La petrolera francesa Total Austral pisó el acelerador en la producción de gas de Vaca Muerta y pasa a la fase de desarrollo masivo, industrial, en el área Aguada Pichana Este (APE).
Así lo asegura el director general de Total Austral, Dominique Marion. “Pasamos a una primera fase de desarrollo industrial en APE desde hace un año e hicimos por ahora 40 pozos y tenemos 20 más para hacer en el futuro”.
A mediados de 2017 el enorme bloque Aguada Pichana fue dividido en dos concesiones no convencionales y desde Total Austral se asumió la operación de Aguada Pichana Este, en sociedad con Wintershall DEA, YPF y Pan American Energy (PAE). La otra mitad de la vieja área es Aguada Pichana Oeste (APO) que es operada por PAE en un consorcio que integran también Total Austral e YPF.
A poco más de un año y medio del otorgamiento de esa concesión, desde Total Austral se decidió apostar al desarrollo del bloque que operan y en donde Marion explicó que “la inversión total va a ser de 1.000 millones de dólares, 400 millones para la primera etapa y 600 millones para la segunda etapa. Van a ser tres años de desarrollo”.
“Ya empezamos la segunda etapa a principios de este año, podría estar terminada en 2021 ó 2022 dependiendo del ambiente y de si somos capaces de poder vender el gas porque se sabe que hay sobreoferta de gas en el mercado”, indicó Marion y agregó que “nuestro desafío hoy es vender el gas y no tanto ponerlo en producción”.
El programa de 1.000 millones de dólares comprende en detalle dos fases de desarrollo: la primera de 20 pozos que ya fue completada y la segunda por otros 40 pozos que es la se encuentra a mitad de camino. “Ya hicimos los 20 primeros pozos y por ahora estamos cerca de la mitad porque perforamos 16 de la segunda fase y hay 24 más que perforar”, detalló el director general de Total Austral. Y señaló que “esta inversión es para la perforación, los caños para conectar y gasoductos. Pero no incluimos una planta de procesamiento en esto, porque la planta ya la tenemos”.
Marion remarcó que “estos pozos son para llenar la planta que tenemos, por ahora con esta planta estamos bien porque puede producir 14 millones de metros cúbicos y tenemos una capacidad importante”. Precisamente según la producción de agosto el bloque sumó entre shale y tight gas un total de 9,7 millones de metros cúbicos por día, por lo cual aún queda espacio para continuar sumando producción.
Además el director advirtió que “con estos pozos se va a compensar una declinación en la producción convencional. La idea es llenar la planta si podemos vender el gas”.
Marion remarcó que en líneas generales en Vaca Muerta “mantenemos capacidad en gas pero dependiendo del precio y la economía, vemos más visibilidad en el petróleo hoy. Hay un gran potencial en el petróleo si las condiciones son estables”.
El Frente Sáenz Gobernador, que encabeza -obvio- el actual intendente de Salta Capital, Gustavo Sáenz, resulta el claro ganador de las PASO salteñas, con un 42,9% de los votos. Segundo aparece el Frente de Todos, que llevó dos fórmulas, que entre ellas suman el 32,1%. Tercero, el Frente Olmedo Gobernador, con el 19,44%.
Como se explica en el detalle que publicamos ayer de los frentes y partidos que competían en estas primarias, las fuerzas políticas nacionales se sumaron a las locales en los diversos frentes que compitieron ayer. Gustavo Sáenz, que viene del peronismo, fue el candidato a vicepresidente de Sergio Massa en las presidenciales de 2015. En esta elección Antonio Marocco, del PJ, lo acompaña como vice. Pero la opción nacional que lo apoyó es el PRO, además de una multitud de partidos locales y agrupaciones vecinales.
El Frente de Todos, apoyado, claro, por el PJ, partidos locales y agrupaciones municipales, llevó dos fórmulas. Una, encabezada por Sergio Leavy, que había sido elegido candidato a senador nacional en las PASO nacionales del 11 de agosto pasado, y el ex ministro de Economía de la provincia, Emiliano Estrada. La otra, por el actual vicegobernador, Miguel Isa, acompañado por la dirigente social Lucía Doljanín.
El Frente Olmedo Gobernador, fue formado por Unión Cívica Radical y, como en los otros casos, expresiones locales, como el tradicional partido Renovador. Alfredo Olmedo y el radical Miguel Nanni, son los candidatos para gobernador y vicegobernador, respectivamente.
A la fecha de hoy, aparece probable que en los comicios del próximo 10 de noviembre, el triunfador será Gustavo Sáenz, tras 12 años de gobierno (el máximo que permite la constitución provincial) de Juan Manuel Urtubey. El candidato declaró anoche, después del triunfo «Si me eligen gobernador, voy a trabajar con el Presidente codo a codo, sea el que sea».
Este reportaje a Fernando Peirano, quien fue subsecretario de Políticas en el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 2011 a 2015 y actualmente coordina los equipos técnicos del candidato Alberto Fernández, apareció en el reflexivo portal Bunker, que lo encaró desde el concepto del “péndulo argentino”.
Es válido. Por décadas nuestro país ha oscilado entre proyectos
enfrentados. Pero el interés principal de estas respuestas –nos parece en
AgendAR- reside en que alguien claramente comprometido con un proyecto, propone
una política que reconoce las limitaciones de las experiencias anteriores.
Creemos que hay una posibilidad cierta de detener el péndulo y emprender el desafío, como lo ponen en Bunker,
de hacer de la ciencia y la tecnología una herramienta para quebrar la
restricción argentina.
«Argentina parece condenada a un péndulo que oscila entre un modelo que prioriza los salarios y el mercado interno para crecer y otro que se abre al mundo y no crece. ¿Qué puede aportar la ciencia y la tecnología en este contexto?
Es una buena
definición la del péndulo. Vos tenés un sistema de seguridad social, unos
niveles de consumo, y eso tendría que ser consistente con una estructura
productiva que genere riqueza. Pero pareciera ser que hemos tenido gobiernos
que han podido atender solo una de estas dos caras. Gobiernos que han ampliado
derechos pero que no han sido efectivos en mejorar la productividad y tener un
perfil exportador. Y gobiernos que han venido a plantear que esta incongruencia
habría que resolverla bajando derechos. Ahí lo que hay que hacer es ensamblar
esas dos aristas.
¿De qué manera?
Me parece que Argentina tiene una serie de particularidades que te permitirían hacer eso. Somos un país con una dotación de recursos naturales más o menos interesante. No somos Australia ni Canadá pero estamos en mitad de tabla en términos de indicadores. A su vez, tenemos una trayectoria industrial importante. En términos de PBI industrial per cápita estamos en el tope de América Latina, sólo superados por México (en 2017, año de referencia, Brasil tenía un PBI industrial per capita menor a México y a la Argentina; supongo que Macri nos devolvió al 3 puesto). Y tenemos también una tradición muy importante en ciencia y tecnología. Tenemos más investigadores como proporción de la Población Económicamente Activa que cualquier otro país de América Latina. Y lo tenemos, además, muy diversificado. De cualquier tema tenés al menos algún grupo. Ahora, lo que no hemos logrado es ensamblar estas tres cosas. Tener recursos naturales, producción y conocimiento trabajando en tándem.
¿Y cómo podría producirse ese ensamble?
Esto es como el
cubo mágico: si te planteás hacerlo cara a cara no vas a avanzar, hay que
resolver en las tres dimensiones al mismo tiempo. Y esto exige una nueva mirada
de la política. Muchos países sufren lo que se conoce en la literatura como la
trampa de los ingresos medios. En las primeras etapas de crecimiento es mucho
más fácil dinamizar la economía pero después tiende a empantanarse si no hay
transformaciones estructurales. Y eso pasa en muchos países, no es una
excepcionalidad nuestra. La restricción argentina es primero de estrategia y
luego de recursos.
Es decir que gran parte de esta trampa pendular supone un desafío principalmente político.
Sí, y de capacidad de constituir un Estado competente y coherente. La generación del 80 armó un Estado coherente con su proyecto y la oportunidad de esa época. Quizás podemos discutir el proyecto pero fueron eficaces. Perón fue otro que logró un Estado coherente para su proyecto. Pero después de esas experiencias hemos tenido un Estado más bien residual de estos impulsos. Durante el kirchnerismo, en temas productivos, de innovación, de ciencia y tecnología, los programas más sofisticados, que proponían dispositivos más interesantes en cuanto a articulación y objetivos, llegaron sobre el final, casi sin tiempo de consolidarse y con una macroeconomía sin impulso.
“La restricción argentina es primero de estrategia y luego de recursos”
Mencionaste el tema de los recursos. ¿Cómo pensar “el campo” en un proyecto más inclusivo?
Es una pregunta
que abarca a todos los recursos naturales, no solo al agro. ¿Qué hacer con Vaca
Muerta? La verdad es que podés ser un exportador y un productor de materias
primas y avanzar en algún grado en el valor agregado de esas materias primas.
Pero hoy el corazón de los beneficios lo tiene quien controla la tecnología de
eso. En la medida en que no tengas un dominio sobre esa tecnología estás en una
posición de vulnerabilidad. Hoy básicamente el desarrollo se describe en los
grados de libertad que tenés para llevar adelante un proyecto social en un
mundo muy interrelacionado.
¿No es posible una “inserción en el mundo” sin un dominio de la tecnología?
Los argentinos
queremos vivir en un mundo interconectado, pero hay que llevar esos
intercambios de manera tal que nuestro margen de acción se amplíe. Sobre el
campo lo que hay que pensar es de qué manera construimos dominio sobre ese
paquete tecnológico. Esa es la discusión, no el impuesto a la tierra ni las retenciones.
Hoy están los desarrollos de Raquel Chan con el trigo resistente a la sequía,
por ejemplo. Eso es un trabajo de ciencia básica que puede tener una patente,
que puede representar entre 300 y 400 millones de dólares, pero que es muy
difícil licenciar y cobrarlo. Hoy se está eligiendo el camino de asociarse con
Bioceres para producir semillas y vender la producción de eso. Me parece que es
un tema crucial y hay que pensarlo como un sistema.
¿Cuándo hablás de tecnología pensás solo en aquella ligada a los temas productivos?
No. Esto pasa
igual en el mercado laboral. Las apps, por ejemplo. Hay que discutir las
condiciones regulatorias para que sus beneficios no le supongan a los
trabajadores una condición de precariedad. Porque si no el progreso no tiene
ningún impacto de inclusión ni de justicia social. O con algunas fintech.
Bancarizo fácil con una aplicación al que no lo pudo hacer y le cobro una tasa
usuraria. Ese avance tecnológico no es el que termina prevaleciendo en la
historia. Ahora, para disputarlo tenés que tener cartas, tener un sistema
científico y tecnológico que entienda estos recovecos y que puedas proponer
alternativas o modificaciones. Lo que pasa es que hacer esto lleva a políticas
sofisticadas, no de trazo grueso.
¿A qué te referís con políticas sofisticadas?
La sofisticación
empieza por reconocer la diversidad de las agendas. No es lo mismo la agenda
científica que la tecnológica, que la de las tecnologías con relevancia
geopolítica, o que la de innovación y difusión. Esto es un primer paso
necesario. Esta sofisticación no está en el proyecto de Lino Barañao. Y si
está, en todo caso, es por el lado de la exclusión. Creo que en un punto
decidió no meterse con la agenda de innovación productiva ni con la de las
tecnologías sensibles geopolíticamente y esto representó un techo para su
proyecto en ciencia y tecnología. Decidió recortar su alcance para estar en un
territorio un poco más cómodo. Y también ha sido un proceso muy centrado en las
personas y poco en las instituciones y los sistemas.
De todas formas, sin la constitución de un Estado coherente una buena gestión en el MinCyT tampoco es suficiente.
No veo a la
ciencia, por sí misma, como una locomotora del desarrollo en Argentina. La veo
como un motor potente para darle viabilidad y sostenibilidad a quien proponga
esta transformación más profunda en términos de desarrollo. Y en ese sentido
creo que el próximo hito es armar un sistema tecnológico, que en algún punto se
apoyará en el sistema científico y en otros aspectos tendrá sus propios
pilares. Tenemos un sistema de ciencia, pero el sistema tecnológico lo tenemos
mucho menos desarrollado.
Ahora, encarar la discusión en términos de tecnología e innovación implica sentarse a hablar con el sector privado. ¿Cómo ves ese puente posible entre política y empresas?
Hacer tecnología es caro y riesgoso. Por eso la discusión es cómo va a tener respaldo esta agenda. Y el respaldo tiene que estar en la política, en el sentido de pensar qué le va a dar esto a la Argentina. Pero eso requiere de planificación de más centros tecnológicos, de una trama de sutiles diferencias institucionales pero que son los que viabilizan que el conocimiento vaya y vuelva. Porque hay conocimiento en la producción que se tiene que recrear en lo tecnológico. Y hay tecnología que tiene que impactar en lo productivo y social. Con lo cual ahí hay un desierto a cubrir. Y no hay que cubrirlo con personas. No es que hay que pedirle a un becario del CONICET que llegue con un proyecto que diga cómo va a impactar en el sector productivo. Que es la forma en que se entendió un poco lo estratégico en estos años. Se le reclamó al eslabón más débil, al que tiene que atender un montón de urgencias, que además sea un genio que proponga un impacto o que genere dólares.
¿Por qué te parece que es tan complejo instalar estos temas dentro de las usinas políticas, tanto del macrismo como del peronismo?
Si recorremos el
arco político con alguna frase que resuma esto vamos a tener un porcentaje de
adhesión enorme. El problema es el compromiso y la complejidad. Y que a medida
que avanzás aparecen los conflictos. El macrismo puede convalidar estas ideas,
pero después cae en la destrucción de las instituciones del Estado y en
endiosar una figura de emprendedor irreal. Que no es ese investigador en formación
al que le pedimos tanto, que intenta nadar contra la corriente, instalar algo
contrario al sentido común y que no tiene mercado, ni financiamiento ni
capacidades empresariales. La idea del emprendedor que trajo el macrismo –casi
como antítesis de ese científico del CONICET– también habla de una
vulnerabilidad extrema, tanto del científico, como del emprendedor. Ahogados y
con la responsabilidad de cargarse al hombro el desarrollo científico y
tecnológico nacional.
No están las tan mentadas “políticas de Estado”.
Todos hablan pero
nadie pasa a la acción. Los sistemas de ciencia y tecnología son formidables
sistemas de transferencias de recursos, pero tienen que ir asociadas con
evaluaciones fuertes. Hasta el 2015 se le ha dado subsidios a 6000 empresas.
Nunca se las convocó para preguntarles: “¿Pueden exportar esto que han
desarrollado?”. No. ¿Qué hace el macrismo? En lugar de discutir, corta los
Aportes No Reembolsables, elimina el Fonsoft. Desmantela capacidades del Estado
que son muy difíciles de construir. Las nuevas leyes de promoción industrial
que incluyen mucho de la retórica de la innovación y el conocimiento se centran
solo en exigencias estáticas hacia las empresas. Solo se mira al comienzo del
proceso si cumple o no con ciertas condiciones pero no se las induce a
incrementar su inversión en I+D a lo largo del tiempo o a incrementar las
exportaciones. Así termina por ser más una reforma tributaria que un sistema de
promoción. Con lo cual –de nuevo– me parece que queda lindo, que hay que hablar
bien de ciencia y tecnología, pero después, al momento de los compromisos, o
hay limitaciones o directamente hay contradicciones y todo termina en otro
camino o en otra agenda.
Formás parte del equipo que asesora a Alberto Fernández. Al analizar la situación del país y la propia caracterización que hizo Cristina al lanzar la fórmula, queda claro que 2020 será un año complejo en lo económico. ¿Se puede pensar sinceramente en una recomposición del sistema de ciencia y tecnología con un hipotético nuevo gobierno peronista en este contexto?
Me parece que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner abre una nueva oportunidad para que la ciencia y la tecnología sean ejes principales del proyecto de desarrollo. Justamente durante estos años del gobierno de Macri la ciencia y la tecnología estuvieron atravesadas por tres crisis: una presupuestaria, una institucional y una crisis –que hizo más difícil cada uno de estos aspectos– de sentido. El para qué hacer ciencia en Argentina, por qué tener tecnología, parecían preguntas sin una respuesta desde el Estado. Esta fórmula me parece que rápidamente cubre esa expectativa y le vuelve a dar sentido. Y a partir de ese nuevo sentido, ese eje central en el proceso de desarrollo, van a poder resolverse los aspectos de financiamiento y orden institucional. Así que creo que es una oportunidad renovada y potente para ir más allá de lo que se había llegado hasta 2015. Poder avanzar en la constitución, no solo de un sistema de ciencia, que es reconocido y es motivo de orgullo, sino también de capacidades propias en tecnología que fortalezcan a nuestro entramado industrial y resuelvan los problemas económicos y sociales.
“Hoy el corazón de los beneficios lo tiene quien controla la tecnología. En la medida en que no tengas un dominio sobre eso estás en una posición de vulnerabilidad”
Más allá de lo económico, también hay un momento social complejo para la ciencia. Hablás del “para qué” y en el mundo, y más cerca nuestro en Brasil, se vive una etapa que es casi pre-iluminista. Se habla de hechos que no son verdad, se los instala en la agenda, en los ministerios, hay un resurgimiento muy fuerte de los fundamentalismos religiosos. Y más allá de que en Brasil el presupuesto en ciencia hace tres años que cae, el discurso es antiintelectual. ¿Cómo ves este momento histórico para la ciencia?
Creo que la
tendencia de muchos países va por ese camino, pero no sé si sirve para
caracterizar a Argentina. Acá la educación es pública. Y es un reclamo. El
macrismo en su momento inicial planteó algo que creo que no tuvo el eco que
ellos esperaban. Planteó que el pensamiento crítico era uno de los problemas de
los argentinos. Y que por eso nos iba mal. Un poco sondeó eso. Si la Argentina
mantiene estos principios podemos estar al margen de ese proceso global. Ahora,
también es cierto que esto nos tiene que llevar a reflexionar acerca de las
estrategias de defensa de estas agendas. Creo que los científicos algunas veces
se quedan en el reclamo corporativo y terminan por sugerir un acuerdo tácito,
una transacción entre “dame presupuesto”, a cambio de brindarte premios,
prestigio, buenas noticias. Y si estos logros no forman parte de un contexto
más amplio de transformación productiva y social es una transacción que cuesta
sostener en el tiempo, y mucho más en tiempos de crisis. Tener un sistema de
ciencia y tecnología exige de cierto contrato social, que te brinde recursos y
tiempo, que te permita soportar fracasos y errores, y brinde referencias para
superar los conflictos que el progreso tecnológico encierra. El acuerdo tácito
que impone la dinámica presupuestaria es muy endeble y limitado. Hay que pensar
cómo expandir esto. Y creo que hay dispositivos para pensar.
¿Cómo cuáles?
Creo que el
presupuesto de ciencia y tecnología no tiene que ser únicamente el presupuesto
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Salud, transporte, educación, energía,
entre otros, también tienen que tener áreas y presupuesto en I+D. El Ministerio
de Ciencia y Tecnología lo que tiene que hacer es garantizar que esos fondos
tengan una lógica, donde los fines sean coherentes con los medios y que eso se
articule con las capacidades que tiene el país.
Como una suerte de red intraestatal de I+D.
Pero para eso, a su vez, necesitamos un nuevo Ministerio, para jerarquizar y reagrupar al área estatal de Ciencia y Tecnología. Que tiene que ser alentada con un presupuesto plurianual que responda a una regla asociada al desempeño del PBI. En los años de crecimiento, los fondos públicos en ciencia y tecnología deberían crecer a un ritmo que triplique a la tasa de incremento del producto. Y en los años de estancamiento o recesión se garantiza que no haya recortes. Esto es fundamental, como también impulsar la creación del Estatuto del Investigador y una nueva ley de promoción de la innovación. Un plan “tengamos 10 INVAPs”. Me parece que hay dispositivos a generar desde lo estatal. La defensa corporativa puede retrasar un poco los ataques, pero no lo resuelve. Quizás me equivoco. Quizás parte del macrismo es la expresión de cambiar esto. Y si lo logran nosotros también vamos a estar en problemas. ¿Qué es estar en problemas? Hay veinte, veinticinco países que pueden decidir su propio destino. Y el resto acompaña. Argentina tiene que decidir dónde se va a ubicar».
El Dr. César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca, y asesor en el Senado de la Nación -de quien ya hemos publicado una decena de trabajos sobre la situación de la industria pesquera argentina, hace aquí una dura condena del reciente acuerdo entre el gobierno argentino y la Xunta de Galicia:
«Bienvenidas las inversiones españolas en la Argentina que generen divisas, valor agregado y empleo en las ciudades y pueblos del litoral marítimo. Todo lo contrario a lo que el presidente Macri, el ministro Etchevehere y su subsecretario Bosch acordaron el 19 de septiembre con el Presidente de la Xunta de Galicia Alberto Nuñez Feijóo.
Por suerte, el tráfico de esclavos se abolió en la Argentina en 1853 y en España en 1886. Hasta entonces, ese comercio estuvo en manos de reputados comerciantes, familias de abolengo, y del propio Estado, donde “el encubrimiento social de los descendientes de los negreros se fundó en ocultar el origen de sus fortunas».
En 1770 el único puerto terminal para los intercambios entre el Río de la Plata y La Coruña era Montevideo y, los traficantes de negros efectuaban un comercio redondo porque triangulaban, en Europa, cargaban tabaco, bebidas, utensilios, pólvora y armas de fuego; los cambiaban por esclavos y marfil de África; vendían los esclavos en América y, desde esta, llevaban carnes saladas, cueros, algodón, lanas burdas, azúcar y otros a Europa.
La política mercantil española era exportar el excedente de sus productos elaborados e importar materias primas de bajo valor, necesarias para su alimentación e industria. Yjunto a ello se desarrollaba el tráfico de géneros, alcoholes y esclavos; incluso, uno de nuestros prohombres entendía que «América debe entregarle a España las materias primas, y esta devolvérselas prontas manufacturadas». Nada más parecido a este convenio de Macri-Nuñez Feijóo, solo que 250 años atrás.
Reitero para que no se confunda: la Argentina necesita de las empresas nacionales y españolas radicadas en el país y que éstas generen divisas, valor agregado y empleo. Ahora, bajar los aranceles a la importación de barcos más de 30 metros de eslora del 14% al 7% para que «casi la mitad de los buques que operan en aguas argentinas» (sic), es decir unos 250 de ellos, se construyan en los Astilleros gallegos, sin ninguna contraparte a favor de la Argentina, es un verdadero despropósito.
Hubiese sido una interesante oportunidad para pedirle a Nuñez Feijóo que nos diga qué posición tiene España respecto al futuro de Malvinas y la Antártida a partir del Brexit, en razón de que el Reino de España no puso objeciones a su incorporación como Territorio de Ultramar al votar la aprobación de la Constitución de la Unión Europea.
Por otro lado, los buques españoles y, en especial los gallegos, como contrapartida, al menos deberían dejar de capturar nuestros recursos pesqueros con licencias ilegales británicas en Malvinas, al igual que las capturas ilegales de nuestros recursos migratorios en la Zona Económica Exclusiva argentina.
Al respecto el Reino de España no debiera desconocer que la Unión Europea el 29 de septiembre de 2008 dictó el Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo, que condena la pesca INDNR (Ilegal, no declarada, no registrada). Y que España es Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ha ratificado los Acuerdos relativos a la conservación y la ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios de 4 de agosto de 1995 y ha suscrito el Acuerdo del 24 de noviembre de 1993 para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
El principio esencial establecido en todas esas disposiciones es que todos los Estados tienen el deber de adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión sostenible de los recursos marinos y de cooperar unos con otros para ese fin» y que, «La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y socava los cimientos mismos de la política pesquera común y los esfuerzos internacionales por lograr un mejor gobierno de los mares. Además, es una gran amenaza para la biodiversidad marina, a la que debe hacerse frente conforme a los objetivos fijados en la comunicación de la Comisión titulada “Detener la pérdida de biodiversidad para 2010”, y más adelante». En síntesis, todos los españoles invirtiendo en el continente argentino, con las reglas de Argentina y ningún barco gallego pescando en forma ilegal en el Atlántico Sur.
El gobierno argentino debe exigir al gobierno español desalentar el registro de sociedades gallegas en Malvinas y el desarrollo portuario en ese archipiélago, eliminar toda política de subsidio a las capturas a distancia y la aplicación de aranceles a la importación de productos de la pesca elaborados en la Argentina.
Los acuerdos de cooperación son fundamentales cuando son de mutuo interés y beneficio. No cuando nos retrotraen a las políticas del Reino de España y el Virreinato de 1776.«
Un estudio del INTA y del Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua (Prosa) determinó el avance de los procesos de erosión hídrica y eólica en el último cuarto de siglo. Este porcentaje representa alrededor de 100 millones de hectáreas en el país, distribuidas en áreas agrícolas de la región húmeda y subhúmeda y, también, en la zona semiárida y árida con bosques nativos y pastizales.
El dato surge del Manual de buenas prácticas de manejo y conservación del suelo y del agua en áreas de secano, presentado recientemente por el INTA y dicho Centro. El dato cobra más relevancia si se tiene presente que solo un 11 % de la superficie del planeta corresponde a suelos con potencial agrícola. Estimaciones de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, plantean que, en los próximos 20 años, más del 80 % de la expansión de la superficie cultivada tendrá que darse en América Latina y África subsahariana.
“En este tiempo, uno de los desafíos más significativos que afronta y afrontará la humanidad es el deterioro de los recursos naturales y, principalmente, el de los suelos cultivados”, vaticinó Roberto Casas, especialista en manejo de los suelos y uno de los editores del libro.
“Estamos perdiendo no solo aquellos suelos que son la base de la producción agropecuaria del país, sino que descuidamos los servicios ecosistémicos que nos prestan”, alertó Casas para quien es importante entender que se trata de un recurso que puede tardar hasta 1.000 años en recuperarse.
El riesgo de que un incremento de la agricultura genere mayor erosión o degradación de suelos es real. “Sabemos que, a partir de 1970, los suelos de la región Pampeana sufrieron una extraordinaria transformación debido a la actividad agrícola”, continuó Casas y agregó que “la adopción de tecnología moderna, sumado al desarrollo de nuevas formas de producción, aceleraron los procesos de degradación”.
Es cierto que la transición de un sistema de agricultura con labranza convencional a uno con siembra directa permitió la mejora considerable de los rendimientos y, además, de los niveles de materia orgánica del suelo.
Sin embargo, en los últimos años se ha producido una simplificación extrema de los sistemas productivos pampeanos y extrapampeanos, con un paulatino reemplazo de las rotaciones tradicionales por el monocultivo. “Esta tendencia a la realización de un solo cultivo tuvo un impacto desfavorable sobre las funciones del suelo y la sustentabilidad del agroecosistema”.
De acuerdo con el especialista, la rotación promedio para la región pampeana se componía de, al menos, tres años de soja de primera, un año de doble cultivo trigo (u otro cereal de invierno), soja y recién al quinto año podía incluir maíz o sorgo. “En los últimos años, el esquema cambió hacia uno con mayor participación de gramíneas en una rotación de tres años: trigo-soja, maíz y soja de primera”.
En este sentido, Casas resaltó el protagonismo que están cobrando los cultivos de cobertura en las rotaciones agrícolas, “se sumaron 338.200 hectáreas a escala nacional de cultivos que protegen el suelo y brindan servicios ecosistémicos”.
El territorio argentino alberga una delicada diversidad de tierras. Por esto, el problema de la erosión no ocurre solo por las pendientes de los suelos, sino por las lluvias: las mayores intensidades (es decir, la cantidad de agua caída en un lapso determinado) y frecuencias marcan la diferencia y pueden hacer que el problema cambie de categoría –leve, moderado o severo–.
“Determinar el riesgo de erosión es fundamental para la conservación de los recursos, sobre todo porque la pérdida de unos pocos centímetros de suelo puede impactar de manera irreversible en el potencial productivo de los cultivos”.
En ese contexto, la fórmula para una producción más sustentable es una agricultura que proteja y aproveche mejor los recursos. “La sistematización de los lotes con terrazas es una estrategia sustentable y está comprobado que reduce hasta un 90 % la erosión”, señaló Casas y agregó: “Se estima que la superficie sistematizada con terrazas para control de erosión es de 940.000 hectáreas, mientras que 265.000 están protegidas por sistemas de cultivo en contorno”.
Para este experto, la presión que se ejerce sobre el suelo está llegando a límites críticos y, lejos de revertirse, tenderá a agravarse. Por esto, junto con 208 referentes y especialistas en conservación del suelo y del agua en las distintas regiones y sistemas productivos del país compilaron en un libro las prácticas más importantes para evitar el avance del deterioro.
En los últimos años, el riesgo de erosión aumentó considerablemente debido al incremento de lluvias extremas, la disminución de la cobertura vegetal por la simplificación de los sistemas de producción y las malas prácticas de manejo, como la siembra a favor de la pendiente. En este sentido, Casas advirtió que “la conservación del suelo constituye un deber inexcusable, ya que se trata de un recurso natural estratégico para la Nación”.
Un total de 1.032.851 electores salteños están habilitados para votar este domingo en la PASO provinciales, para definir los candidatos que competirán en los comicios generales del próximo 10 de noviembre, tras 12 años de gobierno (el máximo que permite la constitución provincial) de Juan Manuel Urtubey.
Competirán 4 alianzas, 84 fuerzas políticas y 332 listas, que postulan a un total de 15.887 precandidatos, y se votará mediante el sistema de Boleta Única Electrónica, para elegir los candidatos a gobernador y vicegobernador, 11 senadores, 30 diputados provinciales, 60 intendentes y 343 concejales.
Toda esta variedad surge de la intensa vida política salteña, que se manifiesta sobre todo en los municipios. Las fuerzas politicas nacionales se suman a las locales en 4 frentes, y sólo 8 fórmulas para la gobernación participarán de las PASO.
En el Frente de Todos, integrado por los partidos de la Victoria (PV); de la Cultura, la Educación y el Trabajo; Kolina; Izquierda Popular; del Trabajo y del Pueblo; Instrumento Electoral por la Unidad Popular; Justicialista; Movimiento Libres del Sur; Felicidad y agrupaciones municipales de distintas localidades de la provincia, habrá competencia porque se presentaron dos fórmulas.
Una, encabezada por el actual diputado nacional Sergio Leavy, que preside el PV y que fue elegido candidato a senador nacional en las PASO nacionales del 11 de agosto pasado, y su compañero de fórmula es el ex ministro de Economía de la provincia, Emiliano Estrada.
El otro precandidato a gobernador de este frente es el actual vicegobernador, Miguel Isa, quien va acompañado por la dirigente social Lucía Doljanín.
Por el Frente Sáenz Gobernador, el precandidato a gobernador es el actual intendente de Salta Capital, Gustavo Sáenz, quien fue compañero de fórmula de Sergio Massa en las presidenciales de 2015, mientras que el postulante a vicegobernador será el justicialista Antonio Marocco.
Este frente está integrado por los partidos Identidad Salteña; PRO-Propuesta Republicana; Conservador Popular; Salta Nos Une; Propuesta Salteña; Fe; Primero Salta; Frente Plural; Todos por Salta; Autonomista; Salta Federal; Unión Victoria Popular; Memoria y Movilización Social; y el Frente Salteño; además de agrupaciones vecinales y municipales.
En tanto, el Frente Olmedo Gobernador, conformado por los partidos Ahora Patria, Unión Cívica Radical; SI Salta Independiente; y Renovador de Salta, postula a la fórmula integrada por los diputados nacionales Alfredo Olmedo y el radical Miguel Nanni, para gobernador y vicegobernador, respectivamente.
En el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), en el que confluyen los partidos Obrero; de los Trabajadores por el Socialismo; y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), también habrá competencia interna.
La lista Unidad propone al ex diputado nacional Pablo López como candidato a gobernador, acompañado en la fórmula por Gabriela Cerrano; mientras que por otro lado va el binomio integrado por Violeta Gil y Samuel Huerga; y el MST postula a Andrea Villegas con Omar Orozco.
A esos cuatro frentes se les suma la fórmula del partido Frente Grande, encabezada por su presidenta, Elia Fernández, que irá acompañada por Diego Saravia.
Para un portal comprometido con la producción argentina, estamos publicando muchas noticias de finanzas. Hay algo de contradicción ahí, pero son datos necesarios en la Argentina de hoy. Por ejemplo, el conocido periodista Marcelo Bonelli incluyó en su columna de ayer estos jugosos párrafos. Creemos necesario compartirlos con ustedes, si no los han leído ya. Dan una indicación de los parámetros en que podrá moverse y tratar de ampliar sus capacidades de negociación el futuro gobierno:
«En Manhattan existe una información confidencial clave (que) sólo la maneja un puñado de “lobos” de Wall Street. Se trata de lo siguiente: existe un fuerte enfrentamiento entre el FMI y los fondos de inversión sobre la Argentina. Ambos coinciden en una cosa: que la solución “a la uruguaya” no le sirve a la Argentina y que la economía requiere una quita –mínima- de la deuda de un 20 %.
«David Lipton –y también Kristalina Georgieva– consideran que esa pérdida debe ser asumida en exclusividad por Wall Street. En Washington (sede del FMI) acusan a los fondos de inversión (y de riesgo) de hacer ganancias siderales con Argentina y creen que los últimos deben asumir el “riesgo moral” –moral hazard– de esas especulaciones financieras.
«En Wall Street, Larry Fink, de BlackRock; Michael Hasenstab, de Templeton, y la cúpula de Pimco, dicen lo contrario: insisten en que el FMI debe pagar el costo y hacer una quita sobre su multimillonario préstamo. Se trata de los tres principales tenedores de bonos argentinos. El trío insiste en que fue por la irresponsable cobertura de Christine Lagarde en favor de Macri que ellos cometieron serios errores en sus inversiones y perdieron sumas millonarias en Argentina .
«El ex economista jefe del FMI, Kenneth Rogoff, acusó a Lagarde y Roberto Cardarelli de cometer graves errores y provocar pérdidas millonarias».
(Añadamos a esto de Bonelli que Mr. Rogoff también hizo una crítica mucho más cercana «En caso que se hayan distraído un minuto, debo decirles que el gobierno argentino acumuló un montón de deudas desde la nada con una velocidad sorprendente, y luego procedió a defaultearlas casi a igual velocidad. En comparación con el default de cámara lenta del país en 2002, esta última crisis parece Shakespeare en 60 segundos«).
Jorge Rodríguez, secretario de posgrado en la UADE Business School, abre un debate. La temática es nueva, pero los argumentos -de ambos lados- no.
Es un tema de debate el futuro del trabajo y los efectos que la tecnología producirá en la economía de los próximos años. Se suele asociar a la automatización con la pérdida de empleos, pero también es cierto que la misma ha producido la aparición de profesiones antes desconocidas y por sobre todas las cosas, un gran aumento de la productividad en las organizaciones.
Bill Gates introdujo un tema de debate al considerar que el reemplazo de mano de obra por máquinas afectaría los ingresos públicos y por ende debía crearse un impuesto a los robots. Este tema comenzó a estudiarse para analizar el impacto positivo y negativo que produciría en la economía.
En síntesis, aquellos que están a favor consideran que la tributación de los robots permitirá financiar la seguridad social y la capacitación de la mano de obra desplazada por la automatización. Del otro lado, aquellas voces en contra de este procedimiento argumentan que los países que no graven liderarán el cambio siendo receptores de capitales y de conocimiento. Por otra parte la gran crítica radica en la dificultad de establecer bases imponibles equitativas y que promuevan la innovación y el desarrollo, ya que no siempre se puede establecer con claridad qué trabajos han sido reemplazados por las máquinas.
El Parlamento Europeo ha rechazado una tasa para robots, proponiendo a cambio una regulación sobre la creación y distribución de robots en puestos de trabajos, lo que incluye multas en caso de incumplimiento. Las empresas dedicadas a la construcción de robots prefieren la idea promovida por la Unión Europea, desde luego, pero los grupos preocupados por los problemas sociales que generará la automatización y la introducción de la inteligencia artificial en más oficios se inclinan por medidas más ortodoxas.
Nuestro campo es un gran ejemplo para analizar este fenómeno. Afortunadamente todavía nadie ha propuesto un impuesto a la tecnificación de nuestro agro. Pero si analizamos la mecanización que el campo ha desarrollado en el último tiempo veremos cómo hoy hablamos de GPS, drones, tambos-robot e ingeniería genética contra malezas e insectos que sustituye trabajo físico humano, conceptos que décadas atrás no existían. Estos avances han producido desarraigo de poblaciones rurales por un lado, y por el otro lado rindes agropecuarios excepcionales a costos muy competitivos.
Como decía Isaac Asimov, antes de intentar una cura debemos averiguar en qué consiste la enfermedad.
El debate que como Nación debemos efectuar debe centrarse en qué tipo de formación queremos darle a nuestros ciudadanos y cómo prepararnos para la Revolución Industrial 4.0. Esa es la enfermedad de nuestros tiempos. Queda en nosotros hallar la cura para este nuevo fenómeno que ya está entre nosotros.
Según los datos difundidos por ADEFA, la asociación que agrupa a los fabricantes locales. el mes pasado la producción cayó el 25,7% contra septiembre de 2018. En el acumulado de enero a septiembre, el sector produjo un total de 241.330 unidades (autos y utilitarios), lo que marcó una caída del 34,9 %.
En septiembre se fabricaron 27.687 vehículos entre 12 terminales automotrices, lo que arroja un promedio de 2.300 unidades por fábrica. En 21 días hábiles esto significa que cada empresa produjo poco más unos 100 autos por día.
Con estos números, en ADEFA están replanteando sus proyecciones anuales. De los 330.000 vehículos que se esperaban producir, se estima ahora que, con el actual escenario, difícilmente se llegue a los 300.000. En la actualidad, las 12 terminales en su conjunto tienen una capacidad teórica de producción de 1.2 millones de vehículos. Es decir que el sector está trabajando ahora al 25% de su capacidad instalada.
Así, este año se convertirá en el peor desde 2004, cuando se fabricaron 260.000 0km. Pero se está muy por debajo de años anteriores, como el ´97 y el ´98, en los que se llegó a un volumen de producción de 450.000 vehículos. Hay que tener en cuenta que entonces había menos terminales. Toyota recién se estaba instalando y no estaban Honda o Nissan. Otras acababan de regresar al país y generaban la desaparición de nombres como Autolatina, Sevel o Ciadea.
Debe tenerse en cuenta que el cálculo de vehículos producidos por terminal es un promedio. Algunas terminales están trabajando a buen ritmo. El mejor ejemplo es Toyota que este año espera producir 120.000 vehículos, el 40% de lo que fabricará todo el sector.
Volkswagen es la segunda terminal que sostiene un nivel de producción razonable. Fiat, Ford, Renault y GM vienen en un pelotón más atrás. El resto se ubica en niveles bajos. Hay casos como el de Scania que dejó de producir hace algún tiempo, y Honda que cesará la actividad fabril en el segmento de vehículos de cuatro ruedas y se concentrará en motos.
Este derrumbe se debe a la caída del mercado interno, sumado al fin de ciclo de algunos modelos de sedanes y una recuperación más lenta de lo esperado de Brasil. También, a la falta de competividad para llegar a nuevos mercados.
El desarrollo del Puerto de La Plata fue el eje central de una jornada que se realizó esta semana, el 3 y 4 de octubre, en la sede regional de la Universidad Tecnológica Nacional en Berisso. Estuvieron presentes funcionarios nacionales y provinciales, entidades y gremios vinculados a la actividad portuaria y a la exportación, y varias embajadas.
El énfasis de los organizadores fue en las posibilidades que brinda el Puerto de La Plata como centro logístico, debido a que en la actualidad ya cuenta con la terminal de contenedores TecPlata y una Zona Franca.
Llevaron el punto de vista y las inquietudes de los industriales de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Siro, presidente de CEPBA y prosecretario de CGERA, y Martín Rapallini, presidente de UIPBA y de la empresa Cerámica Alberdi. Ambos expusieron sobre la situación de la industria local, y Siro fue especialmente cáustico al describir la caída de la producción, y de las empresas, que provocaron las políticas de los últimos cuatro años.
Ambos señalaron que hay posibilidades de una rápida recuperación, si se toman las medidas necesarias y se protege el mercado interno. Y describieron al Puerto de La Plata como una herramienta valiosa de una estrategia exportadora, una vez que se desarrolle la oferta a colocar en los mercados internacionales.
Siro insistió en que el empleo y el desarrollo regional eran los caminos genuinos para la inserción de los bonaerenses.
