El economista Nicolás Torre, del Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea, publicó un extenso hilo en la red social Twitter, en el que destaca que tanto Argentina como Brasil tienen una “huella ecológica” positiva. Es decir, que tienen más recursos naturales disponibles que los que consumen anualmente para sobrevivir.
El informe de Torre surgió como respuesta a las acusaciones que se hicieron en contra de la América del Sur en las últimas semanas. Primero por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando dijo que Brasil no cuida adecuadamente la Amazonia; y luego por la joven activista sueca, Greta Thunberg, que acusó a cinco países, entre ellos Argentina y Brasil, de inacción ante el calentamiento global.
Concretamente, Torre utilizó como base un sistema denominado “Ecological Footprint accounting”, diseñado en 1990 por dos investigadores de la Universidad de Columbia, que se traduce como “Contabilidad de la Huella Ecológica” y que mide la demanda y la oferta de recursos naturales en un determinado territorio (un país, un continente o el planeta entero).
Hay dos términos claves. El primero es la “huella ecológica” que mide los activos ecológicos que requiere una población determinada para producir los recursos naturales que consume y para absorber sus desechos, especialmente las emisiones de carbono. En cuanto a la oferta, se calcula la “biocapacidad”, que es la productividad de los activos ecológicos, tanto en su posibilidad de generar alimentos como de absorber desechos (C02).
Ambos conceptos se expresan en hectáreas globales; que son hectáreas estandarizadas comparables a nivel mundial con una productividad promedio mundial.
Así, si un país tiene una huella ecológica que excede su biocapacidad, se considera que tiene un “déficit ecológico” y termina satisfaciendo su demanda importando recursos, liquidando sus propios activos ecológicos (como la sobrepesca), y/o emitiendo dióxido de carbono excedente a la atmósfera.
Por el contrario, si la biocapacidad excede la huella, se considera una “Reserva Ecológica”. O por oposición al déficit, podría decirse que un “superávit”.
Las evaluaciones están actualizadas hasta 2012 y, en el caso de Argentina, indican que tiene una biocapacidad superior a su huella ecológica. “La población argentina casi se duplicó en los últimos 60 años y la oferta ecológica per cápita se redujo. Pero la huella se mantiene en torno a cuatro hectáreas globales”, indicó Torre.
Del mismo modo, Brasil tiene más recursos de los que consume, lejos de lo que expresan líderes europeos de que debería “cuidar su ecología” para poder ingresar al acuerdo UE-Mercosur.
Estas afirmaciones, en lo que se refiera a Argentina, coinciden con el alegato de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que cuestiona la conclusión a la que llegó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), de que el agro es el segundo emisor de carbono de la Argentina.
De acuerdo al IPCC, la producción agropecuaria es responsable del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la ganadería la actividad con mayor incidencia en el resultado final.
Desde la Dirección de Asuntos Ambientales se afirma que la medición solo toma en cuenta las emisiones, y que deja de lado un aspecto clave: no contempla el secuestro de carbono que hace la producción agropecuaria nacional.
El derrumbe del mercado automotor movilizó puso a todos los integrantes del sector. Fábricas, sindicatos, concesionarias y autopartistas decidieron unir fuerzas para enfrentar la crisis. Con el objetivo de impulsar la reactivación, elaboraron un estudio con propuestas para que sean tenidas en cuenta por el próximo Gobierno. En estos días comenzará una serie de reuniones con los principales candidatos para presentarles el trabajo.
En ese documento se plantean una serie de medidas. Hay dos principales: una reforma tributaria específica para el sector y un plan de renovación del parque automotor. Esta iniciativa guarda cierta similitud con el Plan Canje que se implementó durante la presidencia de Carlos Menem.
Representantes de ADEFA, AFAC, ADIMRA, SMATA, UOM y ACARA se reunieron en la sede del gremio mecánico para aprobar este estudio elaborado por el IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral. El trabajo se denomina “Propuesta para la sostenibilidad del sector automotor”.
En cuanto a los cambios impositivos, el documento asegura que “los vehículos fabricados en Brasil y México pagan menos impuestos que los fabricados en la Argentina, tanto en la etapa de producción como al comparar el costo total cuando son vendidos en la Argentina”. Por eso, se propone impulsar una reforma “alineada al concepto de competitividad sistémica que reduzca la carga impositiva y el costo financiero por saldos estructurales de crédito fiscal”. Eso permitirá incrementar el nivel de inversión, producción empleo y compensaría la recaudación”. Para alcanzar ese objetivo, se recomienda tomar como modelo a la industria automotriz mexicana, que no grava ningún eslabón de la etapa productiva.
El estudio es acompañado por un cuadro que muestra la composición del valor de un sedán según la incidencia de la carga impositiva. Se repite ahí: el peso tributario en el proceso de producción hace que los autos fabricados en el país sean más caros, tanto en el mercado local como en los países a los que se exporta. “Los vehículos fabricados en Brasil y México son comercializados en Argentina a valores más competitivos, a diferencia de lo que sucede en los respectivos países.
Entonces, se proponen estos cambios en los distintos impuestos.
En Ingresos Brutos, como punto principal, se pide la eliminación de impuestos en la etapa de producción mediante la reducción de alícuota, reintegros fiscal equivalente o un impuesto que sólo grave la última etapa de la cadena. También, la unificación de regímenes de recaudación.
En impuestos a los débitos y créditos, se pide la eliminación o cómputo total como crédito de otras obligaciones nacionales respetando lo firmado en el Consenso Fiscal (reducción del impuesto hasta llegar al 0% en 2022). Sobre las tasas municipales se plantea la eliminación de la superposición.
En el ítem del IVA, se propone ampliar la posibilidad de aplicar los reintegros del IVA al pago de todo impuesto y, para las exportaciones, reducir el plazo de pago de los saldos solicitados a menos de los 4 meses vigentes hoy.
En Impuesto a las Ganancias, se reclama un régimen de amortización acelerada de bienes de capital a opción del contribuyente.
En Impuestos Internos, se propone la exención para los vehículos con nuevas tecnologías.
El documento del IAE cuenta con unas 25 páginas en las que se analizan siete temas específicos: fomento a nuevas inversiones, Autopartes e insumo, mercado interno, infraestructura y logística, competitividad tributaria, inserción internacional e Instituto de movilidad.
Además de una reforma impositiva específica para el sector, el trabajo elaborado por el IAE a pedido de todos los integrantes del sector automotor propone una especie de remake del Plan Canje que se implementó en los 90. La idea -según se señala en el capítulo dedicado al mercado interno- es “estimular la demanda impulsando la actualización del parque automotor con vehículos de fabricación nacional orientados a las nuevas tecnologías y que sean amigables con el medio ambiente”.
En ese sentido, se propone un Plan de Renovación del Parque Automotor. Este estará destinado a vehículos de pasajeros y carga -livianos, medianos y pesados- de camiones y del sector público. Acompaña esta idea el pedido de una “ley de desguace”. En el estudio no se especifica si se debe disponer algún tipo de descuentos en los precios de unidades nuevas como incentivo para alentar la baja de las unidades más antiguas. El Plan Canje del menemismo -que tuvo una segunda etapa durante la gestión de Fernando de la Rúa- tenía como atractivo una rebaja de 20% en el valor de los 0 km; una parte la ponía el Estado y, la otra, las terminales.
En este caso, se sugieren una serie de medidas para que se fuerce el cambio de vehículos y reactivar el mercado interno.
Estos son las principales propuestas:
Ley de desguace
Líneas de financiamiento blandas (estímulo por antigüedad).
Secuestrar o retener aquellos vehículos que circulen sin VTV vigente.
Incremento de los costos de la VTV a medida que aumente la antigüedad del vehículo, con mayor incidencia después de los 15 años.
Considerar como pago a cuenta de Ganancias (4° categoría) parte del valor de compra de vehículos de producción nacional (duración 2 años).
Exención del Impuesto a los Bienes Personales sólo para auto único de fabricación nacional (preferencia Impuestos Internos).
El candidato del Frente Chaqueño, Jorge Capitanich, peronista, se impuso ayer domingo y volverá a gobernar Chaco, provincia en la que ya estuvo al frente del Poder Ejecutivo durante dos períodos.
Con el 99,16% de las mesas escrutadas, alcanzó el 49,32% de los votos y superó a su competidor Carim Peche, radical, del frente Chaco Somos Todos, que tuvo el 31,40%.
El ex jefe de Gabinete logró evitar el balotaje para confirmar su triunfo ya que la ley provincial -al igual que la nacional- indica que para ganar en primera vuelta es necesario el 45% o bien una diferencia de 10 puntos con el segundo. Cerca del 78% de los ciudadanos chaqueños acudió a las urnas para emitir su sufragio de los 941.935 habilitados por la Justicia electoral, en medio de una jornada dividida por el sistema de boleta electrónica y la tradicional de papel.
En las PASO provinciales del 11 de agosto, Capitanich le había ganado la interna peronista -apoyado por la fórmula nacional, Fernández-Fernández- al actual gobernador Domingo Peppo: entre ambos habían obtenido el 60%, por lo que la fuerza gobernante retrocedió 10 puntos entre un turno electoral y el siguiente. El «Coqui» Capitanich, como lo llaman en su provincia, había sido gobernador entre 2007 y 2013, cuando renunció para asumir la Jefatura de Gabinete de Cristina Kirchner.
Irán es tan petrodependiente como Irak: sin exportar crudo, se queda sin divisas e internamente cunden el desabastecimiento, el desempleo y la inflación, y con ellos el descontento y disidencia entre las clases medias del hasta hoy teocrático país persa. La pobreza ha sido la mayor fuente de inestabilidad del régimen, (no la única). Pero la experiencia de Irak desaconseja -incluso a Donald Trump- de intervenir con armas y hombres en el país persa: lo último que necesita el mundo, después de un Irán con armas nucleares, es otro estado fracasado como Irak en esa zona del mapa.
En términos puramente técnicos, las 108 tediosas páginas del JPOA, aquel pacto de 2015 logrado por Grossi atrasaban 15 años el “breakout time” iraní. Ése es el tiempo necesario, en jerga OIEA, para lograr los 27 kg. de uranio enriquecido al 95% para una primera bomba nuclear de tipo “Little Boy”, como la de Hiroshima. Antes de firmado el JPOA, el “breakout time” de Irán, suponiendo que usara su línea de nuevas las ultracentrífugas IR-2 y tomara como materia prima uranio pre-enriquecido al 3,5% (grado central nuclear), se medía en 3 meses. Estimación de marzo de 2018 de Holli Heinonen, Harvard Kennedy School, Belfer Center, artículo completo aquí.
En 2016, bajo supervisión del inspectorado del OIEA, los propios e irritados iraníes iban desmantelando a los niveles mínimos pactados sus plantas de ultracentrifugación de uranio. Más aún, tuvieron que “denuclear” y rellenar de hormigón el reactor plutonígeno de Arak, que habría fungido de base de una bomba implosiva de plutonio 239. Ésta es mucho más pequeña, barata y termomecánicamente destructiva que una «Little Boy». Una de plutonio se parecería a “Fat Man”, la que demolió y quemó Nagasaki. Una mini-Fat Man abre otros horizontes: desde 1952 es el detonador obligado de cualquier bomba termonuclear, es decir de fusión.
Por haberles hecho cajonear a los iraníes tres décadas de investigación y desarrollo bélico, Grossi no es muy popular en Teherán. Eso, pese a que en realidad el 18 de Octubre de 2015, con la firma del JPOA, nuestro vecino de Almagro quizás les salvó el cuero a los “mullahs” que dirigen el país. Tal vez (esto es especulativo y contrafáctico, pero también bastante lógico) les salvó el pellejo a millones de iraníes y de israelíes de a pie que mayormente no saben de él, pero si lo hicieran odiarían su trabajo.
Y es que Israel, propietario de un arsenal ilegal de unas 200 armas termonucleares, tiene la costumbre de destruir por sorpresa y con eficacia las instalaciones nucleares potencialmente amenazantes de sus vecinos y no tan vecinos. Lo hizo el 7 de junio de 1981 con el reactor de Osirak, a 17 kilómetros de Bagdad, Irak. Lo arrasó minuciosa e impunemente con aviones F-16, F-15 y bombas convencionales.
Irán hoy, a diferencia de aquel Irak que ya no existe, es un rival militar mucho mejor armado, más conectado diplomáticamente y capaz de responder a un bombardeo israelí de muchísimos modos, a cual peor, y además en todo el planeta. Si Israel se siente muy amenazado por Irán y decide liquidar de un saque todas sus capacidades nucleares duales, no va a usar avioncitos tripulados ni explosivos convencionales. Quizás hasta decida ni siquiera avisar por cortesía a los EEUU. Sencillamente transformaría en minutos buena parte del país persa en una playa de estacionamiento radioactiva. Y horas después, unos 2000 millones de musulmanes en 50 países donde son mayoría podrían decidir de distintos maneras que Israel no exista más. Se abrirían horizontes de violencia desconocidos en la sangrienta historia humana.
El JPOA –y hasta Trump puede tener razón al criticarlo- fue comprar paz (y de la muy asimétrica) por unos años, nomás. Cuando Grossi se mira al espejo puede decirse que en 2015 apagó -al menos por un rato- la mecha humeante de uno de los dos mayores polvorines político-militares del mundo. Sin embargo eso NO lo vuelve el chico de moda en Tel Aviv, aunque debería. Tampoco en Riad, Teherán o Ankara, rivales regionales en la supuesta defensa del modo más correctamente islámico de vivir. En esas capitales lo consideran un lacayo de EEUU. País que además lo acaba de llamar públicamente “el candidato ideal” para el OIEA. Sí, viniendo del mayor proliferador nuclear del mundo, es un elogio doloroso.
La semana pasada, un sagaz lector habitual de AgendAR me preguntó si Grossi es efectivamente un agente de la CIA. Acompañaba la pregunta con un texto supongo traducido del farsi, donde lo llaman de todo menos lindo. Le contesté a mi lector que personalmente pienso que no, pero que es fija que Grossi, Rafael Grossi, trata seguido con los Bond, James Bond de su mundo. En Viena los espías yanquis, rusos, franceses, británicos, chinos, indios, pakistaníes, israelíes, coreanos, canadienses y de toda otra nacionalidad son más abundantes que las Wiener Schnitzel, nombre que los vieneses le dan a nuestras populares milanesas, que creen haber inventado.
Los espías, le aseguré a mi interlocutor, se concentran en proporción directa a la cercanía del complejo de edificios de las Naciones Unidas donde está el OIEA. E intercambian datos.
La Junta de Gobernadores, el organismo que elige al Director General del OIEA, en una sesión de septiembre
Grossi no puede no tratar con buchones de todo tipo y precio. Y a estos les debe encantar que nuestro compatriota venga de un país científica y tecnológicamente tan avanzado en lo nuclear como la Argentina, pero al mismo tiempo tan económica, política y militarmente irrelevante. Esa mezcla extraordinaria debe tranquilizar bastante a muchos de ese ambiente. Uno se imagina los cuchicheos de pasillo: “Che, mirá, éste está a sueldo del oro porteño (¿¿cuál??). En 2016 Susana Malcorra (¿¿quién??) logró sabotear su candidatura al OIEA. Y es de platense, además (¿¿de qué??)”.
Pero Grossi es filoso en serio. Está en el negocio de la diplomacia nuclear desde antes de 1986, cuando me lo presentó “como joven brillante” su mentor, el lamentado embajador Adolfo “Chinchín” Saracho. Tal vez se deba a todas estas causas, le expliqué a mi interlocutor cordobés, que Grossi logró que los iraníes firmaran el JPOA, y sus antecesores no. “¿Pero no es de la CIA?”, insistió. Contesté que si lo fuera tal vez tendría más plata. O que si realmente reportara a Langley, Virginia, el presidente Mauricio Macri no lo habría dejado pagando con su candidatura en 2016 a pedido de nuestra irrelevante canciller de entonces, que pretendía dirigir toda la ONU.
A nuestra especie le encantan las guerras religiosas, pero desde que las armas atómicas forman parte de la ecuación, desde que además se sabe que su impacto climático, en caso de uso de apenas 200 cabezas termonucleares sería planetario, desde que diferentes modelos computacionales coincidieron en que un “invierno nuclear” dejaría a buena parte de los humanos en la semipenumbra y el frío, sin comida ni agua durante años; desde todo esto, señores, ninguna guerra está lo suficientemente lejos de mi casa.
Y eso vale aunque yo viva tan lejos de todo, aquí en esta península del hemisferio más oceánico y despoblado de la Tierra, llamada “Cono Sur”. Porque en estas lejanías también nos moriríamos de hambre. Ésta es la primera razón por la cual prefiero que Grossi dirija el OIEA. Sobre si defiende el derecho de los ya armados a armarse aún más, y sobre si ataca el de los desarmados a defenderse, el TNP, ley de base del OIEA, es exactamente eso, y podemos y debemos discutirla otro día. Pero entre tanto, Grossi es bueno en evitar o al menos atrasar guerras nucleares. Ahí contesta mi puro egoísmo de querer seguir viviendo.
Hoy aquel arduo tratado al que Grossi forzó a Irán, el JPOA es letra muerta: lo desbancó unilateralmente el presidente estadounidense Donald Trump. Aquella ruptura es la razón por la cual hoy el ala dura iraní (básicamente, la Guardia Islámica Revolucionaria, “los Pasdarán”) viene recobrando su poder y retoma –muy despacio y dando público aviso- su rumbo hacia la bomba de uranio enriquecido y también hacia la bomba implosiva de plutonio. Misiles para transportar esos objetos a más de 1000 kilómetros de distancia de Irán (como hasta Tel Aviv, por ejemplo), el país persa los tiene a patadas. Ignoro si tan buenos como los israelíes.
Por toda esta situación hoy incluso la dirigencia republicana de los EEUU se pregunta públicamente si no es hora de darle el olivo al disruptivo don Donald con un “impeachment” antes de que siga echando nafta sobre fuegos que nunca estarán suficientemente apagados. La ruptura del JPOA está quitándole su viejo rol estelar a la frontera entre la India y Pakistán. El ex presidente Bill Clinton la consideraba “la más peligrosa de la Tierra”, dado que dos países superpoblados y que ya estuvieron en guerra 4 veces desde 1948, se apuntan allí uno al otro con un par de centenares de misiles de cabeza nuclear cada uno. Pero ahora, sin el JPOA, el “flash point” de una posible guerra empieza a contagiarse desde el Extremo hacia Medio Oriente. ¿Quién que no esté rematadamente loco querría dirigir el OIEA en este brete?
La noticia, la rareza, no es que un argentino quiera, sino que, curiosamente, pueda. La elección del Director General del OIEA tiene más o menos la misma transparencia que la Papa. Pero ese cónclave lo ganó también Argentina, y quizás por motivos no muy distintos a los que hoy justificarían un directorado Grossi en el OIEA. Al cónclave nuclear, la Junta de Gobernadores, sólo se sientan los representantes de los países oferentes de tecnologías y servicios nucleares, es decir dueños de programas propios, no así su centenar largo de clientes meramente usuarios. Dentro de ese disfuncional pueblo de Springfield que es la Junta, somos Lisa Simpson: la chica militante, inteligente e hiperinformada pero pacifista: no asustamos a nadie. Pero evitamos incendios.
De la élite vienesa del OIEA, Argentina es fundadora: en la reunión inaugural del organismo en 1957, se presentó con 15 descubrimientos originales en radioquímica. Desde entonces, en la sede de Viena, nuestro país viene siendo un mutante: un peso mosca con la piña tecnológica, diplomática y comercial de un welter. Y con pergaminos que lo acreditan: el mercado mundial de pequeños reactores de investigación, de fabricación de radioisótopos médicos, y multipropósito es nuestro -de la empresa estatal rionegrina INVAP- desde 2000.
Y así como en Viena no somos cualquiera, allí tampoco nos representa cualquiera. Veinteañero recién egresado del Instituto del Servicio Exterior a comienzos de los ’80, para poder entrar en la DIGAN (Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme) fundada en la Cancillería por el embajador Adolfo Saracho, Grossi tuvo que estudiar 2 años en INVAP, firma que ya ganó licitaciones en el exterior por U$ 1000 millones, y contando. La DIGAN se fundó para que el Programa Nuclear Argentino mantuviera su rumbo independiente, lo que es de suyo dificilísimo, pero también para que gracias a la exportación, sobreviviera a la pobreza con que lo combaten los gobiernos argentinos antinucleares (y hemos tenido unos cuantos). En nuestra mayormente insulsa y frívola diplomacia, los «Diganistas», hasta donde no se dispersaron, siguen siendo una minúscula y dura unidad de élite. Grossi es la punta de ese ariete.
Tenemos quiosco propio en Viena y desde hace mucho. A través de figuras claves como el extinto Dan Beninson o el hiperactivo Abel González, la Argentina presidió largamente una oficina clave del OIEA: el Departamento de Seguridad Radiológica. Escribió parte de su biblioteca técnica. En lo que atañe al aspecto vigilante del OIEA, nuestro país suministró algunos años hasta una quinta parte de los físicos e ingenieros nucleares de su inspectorado, el Departamento de Salvaguardias, que es el “perro guardián” de las sucesivas políticas antiproliferación del organismo, que están fallando por asimétricas, pero por ahora son lo que hay. Por su baquía en radioprotección, la Argentina incluso desbordó los límites dirigiendo otra agencia multilateral nuclear, el UNSCEAR (Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de la Radiación Ionizante).
Admito un motivo final por el cual como argentino lo quiero a Grossi como director general del OIEA. Tenemos uno de las centrales de potencia chicas, modulares e inherentemente seguras, o SMRs, que pueden ser el futuro de la electricidad nuclear. Es el famoso CAREM, la única central nucleoeléctrica de diseño compacto que no es un mero proyecto, sino que está en construcción, (aunque desde 2011, lo cual en una competencia contra otros 50 proyectos, algunos de ellos copiados del nuestro, es suicida y un escándalo). A Grossi lo quiero para que en 10 o 15 años la Argentina sea Gardel exportando centralitas de potencia CAREM, más o menos como Francia exporta trenes de alta velocidad, el Reino Unido turbinas aeronáuticas, Vietnam barcos y China puertos, represas y locomotoras.
El carozo del negocio nuclear no es vender kilovatios/hora: es vender tecnología. Y con el CAREM podemos romper ESA piñata: los compradores en serio de fierros nucleares probablemente sean «utilities», empresas de servicios obligadas por sus compradores y por nuevas normas internacionales a vender kilovatios/hora limpios de carbono. Si no lo son, si el mundo deja que a esa gente le cierre más seguir vendiendo electricidad sucia, amigos, en medio del recrudecimiento del caos climático, nuestro actual tango económico nos va a parecer una estupidez.
Daniel E. Arias
El complejo de edificios de las Naciones Unidas en Viena, con el del OIEA en primer plano. En el fondo, el río Danubio.
En dos semanas justas, como todos sabemos, hay elecciones presidenciales. Es inevitable que la campaña lo invada todo. Pero a esta altura, las críticas más duras y despiadadas a la gestión de Mauricio Macri provienen de las consultoras y analistas que hace tres, cuatro años -y en algunos casos hace pocos meses- aplaudían sus medidas. Este resumen sirve como diagnóstico, y como muestra.
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La lucha contra la suba de precios fue uno de los ejes de campaña de Mauricio Macri antes de llegar a la presidencia. «Es lo más fácil» o «en mi gobierno la inflación no va a ser un tema», son algunas de sus frases que hoy, a la vista de los resultados, fueron de mínima un diagnóstico equivocado.
“La inflación es la demostración de la incapacidad de gestión porque significa que uno no puede administrarse con los recursos que tiene”, afirmaba el por entonces jefe de Gobierno porteño el 30 de enero de 2014 en una entrevista con CNN Español.
Ocho meses más tarde, el 1 de septiembre de ese mismo año, estimaba que si en 2015 ganaba las elecciones presidenciales llevaría la inflación «a cero» en 2018. Fue durante una exposición en un encuentro de la CAME con precandidatos por el Día de la Industria. Ya más cerca de las elecciones presidenciales de 2015, durante el debate en el que discutió ideas con el entonces candidato del Frente para la Victoria Daniel Scioli, el líder del “Sí se puede” prometía: “Teniendo un gobierno que va a fijar reglas de juego claras, va a bajar la inflación a un dígito”.
Sin embargo, consumado más del 90% de su gestión como Presidente, la inflación no sólo no mermó sino que superó con amplitud el promedio de la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner: pasó de un 28% promedio anual en el período 2011-2015, según datos de la consultora ABECEB, a un 40,4% promedio anual contando desde noviembre 2015 a diciembre 2019.
En medio de la emergencia estadística, el 2016 arrojó una inflación oficial de 36% mientras que el Indec informó en 2017 un 24,8% y en 2018 un 47,6%. Asimismo, los especialistas esperan para 2019 una inflación por encima del 50%.
En ese contexto, las consultoras interpeladas calcularon una inflación total para la gestión de Cambiemos (incluye datos del INDEC para los primeros tres años y una proyección para 2019), de hasta 311%. Tal es el caso de la Fundación Libertad y Progreso, que calculó ese porcentaje para los cuatro años del gobierno de Macri y un 60% para 2019.
En esa línea, Analytica proyectó una inflación para este año de 51% y un total de 297% para el período que va de noviembre de 2015 al cierre de 2019. Con números similares se ubica el análisis de C&T Asesores: 51% para 2019 y un acumulado de 286% para los cuatro últimos años de gobierno.
Detrás surgen la estimaciones de Econviews, la consultora dirigida por el ex titular del Banco Nación Carlos Melconian y el economista Rodolfo Santángelo; Ecolatina; ABECEB; el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO); Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL); Orlando J. Ferreres y Eco Go, con un piso de 237% y un techo de 300% para el acumulado.
Prat Gay anuncia la salida del cepo
El entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, anunció a las 18 horas y dos minutos del miércoles 16 de diciembre de 2015, el fin del cepo cambiario instalado durante el último mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El titular del Palacio de Hacienda remarcó: «El que quiere comprar dólares los puede comprar, el que quiere vender, va a poder vender. Así funcionan las economías del mundo, nadie los va a perseguir«.
Ante la pregunta de los periodistas sobre si estaban cómodos con un valor de $13,40 de la divisa, Prat Gay respondió: «Nosotros la comodidad la vamos a tener cuando vayamos bajando la inflación que es básicamente nuestro objetivo y el tipo de cambio fluctuará donde tenga que fluctuar y nos tenemos que acostumbrar a eso».
Sobre ese tema, Elizabeth Bacigalupo, economista de la consultora ABECEB: “Sabíamos que el proceso de desinflación iba a ser un proceso lento porque es imposible desinflacionar una economía partiendo de los desacomodamientos de precios relativos que tenía Argentina”.
Y agregó: “En parte esto es lógico porque Macri arrancó con una fuerte distorsión de precios relativos y atraso de tarifas que obligaba a de alguna manera a una recomposición y un ajuste al alza. Era inexorable que algo de la inflación reprimida te repercutiera inicialmente. El problema es que nunca terminaron de generar un programa macroeconómico capaz de estabilizar y bajar la inflación de forma permanente”.
Añadió que el problema fue que hubo una inconsistencia entre la política monetaria y fiscal que en parte derivó en aquella conferencia del 28 de diciembre de 2017 en la que se modificaron las metas de inflación quitándole credibilidad e independencia al Banco Central.
“Eso tuvo que ver con que aplicaron una política fiscal muy laxa al principio. Prácticamente no bajaron el déficit primario en los primeros dos años. No se cumplió una convergencia a un equilibrio fiscal hasta que tuvieron que acelerar el ajuste porque no quedó otra”.
La conferencia del 28/12/17
Si bien para 2018 el BCRA tenía una meta de inflación de 10% (+-2), el Gobierno informaba el 28 de diciembre de 2017 su programa financiero para el año siguiente, en el que recalibraba las metas inflacionarias proyectadas con un alza de precios del 15%, para llegar al objetivo final del 5% recién en 2020 y no en 2019 como estaba previsto en las metas originales planteadas al inicio de la gestión.
El anuncio corrió por cuenta del entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en compañía del jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ex ministro de Finanzas, Luis Caputo y el ex titular del BCRA, Federico Sturzenegger.
En un año electoral (se celebraron las elecciones de medio término) la inflación cerró 2017 con una suba de precios del 24,8%, según el Indec.
2018 y el comienzo del estallido
El 2018 finalizó con una inflación anual del 47,6%, según informó el organismo público de estadísticas. De ese modo, alcanzó el nivel más alto desde 1991, cuando la variación de precios fue del 84%, por la inercia acumulada de la hiperinflación de los años previos.
Los principales incrementos de 2018 se registraron en dos sectores: transporte (+66,8%) por el incremento de tarifas, y alimentos y bebidas no alcohólicas (+51,2%) como consecuencia del impacto de la devaluación.
Cabe recordar que tras la corrida cambiaria que se vivió a partir de abril de ese mismo año -que aceleró la inflación-, Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron en junio de 2018 un programa stand-by con una duración de 36 meses por unos u$s 50.000 millones, que contemplaba metas inflacionarias y fiscales. Finalmente, el directorio del FMI aprobó en octubre de ese mismo año una ampliación del crédito de ayuda que redondeo un total de u$s 56.300 millones.
En ese contexto, y para contener el espiral inflacionario, el Banco Central cambió desde octubre su política monetaria y abandonó el sistema de metas de inflación para implementar el mecanismo de agregados monetarios.
“Desde 2018 en adelante con la crisis del gradualismo se complicó un poco el panorama, en un contexto en el que el tipo de cambio oficial acumuló desde noviembre de 2015 a agosto de 2019 una suba de 510%. Con un pass through que sigue siendo alto”, explica Bacigalupo.
En esa línea el director de Eco Go, Federico Furiase analizó: “La macroeconomía no estaba preparada para lograr esa velocidad de baja de la inflación porque se partía de atraso tarifario, cambiario y de un déficit fiscal antes de intereses, con un BCRA que tenía bajísima credibilidad, con un fuerte deterioro en su hoja de balance en términos de reservas netas y pasivos remunerados, y una situación complicada en términos de necesidad de esterilizar los pesos de la emisión que generaba el pago de los futuros una vez que se salía del cepo”.
Composición de la inflación
Hubo tres o cuatro componentes de la inflación jugando fuerte durante la gestión de Macri. En primer lugar toda la recomposición del atraso tarifario que llevó a aumentar las tarifas de los servicios públicos muy por encima de otros bienes. Pero también hubo un dólar oficial que pasó de $9 a $16 tras la salida del cepo.
Para la economista de ABECEB se subestimó el tercer componente que pesa mucho en la Argentina que es la inercia inflacionaria. “Eso se origina en dos o tres componentes. Por un lado, porque se ajuste mirando la inflación pasada y no la futura. Por otro lado, el componente expectativas tiene su rol. Esto hace que arrastres inflación pasada hacia el futuro. Se genera un arrastre difícil de bajar”, detalla.
De cara al futuro
“Macri asumió una economía desajustada y con muchos desbalances. Y Alberto Fernández si es presidente va a recibir una macro frágil, con cepo, con necesidad de renegociar la deuda y con estanflación pero no una macro tan desajustada como recibió Macri. Tampoco Alberto (Fernández) va a recibir la economía que recibió Néstor Kirchner que tenía condiciones para un rebote”, considera Bacigalupo.
A dos meses del final de la gestión que inicio Mauricio Macri en diciembre de 2015, las palabras del mandatario vuelven sobre sí mismo: “La inflación es la demostración de la incapacidad de gestión porque significa que uno no puede administrarse con los recursos que tiene”.
De esta manera, el mandatario no solo no supo atacar un problema que en la Argentina fue siempre un flagelo y que apenas tuvo una solución parcial con la convertibilidad, sino que la suba de precios se incrementó. Queda claro que de acá en más, gobierne quien gobierne, la inflación será un eje central que no habrá que subestimar.
Más de 5.500 especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles son comercializados en el mercado mundial de animales, un volumen que es 50% más alto que lo que se suponía antes.
Un nuevo estudio publicado por la revista Science prende las alarmas sobre el cuidado y protección de las especies: advierte que el comercio legal e ilegal podría agregar 3.196 especies más a la lista de amenazadas o en peligro de extinción.
La investigación advierte que el comercio mundial de vida silvestre, hoy una industria multimillonaria, ha sido la principal amenaza para la biodiversidad. Sin embargo, aún no se comprende la magnitud del alcance de este comercio.
Los científicos de la Universidad de Florida y la Universidad de Sheffield determinaron que más de 5.500 especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles son comercializados en el mercado mundial de animales. Ese número es aproximadamente un 50% más alto que las estimaciones anteriores.
Entre los hallazgos, el grupo de investigadores encontraron que las especies amenazadas y en peligro estaban desproporcionadamente representadas. En general, se comercializan 5.579 de las 31.745 especies de vertebrados, es decir, el 18%.
En cuanto a los mamíferos, el número asciende a 27% y los animales se utilizan principalmente para elaborar productos. Los anfibios y reptiles se venden con mayor frecuencia como mascotas exóticas o a zoológicos. Mientras que el 23% de las especies de aves se comercializan como animales de compañía y para su uso en medicina.
Las 3.196 especies que, según el estudio, se agregarían a las amenazadas o en peligro de extinción, es en función de las similaridades con las especies actualmente explotadas. El pangolín africano es un ejemplo; comenzó a explotarse después de que los pangolines asiáticos se hicieran más difíciles de encontrar.
Los investigadores reclaman tomar las medidas de precaución a tiempo, pues aseguran que «las especies se marcan para su conservación solo después de que se documenta una disminución severa».
El aumento en las tarifas eléctricas obliga a ahorrar en los hogares, y también en locales. Pero en los espacios de uso común suele habler derroche energético, porque el gasto se diluye entre muchos. Ya se trate de aulas, pasillos o cocheras de edificios, es habitual que queden luces encendidas o equipos eléctricos funcionando innecesariamente, a veces durante jornadas enteras.
Frente a esto que venían observando en su propio ámbito de trabajo (la Facultad de Informática de la UNLP), un equipo de investigadores platenses desarrolló un sistema inteligente de ahorro energético, que fue premiado por la Fundación YPF por su adaptabilidad y bajo costo.
El desarrollo -creado por integrantes del Instituto de Investigación en Informática LIDI y distinguido por la Fundación YPF en la última edición de INNOVAR- consiste en un sistema inteligente que ofrece, en tiempo real, información para optimizar el consumo de energía en edificios, permitiendo a su vez reducir emisiones contaminantes.
Bautizado por sus creadores como SINDI (Sistema Inteligente Distribuido para el consumo eléctrico) el desarrollo consiste en un equipo adaptable a diferentes contextos y necesidades, y además de bajo costo, «porque la clave es el software y no requiere hacer cambios en las instalaciones eléctricas de los edificios».
«Fue a partir de eso que nod planteamos la posibilidad de crear alguna alternativa a la domótica comercial, mucho más barata y que pudiera aplicarse en nuestra facultad”, cuenta la doctora Laura De Giusti, coordinadora del equipo de investigadores del LIDI, un centro de la Universidad Nacional de la Plata asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia (CIC).
Con esa inquietud y un subsidio de la Secretaría de Políticas Universitarias, el grupo de De Giusti comenzó a diseñar el año pasado un sistema concebido en base a Unidades Locales de Procesamiento Inteligente que controlan los diferentes ambientes de un edificio, empleando un conjunto de sensores capaces de captar eventos del ambiente (presencia de personas, temperatura, conexión de artefactos, etc.) y de actuadores para controlar los artefactos conectados a la red eléctrica.
“Nuestro sistema consiste en un software que trabaja con sensores y controladores para optimizar el consumo energético. De esta forma uno puede programar el funcionamiento de los artefactos eléctricos de los distintos ambientes o valerse de sensores de movimiento y temperatura para apagarlos cuando no son necesarios”, explica De Giusti, al señalar que la ventaja del SINDI en relación a la domótica comercial es su costo y su facilidad de instalación: “no requiere ningún cableado extra ya que los sensores funcionan conectados a una red wifi”.
“Instalamos el prototipo en un aula de la Facultad sin tener que modificar la instalación ni los equipos eléctricos existentes”, cuenta la investigadora al comentar que la autoridades de la Universidad ya manifestaron su interés de encargar unos cien equipos de este tipo para colocar en las diversas sedes académicas y tener un mejor monitoreo del consumo eléctrico a nivel global.
Del desarrollo del sistema inteligente participaron los investigadores César Estrebou, Franco Chichizola, Leandro Libutti, Martín Pi Puig, Juan Manuel Paniego, Santiago Medina, Sebastián Rodríguez Eguren, Julieta Lanciotti y Joaquín De Antueno.
Reconozcamos que es raro, cuando vemos el nivel de incompetencia y tontería con que se manejan las relaciones exteriores en el gobierno argentino (no sólo en el actual, aunque es cierto que marca vara alta), saber que una buena cantidad de compatriotas ocupó u ocupa lugares importantes en la red global. En el plano de la economía, de la tecnología, aún en el del delicado equilibrio del poder.
Aquí Daniel Arias escribe de uno que está disputando un cargo con importancia significativa en ese campo, justamente. Pero que ya en su trayectoria ha jugado en esa cancha. O corrido esa carrera, para emplear la imagen que usa Daniel.
En el tango más famoso de la historia, uno con letra de Alfredo Le Pera, el caballo al que apostó Carlitos Gardel pierde “por una cabeza”. Hasta este jueves 10, el embajador Rafael Grossi, la apuesta argentina en una carrera más compleja y larga que las de Palermo (por la dirección del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), venía ganando. Pero, justamente, por una cabeza. El que puede terminar cantando tangos es su rival.
Grossi corre contra el rumano Cornel Feruta, mano derecha y hoy interino del japonés Yukiya Amano, tronchado por un intempestivo cáncer en su tercer directorado. La elección se decide “a pura rosca” entre los miembros de la Junta de Directores del OIEA, cuerpo de reducido que hasta ayer debía escoger entre 4 candidatos: nuestro compatriota, el rumano de marras, el burkinés Lassina Zerbo y la eslovena Marta Ziakova, que ayer se quedó sin voto alguno. Otra para el tango.
La partida se dirime entonces entre Grossi, anteayer con 15 votos, y Feruta, con 14. Zerbo, quien recibió sólo 4 apoyos, está casi afuera. Así las cosas, la semana se corre la final “cuello a cuello”. La escasa barra brava de compatriotas de Grossi, los que sabemos que la Argentina se juega mucho en esto, seguiremos la contienda de cerca y al rumano le desearemos poca suerte.
Con qué se come el OIEA
Y ahora que ganamos le guerra, ¿qué demonios hacemos? La pregunta que EEUU debió hacerse antes de ocupar Irak.
El OIEA es «Naciones Unidas, asuntos nucleares». No es una oficina cualquiera. Y como “pa’ conocer un rengo, hay que verlo caminar”, veamos en qué basa Feruta su campaña: promete la continuidad del directorado de Amano, apuesta que hasta hoy viene pagando. El japonés fallecido tuvo un perfil muy distinto a su antecesor, el egipcio Mohamed el Baradei. En 27 de enero de 2003, el Baradei se le plantó de manos al presidente estadounidense George W. Bush y dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que según las evidencias científicas y legales, el OIEA certificaba que Irak no tenía capacidad alguna de fabricar armas nucleares.
Así, bajo conducción de el Baradei, el OIEA declaraba ilegal ante la ONU que EEUU, el Reino Unido, España y Portugal invadieran Irak, y solicitaba más tiempo para que sus inspectores, todos ellos científicos e ingenieros nucleares, volvieran a «peinar» a aquel país de pies a cabeza. Ya con esto el lector empieza a sospechar para qué sirve y debería servir el OIEA.
Bush y sus tres laderos invadieron igual: el petróleo iraquí tiene más encantos que la legalidad y la ciencia, tan internacionales. Obvio, los invasores no encontraron indicio alguno de “armas de destrucción masiva”, y no por no buscar. Pero el estado laico despótico de Saddam Hussein cayó y en ese vacío de poder surgió explosivamente el “Daesh”, o ISIS, o Estado Islámico, que degüella ante las cámaras de TV a los no creyentes adonde los encuentre, y que representa una amenaza múltiple (nuclear, química y biológica) pero ya no regional, sino sistémica, según muestran sus “franchisings” terroristas en el Norte de Nigeria, en Somalia, en la península arábiga, en París, en California, en Rusia, etc.
Eso sí, el petróleo iraquí, quinta reserva del planeta, cambió de dueños. La vieja Iraq National Oil Company murió con Saddam y hoy se privatizó todo. 16 años tras la invasión, el petróleo del Norte iraquí, en cercanías de Kirkuk, está bajo control de los “peshmergas” kurdos y hoy lo venden ExxonMobil y Chevron. El petróleo del Sur, en vecindad de Basra, lo domina (es un decir) el ejército del estado residual iraquí, bajo ataque constante de las milicias chiitas, de modo que cada petrolera occidental allí tiene su ejército privado. Si algo sobra en Irak son el petróleo y los ejércitos.
Los ingresos nacionales (aunque no haya una nación) dependen en un 99% de exportar crudo, y el país –hasta donde existe- pasó de una tiranía monolítica asesina a un caos innavegable. El 7 de Octubre de 2005, en un reconocimiento tardío a la honestidad de el Baradei, el Comité del Premio Nobel de la Paz le otorgó la distinción al OIEA. Todo esto, lector, para explicar que el OIEA es un sitio importante pero no todopoderoso, y –como sucede con el papado de la Iglesia Católica Apostólica Romana- si lo termina dirigiendo un argentino y hace buen papel, no será para desprestigio de nuestro país.
Era inevitable mencionar a el Baradei para entender qué hizo su reemplazante Amano: descolló una década entera en “hacer la plancha”. Tal vez no podía hacer otra cosa, máxime con una retaguardia tan de vidrio en su casa: en 2011, en ocasión del accidente de las 4 centrales del complejo Fukushima Daichii, su país protagonizó el peor accidente nuclear desde el de Chernobyl.
A Grossi lo respalda su historia y hoy, por fin, su país. Miembro creador del Nuclear Suppliers Group (NSG), club informal que reúne a los países con industria nuclear propia, tras el accidente nuclear de Fukushima, Grossi se propuso emprolijar y elevar los niveles de seguridad operativa en todas las instalaciones atómicas civiles de la Tierra. Lo viene logrando, aunque en la industria lo quieren tanto como el lector a su dentista, y por lo mismo: duele y cuesta plata. Medida en costo del megavatio (MW) instalado, hoy construir una central nucleoeléctrica sale, promedio, 23% más caro en dólares constantes que en 2011, y eso por la multiplicación de sistemas y procedimientos de seguridad, así como por el cambio de paradigmas en arquitecturas de diseño. Todo eso tiene huellas de Rafael Grossi, oriundo de Almagro, pincharrata enfermo que aún recuerda el Platense glorioso de Pachamé y Verón, y confiesa 7 idiomas y 8 hijos.
Si hoy se habla tanto de los SMRs, “Small Nuclear Reactors” o centralitas modulares como nuestro CAREM argento, es porque su ingeniería divergente de las PWR y AWR hoy dominantes puede lograr plantas más seguras pero, curiosamente, también más sencillas, irrompibles y baratas. Esto significa centralitas atómicas chicas capaces combinarse elásticamente con las fuentes renovables, como “respaldo de base”, haciéndoles “seguimiento de carga”. Esto es dar potencia a la red cuando el viento no sopla o el sol no brilla, sin carbón, combustibles líquidos o gas, e ir dando vuelta de una maldita vez nuestra dependencia como especie del carbono fósil.
Es decir que al exigirle más y más seguridad a la industria nuclear convencional, Grossi la empuja hacia este nuevo combo: nucleares chicas de seguridad inherente, y fuentes renovables. Es quizás lo necesario y existente a fecha de hoy para lograr que la Edad del Carbono Fósil, iniciada con la máquina de vapor de Thomas Newcomen en 1712, se vaya terminando alrededor de 2040 o 2050, como lo hizo hace unos 8000 años la Edad de Piedra: porque había mejores opciones, y no por falta de piedras.
En los pasillos de Viena, esto de ir de un país a otro jodiendo a los dueños actuales de la tecnología con exigencias draconianas de seguridad no vuelve simpático a Grossi. Sin embargo, alarga la sombra que proyecta su escueta y porteña figura. Todo el mundo en Viena sabe que otro Fukushima más y la industria nuclear energética mundial desaparece, chau, fuiste. Y ésa es una posibilidad que asusta sobremanera a otra burocracia técnica de las Naciones Unidas: el IPCC, o Panel Internacional para el Cambio Climático, con base en Ginebra, Suiza.
Como la vieja OIEA de el Baradei en 2005, el IPCC recibió también otro premio Nobel de la Paz, en 2007. El comité de Oslo decidió premiar el éxito total del IPCC en demostrar, con bases plenamente científicas y un 98% de consenso experto, que el mundo se está yendo climáticamente al carajo y que eso va a costar más hambres y peores guerras. Y todo ello el IPCC, impecable, lo viene probando cada vez mejor desde 1988, aunque sin haberle movido el amperímetro ni un poco a “los políticos serios”. Que hoy enfrentan –era hora- una rebelión climática masiva juvenil callejera como no se la veía desde el Mayo Francés, pero mayor. Es lógico, los líderes viejos no creen en la ciencia. Los pibes sí, y quieren llegar a viejos.
Sin más y mejores centrales nucleares que fabriquen electricidad “de base”, es decir libre de intermitencias eólicas o solares pero también de emisiones de carbono, los expertos del IPCC –que son climatólogos de 195 países, no ingenieros- gruñen que se dispara en espirales el recalentamiento global. Sólo que esto no es una predicción: es una descripción. También, una catástrofe multidimensional, casi incomprensible por su alcance: el mayor desafío de supervivencia de nuestra civilización, por lo que ésta vale. Y está sucediendo delante de nuestras narices desde la década del ’70.
¿Cuánto vale la paz nuclear?
En 2015 Grossi se anotó otro poroto mucho mayor que el de exigirle mejores instalaciones al Nuclear Suppliers Group. Tras 20 meses de trabajo sin pausa, cerró el acuerdo más difícil de la historia del OIEA, el llamado JPOA o “Plan de Acción Conjunto”, a cambio del cual Irán deponía sus ambiciones de desarrollo de armas nucleares, a condición de que se levantaran las sanciones internacionales contra su comercio exterior. Esa breve paz nuclear la compró Grossi. ¿Cuánto vale? Esperemos no tener que descubrirlo en guerra, pero no es imposible.
Estados Unidos y China empiezan a cerrar pactos en aspectos en los que ya hay camino avanzado, para así tratar de frenar una guerra arancelaria que dura 15 meses y que amenaza la economía global. Uno de los aspectos claves no es una buena noticia para nosotros, aunque previsible: una gigantesca compra de productos agrícolas estadounidenses por China.
Es un acuerdo preliminar, aún lejos del gran tratado comercial que busca Donald Trump. El presidente de los EE.UU. lo anunció en el Salón Oval como «fase uno», en presencia del vice primer ministro chino, Liu He.
Lo más importante, probablemente, es que evita una escalada del conflicto comercial, como sucedió tras la reunión de alto nivel hace más de dos meses. Trump lo definió como “un acuerdo sustancial en la primera fase” y explicó que llevará tres semanas poner el pacto por escrito. Incluye acuerdos en materia de propiedad intelectual, servicios financieros y tipo de cambio, así como compras de productos agrícolas estadounidenses por valor de 50.000 millones de dólares.
Trump puso especial atención a ese aspecto, muy sensible electoralmente. “La pregunta es si nuestros agricultores van a estar a la altura de producir tanto”, comentó, “pido a los agricultores que compren más tierras y tractores”. Explicó que actualmente estas compras rondan los 8.000 millones anuales y que en el máximo fueron 16.000 millones, “nunca hubo un acuerdo de esta magnitud”.
La consecuencia inmediata es que no entrará en vigor el aumento de aranceles previstos para el próximo martes 15, que ya fue aplazado hace tres semanas. “La segunda fase” de la negociación, añade Trump, “comenzaría de inmediato cuando el primer pacto preliminar esté firmado”. Citó incluso una tercera fase, que podría darse durante la cumbre de la APEC que se celebrará el 16 y el 17 de noviembre en Santiago. Los chilenos ya se muestran esperanzados.
En el ámbito de las transferencias tecnológicas, tal vez el punto más sensitivo, Trump se limitó a decir que se registraron progresos.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, comentó que «hay un entendimiento en cuestiones fundamentales». Pero al mismo tiempo señaló «que hay mucho trabajo por hacer». También dijo que la suspensión en el alza de los aranceles se limita de momento al incremento que estaba previsto para la próxima semana y tampoco cambia en este momento la designación de China como país manipulador de la divisa.
Trump ya acudido por la mañana a las redes sociales para comentar, con un tono inusualmente optimista, que estaban pasando “cosas buenas en las conversaciones comerciales con China”. Dijo incluso que el “sentimiento” era más como en los viejos tiempos. “A todos nos gustaría ver pasar algo significativo”, afirmó, mientras los indicadores de Wall Street rebotaban cerca de un 2% en la sesión aunque se moderó en el cierre cuando circularon los detalles.
El presidente miró incluso más lejos y, en un segundo mensaje, explicó que lo bueno de que se llegara a un acuerdo con China es que no sería necesario pasar por el largo y complejo proceso de ratificación en el Congreso, como está sucediendo con el nuevo tratado de libre comercio con México y Canadá. “Cuando el acuerdo esté plenamente negociado”, ha señalado, “lo firmaré yo mismo en nombre del país. Rápido y limpio”.
Los gestos eran importantes. Horas antes que Trump recibiera a Liu, se anunciaba desde Beijing el calendario para empezar a eliminar los límites a la propiedad extranjera de firmas financieras. Los medios oficiales chinos, en paralelo, llevaban días mencionando el interés por llegar a un acuerdo parcial. «Es importante para EE UU, China y para el mundo entero», valoró Trump ante los medios, «estamos muy contentos».
EE.UU. activó bajo la presidencia de Donald Trump aranceles a un total de productos importados de China por un valor superior a los 360.000 millones de dólares. Comenzaron en el verano (del hemisferio Norte) de 2018 y el republicano autorizó recientemente que se ampliara a partir del 15 de diciembre a los 160.000 millones restantes, para cubrir el total de los bienes y productos importados de China. Trump debe decidir aún qué hace con esta parte.
«Me encantan los aranceles», insistió. La escalada del conflicto, sin embargo, elevaría los costos para las empresas que necesitan componentes chinos en sus procesos de producción, y también al consumidor. Beijing, además, respondió con medidas que afectan a productos estadounidenses valorados en 120.000 millones de dólares, especialmente agrícolas. La incertidumbre afecta también a la industria de la manufactura.
El relajamiento de la disputa se produce, además, a poco de iniciar la temporada de compras navideñas. China, por su parte, ha elevado en las últimas semanas las compras de carne de cerdo. La disputa amenaza también con moderar aún más la economía global y está forzando a las grandes multinacionales a replantearse la estructura de sus cadenas de suministro, relocalizando la producción en países alternativos a China.
Beijing se mostró, en todo caso, muy reticente a introducir las reformas que le reclama Washington en su política industrial. Eso llevaría al presidente Xi Jinping a rebajar sus ambiciones. EE UU acusa a China de estar robando su tecnología y secretos comerciales en un intento por convertirse en una potencia puntera en industrias avanzadas como las telecomunicaciones, la robótica y la movilidad. «Prestaremos atención», añadió Trump.
El litigio por Huawei se abordará por separado. Trump concluyó diciendo que “llevó tiempo llegar hasta aquí” y calificó a los negociadores chinos de “duros y listos”. “Todo el mundo en mi equipo los respeta”, afirmó. Liu, por su parte, entregó al presidente estadounidense una carta de Xi Jinping, su homólogo chino. “Hemos conseguidos progresos sustanciales en múltiples aspectos”, valoró, “continuaremos avanzando”.
Seis cordobeses crearon Blimp, un concepto que funciona en la capital cordobesa como un coworking pero enfocado en el negocio gastronómico. Se trata del primer «co-cooking» del país y la región, aseguran sus fundadores, quienes planean inaugurar dos establecimientos en Buenos Aires, sumar otro en Córdoba y desembarcar en México en 2020.
El espacio ‘gourmet’ de trabajo compartido ofrece a los «blimpers», como en la jerga se llama a los ocupantes del espacio, la posibilidad de contratar, por un lapso mínimo de seis meses y un plazo máximo de dos años, una cocina completamente equipada para montar un negocio de delivery de comida. Aplica tanto para el caso de una gran cadena como el de un pequeño emprendedor.
«Nuestro target de clientes son empresarios que buscan achicar gastos y dejar de abrir locales propios para enfocarse en envíos a domicilio, y chefs que están dando sus primeros pasos, a quienes les cuesta realizar un desembolso mayor para armar una estructura propia», explica Franco
Loson, socio-fundador de Blimp junto a Carlos Sartor, Federico Berruezo y los hermanos Francisco, Matías y Guillermo Quiñonero. Invirtieron $ 3 millones en la empresa y esperan levantar capital de riesgo en una próxima ronda de inversión.
Blimp ya está al 100% de ocupación. El alquiler ronda los $ 45.000 mensuales y las opciones de alquiler van desde los 20 metros cuadrados hasta los 24. «Cerramos todos los contratos durante el segundo mes de obra, en menos de 15 días. Ya tenemos una lista de espera de 15 personas», señala Loson.
A partir de mediados de agosto, Rappi , Glovo y PedidosYa contarán con un nuevo jugador en el rubro de delivery de comida, aunque, en este caso, se centrará en un nicho en particular: los platos caseros. Pinny comenzará a operar en La Plata y el próximo mes desembarcará en territorio porteño.
En relación al surgimiento de la idea, comenta que desde hacía tiempo los socios querían entrar al negocio gastronómico. «Siempre encontrábamos trabas que nos impedían avanzar. Es un rubro que requiere de una inversión inicial alta, varias habilitaciones y distintos tipos de permisos”, expresa, y añade que, por eso, establecieron valores accesibles para los clientes.
Asimismo, crearon una plataforma digital que integra a las distintas aplicaciones de delivery que funcionan en Córdoba (Rappi, PedidosYa y UberEats). Tiene múltiples funciones: comunica los pedidos a cada una de las tablets ubicadas en las cocinas, les permite ver cuántos pedidos tienen y de dónde provienen, y hasta cuenta con un “botón de pánico” que se activa cuando están colapsados, por ejemplo. «Esperamos terminar el año con 5000 pedidos por mes», adelanta el emprendedor.
Así, se puede pedir encargos a través de las aplicaciones de delivery o en los mismos locales y optar por take & away. También, el sistema gestiona grandes volúmenes de datos, que permiten inferir hábitos y comportamientos de los consumidores y llevar la contabilidad del negocio, mediante tecnologías como Big Data e Inteligencia Artificial.
«La marca que ingresa como inquilina sólo debe preocuparse de comprar los insumos y cocinar. Nosotros nos encargamos de la toma y la distribución de los pedidos», detalla Loson, al tiempo que afirma que se inspiraron en el formato dark kitchen, reconocido a nivel global, aunque lo adaptaron a la realidad local.
A futuro, desde esa plataforma los «blimpers» podrán monitorear inventario de insumos en tiempo real, coordinar compras en pool (ya establecieron algunas) y hasta disponer de una bolsa de trabajo para cubrir bajas en las cocinas. “Creemos que es un formato de alto potencial por la posibilidad de hacer economía de escala y bajar costos, y porque la tendencia gastronómica internacional va hacia el delivery”, sostiene.
Pese al complejo contexto macroeconómico, los socios se muestran optimistas de cara al año siguiente. «La Argentina nunca ayuda a la hora de realizar una inversión. Pero nuestra propuesta ofrece la posibilidad de reducir costos, por lo que resulta una buena alternativa para quienes desean cuidar sus bolsillos». Teniendo en cuenta esto, determinaron una actualización semestral del 15% en el valor de los alquileres. «La idea es mantener los precios y que les resulten beneficiosos a los inquilinos», destaca.
La industria de los videojuegos ha tomado cada vez mayor fuerza en el mercado, así como incrementa el número de usuarios que juegan desde sus dispositivos móviles. Argentina es el tercer país que más genera ganancias en la industria del Gaming en Latinoamérica después de México y Brasil, ascendiendo a los 495 millones de dólares en 2019, según el reporte Global de Games realizado por Newzoo.
De acuerdo con la investigación de Mobile Gaming en Argentina, la mayoría de los encuestados (66%) juegan con sus smartphones diariamente. El estudio fue realizado por OnDevice para AdColony, empresa líder en el segmento de publicidad en video In-App, que es representado exclusivamente por Adsmovil en Latinoamérica. La investigación demuestra una vez más que los dispositivos móviles se han convertido en un objeto indispensable para las personas; y específicamente en el caso de los videojuegos, su preferencia radica en que, a diferencia de otros dispositivos para juegos, se puede acceder a través de él en cualquier lugar y momento.
Las razones por las que los usuarios juegan en sus dispositivos móviles son varios, entre ellos: divertirse, relajarse, socializar, ganar dinero, por ejercicio mental, mejorar los reflejos y la concentración, e inclusive porque los hace sentirse más jóvenes. El estudio realizado por OnDevice para AdColony revela que el 66% se siente feliz mientras juega, razón por la cual se convierte en un espacio ideal para que las marcas impacten a los usuarios. Un dato que lo demuestra es que el 87% de los usuarios ven anuncios en video para conseguir «vidas extras» en los juegos móviles, el 26% asegura recordar los anuncios en video que vieron y el 54% lo hace a veces.
Alberto Pardo, Fundador & CEO de Adsmovil, asegura: «el estado de ánimo de los usuarios es un factor fundamental para que exista una mejor recepción del mensaje publicitario. Otro punto favorable para la publicidad en los juegos móviles es que ofrece a las marcas un entorno neutro, donde se evita la exposición de la marca en contextos noticiosos erróneos, por ejemplo.»
Queda claro que la industria de los videojuegos avanza rápidamente en la lista de actividades de ocio, además su crecimiento se ve aún más potenciado por el uso de dispositivos móviles. A continuación se presentan las principales conclusiones de la encuesta, realizada a personas de edades comprendidas entre los 18 y los 64 años:
La mayoría de los encuestados (66%) juegan en su smartphone a diario.
El 51% de los usuarios que juegan en dispositivos móviles todos los días lo hacen cinco o más veces al día y el 40% le dedica más de una hora.
El horario preferido para jugar en el celular es entre las 8 y 11 de la noche.
6 de cada 10 encuestados juegan en sus smartphones mientras están «en casa».
El 47% de los encuestados escucha música mientras juega.
El 58% de los entrevistados tiene de 1 a 3 juegos instalados en sus smartphones, sin embargo, el rango de los que tienen de 4 a 6 juegos es del 26%.
El 44% del total de la muestra eligió los juegos de Estrategia como el tipo preferido, seguido por los de Simulación (34%) y los Acción (31%).
El 34% de los encuestados considera que el entorno digital es seguro, mientras que el 71% que cree que el entorno de los juegos móviles es seguro.
La mayoría de los encuestados (67%) prefieren no hacer ninguna compra a través de sus dispositivos móviles y más de la mitad (68%) deciden no gastar dinero en compras In-App.
Esta semana empezó una nueva etapa de la larga guerra que se libra en el territorio de Siria. En AgendAR informamos sobre el drama. Y, también, sobre lo que creemos significa para NUESTRA región la política de uno de sus actores principales:
La ofensiva de Turquía en el noreste de Siria, en la región que los kurdos denominan Rojava, la llamada “Operación Primavera de la Paz” comenzó 24 horas después del anuncio del retiro de tropas estadounidenses. El presidente Donald Trump ordenó el domingo la salida de entre 50 y 100 fuerzas especiales que permanecían en la región y el lunes la aviación turca comenzó a bombardear posiciones kurdas. Luego siguió el fuego de la artillería y el ejército turco dispuso tanques en la frontera.
El miércoles por la noche se dieron los primeros combates en los pueblos sirios de Tell Abiad y Ras al Ayn, de acuerdo a las agencias Reuters y AFP. También Tall Rifat, Ain Diwar, Qamishli, donde hay una prisión repleta de ex combatientes del Estado Islámico (el ISIS), y Darbasiyah, han estado recibiendo fuego de artillería y bombardeos aéreos.
El objetivo explícito del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, es acabar con las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que combatieron contra el ISIS, pero son consideradas «terroristas» por Ankara por sus vínculos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), que había proclamado hasta 2013 la lucha armada en Turquía.
En la guerra internacional e interconfesional que se libró en Siria, los kurdos fueron los aliados más leales de los EE.UU. (era su única carta: sirios, iraníes y turcos los miran con desconfianza u hostilidad, porque aspiran a ser una nación… y sus territorios ancestrales están repartidos entre esos 3 países). En especial, sus combatientes, los peshmergas, fueron el enemigo más tenaz del ISIS. Pero… la gratitud de las Potencias no dura.
El presidente estadounidense, Donald Trump, explicó el lunes que «es hora de salir de ridículas guerras sin fin, muchas de ellas tribales, y devolver a nuestros soldados a casa», justificando su anuncio de retirada de tropas de Siria.
«LUCHAREMOS DONDE SEA POR NUESTRO BENEFICIO, Y SOLO LUCHAREMOS PARA GANAR. Turquía, Europa, Siria, Irán, Irak, Rusia y los kurdos tendrán que solucionar la situación, y ver qué quieren hacer con los combatientes capturados por el Estado Islámico en su ‘vecindario'», dijo el Donald en su cuenta de Twitter.
En un comunicado, la Casa Blanca también anunció que, a partir de ahora, Turquía «será responsable» de todos los combatientes del Estado Islámico que se encuentran en el norte de Siria y que han sido capturados en los dos últimos años después de que el grupo yihadista perdiera el control territorial de esa área.
Asimismo, Trump se quejó de la negativa de algunas naciones europeas a acoger y juzgar a ciudadanos suyos que combatieron para el ISIS, y avisó de que EE.UU. no asumirá más el costo de mantenerlos en prisión.
Lo más importante, y relevante para el resto del planeta, es la doctrina que el presidente Trump expone, como es su costumbre, en Twitter:
«Fui elegido para salir de estas ridículas guerras interminables, donde nuestro gran Ejército funciona como una operación policial en beneficio de personas a las que ni siquiera les gusta Estados Unidos.
Los dos países más infelices ante esta decisión son Rusia y China, porque les encanta vernos empantanados, vigilando un atolladero, y gastando grandes dólares para hacerlo.
Cuando me hice cargo, nuestro ejército estaba totalmente agotado. Ahora es más fuerte que nunca. ¡Las guerras interminables y ridículas están TERMINANDO! Nos centraremos en el panorama general, ¡sabiendo que siempre podemos regresar y BLAST!«
En cuanto a los kurdos, es evidente que -otra vez- han sido abandonados a su (desafortunada) suerte. Ya lo sufrieron con el tratado de Lausana, en 1923, ¿por qué habría de variar una política que ha tenido el consenso de todas las Potencias durante casi 100 años? Saddam los gaseaba; veremos que hace Erdogan…
Lo significativo, entendemos, es esta doctrina Trump sobre las «guerras ridículas». Que hasta ahora ha sido confirmada en los hechos de su gestión. No hay duda que EE.UU. usará su poder militar, como el económico, en los conflictos donde estén en juego su seguridad o sus intereses. Pero está avisando a la oposición venezolana y, en general, a la nueva derecha latinoamericana, que los intereses de ellos no valen los huesos de un solo marine.
A. B. F.
I was elected on getting out of these ridiculous endless wars, where our great Military functions as a policing operation to the benefit of people who don’t even like the USA. The two most unhappy countries at this move are Russia & China, because they love seeing us bogged…..
….down, watching over a quagmire, & spending big dollars to do so. When I took over, our Military was totally depleted. Now it is stronger than ever before. The endless and ridiculous wars are ENDING! We will be focused on the big picture, knowing we can always go back & BLAST!
(Enrique Garabetyan) En las últimas cuatro semanas, mientras sobre el suelo argentino se debaten candidaturas y políticas candentes, a 12 mil metros de altitud un sofisticado avión sobrevuela los cielos de la Patagonia y de la Antártida argentina tomando muestras de la atmósfera y haciendo observaciones.
Está tripulado por científicos alemanes, chilenos y argentinos que forman parte del «Experimento SouthTRAC» y su objetivo es desentrañar otro fenómeno de calentamiento y destrucción, pero que ocurre en el aire, muy lejos de la tierra: intentan entender en detalle los hoy poco conocidos procesos físicos y químicos responsables del clima en la región y que también influyen en el calentamiento global, el agujero de ozono y otros parámetros atmosféricos aún desconocidos, pero que afectan a todos los habitantes del hemisferio.
«Hace muchos sabemos que América del sur y la península antártica es una de las zona de mayor actividad atmosférica del mundo. Pero también es una de las regiones menos estudiadas por la ciencia», explicó el doctor Alejandro de la Torre, miembro del Conicet y profesor de la Universidad Austral. De la Torre es uno de los coordinadores argentinos de este ambicioso proyecto internacional que involucra a investigadores de Alemania, Chile y Argentina, especializados en física y química de la atmósfera.
Según De la Torre, «tenemos que estudiar la dinámica de esta zona por varias razones: en la atmósfera hay un «ensamble» de complejos movimientos de masas de aire y existe un fenómeno particular poco conocido, denominado «ondas de gravedad», que son corrientes pequeñas, de pocos kilómetros de alcance, pero que tienen una incidencia fundamental en la aceleración o freno de la circulación general atmosférica. Por eso entender que ocurre con esta ondas nos permitirá tener mejores pronósticos meteorológicos y conocer lo que pasa con las turbulencias que pueden afectar a los aviones». Finalmente, también estudiarán las perturbaciones de la ionosfera, la capa más alta, y de cuya estabilidad dependen muchas comunicaciones ya que allí se reflejan las ondas de radio».
Para estudiar tanto la física como la química de la atmósfera sureña «se combinan mediciones y observaciones hechas desde estaciones de tierra, imágenes satelitales y -sobre todo- los datos y muestras recopilados por instrumentos científicos instalados en el «Halo», uno de los aviones de investigación más sofisticados del mundo, que voló desde Alemania y que ahora está realizando, por primera vez, exploraciones en la zona», detalló el doctor Rafael Fernández, del Conicet, y profesor de la Universidad Tecnológica (UTN) regional Cuyo.
Fernández es uno de los encargados de investigar como se está recuperando otra de las catástrofes ambientales recientes: el agujero de ozono. «Se identificó en 1985 y se relacionó su causa con la alta concentración de moléculas de CFC, vertidas en grandes cantidades por diferentes industrias y productos, como los de refrigeración», contó Fernández. «Pero cuando se refinaron los cálculos, vimos que el ozono no solo se destruía por la acción del hombre, sino que también influían compuestos naturales, llamados halogenos VSL, que también rompen estas moléculas. Eso es lo que estamos estudiando por medio de SouthTRAC. Es importante porque la capa de ozono aun no se ha recuperado del todo y el agujero afecta especialmente a los argentinos. Además, como ya no se emiten CFCs, entender las causas «naturales» de lo que pasa con el ozono es cada vez más importante.
Finalmente, otro de los «fuertes» de este proyecto multinacional -uno de los pocos que hoy subsisten en la ciencia argentina- es «determinar como se mueven y hacia donde se dirigen masivas cantidades de compuestos orgánicos producidos por la quema de biomasa. Por ejemplo, las partículas generadas hace unas semanas por los incendios de la selva amazónica o de los pastizales de Córdoba» contó el doctor Enrique Puliafito, investigador de la UTN. Según este experto «trazar lo que ocurre con estas moléculas es necesario para entender la contaminación aérea. Y también nos importa porque este hollín puede viajar miles de kilómetros y depositarse en la Antártida o en los glaciares de los Andes, acelerando su derretimiento. Por otra parte, mientras están en la atmósfera, su concentración puede alterar los núcleos de condensación de las nubes y eso altera los patrones de la lluvias. Indirectamente, el SouthTRAC nos ayudará a pronosticar y entender puede pasarnos con nuestras reservas de agua potable para los próximos años».
Ambición internacional Decenas de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, de La Plata, de Cuyo, de la UTN Mendoza y del Servicio Meteorológico Nacional se suman a profesionales que llegan desde de prestigiosas universidades de Alemania y Chile. Son más de cincuenta científicos que confluyen en uno de los proyectos más ambiciosos -e inéditos- de los que actualmente participa la vapuleada ciencia argentina: Transport and Composition of the Southern Hemisphere Upper Troposphere and Lower Stratosphere (SouthTRAC).
«Esperamos comenzar a publicar los primeros resultados de los experimentos a partir del 2020», dijo De la Torre. «Pero son tantos los datos que estamos recopilando ahora y las conclusiones y modelos físicos y químicos de la atmósfera que iremos ajustando que me parece que podremos seguir obteniendo nuevos conocimientos, papers y conclusiones por todo el próximo lustro», se entusiasmó Fernández.
(En AgendAR, además de elegir las notas que consideramos más relevantes o menos cubiertas por los medios masivos, tratamos de ponerlas en contexto. Francamente, aquí estamos desconcertados. El cable de la agencia de noticias financieras más importante y una nota del Departamento de Estado yanqui dicen una cosa, y un tweet del Donald la contraria. Como sea, parecería que Argentina sí está en carrera para ingresar al «club de países ricos» ¿Habrá que vestir formal?)
Bloomberg — El gobierno de Estados Unidos se negó a respaldar la propuesta de Brasil de unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que marcó un cambio tras meses de apoyo público por parte de altos funcionarios.
El secretario de Estado, Michael Pompeo, rechazó una solicitud para discutir una mayor ampliación del club de los países más ricos, según una copia de una carta enviada al secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, el 28 de agosto y vista por Bloomberg News. Agregó que Washington solo respaldaba las ofertas de membresía de Argentina y Rumania.
“Estados Unidos sigue prefiriendo la ampliación a un ritmo mesurado que tenga en cuenta la necesidad de presionar por la gobernanza y la planificación de la sucesión”, decía la carta.
El mensaje contradice la postura pública de EE.UU. sobre el asunto. En marzo, el presidente Donald Trump dijo en una conferencia de prensa conjunta con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en la Casa Blanca, que apoyaba que Brasil se uniera al grupo de 36 miembros. En julio, el secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, reiteró el respaldo de Washington a Brasil durante una visita a Sao Paulo.
El gobierno brasileño no respondió a repetidas solicitudes de comentarios. Un funcionario de prensa de la OCDE en París tampoco hizo ningún comentario de inmediato.
El respaldo de EE.UU. a principios de este año fue uno de los primeros beneficios claros provenientes de la estrecha alineación con el gobierno Trump. Durante el viaje de Bolsonaro a Washington, Brasil ofreció a EE.UU. acceso a la plataforma de lanzamiento de cohetes Alcantara en el noreste del país, viajes sin visa para turistas estadounidenses y cooperación sobre el tema de Venezuela. Trump, a su vez, cumplió con su compromiso de designar a Brasil como un aliado principal no miembro de la OTAN. Críticos del acuerdo habían cuestionado si el apoyo estadounidense se materializaría.
La OCDE, fundada en 1961, dice en su sitio web que su objetivo es “dar forma a políticas que fomenten la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos”. Unirse al grupo ha sido últimamente una señal de status para los países que buscan mostrar a la comunidad internacional que sus naciones han prosperado económicamente. Brasil presentó su solicitud de membresía en la OCDE en mayo de 2017.
Hay que tomar en cuenta que el presidente Trump dijo ayer jueves a la noche en Twitter que él «todavía apoyaba el ingreso de Brasil en la OCDE». Y que lo otro es «fake news».
The joint statement released with President Bolsonaro in March makes absolutely clear that I support Brazil beginning the process for full OECD membership. The United States stands by that statement and stands by @jairbolsonaro. This article is FAKE NEWS! t.co/Hym9ZATHjt
El sueño de tener un Disneyland en Argentina pareciera cada vez más difícil. Además de la caída en el consumo, el negocio de los parques de diversiones en el país se ve afectado por la carga impositiva a la hora de importar que, aseguran desde el sector, hace inviable la inversión y crecimiento de esta industria a nivel nacional.
La Asociación
Argentina de Parques y Atracciones (AAPA) comenzó a trabajar con el
Mercosur para conseguir una exención a este arancel para mantenerse
competitiva, pero algunos jugadores ajenos a la entidad apuntan que
“no se está encarando con la fuerza que el sector lo necesita”.
“El valor de la tasa para importar los equipos es de un 20%, excepto algunas máquinas de gran tamaño, las cuales no pagan arancel, pero ese tipo de productos no se traen al país. Estamos ante un problema de crecimiento y renovación y no es un capricho porque en Chile, Colombia y Brasil no lo pagan, entonces estamos en situaciones dispares”, afirma Daniel Catzman, director ejecutivo de AAPA.
Si bien iniciaron
tratativas a nivel nacional, desde la entidad ya se encuentran
trabajando con el Comité Técnico n° 1 del Mercosur, encargado de
los aranceles. “Estamos avanzando, pero va lento”, señala el
directivo. El 90% de los productos de los parques son importados, con
máquinas que van desde los u$s 5000 hasta u$s 1 millón. AAPA
presentó un plan en febrero de 2018 en el que apuntaba que, de
eliminarse este impuesto, podría comenzar un plan de inversión de
u$s 100 millones a cinco años y crear 5000 puestos de trabajo.
“Estamos
dispuestos a reaccionar rápido. Hoy el negocio no está parado en un
100% pero sí en un 80%”, manifiesta Catzman.
Según Walter
Álvarez, gerente general del Parque de la Costa, la asociación
“debió haberse preocupado unos años antes sobre este tema”. La
firma controlada por Sociedad Comercial del Plata se separó de AAPA
hace varios años y hoy gestiona esta exención de manera individual.
El parque de
atracciones ubicado en Tigre acumula un incremento del 20% en la
concurrencia en lo que va del año, aunque durante el primer semestre
perdió $ 83 millones. “El costo de nacionalización de una montaña
rusa es de hasta el 40% del valor FOB, eso te hace imposible comprar
un juego de jerarquía. Hoy nosotros tenemos el monopolio y creo que
así será por mucho tiempo porque no es rentable”, resalta.
“Los parques normalmente invierten el 6% de sus ingresos cada tres años, nosotros necesitamos todos los ingresos de 6 años para pagar una inversión así”, detalla Álvarez. Por eso, el Parque de la Costa optó por ampliarse con otras temáticas dentro del entretenimiento, como una ‘arena gamer’ y un área de aventura con tirolesa y puentes aéreos.
Debido al volumen
del mercado y los costos de inversión, los grandes parques de
diversiones escasean en el país y lo que abundan son los centros de
entretenimiento familiar. No obstante, estos también sintieron el
impacto de la crisis. “Veníamos de una política de abrir 1 o 2
locales por año y hacer recambio de máquinas, pero ahora pensamos
en renovarlas nacionalmente o moverlas de sucursal”, afirma
Sebastián Reynoso, director comercial de Le Park Entretenimientos.
La cadena tiene 13 locales repartidos en Buenos Aires, CABA, la Costa
y Corrientes y, según el directivo, experimentó una caída del 15%
en las ‘jugadas’, es decir, la cantidad de veces que los
consumidores juegan con una máquina. Estados Unidos, China y Europa
son los principales proveedores de esta industria.
Otros jugadores, como el parque acuático marplatense Aquopolis, optaron por adelantar importaciones “antes de que surja otro inconveniente”. Para Carlos Pilasidis, director general del emprendimiento, la temporada veraniega puede ser positiva si la situación económica potencia las vacaciones dentro del país. En diciembre, proyecta inaugurar el parque aéreo Aeropolis con un desembolso de u$s 1 millón. Lo más complicado para este tipo de proyectos, señala el empresario, es largo retorno de inversión. “Si en algunos países se piensa un retorno de 3 o 4 años, acá lo tenes que extender un poco más”, sentenció.
El diputado nacional Roberto Salvarezza, investigador superior del CONICET y que fue su presidente entre 2012 y 2015, ha hecho llegar esta propuesta:
«El martes 17 de septiembre Matías Lammens presentó, junto a Alberto Fernández, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, su iniciativa para la Ciudad denominada “Buenos Aires, ciudad del conocimiento”. La propuesta de hacer de Buenos Aires la Boston de América Latina es una meta aspiracional que puede servir como hoja de ruta para todo el país: convertir a la Argentina en una sociedad del conocimiento para el bienestar de todos sus ciudadanos.
Más importante aún, reafirma la decisión política de Alberto Fernández de emplear la capacidad del sistema científico-tecnológico de nuestro país, el más avanzado de Latinoamérica, para el desarrollo, el crecimiento económico, y la inclusión de social. El sistema de Ciencia y Tecnología fue reconstruido paso a paso durante los doce años de gobiernos kirchneristas, luego de décadas de desatención y maltrato.
Esta reconstrucción no fue caprichosa. Existe un consenso a nivel internacional acerca de que el conocimiento, la tecnología y la innovación son factores determinantes para el desarrollo económico y cultural y que ambos están íntimamente relacionados con la decisión política y con la puesta en práctica de medidas concretas y acciones de gobierno. Es el rumbo que han elegido los países que hoy lideran un mundo complejo, cambiante y competitivo.
Por el contrario, Macri optó por otro camino: redujo el financiamiento de todo el sistema casi a la mitad del que tenía en 2015, degradó el Ministerio de Ciencia a Secretaría, cuestionó el pensamiento crítico y rechazó la generación de conocimiento como prioridad para el país. El gobierno creó las condiciones perfectas para un nuevo éxodo de jóvenes investigadores y profesionales.
Una sociedad que transita el camino de la economía del conocimiento debe necesariamente poseer un sistema de universidades y organismos de ciencia y técnica que soporte e impulse las empresas de base tecnológica.
Precisamente, esto último es lo que ocurrió durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El kirchnerismo multiplicó por 4 (medido en dólares) los recursos destinados a los organismos del sector. En ese corto período se incrementó significativamente el número de científicos, así como de becas, puestos de técnicos y de administrativos; más de 1200 científicos volvieron al país y se construyeron más de 100.000 metros cuadrados de laboratorios e institutos. No fue en vano. Científicos y tecnólogos demostraron que son capaces de logros en materia satelital, nuclear y de biotecnología vegetal, entre muchos otros, que implican soberanía en comunicaciones, energía y alimentos. Era un comienzo de un largo camino que requiere décadas de apoyo sostenido.
También es claro que se requería más inversión, mayor articulación, un crecimiento marcado de la capacidad de transferencia y profundizar el proceso de federalización de la ciencia. En efecto, las asimetrías estructurales que existen entre las regiones de nuestro país precisan un desarrollo científico y tecnológico realmente federal, que reconozca las particularidades, que busque el equilibrio y que potencie las estrategias locales para reducir la desigualdad y redistribuir la riqueza. Sólo ese plan federal para el sector logrará cambiar la matriz productiva de las economías provinciales fuertemente basadas en la producción primaria, expandiendo sus oportunidades laborales.
Por otra parte, es fundamental fortalecer los sectores estratégicos y productivos que conduzcan al cambio estructural de la matriz industrial y a la sustentabilidad de los puestos de trabajo, con creciente calidad y calificación, incorporando tecnología y generando valor agregado.
Por último, debemos recordar que sólo el Estado puede orientar el sistema de ciencia y tecnología hacia un proyecto de país más igualitario, en donde sus habitantes tengan garantizado el derecho a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el trabajo. Al mismo tiempo, las científicas y los científicos debemos poner a disposición del Estado nuestras capacidades para buscar soluciones que reviertan la actual extranjerización y dependencia financiera de la economía argentina.
Considero que hoy estamos ante una oportunidad histórica de retomar el camino del desarrollo científico. La nueva etapa requiere que los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) utilicen la capacidad del sistema científico y tecnológico para atender a las problemáticas de la sociedad y para que esta articulación redunde en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos».
Con la presencia de funcionarios nacionales y también de sindicalistas -el secretario general de la UOM, Antonio Caló, entre otros- el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y el economista en jefe, Diego Coatz, presentaron ayer en la sede de la entidad la «Agenda Productiva 20/23. Propuestas para generar y exportar valor al mundo», un documento de 300 páginas que fue preparado para entregar a los candidatos presidenciales.
No hay sorpresas en el temario; la Unión Industrial Argentina armó su plan estratégico poniendo el foco en los principales costos de producción del sector. Pide un tipo de cambio previsible, financiamiento productivo, una nueva reforma tributaria y gradualismo tarifario. Se da lugar a un posible acuerdo de precios y salarios (Acevedo ya remarcó la necesidad de un acuerdo entre «los trabajadores, los empresarios y toda la producción”). No hubo alusiones públicas a las elecciones dentro de dos semanas y media. Pero se respiraba una atmósfera de fin de ciclo muy marcada.
(El diario La Nación comenta que hasta ayer, la UIA no había podido presentarle la propuesta al presidente Mauricio Macri y su candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto. Acevedo afirmó en la reunión de junta directiva que ya habían cursado la invitación al Gobierno, pero no habían tenido respuesta).
«Las propuestas de la UIA buscan potenciar el agregado de valor y su exportación al mundo», explica el documento. «El objetivo es crear un entorno competitivo y previsible, a partir del cual la Argentina pueda generar divisas que permitan sostener el crecimiento económico. Es la base para crear más y mejor empleo, aumentar el bienestar de la población y garantizar la sustentabilidad fiscal y externa», comienza la introducción del trabajo del que también participaron Pablo Dragún, Gabriel Vienni, Laura Giménez, Cecilia Sleiman, Carlos Abeledo y Alberto Calsiano, entre otros jefes de departamento de la entidad fabril.
El plan productivo elaborado por los industriales se estructura en dos pilares: 1) «Macroeconomía para el desarrollo» (políticas monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos) 2) «Políticas productivas» (costos y competitividad, la industria 4.0 y productividad, pequeñas y medianas empresas industriales y desarrollo regional.
Tras explicar la importancia de la industria en la generación de empleos de calidad y de repasar los últimos 8 años de caída manufacturera (desde 2011 a la actualidad), la UIA reclama una estrategia macroeconómica integral empezando con una política monetaria que impulse tasas de interés que «fomente el ahorro en moneda local» y «el crédito productivo de largo plazo».
Por otro lado, reclama un política cambiaria «previsible» y un «esquema de reintegros o impuestos que fomente la agregación de valor en la producción». Con relación al marco fiscal, pide «sustentabilidad fiscal y de la deuda pública, y políticas de gasto e inversión inteligente». En cuanto a política de ingresos aconseja una «reducción de la nominalidad de la economía y generación de una mayor previsibilidad para todos los sectores».
Con relación a los costos y la mejora de la competitividad, la UIA pide una nueva reforma tributaria y una política de fomento de inversiones. Más específicamente, pide promoción de inversiones en actividades productivas a través de estímulos fiscales, un régimen de deducción de intereses sobre el capital propio destinado a la inversión, mantener la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para empresas, reducción de limitaciones en el uso de quebrantos y cómputo pleno del impuesto al cheque, entre otras cuestiones.
Además de la profundización de la simplificación burocrática ya fomentada por la administración de Mauricio Macri, reclama establecer un código fiscal unificado y unificar o eliminar regímenes de recaudación. Además de la devolución de stocks de saldos a favor. A eso suman la «eliminación de las distorsiones a la exportación e importación», el restablecimiento del decreto 814 o la devolución de puntos del IVA mediante uso de medios bancarios.
Con relación al financiamiento bancario, los industriales reclaman financiamiento para inversiones productivas a mediano y largo plazo (estilo LCIP –Línea de Crédito para Inversión Productiva), bonificación de tasas para capital de trabajo, financiación de operaciones de comercio exterior, entre otras cosas. A eso le suman, cambios en torno al mercado de capitales y a las garantías.
El documento impulsa cambios también con relación a la baja de los costos logísticos y una agenda de productividad. Sólo con relación al transporte automotor de cargas menciona el trabajo sobre «temas laboral/productividad». El informe, en tanto, suma propuestas además para el transporte marítimo y fluvial, ferroviario y aéreo.
Además de una agenda ambiental, para la industria 4.0 y las pymes industriales, hay un capítulo para la energía. «La transición hacia la industria 4.0 impone la necesidad de adecuar las relaciones industriales al contexto de cambios disruptivos en las formas del trabajo», afirma el documento y agrega: «Esto trae aparejada la para aprovechar la negociación colectiva como herramienta para responder a las características de los distintos sectores y empresas». La UIA pide «profundizar el diálogo tripartito» para acompañar cambios en relaciones laborales.
Con relación a las pymes industriales, la entidad pide tratar los «costos indemnizatorios» y «mantener la lucha contra la industria del juicio». También pide cambios en convenios colectivos.
John B. Goodenough era una fija hace largo tiempo. Por fin, a los 97 años (todavía va al laboratorios todos los días), este investigador estadounidense, precursor de una tecnología que ha transformado la vida cotidiana de millones de personas, fue galardonado con el Premio Nobel de Química 2019, que comparte con el británico Stanley Whittingham y el japonés Akira Yoshino, premiados por desarrollar la batería de iones de litio.
En su comunicado, la Academia destaca que “esta ligera, recargable y potente batería se utiliza en la actualidad en todas partes, desde los teléfonos móviles a los ordenadores portátiles y los vehículos eléctricos. También puede almacenar cantidades significativas de energía solar y eólica, haciendo posible una sociedad libre de combustibles fósiles”. Los ganadores se repartirán, en partes iguales, un premio de 825.000 euros.
“Goodenough ya era muy conocido en los 60 por su desarrollo de la teoría de óxidos, que utilizó como fundamento de lo que se llama intercalación de iones limpios. Su gran logro fue haber obtenido una batería donde el litio metálico, que es muy peligroso, muy reactivo, no está. La innovación pasó por meter los iones limpios dentro de la estructura de óxido, en el electrodo positivo de la batería, y la estructura de grafito en el electrodo negativo. Sin litio metálico, la batería se vuelve muy segura”, explica Calvo, ganador en 2017 del primer premio en el certamen mundial Bright Minds Challenge, por el desarrollo de un método limpio, económico, selectivo y respetuoso con el medio ambiente que utiliza energía solar para obtener litio a partir de la salmuera natural de salares de altura.
La investigación con baterías de litio cobraron impulso durante la crisis del petróleo, en los años 70. Whittingham, de 78 años, investigador de la Universidad Estatal de Nueva York, comenzó a explorar materiales superconductores, en busca de energías libres de combustibles fósiles. El resultado fue una batería de litio con un cátodo de disulfuro de titanio y un ánodo de litio metálico, con un gran potencial, un poco más de dos voltios, pero inviable por la alta reactividad del litio.
“Aquella primera batería de Whittingham explotaba. Entonces Goodenough, ya en 1980, desarrolló esta idea de hacer la intercalación en óxidos”, amplía Calvo, que durante su posdoctorado en el Imperial College of Science, Technology and Medicine, en Londres, entre 1979 y 1982, se reunía periódicamente con Goodenough y su equipo en Oxford. El físico –nacido en 1922 en Jena, Alemania, pero nacionalizado estadounidense e investigador de la Universidad de Texas– demostró que el óxido de cobalto con iones de litio intercalados producía hasta cuatro voltios.
“El litio es el metal más liviano. Por lo tanto, podés tener mucha energía en muy poca masa. Esta es la clave de que hoy podamos tener teléfonos celulares tan pequeños, con un montón de aplicaciones, porque las baterías pueden hacerse cada vez más diminutas”, explica Calvo.
Optimizando aquellos desarrollos de Whittingham y Goodenough, el japonés Akira Yoshino, de 71 años, creó la primera batería de iones de litio comercial, lanzada al mercado por Sony en 1991, punto de partida de una nueva sociedad inalámbrica. “El resultado fue una batería ligera y resistente que podía cargarse cientos de veces antes de que su rendimiento se redujera. La ventaja de las baterías de iones de litio es que no se basan en reacciones químicas que descomponen los electrodos, sino en iones de litio que fluyen de un lado a otro entre el ánodo y el cátodo”, detalla la Academia Sueca en el comunicado de la premiación.
“Este Nobel premia el desarrollo de una química totalmente nueva, con enormes beneficios en varios aspectos de la vida cotidiana. Primero –enumera Ernesto Calvo–, la más obvia, la electrónica móvil: baterías livianas para celulares, tablets, juguetes y herramientas portátiles. Segundo, su aplicación con energías renovables. Sólo en Sudamérica hay 30 millones de personas sin acceso a energía eléctrica. Un molino de viento o un panel solar necesitan una batería donde almacenar esas energías renovables, que son intermitentes. Tercero, y lo que más impacto tendrá en el corto plazo, el auto eléctrico, con un beneficio inmediato, que es no contaminar el ambiente con partículas de hollín. Las baterías de ion-litio todavía ofrecen baja autonomía, pero se están investigando baterías de litio-oxígeno, litio-azufre. El litio que necesita un auto eléctrico equivale al que tienen 15 mil celulares. Eso da la idea del crecimiento que va a tener la demanda”.
El Nobel de Química 2019 es también una noticia trascendente para la Argentina que, junto a Bolivia y Chile, tiene las mayores reservas de litio del mundo. “Pensado en términos de minería, es un muy mal negocio. Hoy se están llevando el litio por nada”, dice Calvo, impulsor de la creación del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJU CONICET), con sede en Palpalá. “Ahora bien, si pensamos que, además del recurso bajo el suelo, tenemos una tradición científico tecnológica, en un país con varios premios Nobel, que ha fabricado satélites y reactores nucleares, hay un potencial muy grande para encarar este tipo de desarrollos aquí, y gente capacitada en las universidades y en el CONICET para hacerlo. Falta una fuerte decisión política. Espero que en los próximos meses ocurra”.
El Dr. Guillermo Siro, presidente de CEPBA (Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires), vicepresidente de CGCyS (Confederación General de Comercio y Servicios de la Republica Argentina) y prosecretario general de CGERA (Confederación Empresarial de la República Argentina), nos ha hecho llegar este documento:
Las Pymes somos parte de la solución a la lucha contra el hambre en la Argentina
Las pequeñas y medianas empresas compartimos la preocupación por el aumento de la pobreza y la indigencia, fundamentalmente en los niños, ya que conocemos las consecuencias en el presente y sobre todo en el futuro.
Las pymes somos y seremos parte de la solución. Nuestras entidades, sus dirigentes y sus afiliados estamos dispuestos a sumarnos al plan Argentina sin hambre, entendiendo que no es ni debe ser la tarea de un gobierno ni de un sector, sino del conjunto de la comunidad.
En lo que hace a nuestra actividad como empresarios, nos sentimos a la altura de los desafíos en los difíciles momentos que vislumbramos en el futuro inmediato. Representamos más del 98 % del total de empresas de nuestro país. Pero tenemos presente que muchas pequeñas y medianas, y algunas grandes, no pudieron resistir a la recesión, la caída del consumo, los intereses abusivos. Pese a los esfuerzos personales y patrimoniales de miles de mis colegas poco a poco fueron cerrando, y miles de trabajadores perdieron su trabajo y su futuro. Cayeron en la pobreza, sin inclusión.
Por eso, hoy más que nunca sostenemos que de esta crisis solo salimos con TRABAJO DECENTE, con las máquinas en marcha a pleno, con reglas y condiciones predecibles, recuperando la mano de obra calificada y calificando a la que todavía no lo está, con salarios que permitan el consumo, con un comercio exterior administrado, con tasas de interés lógicas, con políticas que promuevan la producción en origen, con tarifas de servicios que por su condición de monopolios privados sin ningún tipo de regulación no tengan ganancias extraordinarias en dólares.
Queremos cadenas de valor de mano de obra intensiva, con la incorporación de tecnología, ciencia y conocimientos desarrollados en nuestro país. Que se reactive el mercado interno, volviendo a generar el círculo virtuoso PRODUCCION – CONSUMO – DESARROLLO.
Las pymes, es decir los comercios de cercanía, las industrias, talleres , emprendedores, que en cada pueblo o ciudad brindamos esperanza, arraigo y proyectos a jóvenes y adultos, somos quienes podemos VOLVER A SER RÁPIDAMENTE EL MOTOR DE LA INCLUSIÓN Y EL EMPLEO, generando el 80% del trabajo decente.
Para hacer posible en la Argentina y en nuestra provincia de Buenos Aires, como dice mi amigo Ignacio Copani en su canción Así. “Sin Apuestas al Dios Financiero, Sin el Sordo Egoísmo Brutal, Sin la Juventud de Duelo, Sin la Moda de Aflojar… Así sería más lindo mi país«.
El Gobierno porteño busca regular el mercado de los alquileres temporarios y propone crear un registro de inmuebles que tengan ese destino. El Ejecutivo local prepara un proyecto de ley que establece que los propietarios deberán estar inscriptos obligatoriamente para ofrecer esta clase de servicios y brindar condiciones mínimas de seguridad.
Actualmente, casi la mitad de la oferta de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires es de tipo temporario.
La versión
preliminar de la iniciativa prevé la creación de un listado oficial
de inmuebles a los que se les permitirá tener como destino el
alquiler temporal, que se diferencia con el modelo tradicional en que
tiene plazos de estadía menores, suelen tener precios mensuales más
altos por estar ya equipados y listos para ser habitados y está
destinado a turistas.
El proyecto de ley
alcanza no solo a los inmuebles ofrecidos de forma completa sino
también a aquellos que ponen en oferta de alquiler solamente alguna
de sus habitaciones. El listado en el que deberán estar
referenciados llevará el nombre de Registro de Alquileres
Temporarios Turísticos y solo los propietarios o apoderados estarán
en condiciones de anotarlos.
La nueva regulación
abarcaría a aquellos inmuebles ofrecidos en plataformas digitales
como Airbnb. Los sitios web y aplicaciones que publiciten alquileres
temporarios tendrán la obligación de explicitar el número de
registro de cada inmueble y deberán excluir a las propiedades que no
cumplan con esa condición.
La aplicación de la ley implicará que los propietarios, para poder ofrecer su inmueble para alquiler temporario, deberán respetar «condiciones de seguridad y habitabilidad» y tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil. Además, habrá que informar con claridad al huésped cuáles son los «servicios ofrecidos, condiciones de los mismos y políticas de reserva y de cancelación».
Una de las condiciones que establecerá la ley para permitir el alquiler temporario es que el reglamento del consorcio del edificio en cuestión no prohíba «expresamente» esa actividad. Además, el propietario deberá notificar al resto de los propietarios de esa edificación que uno de los inmuebles -o habitaciones- estará destinada a fines turísticos.
En casos de incumplimiento, la iniciativa propone multas que van desde las 500 a 25.000 unidades fijas, que es la forma de contabilización de sanciones económicas vigente en la Ciudad. El valor actual de esa unidad es de $21,40, por lo cual la escala iría de entre $10.700 y $535.000.
En el artículo 28°
del proyecto, el Gobierno de la Ciudad se compromete a «establecer
zonas de beneficios, a fin de alentar la actividad en áreas
estratégicas de la Ciudad, garantizando la diversificación de la
oferta». En ese sentido, la iniciativa «zonifica» el
territorio porteño en tres grandes grupos: alta, medio y baja
demanda de alojamiento turístico.
Los últimos datos
oficiales muestran que existen apenas 453 inmuebles registrados. De
ese total, 143 están ubicados en la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás,
Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución), 127 en la
Comuna 2 (Recoleta) y 101 en la Comuna 14 (Palermo). En menor
cantidad, se registran en la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal),
Comuna 5 (Almagro y Boedo) y la 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales).
Paralelamente, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), que considera al alquiler temporario como una forma de «competencia desleal», tiene en sus registros que las plazas de alquiler temporario alcanzan los 487.000 en Buenos Aires, superando a las 420.000 hoteleras.
El fenómeno de los
alquileres temporarios creció en los últimos años y actualmente
abarca no solo en los barrios turísticos más tradicionales, sino
que según fuentes del mercado ya alcanza a otras ubicaciones. Una de
las explicaciones sobre el crecimiento de esta actividad está
explicada por la ganancia más alta que da este tipo de alquileres
respecto al tradicional.