de argentinos, científicos, abogados, que trabajaron incansablemente durante 20 años y que ampliaron un 35% los espacios marítimos del país”.
La ley tiene como objetivo proteger los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo del mar argentino, y establece demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las tradicionales 200 millas. Apunta a incrementar la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias.
La demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina es el resultado del trabajo desarrollado durante varios gobiernos por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), que permitió que la Argentina realice ante la ONU la presentación completa.
AgendAR ha enfocado este tema desde sus primeras semanas online, porque consideramos que ha sido el logro más importante de la Argentina como nación desde el siglo XIX. El que quedará en los libros de historia.
Estamos preparando un Especial sobre Los nuevos territorios argentinos con el material que publicamos´a lo largo de estos años. Pero hoy la periodista Natasha Niebieskikwiat ha escrito un excelente resumen. Lo reproducimos aquí:
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«Una larga aventura marina de la Argentina en varios capítulos terminó en las últimas semanas con un hecho histórico. No fue estrictamente un viaje como los que recrean las novelas o las películas por el Océano Atlántico sur, el mar que bordea a la Argentina, donde hay una enorme riqueza pesquera y una pintoresca fauna de leones, lobos, elefantes marinos, pingüinos y ballenas. Pero sí involucra directamente a ese mar y a su llamada plataforma continental -que es la prolongación natural del territorio del Estado bajo las aguas- donde se esconden minerales, petróleo, gas y recursos vivos como las especies sedentarias que viven en las piedras y en la arena.
Esta aventura, como rara vez ocurre en el país, es la saga de una política de Estado que caminó por encima de los gobiernos de turno. Empezó en los años ochenta del siglo pasado y siguió con varios hitos ocurridos en 1997, 2009, 2016 y 2020.
El resultado es que la Argentina tiene un nuevo mapa geográfico que incluye a su plataforma continental, un logro enmarcado en la normativa internacional que contempla la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (CONVEMAR). A partir de ahora, ese nuevo mapa estará incluido en toda la cartografía oficial, que se utiliza en colegios e instituciones públicas.
Los límites exteriores de la Argentina: Hitos de una política de Estado
Las fechas más importantes de una política de Estado que empezó con la adhesión del país a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en 1984.
1984La Republica Argentina firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)
1995Se ratificó la CONVENAR. A fines de año entró en vigor
2009El país presentó ante el Secretario General de las Naciones Unidas información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde la base de las líneas de de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar continental.
La presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma continental incluyó el límite exterior de la plataforma continental de todo el territorio cotinental incluyendo áreas en disputa como: Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, más Antártida.
2012Se inició el análisis de la presentación argentina.
2016En una decisión histórica, la Comisión de Límites de la Plataforma continental adoptó las Recomendaciones sobre la presentación del límite exterior de la plataforma continental argentina, con algunas excepciones.
2020El Congreso sancionó por unanimidad la ley de demarcación del límite exterior de la plataforma continental. Y Argentina tendrá un nuevo mapa.
Tal como lo habían prometido a principios de año Alberto Fernández y su canciller, Felipe Solá, el 25 de agosto el Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.757 de Espacios Marítimos aprobada el 4 de ese mes por el Congreso Nacional.
Con ella se incorporó como segundo párrafo del artículo 6° de la preexistente ley 23.968 sobre Espacios Marítimos la indicación de que se demarque “el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina continental e insular de acuerdo con los puntos de coordenadas geográficas consignados” en un anexo incorporado a la legislación.
El buque oceanográfico Puerto Deseado, perteneciente al CONICET y operado por la Armada Argentina, en una de las misiones con científicos en el Atlántico Sur para determinar los límites de la plataforma continental.
Concretamente, se demarcará el nuevo límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas (cada milla marina equivale a 1,85 kilómetros), tal como lo autorizó a hacer una comisión de la ONU en 2016 de acuerdo a lo que pudo probar la Argentina tras años de trabajo científico. Se trata de un hecho por el cual, si el Estado así se lo propone, se podrán proteger los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y el subsuelo del mar argentino.
“La ampliación de nuestra plataforma continental, que tiene riquezas enormes, muestra que la Argentina es dos veces más grande como plataforma continental que la Argentina continental”, dijo Daniel Filmus, secretario del Área Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien ahora está a cargo del cumplimiento de lo establecido desde la Cancillería.
Ahora, cuando ya está disponible el nuevo mapa completo de la República Argentina, el funcionario da cuenta de una nueva forma de leer la geografía nacional. Con la Antártida incorporada al mapa, la Argentina es un país bi continental y, si se la mira en toda su extensión, desde La Quiaca al Polo Sur, cambia el centro geográfico. Provincias que en el mapa tradicional quedaban en el centro de la Argentina, como Córdoba o Santa Fe, pasan a ser provincias del norte y el centro de la Argentina pasaría a ser Ushuaia, en Tierra del Fuego.
“Cuando uno mira también la disputa por Malvinas, se da cuenta de que no se trata solamente de unas islas, sino de una zona de influencia que es riquísima. Hay que decirlo, la zona del Atlántico Sur es una zona ictícola, la reserva de pesca más grande y más importante que hay en el mundo, es una llave a la Antártida y tiene una importancia geopolítica estratégica. Ahí uno entiende por qué el empecinamiento del colonialismo británico de mantener Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur que, como uno puede observar, en lo que hace a la zona económica exclusiva, ocupa casi la mitad de la zona económica exclusiva de nuestro país”, dice Filmus.
El buque oceanográfico Puerto Deseado, perteneciente al CONICET y operado por la Armada Argentina, navega entre las olas del Atlántico Sur en una de las misiones que se hicieron para determinar los límites de la plataforma continental.
En este punto, hay que aclarar que la Comisión de Límites de la Plataforma continental, la instancia que depende del marco regulatorio que estableció la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, analizó la extensión de la plataforma continental Argentina, pero no se pronunció sobre los reclamos de plataforma continental alrededor de las islas del Atlántico Sur que están en disputa entre la Argentina y Reino Unido.
Los dos países presentaron su pedido de incorporación de esta zona como plataforma continental. Pero no se le reconoció el espacio ni a los argentinos ni los británicos, lo que al mismo tiempo reconoce la existencia de una disputa. Esa comisión tampoco se pronunció sobre la Antártida, donde numerosos estados reclaman soberanía y en algunos casos con mapas superpuestos, como ocurre con la Argentina, el Reino Unido y Chile.
Frida Armas Pfirter, la coordinadora de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), explicó que «la prolongación natural del territorio de un Estado bajo el mar es la plataforma continental”. «Desde el principio de la evolución del derecho del Mar, la Argentina y otros países llamados “marginalistas” -porque queríamos que el margen del continente perteneciera a los Estados– decíamos que el Estado tenía derechos y soberanía sobre esa zona bajo el agua y, sobre todo, sobre los recursos de esa zona». Argentina creó su Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental en el año 1997.
Desde entonces, se trabajó de manera continua para establecer los nuevos límites que incorporarían la plataforma. El trabajo final del Estado argentino se presentó el 21 de abril de 2009. Para entonces, Argentina había realizado cinco campañas en el mar buscando datos para demostrar sus límites externos. En ellas participaron oceanógrafos, geólogos, geofísicos, cartógrafos, geodestas, expertos en información geográfica, abogados y expertos en derecho internacional.
El mar territorial del Estado argentino, explican Filmus y Armas, llega desde la costa hasta las 12 millas marinas, poco más de 22 kilómetros. Es una zona donde no pueden volar aviones sin permiso del Estado y donde los buques, deben hacer “paso inocente”, es decir que sólo pueden navegar sin detenerse. Allí hay soberanía total con la excepción de esos derechos que hay que darle a los otros Estados.
Más allá de esas 12 millas ya no es territorio del Estado, pero el Estado conserva algunos derechos. En lo que hace a los recursos, empieza la llamada Zona Económica Exclusiva, que se extiende desde que termina el mar territorial hasta las 200 millas, unos 370 kilómetros desde la costa.
La Argentina tiene derechos de soberanía para la exploración y la explotación de los recursos naturales comprendidos en el lecho marino y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y en la «prolongación natural de su territorio», según informa la letra oficial. Cuando los Estados demuestran que «la prolongación natural de su territorio» se extiende hasta más allá de las 200 millas marinas, por ejemplo, en los lugares en los que el fondo es plano y el mar va haciéndose más profundo de a poco, pueden poner el límite exterior de su plataforma continental en lo que técnicamente se denomina el “borde exterior del margen continental”.
El 11 de marzo de 2016, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas adoptó las recomendaciones sobre la presentación del límite exterior de la plataforma continental argentina. Fue un momento de alta trascendencia histórica. Los funcionarios de Mauricio Macri lo festejaron como un logro del Estado argentino, pero esa definición nunca se trató en el Congreso para incorporarla a la legislación local.
Los científicos que participaron de las misiones del buque oceanográfico Puerto Deseado, perteneciente al CONICET y operado por la Armada Argentina, que se hicieron para determinar los límites de la plataforma continental.
La prolongación natural del territorio del Estado fue reconocida de acuerdo a lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Con las misiones que hicieron y mediciones y cálculos en el mar, la Argentina logró extender muchas millas su plataforma continental.
“La plataforma continental argentina se extendió en algunas zonas incluso más allá de las 350 millas. En el área del Golfo San Jorge (entre Chubut y Santa Cruz), que es una zona en donde el lecho marino es bastante llano, la Comisión que funciona en Naciones Unidas aceptó que el límite llegue hasta las 369,70 millas”, reveló Armas, para dar una dimensión del tamaño de la aventura que comenzó en las olas del mar helado y terminará en los cuadernos de las escuelas.
Finalmente el FONDEF, Fondo Nacional de la Defensa –impulsado originalmente por el ministro Agustín Rossi– recibió sanción por parte del Senado. Si bien todavía falta la promulgación, el FONDEF corre ya a partir de los ingresos corrientes que perciba el Estado Nacional. Los fondos implicarán un apoyo importante de financiamiento para los proyectos relacionados a la órbita de la Defensa Nacional, y están destinados a una optimización del estado del instrumento militar.
La sesión especial de ayer en el Senado incluyó el proyecto tratado el lunes en la reunión entre las comisiones de Defensa Nacional y Presupuesto y Hacienda, luego de dudas sobre los tiempos para hacerlos ingresar dentro del proyecto de Presupuesto Nacional. A partir de esto, y atento a lo que reza el presupuesto dentro de los apartados en materia de Defensa, los porcentajes comenzarán a regir a partir del próximo ejercicio anual.
Con una aprobación otorgada sólo por el sector del oficialismo, dado el retiro de los sectores de la oposición debido a otros temas de agenda legislativa, el FONDEF finaliza su derrotero comenzado en las ultimas sesiones parlamentarias de noviembre pasado.
Recordemos que el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2021 ya incluye una mención al FONDEF. En el texto del presupuesto se dice que «en materia de defensa, se avanzará en la creación del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), que destinará el 0.4% de los ingresos corrientes del Sector Público Nacional del 2021 a
financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Esta acción favorecerá la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores, el armado de cadenas productivas de valor agregado y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa. Así también, promoverá la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico y del impulso de la inversión en investigación y desarrollo, tanto en el sector público como privado.»
El FONDEF estima una una masa destinada a la inversión en el ámbito de la Defensa Nacional de unos 1700 millones de dólares en escenarios positivos de la economía para los próximos años y de manera plurianual. Los fondos surgirán de los ingresos corrientes del Estado Nacional a razón de distintos porcentajes anuales: en una primera instancia se prevé la asignación de 0.5% de estos ingresos, para anualmente hacerlos crecer hasta un 0.8%. Constituido el FONDEF, se busca apuntalar proyectos de inversión que recuperen capacidades del instrumento militar y potencien clústeres relacionados a la ciencia y tecnología de la Defensa Nacional.
Desde AgendAR sólo queremos agregar que ésta puede ser la oportunidad de reconstruir una industria para la defensa -como la que representaron en su momento las siglas ARS, CINAR, FM con sus 19 plantas de producción, y la vieja Fábrica Militar de Aviones, hoy FAdeA. Aquella fue una industria de industrias.
No se trataba únicamente de tener destructores, cañones, fabricación y mantenimiento de vehículos de transporte y combate terrestre y aéreo, y de un autoabastecimiento total en armamento liviano. Además de ser garante de una capacidad de defensa nacional incluso en conflictos largos y de desgaste, en la paz nuestra industria de defensa generaba decenas de miles de puestos de trabajo calificado directos, centenares de miles de indirectos, y aseguraba la provisión local de insumos y servicios de alta calidad para otras producciones locales en manos privadas, desde la construcción hasta la química, desde la ferroviaria hasta la siderúrgica, desde la electromecánica a la computacional.
La industria argentina de defensa, hasta bien entrados los ’70, fue la más dinámica de la región, y también una consecuencia deliberada, aunque no inevitable, del sistema educativo público nacional, el otro gran orgullo argentino en el subcontinente. Por algo ambos decayeron en forma conjunta. Por algo, ambos deben ser revitalizados.
La de Defensa es la industria que en todos los países serios genera e incorpora tecnología nueva a la producción. Es la punta de lanza que abre paso a casi toda otra industria nacional.
Alberto Fernández tuvo ayer su primera experiencia presidencial en Naciones Unidas. El mensaje del presidente argentino compartió la primera jornada con los de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Iván Duque, Hassan Rouhani y Vladimir Putin, entre otros mandatarios..Esta participación virtual que tuvo cada presidente con discursos que fueron enviados de antemano y emitidos como “falso vivo” con la presentación dentro del recinto por parte de cada representante ante el organismo, distó de la sal esencial que tienen estas cumbres en Nueva York. De todas formas el Presidente dio su mensaje con definiciones ríspidas para la Argentina, como en los temas del combate al terrorismo o el pedido de reformas a la ONU..El presidente reclamó: “A 26 años del atentado a la sede de la AMIA quiero continuar la política iniciada en este ámbito en 2003 y requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado”, dijo ayer. Y lanzó un pedido directo: “También solicitamos a la comunidad internacional cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que Argentina jamás dejó de reclamar”.
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(Vale recordar que Néstor Kirchner, ante la Asamblea General hace 13 años, en septiembre de 2007, dijo: “Esperamos que la República Islámica de Irán, en el marco del derecho internacional aplicable acepte y respete la jurisdicción de la Justicia argentina y colabore eficazmente con los jueces argentinos para lograr el sometimiento a juicio de las personas imputadas en aquellos hechos”.)
En el mensaje de ayer hubo una reivindicación directa del dialogo internacional al “recrear un multilateralismo basado en nuestra solidaridad” y hasta un romanticismo quizás exagerado (atendiendo la situación mundial) por el futuro: “Si estamos uniendo esfuerzos de médicos, investigadores, inversionistas y sistemas científicos de todo el planeta para descubrir una vacuna que prevenga el covid-19, tenemos que ser capaces de soñar y construir una vacuna contra la injusticia social, la depredación ambiental y la discriminación en todas sus formas”, Fue entonces cuando pidió liberar el acceso a las vacunas contra el covid-19: “Tiene que ser un bien público global accesible a todas las naciones de una manera equitativa” y, en el mismo sentido, remarcó que “es necesario un compromiso colectivo para lograr la pronta y efectiva implementación del Acuerdo de París”.
De las frases mas resonantes del mensaje quedó: “Nadie se salva solo en un planeta que se incendia, se inunda o se envenena”. Hubo tiempo en la mitad de su mensaje que reivindicar la renegociación de la deuda: “El endeudamiento externo tóxico e irresponsable con fines especulativos constituye otra ola de atraso y subdesarrollo”, y agradecer el apoyo de la comunidad internacional y del sector privado, adelantando que ya se encararán las negociaciones con el FMI. Para completar el mensaje diplomático indispensable, reivindicó los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas”.
El mensaje se puso al aire a las 18.45 hora de Buenos Aires. Para quienes quieren escuchar el breve mensaje de Alberto Fernández -poco más de un cuarto de hora- aquí está el video completo. Elegimos el de TN porque, por un error atribuible a algún técnico distraído, el del canal de Youtube de la Casa Rosada comienza con 3 minutos 15 segundos de pitidos.
Será un Laboratorio BSL 2+ en la Universidad Nacional de Misiones. Permitirá incrementar las capacidades de diagnóstico en las problemáticas de salud propias de la región.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Programa de Evaluación Institucional (PEI) de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, otorgó $12.763.213 pesos a la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) para la instalación del laboratorio Bioseguridad Nivel 2+, que permitirá potenciar la generación de conocimiento, prestación de servicios, capacitación y formación de recursos humanos y aportar facilidades estratégicas relacionadas con el diagnóstico, vigilancia epidemiológica y genómica del COVID-19, en contexto de pandemia y post pandemia.
También servirá para mejorar el abordaje de otras enfermedades endémicas y emergentes de la región como el dengue, zika, chikungunya y el HPV, entre otras.
A través de una videoconferencia, se llevó a cabo un acto para anunciar la aprobación del financiamiento para fortalecer las capacidades científico tecnológicas, encabezado por el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza.
El objetivo del proyecto es generar un espacio de I+D+i con el concepto de research facilities que potencie la investigación, la validación de ensayos diagnóstico in-house, la vigilancia epidemiológica, la caracterización genómica de patógenos relacionadas con enfermedades infectocontagiosas emergentes, endémicas y pandémicas, y el desarrollo tecnológico en el marco de la Red de Laboratorios de la UNaM.
Además, en el caso de ser necesario, PODRA brindar servicios de diagnóstico a demanda
Algunas de las adquisiciones del proyecto son la construcción de un contenedor como laboratorio área de trabajo bioseguridad nivel BSL2+, un termociclador en tiempo real de doble entrada, un secuenciador con nanoporos, cabina de seguridad biológica, una micro-centrifuga refrigerada para 24 muestras, dos estufas de cultivo con posibilidad para CO2.
Este proyecto se suma al de la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) de La Rioja por $10.939.200 pesos para la creación de un Laboratorio de Diagnóstico COVID-19, en el marco del Laboratorio de Alta Complejidad, y al de la Universidad Nacional de Quilmes por $12.585.850 pesos para consolidar el Centro Diagnóstico COVID-19 en la Universidad como centro de referencia, a su vez, de otras virosis.
Enrique Iglesias, partícipe y privilegiado testigo del proceso anterior de integración en América Latina, habla sobre lo que está sucediendo ahora. Pueden inscribirse en [email protected]
La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y la empresa estatal rionegrina INVAP volverán a trabajar en el desarrollo de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), después de que el gobierno de Mauricio Macri discontinuase el programa Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA) en 2016.
Así lo confirmó la presidenta de FAdeA, Mirta Iriondo, quien dijo que «la propuesta es avanzar en el desarrollo de un VANT clase II, aunque este proyecto no tiene un cliente o un presupuesto asignado».
«La idea es desarrollar nuevas oportunidades de negocio presentando una propuesta formal el año que viene en una escala más chica que lo que planteaba aquel programa SARA y que pueda atraer a la Fuerza Aérea y a la Armada».
Indicó que INVAP «quiere integrar un radar de apertura sintética en el VANT porque ellos están trabajando sobre esa tecnología, pero si se pierde uno de esos en un accidente se pierden miles de dólares, por eso sugerimos empezar con pods ópticos que requieren el desarrollo de VANT de menor envergadura y de operación más económica».
«En este tipo de empresas los proyectos son de largo plazo, y va a ser importante contar el año que viene con el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) para poder financiar proyectos como este», añadió.
El proyecto SARA había sido aprobado en 2010, y el primer Modelo de Evaluación Tecnológica había volado en agosto de 2014 en las afueras de la ciudad de Córdoba.
En 2015 se había aprobado un contrato por más de dos mil millones de pesos en un plazo de unos seis años para la construcción de los prototipos y la transferencia de tecnología necesaria para la producción de VANT clase II y III que se integrarían al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, pero el programa fue discontinuado por el gobierno de Mauricio Macri.
Los VANT clase II suelen ser considerados de tamaño mediano, tienen una capacidad de carga de entre 50 y 100 kilos y pueden volar hasta los 5.000 metros de altura. En general disponen de una autonomía de vuelo de hasta 12 horas y un rango operacional de hasta 200 kilómetros.
Los VANT clase III, por su parte, tienen una capacidad de carga de entre 250 y 500 kilos, pueden elevarse hasta los 10.000 metros, tienen una autonomía de vuelo de más de 20 horas y cuentan con un rango operacional de entre 500 y 1.200 kilómetros.
(Compartimos este comunicado de la SADI):.La medicina es una disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de las personas. La buena medicina no es solamente un protocolo de acción, es también la capacidad de escuchar, acompañar y comprender. Por lo tanto está claro que la medicina no se trata solamente de ciencia..Sin embargo, la construcción del conocimiento médico se basa esencialmente en el método científico, que se sustenta en la experimentación y verificación.
NO HAY LUGAR PARA SOLUCIONES MÁGICAS NI VOLUNTARISMO SIMPLISTA.
Las situaciones sanitarias extremas, como la actual pandemia, generan incertidumbre, dudas y hasta desesperación. Con gran preocupación notamos que en el tratamiento de pacientes con Covid-19, tanto a nivel individual, institucional y aún de políticas sanitarias, se está promoviendo el uso de medicamentos y terapias que carecen aún de comprobación científica respecto de su eficacia. Y cuya seguridad tampoco conocemos por completo.
Entre estas terapias podemos mencionar hoy:
El uso del ibuprofeno inhalado,
La ivermectina
El plasma de convalecientes
Del mismo modo discutimos hace algunas semanas atrás el uso de lopinavir/ritonavir, la hidroxicloroquina y azitromicina, y hoy sabemos que no sólo son inefectivas, sino que algunas hasta podrían ser perjudiciales.
Es lícito y hasta deseable la utilización de tratamientos novedosos y aún experimentales, aunque siempre dentro del contexto de ensayos clínicos adecuadamente diseñados y con las aprobaciones éticas y regulatorias correspondientes.
USO EXCEPCIONAL
Los usos “extendidos” de medicación y los tratamientos compasivos constituyen situaciones excepcionales definidas por el criterio médico que deben ser explicitadas como experimentales frente a los pacientes y sus familiares y su validación depende estrictamente de la generación de conocimiento a partir de su investigación apropiada, la cual deben siempre facilitar en lugar de impedir. Son situaciones puntuales que en ningún caso deben convertirse en regla o transformarse en “estándar” de cuidado.
Tenemos que trabajar con el doble compromiso de aceptar la limitación del conocimiento actual y al mismo tiempo el deber moral de generar mayor conocimiento de calidad. Y todo eso con la extrema urgencia determinada por la circunstancia.
Desde el inicio de la pandemia la SADI no solamente ha intentado cumplir su rol de sociedad científica con la comunidad médica revisando y generando información, elaborando recomendaciones y protocolos de diagnóstico y manejo, sino también de cara a la sociedad comunicando, asesorando, y también tomando posición frente a situaciones que lo ameriten. Es en este marco desde la SADI queremos levantar nuestra voz en la búsqueda de la unidad de la población, la comunidad médica y los decisores de políticas de salud dentro del marco de la evidencia disponible, que lógicamente es parcial e imperfecta.
No se puede aceptar la recomendación y hasta la promoción de terapéuticas de eficacia no comprobada sin la aclaración de que se trata de productos experimentales y cuya utilidad aún no se ha demostrado. Porque de esta forma no solamente se obstaculiza el progreso de la ciencia que sustenta a la medicina sino que indudablemente engaña a los pacientes y a toda la sociedad. Estas conductas generan expectativas inapropiadas, consumo injustificado de recursos y mayor estrés al sistema de salud.
Hoy por hoy sabemos mucho más acerca del Covid-19 que lo que conocíamos a finales de marzo de este año. Sabemos acerca de intervenciones que son reales alternativas del tratamiento, como de aquellas que definitivamente no lo son. Sabemos que el distanciamiento físico protege de los contagios, que el testeo, la detección precoz y el aislamiento de casos son fundamentales para el control epidemiológico de la epidemia. Sabemos que los cuidados respiratorios adecuados constituyen el principal argumento del manejo de los pacientes internados y que el uso de corticoides ayuda a mejorar a un subgrupo de los pacientes con enfermedad más grave.
Difícilmente aparezcan soluciones mágicas. Mientras tanto la medicina está avanzando en la búsqueda de soluciones para esta pandemia. Y tiene mucho más para dar. La SADI mantiene su voluntad de trabajar en conjunto con la sociedad y con las autoridades. Con un compromiso irrenunciable. Asumiendo la verdad de hoy y construyendo la verdad del mañana. Priorizar la atención sobre supuestas soluciones mágicas nos atrasan como sociedad y quitan la atención sobre la necesidad fortalecimiento del sistema de salud cuyos trabajadores ponen cada día su conocimiento y dedicación al servicio de los demás.
París. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó la dexametasona, un medicamento de la familia de los corticoides, para el tratamiento de los pacientes graves de Covid-19 que necesitan suministro de oxígeno, después que ya lo indicara la OMS.
Esta decisión permite a los laboratorios farmacéuticos que fabrican la dexametasona, medicamento utilizado con frecuencia en otras indicaciones, pedir que este nuevo uso se incluya oficialmente en su autorización de comercialización.
«Basándose en los datos disponibles, la EMA aprueba el uso de la dexametasona en adultos y adolescentes (de más de 12 años y que pesan al menos 40 kilos) cuyo estado necesite administración de oxígeno», indicó la EMA en un comunicado.
La Agencia se basa especialmente en las conclusiones del estudio británico Recovery publicadas en junio.
«En los pacientes intubados [conectados a un respirador vía un tubo insertado en la tráquea], el 29% de los casos tratados con dexametasona moría al cabo de 28 días de tratamiento, frente al 41% de los que no recibían el tratamiento».
«En los pacientes que recibían oxígeno sin ser intubados, esta cifra era del 23% con dexametasona y 26% sin el medicamento». «No se ha observado ninguna reducción del riesgo de muerte en los pacientes que no recibían oxígeno», concluye la Agencia.
Una serie de estudios publicados el 2 de septiembre en la revista médica estadunidense Jama mostró además que los medicamentos de toda la familia de los corticoides permiten reducir en un 21% la mortalidad al cabo de 28 días en casos severos de Covid-19, combatiendo la inflamación característica de las formas graves.
Ningún otro medicamento mostró un efecto significativo en la reducción de la mortalidad. Esto condujo a la OMS a recomendar «el uso sistemático de corticoides en pacientes con una forma grave o crítica» de Covid-19.»
Hoy, martes 22 de septiembre, las personas más poderosas del mundo patrocinan una fiesta internacional, pero nadie va a asistir. Ellos tampoco.
Esta semana se inaugura la Asamblea General de las Naciones Unidas, y además se festeja su 75° aniversario. Normalmente sería el Gran Evento de la diplomacia global. Pero son los tiempos del coronavirus, y no habrá protagonistas estrella en los pasillos de la sede de la ONU en Nueva York. Ni multitudes, ni apretones de manos ni besos en la mejilla. Todo será digital.
«La pandemia de covid-19 es una crisis que no se parece a ninguna de nuestras vidas. Por lo que la sesión de la Asamblea General de este año también será diferente a cualquier otra», dijo el secretario general anfitrión de la ONU, Antonio Guterres, en una conferencia de prensa.
Enfrentados con las regulaciones de cuarentena de 14 días en la ciudad de Nueva York, los presidentes y primeros ministros pasaron de ir a Estados Unidos este año.
En cambio, sus rostros irán al salón desde miles de kilómetros de distancia a través de cientos de comentarios pregrabados. (Aunque sea en video, siempre habrá discursos en la ONU. Pero no habrá ningún enfrentamiento verbal esta vez).
Hoy martes hablarán casi todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que rara vez habla en la ONU; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, se dirigen al Salón de Asambleas con pocas horas de diferencia.
A tan solo unas semanas de las elecciones presidenciales de EE. UU., había una gran expectativa por lo que el presidente Trump podría decir en persona sobre Irán, China o quizás incluso sobre Joe Biden.
Pero es poco probable que se salga del guión en su declaración grabada desde la Casa Blanca. Sin él, «habrá una clara falta de drama», dijo Richard Gowan, director de ONU en el International Crisis Group.
Otra ausencia notable este año, pero que no se debe a la pandemia. Por todos los compromisos formales de defender la igualdad de género, se destacará la ausencia de mujeres en esta Asamblea General.
No estarán hasta que el jefe de estado o gobierno número 51 en la lista de oradores tome su turno, en este caso la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová.
El océano de Encélado sigue activo. En estas imágenes infrarrojas detalladas de la luna helada de Saturno, las áreas rojizas muestran la presencia de hielo reciente que se ha depositado en la superficie.
Son la prueba de la actividad de su océano interior, una de las razones por las que esta luna alienígena está en los primeros puestos en el ranking de candidatos a haber hospedado formas vivas en algún momento de su desarrollo.
Encélado es el sexto satélite más grande de Saturno, de unos 500 km de diámetro. Desde las primeras fotos de la sonda Voyager 2, lanzada en 1977, despertó la atención de los investigadores.
Los científicos de Cassini descubrieron en 2005 que Encélado, la bola de nieve blanca brillante y altamente reflectante que orbita Saturno, lanza enormes columnas de granos de hielo y vapor procedentes de un océano que se encuentra debajo de la corteza helada. Habían detectado los géiseres que emanan del sur de Encélado y la espuma marina congelada que se libera a través de grietas en el hielo que cubre la superficie de la luna alienígena.
Ahora, este nuevo mapa espectral muestra que las señales infrarrojas se correlacionan claramente con esa actividad geológica, que se ve fácilmente en el polo sur. Ahí es donde la llamada «franja de tigre» rompe el hielo y emana el vapor del océano interior.
Los datos de este mapa espectral global de Encelado han sido recogidos por el espectrómetro de mapeo visual e infrarrojo (VIMS) de la sonda de la ESA Cassini. La misión terminó cuando la nave espacial se sumergió intencionalmente en la atmósfera del planeta, pero aún se están realizando nuevos descubrimientos con los datos.
Durante la vida de la misión, Cassini sobrevoló Encelado 147 veces, con 23 encuentros cercanos de la luna helada. El espectrómetro de mapeo visual e infrarrojo (VIMS) recopiló datos que pueden utilizarse para revelar información sobre la temperatura y composición de la superficie, así como los tamaños y cristalinidad de los granos de hielo.
La misión Cassini es un proyecto de cooperación entre la NASA, la ESA (European Space Agency) y la agencia espacial italiana ASI.
Suspendieron en EE.UU. los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla el laboratorio AstraZeneca, luego de la confirmación por parte de la empresa de que dos voluntarios en Gran Bretaña sufrieran enfermedades neurológicas graves.
Las pruebas ya habían sido suspendidas temporalmente ante el surgimiento de reacciones adversas, a principios de este mes. Ahora, una voluntaria de 37 años sufrió de “mielitis transversa” luego de recibir la segunda dosis de la vacuna durante la fase 3 de los ensayos clínicos que realizan la Universidad de Oxford y AstraZeneca. La información proviene de un memo interno de la farmacéutica.
También el primer participante había recibido una dosis de la vacuna antes de desarrollar una inflamación de la médula espinal, conocida como mielitis transversa.
Los incendios que se extienden sobre los humedales del Delta del Paraná desde el inicio del aislamiento social se esparcen en verdad como una interminable cortina de humo que esconde un conjunto de causas más profundas y permanentes en esa región, vinculadas no solo con las características ambientales de ese territorio, sino también con los modos de producción y el modelo de desarrollo predominante en el país.
“Ahora es el fuego, pero cuando hay emergencia hídrica es lo mismo. Este es un lugar hermoso, pero tengo que hablar de lo feo y he visto lo peor: intermediarios con ganadería que vieron la oportunidad para llenar el Delta de vacas, isleros que no tienen adonde sacar los animales –en épocas de crecientes o inundaciones– y esperan hasta ultimo momento, cuando ya es muy tarde porque se les empiezan a romper las pezuñas”, dijo Analía Esperón, que es cuarta generación de productores ganaderos del Delta Medio y tercera generación de transportistas pluviales ganaderos, en una mesa redonda organizada por el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (3iA-CONICET/UNSAM). Esperón denunció que en la zona predominan la inseguridad y la falta de controles.
“Acá no puedo tener un carpincho solo porque de madrugada lo matan. El último incendio lo iniciaron unos pescadores a las dos o tres de la mañana, para cazar carpinchos cuando huyen del fuego. Por las noches, muchas veces se escuchan tiros, y hace poco carnearon uno de mis terneros”, enumeró Esperón y afirmó que la región ofrece posibilidades para desarrollar distintas alternativas productivas, pero para ello sería necesario que hubiera un ordenamiento territorial que establezca qué cosas están permitidas y cuáles no. “¿Que tipo de islero queremos tener en la zona? El Delta no es un negocio, es una forma de vida, es productivo pero queremos que sea sustentable a largo plazo”, sostuvo.
La cuestión del ordenamiento territorial es una de las centrales en el debate por la tan esperada Ley de Protección de Humedales, que se retomó en las comisiones de especialistas en agosto. Actualmente se están analizando nueve proyectos, pero antes, al menos en dos oportunidades se había logrado obtener media sanción en el Congreso de proyectos que finalmente no fueron tratados y perdieron estado parlamentario.
Los incendios tienen un fuerte impacto en la pérdida de biodiversidad en la zona del Delta del Paraná.
“Analía nos esta diciendo que hace falta mas presencia del Estado en estos territorios, algo fundamental para que la sostenibilidad sea un vector en el desarrollo del Delta”, comenta Abelardo Lliosa, director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio en el Ministerio de Ambiente de la Nación, y afirmó que, de acuerdo con esta premisa, ya han reactivado el denominado Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), mediante el cual hoy están tratando de atender a la urgencia que presentan los focos de fuego, pero cuyo objetivo es que se convierta en una política pública a mediano y largo plazo.
En este sentido, apuntó que firmaron un convenio con cinco universidades de la región, de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, “para empezar a trabajar en un modelo de desarrollo para el Delta con una visión compartida y construida participativamente, en la que nos pongamos de acuerdo en cómo queremos que sea ese Delta y a partir de ahí empezar a implementar políticas públicas”.
El PIECAS surgió en el año 2008, con la intención de proteger esta misma región frente a una serie de incendios graves de similar magnitud a los que están sucediendo en la actualidad. “Ahora queremos profundizar el diagnóstico junto con las universidades, los pobladores y los productores, y llegar a establecer políticas públicas de sostenibilidad que incluyan desde incentivos a ciertas actividades económicas hasta mayor presencia del Estado para el control y mejoras desde las ciudades, que vuelcan sus efluentes al agua del Río Paraná sin tratamiento, o en los sistemas de alerta temprana para poder sacar el ganado a tiempo”, ejemplificó Lliosa. También advirtió que todo esto busca llegar a un ordenamiento ambiental del territorio que “no será inmediato”, ya que se trata de una negociación entre actores que no solo implica determinar qué tipo de actividades estarán permitidas y cuáles no, sino también el modo en que esas actividades podrán ser desarrolladas.
“Uno de los principales desafíos de esta nueva etapa del PIECAS será que haya leyes de ordenamiento territorial de cada provincia que sean congruentes con las otras, y establecer un sistema de gestión eficaz”, dijo el funcionario, y agregó que una primera acción del PIECAS para comenzar a atender a la emergencia provocada por las llamas es la conformación de los denominados “faros de conservación”, que se espera que funcionen como puntos desde los cuales se puedan irradiar políticas públicas de conservación y uso del territorio.
“El fuego puede ser un factor que aumente la heterogeneidad. En situaciones de extrema seca, con tanto combustible disponible en toda la superficie, toda esa heterogeneidad se homogeneiza con el fuego y es tierra arrasada”, dijo Kandus, quien durante su exposición mostró la evolución de la falta de agua en la zona.
“Son la primera estrategia para reforzar la presencia del Estado en el Delta, que es un territorio muy extenso que ha estado muy descuidado pero que es muy especial, sobre todo el Delta Medio, porque hay poca población e infraestructura pero mucha producción”, comentó Lliosa y detalla que hoy ya hay siete faros y se está comprando todo el equipamiento necesario, ya que el objetivo es que haya uno cada 100 mil hectáreas, que estén conectados con antenas de unos 20 a 25 metros de altura con cámaras y drones para detectar fuegos de forma temprana, “pero sobre todo con personas: el personal de parques nacionales estará instruido para vincularse con los actores del territorio, los productores y las familias isleñas, para ir estableciendo pautas de sostenibilidad”, adelantó el funcionario y subraya que no están pensando en el Delta “como un santuario de la naturaleza, sino en el Delta con la gente adentro, con actividades productivas pero en un marco de sostenibilidad”.
Al respecto, la investigadora Patricia Kandus, que dirige el grupo de Ecología, Teledetección y Ecoinformática del 3iA/UNSAM, coincidió con que el desafío de la conservación está fuera de los parques o reservas naturales: “La idea de los faros es muy interesante, pero la conservación no puede descansar en áreas de reserva o protegidas, como la pensaban algunos autores hace tiempo. El desafío mayor está en las áreas que no son parque. Me preocupan los modos de producción con los que nos estamos mirando a futuro como país, que esos modos generen inclusión social y un vinculo con el ambiente amigable”, sostuvo.
Humedales: tierra arrasada
El Bajo Paraná es un territorio complejo, transjurisdiccional, atravesado por tres provincias a lo largo de 400 kilómetros, que los investigadores entienden como un complejo entramado de geoformas que se produjeron en los últimos cinco mil años del holoceno, conformado por tres sistemas de paisajes diferentes que coexisten en esta zona: los modelados por el río Paraná, los sistemas de paisaje costero y el sistema deltaico propiamente dicho. “Este entramado de geoformas determina lo que llamamos unidades de paisajes muy diferentes. Nosotros identificamos 16, que se expresan en esta diversidad de patrones naturales que recorren todo el Delta y determinan un territorio heterogéneo”, explicó Kandus y agregó que esta región constituye un mosaico de humedales, adonde el 80% de la superficie está dominado por especies herbáceas, mientras que el bosque nativo y las forestaciones apenas ocupa alrededor de un 4%, en cada caso.
“Esa diversidad de tapices herbáceos no solo son naturales, sino que también evolucionaron en una larga historia de muchos siglos de la mano del hombre, que siempre participó en la vida del Delta”, agregó Kandus, y advirtió que este mosaico tiene tiempos de inundación y de sequía, y que este año la situación es “de extrema sequía y sin vegetación”, lo que lo vuelve un espacio de riesgo frente a los fuegos. Según el reporte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego del 16 de septiembre, los incendios afectan a 198.863,25 hectáreas de humedales en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
Quintana explicó que no solo el fuego afecta la biodiversidad, sino también otras acciones humanas como la construcción de infraestructura para el desarrollo de ganadería al estilo pampeano, como terraplenes, diques o la realización de canalizaciones que alteran el régimen hidrológico de los humedales.
Esa heterogeneidad de geoformas y los pulsos del río que alternan períodos de inundación y de sequía son los que permiten que exista la biodiversidad característica de estos ecosistemas. “Se estima que allí habitan 700 especies de plantas vasculares y más de 500 especies animales, con más de 200 especies de peces y aves”, dijo Rubén Quintana, director del 3IA. Según el especialista, no solo el fuego afecta la biodiversidad, sino también otras acciones humanas como la construcción de infraestructura para el desarrollo de ganadería al estilo pampeano, como terraplenes, diques o la realización de canalizaciones que alteran el régimen hidrológico de los humedales.
“Si se compara entre zonas, se observa una disminución drástica de las especies típicas de humedal, de un 48% a un 15% dentro de los diques. En términos productivos esto también es negativo porque gran parte del forraje de calidad del Delta es típico de estos ambientes y desaparece con estas alteraciones”, alertó el investigador.
Otra consecuencia de este proceso es la aparición de fauna exótica en los ambientes endicados, como las mulitas y los zorros de monte. “También hubo cambios en las comunidades de aves. Comparamos censos de aves de los años 90 con otros de fines de la primera década de este siglo y vimos que no solo disminuyeron las especies presentes en cantidad, sino también en identidad. De las 42 especies que no se detectaron en 2011, 24 eran típicas de humedales; y aparecieron 16 especies nuevas de hábitos más terrestres”, ejemplificó Quintana. Esto fue acompañado por un cambio “drástico” de la superficie, ya que en ese mismo período se perdieron 88.000 hectáreas de humedales, lo que corresponde a un 40% de la superficie original.
“En un trabajo previo sobre indicadores de sustentabilidad georeferenciados en el Delta, analizamos el Bajo Paraná como sistema de forzantes y presiones que generan impactos e impulsan respuestas”, recordó Kandus y explicó que hoy entre ellos podrían incluirse al desplazamiento forzado de la ganadería, los fuegos de origen antrópico, la denominada “terrestrialización” del humedal para que se comporte como sistema terrestre. Sin embargo, “las causas vienen dadas por otros forzantes que hablan del modelo agrofinanciero y de la lógica cultural y tecnológica hegemónica, que mira a los humedales y a las actividades que allí se realizan como si fuera tierra firme. A esto se suma la variabilidad del cambio climático con el aumento de situaciones extremas, tanto de seca como inundaciones o cambios en los balances hídricos”, destacó la especialista.
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre la prohibición de cortar los servicios públicos por falta de pago de las facturas, según un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado ayer en el Boletín Oficial.
De acuerdo con el DNU 756/2020, el Poder Ejecutivo dispuso que «las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020″.
La norma especifica que «quedan comprendidos y comprendidas los usuarios y las usuarias con aviso de corte en curso. Si un usuario o una usuaria accediera a un plan de facilidades de pago en las condiciones que establezca la reglamentación, se considerará a los efectos del presente, como una factura pagada».
Este DNU modifica plazos y fechas dispuestas en el decreto 311/2020 y extiende de seis a siete las facturas impagas para que se proceda a cortar o suspender el suministro.
En su artículo tercero el decreto también prorroga hasta fin de año el plazo de corte para los usuarios del sistema de servicio prepago de energía eléctrica. La norma también contempla el caso de usuarios y usuarias del sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet que no hubiesen abonado recargas para acceder al consumo y estira hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de «brindar un servicio reducido que garantice la conectividad».
La medida alcanza a beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, a quienes perciban Pensiones no Contributivas y tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), a usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social, a jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados, y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVyM.
También abarca a monotributistas de categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos SMVyM, a usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo, personas electrodependientes, a quienes estén dentro del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y a exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.
Además, se benefician de esta medida las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) afectadas en la emergencia, las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en INAES, las instituciones de salud, públicas y privadas, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos.
El Tribunal del Medio Ambiente de Chile confirmó el jueves el cierre definitivo del proyecto minero de oro Pascua Lama, de propiedad de la minera canadiense Barrick Gold , por los daños ambientales provocados durante su construcción en la frontera entre Chile y la Argentina.
Según informó la agencia AFP, el tribunal determinó «la clausura total y definitiva de Pascua Lama» y una multa equivalente a unos u$s 9 millones para Barrick, que en 2019 fue el segundo productor mundial de oro.
El fallo confirma la decisión que anunció en 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente chilena, de cancelar este proyecto por no cumplir con la licencia ambiental que se le había otorgado.
«La magnitud del peligro de daño en la salud de las personas hace necesario el cierre del proyecto minero Pascua Lama al no parecer viables otras alternativas de funcionamiento seguro para el medioambiente y la salud de la población», indicó el fallo del tribunal chileno.
Ahora, cuando ya está disponible el nuevo mapa completo de la República Argentina, el funcionario da cuenta de una nueva forma de leer la geografía nacional. Con la Antártida incorporada al mapa, la Argentina es un país bi continental y, si se la mira en toda su extensión, desde La Quiaca al Polo Sur, cambia el centro geográfico. Provincias que en el mapa tradicional quedaban en el centro de la Argentina, como Córdoba o Santa Fe, pasan a ser provincias del norte y el centro de la Argentina pasaría a ser Ushuaia, en Tierra del Fuego.
“Cuando uno mira también la disputa por Malvinas, se da cuenta de que no se trata solamente de unas islas, sino de una zona de influencia que es riquísima. Hay que decirlo, la zona del Atlántico Sur es una zona ictícola, la reserva de pesca más grande y más importante que hay en el mundo, es una llave a la Antártida y tiene una importancia geopolítica estratégica. Ahí uno entiende por qué el empecinamiento del colonialismo británico de mantener Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur que, como uno puede observar, en lo que hace a la zona económica exclusiva, ocupa casi la mitad de la zona económica exclusiva de nuestro país”, dice Filmus.
Desde entonces, se trabajó de manera continua para establecer los nuevos límites que incorporarían la plataforma. El trabajo final del Estado argentino se presentó el 21 de abril de 2009. Para entonces, Argentina había realizado cinco campañas en el mar buscando datos para demostrar sus límites externos. En ellas participaron oceanógrafos, geólogos, geofísicos, cartógrafos, geodestas, expertos en información geográfica, abogados y expertos en derecho internacional.
El mar territorial del Estado argentino, explican Filmus y Armas, llega desde la costa hasta las 12 millas marinas, poco más de 22 kilómetros. Es una zona donde no pueden volar aviones sin permiso del Estado y donde los buques, deben hacer “paso inocente”, es decir que sólo pueden navegar sin detenerse. Allí hay soberanía total con la excepción de esos derechos que hay que darle a los otros Estados.
Más allá de esas 12 millas ya no es territorio del Estado, pero el Estado conserva algunos derechos. En lo que hace a los recursos, empieza la llamada Zona Económica Exclusiva, que se extiende desde que termina el mar territorial hasta las 200 millas, unos 370 kilómetros desde la costa.
La Argentina tiene derechos de soberanía para la exploración y la explotación de los recursos naturales comprendidos en el lecho marino y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y en la «prolongación natural de su territorio», según informa la letra oficial. Cuando los Estados demuestran que «la prolongación natural de su territorio» se extiende hasta más allá de las 200 millas marinas, por ejemplo, en los lugares en los que el fondo es plano y el mar va haciéndose más profundo de a poco, pueden poner el límite exterior de su plataforma continental en lo que técnicamente se denomina el “borde exterior del margen continental”.
El 11 de marzo de 2016, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas adoptó las recomendaciones sobre la presentación del límite exterior de la plataforma continental argentina. Fue un momento de alta trascendencia histórica. Los funcionarios de Mauricio Macri lo festejaron como un logro del Estado argentino, pero esa definición nunca se trató en el Congreso para incorporarla a la legislación local.
“Si se compara entre zonas, se observa una disminución drástica de las especies típicas de humedal, de un 48% a un 15% dentro de los diques. En términos productivos esto también es negativo porque gran parte del forraje de calidad del Delta es típico de estos ambientes y desaparece con estas alteraciones”, alertó el investigador.
Otra consecuencia de este proceso es la aparición de fauna exótica en los ambientes endicados, como las mulitas y los zorros de monte. “También hubo cambios en las comunidades de aves. Comparamos censos de aves de los años 90 con otros de fines de la primera década de este siglo y vimos que no solo disminuyeron las especies presentes en cantidad, sino también en identidad. De las 42 especies que no se detectaron en 2011, 24 eran típicas de humedales; y aparecieron 16 especies nuevas de hábitos más terrestres”, ejemplificó Quintana. Esto fue acompañado por un cambio “drástico” de la superficie, ya que en ese mismo período se perdieron 88.000 hectáreas de humedales, lo que corresponde a un 40% de la superficie original.
“En un trabajo previo sobre indicadores de sustentabilidad georeferenciados en el Delta, analizamos el Bajo Paraná como sistema de forzantes y presiones que generan impactos e impulsan respuestas”, recordó Kandus y explicó que hoy entre ellos podrían incluirse al desplazamiento forzado de la ganadería, los fuegos de origen antrópico, la denominada “terrestrialización” del humedal para que se comporte como sistema terrestre. Sin embargo, “las causas vienen dadas por otros forzantes que hablan del modelo agrofinanciero y de la lógica cultural y tecnológica hegemónica, que mira a los humedales y a las actividades que allí se realizan como si fuera tierra firme. A esto se suma la variabilidad del cambio climático con el aumento de situaciones extremas, tanto de seca como inundaciones o cambios en los balances hídricos”, destacó la especialista. 
