Apenas transcurridas las primeras semanas de la pandemia, los expertos de la OMS encontraron que el grupo de mayor riesgo eran los adultos de más de 65 años. Y sugirieron el aislamiento y la cuarentena como las mejores herramientas para preservar la salud..Sin embargo, en un planeta con 7 mil millones de personas y fuerte desigualdad, ambas ideas necesitan ser ajustadas a las distintas realidades. Eso es lo que muestra en detalle una investigación internacional que lleva adelante en la Argentina un equipo de expertos del Conicet, que concluyó que en nuestro país, el 35% de los adultos de más de 65 años habita una casa que no le brinda las condiciones necesarias para estar resguardado del contagio..O sea que aproximadamente 1,8 millones de compatriotas viven en hogares que no tienen las condiciones adecuadas para protegerse aunque respeten a rajatabla las pautas de aislamiento.
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“Veníamos haciendo estudios sobre demografía residencial y vivienda cuando llegó el SARS. Y comenzamos a analizar cómo estaban integrados los hogares de los mayores y sus posibilidades efectivas de aislarse ya que en España e Italia se determinó que la convivencia de familias intergeneracionales facilitaba mucho el contagio de los más vulnerables”, contó la socióloga Mariana Marcos, investigadora del Conicet.
Marcos –que también es profesora en la UBA y en la Universidad de Tres de Febrero– recalcó que ese porcentaje representa aproximadamente a 1,8 millones de personas mayores, cuyas viviendas no tienen condiciones adecuadas para disminuir el riesgo de contagio, incluso aunque se cumplan en detalle las pautas de aislamiento recomendadas”.
Para establecer este indicador, la investigadora destacó que ponderaron el hecho de que esas viviendas muchas veces no ofrecen condiciones mínimas. Por ejemplo, no tienen agua corriente, o al hacinamiento se le suma el hecho de que los convivientes deben salir a diario a trabajar. Justamente, cuando hay personas de varias edades bajo el mismo techo, se eleva el índice: “Los datos marcan que al menos el 43% de los mayores de 65 años cohabitan con familiares de otras generaciones. Esto significa que hoy tenemos más 2,2 millones de adultos conviviendo con jóvenes que salen a trabajar o se integran socialmente con otros pares. Todo eso eleva las probabilidades de contagio de la tercera edad”.
En resumen, Argentina tiene un riesgo residencial en el cual el 43% de los mayores comparte su vivienda con otras personas que no son su pareja; solo el 54% habita un hogar donde nadie trabaja; y el 35% convive con alguien que probablemente se vea obligado a salir de la vivienda para trabajar.
Finalmente, el 5% de los adultos padece hacinamiento, no tiene agua corriente en la vivienda o pertenece a un asentamiento. Las cifras locales son muy diferentes a las de países europeos. Sin necesidad de pensar en la cultura nórdica, basta con detenerse en España. Según los datos del estudio del que participó Marcos, en ese país más del 60% de los mayores de 65 años habita en un hogar que lo protege adecuadamente del contagio.
La socióloga Mariana Marcos, investigadora del Conicet
Este tipo de datos demográficos tiene aplicaciones en lo inmediato y también a largo plazo. “Por lo pronto puede servir para mejorar los modelos matemáticos que sugieren cómo impactan las aperturas en las tasas de contagio. Por ejemplo, en países como Argentina, focalizar la política de aislamiento sólo en las persona mayores no protegerá con demasiada efectividad”, comentó Marcos.
Y finalizó: “Estos estudios reafirman que el hábitat es un problema que arrastramos hace décadas. El 20% de las casas, más de dos millones de viviendas, son de mala calidad. Y casi 900 mil hogares no tienen vivienda propia. Si no trabajamos para solucionarlo, en el futuro -ante una situación sanitaria similar- volveremos a pagar una factura elevada en riesgo y en vidas”.
La enseñanza de la epidemia de fiebre amarilla
Adrián Gorelik, investigador del Conicet y la Universidad de Quilmes y experto en historia urbanística, explica que la mayor consecuencia pública que nos legó la epidemia de fiebre amarilla que sufrió Buenos Aires a fines del siglo XIX fue la decisión tomada por las autoridades políticas de la época, que decidieron sostener un ambicioso plan de extensión del sistema de saneamiento de la ciudad.
“Si hoy pensáramos qué debería dejarnos, como experiencia, la actual pandemia de coronavirus, podría ser resolver –en forma definitiva– la informalidad urbana y acabar con el hacinamiento, solucionando el déficit habitacional”, dijo Mariana Marcos, que integra el instituto de investigación Gino Germani en la UBA.
“En definitiva, desde nuestro campo podemos ver que el SARS-CoV-2 puso en mayor relieve nuestros problemas habitacionales preexistentes”. Y destacó que ante este tipo de emergencias sanitarias, hoy –y también en el futuro– “será clave desarrollar una política de vivienda efectiva y también ajustada a las necesidades reales de la población”.
“La Argentina lleva ocho meses con vuelos suspendidos. Es el período más largo en todo el mundo. Las aerolíneas necesitan certezas y les pedimos a las autoridades de la Argentina que sigan el ejemplo de otros países de la región, que ya reanudaron las operaciones”, reclamó Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para América, en una videoconferencia con el periodismo.
El cálculo de la cantidad de meses toma en cuenta que la suspensión de los vuelos se realizó por decreto a mediados de marzo y que el Gobierno aún no confirmó una fecha para la reanudación. Según las sucesivas extensiones del decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, la suspensión de los vuelos está vigente hasta el 12 de octubre y, por lo tanto, llegaría a los ocho meses.
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La afirmación es probablemente exagerada, considerando que Sudáfrica, por ejemplo, recién hoy, 1° de octubre, se han reanudado los vuelos. Y allí el transporte aéreo ocupa un rol más importante que entre nosotros. Pero es cierto que la cuarentena es especialmente dura para las aerolíneas, por sus elevados costos de mantenimiento.
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“Se habla de que los vuelos volverán en octubre, pero las aerolíneas necesitan más tiempo e información. El Gobierno argentino acaba de implementar un impuesto del 35% para los pasajes internacionales, lo que es negativo para cualquier recuperación de la industria. No van a generar los ingresos que necesitan de una industria que está quebrada», agregó Cerdá.
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El directivo destacó que la asociación se comunicó con las autoridades locales para manifestar los riesgos de la decisión de recargar los precios de los pasajes de los vuelos internacionales con un 35% por adelanto de impuestos. “La industria no fue consultada sobre esta medida. Es un momento donde teníamos que generar más incentivos para los viajeros y no que paguen más. Esto provocará que más líneas aéreas salgan del mercado”, anticipó.
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“Teníamos esperanza de un regreso de los vuelos en la Argentina a partir de octubre. Estamos pendientes y tenemos una reunión con el Ministerio de Transporte”, detalló Cerdá. Y alertó de que si no se reanuda la actividad aerocomercial se pone en riesgo la próxima temporada de verano.
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Muchas compañías se están planteando cómo volverán al mercado argentino. Puede ser que vuelvan con menos vuelos o que tengan que postergar la reapertura. La falta de información genera falta de planificación
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Desde IATA, también destacaron cómo las empresas aéreas de todo el mundo se están adaptando a la nueva normalidad. Y recomendaron que se adopte como protocolo la realización de test rápidos de COVID-19 a los pasajeros en lugar de implementar cuarentenas en las ciudades de destino.
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Según detallaron, hay test disponibles por menos de USD 10 y que tienen sus resultados en 20 minutos, lo que permite realizar más de 100 test por hora a los pasajeros. “Es un test simple. No es necesario que sea aplicado por profesionales médicos y, de esa forma, no le resta servicios al sistema de salud”, explicó James Wiltshire, director asistente de Asuntos Públicos de la entidad.
No es usual que publiquemos como Destacado el extracto de un artículo científico. Pero este trabajo de los investigadores Julius Garbe, Torsten Albrecht, Anders Levermann, Jonathan F. Donges y Ricarda Winkelmann, publicado en Nature el miércoles pasado, puede ser una de las noticias más importantes aparecidas en este portal. Lamentablemente:
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«Más de la mitad de los recursos de agua dulce de la Tierra están en la capa de hielo de la Antártida, que por lo tanto representa, con mucho, la mayor fuente potencial de aumento del nivel del mar en el mundo en condiciones de futuros cambios de temperatura.
Su estabilidad a largo plazo determina el destino de nuestras ciudades costeras y el patrimonio cultural. Las retroalimentaciones entre el hielo, la atmósfera, el océano y la Tierra sólida dan lugar a posibles no linealidades en su respuesta a esos cambios de temperatura.
Hasta ahora, carecíamos de un análisis de estabilidad completo de la capa de hielo antártica para diferentes niveles de calentamiento global. Aquí mostramos que la capa de hielo de la Antártida exhibe una multitud de umbrales de temperatura, más allá de los cuales la pérdida de hielo es irreversible.
De acuerdo con paleodatos encontramos, utilizando el Modelo Paralelo de Capa de Hielo, que a niveles de calentamiento global de alrededor de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, la Antártida Occidental está encaminada a un colapso parcial a largo plazo, debido a la inestabilidad de la capa de hielo marina.
Entre 6 y 9 grados de aumento de la temperatura global por encima de los niveles preindustriales, se desencadena la pérdida de más del 70 por ciento del volumen de hielo actual, principalmente debido a la retroalimentación de la elevación de la superficie del mar.
Con más de 10 grados de aumento de la temperatura global por encima de los niveles preindustriales, la Antártida se encamina a estar prácticamente libre de hielo.
La sensibilidad a la temperatura de la capa de hielo es equivalente a 1,3 metros de suba del nivel del mar por cada grado de aumento de la temperatura global, hasta 2 grados por encima de los niveles preindustriales; por encima de ese aumento de la temperatura global, casi se duplica: 2,4 metros por cada grado que aumente la temperatura global entre 2 y 6 grados; más allá de ese nivel, aumenta unos 10 metros por cada grado de aumento de la temperatura global entre 6 y 9 grados.
Cada uno de estos umbrales da lugar a un comportamiento de histéresis: es decir, la configuración de la capa de hielo observada actualmente no se recupera, incluso si las temperaturas revierten a los niveles actuales.
En particular, la capa de hielo de la Antártida occidental no vuelve a crecer en su extensión moderna hasta que las temperaturas son al menos un grado Celsius más bajas que los niveles preindustriales. Nuestros resultados muestran que si no se cumple el Acuerdo de París, la contribución a largo plazo del nivel del mar de la Antártida aumentará drásticamente y superará la de todas las demás fuentes.»
Algunas de las referencias:
1.
Fretwell, P. et al. Bedmap2: improved ice bed, surface and thickness datasets for Antarctica. Cryosphere7, 375–393 (2013).
Turney, C. S. M. et al. Early Last Interglacial ocean warming drove substantial ice mass loss from Antarctica. Proc. Natl Acad. Sci. USA117, 3996–4006 (2020).
Bueler, E. & Brown, J. Shallow shelf approximation as a ‘sliding law’ in a thermomechanically coupled ice sheet model. J. Geophys. Res. 114, F03008 (2009).
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge Univ. Press, 2013).
El Ministerio de Defensa, la fábrica estatal de aviones FAdeA y la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial, firmaron un Memorándum que avanza en el desarrollo de componentes nacionales para el avión IA-63 Pampa.
El comunicado informa que «en virtud de haberse presentado a lo largo del tiempo obsolescencias en algunos componentes del diseño original de la aeronave, FAdeA ha decidido desarrollar sus reemplazos a través de proveedores nacionales».
De esta forma, la cámara CArAE, que aglutina al cluster de empresas aeronáuticas en el país, apuntalará la integración de los insumos necesarios para el desarrollo y fabricación del avión de entrenamiento argentino.
Según la presidenta de FAdeA, Dra. Mirta iriondo, actualmente solo el 13% de las piezas del avión es de industria nacional, implicando este memorándum un impulso a la integración local de partes que para el año 2023 busca llegar al 16% de fabricación local.
El Secretario de Energía, Darío Martínez, concretó ayer martes 29 la videoconferencia con su par de Brasil, Bento Albuquerque, para analizar la posibilidad de construir gasoductos que conecten Vaca Muerta con la ciudad de Porto Alegre. Junto al ministro de Energía brasileño estuvo el embajador Daniel Scioli, quien organizó el encuentro.
Albuquerque, Scioli y Martínez coincidieron en la necesidad de profundizar la integración energética entre ambos países como salto cualitativo en la relación bilateral.
Scioli puso énfasis en las oportunidades de integración en el sector del petróleo y el gas con los yacimientos de Vaca Muerta en Argentina y Pre-Sal (yacimiento petrolero en Brasil). Durante la reunión, se conversó acerca de los avances en el proyecto del gasoducto Uruguayana – Porto Alegre, que se unirá a los gasoductos proyectados en nuestro país para unir Vaca Muerta con la frontera brasileña.
Martínez destacó la necesidad de que “esta mesa binacional de trabajo no sea una excepción sino que sea algo permanente, para el desarrollo tanto del pueblo brasileño como del argentino”.
“En petróleo y gas, así como nosotros tenemos experiencia en los no convencionales, y ustedes en la exploración off shore, sería importante compartir ambas experiencias, para hacer más viables los desarrollos tanto para Argentina como para Brasil”.
Proyecto gasoducto Vaca Muerta Brasil, según la consultora Wood Mackenzie.
El gasoducto proyectado tendría una trayecto de 2.400 kilómetros de extensión, incluidos algunos tramos ya en uso. Esa megaobra costará casi u$s5.000 millones y ya está en estudio de viabilidad. El plan inicial prevé el tendido de 1.430 kilómetros desde Neuquén hasta la frontera con Brasil, en Uruguayana, y otros 600 kilómetros desde allí hasta Porto Alegre, donde se conecta con la red de distribución de gas del sur brasileño.
Concretar la conexión demandará como mínimo tres años. La inversión rondará los u$s 3.700 millones para Argentina y otros u$s 1.200 millones para Brasil.
El secretario de Energía argentino agregó que próximamente anunciará un plan de estímulo a la producción de gas y que se van a estudiar“los mecanismos posibles para la evacuación de la producción de ese gas hacia Brasil”.
“Tenemos que ser respetuosos de la visión federal que tiene nuestro gobierno. Trabajaremos las propuestas con la opinión de las provincias en las que queramos avanzar con los proyectos energéticos”.
Casi la mitad de los adultos de entre 35 y 54 años admite que, desde el aislamiento obligatorio que ya cumple seis meses, su consumo de alcohol aumentó, tanto en volumen como en la frecuencia en la que toma.
Un análisis realizado por un grupo de sociólogos del Instituto Gino Germani del Conicet que comenzó en mayo a 4 mil personas de distintos rangos etarios en el AMBA determinó que, de la población encuestada total, el 45% admitió que su consumo personal aumentó desde que se inició el aislamiento preventivo y la cantidad de personas que tomaban todos los días se triplicó con respecto a antes del confinamiento.
Según Martín Güelman, sociólogo que participó en el estudio, los factores motivadores son variados. “No tenemos certeza absoluta, pero notamos que los encuestados atribuyen el aumento a la incertidumbre, la desorganización del tiempo y falta de una rutina estable”, dice Güelman.
Tendencias
En general, los estudios en otros países muestran aumentos del consumo en los primeros momentos de la pandemia y disminución cuando las personas empiezan a tener mayores restricciones de ingresos por la crisis económica. Se ha visto también en otro tipo de situaciones críticas”, agrega el experto.
El aumento no fue igual en todos los grupos. El 55% de los adultos entre 35 y 44 años percibieron un aumento en su bebida mientras que 49% dijo lo mismo entre aquellos de 45 a 54 años.
Otro factor que notaron fue que la elevación se vio en aquellos cuyas jornadas laborales se vieron más impactadas por la cuarentena, tanto en aquellos que vieron una disminución del horario de trabajo como en aquellos que vieron un incremento del mismo. Esto indica que el efecto de la pandemia sobre las rutinas ha sido un factor clave.
Adicciones
“La rutina nos ayuda a encubrir ciertas situaciones o ciertos conflictos que en el diario vivir, los podemos dejar en el freezer”, opina Sandra Schmunk, psicóloga especialista en adicciones. “El no poder seguir adelante con la rutina hace que el individuo empiece a descubrir aquellos conflictos que no estaban resueltos. Por lo tanto, quedan dos caminos: enfrentarlos y resolverlos, o refugiarse en el consumo de sustancias para seguir dejando en el freezer aquella situación no resuelta”.
Otro dato que destaca el estudio de Conicet es cómo caracterizan los individuos sus hábitos de consumo. Entre aquellos que notaron un incremento en la cantidad de alcohol que consumen, el 90% “no consideró problemático” su nivel de consumo alcohólico.
El diario El Cronista, habitualmente bien informado en temas financieros, publica en su edición de hoy una nota que nos parece oportuno reproducir. Agregamos al final algunas observaciones:
«El Gobierno necesita incrementar el volumen exportador. Necesita con urgencia generar un mayor ingreso de dólares a la Argentina -y al mismo tiempo achicar la salida de divisas. Por eso, apunta a generar las condiciones para que las empresas encuentren un incentivo en la posibilidad de vender sus productos al exterior. Desde hace ya varias semanas, el Gobierno mantiene encuentros con representantes de diferentes sectores con un claro mensaje: hay que reducir el nivel de compras en el exterior, y subir las ventas fronteras afuera.
En algunos casos la complicación central que se presentó fue la reticencia de algunossectores a poner esto en marcha. Y la razón por la que se da esta situación es estrictamente financiera, ya que deben vender a un dólar oficial -y comprar insumos con un valor superior-, a lo que se le deben sumar las retenciones.
El grueso de la reglamentación que vería la luz cerca del próximo fin de semana prevé diferentes mecanismos que, según la visión oficial, motivarían a las empresas a mejorar sus exportaciones.
En esta etapa hay sobre todo dos sectores que el Gobierno considera que están en condiciones de superar su nivel de ventas externas: la minería y el agro. Las medidas que se adopten serían por tiempo limitado. Y aunque no trascendió de qué período se habla, se estima que sería entre 60 y 90 días.
Tanto en el caso de la minería como en el agro ocurre lo mismo. Estas actividades hoy se encuentran muy autorreguladas debido a que no les convencen las condiciones actuales.
Los incentivos para el sector minero son claros. A fines del año pasado una ley dispuso que las retenciones al sector serían del 8%; las empresas siempre afirmaron que eso nunca se llegó cumplir y que hoy pueden llegar a pagar entre 12% y 13%. Según lo que se viene conversando entre las partes, una primera medida sería imponer finalmente ese 8%, para luego, en una segunda etapa, ver la posibilidad de imponer tasas más bajas y diferenciales dependiendo el tipo de producto a exportar.
Las fuentes consultadas en que se apoya esta nota sostuvieron que la idea inicial del Gobierno es analizar cada proyecto con las compañías, para luego determinar las retenciones que se impondrían. Según cifras oficiales, se estima que hoy las mineras exportan unos u$s 5.000 millones, aunque el sector afirma tener capacidad para duplicar esa cifra.
El del agro es otro de los casos sobre los que el Gobierno puso la mira. Aquí lo que estaría bajo análisis no sería una baja en las retenciones -que para la soja, el principal producto exportador, es hoy de un 33%-, sino que se aplicaría una particular forma de pago. En lugar de tener que liquidar sus granos en pesos y en relación a la cotización oficial del dólar, los productores recibirían un bono que estaría atado al valor del producto exportado. Además, se podría incluir la posibilidad de que ese bono pueda servir luego para el pago de impuestos.
De acuerdo a otras fuentes, éstas vinculadas al agro, una medida de este tipo no es lo que están esperando para comenzar a exportar más, sino que piden directamente una reducción de las retenciones.
Esto tiene que ver con que el valor final de los dólares que terminan recibiendo los productores -una vez aplicadas las retenciones- está $ 30 por debajo del dólar oficial, y nada menos que $ 90 del valor del «blue», que es el que el sector percibe como el «real». Todos estos números llevan a que, de las casi 50 millones de toneladas de la campaña 2019, solo se haya vendido actualmente un 60%.»
Observaciones de AgendAR:
Un conjunto de medidas -creemos que es más correcto llamarlas así, porque no son un plan económico sino decisiones puntuales que se toman ante una crisis- como éste tiene sentido en tanto el Estado no está en condiciones de obligar a los actores económicos a liquidar más divisas de las que necesiten para los insumos imprescindibles. Esto es probablemente cierto.
Pero el gobierno seguramente también evalúa el costo político de unas medidas que favorecerán a quienes otros sectores -sobre todo en el electorado del Frente de Todos- ven como prósperos, mucho menos golpeados por la pandemia e insolidarios.
De todos modos, en opinión de AgendAR, ninguna solución será estable en tanto haya en nuestro país dos valores del dólar, separados por una brecha muy grande. Así, siempre será una tentación grande para el que puede exportar retener su producto, y para el importador «aprovechar» el dólar oficial, más barato.
Y esa brecha entre los valores del dólar -lo hemos repetido otras veces- no surge porque el dólar oficial esté «barato», sino porque nadie quiere «quedarse» en pesos, en una moneda que se desvaloriza.
En ese sentido, y para concluir en una nota positiva, señalamos que unos bonos ajustables a valor soja, si sirven para cancelar deudas, pueden ser una buen sustituto del billete verde. Que, como se aclaró hace mucho, nosotros no emitimos.
Como un subproducto del desarrollo de las capacidades tecnológicas argentinas ante la pandemia, NEOKIT -la empresa argentina creada por investigadores del Instituto Milstein y el Laboratorio Pablo Cassará- junto a Y-TEC -la compañía de tecnología de YPF y el CONICET-, firmó el primer acuerdo para la exportación del test para la detección del COVID-19.
El test, diseñado en el marco de las acciones que viene llevando a cabo la “Unidad Coronavirus COVID-19” del Ministerio de Ciencia, tendrá como destino Panamá, y la partida inicial será de 7.000 determinaciones.
Además, hay gestiones para expandir las ventas en diferentes países del continente, entre la que se destaca la reciente obtención del registro que habilita la comercialización en Canadá.
Así, un desarrollo argentino se pone a disposición del combate de la pandemia en la región, reflejando el potencial del sistema científico y tecnológico local para insertarse en nuevos mercados.
Hace un mes, se avanzó en la producción y comercialización masiva del producto para cubrir de modo prioritario la demanda el sistema público de salud y los mercados privados de Argentina.
Garantizada esa demanda, se obtuvo el permiso de exportación por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
El NEOKIT-COVID-19
NEOKIT-COVID 19 -como se informó en AgendAR en distintas etapas de su desarrollo- es un test para la detección de Coronavirus de alta confiabilidad, facilidad de uso, rapidez de diagnóstico y menor costo.
El 32% de los casos de Covid en terapia intensiva de EE.UU. son diabéticos, aunque solo el 10% de los estadounidenses sufre esa patología.
A seis meses de la pandemia Covid-19, los ítems médicos que la caracterizan comienzan a quedar en claro y entre ellos surge un pilar: todas las personas que se infectan pueden tener complicaciones graves pero quienes enfrentan el mayor riego -en todos los grupos etarios- son quienes padecen alguna comorbilidad. Así lo confirma un gran estudio publicado hace un par de semanas en la revista médica JAMA, que repasó lo ocurrido con 3200 pacientes jóvenes y adultos y que demostró que obesidad, diabetes e hipertensión son los grandes factores de riesgo. Y en el editorial de esa publicación se lee: “si bien los adultos jóvenes tienen muchas menos probabilidades que los mayores de enfermar gravemente, si llegan a la hospitalización sus riesgos son sustanciales”.
De hecho, cifras epidemiológicas de EE.UU., dan cuenta que, por ejemplo, el 32 % de los casos de Covid en terapia intensiva son diabéticos, cifra notoriamente desproporcionada dado que solo uno de cada 10 norteamericanos tiene esa patología. En Argentina la situación se repite: “en nuestro país la prevalencia de diabetes ronda el 10% de la población. Y casi la mitad de los afectados desconoce su condición”, dijo la doctora Graciela Fuente, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Según Fuente- Y también sabemos que esas tres situaciones generan un aumento de riesgo de complicaciones entre los infectados.
EN ARGENTINA LA PREVALENCIA DE DIABETES RONDA EL 10% DE LA POBLACIÓN
Para el doctor José Luis Navarro Estrada, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, “está claro que la diabetes, junto con la hipertensión arterial, son los dos principales factores considerados “predictores” de las complicaciones generadas por esta infección“.
Fuente indicó que hay ciertas diferencias entre las personas con diabetes tipo I y tipo II. “Los tipo I parecen estar en menor riesgo que los de tipo II”. La experta también destacó que los estudios confirman que quienes están en mejor estado de salud tienen mejores probabilidades de superar la infección.
“Esto se traduce en una recomendación clave: que los diabéticos controlen muy bien su nivel de glucosa, porque tienen más probabilidades de superar el SARS-CoV-2″.
El tema tiene sus sutilezas ya que el control debe ser justo: “tampoco es bueno demasiado bajo, porque eso genera otros riesgos.
EL RANGO IDEAL DE GLUCEMIA DEBE ESTAR ENTRE 100 Y 160″
Por otra parte crece el consenso sobre el dato que el tejido pancréatico es otro de los objetivos atacados por el coronavirus. Así haya casos en los que el virus destruye las células beta cuya función es producir insulina. “En otras palabras, eso significaría que la infección por Covid podría desencadenar una diabetes en regla, al menos entre las personas que ya tenían valores glucémicos de “prediabetes” o agravar la diabetes de un paciente”, explicó Navarro Estrada.
En ese marco se lanzó la campaña nacional de divulgación “Más que Glucosa”, en la que participan media docena de sociedades científicas argentinas. La acción, que se mueve bajo el lema “Hay órganos que sufren y no se ven”, busca concientizar a la población sobre la importancia de seguir un tratamiento integral de la diabetes, en forma constante.
Consejos
Ambos expertos recomendaron que en este pico de la pandemia “las personas con diabetes deben redoblar sus esfuerzos para mantener su nivel de glucosa, con dieta adecuada y monitoreo glucémico cotidiano y haciendo ejercicio físico, ya sea saliendo a “la calle” a caminar, cumpliendo las precauciones de distanciamiento, o -eventualmente- aun sin salir del hogar”.
Navarro Estrada finalizó recordando que “ya hemos visto que, aún tras el alta, el Covid puede haber dejado consecuencias en el tejido cardíaco o en el sistema circulatorio. Por eso varias asociaciones profesionales están elaborando sugerencias para las personas que superaron la infección: antes de volver a realizar actividades deportivas en forma intensa recomendamos que se hagan una evaluación cardiológica en los siguientes tres meses tras el alta”.
Alguna experiencia en nuestro equipo con la comunicación política nos llevó a observar con atención la campaña de los dos candidatos para la elección del 3 de noviembre. Hay una conclusión obvia: las dos campañas están más enfocadas en destruir al rival que en promover al propio. Es una estrategia posible. Lo cierto es que a uno de los dos no le va a funcionar.
Desde el campo de Trump:
Desde el campo de Biden:
Como AgendAR informó en detalle aquí, esta semana el Senado convirtió en ley el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), un financiamiento específico e incremental para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
La flamante Ley 27565 establece que los recursos del FONDEF serán afectados a la recuperación, modernización o incorporación de materiales, buscará reequipar a las Fuerzas Armadas y también sustituir importaciones, con el objetivo de insertar a pymes nacionales en el mercado internacional, incrementar las acciones de investigación y desarrollo, y asimilar las innovaciones tecnológicas en el entramado productivo nacional.
Los recursos para financiar este fondo se conformarán con el 0,5% del presupuesto del sector público en el año 2021, el 0,65% en 2022 y el 0,8% en 2023 y en años sucesivos. Para el año próximo, el FONDEF administraría unos 37.000 millones de pesos, que serán independientes del presupuesto del Ministerio de Defensa (157.000 millones de pesos, de los cuales 121.000 millones corresponden a salarios). El monto asignado por el FONDEF deberá ejecutarse en su totalidad y las comisiones de Defensa de ambas cámaras del Congreso serán responsables de monitorearlo.
El autor del proyecto, que ya había recibido media sanción en la Cámara Baja el año pasado, fue el ex diputado Agustín Rossi, hoy titular del Ministerio de Defensa. Rossi será el encargado de ejecutar el presupuesto del FONDEF, y en este reportaje explica cómo destinarán estos fondos a partir del año que viene, con especial énfasis en “privilegiar todo lo que se pueda producir en la Argentina y, en el caso de lo que haya que importar, hacerlo siempre con mecanismos de transferencia de tecnología o joint venture”.
¿Cuáles son los proyectos a impulsar en Defensa a partir de la puesta en marcha del FONDEF?
En una primera instancia vamos a repotenciar todos los proyectos con los que ya estamos avanzando. El avión Pampa; el Pucará Fénix, que es la remotorización del Pucará; el IA100, que es un avión de entrenamiento básico militar; el P3 Orión, que está en FADEA y hay que terminarlo; y un Hércules que nos quedó afuera del programa de modernización que hicimos en Dallas. Por otro lado, tenemos que terminar la lancha LICA (Lancha para Instrucción de Cadetes) que está en el astillero Río Santiago, y avanzar en un programa de remolcadores para la Armada Argentina. Tenemos la idea de ver si podemos empezar a construir un buque polar, algo que nos llevará unos cinco o seis años. Y para el Ejército Argentino está el programa de remotorización de los Unimog. Vamos a trabajar fundamentalmente en estas tareas que ya veníamos haciendo y tenemos que potenciar.
Durante el gobierno de Cristina Fernández hubo leyes para que no se interrumpieran grandes proyectos tecnológicos como el Plan Satelital o el Plan Nuclear, que tras el cambio de Gobierno no se cumplieron. ¿Qué instrumentos hay para que con esta ley no pase lo mismo?
Entiendo que esas leyes lo que tenían eran objetivos. Acá lo que tenemos es la creación de un fondo específico que se integra con un porcentaje de los ingresos totales que tenga la administración, entonces el que preside está obligado a cumplir con ese fondo específico. Hay una diferencia desde el punto de vista de la categoría jurídica. Acá se integra un fondo específico para la Defensa. Cada vez que ingresa un peso en el Estado nacional, el 0,5% de este peso tiene que ser destinado al FONDEF. Creo que son situaciones distintas, judicialmente distintas. Como fui el autor puedo decir que lo pensamos con ese sentido.
La creación del presupuesto y la asignación de partidas es una función del Poder Ejecutivo a partir de las prioridades que establezca en su gestión. ¿Está bien que el poder Legislativo ponga limitaciones en este sentido?
El Poder Legislativo tiene todas las posibilidades de asignar presupuesto donde quiera. De hecho, cuando se habla de la coparticipación, es una ley que le dice al Ejecutivo cómo tiene que distribuir la plata que tiene. Así que no haya ninguna duda de que esto es una potestad del Poder Legislativo, de poder definir una ley con una asignación específica. También podría haberlo hecho sin una asignación específica y decir que se hará con recursos presupuestarios. La idea de destinar un presupuesto a un fondo específico tiene que ver con esto. Además, ya existen fondos similares como el de equipamiento de las escuelas técnicas, que es el 0,2% del los ingresos de la Administración Pública.
En el caso del avión Pampa, parece difícil poder pedirle a las empresas que inviertan para hacer más piezas nacionales cuando solo se producen dos aviones por año. Por otro lado, es difícil producir más aviones con tantas piezas importadas. ¿Cómo se resuelve esta disyuntiva?
Creo que el FONDEF va a ayudar a resolver la disyuntiva. El problema fundamental es el flujo de fondos. Si hay un flujo de fondos se puede aspirar a fabricar algo más que dos Pampa por año. Sobre todo porque el FONDEF da recursos para este año, el siguiente, el subsiguiente y los próximos, entonces permite planificar a futuro. Yo entiendo que si FADEA va y le pide a una pyme de la industria aeronáutica que modifique una línea de producción para hacer una determinada parte del Pampa III, para sustituir importaciones, la pregunta siguiente sería: ¿Cuántas me van a comprar? A partir del FONDEF se van a poder hacer planificaciones plurianuales que harán eso posible.
¿Van a hacer contratos plurianuales con FADEA?
Siempre estamos intentando hacer planes plurianuales con FADEA, lo que necesitábamos era tener recursos. Yo suelo decir que los argentinos somos campeones de los prototipos: tenemos una idea, la convertimos en un proyecto, lo convertimos en realidad y después fabricamos uno, dos o tres productos de este proyecto, pero nunca podemos llegar a la serie porque nunca tenemos un flujo continuo de fondos, que es lo que un proyecto importante exige.
Hace pocos días se cumplieron los 80 años de LADE, la línea aérea de fomento administrada por la Fuerza Aérea. Como consecuencia de la pandemia, hay grandes cambios en todo el mercado aerocomercial. ¿Habrá cambios en LADE?
Tenemos tomada la decisión de reposicionar a LADE. En los cuatro años de macrismo había una clara decisión de desarticular a LADE, prácticamente quedó con un avión Saab y dos Twin Otter con sede en Comodoro Rivadavia. Hoy tenemos tres, casi cuatro aviones Saab. Vamos a tener dos o tres Fokker y el Boeing 737 que estamos comprando para la Fuerza Aérea, y vamos a seguir manteniendo los Twin Otter. Lo que vamos a hacer con estos dos últimos es llevarlos a Río Gallegos para hacer un puente permanente de dos vuelos por día con Ushuaia. Por otro lado, queremos potenciar todo el circuito de la Patagonia, que es el histórico de LADE. De hecho, hay una declaración de todos los senadores de la Patagonia para que LADE vuelva a hacer ese circuito.
¿Cuál será el posicionamiento de LADE?
LADE es una línea aérea de fomento. Su objetivo no está en ejecutar los circuitos comerciales más rentables, sino en tratar de unir aquellas localidades que no son rentables. Estamos pensando también en una articulación mayor con Aerolíneas Argentinas, de manera de ser complementaria e inclusive hacer algunas rutas que a Aerolíneas no le conviene hacer con los aviones grandes.
¿A qué ruta se afectará el 737 que están por comprar?
No tenemos definido qué ruta hacer con el 737. Es un avión de transporte interesante, no solo puede hacer esas rutas, puede tener diferentes usos. Lo primero que tenemos que hacer es que LADE vuelva a volar en la Patagonia argentina. Una vez que eso esté funcionando, que esté aceitado, veremos qué otros circuitos podemos hacer. Hay un plan que tiene que ver con un relevamiento comercial que hicimos, y es hacer un circuito por las segundas o terceras ciudades de cada una de las provincias. En general, las líneas comerciales trabajan sobre las capitales de provincia y nosotros podríamos trabajar sobre el interior del interior, me parece que sería importante.
Reproducimos esta importante columna de Nora Bär:
«Como era de esperar, el anuncio de las últimas horas de que (mediante la digitalización de las partidas de defunción y un nuevo sistema informático que cruza tres bases de datos) la Provincia de Buenos Aires detectó 3523 muertes por Covid que todavía no fueron cargadas al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) causó conmoción e indignación.
Algunos lo interpretaron como que se había dejado acumular adrede un gran número de personas muertas para justificar una cuarentena eterna, otros lo atribuyeron a ineptitud en el manejo de las estadísticas y otros, a un fraude político. Sin embargo, como suele suceder, la realidad es mucho más compleja.
El subregistro de muertes por Covid es motivo de preocupación en todo el mundo. El 14 de abril Nueva York sumó de un día a otro 3.778 defunciones y se transformó en la ciudad con más muertos per cápita del mundo. «Cualquiera sea el número registrado en una jornada cualquiera será una gruesa subestimación», le dijo el demógrafo Tim Riffe, del Max Planck Institute para la Investigación Demográfica, a The New York Times.Algo similar sucedió en otros países, incluso del mundo desarrollado. Y, si se tienen en cuenta los problemas de larga data de la información sanitaria, la Argentina no podía ser la excepción. El último informe de muertes anuales es de 2018 y se publicó en marzo de este año. Aunque desde 1960 rige una ley de notificación obligatoria de enfermedades infecciosas, en rigor, no se cumple al pie de la letra. Es sabido que, incluso en tiempos «normales», el sistema adolece de muchos sesgos.
En el caso del Covid-19, la notificación está descentralizada: cada centro (muchos de ellos sobrepasados por el volumen de trabajo) es responsable de cargar la información en el SISA, tanto en lo que hace a los diagnósticos como a los exámenes de laboratorio, las altas, los ingresos a terapia intensiva y los fallecimientos. Pero, además, a esto se agrega una dificultad sistémica. La información del Registro Nacional de las Personas, que recibe las actas de defunción, no va a los ministerios de Salud (ni a la Anses ni a la AFIP).
Varios de los especialistas que analizan los números de las bases de datos venían advirtiendo hace semanas que había más muertes que las cargadas en el SISA. Ante un salto muy pronunciado en el número de notificaciones, el ministro Fernán Quirós explicó hace unas semanas que se debía precisamente a que había hablado con los sanatorios privados para que pusieran al día la carga de datos. De hecho, CABA tiene una base propia que registra más fallecidos que los informados por el Ministerio de Salud de la Nación (3264 contra 3095, según el sitio Covidstats, de Mauro Infantino). En los informes que se distribuyen a diario, hay muertes de abril, de junio, de julio.
En la Provincia, el problema era aún más acentuado porque muchos hospitales municipales venían con demoras sensibles. El trabajo realizado permite actualizar esos números. En Nueva York se hizo en abril. ¿Debería haberse hecho antes? Sí. ¿Les caben sanciones a quienes no hayan cumplido con la ley de notificación obligatoria? Probablemente. ¿Desvirtúa esto el retrato que se estaba realizando de la pandemia? Sin duda.
Pero lo peor es que permite suponer que en el resto de las jurisdicciones está pasando algo comparable. De hecho, son estos indicios que advierten los analistas de la curva pandémica local lo que inspira la preocupación, a veces difícil de comprender por parte de la sociedad, de médicos e investigadores.
Todas las jurisdicciones deberían revisar y cruzar sus bases de datos. Puede haber miles de muertes más que las reconocidas. Es imposible desconocer la gravedad de estos errores, pero lo importante es que se hagan públicos los números reales y no alentar una indignación que promueva el ocultamiento, aliente la idea de que la situación está controlada e impida trazar una imagen real de lo que está pasando.
Ojalá la solución esté en camino con el Certificado Digital de Hechos Vitales que está desarrollando el Renaper y debería estar operativo en 90 días, cuando todos los médicos tengan firma digital. Eso debería agilizar la notificación y dar acceso a los datos de manera inmediata.»
Además de la necesidad de llevar bien los registros -una obligación básica del Estado- debe contemplarse la preocupación y el desánimo que la noticia causó. Desde AgendAR, sugerimos visitar las páginas de las estadísticas globales. Seguramente, con tantos subregistros como podemos encontrar entre nosotros. Pero para comparar, son adecuadas. La tabla de las muertes por COVID por millón de habitantes, por ejemplo, que puede consultarse aquí, muestra que el manejo local de la pandemia no ha sido tan exitoso como nos gustaría creer, pero tampoco un desastre.
New York Times – Carl Zimmer y Katie Thomas «La carrera febril por una vacuna contra el coronavirus recibió una infusión de energía el miércoles cuando Johnson & Johnson anunció que ha comenzado la etapa final de sus ensayos clínicos, la cuarta compañía en hacerlo en los Estados Unidos, ahora que el país alcanza un sombrío hito de 200,000. muertes por la pandemia.
Johnson & Johnson está un par de meses por detrás de los líderes, pero su ensayo de vacuna avanzada será, con mucho, el más grande, con 60.000 participantes. La compañía dijo que podría saber a fines de este año si su vacuna funciona.
Y su vacuna tiene ventajas potenciales sobre algunos competidores. Utiliza una tecnología que tiene un largo historial de seguridad en vacunas para otras enfermedades. Su vacuna podría requerir solo una inyección en lugar de dos, lo que es importante teniendo en cuenta que toda la población del mundo necesita vacunación. Y no es necesario mantenerlo congelado ya que se entrega a hospitales y otros lugares donde se administrará a los pacientes, simplificando la logística de cientos de millones de dosis.
«Grandes noticias«, tuiteó el presidente Trump sobre el anuncio el miércoles por la mañana. «¡@FDA debe actuar rápido!» agregó, refiriéndose a la Administración de Drogas y Alimentos, que supervisa la aprobación de la vacuna.»
ooooo
En lo central, la vacuna de J&J tiene estas ventajas decisivas sobre la competencia:
1) Es conceptualmente avanzada, pero no avanzadísima. Usa un adenovirus recombinante como vector de genes del SARS-CoC-2. Pero ese virus, como «plataforma de entrega» de genes antigénicos, tiene mucho kilometraje: ya se suministró a más de 100.000 personas sin efectos adversos, en trials de vacunas de zika, dengue y ebola, y en esa última enfermedad, la vacuna ya tiene autorización regulatoria de la Unión Europea. Importante diferencia con el adenovirus de chimpancé (un vector totalmente nuevo). Es el que usa la vacuna ChAdOx de AstraZeneca, cuyo despliegue se canceló en EEUU por un segundo caso de neuropatía espinal.
2) La vacuna de J&J no necesita frío extremo, como las avanzadísimas vacunas a ARN de Moderna (-70 C) y la de Pfizer (-20 C). Se mantiene bien a entre 2 y 7 grados Celsius sobre cero, lo que implica una cadena de frío «de última milla» tan simple como la de una heladería. Logística aparte, esto facilita mucho el acto vacunatorio en el mundo pobre: alcanza con un enfermero, una caja térmica de telgopor, hielo seco y una moto o bici.
3) Va a hacer su fase 3 con 60.000 casos, no con únicamente 30.000 como casi todos los competidores, y entre los países donde se testea va a estar Argentina (vayan preparando el brazo). El «corte» del doble ciego, el momento en que se devela el secreto de quién recibió la vacuna y quién un placebo, se hace cuando haya 164 pacientes enfermos. Si al menos el 60% de esos casos están en la rama placebo es que la vacuna funciona, aunque modestamente. Y como los países sudamericanos incluidos son -desgraciadamente- de alta circulación viral comunitaria, se sabrá muy rápido si esta vacuna es pato o gallareta.
4) La vacuna de J&J levanta grandes niveles de anticuerpos con una sola dosis (lo que no significa necesariamente que frene al virus, eso se intenta demostrar con el trial). La fase 3 va a incluir, dentro del grupo activo que recibe vacuna y no placebo, una sub rama con doble dosis para comparar el rendimiento contra otra de dosis única. Si esta vacuna funciona bien con monodosis, la ventaja de despliegue y distribución sobre las otras competidoras del pelotón de punta se vuelve muy significativa. Especialmente en el mundo pobre.
Es decir, en la mayor parte del mundo.
La cantidad de argentinos que compraron el llamado «dólar ahorro» alcanzó un nuevo pico en agosto. Según los datos publicados el viernes en el balance cambiario del Banco Central (BCRA), fueron casi cuatro millones de «personas humanas», una cifra algo por encima de los 3.900.000 que habían acudido en julio al mercado oficial.
El total de las divisas compradas alcanzó a u$s 768 millones, un monto también algo superior a los u$s 753 millones de julio. Es evidente que no es una suma muy importante, aún en el marco de un comercio exterior disminuido por la pandemia. Pero suficiente para despertar la preocupación del Central por sus escasas reservas.
El hecho es que estas cifras están 10 veces por encima de las anteriores la irrupción del Covid-19 en el país, cuando la compra de dólares sumaba un monto total en torno a los u$s 70 millones, distribuido entre cerca de 450.000 ahorristas.
Compras y ventas de moneda extranjera, de enero ´17 a agosto ´20:
El informe del BCRA para agosto precisa «que las Personas humanas registraron compras netas de moneda extranjera por u$s 920 millones, básicamente por billetes para atesoramiento (u$s 750 millones), y para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior (u$s 137 millones). Esta última cifra significó una caída de 64% respecto de igual mes del año pasado, básicamente por el cierre de fronteras que mantuvo a los argentinos fronteras adentro.
El principal proveedor de dólares fue el sector “Oleaginosas y Cereales”, que registró ingresos netos por USD 1.503 millones, por cobro de exportaciones netas de pago por importaciones, “en línea con su condición de principal sector exportador de la economía”. Pero aunque le reconoce esa condición, el informe del Central subraya que las ventas del sector fueron en agosto 31% inferiores a las del mismo mes de 2019 y 27 % inferiores para los primeros ocho meses del año.
Además, el Central señala que “luego de dos meses sin diferencial, en agosto se estima que el sector tuvo un balance comercial de bienes en términos FOB por encima de sus ingresos netos a través del mercado de cambios, lo que implicaría que continuó cancelando deuda por anticipos y prefinanciaciones contraída en periodos anteriores, cuyo stock se encuentra en un nivel mínimo histórico”.
Esa situación originó otra de las medidas recientes del gobierno: limitar la provisión de divisas para el pago de deuda en dólares hasta un máximo del 40%, obligando a las empresas a refinanciar el resto o conseguir dólares sin recurrir a las reservas del Banco Central.
Desde AgendAR, resumimos: mientras haya un brecha de cerca del 80% entre el valor oficial del dólar y el que se consigue fuera del circuito oficial, demasiados agentes económicos, desde ciudadanos comunes que tratan de hacer una pequeña diferencia, hasta grandes empresas, buscarán y encontrarán formas de eludir las reglamentaciones. El Estado debe hacerlas cumplir, teniendo presente que la forma más eficaz es reducir esa brecha.
Compartimos este duro análisis de Guillermo Siro, Presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, CEPBA:«La pandemia ha generado en el país y en el mundo un antes y un después en las lógicas de producción, la logística de comercialización y hasta del consumo.
Los protocolos dispuestos para el cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que incorpora costos como el transporte de personal o impone disponer de más superficies para producción y distintas actividades, obliga a pensar sí o sí en una etapa de “nueva normalidad” que ya está entre nosotros.
En buen romance, esto significa que en un taller de producción donde trabajaban doce operarios, tal vez sólo puedan hacerlo cuatro. En un restaurant el personal gastronómico requerido podría ser de un 25 o 30 por ciento y la lista puede seguir.
Esto derivará en una obligada reformulación, dado que lamentablemente no será necesaria, ni posible, emplear la cantidad de personas que antes se requerían, en un esquema donde inicialmente se producirá menos y se venderá menos, en un contexto de reducción de la demanda.
Por eso, esto no tiene que ver sólo con el cumplimiento de medidas sanitarias. También estará relacionado con una nueva ecuación que dominará las vidas del movimiento empresario y comercial, y que quedará grabada de ahora en más: La nueva estructura de costos y el punto de equilibrio para una mínima rentabilidad.
Desde la entidad que presido (CEPBA) somos conscientes de la repercusión social de esta nueva normalidad. Por eso estamos en plena etapa de estudio para reconversión de modelos de negocios, para recrear mercados y, por ende, atender una demanda sostenida en el tiempo. Con la reconversión reduciríamos el costo social.
Además, está en plena ejecución desde CEPBA la capacitación de trabajadores y empleadores. Pensamos, obviamente, en aquellos que fueron los primeros en recibir las malas noticias de una suspensión o un despido para que pronto puedan acceder a nuevas oportunidades laborales.
La pandemia no ha sido gratuita ni para la Argentina, ni para ningún país del mundo. Obliga a un supremo esfuerzo de imaginación, creatividad y aplicación de experiencia en la cual trabajamos “codo a codo” dirigentes empresarios, trabajadores, estado, universidades e instituciones en general. La pasividad y la obsecuencia, ante esta cruda realidad, es la peor de las consejeras.»
Hace 16 años, un equipo argentino de investigadores desarrolló semillas de trigo y de soja tolerantes a las sequías e inundaciones. La HB4 es la primera tecnología transgénica desarrollada íntegramente en la Argentina. Sin embargo, a pesar de tener reconocimiento internacional y de ser aplaudida en el mundo académico, en el país que la desarrolló aún no se puede utilizar. En 2017/18 la sequía costó pérdidas por U$ 7000 millones, sin que las autoridades autorizaran el uso comercial de estas semillas. Y en 2020 va a repetirse lo mismo, porque estamos en otra seca igual o peor, y el Estado argentino sigue insólitamente esperando que su responsabilidad regulatoria la asuman Brasil y/o China.
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“Es frustrante”, define Raquel Chan, investigadora superior del Conicet y docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La científica lidera el grupo de investigación que descubrió el gen HB4 del girasol hace ya 16 años, con el cual las plantas -como el trigo y la soja- adquieren mayor tolerancia a la sequía. Un aporte clave al agro argentino.
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Actualmente, y desde 2015, la aprobación del trigo HB4 depende del dictamen de la Dirección Nacional de Mercados Agropecuarios. En caso de avalar la tecnología, la Argentina sería precursora en comercializar un cultivo de estas características. “Ni este gobierno ni el anterior hicieron un análisis con un dictamen positivo o negativo. El problema es que no lo definen y mientras, las tecnologías se duermen. El gobierno tiene que tomar una decisión para decir que si o que no, o que si en forma condicionada a tal o cual evento, como en el caso de soja”, se lamenta la especialista, quien inició sus investigaciones con el objetivo de que en una misma tierra cultivable hubiera mejores rindes para obtener más alimentos a menores precios. “Muchos detractores de esta tecnología dicen que se quiere avanzar sobre la tierra que no era cultivable, pero es al revés. La idea es producir más en el terreno cultivable”, observa Chan.
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Uno de los temores de quienes se pronunciaron en contra de este producto es que los compradores internacionales rechacen el trigo transgénico.
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Sobre los logros alcanzados, la bioquímica apunta: “A nivel científico es una maravilla, el trabajo es sólido y los resultados fueron espectaculares en el campo. Tuvimos repercusión a nivel internacional en países como Estados Unidos y Australia. Tenemos artículos publicados y citados en revistas del mayor prestigio. Ahora, con la política no puedo hacer más nada”.
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«Es el país el que tiene que decidir si es pionero en esto y toma el riesgo o si no lo asume», agrega.
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Respecto de la soja con tecnología HB4, se espera la aprobación de China para su comercialización, una autorización que se cree que llegará a fines de este año.
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Todo inició en 1995, cuando Chan comenzó a trabajar con genes de diferentes plantas para conocer sus estructuras. Casi 10 años después, en 2003, comenzaron los experimentos aplicados. “Con mi equipo estudiamos por qué las plantas se adaptan al medio ambiente. La pregunta que nos hicimos fue: ‘¿Por qué esta planta x, si no la regamos por tres días, sigue viva, y esta otra no?”, explica. Con experimentos de semillas idénticas tomadas de una misma planta, comenzaron a investigar las diferentes morfologías de las nuevas plantas que nacían. “Estudiando eso aislamos un montón de genes, entre ellos un gen de girasol, que es una planta que se adapta muy bien, respecto de otras como la soja o el maíz, a terrenos con poca agua”, aclara Chan.
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La especialista cuenta que comenzaron a aislar los genes y probar cada uno de ellos (para ver si tenía que ver con la respuesta de adaptación) en una planta modelo llamada Arabidopsis. “Hicimos una planta transgénica, la pusimos en otro ambiente y vimos cómo era su comportamiento en otra condición”, destaca.
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Hasta que dieron con un gen de tolerancia. “Cuando pusimos uno de estos genes de girasol en la planta de Arabidopsis y vimos que esta última podía soportar mejor el déficit hídrico, ahí lo patentamos”.
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En 2004 el Conicet y la UNL patentaron una construcción genética que contenía el gen de girasol Hahb-4 y lo licenciaron -conformando una alianza pública privada- a la empresa argentina Bioceres, una compañía con más de más de 300 socios, entre los que hay desde productores agropecuarios y cooperativas hasta accionistas minoritarios como Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel.
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De forma conjunta fueron desarrollando primero la soja tolerante a sequía y luego el trigo tolerante a sequía. También hay otros proyectos en curso, pero esos dos son los más adelantados
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A partir de ahí, comenzaron los ensayos en campo. “Vimos que el gen no solo funcionaba muy bien en trigo y soja, sino también en campo, porque una cosa es hacer un ensayo en una cámara de cultivo, que es un ambiente controlado en laboratorio, y otra en campo, donde se mezclan las condiciones ambientales”, añade.
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Camino burocrático
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Si bien tanto el trigo HB4 como la soja HB4 tuvieron dictámenes favorables de CONABIA(Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agrícola), que concluyó que el cultivo no afecta al medio ambiente, y del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), que determinó que el producto es inocuo para su consumo, ninguna de las dos semillas puede comercializarse aún en el país.
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La soja tolerante a sequía fue aprobada en 2015 en la Argentina, Brasil y Estados Unidos, pero se está a la espera de la aprobación en China. El gigante asiático es clave, porque existe un convenio que indica que la soja transgénica se puede vender en la Argentina sólo si China la aprueba, dado que es el principal importador de la oleaginosa. “Desde Bioceres están optimistas y creen que a fin de año se logrará aprobar”, adelanta Chan.
El trigo, por su parte, depende de la aprobación de la Dirección Nacional de Mercados Agropecuarios, que analiza el impacto comercial. Si el veredicto es positivo, la Argentina sería el primer país en el mundo en liberar un trigo de estas características. Todavía se espera la autorización.
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El argumento se centra en que antes de aprobarlo quieren consensuar con el principal importador del cereal, que es Brasil. El punto central es el temor a que si llega un embarque con un producto transgénico no autorizado, se rechace todo el envío. “Es un círculo vicioso, porque desde Brasil consideran que si el propio país de origen no lo aprueba, ellos no lo harán. Y desde la Argentina no se aprueba por miedo a que ellos nos dejen de comprar”, dilucida Chan.
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“Para liberar un evento transgénico hay que demostrar mediante muchos ensayos que no afecta a la flora ni a la fauna y que no tiene consecuencias negativas con el ambiente. Además, se debe demostrar que la planta modificada no tiene tóxicos ni alergenos, y que es segura para la sanidad animal y la salud humana. Tanto SENASA como CONABIA dijeron que lo que hicimos estaba bien y que la tecnología no es nociva”, sintetiza Chan, quien tras años de investigación considera la actual situación como “frustrante”.
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“Yo no vivo ni dependo de esto, pero sentir que el país no puede ser pionero y que esto no termina de liberarse para mí es frustrante”, completa.
16 años de espera no han sido gratis para el país. Mientras el licenciamiento a campo de la soja y el trigo HB4 resistente a sequías duerme en escritorios, las lluvias en las llanuras chacopampeanas se vuelven cada vez más erráticas por el cambio climático. En la seca de 2017/18 se perdieron casi U$ 7000 millones, se fundieron muchos productores chicos y medianos… y la propiedad agrícola se concentró un poco más.
La Comisión de Defensa Nacional de Diputados, presidida por el diputado Carlos Fernández (UCR), dictaminó a favor del proyecto de ley que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, a realizarse desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021.
La iniciativa que cuenta con media sanción del Senado fue respaldada por todos los bloques parlamentarios.
Desde el Ministerio de Defensa, el subsecretario de Asuntos Internacionales, Roberto De Luise, sostuvo que “las Ejercitaciones Combinadas son parte de la formación de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas”. Juan López Chorne, de la Dirección Nacional de Cooperación para el Mantenimiento de la Paz, agregó: «La interacción con las fuerzas militares de otros países se basa en medidas de confianza mutua”.
Durante la reunión virtual, Jorge Battaglino, actual rector de la Universidad Nacional de la Defensa (UNDEF), creada a fines de 2014 bajo la ley 27. 015, aseguró que “es fundamental la difusión de la cultura de la defensa a nivel nacional. Creemos que la UNDEF tiene que ser la principal universidad que ofrezca capacitaciones en Defensa para el resto del sistema”.
Los ejercicios militares en que participa la Argentina son:
ACRUX X
ATLASUR
FRATERNO
IBSAMAR
INALAF
INTEGRACIÓN
PASSEX
SAREX
UNITAS ANFIBIO
UNITAS ATLANTICO
EXPONAVAL
VIEKAREN
ARANDÚ
TANQUE
RÍO
ARPA
ARBOL
El Ejercicio Acrux X será desarrollado con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay y tiene como objetivo especializarse en cuestiones navales con los países limítrofes. El Ejercicio se llevará a cabo en la hidrovía Paraguay-Paraná, rios Uruguay y Río de la Plata e incluirá por parte de la Armada Argentina dos buques auxiliares, una lancha patrullera, dos lanchas menores, una sección de Infantería de Marina, entre otros equipos y personal.
Por el lado del Ejercicio ATLASUR, avanzará con Sudáfrica, Uruguay y Brasil en tácticas navales. En ese sentido el país dispondrá de una corbeta Meko 140 (en caso de realizarse en Sudáfrica), Brasil con dos fragatas, un buque logístico, un submarino y una aeronave de sostén logístico, Sudáfrica con dos fragatas, dos submarinos y 1 buque logístico, Uruguay con una fragata. En el caso de realizarse en Brasil, la Argentina dispondrá de un destructor Meko 360 y una corbeta Meko 140.
Para el Ejercicio FRATERNO se prevé el despliegue de diversos medios navales entre Argentina y Brasil, incluyendo 8 buques argentinos y 3 brasileros. Apunta a mejorar la interoperatividad de ambas armadas, entre doctrina y procedimientos. A su vez, se desplegarán aeronaves entre Sea King o Fennec y P-3B Orion, grupo de buzos tácticos y 1 compañía de Infantería de Marina.
En el caso del ejercicio combinado IBSAMAR, que incluye a Sudáfrica, la Argentina, Brasil y la India, se estima desplegar en las costas de la India una corbeta Meko 140, que operará con 2 fragatas y 1 corbeta brasilera, dos fragatas sudafricanas y 2 fragatas indias.
El INALAF se realizará con la Republica de Chile en el marco de las actividades conjuntas bajo mandato ONU. En este sentido se busca un intercambio de doctrinas y procedimientos navales en zonas de jurisdicción chilenas y argentinas operando unidades de Infantería de Marina de ambas naciones.
El ya clásico ejercicio INTEGRACIÓN entre Argentina y Chile busca también fortalecer la confianza mutua y la integración naval entre los países y se llevara a cabo en costas del país limítrofe. La Argentina desplegaría una corbeta Meko 140 mientras que Chile operaria 3 fragatas, 1 submarino y 1 buque de transporte, con una sección de Infantería de Marina.
El adiestramiento PASSEX, que se realiza desde el año 1999, se realizará en la Argentina con 19 países más, entre participantes y observadores. Para este caso, la Armada Argentina desplegará una corbeta Meko 140 que operará dentro de la orgánica de una Unidad de Superficie internacional.
Por otro lado, el SAREX establece un ejercicio combinado con la República Oriental del Uruguay con la misma intención de intercambiar información, doctrina y procedimientos navales. Los 5 dias de operaciones demandaran el uso de 2 buques y un B-200 argentino, mientras que Uruguay desplegaría un Patrullero y una aeronave de exploración en aguas de la república vecina.
En cuanto a ejercicios anfibios, el UNITAS, que incluirá a Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay junto a la Argentina tendrá dos fases, por un lado la mencionada etapa anfibia y otra con buques de superficie y submarinos. Para este caso, la Argentina desplegará una corbeta Meko 140, un buque transporte, una compañía de Infantería de Marina, y vehículos de desembarco anfibio (en caso de realizarse en Ecuador). Para el caso de que el ejercicio se efectúe en Perú, la Argentina enviaría un destructor Meko 360 con un helicóptero Fennec.
Para el ejercicio a realizarse en Chile, denominado EXPONAVALen conjunto con 24 naciones, se pondrá a disposición una corbeta Meko 140. En ese mismo país, en el Canal de Beagle, también se llevará a cabo el ejercicio VIEKAREN e incluirá el uso de un buque auxiliar, 1 lancha rápida y 3 lanchas patrulleras, ademas de un avión de exploración B-200. Por su parte, Chile incluirá 2 lanchas de servicios generales, 2 patrulleros, una aeronave de exploración y una lancha de rescate.
Por el lado terrestre, el ejercicio ARANDÚ 2020, que se realiza de manera combinada con Brasil, busca incrementar los lazos de cooperación entre los ejércitos de ambas naciones. Las actividades se desarrollarán en el Campo de Instrucción Barao de Sao Borja y movilizará tropas blindadas, paracaidistas y aeromóviles.
Para el ámbito aeroespacial, el ejercicio TANQUE busca consolidar los lazos entre la Argentina y Uruguay. Para este caso la Fuerza Aérea Argentina estima movilizar un KC-130, ademas de instructores del sistema de armas A-4AR. Uruguay desplegaría 3 aeronaves CESSNA A-37.
El ejercicio RÍO en conjunto con Uruguay a realizarse durante el primer semestre del 2021 contará con aeronaves de enlace PA-28, Twin Otter, Saab 340, Pampa, Tucano y A-4AR, además de un C-130.
El ARPA, que busca afianzar relaciones con Paraguay, también destinará unidades de enlace y transporte, además de aviones Pampa III y helicópteros Bell 412, 212, Lama y Mi-171E.
Con Bolivia se prevé el ejercicio ARBOL, con unidades Pampa y Tucano argentinas que operarán con aeronaves de vigilancia y control y transporte bolivianos.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fue reconocido por el SCImago Institutions Ranking como la mejor institución gubernamental dedicada a la investigación científica de Latinoamérica. Sin embargo, investigadores e investigadoras del organismo sostienen que sus salarios se encuentran en el peor nivel desde el 2002.
Y en un estudio preparado por el Dr. Fernando Stefani «Ciencia y Tecnología en el Presupuesto Nacional 2021», disponible aquí, muestra que se frena la caída general en inversión pública en CyT pero queda en un mínimo histórico. La prioridad en el presupuesto aumenta levemente, de 0,9% a 1,13%. Y algunas instituciones claves para la tecnología aplicada a la actividad productiva, como INTI e INTA siguen perdiendo presupuesto.
Hace pocos días investigadores del CONICET realizaron una jornada de paro nacional para visibilizar la pérdida de poder adquisitivo. Muchos de ellos perciben sus salarios al borde de la línea de la pobreza. Desde investigadores, personal de apoyo técnico y personal administrativo, que fue el más afectado en este último periodo.
La paritaria está congelada desde el año pasado y si bien el desfinanciamiento es un problema de muchos años, es necesario que sea escuchado. “Perdimos 70% del salario real en los últimos 10 años y luego de paritarias a la baja y una caída brutal durante el macrismo, la paritaria 2019 fue de 28% en cuotas y no se aplicó una cláusula gatillo, por eso esa paritaria no está cerrada y hace más de un año que estamos con salarios congelados. En 2020 no hemos recibido ni un peso de recomposición. Las categorías más bajas de investigadores están debajo de la línea de pobreza. La situación salarial es crítica”, explicó Emiliano Salvucci Dr. en Bioquímica e investigador del CONICET- UNC
Para entender esta problemática, hay que analizar la evolución del poder adquisitivo de investigadores que tienen al menos 12 años de preparación en su área. El sueldo representa el 50% de aquel de noviembre de 2015, como muestra la figura:
A comienzos del 2020 se abrió diálogo con autoridades e incluso con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, donde prometieron continuar el diálogo en busca de alternativas. “Si bien tienden a reconocer los problemas que atraviesa nuestro sector, en lo presupuestario y en relación con las condiciones de trabajo y los salarios, por el momento no hay avances concretos”, destacó Victoria García, Investigadora y miembro de ATE CONICET.
La respuesta por parte del organismo fue el pago de un “subsidio extraordinario” de $5.000 por dos meses para investigadores y personal de apoyo, y otro de $3.000 por cinco meses para el personal administrativo. Frente a una caída salarial mayor al 50% en los últimos años, esta ha sido la única respuesta de CONICET, que no responde a lo demandado y es meramente coyuntural.
Otras dificultades laborales
A los bajos salarios, se suma el impacto del dólar en la compra de insumos para continuar investigaciones. Para realizar viajes de capacitación o intercambio, suelen buscar otro tipo de financiamiento.
Victoria García es doctora en Letras e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y contó su experiencia en la actualidad: “Se me presentan dificultades en relación con los materiales de trabajo. En todas las áreas de investigación se plantea la necesidad de acceder a bibliografía producida en otros países, que se comercializa en dólares, y los recursos para adquirirla resultan insuficientes”.
Por otra parte, Patricio Santagapita investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA explicó que “el contexto actual arrastra deficiencias a la hora de acceder a la financiación, a la ejecución de proyectos. Entre que el proyecto se presenta, se aprueba y financia pasan más de 2 años, a la enorme diferencia de costos en insumos y equipos importados, que son entre 2 y 3 veces más caros que si se compra en el exterior. Además el monto exiguo en dólares de los proyectos, la devaluación cambiaria y que mayoritariamente no existen las actualizaciones”.
Jorge Montanari, investigador adjunto, trabaja en nanotecnología aplicada a la medicina: “En marzo [de este año] me dieron un subsidio que me tendrían que haber pagado en 2016, cuatro años en los que el monto no se actualizó y era en pesos. Lo que en un momento me representaba una capacidad de compra importante para equipamiento, hoy no me sirve para nada aunque me lo dieron porque el precio internacional varió mucho”.
Santagapita y Montanari coinciden en que la caída general en Ciencia y Tecnología se dio en los últimos cinco años, y que en este contexto de pandemia mundial, el panorama es mucho más complejo. Para finales de este año sólo esperan que la caída del financiamiento no sea mucho mayor. Hubo pequeñas mejoras en la institución, sin embargo es necesaria una ciencia de calidad, las respuestas deben ser urgentes.
Sobre el cambio de gestión, Victoria García hizo una aclaración “Han existido mejoras significativas luego del cambio de gobierno, como el aumento de los salarios de becarixs y el incremento de vacantes para el ingreso a la carrera de investigación”.
Los trabajos de investigación, de docencia continúan: “Es importante resaltar que en todo este contexto, las actividades de investigación posibles (no presenciales) así como las docentes nunca han cesado; es más: hemos redoblado esfuerzos para que nadie pierda el año académico buscando nuevas estrategias, continuado con la escritura de proyectos, artículos, evaluaciones y revisiones”, destacó Patricio Santagapita.
Pocos podrían haber predicho lo que hemos vivido en el 2020 hasta ahora. Además de una pandemia global, hemos tenido incendios en gran parte del planeta, el Oceáno Ártico se descongela aceleradamente, mientras que dos enormes glaciares en la Antártida se desintegran… Pero los sucesos extraños siguen: en el inminente mes de octubre una nueva Luna podría estar orbitando la Tierra.
Para ser más precisos, varios portales científicos han comunicado que entre octubre de 2020 y mayo de 2021 un cuerpo celeste llamado 2020 SO sería atraído por la gravedad terrestre. Esto significa que comenzaría a girar alrededor de nuestro plantea, lo cual lo convertiría técnicamente en nuestra Luna por un determinado período de tiempo.
Esto no es tan inusual como suena, según explican los astrónomos. De vez en cuando sucede que una «miniluna» se genera cuando un meteoro es capturado por la gravedad terrestre y termina orbitando alrededor de la Tierra. Lo cierto es que esto puede llegar a durar durante meses o hasta años, hasta que vuelva a derivar hacia el espacio profundo. O caer en nuestro planeta.
Lo novedoso aquí es que todavía no se sabe qué es. El objeto 2020 SO es extremadamente pequeño. Las estimaciones varían entre 6 y 14 metros de largo. También tiene una velocidad muy lenta, inferior a incluso la de las rocas lunares arrojadas al espacio cuando un meteoro grande cae en nuestro satélite natural.
Además, 2020 SO tiene una inclinación muy baja respecto al plano de la órbita terrestre alrededor del Sol, lo que hace posible que la gravedad de nuestro planeta lo capture. Pero lo que todavía no se sabe si es un asteroide lento o basura espacial de origen antropogénico, el relicto de algún experimento de lanzamiento secreto o, al menos, olvidado. Humano, no alienígena.
Una teoría indica que se trataría de una etapa del cohete impulsor de la misión Surveyor 2 Centaur, lanzada por la NASA en 1966. Como parte del Proyecto Apolo, Surveyor 2 fue un robot estático de aterrizaje lunar para analizar la resistencia mecánica de la superficie, el octavo en su tipo, preparatorio del primer intento de descenso humano en la Luna en 1969. El cohete de lanzamiento fue un Atlas Centaur «de alta energía», vehículo todavía experimental en aquel lanzamiento, de muy largo alcance y gran carga útil.
Si es así, una etapa de aquel Atlas Centaur ha estado 54 años viajando por el espacio entre la Tierra y la Luna, en una órbita que ahora la aproxima lentamente a la Tierra casi en lo que se llama «una maniobra de estacionamiento orbital», sólo que sin nadie al mando. Lo que sube… baja. Según Alice Gorman, una arqueóloga espacial de la Universidad de Flinders en Australia (profesión original, si las hay), éste sería el caso.
Pero son especulaciones y todavía no hay pruebas que confirmen que tendremos una lunita «made in USA». El objeto se estudiará a medida que se acerque cada vez más a la tierra, y entonces, se espera, sabremos su naturaleza real.
O su artificialidad, vaya a saber.
El Museo Nacional del Prado ha cumplido su 200° aniversario, y una de las cosas que se hizo para celebrarlo es este impresionante video, por Rino Stefano Tagliafierro y colaboradores. Queremos compartirlo con ustedes.
En el caso del avión Pampa, parece difícil poder pedirle a las empresas que inviertan para hacer más piezas nacionales cuando solo se producen dos aviones por año. Por otro lado, es difícil producir más aviones con tantas piezas importadas. ¿Cómo se resuelve esta disyuntiva?
Creo que el FONDEF va a ayudar a resolver la disyuntiva. El problema fundamental es el flujo de fondos. Si hay un flujo de fondos se puede aspirar a fabricar algo más que dos Pampa por año. Sobre todo porque el FONDEF da recursos para este año, el siguiente, el subsiguiente y los próximos, entonces permite planificar a futuro. Yo entiendo que si FADEA va y le pide a una pyme de la industria aeronáutica que modifique una línea de producción para hacer una determinada parte del Pampa III, para sustituir importaciones, la pregunta siguiente sería: ¿Cuántas me van a comprar? A partir del FONDEF se van a poder hacer planificaciones plurianuales que harán eso posible.
¿Van a hacer contratos plurianuales con FADEA?
Siempre estamos intentando hacer planes plurianuales con FADEA, lo que necesitábamos era tener recursos. Yo suelo decir que los argentinos somos campeones de los prototipos: tenemos una idea, la convertimos en un proyecto, lo convertimos en realidad y después fabricamos uno, dos o tres productos de este proyecto, pero nunca podemos llegar a la serie porque nunca tenemos un flujo continuo de fondos, que es lo que un proyecto importante exige.
Hace pocos días se cumplieron los 80 años de LADE, la línea aérea de fomento administrada por la Fuerza Aérea. Como consecuencia de la pandemia, hay grandes cambios en todo el mercado aerocomercial. ¿Habrá cambios en 
El informe del BCRA para agosto precisa «que las Personas humanas registraron compras netas de moneda extranjera por u$s 920 millones, básicamente por billetes para atesoramiento (u$s 750 millones), y para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior (u$s 137 millones). Esta última cifra significó una caída de 64% respecto de igual mes del año pasado, básicamente por el cierre de fronteras que mantuvo a los argentinos fronteras adentro.
A comienzos del 2020 se abrió diálogo con autoridades e incluso con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, donde prometieron continuar el diálogo en busca de alternativas. “Si bien tienden a reconocer los problemas que atraviesa nuestro sector, en lo presupuestario y en relación con las condiciones de trabajo y los salarios, por el momento no hay avances concretos”, destacó Victoria García, Investigadora y miembro de ATE CONICET.
La respuesta por parte del organismo fue el pago de un “subsidio extraordinario” de $5.000 por dos meses para investigadores y personal de apoyo, y otro de $3.000 por cinco meses para el personal administrativo. Frente a una caída salarial mayor al 50% en los últimos años, esta ha sido la única respuesta de CONICET, que no responde a lo demandado y es meramente coyuntural.
