Una investigadora del CONICET se incorpora al comité editorial de una prestigiosa revista científica internacional. Se trata de la doctora Silvia Kochen.
La experta fue convocada por The Lancet Regional Health-Americas, para incorporarse a su comité editorial. Se trata de una publicación de acceso abierto sobre temas médicos y política sanitaria, forma parte de la iniciativa de The Lancet para promover la calidad y el acceso a la atención médica a nivel global.
La científica es la vicedirectora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS, CONICET-UNAJ-HEC). Además de ser investigadora del CONICET, Kochen es médica y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
También es fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT)), desde donde divulga aportes de la neurociencia al conocimiento sobre cerebro y mujer.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo que es «inminente» la aprobación en el país de las vacunas Moderna y Sinopharm para inmunizar contra el coronavirus a menores de 18 años.
«La FDA -el organismo que autoriza alimentos y medicinas en EE.UU.- en estos días estaría aprobando (el uso de Moderna en niños y adolescentes) y después la aprobación de la ANMAT casi es automática», dijo Gollan. En tanto, Rusia anunció que en agosto comenzará a inocular a chicos entre 12 y 17 años con la Sputnik V, fármaco que se utiliza y produce en la Argentina.
También afirmó que «es muy, muy inminente la aprobación de Sinopharm (para niños y adolescentes) de 3 a 18 años, con lo cual va a haber disponibilidad» de vacunas para este grupo poblacional tras la autorización de la ANMAT.
«Vacunas para los chicos con comorbilidades va a haber muchas», aseguró Gollan, y precisó que estima que podrán utilizarse en el país las de Sputnik, Sinopharm, Moderna y Pfizer para ser aplicadas en menores cuando la ANMAT haya dado su autorización y en la medida que avancen las negociaciones con esos laboratorios.
El 11 de junio pasado China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra la Covid-19 de Sinopharm y de Sinovac Biotech (ambas utilizan la plataforma de virus inactivado) en personas de 3 a 17 años. En tanto, en la Unión Europea (UE), en Estados Unidos y Canadá ya fue autorizado el uso de Pfizer en menores.
El ministro aseguró que se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay entre «300 y 400 mil chicos» con comorbilidades y que, una vez que las vacunas estén aprobadas, su aplicación podría comenzar en «uno o dos días».Escenario global:
El director del Centro Nacional Gamaleya, Alexander Gintsburg, anunció que el mes que viene Rusia comenzará a vacunar contra el coronavirus a chicos de entre 12 y 17 años con la Sputnik V.
En declaraciones a la agencia de noticias rusa Ria Novosti, explicó que la vacunación empezará cuando terminen las pruebas que ya se realizan sobre voluntarios de ese rango etario.
Los voluntarios se sometieron a pruebas de PCR para confirmar que no estuvieran cursando la enfermedad y luego se les aplicó una dosis menor a la Sputnik V que se utiliza para adultos.
La vacunación contra el coronavirus en niñas y adolescentes avanza a nivel mundial como estrategia para mejorar la inmunidad de rebaño o para proteger a aquellos menores de 18 años con comorbilidades, pero actualmente sólo se encuentra aprobado el inmunizador de Pfizer para adolescentes y los de Sinovac y Sinopharm a partir de los 3 años, aunque sólo en China.
«La mayoría de los niños desarrolla cuadros leves de Covid-19, pero hay una muy baja proporción de población pediátrica que puede complicarse (un 1 o 2%), y en su mayoría se trata de niñas, niños o adolescentes que tienen alguna comorbilidad», dijo la infectóloga pediátrica Analía De Cristófano.
Sin embargo, el médico pediatra e infectólogo y coordinador de la Comisión de Vacunas de la SADI, Ricardo Rüttimann, advirtió que las vacunas pueden tener diferentes efectos adversos en los niños, por lo que «no podemos traspolar la información de la seguridad en adultos a la población pediátrica».
La Organización Mundial de la Salud considera que no son necesarias dosis de refuerzo para la población vacunada del COVID-19 y pide a las farmacéuticas y los gobiernos que prioricen inmunizar a las personas en riesgo en todo el mundo.
“La brecha mundial en el suministro de la vacuna contra el COVID-19 es enormementedesigual. Algunos países y regiones están pidiendo millones de dosis de refuerzo, antes de que otros países hayan tenido suministros para vacunar a sus trabajadores sanitarios y a los más vulnerables”, dijo el director general de la Organización, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus.
Hasta ahora cuatro países adelantaron que tendrán programas de refuerzo y la OMS calcula que si 11 países ricos ofrecen una tercera dosis a su población harían falta 800 millones de vacunas extra.
“En este momento, no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos ahora. Hemos visto aumento de infecciones, pero no de muertes y hospitalizaciones.
Puede que tras dos o tres años sí, pero no hay ninguna indicación de que hagan falta después de seis meses”, explicó la científica jefa de la Organización, Soumya Swaminathan. “Es una decisión que hay que basar en la ciencia, no porque una compañía declare que hay que dar refuerzo de su vacuna”, añadió la especialista.
La prioridad, insistió el doctor Tedros, debe ser “vacunar a aquellos que no han recibido ninguna dosis y protección”.
Desde que empezamos a editar AgendAR, publicamos notas sobre el litio y su industrialización. En este año -cuando se hizo explícito el interés oficial en el tema- hemos recogido inquietudes desde el CONICET, la CNEA, el Ministerio de Desarrollo Productivo, entre otros. Todas, desde un punto de vista nacional.Confesamos que AgendAR simpatiza con ese enfoque. Pero… Argentina es un país federal, y sería un error olvidar que las provincias tienen intereses en el asunto, y los defenderán. Reproducimos este informado artículo de «El Tribuno», de Salta, y abrimos el debate. Desde la CNEA nos acercaron el nombre del firmante, que -sepa disculpar el autor- no estaba en el original: es el Dr. Gustavo Barbarán, padre.
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«El litio es un componente esencial para alimentar baterías de vehículos eléctricos, aparatos electrónicos o almacenar redes de energía renovable; se usa también en fabricación de medicamentos, polímeros, lubricantes, cerámicas y vidrios. Expertos calculan que, a mediados de esta década, se duplicará la demanda mundial.
A fines de 2020 Bolivia contaba con la mayor reserva mundial (21 millones de toneladas), seguida de Argentina (17), Chile (9), Estados Unidos (6.8), Australia (6.3) y China (4.5). A noviembre de ese mismo año, Australia era la primera productora de litio, extraído de roca espodumena, con 42.000 toneladas; luego Chile con 18.000, China 7.500, Argentina 6.400, Zimbabue 1.600 y Portugal 1.200.
Las mayores concentraciones del litio argentino se ubican en áreas puneñas de Catamarca, Jujuy y Salta. Nosotros, por caso, exportamos a China a fines del año anterior, 122 toneladas de cloruro de litio en solución al 35%, extraído del Salar de Diablillos. Ese proyecto generó empleos, insumió bienes y servicios locales, pagó regalías y tributó impuestos.
La cabecera de la mesa
El litio más el cobre, aluminio, cobalto y níquel conforman el selecto grupo de minerales para la «transición energética» de la economía planetaria, imprescindibles en tiempos de inmanejables cambios climáticos.
Es por cierto mineral estratégico, tanto como los cuatro mencionados y muchos más. Tal calificación siempre dependió de la época y necesidades de los Estados: un mineral será «crítico» cuando resulta esencial para la defensa y las industrias de un país, lo tenga o no en disponibilidad.
En la actualidad, están considerados de esa manera la bauxita, berilio, cobalto, cobre, cromita, germanio, litio, manganeso, platinos, tierras raras y uranio.
Cada país y según sus circunstancias habilitará otros, pero incuestionablemente son recursos tangibles de poder, que cabe acumular y resguardar en este complicado mundo.
Y enterado de la movida «nacionalizadora», uno de los gobernadores convocó a sus pares para armar una «Mesa del Litio» a mediados de marzo pasado, a fin de afianzar emprendimientos en distintos niveles de evolución … y tranquilizar inversores. ( Además se involucrarán Salta y Catamarca, dato que cobra especial relevancia, dado el añejo contencioso entre ambas por el Salar del Hombre Muerto).
La Casa Rosada retrucó proponiendo una «Mesa Nacional del Litio», el 7 de abril pasado, «con el beneplácito» de las provincias involucradas. En seguida, los diputados Carlos Heller y Marcelo Koenig trascendieron su proyecto nacionalizador, al parecer aún no concretado en un expediente.
Los senadores Sergio Leavy y Guillermo Snopek propiciaron una «Empresa Federal del Litio»; en tanto el diputado Lucas Godoy y su par jujeña María Carolina Moisés, promovían un «Instituto Nacional para el Aprovechamiento Integral del Litio». Nuestros legisladores consultaron e involucraron a los sectores interesados, luego de lanzar sus proyectos.
La falta de información nos pone en desventaja a la hora de analizar y sacar conclusiones. Hoy pareciera pender de un hilo la contundencia del artículo 124 de la Constitución Nacional, el cual – por si hiciera falta recordarlo – dispone expresamente que los recursos naturales pertenecen a las provincias.
La «escala», para variar
Históricamente la escala económica condenó a nuestro federalismo a ser formal e incompleto.
De pronto, el ministro Kulfas bajó línea anunciando -a fines de junio- la creación de YPF Litio. Justificó la nueva sociedad estatal resaltando la necesidad de contar con una «empresa nacional», que trabaje con las privadas en el desarrollo del litio, agregándole valor y trabajo genuino para entrar en la carrera tecnológica por la renovación energética mundial.
La nacionalización del litio habilitará estructuras burocráticas que, tarde o temprano, se harán cargo del ciclo completo del mineral. A continuación YPF Litio tendrá que armar su presupuesto, definir sede, conformar un directorio, designar gerentes, subgerentes, directores, asesores varios.
Apostemos sobre quiénes, cuándo y dónde: ¿cómo competir con el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), embudo aspirador de inversiones y emprendimientos necesarios para sostener la clientela electoral que controla la política nacional?
Vimos tantas veces esta película…!
¿Prevención de nuestra parte?, y cómo no!: el mentado Koenig, diputado bonaerense, señaló en un reportaje radial, que si la propuesta nacionalizadora se frustra, Salta, Jujuy y Catamarca «dilapidarán el litio», alegremente entregado ya a las multinacionales. Esa visión mitrista de izquierda (tanto como la mitrista de derecha), es nuestro karma, un efecto mariposa brutalmente develado por la pandemia.
(Difícil olvidar que, en marzo del año pasado, el gobernador Axel Kicillof había reclamado la incorporación de su provincia a la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), justificando la membresía con los polos petroquímicos y refinerías ubicados en su territorio. ¿No es eso refregarnos la escala?).
¿Cómo sigue esta vaina?
Por si algo faltara, Adriana Serquis, presidenta de la CNEA, afirmó en una entrevista que la Ley Nacional de la Actividad Nuclear -N° 24.804/97- habilita a la Comisión para ejercer un «control nacional» del litio, en tanto material fusionable utilizado en actividades nucleares.
No es casual que se sumen comensales: todo tiene que ver con todo. ¿Otro garrón para comernos? Depende de cómo se mire y qué hagamos en adelante.
Y-TEC -rama tecnológica de YPF, creada en diciembre de 2012 por una conjunción YPF-Conicet- es la patrocinante de YPF Litio, y tiene un convenio de investigación y desarrollo con la CNEA para la fabricación de baterías de litio y uso del hidrógeno. Cuenta con laboratorios y técnicos instalados en Berisso (ay, la escala, Kiciloff!).
La mejor manera de recuperar la “soberanía mineral” es extraer e industrializar el litio y todos los minerales debajo de nuestros pies.
Salta, Catamarca y Jujuy no pueden mantenerse al margen e impasibles. Las tres provincias unidas deben allanar obstáculos para favorecer la instalación de laboratorios, formación de recursos humanos e instalar las fábricas en esta parte del país. (El Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía, instalado en Palpalá con participación del gobierno provincia, UNJu y Conicet, puede ser modelo a seguir).
Salta cuenta con su Plan Estratégico 2030 y un Consejo Económico y Social que entiende y atiende la importancia de pensar, no que nos piensen, de armar agenda propia para ensamblar proyectos de abajo hacia arriba.
Asimismo, la provincia es sede regional de la CNEA, que cuenta con instalaciones aprovechables para impulsar investigación y desarrollo relacionados a la electromovilidad. Es solo cuestión de decidirnos a invertir y trabajar por este salto cualitativo. Hay muy buena relación con ese importante organismo nacional, con el cual estamos avanzando en la instalación de un Centro de Medicina Nuclear en nuestra ciudad. Y tenemos dos Universidades dispuestas a colaborar en todas las líneas.
Para Salta, Jujuy y Catamarca, la actividad minera es estratégica, una política de Estado construida con esfuerzo en un contexto antiminero sobreideologizado. Por eso esta situación va más allá de lo jurídico, lo cual no significa restarle importancia, razón por la que adhiero al lúcido análisis de Gonzalo Castañeda Nordmann en su nota del 3 de julio (“El litio, dominio de las provincias”).
¿Cómo articular este menjunje de iniciativas? Mesa del Litio, Mesa Nacional del Litio, YPF Litio, Empresa Federal del Lirio, Instituto Integral del Litio, más Conicet y CNEA. ¿Qué saldrá de todo esto?; ¿podremos revertir la escala?
Las tres provincias del NOA y las del Norte Grande van trazando una hoja de ruta por donde canalizar propuestas superadoras que beneficien al conjunto y con el máximo aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Miopes y aprendices de brujos, abstenerse.»
Dr. Gustavo Barbarán, padre.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó ayer un programa con cuatro ejes para promover la producción con cuidados del ambiente. Anunció una inversión proyectada en algo más de 10.000 millones de pesos para estimular la reconversión de empresas -en especial, pymes- a través de herramientas de apoyo técnico y financiero.
Agregó que el plan incluirá leyes, programas, nuevas líneas de financiamiento, capacitaciones y asistencia técnica, basado sobre cuatro ejes:
Industria nacional para la economía verde. Se incentivará la movilidad, las energías renovables, la industria del conocimiento, y la renovación de los sectores industriales hacia actividades verdes.
Transición hacia una economía circular. Se promoverá una mirada circular de la producción desde el diseño hasta el reciclaje de los productos, pasando por su consumo.
Producción sostenible para más competitividad. Se impulsará la adecuación de la producción, y así volver más competitivos a nuestros productos.
Industrialización sostenible de los recursos naturales. Se integrarán a los actores locales, las economías regionales y la industria nacional para el desarrollo verde de la economía argentina.
El ministro adelantó como una de las acciones a corto plazo la instrumentación del plan Pymes Verdes, que encabezará Guillermo Merediz. Incluirá capacitaciones, apoyo técnico, aportes no reembolsables, subsidios de hasta 1.5 millones de pesos para los proyectos que se presenten y una línea del Banco Nación de hasta 50 millones de pesos con tasas del 18 por ciento a 5 años.
Queremos transformar la crisis ambiental en una oportunidad para promover una transición ecológica hacia sectores productivos basados en la economía verde. Este plan propone la articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad.
Matias Kulfas, junto con Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial; Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete; Paula Español, secretaria de Comercio Interior, y Guillermo Merediz, secretario Pyme, presentaron el plan de desarrollo productivo en Reciclar S.A. -una pyme de reciclaje de plásticos ubicada en Avellaneda- en el marco de la “agenda de economía verde».
PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO VERDE
Queremos transformar la crisis ambiental en una oportunidad para promover una transición ecológica hacia sectores productivos basados en la economía verde.
Este plan propone la articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad. pic.twitter.com/uRs23U08kS
Actualmente, en la planta de Garín, provincia de Buenos Aires, se elabora solo el principio activo y se envía a México para su fraccionamiento y envase. La intención oficial es hacerse cargo de toda la cadena.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini comenzaron una ronda de reuniones en Inglaterra con autoridades sanitarias británicas y científicos de la Universidad de Oxford.
Entre los objetivos del viaje, la agenda incluirá la revisión del estado de cumplimiento de los contratos con AstraZeneca y explorar un acuerdo para realizar todos los procesos productivos de la vacuna británica en Argentina.
“Se está evaluando la producción completa de AstraZeneca en Argentina. Estamos viendo si no solo se produce el principio activo, sino lo que se llama ‘full cycle’”, precisó hoy la jefa de Gabinete del ministerio de Salud, Sonia Tarragona.
El año pasado, la empresa mAbxience -una compañía biotecnológica del grupo español Insud Pharma- acordó con AstraZeneca producir el principio activo de la vacuna en la planta bonaerense de Garín. Es solo una de las etapas del proceso de la elaboración. El material luego es enviado a México para continuar con el “llenado” o envasado.
La intención oficial de la delegación gubernamental en el Reino Unido es avanzar con “todo” el ciclo productivo de la vacuna en el país. “Nosotros tenemos la producción del principio activo. Serían el resto de las etapas de la producción, como el llenado y el envasado”, indicó Sonia Tarragona en diálogo con el programa “Buen Día Continental”, por radio Continental.
Vizzotti y Nicolini estarán hasta el viernes en Londres, donde tendrán reuniones de trabajo con el ministro para el Despliegue de Vacunas contra el COVID-19 de Reino Unido, Nadhim Zahawi, y a continuación, un encuentro con la enviada especial en Temas de Resistencia Antimicrobiana, Dama Sally Davies.
En una de las reuniones con científicos en Oxford abordarán otras dimensiones en agenda sobre la estrategia de inmunización y la evolución de la pandemia. Entre ellas, el avance de las formas de producción, nuevas variantes, refuerzos y ensayos clínicos en niños, niñas y adolescentes, entre los grupos etarios que hasta el momento no han sido vacunados en Argentina.
Tal vez no sea simpático insistir ahora, pero desde el año pasado -cuando se firmó el contrato con AstraZeneca, el grupo Insud, de Hugo Sigman, y la Fundación Slim, que AgendAR insiste que fue un error inexplicable no reservar al menos una parte de la producción del principio activo de la vacuna para que fuera fraccionado y envasado en Argentina.
Un proyecto de ley que dispone aplicar sellos de advertencia a los alimentos con exceso de azúcares, grasas y sodio, genera fuerte rechazo en la industria. Ayer, un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados obtuvo dictamen favorable.
El forcejeo en torno a una medida que busca la protección del derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de la población ha durado mucho. En AgendAR lo hemos seguido de cerca, desde que la OMS comenzó a exigirlo, casi 3 años atrás. La nota más reciente: Etiquetado frontal: la ley para saber qué comemos, y el lobby que la enfrenta. Ahora, el debate se calentó.
«El cartel anclado en la vía pública porteña, en la avenida Figueroa Alcorta, muestra la imagen de un hombre con los ojos tapados con etiquetas que dicen «natural», «light», «2×1», «sin azúcares», «0 calorías»: algunas de las leyendas con las que las marcas de alimentos ultraprocesados buscan llamar la atención de los consumidores desde las góndolas. La imagen es parte de una campaña lanzada por distintas organizaciones que reclaman la aprobación del proyecto de ley de etiquetado frontal.
¿Qué tiene mi comida?
El proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que establece la obligación de aplicar sellos de advertencia con forma de octógonos negros a los alimentos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio (llamados “nutrientes críticos”) obtuvo media sanción del Senado el 30 de octubre de 2020 casi por unanimidad. Votaron 64 senadores a favor y solo tres en contra, representantes de dos provincias azucareras: Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin, de Tucumán; y Clara Vega, de La Rioja.
Sin embargo, una vez girado a Diputados la discusión entró en pausa, empantanada por las presiones de la industria alimenticia, que —como se ha visto en cada uno de los países donde se dio la discusión— utiliza su poderío para intervenir en las decisiones de salud pública. La primera dilación se dio cuando el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, giró el proyecto a seis comisiones, algo que las organizaciones civiles que monitorean el tema denunciaron en las redes con el hashtag #ExcesoDeLobby y que lo forzó a volver sobre sus pasos y descartar dos.
Diputados realizó en abril una reunión informativa con especialistas y un plenario de debate, pero no se llegó a emitir dictamen y el proyecto volvió a ser postergado. Es que la iniciativa pone al Gobierno en una posición difícil: por un lado, regula un problema urgente desde el punto de vista sanitario —el consumo de ultraprocesados se vincula a la obesidad y otras enfermedades no transmisibles que son responsables del 80% de las muertes en el continente— y tiene el apoyo de buena parte de la sociedad civil y organizaciones como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Panamericana de la Salud y la Fundación Interamericana del Corazón.
Por otro lado, genera un rechazo abierto de la industria alimentaria, que amenaza con consecuencias económicas catastróficas y anticipa hostilidad en plena campaña electoral.
Al mismo tiempo que el proyecto da vueltas en el Congreso, la discusión se da también en el Ejecutivo. La Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), conformada por representantes de las carteras de Salud, Agricultura y Desarrollo Productivo de todo el país, tiene su propio proyecto de etiquetado frontal, que podría ser impuesto con una resolución conjunta. En el caso de la Argentina, el proyecto de ley es más amplio que la propuesta del Ejecutivo e incluye, entre otras cosas, la prohibición de publicitar productos con sellos, venderlos en entornos escolares o incluir en los paquetes personajes infantiles, sorteos o regalos para atraer a los niños y niñas.
Fuentes que siguen de cerca la discusión hablan de un viaje de la ministra de Salud como un elemento clave en la reactivación de la discusión. Se refieren a la visita de Carla Vizzotti a México, en mayo pasado. Fue programada para avanzar con la gestión de vacunas contra el Covid-19, pero la ministra tuvo también la oportunidad de ver el sistema de etiquetado implementado en las góndolas. México es el principal consumidor de gaseosas del mundo y su ley de etiquetado —la más abarcativa de todas las que existen en la región, porque incluyó también leyendas de advertencia sobre edulcorantes y cafeína— comenzó a regir en octubre del año pasado, sumándose a las que ya existían en Chile, Perú y Uruguay.
Días antes de que se reiniciara la discusión, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) —que preside el también titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja— volvió a hacer un reenvío masivo de su posición crítica al proyecto, que incluye la exigencia de que sea “armonizado” con la normativa del resto de los países que integran el Mercosur.
Finalmente, el etiquetado frontal de alimentos obtuvo dictamen favorable en Diputados y está más cerca de convertirse en ley. Por amplia mayoría, un plenario de comisiones votó sin cambios el proyecto de ley con media sanción del Senado. Los envases tendráctógonos negros para informar la presencia de alto contenido de azúcar, sodio, grasas y calorías. Las sociedades médicas y las organizaciones de la sociedad civil han celebrado el avance.
Igualmente, la historia no ha terminado. Si bien el dictamente fue acompañado por el oficialismo y la oposición, dentro de los bloques hay diputados que se oponen a la medida. Habrá que esperar la votación de la ley.
El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere impulsar la vacunación de toda la población francesa con una combinación de incentivos y multas. El personal sanitario y de residencias estará obligado a inmunizarse.
Francia obligará a todo su personal sanitario a vacunarse y exigirá un certificado de inmunización o un resultado negativo de la prueba de la covid-19 para acceder a lugares públicos como cines y restaurantes o viajar en trenes y aviones. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes, en un discurso de media hora por televisión, medidas para evitar que una nueva ola de la pandemia vuelva a llenar los hospitales, obligue a nuevos confinamientos y frustre la recuperación de la economía tras más de un año y medio de restricciones.
Macron ha resumido así su enfoque ante el empuje de una nueva ola: “Reconocer el civismo y hacer recaer la carga de las restricciones en los no vacunados, y no en todos”. El mensaje es: la vacuna equivale no solo a salud, sino también a la plena libertad.
El presidente francés, en horario de máxima audiencia, afirmó: “Cuando más vacunemos, menos espacio para que el virus se difunda, más hospitalizaciones evitaremos y evitaremos otras mutaciones del virus, más peligrosas aún”. Y añadió: “Tanto si es cerca de casa, en el lugar de vacaciones, con o sin cita, ¡vacúnense!”. El llamamiento tuvo un efecto inmediato. La popular web Doctolib, donde pueden reservarse citas para vacunarse, quedó saturada por la avalancha de peticiones.
Cuando en mayo Macron puso fin al tercer confinamiento y reabrieron cafés, restaurantes y cines, la idea era que los franceses podrían dedicar los meses de verano a disfrutar de unas vacaciones en libertad y que el Gobierno podría centrarse en la recuperación económica. Hasta hace unos días, el presidente preveía dedicar su discurso a detallar los planes de reformas en los últimos meses de su mandato y antes de la campaña para las elecciones presidenciales de 2022.
La variante delta del virus, descubierta en la India a finales de 2020 y hasta un 60% más contagiosa, ha forzado al presidente a modificar los planes. El domingo se registraron en Francia 4.256 nuevos casos de covid-19, casi dos mil más que una semana antes. Las hospitalizaciones han dejado de bajar después de una reducción continua en las últimas semanas.
El optimismo que acompañó el levantamiento en mayo y junio de las restricciones y la aceleración del ritmo de vacunación se ha disipado. Y, aunque Macron ha abordado en el discurso la agenda económica y sus planes en el año electoral, la prioridad han sido las medidas sanitarias.
Las nuevas restricciones buscan llevar al máximo de franceses a los centros de vacunación cuanto antes. ¿Cómo? De manera obligatoria para algunos, e incentivando al resto con un argumento: la vacuna les facilitará la vida diaria y rechazarla será más difícil. La primera medida es la exigencia en nuevos locales y lugares con público del llamado pasaporte o certificado sanitario, en el que consta si un ciudadano ha recibido las dos vacunas o se ha sometido a un test de covid con resultado negativo en las 48 horas anteriores. Hasta ahora se exigía para entrar en recintos con más de 1.000 personas.
A partir del 21 de julio, habrá que mostrarlo para entrar en reuniones públicas con un aforo superior a las 50 personas y en agosto se extenderá a restaurantes, bares (incluidas terrazas) y medios de transportes de largo recorrido. Otro incentivo para vacunarse: en octubre los tests PCR dejarán de ser gratuitos, lo que dejará menos opciones a quienes rechacen vacunarse para obtener el certificado sanitario.
La otra medida, que deberá aprobar el Parlamento antes de fin de mes previo dictamen del Consejo de Estado, es la obligación de vacunarse para todo el personal sanitario, y profesionales y voluntarios en contacto con personas vulnerables, también de ayuda a domicilio. Las autoridades han constatado con alarma que en este sector un parte de trabajadores es reacia a dejarse inmunizar, lo que expone al contagio a enfermos y personas vulnerables.
Quienes incumplan las normas se expondrán a sanciones. “A partir del 15 de septiembre, si usted es [personal] sanitario y no está vacunado, no podrá trabajar y no será pagado”, dijo el ministro de Sanidad, Olivier Véran.
El pasado diciembre, en vísperas de la campaña de vacunación, Francia era uno de los países con más personas escépticas ante la vacuna, en torno al 40% según los sondeos. La cifra ha bajado y muchos de los temores de la población se han disipado, pero el Gobierno sigue yendo con pies de plomo ante cualquier nueva medida que imponga la inmunización.
En su último dictamen, publicado la semana pasada, el Consejo científico que asesora a Macron sobre la covid-19 ya alertó sobre el nivel de vacunación “demasiado bajo” entre el personal sanitario. Y especificó que esto es especialmente preocupante entre quienes trabajan en contacto con personas mayores o con discapacidad.
La obligación de vacunarse no se ampliará por ahora a toda la población mayor de 12 años, en contra de lo que propone la Academia Nacional de Medicina en Francia como “única opción realista” para alcanzar la inmunidad colectiva. La Academia recuerda que, en el pasado, se impusieron decisiones similares con la viruela (1902-1984), la difteria (1938), el tétanos (1940), la tuberculosis (1950-2007), la polio (1964), y que, desde 2017, 11 vacunas son obligatorias para todos los menores.
Macron anunció también que “el control en las fronteras se reforzará”. Su secretario de Estado para Europa, Clément Beaune, especificó que, para entrar a Francia desde España, se requerirá un test negativo realizado en las 24 horas precedentes, en vez de 48 horas como ahora, o el certificado que acredite la vacunación.
Cerca de un 40% de franceses están completamente vacunados. La pandemia ha matado a 111.354 personas en Francia, según los datos oficiales más recientes.
Reproducimos este reciente reportaje concedido a Nicolás Deza, de Econo Journal:
«Construir y preservar. Son los objetivos estratégicos definidos por Nucleoeléctrica Argentina en su flamante Plan de Acción. La compañía estatal que opera las tres centrales nucleares en el país se prepara para nuevos desafíos. En el horizonte inmediato aparece la construcción de una central nuclear de tipo Hualong financiada por China. Representa una línea tecnológica novedosa para el país, de uranio enriquecido y agua liviana. A la actualización tecnológica se le suma además el sostenimiento y la expansión de la línea “nacional” de uranio natural y agua pesada. Las tres centrales argentinas operan con esa tecnología y la industria local la domina en profundidad.
Para encarar esta nueva etapa, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) recuperó a un histórico de la casa y del sector. José Luis Antúnez regresó en abril a la presidencia de la compañía. La historia de este ingeniero electromecánico egresado de la UBA en el sector nuclear puede remontarse hasta sus tiempos como director de NUCLAR S.A., la empresa que desarrolló el montaje y la puesta en marcha de la Central Nuclear de Embalse, allá por principios de los 80 en Córdoba. En tiempos más recientes lideró entre 2005 y 2014 la terminación y puesta en marcha de la central Atucha II en Buenos Aires, primero como director y luego como presidente de la empresa entre 2012 y 2015.
Antúnez recibió a EconoJournal en el sexto piso de la Sede Nodus en Villa Martelli para repasar la situación de la empresa, el nuevo Plan de Acción, la negociación por la central Hualong, la proyección de una quinta central de tipo CANDU para el futuro y la perspectiva general del sector nucleoeléctrico.
-Volvió a la presidencia de Nucleoeléctrica en abril, luego de varios años. ¿Cómo encontró a la compañía en lo que respecta a la operación de las tres centrales nucleares?
-Encontré una compañía muy distinta de cómo la habíamos dejado a fines de 2015. Respecto a la operación, encontramos una cantidad de inconvenientes operativos acaecidos durante el período de nuestra ausencia, del cual no tuvimos información hasta llegar. Esto nos llamó a incluir en primer término en nuestro plan de acción el tema de continuar mejorando, como siempre, la operación de las centrales, de manera tal de alcanzar los niveles que tenían hace unos años que eran comparables a los máximos estándares internacionales. Comparar factores de carga de centrales es sencillo. Es un número finalmente que representa el porcentaje de disponibilidad sobre las horas teóricas. Encontramos un marcado descenso sobre el que ya hemos comenzado a trabajar para corregirlo. Justamente por eso pusimos en primer lugar el plan de acción y no los planes de inversión.
-¿Qué balance hace de las paradas programadas realizadas recientemente en Atucha II y Embalse?
-Sería arrogante decir que en las pocas semanas que llevo sé exactamente el detalle de esas paradas. Pero ha habido inconvenientes intempestivos durante las propias paradas que podrían haberse manejado de otra manera. Es la forma de encarar las tareas lo que estamos en algunos casos cambiando. Los estándares de producción de NASA son absolutamente aceptables pero queremos que estén a tono con los mejores. Tenemos implementado un proceso de mejora continua y así continuaremos.
-La empresa informa que Atucha I y Embalse están operando al 100% de su potencia y Atucha II al 80%. ¿Cuál es la programación de operación para los próximos meses y pensando en el verano?
-Tenemos paradas programadas. Respecto a la evolución de Atucha II hacia el 100% de su potencia esperamos alcanzarla hacia fines de este año. Atucha II tuvo en 2018 un inconveniente serio muy distinto a una parada programada, que dejó un rastro de absorción extraordinaria de neutrones. Es el equivalente de haber limitado la potencia de la central. Esto ha llevado a que se vaya recuperando la potencia filtrando el fluido del circuito primario, cosa que lleva muchísimo tiempo y que se ve en lo lentamente que va subiendo la misma. Pero la central va a volver al 100% de potencia a fin de año.
¿Quieren llevar las tres centrales al 100% de potencia para fin de año?
Exactamente. Hablando del 100% de la potencia y hablando de nuestra central veterana, Atucha I, que lleva 47 años en funcionamiento, poca gente sabe que hoy está produciendo 100 MW más que su potencia de diseño original de 1974. La nobleza de la máquina habla sobre eso. La central de Embalse también está produciendo sobre lo que fue su potencia nominal de diseño cuando arrancó en 1984. Atucha II, que es la máquina más nueva, va a llegar a su potencia de diseño y la evolución posterior determinará el funcionamiento de la central.
¿Siguen con atención la situación de la bajante actual en el Río Paraná?
-Sí, para nosotros es prioridad uno en estos momentos porque el Río Paraná es el que provee de enfriamiento para dos de nuestras centrales, Atucha I y II. No solo lo observamos con atención sino que estamos tomando medidas físicas para paliar el tema, aumentando la profundidad del canal de acceso. Esperamos que no se llegue a la instancia de tener que disminuir la potencia o parar las centrales por la bajante. Es una bajante extraordinaria, la mayor en 100 años me han comentado.
-En los últimos meses hubo cambios en el directorio de Nucleoeléctrica, regresando usted a la presidencia de la compañía. También se designó a Adriana Serquis como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La semana pasada ustedes participaron de una reunión de evaluación de la situación del sector nuclear en el país realizada en la Secretaría de Energía. Parece que hay un relanzamiento de la política sectorial.
-Naturalmente, es prioritario para el gobierno el sector nuclear y prioritario tanto para la CNEA como para nosotros que eso ocurra, cada uno en su sector. Hay que recordar que el programa nuclear del gobierno es el programa nuclear global. De ello, el plan de acción de NASA que hemos dado a conocer es una parte. El programa es extremadamente amplio, va desde la investigación básica hasta la medicina nuclear. Hasta la electrogeneración, que eso somos nosotros. Hasta la asistencia técnica a la industria. Hemos tenido esta reunión no solo para considerar la situación general sino la articulación con la CNEA a los efectos de llevar a cabo nuestro programa de centrales nucleares, el de NASA. Tenemos mucha experiencia en esto, para terminar Atucha II hicimos lo mismo. Multitud de tareas de trabajo en conjunto con la CNEA. Hemos quedado con la doctora Serquis en que vamos a trabajar de la misma manera.
-La compañía aprobó un Plan de Acción días atrás que fija dos objetivos estratégicos prioritarios: la construcción de la cuarta central nuclear de tipo Hualong y la preservación de la tecnología nacional de uranio natural y agua pesada. Nucleoeléctrica lleva adelante la negociación de un contrato EPC con China National Nuclear Corporation para la construcción de la central Hualong. ¿Qué características tiene ese contrato?
-Es un EPC normal por construcción y entrega de la central funcionando. Nos va a permitir acceder a una nueva tecnología que es de uranio enriquecido y agua liviana. El contrato va a prever contenido local, naturalmente en lo relativo a las obras y los procesos de montaje y puesta en marcha, además de suministros locales. También va a incluir la transferencia de la tecnología para la fabricación local de los componentes del combustible que se van a usar en la central. Esa transferencia va a ser hecha a la CNEA, que es quien fabrica el combustible para nuestras centrales. Este proyecto va a servir para incrementar el acervo tecnológico tanto de la CNEA como el nuestro.
¿En qué punto está esa negociación?
Ahora es el recomienzo de la negociación. Quedó abandonada hace tiempo. Una vez que fue aprobado nuestro plan de acción el 23 de junio del mes pasado avisamos a la contraparte china que ya estábamos listos para recomenzar las conversaciones. Ya las hemos recomenzado, vía virtual, tanto por la distancia como por las circunstancias del momento. Estimamos que serán varios meses de negociación para ponernos de acuerdo con los contratos.
-Jefatura de Gabinete de Ministros respondió en su último informe al Senado de la Nación que la central podría estar operativa en 2028. ¿Cuándo debería comenzar la construcción como para cumplir con ese plazo?
-Tendría que estar comenzando físicamente en el segundo semestre del año próximo.
-¿Prevén firmar el contrato comercial este año?
-Hacia fin de este año. A partir de ahí vienen una cantidad de procesos respecto a la contratación misma, a su financiamiento, que estimo que llevarían el primer semestre del año próximo y a partir de allí ya comenzar con la construcción. Lo que ya estamos adelantando es la preparación del predio para entregárselo a la CNNC tan pronto como esté habilitado el contrato, para evitar el tiempo muerto de empezar a despejar el predio a partir de la firma del mismo. La central nuclear se va a construir y podemos adelantar ese proceso. Eso va a empezar a fomentar el empleo en la zona de Zarate y de Campana, que tanta falta hace.
-La construcción de una central nuclear puede ser una buena noticia en un país que necesita generar empleos.
-Ya lo creo y tratamos de que lo sea lo máximo posible. En el tema de generación de empleo local, la otra central de uranio natural y agua pesada que vamos a encarar es esencialmente una gran creadora de empleo industrial. Además, el plan incluye algunos proyectos que no son centrales nuevas pero son de enorme importancia para nosotros. Uno es la extensión de vida de Atucha I. En 2024 va a parar Atucha I para una extensión de vida sobre la que ya estamos programando y trabajando. Extenderemos su vida por entre 15 y 20 años más. Va a ser una de las centrales más longevas del mundo. Hoy ya hay centrales nucleares licenciadas para operar hasta 80 años de funcionamiento en el mundo, principalmente en Estados Unidos.
La central Hualong
-¿Cuál sería el aporte de la central Hualong en el sistema eléctrico argentino?
-La potencia de diseño son 1200 MW. Descontando el consumo propio de la central son entre 1160 y 1150. En una central que opera 24 horas del día a lo largo del año es un aporte energético muy grande.
-¿Por qué se optó por esta tecnología?
-La Hualong nace de dos vertientes. La primera en el año 2010, una decisión de la Secretaria de Energía y el gobierno argentino de que era el momento de explorar la tecnología de uranio enriquecido. En esa decisión influyó mucho el hecho de que estuviera el prototipo del reactor CAREM en desarrollo. El razonamiento, muy acertado, de la Secretaría de Energía fue que si estamos construyendo un reactor de uranio enriquecido vamos a pretender exportarlo. Pero es muy difícil convencer a alguien de que compre lo que uno no usa. Por lo que sería razonable que nosotros también incursionáramos en centrales de gran potencia, no diseñándola nosotros pero sí entrando en un primer proyecto. De ahí viene una larga cadena que culmina en la selección del Hualong como el reactor adecuado. La otra vertiente, que ha pasado más desapercibida, es el acuerdo país-país de Argentina con China. Tiene un capítulo de infraestructura muy importante, dentro del cual estaba la posibilidad de comprar un reactor Hualong, y así nace la historia de este contrato que estamos tratando de completar ahora. Por lo que este contrato nace de una elección que hicimos, que la máquina más conveniente para nosotros era la Hualong, pero también la más conveniente por su esquema financiero.
-NASA tiene la experiencia reciente de haber terminado y puesto en marcha Atucha II. ¿Cómo repercute esa experiencia pensando en la construcción de una nueva central?
-Lamentablemente todo el proceso de construcción y el rol de NASA como arquitecto ingeniero de sus propios proyectos fue suspendido durante la administración anterior. No inició ninguno de los proyectos que eran parte del plan de 2014. Pero al volver hemos encontrado uno de ellos desaparecido, el proyecto nacional para un reactor de diseño CANDU. Tampoco estaba firmado el contrato por la central Hualong. Además fue disuelta la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares, es decir, el arquitecto ingeniero de NASA. De acuerdo a una disposición del año 2018, NASA fue reducida solo al papel de operadora de las centrales, sin participación en su diseño y construcción. Junto con la plana actual se tomaron las medidas necesarias para anular esa disposición y NASA ha recuperado su condición de arquitecto ingeniero de sus propios proyectos. Ahora tenemos que reconstituir esa unidad y volver a formar los grupos humanos, que es lo esencial de los grupos de ingeniería y construcción. Esta es exactamente la misma tarea que emprendí en el 2005 para terminar Atucha II, donde encontré disueltos todos los grupos dedicados a ser arquitecto ingeniero de nuestros proyectos.
Qué va a pasar con la tecnología CANDU
-El segundo objetivo estratégico refiere a la tecnología de agua pesada y uranio natural. ¿Por qué es importante preservarla?
-En primer término, no sé si quienes cancelaron el proyecto nacional advirtieron la magnitud de lo que hacían teniendo en cuenta que es la tecnología de las tres centrales que tenemos en funcionamiento. Cuando en 2018 se cancela ese proyecto y se indica que nunca va a volver a formar parte del programa nuclear argentino, alguien olvidó que uno puede pronosticar un futuro distinto y disponerlo pero lo que no puede es reescribir la historia. ¿Cuál iba a ser el destino de las centrales nucleares en funcionamiento? Rápidamente se produjo una lección que debería haber sido considerada cuando se tomó la medida. Se abandonó la planta industrial de agua pesada ubicada en Neuquén, cerca de Arroyito. Produce el agua pesada que es esencial para el funcionamiento de las centrales de uranio natural. Eso ocurrió allá por el año 2017/18 que dejó de producir y nos encontramos hoy con la paradoja de que la nación tiene tres centrales en funcionamiento, que necesitan agua pesada para su funcionamiento, pero que tiene salir a comprar el agua pesada al exterior, siendo el país el dueño de la mayor planta de ese tipo que hay en el mundo. Una extraña paradoja pero totalmente previsible cuando se tomó la decisión de cancelar el proyecto nacional.
-¿Qué ocurrirá con la planta en Arroyito?
-La planta es de la CNEA y es operada por una empresa mixta entre la provincia de Neuquén y la CNEA. Ergo, la planta es del Estado nacional. La empresa mixta operadora es un esquema que funcionó muy bien y que usamos para producir entre 2005 y 2015 las más de 700 toneladas de agua pesada que requirió Atucha II. Ya está tomando medidas la Secretaría de Energía para que se produzca la recuperación del funcionamiento de esta planta.
-La preservación de esta línea incluye la proyección de una nueva central de ese tipo para el futuro. ¿Cuál es el plan?
-Nuestro plan ha recuperado el proyecto nacional y lo vamos empezar a ejecutar con un método que nos va a permitir contribuir a la recuperación de la industria argentina, en particular de la metalmecánica, la eléctrica y hasta la química. Hablando de creación de empleo eso es lo más importante. ¿Qué hacemos con el proyecto Hualong? Reactivamos la industria de la construcción y del montaje. Vamos a crear en la zona de Zarate alrededor de 5000 empleos, más otros 600 o 700 permanentes cuando ya arranque la central. Vamos a haber reconstruido empleo pero para una masa de empleo especial, que es la de la construcción. El contenido local de un primer reactor de una tecnología nueva y a través de un contrato EPC va a ser relativamente bajo desde el punto de vista de los componentes industriales. Quiere decir que el Hualong va a satisfacer nuestras expectativas en cuanto a incorporar la nueva tecnología, en cuanto a la industria de la ingeniería y la construcción y en cuanto al empleo en el aspecto de la construcción y de la operación. Empleo industrial relativamente poco. Para compensar esto, tenemos en primer término la ejecución de la extensión de vida de Atucha I, que va a dar muchísimo trabajo industrial. Lo segundo es el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Quemados, que es un proyecto muy grande, de un par de cientos de millones de dólares. Eso es un puente que nos va complementar el empleo industrial durante lo que queda de este año y el próximo. Seguramente la extensión de vida de Atucha I seguirá hasta el 2024 y para ese momento los componentes ya van a estar fabricados. Entonces necesitamos algo más y encontramos la siguiente forma de hacerlo. Vamos a programar el proyecto nacional, que va a ser un reactor CANDU. La tarea de proyectar este nuevo reactor se va a hacer en Embalse, que es donde esta acumulado nuestros 40 años de experiencia tanto en la construcción como en la operación y la extensión de vida de Embalse. La experiencia CANDU de Argentina esta acumulada allí, por lo que la gerencia e ingeniería para el nuevo proyecto se van a realizar allí.
-¿Cómo van a programar el proyecto CANDU?
-Lo vamos a programar de forma distinta a la de una obra normal, que como toda obra comienza por la obra en conjunto con la compra de componentes. Este proyecto lo vamos a arrancar exclusivamente con la ingeniería de compras y de diseño para los componentes locales de largo plazo de entrega y alto impacto en la industria manufacturera argentina. Tarea que podríamos estar comenzando en 2023. Allí inyectaremos todos los fondos que tengamos disponibles. Si en algún momento se recupera el financiamiento entonces lanzaremos el proyecto completo, pero vamos a empezar por la compra de componentes nacionales. Esa es la idea que hemos aportado al deseo del gobierno de fomentar el empleo industrial que es crucial para enfrentar el desempleo y la pobreza.
La importancia de la energía nuclear
-¿Qué aporta una central nuclear en la matriz energética de un país como Argentina?
-El reactor nuclear por de pronto es un aporte de energía de base, cosa que muy pocos países tienen de fuente hidráulica. Nosotros tenemos, como es el caso de Yacyretá. Es una central hidráulica que es en la práctica una central de base. Lo que hace es aportar a la base del sistema y realmente a lo largo de todos estos años he visto que cuando faltan se extraña la energía de base de la central nuclear, porque no está condicionada ni al clima ni a la disponibilidad de gas, ni a la importación de combustible, ni a la lluvia tampoco. Son centrales muy parejas que con potencias relativamente pequeñas producen mucha energía. El promedio del mundo es que 440 reactores, que son menos del 5% de la potencia total instalada en el mundo, producen el 10% de la energía que consume el planeta. Su incidencia en la matriz energética es muy alta en proporción. Así que venimos aportando a la matriz energética desde 1974 con Atucha I. Épocas en las cuales Atucha I era tan importante que si salía intempestivamente de servicio había un apagón en el gran Buenos Aires, con sus modestos 200 MW de aquella época. Hasta el momento actual en que la salida intempestiva de una de las tres centrales no va a mandar a apagón al país pero sí provoca unos cuantos llamados de CAMMESA rápidamente a ver qué está pasando y por qué salieron. Después aporta algo que antes se consideraba una cosa elegante pero ahora está comenzando a considerarse como una cosa imprescindible. La generación nuclear no emite carbono. Esto ha hecho que en los últimos congresos se ha hablado de que lo nuclear va a ser una parte esencial si es que se quiere descarbonizar totalmente la generación eléctrica para el 2050. Una menuda tarea: el 40% de la energía eléctrica del mundo se produce con carbón hoy. Hasta casi el 70% es combustión de gas o de líquido, todas fuentes de carbono. Después vienen las que no producen carbono: la hidráulica, la eólica, la solar y la nuclear. Con una ventaja adicional para esta última: tiene un funcionamiento de base. Hoy nuestras tres máquinas aportan alrededor del 10% de la energía eléctrica anual del país.
-Una central nuclear es una inversión de capital muy elevada. ¿Cómo se debe valorar en lo económico el costo de la energía nuclear?
-Ahí tenemos una disputa ideológica con los evaluadores de proyectos. El método habitual de evaluación de un proyecto energético es el del costo nivelado de la energía, el LCOE. Está muy bien y funciona razonablemente bien para proyectos con vida útil de 20 años. Ahora, como es un método de flujos de caja descontados tiene un inconveniente. Aún con tasas relativamente bajas, sea del retorno del capital que se le pide al proyecto, sea de la inflación que afecta al ingreso, arriba del 5 o 6%, el LCOE más allá de los 20 años no ve nada. ¿Qué hacemos con los proyectos que viven 80 años? Cuestión que compartimos con las hidráulicas grandes. Tenemos un gran aliado en declarar que el problema de la evaluación de los proyectos eléctricos es problema del instrumento de medición, no de la máquina. Ya se han diseñado en Estados Unidos métodos de adaptación, como el VALCOE. Son métodos que trabajan con la contribución al sistema que hacen aquellas máquinas cuyos flujos de dinero no ve el método del descuento actualizado de los fondos. Para que el proyecto nuclear sea competitivo con ese instrumento tan primitivo que solo ve los 20 años, hay que conseguir una tasa de retorno que sea del 2 o 3%, cosa que ciertamente es inalcanzable en países como el nuestro. Pero cuando uno corrige en función de los flujos futuros que existen la ecuación es otra. Antes nos decían que una central con una duración de 40 o 60 años era una fantasía. La dura realidad ha hecho ver que hoy hay máquinas que están andando hace 60 años y funcionan mejor que antes. La flota estadounidense que es de alrededor de 100 reactores tuvo el año pasado un factor global de carga del 93%, con algunas máquinas que tienen 65 años funcionando. Es una contribución monumental. Eso flujos están hoy y los estadounidenses, que son bastante prácticos, hace ya rato que lo vienen reconociendo. Algunos Estados ya están remunerando a las centrales directamente. Otro elemento es la emisión de carbono. Cuando hace 30 años se evaluaba un proyecto el hecho de que emitiera carbono no era algo que estuviera perturbando el planeta. Ahora parece que sí, por lo tanto, a las fuentes que no producen carbono hay que premiarles la tonelada no emitida de carbono y no usar el primitivo método de multar al que emite. Alguien con suficiente plata paga la multa y ya. No es ese el método socialmente adecuado si es que quieren alcanzar un 2050 con energía eléctrica limpia.
-El sector nucleoeléctrico argentino es muy importante dentro de la región y a nivel internacional. ¿Cómo se lo preserva?
-Teniendo continuidad. Imagine el papelón de que una nación respetada en la región haya abandonado la única tecnología que tiene en funcionamiento. Hay que tener continuidad en las ideas. Si queremos hacer otra tecnología diferente a la que tenemos en funcionamiento debemos adoptar esa tecnología, pero sin destruir la que tenemos. ¿Argentina por qué tiene prestigio? No solo por las capacidades indiscutidas de la gente de la CNEA y de todos sus desprendimientos, como es el caso de NASA. Sino que trabaja continuamente con la energía atómica desde 1950. Tuvo la primera central nuclear al sur del Río Bravo. Le siguieron Brasil y México. Otro tema, en el que también hubo continuidad, es que Argentina ha sido pionera en la medicina nuclear. La palabra nuclear se aplica a varias cosas, que van desde lo horrendo que es lo bélico, hasta lo sublime que es la aplicación médica. Argentina de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear ha sido pionera. Somos el segundo exportador de radioisotopos del mundo, en general para uso médico e industrial. Tenemos centros de medicina nuclear de avanzada. Con continuidad, trabajo duro y buena ciencia y tecnología, se va lejos. Ahora, dando bandazos salvajes, será más difícil. El tema del resurgir de Atucha II fue en el 2005. El sector nuclear estaba absolutamente destruido y se lo reconstruyó completo. Por suerte la parte de medicina nuclear pasó este último periodo no digo indemne pero bastante bien. Lo que se procuró destruir fue la parte nucleoenergética y por suerte no se lo consiguió.
-Otro punto del plan de acción es la colaboración con Electrobras de Brasil. ¿En qué consiste?
-Tenemos una gran cantidad de trabajo con los colegas de Electrobras. Nuestra gente de inspección de ensayos no destructivos tiene gran experiencia en el manejo de estos reactores en servicio porque comenzó hace más de 45 años con ese trabajo. Hemos encontrado un requerimiento para las centrales brasileñas de ir llevando ese historial de cómo va marchando la parte metalográfica de los reactores, a tal extremo que ya nos contratan sistemáticamente, inclusive a través de la empresa francesa Framatome. Estamos trabajando para Framatome en Brasil. Después tenemos un gran intercambio de experiencia operativa con los colegas brasileños, con permanentes visitas. Compartimos un reactor de diseño alemán que es el de Atucha II, pero el de ellos es de uranio enriquecido y el nuestro es de uranio natural. Así que tenemos un historial operativo en común con la central Angra II. Con Angra I no, es un Westinghouse de uranio enriquecido que no tenemos nada parecido. Pero Atucha II es un diseño de uranio natural y es una derivación del diseño Angra II de uranio enriquecido. Esos son los dos puntos en los cuales compartimos muchísima experiencia y seguro que vamos a seguir trabajando en otros temas.
-¿Qué conlleva el trabajo de responsabilidad social empresaria dentro del plan?
-NASA siempre ha trabajado por lo que el OIEA define como los principales accionistas de una central nuclear, que es la población de la zona. Es una política permanente y vamos a seguir aumentando este trabajo con las comunidades próximas. Tenemos una gran política de formación, con tres institutos educativos en Lima y apoyamos a todas las escuelas de la zona. NASA en el 2014 se transformó en la primera empresa estatal en emitir un balance de responsabilidad social empresaria.»
En el gobierno de Alberto Fernández se avanza en el borrador de un memorándum de entendimiento sobre una millonaria inversión de China en la Argentina. El objetivo es desarrollar granjas de producción porcina que exporten unas 900.000 toneladas de carne por año a Beijing. Ayer un medio lo dio como definitivo, pero hoy a las 11 hs. la cancillería argentina lo desmintió.
La expectativa es que ambos países sellarán en septiembre el acuerdo final que se terminó de redactar en una mesa interministerial (Agricultura, Producción, Cancillería y Medio Ambiente) y que se concretará con la contraparte china.
En el borrador de uno de los documentos del memorándum de entendimiento se detalló que «la Argentina tendrá competitividad y potencial como jugador global para desarrollar la sección descriptiva general de las capacidades, potencialidad y horizonte de la producción de carne porcina frente a inversores extranjeros interesados, detallando características, requisitos básicos, estándares y umbrales mínimos que deben tenerse en cuenta».
A la vez, entre los requisitos para las inversiones chinas en las granjas de producción porcina y el «modelo priorizado» se destaca que esta quedará dividida en dos partes principales: inversión y exportación. El marco general en el que se da en este documento la Argentina se le informa al inversor de China los parámetros de las actividades comerciales básicas, acciones sugeridas y conocimientos básicos desde el abordaje de un inversor extranjero para desplegar su capital, operar su producción y comercializar.
En tanto, en el documento se detallaron los términos en los que Argentina va a aceptar las inversiones. Esto es: desde el tamaño mínimo (y máximo) de las granjas porcinas, pasando por la normativa laboral obligatoria, hasta la capacidad mínima frigorífica obligatoria para cada establecimiento.
Al especificar el perfil exigido para desarrollar las granjas con capital chino la Argentina pidió al gobierno de Xi Jinping que la pretensión es desplegar «granjas de economía circular, maximizando contenido nacional en su construcción y operación».
También se detalla a los inversores extranjeros el esquema de «modelo de producción priorizado» así como la ubicación geográfica de las granjas, la logística, el tratamiento de desecho y efluentes, la energía y el tipo de faena en los frigoríficos.
El acuerdo apunta a evitar que haya cuestionamientos de «sectores ambientalistas o productores locales que temen por los efectos que pudiera tener en el mercado doméstico un crecimiento rampante de la oferta».
Desde el Ministerio de Producción se está trabajando con bancos argentinos estatales (el BICE y el Nación) y los de China (ICBC y CDB) para desarrollar una línea de créditos flexibles para el sector.
Si bien no hay detalles de la cantidad de millones de dólares que China invertirá en la Argentina para desplegar este proyecto, se estima que instalarán en una primera etapa unas 25 granjas productivas de aproximadamente 12.500 cerdos cada una, para satisfacer la creciente demanda de China de esta carne.
Así, la intención del gobierno es duplicar el número de 350.000 cerdos que hay hoy en el país y se impulsaría la producción de 700.000 toneladas anuales en lo inmediato y de 900.000 toneladas por año en un cuatrienio. La idea que se trabajó en el memorándum de entendimiento es que cada granja sea una instalación integrada, desde el procesamiento de granos para alimentación animal hasta la cría de cerdos, matadero y envasado para la exportación a China.
«La idea es exportar cerdo no solo a China, sino a toda la región del este asiático. China es un gran consumidor de carne de cerdo y tiene un déficit por cubrir de 8 a 12 millones de toneladas de carne porcina», manifestó el embajador Vaca Narvaja.
Hasta ahora los dos principales proveedores de carne porcina de China son España y Alemania, que se encuentran afectados por la peste porcina por lo tanto, se afirma, a la Argentina se le presenta una gran oportunidad. Hay decisión de China de invertir en las granjas ya que la región es libre tanto de PPA como de la peste porcina clásica (PPC) y del síndrome respiratorio reproductivo porcino (PRRS) y el país se encuentra con estándares sanitarios de primer nivel.
Para los ambientalistas
En el gobierno aseguran que el último documento contempla los parámetros fitosanitarios y ambientales para darle respuesta a los cuestionamientos de organizaciones sociales y ambientalistas. Es decir, que la Cancillería incluyó en el memorándum un anexo específico en relación al cuidado del ambiente.
La Cancillería argentina aclara que esta información es absolutamente falsa y carece de asidero. pic.twitter.com/7dJK1zS0fD
— Cancillería Argentina ?? (@CancilleriaARG) July 13, 2021
El dólar blue registró ayer lunes una suba de $ 3 y cerró en $177, nuevo récord para 2021. Venía de subir $ 4 durante la semana pasada. Ayer llegó a hasta los $179, el valor más alto desde octubre pasado, cuando llegó a operar a $195.
Análisis de AgendAR:
Era previsible que, después que el Banco Central y la CNV dictaron nuevas medidas (ver aquí) para controlar al dólar «contado con liquidación» (el mecanismo, legal, que usan las empresas para dolarizar sus fondos y llevarlos al exterior), el dólar «blue», ilegal, subiera de precio. Por supuesto, las autoridades también lo esperaban.
El salto no fue tan grande, y al término de la rueda bajó un poco. La pregunta -que se hacen Guzmán y Pesce- ¿podrán controlarlo?
A riesgo de resultar monótono, AgendAR repite que en el plazo mediano -meses- la respuesta no la tiene el Central ni tampoco el FMI: dependerá si se controla o no la inflación.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que el sector turístico «funcionó a un 50% de lo que sería esta fecha sin pandemia, manteniéndose bajo las expectativas calculadas con antelación». En las ciudades de destino coincidieron en que dicho porcentaje fue menor de lo que hubiera sido en un feriado sin una pandemia de coronavirus presente, pero era algo que ya esperaban.
El sector apuesta ahora a lograr buenos resultados en el receso invernal. Continuaron remarcando que «con una estadía media de 2,6 días y un gasto diario per cápita de 2.250 pesos, el feriado dejó ingresos por $3.217 millones en las economías regionales» y «fueron un total de 550.000 turistas que salieron de viaje». «A ellos se les agrega 1.054.000 de excursionistas que decidieron trasladarse a ciudades cercanas en busca de descanso y recreación. Se estima que desembolsaron en promedio $1.300 cada uno, inyectando un total de $1.358,5 millones», completaron.
En resumen: el fin de semana dejó el siguiente saldo: 1.604.000 personas recorrieron la Argentina entre el jueves 8 de julio y el domingo 11, generando un impacto económico directo de $4.576 millones.
En detalle: «El tiempo ayudó a muchas regiones, ya que se presentó con sol y clima agradable. Pero la final de la Copa América retuvo a mucha gente en su ciudad».
En la provincia de Buenos Aires, el fin de semana largo fue considerado como aceptable. Esto se debe a que la ocupación quedó lejos de otros años, pero hubo una mejora frente a otros fines de semana.
En Mar del Plata, los hoteles de cuatro y cinco estrellas fueron los más requeridos entre los turistas y sobresalió entre los demás la figura del visitante espontáneo, que decidió llegar sin reservas previas y acordar dónde iba a hospedarse sobre la marcha.
Cariló, Vila Gesell, Mar de las Pampas o Pinamar mostraron un movimiento que se encontró también dentro de los mismos parámetros, al tiempo que en el interior de la Provincia fue muy buscado el turismo calificado como rural familiar.
Como siempre, se coordinaron todo tipo de actividades al aire libre que impulsaron a recorrer lugares como Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Tigre, San Pedro, y Chascomús, entre otros, y en todas -según afirmaron autoridades municipales y hoteleros- se respetaron los protocolos contra el Covid-19.
La Comisión Nacional de Valores aprobó ayer el fideicomiso para financiar la construcción de la planta en la que el Laboratorio Richmond fabricará la vacuna Sputnik local, según se espera, a partir de 2022. La oferta pública se haría en las próximas semanas.
Se prevé que esta semana el centro Gamaleya dé su aprobación para empezar a distribuir y aplicar el primer lote de vacunas envasadas en el país (primera dosis); el de la segunda dosis, tendría el OK a fin de mes. Actualmente la formulación, filtrado y rellenado de viales (envasado) de la Sputnik se hace en la planta de MR Pharma, por cuenta de Laboratorios Richmond.
Los fondos que logre captar el proyecto, que aspira a recaudar de los inversores entre US$ 70 millones y US$ 85 millones, serán destinados a una nueva planta de 1500 m2 para la fabricación de la Sputnik V y de productos sólidos orales de alta potencia, indicados para pacientes con diagnósticos de oncología y esclerosis múltiple.
Además del interés de privados, el Estado argentino podría tener algún tipo de participación; el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), por ejemplo, ya había confirmado a través de su presidente, José Ignacio de Mendiguren, que estaba estudiando cómo colaborar para facilitar financiamiento.
El presidente de Richmond, Marcelo Figueiras, está actualmente en Italia en conversaciones con fabricantes de maquinaria para la planta y en un par de días volará a Moscú para agilizar la aprobación de los primeros lotes de vacunas Sputnik envasadas en el país. A partir de ese momento, las vacunas, que ya están en la Argentina congeladas y listas, serán puestas a disposición del Gobierno, que podrá empezar a distribuirlas a los vacunatorios, previa autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Al 16 de julio, Richmond espera tener envasadas localmente (con el principio activo que llega de Rusia) 1.362.125 dosis del componente uno y 1.005.000 dosis del componente dos. La cantidad total para poner a disposición del Gobierno incluso podría ir aumentando un poco más con el correr del mes.
En cuanto a la planta local, ésta será montada bajo la modalidad llave en mano, con panelería europea, fermentadores alemanes de Sartorious, dosificados de viales y jeringas prellenadas de Tofflon, una de las principales productoras de maquinaria de China para la industria.
El Banco de Valores, en su carácter de fiduciario ya le comunicó la novedad a Laboratorios Richmond, en carácter de fiduciante, confirmaron fuentes privadas.
El fideicomiso financiero denominado “PROYECTO VIDA – LABORATORIOS RICHMOND” pretende la emisión de valores por hasta un máximo de US$85 millones. Según la nota enviada, “el fideicomiso tiene por objeto financiar la adquisición, instalación y puesta en marcha de una planta para la producción de vacunas, entre otras, las establecidas contra el coronavirus SARS-CoV-2″.
Fuentes al tanto de la constitución del fideicomiso dijeron que “este es un proyecto que se está armando casi al mismo tiempo que la parte financiera” y consideraron que para conseguir la cantidad máxima de fondos “hay que asegurarle al inversor que está todo atado; cuanto más atado, más barato será el financiamiento”. En ese sentido, agregaron que, para hacer el ciclo completo de la vacuna Sputnik en la Argentina, se necesitará el máximo buscado de US$85 millones. “Hay temas impositivos, aduaneros, que aún no están definidos, idealmente un régimen de incentivos para este tiempo de emprendimientos. Luego está la obra civil. Hay tiempos que ya están corriendo”.
Cuando compareció ante el Congreso, Figueiras deslizó su preocupación por los tiempos burocráticos y los costos impositivos que podría enfrentar la importación de la maquinaria y los módulos de la futura planta. En ese sentido, en el mercado esperan gestos del Gobierno, cuyos funcionarios se muestran siempre muy ansiosos por aparecer en la foto cuando se anuncian avances en materia científica o productiva.
Según expresó el presidente de la CNV, Adrián Cosentino, en la comunicación oficial, “esta iniciativa representa un doble hito histórico para nuestro país, no sólo porque el producto de inversión colectiva contribuirá al desarrollo económico y social, sino porque también se constituye como un mecanismo de canalización del ahorro a desarrollos científicos a través del mercado de capitales, lo que reafirma el enorme desafío que tenemos por delante desde la CNV”.
“La creación de este fideicomiso buscará aplicar los fondos obtenidos de la colocación de los valores fiduciarios a financiar la adquisición, instalación y puesta en marcha de una planta para la producción de vacunas. Adicionalmente la planta estará preparada para elaborar otros productos biotecnológicos”, agrega la comunicación.
La planta será provista por un consorcio contratado por Richmond e integrado por cinco empresas: CIMA Industries inc., Axiom Ingeniería S.L., Shanghai Tofflon Science & Technology Ltd., Shanghai Zhongla Quality Management & Trading Co Ltd., y Grupo Sinotek S.A. de CV, bajo el concepto de “llave en mano”, y montada sobre un inmueble ubicado en la ciudad bonaerense de Pilar.
La capacidad total prevista de producción de la nueva planta será de unos 80 millones de viales/año y unas 28 millones de jeringas/año. Se estima que la fecha de habilitación de la planta será el 1° de octubre de 2022, de acuerdo con lo comunicado por la CNV.
Las salmoneras no son el problema ambiental más grave que tenemos en Argentina. Pero hoy es el más discutido. A pesar que, aunque parezca extraño en tiempos electorales, no está encuadrado por la «grieta».En el análisis del tema que publicamos hace 9 días, señalamos las diferentes actitudes que exhibían, sobre esta medida de una legislatura provincial, dos ministerios del gobierno actual. Y hoy reproducimos esta inteligente nota de Roy Hora -un historiador de quien publicamos no hace mucho un trabajo en AgendAR- que es muy crítico del gobierno nacional. Y del anterior.Tenemos desacuerdos importantes con algunas cosas que Hora dice aquí. Pero es un valioso aporte al debate, porque recuerda prioridades.
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«Hace pocos días, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una ley que prohíbe la cría de salmónidos en las aguas de esta provincia. La medida generó reacciones encontradas. La restricción fue calurosamente celebrada en Tierra del Fuego y en las filas de nuestro ambientalismo, y recibió una favorable cobertura periodística.
El principal argumento en favor de la prohibición puede resumirse así: una actividad que degrada el ambiente, que tiene elevados costos ambientales y que, por ende, no genera verdadero desarrollo, debe ser condenada a morir antes de que tome cuerpo. Gracias a la movilización popular, los ciudadanos de Tierra del Fuego se alzaron con una victoria en la larga lucha por construir un país y un planeta más verde. Los fueguinos pueden descansar tranquilos, con la satisfacción de la tarea cumplida. Sólo el desarrollo verdadero, el amigable con el ambiente, tendrá lugar en su tierra.
Otras voces dudan de la sabiduría de estos juicios.Matías Kulfas, ministro de Industria, se pronunció en contra de la prohibición. Una nota de Martín Shapiro en Le Monde Diplomatique argumenta, con toda razón, que regular es mejor que prohibir. Esto es así, entre otras cosas, porque es importante recordar que el desarrollo no es un objetivo que pueda alcanzarse a escala local.
Al alejar la lente del pequeño escenario fueguino para captar un panorama más amplio, el problema del desarrollo toma formas más complejas. La economía de Tierra del Fuego depende de manera directa de un régimen de promoción industrial que, más allá de las razones que le dieron origen, hoy sabemos que está mal concebido, y que constituye un obstáculo para el progreso económico de la provincia y del país.
Al optar por prohibir en vez de regular una actividad productiva que podría haber agregado algo de dinamismo a la endeble economía fueguina y que, además, podría haber sido construida desde cero con los estándares medioambientales más exigentes, más que liberarse de un mal, Tierra del Fuego refuerza su condición de provincia rentística. Ese camino no conduce al desarrollo, cualquiera sea la definición que le demos a este término.
Pero el problema va mucho más allá de Tierra del Fuego. Con la prohibición de esta forma de acuicultura, un país como el nuestro, desde hace demasiado tiempo siempre sediento de divisas, se niega la posibilidad de dar impulso a una actividad con un gran potencial para sustituir importaciones y, quizás, también fortalecer nuestro anémico sector exportador.
Mientras esta restricción continúe vigente, pues, seguiremos gastando nuestros siempre escasos dólares en salmón importado, casi todo chileno, producido muchas veces en condiciones menos amigables hacia el ambiente que las que podrían establecerse en una salmonicultura que camina sus primeros pasos sometida a estrictos protocolos.
Activistas de Greenpeace llegaron en zodiacs hasta las jaulas salmoneras de Cermaq en skyrin, perteneciente a la multinacional Mitsubishi, donde desplegaron bajo el agua un cartel con el mensaje: “Esto es lo que esconden las empresas salmoneras”, haciendo referencia a las gigantes concesiones de esta industria cuyas jaulas ocupan aproximadamente una cancha de fútbol y un edificio de cinco pisos en profundidad.Los problemas de la cría de salmón no son irrelevantes. Sin embargo, las granjas acuáticas (de cría de salmones y de otras muchas especies) se expanden por el mundo. Fuera de nuestras fronteras, pocos se animan a sugerir que la proscripción es el camino. ¿Los fueguinos ¿no podrían haber hecho como Noruega, que es líder en cuidado del ambiente y que, en vez de prohibir las granjas acuáticas, les aplica controles muy exigentes?
¿Y ya que partían de cero, no podrían haber intentado convertirse en pioneros de una salmonicultura más amigable hacia el ambiente? En cambio, eligieron el camino fácil de la prohibición y, con ello, toda la Argentina apaga un motor de crecimiento, pierde empleo y pierde dólares. Perdemos todos, o casi todos.
Al avanzar por esta senda, Tierra del Fuego se aferra a lo que le ofrece el régimen de promoción industrial creado al amparo del Área Aduanera Especial de 1972, cuyos aspectos negativos son muy conocidos, y que las reformas de este siglo no han vuelto mejor. No todos sufren sus falencias, sin embargo. El régimen beneficia a algunos empresarios amigos del poder y genera varios miles de empleos en las ensambladoras de equipos radicadas en la provincia. El aporte de firmas como Newsan y Mirgor no es trivial, pero que operen en Tierra del Fuego tiene costos, cuya cuenta paga el resto del país.
Fuera de esta provincia austral, las ventajas de contar con esta “industria terminal” (es así como los especialistas denominan a la actividad de ensamblaje) son muy difíciles de percibir. Usar a la provincia más austral del país como plataforma para armar computadoras, equipos de aire acondicionado y celulares con insumos traídos de Asia, para luego trasportarlos y comercializarlos en Buenos Aires, Córdoba o Rosario, no tiene mayor sentido. Obliga al resto del país a pagar más caras sus computadoras y sus pantallas.
Un régimen como el de Tierra del Fuego tiene dos víctimas directas: nuestros compatriotas de menores ingresos y nuestro tejido productivo. Golpea con especial dureza a los pobres y a las empresas. Antes de la pandemia, los grupos de mayor poder económico podían comprar su iPhone o su pantalla en Chile o en Miami, y podrán volver a hacerlo una vez que ésta quede atrás. Los habitantes de las barriadas humildes de Moreno o Florencio Varela, en cambio, rara vez cuentan con ese privilegio.
Computadoras más caras también significan mayores costos para toda firma, pequeña o grande, que aspire a expandirse. Encarecer los costos de inversión no parece una idea muy razonable en un país como el nuestro que, desde hace varias décadas, no crece, y por ende tiene muchas dificultades para generar nuevos puestos de trabajo.
Recordemos: más empleo registrado significa, ante todo, menos hogares enfrentando angustias cotidianas, menos sufrimiento, menos niños en la pobreza, escolarización más prolongada para las nuevas generaciones. Si nos interesa ampliar los horizontes vitales de los más pobres, la Tierra del Fuego de la prohibición del salmón y la “industria terminal” no es el camino.
¿Qué hacer, entonces, con las voces que, con toda justicia, reclaman una economía y una sociedad más verdes? Hay muy buenas razones para poner esta causa en el centro de nuestras preocupaciones ciudadanas. La Argentina todavía no ha asumido plenamente el desafío de producir bienes y servicios y organizar la vida en común protegiendo el ambiente, cuidando sus recursos naturales. Por fortuna, en las nuevas generaciones crece la conciencia de que la crisis climática y la destrucción de los recursos naturales son cuestiones de enorme relevancia, que demandan acciones estatales ambiciosas y sistemáticas, y un mayor compromiso cívico. Es uno de los temas de relevancia pública que más moviliza a los jóvenes. La clase política, sin embargo, todavía no ha tomado verdadera dimensión de la importancia del problema.
Distraídos por temas más urgentes, nuestros grupos dirigentes son parte del problema. Basta recordar los nombres de los últimos responsables del Ministerio de Ambiente para advertir que, a ambos lados de la cerca, el tema no resulta prioritario. ¿Qué decir de Sergio Bergman, un ministro más versado en la Torá que en los problemas del ambiente sobre los que tenía que decidir y que, a falta de un mejor lugar en el gabinete, aceptó este cargo como premio consuelo? ¿Qué pensar de Juan Cabandié que, hace algunos años, para complacer a sus valedores, declaró sin ruborizarse haber visto bancos de peces en el Riachuelo? ¿Y qué decir de los jefes de Estado que confían el Ministerio de Ambiente a figuras con antecedentes que, más que prepararlos para el cargo, lo descalifican? Los ejemplos podrían extenderse.
La mayor deuda ambiental nacional no está en Tierra del Fuego o San Juan sino en el conurbano
Pero hay algo más importante, que hace a la manera en que pensamos la problemática ambiental, y a las prioridades de la política pública en este campo. Hay muy buenos motivos para argumentar que, en un país que tiene una huella ecológica positiva (esto es, que captura más gases de efecto invernadero que los que genera, contribuyendo de este modo a eliminar emisiones de carbono producidas en otras latitudes), el mayor desafío no es la minería en la región andina ni el empleo de grandes cantidades de herbicida en la agricultura extensiva, ni la creación de pasteras en el Río Uruguay, ni la producción a gran escala de carne de cerdo y, por supuesto, tampoco la cría de salmones en la Patagonia. Al concentrar la atención en estas causas, que despiertan mucha simpatía en las filas de nuestro ambientalismo (y que a veces el periodismo aborda de manera acrítica, sin sopesar su importancia relativa), nos estamos olvidando del elefante en la habitación. El que compromete la salud de cientos de miles, el que degrada la vida cotidiana de millones.
La mayor deuda ambiental nacional no está en Tierra del Fuego o San Juan sino en el conurbano: es la contaminación de nuestros grandes ríos urbanos, entre los que se destaca la cuenca del Matanza-Riachuelo, que recorre 14 municipios del Gran Buenos Aires hasta desembocar en el Río de la Plata. Vertedero de residuos tóxicos y metales pesados, basural y letrina a cielo abierto, esta cuenca tiene el triste honor de figurar entre los ambientes urbanos más contaminados del planeta. No menos degradada está la cuenca de otro gran curso de agua, el Reconquista, que atraviesa 18 municipios bonaerenses hasta desembocar en el Luján y el Río de la Plata. Allí está nuestra mayor vergüenza, nuestro Chernobyl.
El precio de vivir en las proximidades de estos degradados cursos de agua lo pagan varios millones de personas, casi todas ellas de muy bajos ingresos, que ven su salud y su calidad de vida deteriorados por el modo en que suelen abordarse los problemas que afectan a los que tienen menos recursos y menos voz: con desidia y negligencia. Vivir en torno a los contaminados cursos de agua que recorren el Gran Buenos Aires implica tener niveles de plomo en sangre más elevados, respirar aires pestilentes y venenosos, contar con una menor esperanza de vida, en fin, llevar vidas más breves, sufridas y miserables. Allí, en los distritos más destituidos de Lomas de Zamora, Lanús o Moreno, se produce la mayor violación al derecho constitucional a vivir en un ambiente sano que oscurece el presente y el futuro de nuestra nación.
Nuestro ambientalismo, sin embargo, no le presta suficiente atención al problema. ¿Por qué, en vez de poner a nuestros contaminados ríos urbanos al tope de la agenda ambiental, invertimos tanta energía en el combate contra las pasteras del río Uruguay o la cría de salmones en la Patagonia, a punto de que celebramos –como hicieron varios diarios– que, gracias a la prohibición de esta última actividad, la Argentina es “pionera” en la defensa del medio ambiente? ¿Es porque el Matanza, el Reconquista y el Riachuelo dañan la vida de personas que desde hace tiempo nos acostumbramos a tratar como ciudadanos de segunda, y cuyos problemas vemos como distintos a los nuestros? ¿O porque no somos capaces de concebir respuestas imaginativas frente a un desastre ambiental que hemos naturalizado y frente al cual ya no cabe sino resignarse?
En particular, el principal obstáculo para construir una relación más armónica entre la ciudadanía y el ambiente depende de una profunda transformación de la infraestructura de nuestras grandes ciudades y, en particular, de nuestro enorme y desfinanciado conurbano bonaerense. Para ello es preciso invertir esfuerzos y recursos en la extensión de redes cloacales en las periferias pobres de las principales aglomeraciones, en la creación de sistemas de tratamiento para los residuos industriales y residenciales, en ampliar el acceso a la propiedad del suelo y a los servicios que van con ella, en la transformación de los sistemas de transporte urbano. Nada de esto es barato. Un Estado sin margen alguno para incrementar la recaudación y el gasto puede hacer muy poco. De allí que ninguna iniciativa será exitosa si no contamos con mayores recursos, públicos y privados, que sólo puede aportar una economía en expansión. No hay duda de que el crecimiento económico supone mayor presión sobre los recursos naturales, y que suele venir acompañado de mayores costos ambientales. La cuestión no tiene una solución fácil. Una cosa es segura, sin embargo: en la estancada y empobrecida Argentina de nuestro tiempo, no hay camino al desarrollo que no pase por el crecimiento (y, en particular, por el crecimiento exportador).
Todo esto significa que una sociedad que valora a sus mayorías debe decirle adiós a la idea de que el objetivo de sus luchas en nombre del cuidado del ambiente es impedir la cría de salmones o la instalación de fábricas de pasta de celulosa. Una Argentina que aspire a forjar una mejor relación entre sus ciudadanos y su entorno se construye, ante todo, creando las condiciones materiales que hagan posible la mejora de la calidad de vida de las castigadas mayorías que habitan en las degradadas periferias de nuestras metrópolis. Esta es el gran desafío ambiental que nuestra nación tiene por delante. La medida de nuestra vocación de cambio estará dada por cuán potente es nuestro deseo de colocar los problemas ambientales que afectan a los más pobres en el centro de la agenda pública. Y la medida última de nuestros logros es si, dentro de un cuarto de siglo, será posible ver, ya que no salmones, sí dorados y pejerreyes en el Reconquista y el Riachuelo. ¿No es este horizonte, acaso, lo que debemos concebir como desarrollo?»
Durante el fin de semana largo y en la antesala de la final de la Copa América, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central sacaron una resolución y una comunicación, respectivamente, para restringir el acceso al dólar Contado con Liquidación (CCL). Se llama así a la compra con pesos de un bono o título con cotización en dólares aquí y en el exterior, al sólo efecto de ser liquidado en una plaza extranjera para poder sacar esas divisas del país.
En el caso de la CNV, ésta dispuso un límite de 50.000 a la cantidad nominal de bonos de legislación local (AL30) y otro de 50.000 al número de bonos de legislación extranjera (GD30) que se pueden operar por cuenta por semana, aunque redujo de 3 a 2 días hábiles el denominado “parking” (lo que hay que esperar entre la compra y la venta de un bono).
El BCRA complementó las restricciones con más controles para grupos económicos, de manera que las empresas no puedan acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) e ir al CCL con dos CUIT diferentes y no efectúen un canje entre títulos locales y bonos estadounidenses para luego vender estos contra contado con liquidación en vez de hacer el CCL tradicional.
¿Complicado, engorroso? Sí. Es uno de los costos de regular el mercado de cambios. Pero hoy sería más costoso no hacerlo.
Un informe realizado por el Ministerio de Salud detalla los efectos adversos de tres vacunas contra el covid utilizadas en nuestro país: Sputnik V, AstraZeneca / CovidShield y Sinopharm.
El estudio se desarrolló en base al proceso de vacunación efectuado desde el 29 de diciembre de 2020 hasta el 2 de junio de este año. En total, se notificaron al Sistema de Integración de Información Sanitaria de Argentina (SIISA) 45.728 «eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización (ESAVI)», entre un total de 12.801.115 aplicaciones. Ello representa una tasa de 357,22 reacciones por cada 100.000 dosis aplicadas.
De estos 45.728 efectos reportados, 307 se consideraron graves. En este sentido, los autores matizan que, si bien el número de dosis administradas ha aumentado con el tiempo, «la tasa de notificaciones graves se ha mantenido baja«.
«De acuerdo con el resultado de causalidad de cada uno de los eventos, se detallan los clasificados como relacionados a la vacunación, los indeterminados y los eventos graves que han requerido hospitalización y se encuentran en análisis para su clasificación final», explican.
Los efectos adversos de cada vacuna
Del total de eventos, 40.445 se registraron tras la inoculación de la vacuna Sputnik V, la más aplicada en Argentina (6.964.344 dosis administradas), mientras que en el caso de las de AstraZeneca / CovidShield (2.305.351 dosis) y Sinopharm (3.531.420 dosis) se detectaron 3.543 y 1.740, respectivamente.
Entre los vacunados con Sputnik V,el evento más común fue la cefalea (dolor de cabeza) con mialgias (15.278 casos), fiebre (1.837), síndrome gastrointestinal con o sin fiebre (678) y alergia (634), entre otros.
En tanto, entre aquellos inoculados con AstraZeneca/CovidShield se detectaron 1.028 cefaleas con mialgia, 1.246 episodios de fiebre con cefalea, 50 casos de síndrome gastrointestinal con o sin fiebre y 225 episodios de reacción local con o sin fiebre.
Por último, las vacunas de Sinopharm generaron 137 casos de alergia, 28 personas tuvieron dolor local, 36 casos de fiebre y 57 episodios de síndrome gastrointestinal con o sin fiebre.
El informe recuerda que la vacunación con el antídoto ruso fue la primera en implementarse en el país sudamericano y es la vacuna más utilizada hasta la fecha. También hace hincapié en que, al inicio de una campaña de vacunación, en medio de una pandemia y ante la introducción de un nuevo fármaco, «es esperable que la sensibilidad del sistema de vigilancia sea muy alta».
El 74 %, en mujeres
El estudio concluye que el 74 % de esos efectos no deseados se detectaron en mujeres, y el promedio de edad en ambos sexos fue de 42 años.
No obstante, en relación al primer punto, el informe aclara: «Este perfil podría tener relación con que la mayoría de los eventos fueron comunicados al inicio de la campaña de vacunación, que comprendía en su mayoría al personal de salud, y en segunda etapa docentes, grupos en los cuales la fuerza laboral está feminizada».
«Al analizar los eventos clasificados como relacionados, se evidencia que la fiebre, la cefalea acompañados de mialgias y artralgias son los diagnósticos más frecuentes. Los datos pueden sufrir cambios a medida que se disponga de más información sobre los casos. Las vacunas disponibles en nuestro país continúan demostrando un buen perfil de seguridad«, concluye el informe de las autoridades sanitarias.
En declaraciones al periodismo, un portavoz del Fondo Ruso de Inversión Directa subrayó que los nuevos datos del Ministerio de Salud argentino «confirman la máxima seguridad de la vacuna Sputnik V». Enfatizó, en particular, que «los casos de eventos adversos graves que requieren hospitalización son extremadamente raros (solo el 0,0027% de los casos)».
Para acceder al 12º Informe de vigilancia de seguridad en vacunas del Ministerio de Salud, cliquear aquí.
Se trata de un dispositivo que utiliza tecnología de radiación ultravioleta, con longitud de onda tipo C para el tratamiento de materiales, productos, herramientas y demás elementos en las industrias.
Este trabajo fue desarrollado en cooperación entre los profesionales del Centro de Excelencia en Productos y Procesos de la Provincia de Córdoba, con los técnicos del Instituto Arteaga que pertenece a la Cámara de Industriales Metalurgicos y de Componentes de Córdoba y fue gestionado por la Fundación para la Investigación y Desarrollo Industrial Argentino – (FIDEIAR).
El dispositivo tiene las características de un túnel, que puede ser ubicado sobre una cinta transportadora donde los productos son esterilizados por la acción de radiación UVC, que logra disminuir la carga viral de su superficie de diversos elementos y de variados tamaños.
La iniciativa surgió de un programa del Ministercio de Ciencia de Córdoba, denominada CovidLab, que durante el año 2020 se orientó a promover un laboratorio de ideas para ofrecer soluciones en el marco de la pandemia del Covid 19.
De esta manera, se alcanza un resultado específico y efectivo, a partir de la interacción del sistema científico provincial, actores del sector privado y la activa participación del Estado como articulador de soluciones a demandas puntuales de la sociedad.
?? PRESENTAN UN DISPOSITIVO CON RADIACIÓN UVC QUE DISMINUYE LA CARGA VIRAL ?
Se trata de un dispositivo que utiliza tecnología de radiación ultravioleta, con longitud de onda tipo C para el tratamiento de materiales, productos, herramientas y demás elementos en las industrias. pic.twitter.com/TYWQpUdKMM
Marca ese crecimiento la última encuesta de Investigación y Desarrollo del Sector Empresario Argentino (ESID). El informe mostró además el impacto económico de la realización de ensayos clínicos en el país.
Hasta la irrupción del COVID-19, poco se conocía sobre los estudios clínicos, que son los procedimientos científicos que evalúan la eficacia y seguridad de nuevos medicamentos para determinar si pueden ser aprobados y administrados en personas.
Aunque esta disciplina ya venía en franco crecimiento en nuestro país en los cinco años previos a la pandemia, en los últimos meses se incrementó, según se lee en la reciente Encuesta de Investigación y Desarrollo del Sector Empresario Argentino, coordinada por la Dirección Nacional de Información Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
Este relevamiento precisó que la investigación clínica tenía una participación del 27,1% en la inversión total en investigación y desarrollo en Argentina en 2018, y aumentó en 2019 hasta el 32,5% (con una inversión que ascendió a 11.708 millones de pesos), lo que marca un incremento de más de 5 puntos porcentuales, con el impacto contundente que eso representa para la economía.
Si bien unas 1.000 empresas en Argentina hacen investigación y desarrollo, el sector farmacéutico posee un enorme peso específico, ya que alrededor de 50 laboratorios que hacen investigación clínica (el 5% del total de empresas con I+D) concentran un tercio del total de la inversión.
“Estas cifras son todas previas a la pandemia, durante la cual no se frenaron los estudios clínicos que estaban encaminados para otras enfermedades y se sumaron muchos que evaluaron en Argentina (y en el mundo) tanto posibles vacunas para prevenir el COVID-19, como medicamentos para tratar infecciones por este virus en distintos estadios, con el objetivo de reducir el riesgo de desarrollar cuadros graves con riesgo de vida”, sostuvo la Dra. Susana Baldini, directora médica de CAEME.
En 2018 la investigación clínica tenía una participación del 27,1% en la inversión total en I&D en Argentina. Pero en 2019 aumentó hasta el 32,5%
“Investigar medicamentos y vacunas en el país, para COVID-19 o para cualquier otra enfermedad, trae múltiples beneficios, tanto para los pacientes, como para la formación de los profesionales de la salud involucrados y para la economía en su conjunto: además de la generación de empleo directo e indirecto, la encuesta mostró que los estudios clínicos se solventan en un 63% con recursos que provienen directamente de las casas matrices de las compañías farmacéuticas, lo que se traduce en un ingreso genuino de divisas al país, producto de la exportación de servicios”, explicó la Dra. Baldini.
“Pero lo más interesante es que el protocolo que se sigue en el estudio clínico que se realiza en nuestro país es exactamente el mismo que el que se hace en Estados Unidos, Alemania o Australia, poniendo a los científicos argentinos a la par de la vanguardia de la investigación internacional”, agregó Leandro Linarello, director de Investigación y Desarrollo Cluster Sur en Novartis y miembro del Comité de Investigación Clínica de CAEME.
En los últimos años, se tomaron medidas para que Argentina pudiera ser más competitiva y ser seleccionada para participar en más protocolos, sobre todo mejorando los tiempos que tomaba a la autoridad regulatoria otorgar la autorización para realizar un ensayo en el país, lo que muchas veces era un obstáculo que hacía que otros países se anticiparan. Se logró pasar de un promedio de 137 días en 2017 a 78 días en 2020 (una reducción del 43%).
Esto se tradujo en la realización de 173 estudios clínicos en 2020 contra 118 en 2017 (un crecimiento del 45%)
En términos de cómo se implementa un estudio clínico, seguramente los aprendizajes de esta carrera contrarreloj, que está ganando la ciencia, abran un horizonte de nuevos procedimientos, eficiencia, digitalización y automatización de tareas, inteligencia artificial, trabajo a distancia y el desarrollo en paralelo y en simultáneo de tareas que antes se encadenaban una detrás de la otra.
Dos enfermedades asociadas a la inflamación del corazón pueden ocurrir muy rara vez después de recibir las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer Inc. y Moderna Inc., señaló el regulador de medicamentos de la Unión Europea. Como en nuestro país es inminente la firma del contrato con Moderna y, probablemente, con Pfizer, debe tenerse en cuenta, aunque el riesgo sea muy menor.
La actualización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) se produce tras preocupaciones sobre un posible vínculo entre las vacunas de ARN mensajero y las dos afecciones, miocarditis y pericarditis, que han surgido en Estados Unidos, Israel y otros lugares. Algunos de los posibles síntomas son dificultad respiratoria, arritmia cardíaca y dolor torácico.
La EMA recomendó incluir la miocarditis y la pericarditis como efectos secundarios en la información del producto para las vacunas de ARNm (las vacunas que utilizan el ARN mensajero), junto con una advertencia para crear conciencia entre profesionales de la salud y personas que reciben las vacunas.
Las personas que han sufrido síndrome de extravasación capilar sistémica no deben ser inoculadas con la vacuna de Johnson y Johnson, indicó la EMA. El comité de seguridad revisó tres casos de la condición que ocurrieron hasta dos días después de la vacunación. Uno de los tres pacientes padecía previamente el trastorno y dos fallecieron posteriormente.
El comité de seguridad de la EMA también dijo que una condición que causa inflamación nerviosa puede ocurrir muy rara vez después de la administración de la vacuna de AstraZeneca Plc. El síndrome de Guillain-Barré puede provocar dolor, entumecimiento, debilidad muscular y dificultad para caminar, pero el balance riesgo-beneficio de la vacuna se mantiene sin modificaciones, indicó el regulador.
Los reguladores en los Estados Unidos han intentado tranquilizar a los estadounidenses asegurándoles que las vacunas de ARNm contra el COVID-19 son seguras después de informes de que un número relativamente pequeño de hombres jóvenes, en su mayoría, había sufrido problemas cardíacos tras vacunarse. El uso de las vacunas de Moderna y de Pfizer, que trabajó junto con BioNTech SE, ha sido muy amplio en Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea.
Para dejar claro que el riesgo es real pero muy menor, tengamos en cuenta que, a partir del éxito de las vacunas de ARNm contra el Covid, ahora planean vacunas con esa tecnología contra muchas otras enfermedades ?como el cáncer, el VIH, la hepatitis C, la malaria, la tuberculosis.
Para acceder al artículo (en inglés) de la revista Nature donde se informa sobre lo que están buscando los investigadores con vacunas ARNm para otras enfermedades, cliquear aquí.
«El cartel anclado en la vía pública porteña, en la avenida Figueroa Alcorta, muestra la imagen de un hombre con los ojos tapados con etiquetas que dicen «natural», «light», «2×1», «sin azúcares», «0 calorías»: algunas de las leyendas con las que las marcas de alimentos ultraprocesados buscan llamar la atención de los consumidores desde las góndolas. La imagen es parte de una campaña lanzada por distintas organizaciones que reclaman la aprobación del proyecto de ley de etiquetado frontal.
¿Qué tiene mi comida?
El proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que establece la obligación de aplicar sellos de advertencia con forma de octógonos negros a los alimentos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio (llamados “nutrientes críticos”) obtuvo media sanción del Senado el 30 de octubre de 2020 casi por unanimidad. Votaron 64 senadores a favor y solo tres en contra, representantes de dos provincias azucareras: Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin, de Tucumán; y Clara Vega, de La Rioja.
Sin embargo, una vez girado a Diputados la discusión entró en pausa, empantanada por las presiones de la industria alimenticia, que —como se ha visto en cada uno de los países donde se dio la discusión— utiliza su poderío para intervenir en las decisiones de salud pública. La primera dilación se dio cuando el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, giró el proyecto a seis comisiones, algo que las organizaciones civiles que monitorean el tema denunciaron en las redes con el hashtag #ExcesoDeLobby y que lo forzó a volver sobre sus pasos y descartar dos.
Diputados realizó en abril una reunión informativa con especialistas y un plenario de debate, pero no se llegó a emitir dictamen y el proyecto volvió a ser postergado. Es que la iniciativa pone al Gobierno en una posición difícil: por un lado, regula un problema urgente desde el punto de vista sanitario —el consumo de ultraprocesados se vincula a la obesidad y otras enfermedades no transmisibles que son responsables del 80% de las muertes en el continente— y tiene el apoyo de buena parte de la sociedad civil y organizaciones como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Panamericana de la Salud y la Fundación Interamericana del Corazón.
Por otro lado, genera un rechazo abierto de la industria alimentaria, que amenaza con consecuencias económicas catastróficas y anticipa hostilidad en plena campaña electoral.
Al mismo tiempo que el proyecto da vueltas en el Congreso, la discusión se da también en el Ejecutivo. La Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), conformada por representantes de las carteras de Salud, Agricultura y Desarrollo Productivo de todo el país, tiene su propio proyecto de etiquetado frontal, que podría ser impuesto con una resolución conjunta. En el caso de la Argentina, el proyecto de ley es más amplio que la propuesta del Ejecutivo e incluye, entre otras cosas, la prohibición de publicitar productos con sellos, venderlos en entornos escolares o incluir en los paquetes personajes infantiles, sorteos o regalos para atraer a los niños y niñas.
Fuentes que siguen de cerca la discusión hablan de un viaje de la ministra de Salud como un elemento clave en la reactivación de la discusión. Se refieren a la visita de Carla Vizzotti a México, en mayo pasado. Fue programada para avanzar con la gestión de vacunas contra el Covid-19, pero la ministra tuvo también la oportunidad de ver el sistema de etiquetado implementado en las góndolas. México es el principal consumidor de gaseosas del mundo y su ley de etiquetado —la más abarcativa de todas las que existen en la región, porque incluyó también leyendas de advertencia sobre edulcorantes y cafeína— comenzó a regir en octubre del año pasado, sumándose a las que ya existían en Chile, Perú y Uruguay.
Días antes de que se reiniciara la discusión, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) —que preside el también titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja— volvió a hacer un reenvío masivo de su posición crítica al proyecto, que incluye la exigencia de que sea “armonizado” con la normativa del resto de los países que integran el Mercosur.
Finalmente, el etiquetado frontal de alimentos obtuvo dictamen favorable en Diputados y está más cerca de convertirse en ley. Por amplia mayoría, un plenario de comisiones votó sin cambios el proyecto de ley con media sanción del Senado. Los envases tendráctógonos negros para informar la presencia de alto contenido de azúcar, sodio, grasas y calorías. Las sociedades médicas y las organizaciones de la sociedad civil han celebrado el avance.
Igualmente, la historia no ha terminado. Si bien el dictamente fue acompañado por el oficialismo y la oposición, dentro de los bloques hay diputados que se oponen a la medida. Habrá que esperar la votación de la ley. 
La mayor deuda ambiental nacional no está en Tierra del Fuego o San Juan sino en el conurbano: es la contaminación de nuestros grandes ríos urbanos, entre los que se destaca la cuenca del Matanza-Riachuelo, que recorre 14 municipios del Gran Buenos Aires hasta desembocar en el Río de la Plata. Vertedero de residuos tóxicos y metales pesados, basural y letrina a cielo abierto, esta cuenca tiene el triste honor de figurar entre los ambientes urbanos más contaminados del planeta. No menos degradada está la cuenca de otro gran curso de agua, el Reconquista, que atraviesa 18 municipios bonaerenses hasta desembocar en el Luján y el Río de la Plata. Allí está nuestra mayor vergüenza, nuestro Chernobyl.
El precio de vivir en las proximidades de estos degradados cursos de agua lo pagan varios millones de personas, casi todas ellas de muy bajos ingresos, que ven su salud y su calidad de vida deteriorados por el modo en que suelen abordarse los problemas que afectan a los que tienen menos recursos y menos voz: con desidia y negligencia. Vivir en torno a los contaminados cursos de agua que recorren el Gran Buenos Aires implica tener niveles de plomo en sangre más elevados, respirar aires pestilentes y venenosos, contar con una menor esperanza de vida, en fin, llevar vidas más breves, sufridas y miserables. Allí, en los distritos más destituidos de Lomas de Zamora, Lanús o Moreno, se produce la mayor violación al derecho constitucional a vivir en un ambiente sano que oscurece el presente y el futuro de nuestra nación.
Nuestro ambientalismo, sin embargo, no le presta suficiente atención al problema. ¿Por qué, en vez de poner a nuestros contaminados ríos urbanos al tope de la agenda ambiental, invertimos tanta energía en el combate contra las pasteras del río Uruguay o la cría de salmones en la Patagonia, a punto de que celebramos –como hicieron varios diarios– que, gracias a la prohibición de esta última actividad, la Argentina es “pionera” en la defensa del medio ambiente? ¿Es porque el Matanza, el Reconquista y el Riachuelo dañan la vida de personas que desde hace tiempo nos acostumbramos a tratar como ciudadanos de segunda, y cuyos problemas vemos como distintos a los nuestros? ¿O porque no somos capaces de concebir respuestas imaginativas frente a un desastre ambiental que hemos naturalizado y frente al cual ya no cabe sino resignarse?
En particular, el principal obstáculo para construir una relación más armónica entre la ciudadanía y el ambiente depende de una profunda transformación de la infraestructura de nuestras grandes ciudades y, en particular, de nuestro enorme y desfinanciado conurbano bonaerense. Para ello es preciso invertir esfuerzos y recursos en la extensión de redes cloacales en las periferias pobres de las principales aglomeraciones, en la creación de sistemas de tratamiento para los residuos industriales y residenciales, en ampliar el acceso a la propiedad del suelo y a los servicios que van con ella, en la transformación de los sistemas de transporte urbano. Nada de esto es barato. Un Estado sin margen alguno para incrementar la recaudación y el gasto puede hacer muy poco. De allí que ninguna iniciativa será exitosa si no contamos con mayores recursos, públicos y privados, que sólo puede aportar una economía en expansión. No hay duda de que el crecimiento económico supone mayor presión sobre los recursos naturales, y que suele venir acompañado de mayores costos ambientales. La cuestión no tiene una solución fácil. Una cosa es segura, sin embargo: en la estancada y empobrecida Argentina de nuestro tiempo, no hay camino al desarrollo que no pase por el crecimiento (y, en particular, por el crecimiento exportador).
Todo esto significa que una sociedad que valora a sus mayorías debe decirle adiós a la idea de que el objetivo de sus luchas en nombre del cuidado del ambiente es impedir la cría de salmones o la instalación de fábricas de pasta de celulosa. Una Argentina que aspire a forjar una mejor relación entre sus ciudadanos y su entorno se construye, ante todo, creando las condiciones materiales que hagan posible la mejora de la calidad de vida de las castigadas mayorías que habitan en las degradadas periferias de nuestras metrópolis. Esta es el gran desafío ambiental que nuestra nación tiene por delante. La medida de nuestra vocación de cambio estará dada por cuán potente es nuestro deseo de colocar los problemas ambientales que afectan a los más pobres en el centro de la agenda pública. Y la medida última de nuestros logros es si, dentro de un cuarto de siglo, será posible ver, ya que no salmones, sí dorados y pejerreyes en el Reconquista y el Riachuelo. ¿No es este horizonte, acaso, lo que debemos concebir como desarrollo?» 
De estos 45.728 efectos reportados, 307 se consideraron graves. En este sentido, los autores matizan que, si bien el número de dosis administradas ha aumentado con el tiempo, «la tasa de notificaciones graves se ha mantenido baja«.
«De acuerdo con el resultado de causalidad de cada uno de los eventos, se detallan los clasificados como relacionados a la vacunación, los indeterminados y los eventos graves que han requerido hospitalización y se encuentran en análisis para su clasificación final», explican.
Del total de eventos, 40.445 se registraron tras la inoculación de la vacuna Sputnik V, la más aplicada en Argentina (6.964.344 dosis administradas), mientras que en el caso de las de AstraZeneca / CovidShield (2.305.351 dosis) y Sinopharm (3.531.420 dosis) se detectaron 3.543 y 1.740, respectivamente.
La iniciativa surgió de un programa del Ministercio de Ciencia de Córdoba, denominada CovidLab, que durante el año 2020 se orientó a promover un laboratorio de ideas para ofrecer soluciones en el marco de la pandemia del Covid 19.
De esta manera, se alcanza un resultado específico y efectivo, a partir de la interacción del sistema científico provincial, actores del sector privado y la activa participación del Estado como articulador de soluciones a demandas puntuales de la sociedad.
