Carta abierta a Alberto Fernández: ARSAT – 1° parte

Abel
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Carta abierta a Alberto Fernández: ARSAT – 1° parte
  1. ¿QUÉ HACER CON ARSAT LOS 100 PRIMEROS DÍAS?

Los primeros 100 días de un “gobierno de rescate” como el parece venir suelen determinar el resto de su mandato. En el caso de la firma nacional de telecomunicaciones ARSAT SA, quizás Alberto Fernández logre que la empresa regrese a lo que fue hasta 2015, un tractor de las siguientes industrias y quehaceres argentinos:

  •  la de telecomunicaciones,
  • la espacial,
  • la informática
  • las culturales (TV y distribución de contenidos a cines)
  • la educación pública
  • la administración pública

Es desandar 4 años. No será fácil. “Pasaron cosas”.

Tras 4 años de administración hostil a los fines para la que fue creada, ARSAT llega así:

  • Perdió su principal entrada futura. Aunque su mayor ingreso legítimo, unos U$ 48 millones/año viene de la explotación de los satélites ARSAT 1 y 2, en 2016 el gobierno de Mauricio Macri abortó la construcción y despliegue del resto de la flota. Debía llegar a 8 aparatos de potencia y capacidades crecientes, según la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital 27208/15. De acuerdo a ella, desde 2017 deberíamos estar explotando el ARSAT 3 y hoy estar poniendo en órbita el 4. La expectativa mínima de ganancias de esa “media flota” en 2020 debería rondar los U$ 120 millones/año. Se debe retomar el plan, pero…
  • Epa, nos invadieron el cielo. Con diversas manganetas legales, el macrismo, vía el ENACOM (Ente Nacional de Telecomunicaciones), cedió gratis casi todo el mercado futuro de la firma criolla sobre suelo propio en favor de las multinacionales Eutelsat, Hispasat, SES, Intelsat y Telesat o de sus subsidiarias en la región (Hispamar, Eutelsat Américas). Lo hizo regalando permisos de servicio sin reciprocidad (por ende, ilegales) a 26 satélites, el último concedido a 2 semanas de irse. Un abogado, ahí.
  • Y nos invadieron el suelo. El macrismo cedió la zona cordillerana comprando 5000 pequeñas antenas satelitales de tierra en banda Ka a Hughes Space and Communications, y también el paquete de servicios de internet desde el satélite Hughes 63 West, sobre suelo chileno. Gauchita, ARSAT paga al usuario el primer año de servicio gratis…
  • Hughes no nos saca el ojo: el Ministro de Telecomunicaciones quiso regalarle, en 2017, TODAS las futuras misiones satelitales de ARSAT, con la creación de una sociedad mixta rarísima. ARSAT ponía el satélite 3 (un 85% de la inversión), Hughes las antenas (un 15%), y – ¡magia! – la firma yanqui se quedaba con el 51% de la compañía resultante. Aquel engendro contable rebotó por escándalo público. Pero el regalo de la Cordillera a Hughes, financiado por ARSAT, una colonización más insidiosa, eso pasó sin ruido.
  • ARSAT rifó sus frecuencias de aire. Vendió por $ 138,2 millones al Grupo Clarín sus frecuencias para celulares, compuestas por 120 MHz en la banda de 2,5 GHz y otros 20 MHz en la de 900 MHz. Clarín las compró a través de 5 fachadas: Trixco SA, Skyonline Argentina SA, Netizen SA, Infotel SA y Callbi. Al GDA (“el Gran Diario Argentino”) el ENACOM le da, generoso, la posibilidad de montar el despliegue territorial de su teleoperadora Nextel sobre el de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) de ARSAT. Onda que, si nosotros invertimos, ellos cobran. Si no invertimos, no pagan multas. ¿Subvención?
  • ARSAT de todos modos ya subvenciona al Gran Diario Argentino. Lo hace a través de contratos con la Red Intercable por uso de la REFEFO. Intercable la forman 230 PyMES de 580 ciudades en 21 provincias argentinas y llega a 610.000 hogares. Pero entre tanta cooperativa y cablera chica que cierra las cuentas gracias a nuestras tarifas promocionales figuran, como dragones en un gallinero, otras fachadas de Clarín, como Gigared en la Mesopotania y Video Cable Comunicación en la zona norte. Ergo, el 2do mayor multimedio de Sudamérica hoy paga $ 447 el “mega”, como si fuera una flaca cooperativa pueblerina. El precio anterior a las PASO era de U$ 10, pero fue pesificado y congelado. Clarín y la fusión de Cablevisión con Telecom devoran ancho de banda a lo grande, pagan una bicoca, cobran lo que se les da la gana al usuario final, y están eximidos de poner un mango en la ampliación y mantenimiento de la REFEFO, costos que sí son dolarizados y paga Papá Estado. Clarín ahora no descansa hasta quedarse con el servicio 5G.
  • ARSAT perdió su Data. Hoy no puede explotar su propio Centro Nacional de Datos o CND, o “El Data” en cortito. Costó U$ 70 millones y era el mejor y mayor del país. En 2016 El Data lo intrusó, estilo okupa, el Ministerio de Modernización, presuntamente a cargo de amputar ñoquis del estado federal. Modernización DUPLICÓ el personal del Data con tropa propia de lujo. Son unos 80, que suman un total de 180 inexplicables caras nuevas en toda la empresa. Los “ñoquis antiñoqui”: un oxímoron interesante.[1]  
  • Y El Data envejeció. En 4 años de explotarlo Modernización pagó a ARSAT un alquiler simbólico de U$ 1,1 millón/año. Modernización no puso un centavo real en modernizar el data, otro oxímoron.
  • El Data está usurpado. Vende servicios demasiado baratos a intendentes y gobernas del PRO (suman 600), o se subalquila a intermediarios que hacen negocios excelentes con NUESTRO equipamiento. A la red LoRa (Long Range o “de largo alcance”) le permite implementar negocios de IoT (Internet de las Cosas) con el sector agrícola, al cual LoRa le vende capacidades de Data Storage y Data Management para las cuales no tiene equipamiento. ¿Y para qué iba a tenerlo, si almacena esa información en el formidable Data de ARSAT? Es ARSAT la que tendría que estar vendiéndole directamente su “nube” informática al campo. El acuerdo ARSAT–CISCO para incorporar tecnología permitió configurar una segunda “nube” privada a un costo de U$ 1 millón, y adivine Ud. quién cobra y adivine quién paga (sí, Papá Estado). En contraste con tales subvenciones, los servicios de nube vendidos legítima y directamente por ARSAT antes de diciembre de 2015 fueron fragmentados y descuidados (“Hay otras prioridades”, dicen los nuevos mandones). El Data de ARSAT hoy está para que lo revendan terceros, no para que lo venda ARSAT como carozo de paquetes de nuevos servicios informáticos. El Data está colonizado y parasitado.
  • Perdíamos una posición. Degollado en la cuna el ARSAT-3 en 2016, en septiembre de 2019 Argentina volvía a estar a punto de perder (y por no ocuparla) la posición 81º Oeste en la banda Ka. Aclaración: la renta potencial de esa posición en todas las bandas puede ser la de una provincia chica. Y tras ella sigue, infatigable desde los ‘90, el Reino Unido.
  • Acaso para prevenir las seguras consecuencias electorales de ceder lo más valioso de esa provincia espacial argentina a Su Graciosa Majestad, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, alquiló a la firma luxemburguesa SES un “gap filler” o satélite interino por 7 millones de euros. Es el Astra 1H (sí, de Hughes). No es el primer “gap filler” en la historia de ARSAT. Entre 2006 y 2014 para proteger las posiciones la firma fue alquilando sucesivamente varios interinos en buen estado. Para cuidar la 71,8º Oeste alquiló el AMC-6, y para cuidar la 81º Oeste hasta 2015, todos estos: el Anik E2, el Galaxy 17, el SBS-6, el Galaxy 9, el IS-3R, el AMC -5 y el IS-603. Pagó U$ 5 millones de alquileres sumando los 8 interinos, pero además de cuidar nuestros territorios espaciales, ganó plata vendiendo servicios satelitales. ¿Qué secretos encantos tendrá el Astra 1H (sí, sí, de Hughes) para costar por sí mismo más caro que todos sus antecesores? Buena pregunta.
  • Respuesta “dark”: el sex-appeal de lo cadavérico. El Astra 1H ya sobrepasó en 5 años su estimación máxima de vida (15 años). Como no es Gilgamesh ni Highlander, sus capacidades están deterioradas. Y si muere en la posición sin ese último “suspiro” de combustible necesario para desorbitarlo y enterrarlo en “la órbita cementerio” (300 km. arriba de la geoestacionaria), nos entorpece para siempre la 81º Oeste. Queda ahí como un sarcófago en su living, lectora o lector. Lo cual no sería oxímoron, vocación vendepatria, avivada o mera y brutal estupidez, sino estafa y estrago doloso contra el estado, es decir delito.
  • La Televisión Directa por Aire (TDA) fue destripada de contenidos y amputada de medios, si nos pregunta por la relación de ARSAT con las industrias culturales. Es que la Televisión Pública no regaló sólo su atractor principal (“Fútbol para Todos”), sino también la programación educativa y cultural hecha en Argentina por los canales Encuentro y Paka-Paka como paradigmas. Con ello, se le fue casi toda su audiencia. Pero desde 2016 la TDA perdió también 8 de sus 94 antenas gigantes por falta de mantenimiento, y quedaron sin construir otras 15. Montadas sobre la REFEFO, estas emisoras daban servicio gratis de alta definición al 95% de la población, especialmente a jubilados y pobres a través de decodificadores “top-set” repartidos por el ANSES.  En 2016 quedaron 100.000 “decos” ya construidos y sin entregar… hasta las elecciones de este 2019. Ahí se revolearon 25.000: salieron “como pan caliente”.
  • En cuanto al rol de ARSAT en la educación pública, murió. El gobierno armó un despojo contra los adolescentes escolarizados humildes en favor de Microsoft, la 2da mayor empresa del planeta (valuada en U$ 946 mil millones). El robo fue la interrupción del Programa Conectar Igualdad (PCI). ARSAT era la pata técnica de esta iniciativa del Ministerio de Educación, iniciativa que el macrismo cerró después de que ésta repartiera más de 5,3 millones de computadoras cargadas de programas educativos a estudiantes secundarios pobres. En la percepción privatista de la educación de la que adolece el macrismo eso ya era mal visto, pero peor visto fue que el PCI no le pagara un centavo de licencias al Tío Bill (Gates) porque jamás usó sus sistemas operativos. Los detalles realmente fétidos del asunto, en la parte final de este artículo.

¿Cómo se vuelve de todo esto? Hay caminos.

(Continuará mañana)

Alfredo Moreno, informático, profesor de TICs en la Universidad Nacional de Moreno, delegado de ARSAT ante FOETRA.
Daniel Arias, periodista científico, ex RRII de ARSAT

(La segunda parte de este artículo está aquí; la conclusión, aquí)


[1] “Oxímoron” es una contradicción en término, como “muerte viva”, “guerra por la paz” y similares idioteces.

Aranceles para Argentina y Brasil – Interpretando los tuits de Trump

Abel
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Aranceles para Argentina y Brasil – Interpretando los tuits de Trump

La publicación digital Diagonales trae algunos de los análisis políticos más lúcildos que pueden verse en los medios. Reproducimos éste, y no sólo porque cita material nuestro. Agregamos al final un gráfico proporcionado por Alejandro Álvares (h), que muestra que Brasil es el exportador más perjudicado.

«El Jefe de Estado norteamericano Donald Trump ejerce lo que se denomina una diplomacia tuitera. Acorde a una administración híper personalista, donde la decisión final de los grandes temas no suelen ser consultados a los ministros involucrados en los pasos dados, el magnate hotelero suele utilizar la plataforma Twitter para comunicar acciones imprevistas y significativas de su política exterior.

Ayer lunes a la mañana el presidente de pelo anaranjado instrumentó una drástica suba del escudo proteccionista local contra exportaciones sensibles de Argentina y Brasil, específicamente en el rubro de acero y aluminio, donde los países grandes del Mercosur buscan crecer en grados de industrialización. El mandatario justificó su anuncio como una medida de contrapeso a la devaluación en curso de las monedas en nuestro país y en la nación vecina, un hecho que Trump interpreta como un capítulo de la guerra monetaria en curso.

«Brasil y Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas, lo cual no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, y con vigencia inmediata, restableceré los aranceles a todo el acero y el aluminio que se envíe a los EE. UU. desde esos países», tutieó el mediático presidente.

Donald Trump ha decidido dar un giro copernicano en la política comercial de su país con respecto a lo hecho por Barack Obama, la Casa Blanca pasó así de una visión globalista a defender un rígido esquema que combina aislacionismo, acuerdos de libre comercio a la carta con determinados bloques, y un amurallamiento proteccionista contra determinados bienes y productos. En ese sentido su anuncio sorprende porque parece afectar al Palacio Planalto, de un país pivote de sus políticas a escala regional desde que Jair Bolsonaro asumió el gobierno.

¿Por qué toma el horizonte mencionado Donald Trump? Varios especialistas en las relaciones económicas internacionales coinciden en señalar que en su decisión prima el interés por contrarrestar el ascenso de las posiciones chinas en el Cono Sur. Por caso, el diplomático y empresario Marcos Caramuru de Paiva, un hombre llegado a Bolsonaro, ex embajador en Beijing y miembro del influyente Consejo Empresario Brasil- China, advirtió días atrás que: “Para Brasil, China hoy es más importante que Estados Unidos”. El analista Abel Fernández interpretó esa declaración aseverando que: “Esa no es una frase descolgada. Los diplomáticos de carrera formados en Itamaraty (Cancillería de Brasil) no tienen ese hábito. Además este mes, el capitán Bolsonaro fue el anfitrión de los BRICS (bloque que articula a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y se sacó fotos muy sonriente con Xi Jinping y Vladimir Putin”.

Por su parte el profesor de la Universidad de San Martín Alejandro Frenkel suma a esos argumentos una cuestión más doméstica, la inminencia del proceso electoral en Estados Unidos: “Para mí la medida está motivada por tres razones principales: las elecciones en los Estados Unidos, de ahí la mención de Trump para beneficiar a los agricultores con la suba del arancel en el sentido de proteger el mercado interno por la devaluación de Brasil y Argentina. A su vez pesa el acercamiento entre Brasil y China, y por último la Casa Blanca envía un mensaje al presidente electo Alberto Fernández para condicionar sus negociaciones con el FMI y mostrar su desagrado con el presumible retiro de la agencia antinarcóticos DEA en la estructura del ministerio de Seguridad”.

Ese análisis motiva dos conclusiones para el especialista Frenkel: “El Mercosur sigue vivo. Dos, el acoplamiento a Estados Unidos no necesariamente trae réditos”.

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Gráfico de los principales exportadores de acero en el mundo:

Este gráfico muestra que Brasil -el 6° exportador global de acero, es el principal perjudicado por la medida de Trump.


En nuestro país, el presidente de ALUAR, Javier Madanes Quintanilla, trató de inoperante al Gobierno de Macri por su falta de previsión ante los nuevos aranceles al aluminio. «Estos contratiempos hay que tomarlos desde el lado de la política exterior, desde el punto de vista diplomático. La decisión de Estados Unidos no es cosa de un rayado. Hay detrás una estrategia que se lleva a cabo hace tiempo.»

La Universidad Nacional de Córdoba tendrá la supercomputadora más potente del país

Enrique
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La Universidad Nacional de Córdoba tendrá la supercomputadora más potente del país

El Centro de Cómputo de Alto Desempeño (CCAD) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) adquirirá una supercomputadora con una capacidad de cálculo de 65 teraflops (65 billones de operaciones), y será la más veloz de Argentina al servicio de la comunidad científico-tecnológica, según indicaron hoy fuentes universitarias.

El CCAD recibirá un subsidio de 368.000 dólares por resultar seleccionado en el Programa de Adquisición de Grandes Equipamientos (PAGE), una iniciativa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Secyt) de la UNC.

Marcelo Mariscal, director del proyecto ganador y vicedecano de la Facultad de Ciencias Químicas, explicó: «La ventaja de las supercomputadoras reside en que posibilitan realizar investigación de punta, reduciendo costos y tiempo, a través de simulaciones computacionales».

«Este equipo se usará en diversas disciplinas y aplicaciones, como en el diseño de materiales, diseño de fármacos, astrofísica, energías renovables, pero también podría dar soluciones a muchas pequeñas empresas», precisó Mariscal.

De acuerdo al informe de Unciencia, las supercomputadoras son imprescindibles para simular fenómenos complejos a través de modelos matemáticos, son capaces de analizar una multiplicidad de escenarios y evaluar el comportamiento de un sinnúmero de variables de manera virtual, sin necesidad de realizar físicamente una extensa serie experimental.

Su principal virtud es que utilizan en paralelo miles de procesadores para calcular un resultado, y de allí su gran velocidad: un modelo cuyo procesamiento requiere 24 horas de cálculo en una computadora personal, demora algunos segundos en una supercomputadora.

En el desarrollo de un producto, el tiempo ahorrado permite reducir los costos en las etapas de diseño, optimización, validación e incluso aplicación.

Oscar Reula, director del CCAD, aseguró: «En el diseño de un fármaco, para generar el efecto deseado, hay que encontrar una molécula que se una con otra de determinada forma. Con un banco de datos que contenga información de millones de moléculas, puedo simular las combinaciones y de todas las posibles quedarme con las más prometedoras».

«Recién ahí puedo empezar el experimento. Eso ahorra tiempo y dinero que, de la otra manera, llevaría toda una vida. Por eso, nosotros que tenemos poco dinero, debemos invertirlo justamente en estas cosas», justificó Reula.

El mundo PYME se prepara para el anuncio del gabinete

Abel
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El mundo PYME se prepara para el anuncio del gabinete

El presidente electo, Alberto Fernández, ha conseguido mantener la expectativa sobre el nombre del futuro Ministro de Economía y de muchos de los cargos clave en esa área. No es un logro menor, en una ciudad tan llena de ansiosos. Y de operadores.

Pero, es inevitable, las empresas, las cámaras y las asociaciones empresarias también lanzan sus propias iniciativas, sin esperar al próximo viernes. Hace algo más de un mes, se llegó a un acuerdo entre dos de las entidades más representativas en el ámbito nacional, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), «para compartir una agenda de cara al nuevo gobierno, ante la incertidumbre económica y política.»

El énfasis del acuerdo estuvo puesto en la participación de las federaciones, confederaciones y, en algún caso, de cámaras que reúnen a las empresas de todas las provincias. De todos modos, como resulta de su peso numérico y económico, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), tuvo un rol protagónico en esta unidad.

Su presidente -y secretario general de CGERA- Guillermo Siro, fue uno de los impulsores. También en su función de director de la Red de Centros de Formación Profesional de CGERA, que desde hace 12 años colabora con el Ministerio de Trabajo en la formación de empresarios y trabajadores. Hace pocos días, hubo una reunión de los funcionarios de las distintas provincias con responsabilidades en el área, con la presencia, entre otros, de Héctor Daer y Mario Oporto.

Esa Red de Centros de Formacion ha preparado, bajo la dirección de Siro, «EMPLEO 2020», un proyecto para una política de empleo, al que se puede acceder cliqueando aquí. Las empresas pyme se preparan para participar en el gigantesco plan de empleos que prepara el nuevo gobierno.

Alberto Fernández examina un plan para dar trabajo a 4 millones de personas

Abel
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Alberto Fernández examina un plan para dar trabajo a 4 millones de personas

El plan consiste en el desarrollo de miles de proyectos productivos en todo el país, coordinados desde el Estado y ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, sistematizando múltiples actividades. Las tareas previstas van desde la producción de alimentos saludables para proveer a las escuelas y comedores, hasta servicios de electricidad o plomería, o de cuidado de niños y personas mayores.

El presupuesto necesario para abarcar una parte importante de los excluidos del mercado de trabajo -unos 4 millones de personas- se estima en US$ 1200 millones anuales. Y se instrumentaría a través de ONGs y movimientos sociales.

Alberto Fernández instruyó a su equipo de colaboradores para trabajar en un plan de fomento y sistematización de la economía popular, con el objetivo de crear hasta 4 millones de empleos en un plazo de cinco años y reducir 10 puntos la pobreza.

El presidente electo recibió esta propuesta el martes 26, de manos de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Salvia concurrió junto al dirigente del Movimiento Evita Fernando «Chino» Navarro y ese mismo día habló con Daniel Arroyo, futuro ministro de Desarrollo Social, para trabajar en los detalles de la idea, que -se afirma- coincide con el diagnóstico del equipo de Fernández.

«Hay que pensar en un dispositivo institucional, que nosotros llamamos ‘empleo mínimo garantizado’, donde el Estado opere no como dador de empleo público, sino como facilitador de un sistema que brinde una remuneración equivalente a un salario mínimo.»

«La idea es que se desarrollen tareas y trabajos de alto impacto en materia de inversión en capital humano y capital social, en los barrios más pobres, e incluso que se desarrollen empresas sociales que brinden servicios a los sectores medios o a los sectores formales de las ciudades», es la explicación de Salvia.

En sus últimas apariciones públicas, el presidente electo hizo hincapié en el encuentro que tuvo con el director del Observatorio de la Deuda Social. «Estuvo toda la tarde conmigo, explicándome el plan para sacar a los argentinos de la postergación y darles un lugar. Un lugar no es un plan social, es darles sentido a sus vidas», contó el jueves, en la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Daniel Arroyo, a quien Fernández puso al frente de este tema en sus primeras decisiones, suele decir que la promoción de la economía popular es la única manera de perforar el piso de pobreza estructural, de alrededor del 25 por ciento.

«Después de dar el primer paso, que tiene que ver con atacar el hambre y frenar la caída, hay que apuntar a las situaciones de pobreza multidimensional», dijo el dirigente. La propuesta formará parte de las conversaciones del Consejo Económico y Social, que prevé crear Fernández.

«Partimos del diagnóstico sobre las dificultades que va a tener la economía para crear empleo para el 20 o 25% de la población económicamente activa, que está desocupado o haciendo trabajos de indigencia, incluso en un contexto de crecimiento, aumento de las exportaciones y reactivación del mercado interno. Esos desocupados no van a ser absorbidos por la pequeña o mediana empresa ni por las grandes empresas. Si no hay una política de generación de empleo en lo que llamamos la economía social, ese sector se va a ir incrementando», afirmó Salvia.

En el equipo que coordina Arroyo identifican cinco sectores de mano de obra intensiva a los que prevén apostar: la construcción a pequeña escala, la producción de alimentos, la producción textil, el reciclaje y las tareas de cuidado. «Son tareas en las que hay que dar capacitación y acompañamiento», dice el futuro ministro.

En la cartera de Desarrollo trabajará también el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, que quedará a cargo de la reformulación de los planes de empleo, unos 450.000, con el objetivo de que funcionen verdaderamente como programas productivos.

Para poner en práctica la propuesta de Salvia el Estado nacional debería invertir 1200 millones de dólares por año, lo que equivale al 0,3% del PBI. Según los cálculos del Observatorio de la Deuda Social, el plan podría generar recursos anuales de hasta el 0,5% del PBI y crear entre 500.000 y 800.000 empleos por año, es decir, hasta 4 millones en cinco años. «El objetivo es crear un puesto de trabajo por cada hogar pobre que tiene la Argentina», explicó Salvia, que presentará el plan el jueves, en la UCA, con la presencia de Arroyo y de referentes de distintas fuerzas políticas.

También quedarían incluidas actividades de forestación, recuperación ambiental de áreas contaminadas, asistencia al mejoramiento de espacios comunitarios, asistencia en materia de prevención de la salud, apoyo escolar, campañas de prevención y educación ambiental. «La idea es que sean tareas que puede llevar adelante la población de los barrios pobres, con mínima capacitación y con una organización que la pondría una ONG, una iglesia, un club o un movimiento social, para 30 personas como máximo», precisó Salvia. La ejecución de los fondos públicos quedaría a cargo de los municipios, encargados también de identificar las tareas a realizar.

Fernández y Arroyo, el día que se reunió la mesa de lucha contra el hambre; enfrente Salvia (de anteojos)

Chile: 45 días de un prolongado estallido social

Abel
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Chile: 45 días de un prolongado estallido social

Hace 45 días explotó la peor crisis social que ha vivido Chile​ en tres décadas. Marchas multitudinarias, violencia en las calles y denuncias de abusos policiales forman un desafío para el presidente Piñera que respondió al comienzo con una represión violenta. En muy poco tiempo vio que la protesta era demasiado multitudinaria para contenerla sólo con palos, pero ya era tarde. Desde entonces, ofrece gestos y promesas que no han alcanzado a detener las movilizaciones opositoras. Al mismo tiempo, siguen las denuncias por la violencia policial, inclusive torturas.

Las manifestaciones se concentraron ayer domingo en clamar por un «cumpleaños infeliz» a Sebastián Piñera​, en el día que cumple 70 años. Cerca de su casa, en un barrio acomodado de Santiago, los manifestantes mostraron su rechazo al mandatario frente a un amplio operativo de seguridad que impidió el acercamiento a la residencia

Los reclamos son heterogéneos, como también la forma de expresarlos. Desde marchas pacíficas hasta la destrucción de símbolos que sectores de la población chilena consideran ofensivos. Pero puede hacerse un cuadro de la situación que condujo a esta crisis y los motivos principales de las protestas. Repasamos lo que ya habíamos publicado en AgendAR:

El modelo económico chileno, heredado en sus líneas generales de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue aceptado luego por las fuerzas políticas principales de ese país, y elogiado por muchos extranjeros. Es cierto que proporcionó estabilidad y crecimiento económico modesto pero sostenido a lo largo de varias décadas. En 2019, con una inflación de 2% anual, se estimaba que el crecimiento alcanzaría al 2,5%, de los más altos en una región en crisis. Pero los indicadores sociales -salud, educación y jubilaciones- dejaban afuera a gran parte de la población.

En Chile se estaban incubando tensiones profundas, que hace 45 días empezaron a estallar. Reproducimos la crónica de los primeros días de furia, y detallamos algunos factores que en la mirada de analistas chilenos jugaron en esta crisis.

El conflicto se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del subte en 30 pesos chilenos, hasta un máximo de 830 pesos (US$ 1,17 aproximadamente). A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar «evasiones masivas» en el subte, levantando los molinetes para ingresar sin pagar. La situación fue agravándose a partir del 18 de octubre, cuando la violencia tomó las calles de la capital, Santiago, con la quema de diversas estaciones de subte y de ómnibus, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes ordenaron un toque de queda la tarde del sábado.

Pero el despliegue de militares armados y de dispositivos de los carabineros no logró frenar la furia de los manifestantes en varias ciudades de Chile. El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció en la noche del sábado la suspensión del alza en la tarifa del subte, afirmando que había escuchado «con humildad la voz de la gente». Sin embargo, ninguna de estas medidas y anuncios atenuó la furia de los manifestantes. El domingo, Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera. Las autoridades extendieron el toque de queda en la Región Metropolitana de Santiago, desde las 19:00 hora local hasta las 6:00 del lunes; y en las regiones de Concepción y Valparaíso, desde las 20:00 hasta las 6:00 del lunes. Ese lunes se suspendieron las clases en Concepción y en 43 comunas de Santiago.

Poco después, también se anunció toque de queda desde las 20:00 del domingo hasta las 6:00 del lunes en las ciudades de Coquimbo y La Serena, ubicadas a unos 470 km al norte de Santiago; y en Rancagua, unos 90 km al sur de la capital. Pese a todo, las manifestaciones no se apaciguaron.

Piñera anunció por TV el domingo que  «estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible». El gobierno chileno confirmó también el lunes la muerte de al menos 11 personas durante las protestas.

Los motivos más mencionados:

1. La desigualdad. Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del subte es solo la «punta» de los problemas que aquejan a los chilenos. La palabra «desigualdad» se ha apoderado del debate en estos últimos días. Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.

Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$ 423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$ 562) al mes.

Con este salario, se alega que un alza en el pasaje es insoportable. Más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio. Así lo determinó un reciente estudio de la Universidad Diego Portales, de un total de 56 países alrededor del mundo, Chile es el noveno más caro. Así, hay familias de bajos recursos que tienen que gastar casi un 30% de su sueldo en transporte.

Cristóbal Bellolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, asegura que «este es un problema estructural del sistema socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a pesar de que hay mucho menos pobreza que antes. La situación de aquellos que salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se percibe que hay una clase de ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas», agrega. Para Bellolio, el alza en el pasaje del subte se suma al incremento en el costo de la luz, del agua y a la crisis en el sistema público de salud. También tiene que ver con las jubilaciones: hace bastantes años que Chile está discutiendo una reforma al sistema de pensiones privado. (Las AFJP que implantó Cavallo estaban inspiradas en el sistema chileno).

Una opinión similar tiene Claudio Fuentes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. «Hubo un gran crecimiento de la clase media pero es una clase media precarizada, que tiene bajas jubilaciones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. Es una situación donde el día a día es precario, que vive con incertidumbre».

2. Los errores de Sebastián Piñera. Tanto la oposición como algunos de sus propios partidarios han coincidido en que la actual administración reaccionó tardíamente a las manifestaciones. «No hubo explicaciones claras sobre el alza de la tarifa y se demostró una falta de empatía con los problemas de la gente». De hecho, ante las primeras protestas, ministros del gobierno de Piñera sugirieron tomar el subte más temprano, a las 7 de la mañana, para evitar pagar el aumento.

  Además, se ha cuestionado que las autoridades se limitaron a amenazar con la Ley de Seguridad del Estado, sin abordar el fondo del petitorio, y calificando a los manifestantes de «delincuentes» en repetidas ocasiones. «Fue una protesta lenta, que subió en intensidad gradualmente, con muchos momentos para reaccionar. Pero no hubo más que dos respuestas: la tecnocracia y la represión. El panel de expertos define la tarifa, las Fuerzas Especiales la hacen cumplir. Planillas Excel y palos, mientras la política permanece ciega, sorda y muda», dice el periodista Daniel Matamala en una columna a La Tercera. En particular, el presidente Piñera ha sido fuertemente cuestionado luego de que el viernes —mientras se incendiaban varias estaciones del subte— se le vio cenando en un restaurante de Vitacura (una de las comunas más ricas de Santiago), celebrando el cumpleaños a uno de sus nietos.

3. La decepción con la dirigencia política en general. La oposición tampoco se ha librado de las críticas: se ha dicho que reaccionaron tarde y que no han hecho nada para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Hace años que la clase política chilena viene prometiendo mejoras. Se han anunciado reformas educacionales, constitucionales, tributarias y a la salud pero muchas de ellas no han logrado cumplir con las expectativas de la sociedad. El descontento social, entonces, se ha traducido en este estallido que está terminando con la destrucción de un centenar de espacios públicos en distintas ciudades de Chile.

Las expectativas generadas por los dos gobiernos de Michelle Bachelet (de 2006 a 2010, y luego de 2014 a 2018), y luego por los de Sebastián Piñera (quien también lideró el país en un período anterior, entre 2010 y 2014), son una causa importante que puede explicar esta «furia». «Si Bachelet 1 y Piñera 1 fueron símbolos de cambio (la igualdad de géneros, la alternancia en el poder), Bachelet 2 y Piñera 2 agotaron el stock de esperanzas. Hace tiempo se incuba el ruido sordo de la falta de un proyecto país, de un camino al desarrollo, de una meta compartida que dé sentido a las penurias cotidianas», dice Matamala. Además, es importante recordar que Piñera antes fue reconocido por su capacidad para generar empleos y mejorar la economía. Durante su primer gobierno, de hecho, ése fue su gran logro. Esta vez, la gente esperaba lo mismo y, hasta el momento, la realidad económica ha estado por debajo de las expectativas que tenía la sociedad chilena.

4. La rebelión estudiantil. Las protestas y manifestaciones han sido lideradas, principalmente, por estudiantes. La primera «evasión masiva» fue el lunes 7 de octubre, liderada por estudiantes de liceos emblemáticos, principalmente del Instituto Nacional. Este establecimiento fundado en 1813 ha protagonizado violentas protestas en los últimos meses. Sus quejas tienen que ver con la «falta de recursos» en la educación chilena y la falta de cuidado en las aulas de clases. Según asegura el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, los desmanes ocurridos en los últimos días en Chile son resultado, en parte, a la aparición de una nueva generación «que se manifiesta cada vez con mayor intensidad». «No es casualidad que todas esas formas de protesta violenta sean protagonizadas por jóvenes».

Una de las manifestaciones más importantes en Chile desde el retorno a la democracia también fue liderada por estudiantes. La llamada «revolución pingüina» (por el uniforme de los estudiantes secundarios), ocurrida en 2006, generó un importante precedente respecto a la demanda social de mejorar la educación. Luego, en 2011, esta petición se incrementó con un movimiento estudiantil que también generó grandes manifestaciones y que tuvo al primer gobierno de Sebastián Piñera en jaque.

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¿UNA «PRIMAVERA SUDAMERICANA»?

Comenzó -si es que puede hablarse de un comienzo- con masivas protestas contra el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador. Siguió la disolución del Congreso en Perú. Chile era presentado como un «oasis» en América Latina, está en conmoción desde hace un mes y medio. En Colombia vemos un cuadro similar. Y en Bolivia, después de casi 14 años en el gobierno, Evo Morales ha sido desplazado por un gobierno autonombrado que desató una represión violenta contra los partidarios de Evo. Era inevitable que el periodismo internacional recurriera a la imagen de la «primavera árabe». Que, recordemos, terminó mal.

Cae la cantidad de adultos jóvenes argentinos con estudios universitarios completos: 14%

Enrique
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Cae la cantidad de adultos jóvenes argentinos con estudios universitarios completos: 14%

Apenas el 14% de los jóvenes de 25 a 29 años de edad finalizó el nivel superior o universitario, indica el último informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, en base a cifras publicadas por el INDEC.

Al comparar este indicador, cuya última medición data del 2018, con el correspondiente al 2016, se observa, además, que disminuyó el porcentaje de habitantes de 25 a 29 años de edad con nivel universitario completo, pasando del 15,5% en 2016 al 14% en 2018.

La escasa graduación en el nivel educativo superior se manifiesta claramente en la comparación con otros países. El porcentaje de personas de ese rango etario que completó estudios en el nivel superior llega al 70% en Corea del Sur; al 47% en los Estados Unidos, y al 44% en Francia, según informa la OCDE. En nuestra región, Chile, con un 30%, y Colombia, con un 28%, superan el estándar de nuestro país.

En paralelo, el 90,6% de los argentinos desocupados se divide en partes semejantes entre los que cuentan con estudios secundarios completos y los que no. Mientras tanto, sólo el 9,4% de los desempleados es graduado del nivel terciario o universitario, según datos del estudio “Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH). Segundo trimestre 2019”, del INDEC.

“Los cambios tecnológicos se aceleran y sus resultados ya están a la vista. Se están eliminando empleos no calificados y aumenta la demanda por trabajadores con mayor preparación. La segmentación del mercado laboral en función del nivel educativo va generando núcleos duros de desocupados que no tienen un nivel de educación suficiente. Esta situación reviste una especial crudeza en el caso de los jóvenes”, subraya Alieto Guadagni, el director del CEA.

Desde AgendAR planteamos que estas cifras deben hacer que también las universidades deben repensar su función educativa. El título universitario hace mucho que no es garantía de un buen trabajo. Y mucho menos de un determinado status en la sociedad.

Comercio exterior: ¿vuelven trabas a las importaciones?

Enrique
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Comercio exterior: ¿vuelven trabas a las importaciones?

Lentamente, la gestión de Alberto Fernández va plasmando en políticas concretas algunos de los conceptos formulados en el discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa. La estrategia de «poner de pie a la industria», combinada con el objetivo primario de «cuidarlas reservas» puede leerse hoy como la vuelta o profundización de la administración del comercio exterior.

La primera señal del cambio de tendencia la advirtieron algunos despachantes de aduana el viernes pasado, al tomar nota de que los trámites realizados a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), tanto con licencias automáticas como no automáticas (LNA), venían observados y por lo tanto, frenados. Hasta la gestión de Cambiemos, las licencias automáticas salían en 24 horas si toda la información está presentada en tiempo y forma, mientras que las LNA se aprobaban en un plazo máximo de 72 horas.

Ahora el Ministerio de Desarrollo Productivo admite que «habrá un proceso de administración del comercio«, pero basado en las SIMI, que «puso el Gobierno anterior y no nosotros», recuerdan.

Conscientes de que el control de importaciones vía LNA generó en el pasado un cúmulo de quejas, más por los modales y ciertas arbitrariedades que por el sistema en sí mismo, en la cartera a cargo de Matías Kulfas señalan que se van a aprobar «dentro del plazo de 60 días, establecidos por la Organización Mundial de Comercio».

Rubén García, titular de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), aseguró que «hay que tener calma» porque «al día de hoy (por ayer) todavía no hay autoridades formalmente designadas en el área de Comercio Exterior».

En ese sentido,reconoció que hasta el lunes 23 las licencias «venían saliendo muy rápido» y dijo no tener evidencia que las licencias estén trabadas. Hacia adelante, agregó: «No creo que cambien el sistema», pero lo cierto es que hoy, si a un importador le falta apenas un anexo, la licencia se cae.

Distinta es la mirada de los fabricantes de bienes de capital. Nucleados en CARMAHE, la cámara de las máquinas herramienta, varios empresarios recibieron mensajes de whatsapp de sus despachantes de aduana, alertando que «todas las SIMI (con y sin LNA) -pedidas el jueves 26- figuran observadas».

Un empresario metalúrgico que importa regularmente insumos y bienes de capital, afirma que «es muy difícil desde un escritorio entenderlos requerimientos de la industria». Y explica: «Si yo necesito una mesa corte y se fabrican en el país, lo van a observar pero por ahí la industria necesita 100 mesas y acá se fabrican 10».

¿Usaste alguna de estas contraseñas? Cambiálas, porque son las peores del 2019

Enrique
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¿Usaste alguna de estas contraseñas? Cambiálas, porque son las peores del 2019

Año tras año, los análisis muestran que millones de personas eligen contraseñas débiles para proteger sus cuentas. ESET, una empresa especializada en seguridad digital, publicó un post contando cuales son las más frecuentes y, por lo tanto, las más inseguras.

A partir de un análisis sobre un total de 500 millones de contraseñas que se filtraron en varias brechas de datos a lo largo del 2019, NordPass descubrió que “12345”, “123456” y “123456789” eran las más utilizadas. Entre todas, estas contraseñas compuestas por cadenas numéricas se usaron para “asegurar” un total de 6.3 millones de cuentas. El resto de la lista de las contraseñas siguió con “prueba1” y “contraseña”.

La tabla también contiene otras contraseñas comunes: como son “asdf”, “qwerty”, “iloveyou” y otras alternativas más. “Nuevamente la utilización de contraseñas extremadamente fáciles de vulnerar lidera las opciones más elegidas del listado, incluidas cadenas numéricas simples y nombres comunes. La misma imagen se repite cada año en las listas de las contraseñas más utilizadas, como fue el año pasado, el año anterior, etc. Desde ESET recomendamos contar con una contraseña fuerte, así como utilizar el doble factor de autenticación en las cuentas para proteger los datos personales”, dijo Camilo Gutiérrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

La lista:
 12345
123456
123456789
test1
Password
12345678
Zinch
g_czechout
Asdf
Qwerty
1234567890
1234567
Aa123456.
iloveyou
1234
abc123
111111
123123
dubsmash
test
princess
qwertyuiop
sunshine
BvtTest123
11111

La documentación CANDU pertenece a la Argentina

Abel
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La documentación CANDU pertenece a la Argentina

Ayer AgendAR publicó un comunicado de la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA Y LA ACTIVIDAD NUCLEAR (APCNEAN) El gobierno ordena destruir documentación sobre la central CANDU. El actual Subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano @jgadano desmintió enérgicamente la noticia con un tuit, al que añadió otro que hablaba de la «toxicidad de algunos nichos nacionales» (?).

Lamentablemente, ambos tuits ya no pueden verse. A las pocas horas, puso su cuenta «protegida», es decir, con contenido invisible, salvo para «seguidores aprobados».

De todos modos, nosotros contestamos en el día:

Para acceder a la denuncia de APCNEAN y al GDE (Gestión Documental Electrónica), Respuesta nota NA-SA n° 441 – DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS, cliquear aquí.

Y como nos tomamos en serio nuestra tarea como portal de noticias, le pedimos a Daniel Arias un informe más completo sobre el tema. Es este, y es largo, complejo y rico para los intereses argentinos.

ooooo

«Escándalo atómico: a doce días de la jura del próximo gobierno nacional, es decir el pasado viernes 29, se destapó una orden dada a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN): Hay que destruir documentos de licenciamiento de una central CANDU. La APCNEAN nos mandó la información el sábado 30 y la publicamos de inmediato.

Si algo puede ponerle los pelos de punta a APCNEAN es otro intento (en este caso, aparente) de enterrar y olvidar la 4ta central CANDU. Ése es un proyecto de 2014 que, por su autonomismo tecnológico y capacidad de dinamizar la industria y generar empleo en AgendAR venimos defendiendo a capa y espada desde mayo de 2018, cuando el entonces Ministro de Energía, Juan J. Aranguren, la canceló.

Hay que aclarar que la orden de destrucción de documentos existió (pruebas, aquí), y también que es vieja (tiene al menos 6 meses) e incluso irrelevante (la documentación a destruir está muy desactualizada).

También conviene aclarar que la ARN desobedeció, y en su derecho: su incumbencia es la seguridad nuclear. La ARN no se subordina a Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA): sólo depende de la Presidencia de la Nación. Y aunque las instrucciones vinieran desde ahí, la ARN sería muy remisa a destruir documentación sobre licenciamiento. Vieja o nueva, pertenece al estado argentino, no a un gobierno.

De la ARN se habla poco porque habla poco. Hereda virtudes de sus dos antepasados evolutivos, organismos entonces internos de la CNEA: el CALIN (o Comité de Licenciamiento) y la Gerencia de Radioprotección, que dieron pruebas históricas de poder romper lanzas con la presidencia de CNEA e incluso (Raúl Alfonsín lo probó en carne propia en 1987) con la de la Nación si algo no les gustaba. Ahora que es independiente de la CNEA, la ARN sigue siendo una repartición chica, pero tan masticable como un canto rodado.

La documentación referida al escándalo de ayer la suministró en 2015 la firma CANDU Energy. Se la entregó a la ARN y a NA-SA, cuando todavía funcionaba a todo vapor un proyecto que en AgendAR llamamos el “Deme dos”, y al que querríamos volver de todo corazón.

El “Deme dos” consistía en comprar a la China National Nuclear Corporation (CNNC) su central Hwalong-1 de 1140 MW de uranio enriquecido, adquisición que inevitablemente en Argentina suponía una doble disrupción: la CNEA tomó desde 1967 la decisión del uranio natural, para no depender de los países que dominan el enriquecimiento. Esa es la primera y más fuerte.

La segunda disrupción es que el asunto Hwalong-1 era demasiado “llave en mano” para los usos y costumbres nucleares criollos: en Atucha I, nuestra primera compra, la participación de la industria nacional estuvo en el 31%, en Embalse fue mayor al 50%, y en Atucha II terminó en un 70% largo.

La Hwalong-1 se venía más peleada, más “llave en mano”: la CNNC apuntaba a darle a la Argentina sólo la obra civil (hormigón) y reservar para China los componentes específicamente nucleares, así como el llamado BOP o “Balance of Plant”, básicamente el turbogrupo generador. Así planteada la cosa, la industria argentina quedaba con porcentaje chico de la obra, pero a decidir por NA-SA, porque la firma argentina quedaba como arquitecta de obra: decidía sobre proveedores.

En 2014 NA-SA podía, además, pelear por una transferencia de la tecnología de fabricación de los combustibles incluida en el precio. No es poco: una Hwalong-1 dura 60 años en operaciones, y cumplido su ciclo el combustible que haya quemado es 3 veces el precio del equipo. Los elementos combustibles son manufacturas metalúrgicas muy sofisticadas. Si los fabrica uno, como aquí lo hace CONUAR, aunque se deba importar el uranio enriquecido (que viene a ser una parte del costo) la mayoría de la plata y el trabajo calificado quedan aquí.

Lo que motivaba más a los que negociaban del lado argentino era que dentro del mismo paquete de financiamiento (muy blando) por U$ 14.300 millones quedaban libres U$ 6400 millones para construir una central CANDU de marca propia, con un 85% de componentes nacionales. De ahí que hayamos bautizado a ese plan como el “Deme dos”.

Si con la Hwalong-1 celebraban sólo las empresas de construcción, la UOCRA y el consumidor de a pie, por electricidad barata y con un 93% de disponibilidad calculada, con la CANDU “Proyecto Nacional” podían destapar champagne unas 130 empresas calificadas por la ARN en ingeniería, montajes, componentes metalúrgicos, metalmecánicos, electromecánicos, electrónicos, informáticos, de instrumentación, y todos sus respectivos gremios. Esta segunda máquina generaría 7000 puestos directos directos de trabajo calificado durante el pico de construcción, y además una marca argentina. Por algo el ingeniero José Luis Antúnez, a la sazón presidente de NA-SA, la llamó “Proyecto Nacional”.

¿Qué rol cumple Canadá en esta operación donde los chinos hacen de banco y la Argentina pone el “know-how”, los fierros y el trabajo? CANDU Energy es la empresa residual sobreviviente a la quiebra de AECL, la inventora de las centrales CANDU, la única marca de éxito internacional en centrales de uranio natural. NA-SA les tenía reservado un rol de asesoría, quizás obviable. Los canadienses suministraron documentación vieja, correspondiente al modelo CANDU 6 “pre-Fukushima”, inservible para un licenciamiento por la ARN.

CANDU Energy puede pedir hasta el cansancio que esas carpetas y drivers se destruyan: no tenemos la obligación de hacerlo, y además ningún diseño anterior a 2011 tiene hoy valor comercial alguno. El valor promedio del megavatio nuclear instalado creció un 23% a dólares constantes, desde aquel año, y por mejoras en los sistemas de seguridad.

El “no manden fruta” que NA-SA le hizo llegar a los canadienses en aquella ocasión dio origen a talleres conjuntos entre CANDU Energy y la ARN. De ellos surgió nueva documentación, esta vez valiosa y reservada: tiene las claves para licenciar una CANDU “Nac & Pop” con todas las innovaciones y adaptaciones de seguridad post-Fukushima. Lo clave del caso es que se haga o no se haga esa máquina, tanto la primera como la segunda tanda de documentos técnicos son propiedad del estado argentino, y pedir que se destruya no sólo va contra derecho sino contra toda lógica, y además contra la cultura organizacional de la ARN y del Programa Nuclear Argentino. ¿Y si la central “Proyecto Nacional” resucita?

Alguien la mató, pero ese alguien se está por ir.

El escándalo en su contexto

Lo expuesto da cuenta de la reacción durísima de APCNEAN cuando “les filtraron” un GDE (Gestión Documental Electrónica) Nro. 441 de NA-SA, con fecha del 19 de noviembre pasado, pidiendo a ARN la destrucción de 24 archivos detallados en adjunto.

Lo que nos explicó la ARN es que esas 24 carpetas no son las que importan, y de todos modos no piensa destruir nada, dicho por el ing. Néstor Masriera, quien dirige ese organismo. Organismo que además no recibe órdenes de la Secretaría de Energía, ni del subsecretario de Energía Nuclear, el sociólogo Julián Gadano.

Este ayer twitteó: “Circula una información de que el directorio de NASA, la Secretaría de Energía o yo mismo, hemos dado instrucciones de destruir documentación técnica sobre contratos nucleares. Lo desmiento categóricamente. Afirmar una cosa así sin pruebas es, como menos, muy irresponsable”.

Pruebas hay. De todos modos el escándalo de ayer tiene miga, porque la inquina de la Secretaría de Energía y del subsecretario de Energía Nuclear contra la CANDU Proyecto Nacional está fuera de discusión. En realidad, es una expresión moderna de un sistema de grietas viejísimo del Programa Nuclear: el bando de los reactoristas vs. el de los “combustibleros”, el de “lo compramos allá” vs. el “lo desarrollamos aquí”, el de los defensores del uranio enriquecido vs. el del uranio natural. Coincide totalmente con los convencidos de que el futuro es la Hwalong-1, y los que somos partisanos de una CANDU nacional. “Grosso modo”, también con la grieta de nuestra burguesía: Chicago Boys contra keynesianos, neoconservadores vs. industrialistas. Hay una diferencia: la cultura de autonomía tecnológica que dejó Jorge Sabato todavía impera en el ámbito nuclear criollo y logra fenómenos socialmente curiosos: profesionales que de puertas para afuera son liberales de manual, y de puertas para adentro, estatistas duros.

Con la presidencia de Mauricio Macri esa pulseada más o menos fraterna (“somos todos nucleares”) fue atravesada por la Secretaría de Energía, reducto petrolero donde además hoy operan dos embajadas, a falta de una. El paralelogramo de fuerzas explica las idas y vueltas del actual gobierno frente al plan “Deme dos”.

Entre 2016 y 2017, el entonces Ministro de Energía, ing. Juan J. Aranguren, se limitó a demorar el plan “en bloque”: iba a China y volvía “con grandes rebajas” para la CANDU (porque le quitaba a IMPSA y CONUAR la construcción de los generadores de vapor para dársela a China), pero en mayo de 2018, con el gobierno naufragando en deuda nueva, Aranguren canceló definitivamente el plan CANDU y se quedó con la Hwalong-1.

Luego el ministerio desapareció y se volvió la vieja Secretaría de siempre, petrolera de alma, para la cual 1000 megavatios nucleares son 1600 millones de metros cúbicos de gas que no se venden. Pero con el país tomando a borbotones deuda tóxica con el FMI, en ocasión de la extravaganza de la reunión de la OCDE en Buenos Aires, los chinos se enteraron por los diarios y de boca del Canciller Jorge Faurie que la Hwalong-1 TAMPOCO se hacía. El FMI tira más para EEUU que para China, y aunque EEUU está fuera de competencia nuclear desde 1989, no quiere tecnología china aquí en lo que aún cree su “backyard”, su patio trasero sudaca.

La Hwalong-1, lector, de todos modos puede darla por comprada y construida. A Alberto Fernández no hace falta venderle esta máquina. Es un tipo realista, y China es nuestro principal comprador de soja y carne, el financista del Ferrocarril Belgrano Cargas, el constructor de las represas en el río Santa Cruz, próximamente dueña del dragado y peaje del Paraná y además es tomador y garante de nuestra deuda externa. Empezamos a formar parte del “Commonwealth Chino”, dicho sin entusiasmo alguno.

Probablemente, cuando Gadano se vaya de NA-SA, cuya presidencia se autoasignó, haya que revisar cosas que cambiaron para mal: la constructora argentina de centrales nucleares debe seguir teniendo la dirección de obra, que pasó mágicamente a la CNNC. El paquete de tecnología por los elementos combustibles debe venir incluído en el precio final de la máquina, en lugar de cobrarse aparte, como dijo en este portal el «combustiblero» Dr. Carlos Aráoz, uno de los pocos «12 discípulos de Sabato» que sigue aquí y dando pelea. Hay que recordar aquel adagio de Jack Kennedy: «Nunca tengas miedo de negociar, pero nunca negocies con miedo».

Sumando todo, no podemos no comprar la Hwalong-1, aunque aumente nuestra dependencia de China. Pero ahora es difícil que ese país quiera financiar la CANDU Proyecto Nacional. ¿Qué ganaría ahora con ello? Una central de marca propia en Sudamérica, aunque sea una curiosidad que no logre salir del mercado interno argentino, a la CNNC le resulta un competidor más. Hoy por hoy no sobran compradores de centrales nucleares en Sudamérica.

Dicho por el ingeniero Jorge Luis Antúnez, el hombre que cumplió con la misión imposible de terminar Atucha II, una CANDU “Nac & Pop” puede hacerse sin China. Es fácil de construir para la industria argentina y se puede financiar en pesos: el 85% de la máquina es nacional, salvo por el turbogrupo. Además se puede desacoplar la tarea en dos etapas: en la primera, se fabrican y acopian los componentes y sistemas. En la segunda etapa, suponiendo una economía nacional menos moribunda, se puede encarar la obra civil y el montaje. Es repetir la historia de Atucha II pero comprimida quizás en 2 períodos presidenciales, en lugar de en 27 años.

Dice Antúnez: “El Proyecto Nacional lo podemos tener en el freezer el tiempo que querramos. Pero si desaparece la documentación para su licenciamento, va a la morgue. No resucita”.

Las buenas noticias son que la documentación que importa sigue bajo custodia. Puede ser que este episodio termine en pericias informáticas de resultado impredecible: ¿quién le ordenó qué a quién? El problema a discutir es otro: por qué gente intachable de la comunidad nuclear, como la dirigencia de APCNEAN, creyó y cree que hubo/hay una tentativa rara en este asunto. Lo cual nos lleva de cabeza a un inevitable “argumentum ad hominem”.

Prendido con alfileres a un cargo que lo excede, el sociólogo Gadano, al frente de la mayor concentración de expertos atómicos del Hemisferio Sur, nunca tuvo autoridad propia: acata la de la Secretaría de Energía, que a su vez es reporta a dos embajadas y a las petroleras multinacionales de siempre. Esto explica que su gestión haya sido tan disruptiva para un Programa Nuclear que en 2014 parecía definitivamente salido de terapia intensiva y trataba de recuperar su vieja y potente musculatura de los ‘60.

Apunto al énfasis que tuvo Gadano desde mayo de 2018 en hablar pestes de lo más independiente y fundacional del Programa Nuclear Argentino: su opción por el uranio natural y su desprecio por la tecnología CANDU. Desde que Aranguren hizo oficial que Atucha III CANDU estaba muerta, Gadano repetidamente llamó a este proyecto “el Ford Falcon”, o “un auto con carburador”, y no dejó de opinar en toda ocasión que pudo que era una vía muerta. Pero es peor lo que hizo que lo que dijo: cerró la Planta Industrial de Agua Pesada, PIAP, la mayor del mundo en su tipo y una joya tecnológica. Sin agua pesada, una central de uranio natural no funciona.

La realidad desmiente sin esfuerzo los dichos de Gadano: la India tiene 12 copias “no oficiales” del CANDU canadiense pedidas, 6 de ellas en construcción y 22 más activas. China, cuya autoridad regulatoria ya aceptó 2 CANDU canadienses de 1000 MW para sumar a las 2 de 740 MW que compró durante el pasaje de siglo, viene a ser otro ejemplo de que el muerto del que habla Gadano goza de buena salud. Remata la lista Corea, con 4 CANDU, y tan contento con esos fierros como para relicenciarlos para una 2da vida de 30 años, cumplido el primer ciclo de vida (también de 30 años). Que es lo que se hizo aquí en Embalse entre 2014 y 2018.

Retubar Embalse, llena de «zonas calientes» tras 30 años de operaciones, fue, efectivamente, una tarea más compleja y ardua que hacerla por primera vez. El retubamiento mostró que centrales CANDU podemos construir una o muchas, con ayuda técnica o sin ella. Prósperos o pobres, sabemos cómo.

Esos son los hechos de ayer, y su contexto.»

Daniel E. Arias

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