El gobierno suspendió la aplicación de la ley 27.506 de promoción de la Economía del Conocimiento, que entró en vigencia el 1°de enero de este año y que otorga beneficios fiscales e impositivos a empresas exportadoras de software y servicios, entre las que destacan Mercado Libre, Accenture, IBM y Globant.
La resolución 30/2020 dice que “se suspenden los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al régimen presentadas hasta el momento”. La novedad causó malestar pero no sorpresa en una industria que tiene 120.000 empleados y que exporta anualmente US$ 6.000 millones.
El motivo formal es la eliminación de la Subsecretaría de Economía del conocimiento, una oficina creada precisamente por la reglamentación de la ley 27.506 para ser la autoridad de aplicación, la encargada de recibir, aprobar y rechazar solicitudes para acceder a beneficios tales como rebaja en Ganancias, aportes patronales y deducciones impositivas. Esta ley había sido sancionada por todos los bloques políticos y por abrumadora mayoría en el Congreso en mayo de 2019 y fue reglamentada a través del decreto 708/2019.
Su virtual congelamiento desacomodó a las tecnológicas. “Sabíamos que iban a reformar la ley, pero igual esto produce mucha incertidumbre”, admitió un ejecutivo de una empresa desarrolladora de software.
En el ministerio de Producción afirman que “el espíritu de la ley es positiva, pero había muchos problemas para su implementación”. La misma fuente descartó el envío de una nueva ley. Por el contrario, dijo que preparan una nueva reglamentación para determinar cuáles serán las actividades promovidas y si las grandes empresas pueden acceder a los mismos beneficios que una empresa mediana o chica. “¿En cuánto tiempo? En cuestión de semanas”.
Fuentes oficiales y empresarias coinciden en que el tema se viene discutiendo desde el 18 de diciembre. “Esperemos que cuando se acomode la situación, nos genere más beneficios”, dice Sergio Candelo, presidente de la CESSI. “La ley está vigente desde hace 15 años. Actualmente, 515 empresas podrían perder sus beneficios”.
La promoción paralizada es la continuidad de la ley 25.922, de promoción del software, sancionada en 2004 por impulso del entonces ministro de Economía Roberto Lavagna. Prorrogada con modificaciones en 2011 y 2013, multiplicó sus exportaciones por 7, para pasar de US$200 millones a US$1.500 millones anuales. La ley actual es mucho más amplia y abarca al software, informática, biotecnología, nanotecnología, industria espacial y satelital, servicios profesionales e industrias del entretenimiento y creativas, entre muchas otras.
Es un universo representado por Argencon, la cámara sectorial que hoy agrupa empresas de rubros muy diversos, entre ellos petroleras (Chevron y Exxon Mobile), bancos (JP Morgan), tecnológicas (Microsoft, Oracle, Mercado Libre, Despegar y Globant), consultoras (Accenture, PwC y Deloitte) y productoras de contenidos (Mundo Loco, la productora de Juan José Campanella).
AgendAR aplaudió en su momento la aprobación unánime de esta ley. Antes, en agosto del año pasado, habíamos publicado un informe muy optimista de la CESSI sobre la industria del conocimiento. Y seguimos pensando que Argentina debe avanzar en esta dirección: es el camino posible al desarrollo.
Al mismo tiempo, tenemos claro que en el gobierno se preguntan si empresas gigantescas, nacionales o no, deben tener los mismos beneficios pensados para firmas pequeñas y medianas y emprendedores. (El título de esta nota, curiosamente, lo tomamos de Clarín, que está a favor de la ley). Es un cuestionamiento legítimo, pero no debe impedir el desarrollo de un sector donde se juega parte del futuro de la Argentina.
