La UNESCO lanza concurso para jóvenes emprendedoras

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Proyectos de base tecnológica con impacto social o ambiental, liderados por mujeres jóvenes, serán premiados por el Ayuntamiento de Barcelona y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

El concurso #NosotrasInnovamos premiará a las ganadoras con una estancia de capacitación en Barcelona. Las participantes deben tener entre 18 y 35 años y residir en cualquier país de América Latina o el Caribe hispanoparlante. Los equipos pueden ser mixtos, pero es necesario que estén liderados por una mujer, y que la mitad o más del equipo sean mujeres.

Queremos destacar la importancia y el potencial creativo del trabajo colectivo de mujeres jóvenes involucradas en emprendimientos de base tecnológica”, sostuvo la investigadora argentina Gloria Bonder, coordinadora de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina.

Los emprendimientos que se inscriban deben promover la igualdad de género, la innovación social o la sustentabilidad ambiental. El certamen es impulsado por la Cátedra Regional de UNESCO Mujeres, Ciencia y Tecnología, y la Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Barcelona.

El plazo para inscribirse es hasta el 31 de agosto en esta página web www.catunescomujer.org/nosotrasinnovamos/index.html .

Ruta Nacional 19, Córdoba: anunciada y paralizada

El lector Carlos Alberto Del Campo nos envía desde su provincia esta nota que consideramos de interés:

«En la visita del día de ayer (24 de julio) del presidente Mauricio Macri a Córdoba -número 20- incurrió en otro desconcertante anuncio al referirse –ahora- a la obra de la Ruta 19, tal como había ocurrido antes con el anuncio sobre la venta del Avión IA63 “Pampa III” a Bolivia y Guatemala.

Al arribar a la localidad de Arroyito (ruta 19), en campaña junto al candidato Mario Negri, reiteró su clásico slogan «aquí nació la decisión de cambiar la historia (…) para avanzar en un crecimiento por 20 años ininterrumpidos que iniciamos en 2017” ante la mirada de asombro de algunos presentes dado que la obra -presupuestada por PPP- está totalmente paralizada.

A efectos de la licitación, la autovía se dividió en cuatro tramos y en dos de ellos se retiraron las empresas adjudicatarias (CRZ y Perales Aguiar), en los dos restantes el avance promedia el 17%. Es de destacar que se trata de una obra de solo 153 kilómetros entre las ciudades de San Francisco y Río Primero donde transitan en promedio 7.000 vehículos diarios con una elevada proporción de transporte de cargas que ha tornado cuasi imposible transitar por la misma, con accidentes fatales que ocurren en todo su recorrido.

En publicitados anuncios, iniciados en el año 2017, el Gobierno nacional aseguró que los fondos estaban garantizados con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un plazo de terminación de 24 meses, situación a la que el presidente de la Nación no se refirió absolutamente en su visita.

Antecedente: Hasta hace unas semanas atrás Macri solía decir que el “populismo de los últimos 70 años” es responsable del atraso vial. Sin embargo, en solo cuatro años (2007/2011), el gobierno santafesino de Jorge Obeid construyó los restantes 127 km. (Santo Tomé-San Francisco) con un costo de U$S 170 millones que el gobierno nacional de entonces reintegró paulatinamente.

Por otra parte, en su alocución, Macri olvidó decir que el tramo Córdoba-Piquillín (único finalizado) fue construido y financiado íntegramente por la provincia de Córdoba».

Córdoba, julio 25 de 2019

Carlos Alberto Del Campo

Los trabajadores ocuparon la Planta Industrial de Agua Pesada

Los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, tomaron las oficinas administrativas de la empresa para reclamar por el atraso en el pago de salarios y el aguinaldo. Hasta ahora han cobrado solo la mitad de los sueldos de junio. En la reunión con el personal, el gerente general de la firma «dijo que no hay fondos y el futuro es incierto».

Del proceso de destrucción de la PIAP, la planta de producción de agua pesada más grande del mundo y que la Argentina necesita para continuar el Programa Nuclear que llevó adelante por casi 70 años, hemos escrito en La destrucción en cuotas de la planta de Agua Pesada, un patrimonio argentino y en «Una acción de lesa patria«. La Asociación del Personal de la CNEA y Actividades Nucleares lo ha denunciado. La pregunta que resta es si la campaña electoral en marcha impedirá que avance, o, al contrario, distraerá la atención de temas importantes.

¿Qué significa el enriquecimiento de uranio?

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El uranio es un elemento químico metálico que se emplea como combustible para los reactores nucleares. Solo uno de sus tres isótopos, el menos abundante, tiene la capacidad de liberar energía durante la fisión nuclear: el uranio 235 (U235). Separarlo del U238 (que comprende más del 99% de la masa del uranio natural) es muy difícil, ya que son idénticos en casi todo menos en la cantidad de elementos en su núcleo, lo que implica una muy pequeña diferencia de masa. En el mundo suelen usarse tres tecnologías para hacer esta separación, llamada enriquecimiento de uranio: difusión gaseosa, ultracentrífuga y con láser.

La primera consiste en mezclar el uranio natural con flúor (UF6) para manejarlo como un gas y luego comprimirlo contra una membrana que permite algún grado de separación, aunque con poca eficiencia. La Argentina cuenta con una planta de difusión gaseosa en Pilcaniyeu, Río Negro, que se construyó en los años 80. El solo hecho de tenerla le permitió al país entrar al grupo de proveedores de nucleares y tener voz y voto en decisiones geopolíticas del sector nuclear.

El sistema que más se usa actualmente en el mundo es el de ultracentrífugas. Consiste en poner UF6 en una centrífuga de alta velocidad y, así, lograr que el uranio más denso (U238) quede en las paredes de la centrífuga y el menos denso (U235) en el centro.

El método más nuevo consiste en expulsar el UF6 mezclado con gas argón a velocidades supersónicas por una tobera. A estas velocidades, las moléculas de uranio y las de argón tienden a unirse en dímeros (partículas de dos moléculas) y, mediante el uso de láseres muy específicos, se puede lograr que el U235 no quede asociado a ninguna molécula: al ser mucho más liviano que el resto de los elementos del chorro de gas, el U235 queda en las paredes exteriores.

La Guerra Civil de los caños de escape

Otra vez, como hace 150 años, los Estados Unidos están divididos territorialmente. Gobernadores de 23 estados -Demócratas y Republicanos- se enfrentan al gobierno central. Pero esta vez no encabezan la lid Lincoln y Jefferson Davis, de Virginia. Ni el tema que despierta emociones es la esclavitud.

Encabezan esos bandos Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom. Y, en estos tiempos posmodernos, lo inaceptable es la contaminación.

Sorpresa: los fabricantes de autos en su gran mayoría se alinean con Newsom. En una carta firmada por 17 de los CEOs le dicen al Donald que sus reglas podrían terminar causando menores beneficios. Que es una bandera mucho más concreta que los derechos de los estados.

Nuestro Daniel Arias resume el asunto, y apunta a lo que nos puede importar (en los dos sentidos de la palabra) a los argentinos.

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Temerosos de una división técnica y comercial del mayor mercado automotriz de la Tierra, que los obligaría a duplicar su oferta de modelos, los 17 mayores fabricantes nacionales y extranjeros se alinean con el estado de California y contra la nueva administración de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del presidente Donald Trump.

La legislación anterior promovida por la EPA del presidente Barack Obama se fijaba metas de eficiencia térmica que en la Argentina parecen casi irreales: en 2025 los modelos familiares más gastadores, las SUV, aquí llamadas «4×4», que en EEUU son mayormente nafteras, debían llegar a 23,78 km. por litro, una meta difícil para vehículos de gran sección frontal, más bien «cuadrados» y poco aerodinámicos, y con motores de alta cilindrada. Obama apuntaba a apalancar las ventas de vehículos híbridos (con motorización doble, térmica y eléctrica), o directamente eléctricos, en contra del motor de combustión interna que se impuso desde la segunda década del siglo XX. La nueva EPA de Trump impone 16 km. por litro en 2025, lo que para las automotrices no supone ningún cambio tecnológico: motores grandes, de menor compresión, quemado y eficiencia: «business as usual».

Ante la perspectiva de un caos legal entre estados permisivos y estados restrictivos (un auto comprado en Utah podría ser multado si trata de circular en la vecina California), 13 otros gobernadores -varios de ellos republicanos- también rechazan los nuevos límites permisivos de emisión y kilometraje y adhieren al austero standard californiano. Canadá, que en términos automotrices es más parte del mercado estadounidense como autopartista y también como comprador que un país independiente, adhiere a «los nuevos estados rebeldes». México, el integrantes más sometido de ese pacto comercial llamado con toda justicia NAFTA, por ahora no toma partido.

Es una rara paradoja. Quienes iniciaron el lobby para flexibilizar las reglas EPA de Barack Obama fueron las propias automotrices. Pero según el New York Times perdieron el control cuando se les sumó otro lobby mucho más «talibán»: el del «downstream» petrolero, es decir la industria de refinería y distribución de nafta, que en esta guerra contra los motores chicos y ahorrativos no tiene nada que perder, y todo por ganar. Los fabricantes europeos y japoneses que fabrican y/o venden en EEUU, obligados a normas muy estrictas, en cambio, con la EPA de Trump tienen todo por perder: derrochan en eficiencia.

El único jugador internacional que por ahora no se alinea con California y contra Trump es Chrysler-Fiat. El resto elige negociar antes con el gobernador californiano Gavin Newsom que con el presidente de la nación, Donald Trump. Lo hacen en parte porque creen que el tema ya está altamente judicializado y terminará más temprano que tarde en la Corte Suprema. Y allí no es improbable que Trump derrape, pese a que ese órgano federal hoy está dominado por jueces republicanos. Más allá de sus alineaciones partidarias, no son impermeables a las críticas de los multimedios, que con excepciones raras como Fox News, en este tema cargan contra el presidente.

Esta lucha puede parecernos remota o demasiado ideológica, dado que se inscribe en el marco del negacionismo prácticamente terraplanista del gobierno de Trump respecto del calentamiento global. Parecería que no tenemos arte ni parte en ella. Sin embargo, afecta de varios modos a la Argentina.

La industria automotriz es muy concentrada, muy global y tiene la costumbre de mandar todo lo que ya no se puede vender en EEUU, sea por nuevas normas de eficiencia o de seguridad, a los países sudamericanos y africanos. Esta práctica nos resulta inmemorialmente letal: más accidentes, y fundamentalmente, más contaminación aérea en las grandes ciudades, lo que significa pérdidas significativas de expectativa de vida por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Los nuevos fabricantes chinos, algunos de los cuales ya alcanzan normas de calidad como para exportar, encontrarán oportunidades múltiples. Ellos también pueden fabricar dos versiones del mismo vehículo, una eficiente y otra ineficiente, y ganar en ambos frentes. En el mundo pobre o de mediano desarrollo, podrán competir simplemente por costos contra autos americanos o europeos también contaminantes pero más caros. Y en su propio mercado también tendrán ventajas, pero para-arancelarias. En las llanuras costeras del sur de la China la contaminación aérea de las grandes ciudades es espantosa, incluso medida contra los estándares de casos célebres como Santiago de Chile, Mendoza Capital y Córdoba Capital.

Allí en las megalópolis costeras, el aire cargado de partículas de hollín de bajo peso molecular está matando su buen medio millón de ciudadanos/año. Esto sucede no tanto por las emisiones de caños de escape, sino por las de las chimeneas de la industria eléctrica: el carbón provee casi toda el consumo chino. De modo que poniéndole candados para-arancelarios a la importación de automóviles extranjeros para defender los pulmones de sus compatriotas, los chinos se volverán invencibles en casa con sus vehículos híbridos, eléctricos puros, o simplemente térmicos, pero compatibilizados con las normas californianas.

A río revuelto…

Daniel E. Arias

El FMI permite que se multipliquen x 4 los subsidios a las eléctricas: U$S 3.800 millones

El periodista Nicolás Gandini señaló ayer en EconoJournal un dato clave, que había pasado desapercibido: «El Fondo Monetario Internacional corrigió la proyección de subsidios a la energía para el año que viene. En la cuarta revisión del acuerdo firmado a mediados de 2018, calcula que el Estado inyectará en el sector energético subvenciones por $ 220.900 millones durante 2020. Al tipo de cambio promedio ($58,30) que figura en el acuerdo de stan-by(SBA, por sus siglas en inglés), son unos US$ 3800 millones. Y representan 0,8 puntos del PBI, según figura en la página 32 del «staff report».

La cifra cuadruplica la proyección incluida en la tercera revisión que realizó el Fondo, publicada en marzo pasado, que contemplaba subsidios energéticos por 44.300 millones de pesos equivalentes a 0,2 puntos del PBI. Cuatro veces menos que la última auditoría.

¿Cómo evolucionaron los subsidios a la energía en los últimos años? A partir de la fuerte recomposición de las tarifas residenciales de gas y electricidad, el gobierno redujo el nivel de las subvenciones al sector energético, que en su gran mayoría se utilizaban para comprar combustibles para el parque de generación eléctrica y para cubrir el pico de consumo invernal de gas mediante la importación de LNG. A fines de 2015, los subsidios a la energía representaban más de 3 puntos del PBI. Y en diciembre de 2016, a fines del primer año de gestión de Mauricio Macri, llegaban a los 2,5 puntos. En ambos casos, muy por encima de los 0,8 proyectados para 2020.

¿A dónde se destinan los recursos que el Estado inyecta en el sector energético? En 2019, los subsidios a la energía alcanzarán los $ 237 mil millones, de acuerdo con la información presentada en la última revisión. Son unos US$ 5 mil millones. La mayor parte de esa cifra irán al sector de generación eléctrica, entre 2700 y 3000 millones de dólares. Unos US$ 1000 millones se inyectan en IEASA (ex Enarsa) para cubrir el desfasaje entre el precio del gas importado (que llega a los US$ 7 por MMBTU) y el valor de reventa a los hogares (US$ 4,60). Y el resto se destina a diversos programas de estímulo (resolución 46) o de subvenciones al consumo (Plan Hogar) de la Secretaría de Energía.

Lo más llamativo —y lo que más preocupa a los economistas y especialistas financieros que siguen de cerca las auditorías del Fondo— es que: casi la mitad de los subsidios que gasta el Estado en el sector eléctrico están destinados a cubrir el costo de los contratos de compra de energía (PPA’s, por sus siglas en inglés) firmados por este gobierno.

Se trata de contratos rubricados a 15 años y en moneda dura (dólares) bajo la órbita de la Secretaría de Energía como la resolución 21/2016 (construcción de centrales de rápido ingreso al sistema); 287/2017 (cierre de ciclos) y RenovAr, la iniciativa que lanzó el Ejecutivo para incentivar la instalación de centrales de generación renovables (fundamentalmente eólica). Son, en conjunto, unos 80 PPA’s que se licitaron, casi en su totalidad, durante la gestión de Juan José Arangurenal frente de Energía. A esos contratos hay que sumarle otros 20 que venían de los gobiernos kirchneristas (Foninvemem, resolución 220/2007 y Energía Plus). En total, son unos 100 contratos.

Lo más llamativo es que un alto porcentaje de las centrales térmicas instaladas desde 2016 a la fecha hoy no generan porque, a raíz de la recesión y el alza de tarifas, la demanda eléctrica no creció en los últimos cuatro años. Pese a eso, como incluyen una importante remuneración en concepto de potencia disponible, los contratos PPA firmados con Cammesa representan un costo significativo para el sistema. Unos 1200 millones de dólares por año, según coinciden distintos consultores que siguen de cerca las transacciones económicas mensuales de Cammesa.

De acuerdo con esos números, los PPA’s firmados bajo la órbita de la resolución 21/2016 y de la resolución 220/2007 aportan menos del 10% de la energía que demanda el sistema. Pero su costo real presenta casi un 25% del total de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista.

¿Por qué sucede eso? Porque el esquema de remuneración a los generadores previsto en la resolución 21/2016 se apoya más en el cargo fijo por potencia disponible que perciben los privados que en la energía que generan. En la práctica, eso significa que las empresas que firmaron PPA’s en la licitación de la resolución 21 terminan cobrando la mayor parte de su ingreso por más que las centrales no despachen. “Del total de nuestros ingresos, un 80/85% proviene de la remuneración fija que recibimos por potencia disponible”, reconoció el gerente general de una generadora. ¿A cuánto asciende esa remuneración? El pago por potencia promedio en los contratos de la R21 promedió los US$ 19.400 por megawatt mes (MW-mes) durante los primeros cuatro meses de 2019. Casi cuatro veces más que la remuneración que perciben las máquinas viejas encuadradas bajo el paraguas de la resolución 19, que cobraron 5.200 por US$/MW-mes. Por eso, el precio promedio del MW generado por las centrales térmicas nuevas ronda los US$ 220 por MW por hora (MWh), el triple que los 72 US$/MWh que perciben en promedio las centrales térmicas base.

Acuerdo UE-Mercosur: desde España, alegría en las automotrices, preocupación en el campo

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Aunque el gobierno argentino enarbola con entusiasmo el proyecto de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y, como hemos informado, quisiera comenzar ya a implementarlo, la realidad es que todavía es un tema a aprobar. Y es difícil que se avance antes del próximo gobierno. Pero así como entre nosotros y en los países vecinos ya se despertaron preocupaciones y expectativas, pasa lo mismo del otro lado del océano. Aquí un vistazo de un medio español a las reacciones allí.

«Inmaculada Sanfeliu prefiere no hacerse falsas ilusiones. Está convencida de que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur abrirá un buen boquete en el sector de las frutas al que representa. Y lo peor de todo es que no será el primero. “Vivimos tiempos muy complicados. Vamos acumulando agravios. Y ahora, este pacto hará que en la UE, nuestro mercado natural, tengamos que competir con los zumos de Brasil, a los que se descargará progresivamente del arancel actual del 12%”, protesta la directora general del Comité de Gestión de Cítricos, la asociación que aglutina a un sector que exporta naranjas, mandarinas y limones por valor de 3.200 millones de euros.

¿Hay margen de maniobra para limitar los daños? “Lo firmado, firmado está. El acuerdo va a reducir nuestras ventanas de exportación. Solo nos queda el derecho al pataleo”, responde al otro lado del teléfono.

Es difícil encontrar un contraste mayor en el tono de la conversación con Arancha Mur. La responsable de Anfac, la patronal de los fabricantes de automóviles, exhibe sin remilgos su alegría ante la perspectiva de ganar acceso a cuatro países que reúnen a 260 millones de almas. Se trata, además, de un área hasta ahora muy protegida, que gravaba la importación de vehículos con un arancel del 35%, y al que se exportaba de forma bastante limitada.

España vende a argentinos, brasileños, uruguayos y paraguayos cada año unos 15.000 vehículos, la mitad que a México o EE UU; y una quinta parte que a Turquía. Aunque el proceso va a ser largo, Mur confía en quintuplicar a medio plazo las exportaciones a esta zona. Y admite que al hablar de ganadores y perdedores, su sector destaca claramente entre los primeros. “El mundo del automóvil hizo piña desde el principio para impulsar este acuerdo. Estamos muy contentos”, admite.

El abrazo europeo a Mercosur es celebrado sobre todo por fabricantes de bienes industriales, automóviles, maquinaria, textil y calzado: casi 10.000 empresas españolas, que emplean a 40.000 personas, comercian con este bloque.

Y lo lamentan agricultores, ganaderos y ecologistas. “Nuestro sector queda claramente tocado”, dice Ignacio López, de la asociación agraria Asaja, que señala a los productores de frutas y hortalizas, los de carne de vaca y ave, azúcar, etanol, arroz y miel como los grandes damnificados. Son las dos caras de un acuerdo complejísimo del que aún no se conocen todos los flecos ni cuándo entrará en vigor en su totalidad.

También abrirá los mercados a las constructoras que quieran presentarse a los concursos públicos, igualará estándares de calidad en alimentos y establecerá requisitos medioambientales a ambos lados del Atlántico».

Cayeron las ventas de lácteos 13% en los primeros cinco meses del año

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En medio de la recesión, las ventas de lácteos bajaron hasta 13% en los primeros cinco meses del 2019, según estadísticas oficiales. La suba de precios y el ajuste de bolsillos que debieron hacer la mayoría de las familias explica la baja, aunque sorprende la magnitud porque los lácteos desempeñan un rol esencial en la dieta, sobre todo entre los más chicos, indicaron desde el sector industrial.

Durante junio -cuyas estadísticas se están terminando de procesar-, el consumo de leche fluida subió apenas 1%, aunque el resto de los lácteos tuvo un mejor desempeño: 2,7%. El repunte está vinculado con la puesta en marcha del plan de Productos Esenciales, coincidieron las alimenticia.

Según datos de la Secretaría de Agroindustria, entre enero y mayo último bajaron 13% las ventas de leches fluidas, 6% las de quesos, 11% las de leche en polvo y 13% las de otros productos lácteos. La caída está atada a la suba general de precios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo en la población. Según la agencia NA que recorrió los principales supermercados se comprobó las dificultades de la cadena comercial para intentar «disimular» la disparada de precios.

Una de las estrategias que más llama la atención es la decisión de vender separados productos que antes se comercializaban de a dos. Eso ocurre, por ejemplo, con la mayoría de los postres y flanes destinados a los más chicos. Por su pequeño tamaño, esta línea de productos solía venderse de a dos, pero ahora se pueden ver en las heladeras de a uno, en un intento por disimular sus altos precios. Este intento de manipular al consumidor se viene produciendo desde hace años en la Argentina, e incluso el propio ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno, llegó a pedir a las alimenticias achicar envases para atenuar el alza de los precios, una estrategia que se sigue aplicando en la actualidad, por ejemplo, con las golosinas y los yogures, entre muchos otros productos.

En las economías más productivas y competitivas del mundo, como la de los Estados Unidos, la estrategia es inversa: buscan comercializar envases cada vez más grandes, porque a mayor volumen el costo de producción cae. De acuerdo con el INDEC, en junio último hubo lácteos que estuvieron entre los productos cuyos precios más se incrementaron respecto de mayo.

Fortalecer el sistema científico, una prioridad que no se logra solo con más presupuesto

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Por Javier M. Ekboir (*)

En los últimos meses hubo reclamos por la caída del presupuesto público para investigación en Argentina. Si bien es cierto que el gasto en ciencia se redujo fuertemente, no es una situación nueva ni es el único problema de la ciencia en el país. Una búsqueda rápida en Google muestra que esta discusión, en términos casi idénticos, se dio en el país periódicamente desde, por lo menos, el retorno de la democracia.

La discusión, entonces, debería centrarse en por qué no pudo el país desarrollar un sistema científico de nivel internacional y cómo puede hacerlo. Este comentario se refiere al sistema; hay que reconocer que han surgido algunos investigadores y centros de primer nivel internacional.

Argentina no está sola en esta discusión ya que nos precedieron muchos países, incluyendo los de la Comunidad Europea, de la OCDE, China y Singapur. Y si bien las propuestas de políticas han sido similares en todos los casos, las disparidades en los resultados alcanzados muestran la dificultad de implementarlas.

Los reclamos por mayores inversiones públicas en ciencia comenzaron en 1945 en Estados Unidos con la publicación de Ciencia – la frontera ilimitada. Esta publicación argumentaba que la ciencia, especialmente la básica, era la base de todo conocimiento, que las investigaciones científicas eventualmente siempre generaban beneficios económicos y sociales, y que sólo los investigadores podían decidir qué se debía investigar y evaluarse a sí mismos. Estos principios fueron la base de las políticas científicas por cerca de 50 años y a veces todavía se escuchan estos argumentos.

A partir de la década del 90, los estudios sobre gestión de la ciencia descubrieron tres hechos importantes. Primero, que la calidad de los investigadores tiene una distribución muy asimétrica; es decir unos pocos investigadores sobresalen y la gran mayoría están por debajo de la media. Por ejemplo, menos del 10% de las universidades norteamericanas se consideran de alta calidad.

Con la globalización todos los investigadores del mundo comenzaron a competir entre sí, lo que hizo más evidentes las diferencias de calidad. Si bien no hay estudios sobre el tema, es de esperar que la calidad de los investigadores argentinos tenga la misma distribución que en el resto del mundo. Segundo, que los beneficios de las actividades científicas dependen no sólo de su calidad sino también de cómo los investigadores interactúan con actores no académicos del sistema de innovación. Tercero, que la autorregulación de los investigadores a menudo fracasa lo que resulta en sistemas científicos de baja calidad, aunque en los mismos es posible encontrar algunos investigadores de altísimo nivel.

Por esta razón, es necesario tener sistemas de evaluación gestionados por actores no académicos. Estos problemas aumentaron en los últimos años por la creciente complejidad de las investigaciones científicas, el rápido crecimiento del stock de conocimientos científicos y la globalización de la ciencia.

De acuerdo con las políticas científicas modernas los tres factores más importantes para fortalecer los sistemas científicos son el énfasis en una rigurosa evaluación, las interacciones con actores no académicos y el sostenimiento de las políticas por varias décadas. Es decir, los presupuestos adecuados son necesarios pero no alcanzan si no se establecen sistemas de evaluación de las instituciones y de los investigadores adecuados y efectivos (especialmente con evaluadores internacionales para minimizar posibles conflictos de intereses).

También es decisivo promover la integración de los investigadores en redes internacionales de investigación e innovación, impulsar la participación de investigadores extranjeros en investigaciones en el país, instituir incentivos para la integración de los científicos en el sistema nacional de innovación, definir prioridades para el sistema y (permitir la participación de actores interesados no académicos (stakeholders) en la gobernanza del sistema de investigación y de sus centros.

La experiencia internacional demuestra que es muy difícil fortalecer los sistemas nacionales de investigación ya que se requieren inversiones importantes, estabilidad en las políticas y programas de fortalecimiento institucional. Por ejemplo, China y la Comunidad Europea han mantenido por más de 20 años políticas científicas con los “componentes apropiados” pero los resultados han sido muy variables.

En síntesis, la discusión sobre el presente y futuro del sistema nacional de investigación no puede reducirse a reclamos por mayor presupuesto. Es necesario que todos los actores interesados, académicos y no académicos, trabajen con los partidos políticos para definir una política de estado para la ciencia y que se comprometan los recursos financieros, humanos y organizacionales necesarios para su implementación. Finalmente, es necesario monitorear la implementación de las políticas y que los responsables de implementarlas rindan cuentas de los avances de la implementación.

(*) Doctor en economía agraria (Universidad de California, Davis), especialista en políticas científicas y de innovación; consultor de organismos internacionales, gobiernos y actores privados y de la sociedad civil.

«La economía más vulnerable del mundo»

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La agencia Bloomberg puso a la Argentina primera en su ranking de los países emergentes más vulnerables a un sacudón en los mercados de capitales internacionales. Detrás de ella siguen Turquía, Sudáfrica, Egipto y Colombia.

Esta noticia fue tomada por todos los medios, porque Bloomberg es la agencia global de noticias financieras. La diferencia en su mayor o menor cercanía al gobierno de Macri se nota en el espacio que le dieron.

Y, también, en algo que en AgendAR queremos desmentir: que el motivo de esta mala ubicación en la lista de «riesgosos» es la cercanía de las PASO. Ese es un factor local, y muy de coyuntura. La vulnerabilidad financiera de nuestro país no habrá cambiado el 12 de agosto, cualquiera sea el resultado.

Los motivos de Bloomberg son otros. Tomamos el correcto resumen de iProfesional: uno es un muy elevado porcentaje de deuda externa de corto plazo con respecto del PBI (40,5%). A eso se suma una de las inflaciones más altas del mundo, con una desviación de 35,8 puntos porcentuales por encima de la meta (Bloomberg toma el 10% alguna vez planteado por el Gobierno como objetivo).

También pesan un muy bajo ratio de reservas internacionales de cobertura (85,9%, frente al 159,9% de Brasil o el 133% de Colombia) y un déficit de cuenta corriente del 2% del PBI.Argentina tiene también un mal puntaje en el apartado que Bloomberg denomina «Efectividad de Gobierno» (0,16 contra 0,85 de Chile).

También influye, sino en la calificación en el ánimo de los inversores, el anuncio de la provincia de Chubut que buscará extender los plazos de los vencimientos de su deuda por unos US$ 600 millones. No es demasiado alarmante: están garantizados por las regalías petroleras.

Nos interesa destacar -en AgendAR siempre rechazamos el «catastrofismo»- que lo que hace Bloomberg es un análisis financiero, para beneficio de su público, inversores o especuladores, que sólo les interesa saber sobre la seguridad de sus fondos. En ese plano, si comparamos a la Argentina con una empresa, se puede decir que tiene una gerencia de finanzas audaz e irresponsable, que se endeudó en forma exagerada, y está pagando intereses insostenibles.

Pero también alguien que analice con seriedad el balance de esta empresa de la que todos los argentinos participamos, tiene que reconocer que sus «fundamentals», es decir, sus recursos y potencialidades, son muy buenos. Si hasta Bloomberg, esta misma semana, predice que el próximo presidente argentino tendrá un boom de commodities en 2020, con las cosechas y el petróleo de esquisto. En AgendAR preferimos confiar en las capacidades de nuestra gente.

A. B. F.

14 millones de argentinos sufren de inseguridad alimentaria, según Naciones Unidas

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Para ser precisos, este estudio fue elaborado por cinco organismos multilaterales: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y Argentina es considerada en un informe que abarca 140 países “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019”.

Pero los números de nuestro país se destacan: las personas que experimentan “inseguridad alimentaria moderada o grave» en Argentina crecieron de 8,3 millones en el bienio 2014-2016 a 14,2 millones entre los años 2016 y 2018. Se trata de un incremento de 71%, uno de los saltos más importantes registrados en el mundo, junto con Nigeria, Tayikistán, Afganistán, Egipto, Sierra Leona y Botswana«.

Para las Naciones Unidas, la definición de inseguridad alimentaria “moderada” es cuando las personas afrontan “incertidumbres sobre su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligadas a reducir, en ocasiones durante el año, la calidad o la cantidad de alimentos que consumen debido a la falta de dinero u otros recursos”.

La FAO indica que en América Latina y el Caribe, “las tasas de subalimentación han aumentado en los últimos años, en gran parte como consecuencia de la situación en América del Sur, donde el porcentaje de personas con hambre aumentó del 4,6% en 2013 al 5,5% en 2018”. Ese aumento, según el organismo con sede en Roma, se corresponde principalmente con la desaceleración económica experimentada por varios países de la región, especialmente la República Bolivariana de Venezuela, donde la prevalencia de la subalimentación asciende actualmente al 21,2% de la población.

Si bien la subalimentación (proporción de la población que no cumple con los requerimientos energéticos diarios mínimos para llevar una vida saludable y activa), es el indicador tradicional que la FAO utiliza para hacer un seguimiento del hambre en el mundo, en el informe de este año se introduce un segundo elemento: la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave. Dicho indicador fue elaborado para complementar la información proporcionada por la prevalencia de la subalimentación y ofrecer una perspectiva más amplia sobre la dimensión de la seguridad alimentaria relativa al acceso a los alimentos.

Para acceder al informe de las Naciones Unidas, cliquear aquí.

Litio: oportunidad y desafío para Argentina

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El litio es uno de los materiales cuya demanda creció más en los últimos años, y probablemente seguirá creciendo por algunas décadas, al menos. Este metal blando, alcalino y muy reactivo, que se oxida muy fácilmente en contacto con el aire o el agua, se utiliza principalmente para la fabricación de baterías como las que usan los teléfonos celulares, las notebooks, y cada vez más los autos eléctricos y en dispositivos usados para almacenar energía solar y eólica. Pero a veces las expectativas van más rápido que el mercado, todavía no «maduro» y donde hay pocos jugadores.

La demanda de litio a nivel mundial fue constante, y limitada, hasta 2015, cuando pegó un primer salto importante. Desde ese momento hasta 2017, la Argentina, tercer productor mundial, incrementó su cuota un 50%. Según un informe de este año del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la demanda del metal continuará subiendo casi un 80% al menos hasta 2025 pasando de 234.788 a 422.614 toneladas. Algunos analistas estiman que ya para la década de entre 2030 y 2040 la demanda alcanzará el millón de toneladas. El impulso estará apalancado principalmente en su uso para baterías recargables, en particular para los autos eléctricos e híbridos, ya que las automotrices están, aunque con demoras, profundizando su desarrollo. La cuestión es saber si surgirán alternativas al empleo de litio para almacenar electricidad (algunos científicos piensan en el sodio, mucho más abundante que el litio).

El informe del BID hace una aclaración. “En primer lugar, en relación con otros productos mineros como el oro y el cobre, el mercado del litio es casi insignificante. El volumen comercializado de oro en el mundo asciende a casi u$s 125.000 millones, y el de cobre a u$s 95.000 millones. El mercado del litio, en tanto, se ubica en torno a los u$s 2.000 millones, con una proyección optimista de u$s7.700 millones para el año 2022”. Y agrega: “Aun para la Argentina se trataría de una modesta fuente de divisas: un informe del entonces Ministerio de Energía y Minería señala que las exportaciones de litio en 2016 llegaron a u$s 190 millones y, en 2017, la cifra aumentó a u$s 224 millones. Si se concretan algunos de los proyectos en desarrollo, esa cifra podría escalar hasta u$s 880 millones en los próximos años. Sin embargo, estos valores no resultan significativos cuando se comparan con las exportaciones totales del país, que en 2017 rondaron los u$s 58.000 millones, y tampoco son demasiado elevados dentro de la propia minería, cuyas exportaciones oscilan entre los u$s 3.520 millones el mismo año. El flujo neto de divisas sería aún menor si se consideran las importaciones de bienes y servicios realizadas para la operatoria de los salares, y los dividendos y regalías girados al exterior por parte de las empresas concesionarias”.

El BID también afirma que “dado el carácter de capital intensivo de los procesos mineros, tampoco se puede esperar un gran impacto en materia de empleo (más aún si se consideran las tendencias a la automatización en el sector). “En síntesis, la influencia que la minería del litio tendría sobre los agregados nacionales sería muy limitada aunque, por supuesto, no despreciable en un país siempre urgido por la necesidad de inversiones, divisas y empleo”, remata. Sin embargo, sí tienen un fuerte impacto en los presupuestos provinciales, especialmente en Catamarca, Jujuy y Salta.

Localmente, hay una mirada más optimista. Argentina produce hoy algo más de 30.000 toneladas de litio. Franco Mignacco, presidente de la Cámara Minera de Jujuy y prosecretario de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), sostiene que “si todos los proyectos que están en análisis se concretan, y se alcanza una producción cercana a las 200.000 toneladas, Argentina podría estar exportando en litio lo mismo que de carne, y así se convertiría en un producto muy importante en la balanza comercial del país”.

Mignacco explica que gracias a los proyectos que están en marcha, para 2023 habría unas 70.000 toneladas adicionales. Una ventaja que tiene la Argentina es que el estado en el que se encuentra su litio en la naturaleza tiene un costo más bajo de extracción. Pero el directivo de la cámara minera afirma que “hay que trabajar fuertemente los costos, porque si hay un ajuste hacia abajo del precio podés quedar rápidamente fuera del mercado”. “El precio subió bastante desde 2016. Pasó de cerca de entre u$s 6.000 y u$s 7.000 la tonelada a entre u$s 13.000 y u$s 14.000, aunque ahora hubo un ajuste porque se contrajo la demanda. Pero para adelante, con la proyección de demanda que hay, tampoco se ven muchas fluctuaciones; quedará entre los u$s 10.000 y u$s 12.000”. Además, es optimista sobre la demanda: “Lo que está un poco demorado es la fabricación masiva de autos eléctricos, que se pensaba que en 2025 iba a haber una demanda mayor, pero si se mira para adelante todas las compañías automotrices están trabajando para tener entre 2030 y 2040 más de la mitad de sus autos eléctricos. De la mano de eso va a venir el gran empuje en la demanda de litio, que se prevé se puede cuadruplicar de cerca de las 250.000 toneladas de la actualidad”.

En todo caso, existe un consenso sobre una “ventana de oportunidad” (¿en torno a los 20 años?) para explotar la riqueza del litio disponible en la Argentina, ya que los pronósticos sugieren que, tarde o temprano, dicho material será reemplazado por otros o incluso por el reciclado de las baterías agotadas.

Argentina se encuentra en lo que se denominó “el triángulo del litio”. Lo conforman también Chile y Bolivia. En el caso de este último país aún no están cuantificadas con certeza las reservas del metal. En materia de producción, Australia ocupa el primer lugar con más de 100.000 toneladas al año, seguido de Chile con 75.000. Nuestro país está en el tercer escalón con 30.400, casi el doble que China. Pero la producción en la Argentina podría crecer significativamente de concretarse los proyectos en danza.

Guillermo Garaventta, un científico argentino que investiga en el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata sugirió que el Estado tendría que crear un «Yacimientos Litíferos Fiscales». En una entrevista para el medio «Blanco sobre Negro» Garaventta, una referencia sobre sistemas de almacenamiento de energía basados en litio, manifestó que el Estado debería controlar y administrar la extracción, procesamiento y distribución del litio que se saca del país.

Esta propuesta no es «insólita» -adjetivo usado para descalificar a las ideas que no están de acuerdo con el que la comenta. Tanto en Chile como el Bolivia, países con políticas bien distintas, el litio es considerado un material estratégico.

Un objetivo más ambicioso es la fabricación de baterías de litio en nuestro país. Por ahora, hay un ensayo: en Jujuy comenzó la construcción de una planta de batería de Ion Litio, que será gerenciada por la empresa Jujuy Litio, integrada por Jujuy Energía y Minería, Sociedad del Estado y por la compañía italiana SERI. Se afirma que Argentina no exportará baterías a China o a EE.UU. Seguramente: prefieren fabricarlas ellos mismos. Pero no hay ninguna razón estructural para que no las utilice en sus propios productos, si se anima a retomar su vocacion industrial.

Las notebooks en Argentina están entre las más caras de la región

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Hace dos años y tres meses, la quita del arancel del 35 % a la importación de notebooks y tablets, posibilitó que ingresaran al mercado local una variedad de modelos. Hasta ese momento, casi la totalidad de lo que se vendía era fabricado -en realidad, ensamblado- en el país. Ese cambio en la regulación, según la promesa del gobierno, provocaría una baja de los precios, cosa que efectivamente ocurrió en los primeros meses. Pero la corrida cambiaria del año pasado, y el hecho de tener los valores de referencia en dólares (por la importación), hizo que la tendencia se revirtiera.

Lejos de calmarse, Argentina siguió al tope en los rankings de precios, incluso en dólares: un estudio de la consultora Linio de fines de junio determinó que Argentina es el segundo país más caro de la región para comprar notebooks (el primer lugar lo ocupa Perú). Para los resultados se calculó el precio promedio de cada artículo por país para su comparación internacional. Y se examinaron los montos de cada uno de los productos en por lo menos tres tiendas en línea. Se contabilizaron incluso los impuestos y otros costos asociados de compra.

El promedio en dólares de una notebook en Argentina es de 886, mientras que en Chile es 882, 682 en Colombia, 779 en México y 1151 en Perú.

Lo mismos datos de Linio, que compara online, se verificaron en la consultora GFK que releva los valores en tiendas físicas, no solo en la Argentina; a pedido de La Nación, comparó los costos locales con otros en la región (Brasil, Chile, Colombia y Perú): allí, el resultado en principio parecía ser inverso; es decir, en el promedio total de todos los modelos que se venden en el país, Argentina era más barata. De hecho, son los números que maneja el gobierno. Pero en la comparación real, teniendo solo en cuenta los modelos que más se venden, en casi todos los casos Argentina es más cara que el resto; para ello se evaluó igual procesador, disco rígido y RAM. En algunos casos, puede haber una diferencia del 45% por encima del valor con un modelo en Colombia o del 38% con Chile. Con Brasil, las diferencias son más ajustadas.

Por qué Argentina está «más cara»

Los electrodomésticos en general fueron muy golpeados en el último año. En mayo, las ventas cayeron un 33,2% interanual, según GFK. Y, más allá del precio, las computadoras no estuvieron exentas de la caída del consumo: la comercialización de notebooks, PC de escritorio y tablets se redujo un 41%, en mayo de este año respecto hace 12 meses.

Pero en cuanto al precio: el impacto en pesos tiene lógica al evaluar la suba del tipo de cambio. Pero, ¿por qué aún el país sigue caro en dólares? Uno de los que se adaptaron al nuevo modelo de importación, señala que no solo hay que tener en cuenta la baja de aranceles. «Eso no resuelve el asunto», explica. «Es cierto que eso influye en el costo de importar, pero los costos comerciales están peor que antes, con bajo volumen de venta, estructuras comerciales muy grandes, y una carga de impuestos sobre la venta enorme».

«El tipo de cambio en el país siempre se transforma en dólar futuro. La gente se tiene que asegurar por las deudas que tiene que pagar al exterior. Y hay estructuras comerciales y financieras pesadas para llevar a cabo el precio. La carga impositiva fue aumentando. Hoy todos los municipios te piden tasas. En una venta al público, hay que tener en cuenta ingresos brutos, el impuesto al cheque, la carga de la tarjetas, el costo de logística y envío. Es por eso que las estructuras comerciales necesitan un amplio margen para poder soportar todos los impuestos. Es por eso que a pesar de estar con aranceles bajos, luego se dispara el precio».

Otra fuente de la industria coincide con ese planteo: «el precio alto tiene que ver con la combinación de tasas y el sobrestock, o la inmovilización del capital. Y muchas veces hay que cubrirse de los costos de financiamiento», señala. «En algún momento del año pasado, apenas empezó la corrida, hacíamos bromas internas que los chilenos ahora venían a comprar acá las computadoras, pero eso ya cambió nuevamente hasta que se ajustaron los precios», señala. A la vez explica: «Argentina todavía está tratando de encontrar su dinámica de mercado. Hay muchos elementos que conspiran contra el precio. No es inmediato, pero una baja de las tasas, podría ayudar a bajar los precios».

El caso de las notebooks, entonces, echa luz sobre los problemas de la inflación y la competitividad de la industria argentina.

Los precios del «dólar futuro», de ahora a fin de año

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Como anticipamos hace dos semanas en AgendAR, el FMI autorizó al Banco Central a vender contratos de «dólar futuro» por hasta u$s 3.600 millones. La decisión implica para la autoridad monetaria pasar de los u$s 1.000 millones del límite actual a un nuevo máximo a septiembre próximo. Esta medida le da más capacidad de acción al Central en cuando el tipo de cambio está más presionado por la cercanía de las PASO. Y el agro ha dejado de liquidar divisas en los montos que lo hacía hasta junio.

Ayer el dólar superó los $ 44 en el mercado minorista y se acercó a los $43 en el mayorista, lo que motivó la intensa participación del Banco Central en el mercado de futuros, con el objetivo de evitar más saltos bruscos.

Así, la autoridad monetaria volvió a vender contratos de futuros, con mayor intensidad que días pasados. Los precios del dólar en el mercado de futuros para fines de julio y agosto, terminaron a $43,345 y $45,38, respectivamente.

Para finales de septiembre, la cotización aumentó a $47,462; y para fines de octubre cerró a $49,55.

Para los últimos meses del año, la moneda opera arriba de los $51: para noviembre terminó a $51,58; u para fines de año llega a $53,79.

Se puede considerar un buen seguro de cambio, para los que especulan con las altísimas tasas que ganan los depósitos en pesos.

Faurie insinúa que el gobierno pondrá en marcha el libre comercio con la UE, sin previa aprobación del Congreso

El proyecto de acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue considerado para lo inmediato por muchos -entre ellos, AgendAR- como un tema de la campaña de reelección en que está empeñado Macri. Hay un aspecto estratégico en el largo plazo, de una negociación que ha durado 20 años, y consecuencias serias para las economías locales. Pero… el tratado no entra en vigor hasta que sea aprobado por los Parlamentos de todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea y del Mercosur. Unos dos años, por lo menos…

Pero hace una semana el periodista Martín Dinatale publicó una nota que, extrañamente, tuvo poca repercusión, salvo en algunos medios. Ahí se dice que el gobierno de Macri, y algunos presidentes del Mercosur están pensando en un esquema para acelerar el proceso de instrumentación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea por medio de un mecanismo de «implementación provisional».

Éste se pondrá en marcha una vez que haya una aprobación del pacto de libre comercio de parte del Parlamento europeo y de uno de los congresos de los países del Mercosur.

El canciller argentino Jorge Faurie, revela la nota, sostuvo que el acuerdo del bloque regional con la Unión Europea fue un «punto de inflexión en la agenda de crecimiento». Y que en la reunión de jefes de Estado del Mercosur que se realizó en Santa Fe adelantó se buscará definir «una adecuación inmediata a las necesidades del Mercosur».

El secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería Horacio Reyzer adelantó que el mecanismo de «implementación provisional» se acordará en esa cumbre de Santa Fe y permitiría a cada país instrumentar automáticamente el acuerdo con la Unión Europea una vez que lo apruebe el Parlamento de ese bloque y el Congreso de cada país. Es decir, los estados miembros del Mercosur no deberán esperar a que los parlamentos de Paraguay, Uruguay, Brasil o Argentina avalen el acuerdo sellado en Bruselas hace algo más de un mes.

«Hay que aprovechar lo antes posible los beneficios que tiene este acuerdo con un mecanismo de vigor provisional que sea vigente en cada país», insistió Reyzer. «De esta manera, los productos que se importen o se exporten del bloque a Europa tendrán la posibilidad de liberar sus aranceles al cien por ciento».

También la negociadora de Uruguay, Valeria Csukasi, expresó que «hoy necesitamos instrumentos efectivos que den una rápida respuesta a lo que están pidiendo nuestros sectores exportadores y productivos de nuestros países», y, así, alentó aquel mecanismo de «aprobaciones bilaterales» del acuerdo que ven en la misma línea de lo que plantearon Reyzer y Faurie.

Como se ve, los diplomáticos que cita la nota son a la vez entusiastas y confusos. Ni Talleyrand ni Metternich habrían aprobado estos trascendidos. Y no ha habido declaraciones oficiales sobre el tema después de esa reunión. Pero considerando que las negociaciones para el borrador del tratado -publicamos los capítulos aquí– han sido secretas, para el periodismo y para el Congreso- y que no se ha consultado ni a las entidades empresarias, ni a los gremios y tampoco a las provincias… es conveniente que los argentinos que no estamos en el gobierno sigamos de cerca este tema. Se juegan demasiados temas fundamentales de la economía.

Las ventas siguen bajando: 13,5 % en supermercados y 18,7 % en shoppings

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El consumo popular sigue en baja: Las ventas en los supermercados volvieron a caer 13,5 % interanual en mayo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). También mostraron caídas, en el mismo lapso, los autoservicios mayoristas y los shoppings.

En las góndolas, las ventas acumulan 11 meses consecutivos de caída: desde julio de 2018. Y en lo que respecta a este año, las bajas promediaron siempre los dos dígitos. A precios constantes, las ventas sumaron un total de $22.872,2 millones, lo que representa -también- una caída de 1% respecto del mes anterior.

Para compensar la pérdida de ingresos por la demanda, las cadenas de supermercados fueron reduciendo la cantidad de personal en sus megalocales. Según los datos oficiales, en un año, se contabilizaron 3.288 empleados menos en los super.

Otro dato que surge del informe oficial: de las ventas totales a precios corrientes, el 34% de las compras se pagó en efectivo; el 27,3%, con tarjeta de débito y el 35,4, con plásticos de crédito.

El informe detallado del organismo oficial también dio cuenta de que las ventas en los autoservicios mayoristas, aquellos suelen proveer a los autoservicios chinos y almacenes de barrio, también tuvieron una caída del 13,5 % en un año.

La información oficial, se completó además, con la evolución de las ventas en los shoppings, que alcanzaron un total de $ 3.430,2 millones, según el organismo que conduce Jorge Todesca. Esto representa un aumento de 5,5% respecto al mes anterior y una disminución de 18,7% a nivel interanual.

 partir del análisis de estos datos informados por el  INDEC, el economista NadÍn Argañaraz, del IARAF, explicó que  «el sector del Comercio viene siendo el de mayor incidencia en la caída de la actividad económica, reflejando la fuerte contracción del consumo que ocasionó la caída de poder adquisitivo real luego de la crisis de 2018″. Según este analista, «abril fue el piso de la contracción. Para que el consumo comience a recuperarse y con él, la actividad económica, es necesario una baja sostenida de la inflación».

El gobierno avanza en un proyecto para regular el cierre de minas

La minería en gran escala ha empezado a ser importante en Argentina desde hace relativamente poco tiempo: finales del siglo XX. Pero ya despertó críticas y reacciones negativas. En el plano de la economía, por la mínima carga impositiva en comparación con el monto de las explotaciones y la falta de controles. Y en el del medio ambiente, por el gigantesco consumo de agua y los residuos tóxicos que necesariamente produce.

Esto último termina siendo la factura más pesada que deben levantar los gobiernos que la autorizan. No tanto por los ambientalistas que cuestionan desde las grandes urbes lejanas; son los pobladores locales -seguramente menos- pero que se juegan su forma de vida. Y que dicen que las mineras se llevan el mineral y les dejan después un paisaje destruido y envenenado. Es un problema grave en todos los países mineros.

Abriendo el paraguas, el gobierno confía en lograr en los próximos meses los consensos necesarios para presentar un proyecto de ley que prevea el cierre de las minas cuando finaliza la explotación. Para eso vienen trabajando con referentes del sector y diseñando los instrumentos financieros para fondear los emprendimientos.

«Necesitamos contar con una herramienta regulatoria de gestión para llevar adelante la etapa de todo proyecto minero que es el cierre de una operación y los controles post cierre, sin perder de vista sus aspectos financieros», resumió la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez.

En estos días se avanzó en las discusiones sobre las garantías financieras que se incorporarán al anteproyecto de ley. Este mismo está en fase de revisión y consultas. Sánchez señaló también que la finalidad es: «Aportar una regulación que ofrezca variedad de instrumentos financieros que contemplen toda escala de proyectos, que promueva las mejores prácticas de gestión de cierres progresivos, y que no impacte con fondos comprometidos tempranamente para que al cabo de una operación haya que remediar daños no gestionados oportunamente».

La funcionaria agregó: «Las mejores prácticas implican el fondeo progresivo de los esfuerzos de gestión para prevenir daños acumulados al ambiente y para que el proyecto internalice la inversión social y ambiental que el cierre implica”.

Desde hace tiempo Sánchez participa de distintos encuentros acerca del tema y, de hecho, suele subir a sus redes sociales resúmenes de los mismos. El 10 de septiembre del año pasado se había referido a la importancia de esta actividad, incluso en materia económica: «El cierre de minas es una etapa mas en el ciclo de vida de los proyectos mineros. Otra oportunidad de generar empleo y tecnología al servicio del monitoreo y control post operaciones».

El desarrollo del borrador de esta se está nutriendo con la consulta de numerosas guías internacionales (ICMM, APEC, Banco Mundial, Gobierno de Western Australia, Gobierno de Queensland, Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile), además del apoyo técnico del Instituto Canadiense Internacional de Recursos y Desarrollo (CIRDI, por sus siglas en inglés).

Alfajores Balcarce pidió el procedimiento preventivo de crisis. Hay 68 empresas en el mismo trámite

La fábrica de alfajores Balcarce pidió un procedimiento preventivo de crisis, por lo que peligran un centenar de puestos de trabajo en medio de una fuerte caída en el consumo. Se espera que en los próximos días se trate el conflicto de la compañía marplatense que, según trascendió, solicitó suspender la actividad de los empleados de la fábrica ocho días al mes.

La Secretaría de Trabajo será la encargada de aprobar o no el procedimiento y, en caso de avanzar, el gremio y las autoridades de la empresa tendrán que negociar un acuerdo en medio de la compleja situación.

La tradicional empresa, que estuvo por quebrar en 2001 y repuntó dos años después, está atrasada con pagos correspondientes a los trabajadores dado la crítica situación por la caída de ventas.

Desde el año anterior, abona los salarios en cuotas y el sueldo correspondiente a julio no fue saldado, al igual que el aguinaldo y el bono de fin de año.

Los productos Balcarce tienen más de 50 años de antigüedad y cuentan con más de 60 locales en diferentes puntos del país.

Este caso se suma al de otras empresas que se encuentran en similares circunstancias ante la crisis económica por la que atraviesa la Argentina. Desde la cartera de Trabajo afirman que hasta ahora se registran 68 pedidos de procedimiento preventivo de crisis. De ellos, 46 se encuentran en trámite, 10 culminaron sin acuerdo, 7 finalizaron con acuerdo y 5 fueron desistidos o archivados.

Días atrás, se conoció la grave situación financiera de la fábrica de galletitas «Tía Maruca» al encontrarse al borde del concurso de acreedores, lo cual se sumó a un serio conflicto salarial con sus 400 empleados.

Boris Johnson y el Brexit «sea como sea». Una mirada desde Argentina

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Boris Johnson, periodista y político ambicioso, será el próximo Primer Ministro de Gran Bretaña. Ayer martes 23 venció en forma clara a su último competidor por la jefatura del Partido Conservador, Jeremy Hunt. El ex alcalde de Londres y ex canciller logró el 66% de los votos, 92.153, frente a los 46.656 de su rival, en una elección interna que tuvo un 87,4% de participación. Conforme a los usos de la política británica, la actual Primer Ministro, presentará su renuncia a la reina y «recomendará» a Johnson como su sucesor.

En un discurso para los miembros del partido que acababan de votarlo, dijo ¿en broma? que algunos «se estarán preguntando qué acaban de hacer». Y confirmó para cuando pretende que Gran Bretaña salga de la Unión Europea: no después del 31 de octubre próximo.

El Brexit ha sido el tema que provocó la grieta que dominó la política del Reino Unido desde el referendum de hace 3 años, 23 de junio de 2016. Ya se «cargó» a dos primeros ministros conservadores: David Cameron y Theresa May. Y sus consecuencias van a definir el lugar que la historia de su país reserve para B. J.

Remarcamos esto porque los medios locales están llenos de las excentricidades, y unos cuantos papelones, que acumuló el nuevo Primer Ministro en su trayectoria anterior. No se engañen, como a Trump, al que se parece en lo físico y en el estilo, los votantes lo juzgarán por los resultados.

Cuáles serán, es difícil anticiparlo. Hay una diferencia fundamental entre la isla y los EE.UU.: el tamaño de su mercado interno. A Johnson no le sería posible ofrecer una reindustrialización parcial. Ni ha insinuado la mínima intención de repudias el legado desindustrializador de Margaret Thatcher. O acepta una reforma apenas cosmética de las condiciones que Theresa May negoció con Bruselas, o «patea la mesa» y se va sin acuerdo. Muchos diputados de su partido han jurado que no lo permitirán, pero hasta ahora la élite del Partido Conservador ha retrocedido ante Boris y, sobre todo, ante la furia anti U.E. de una parte considerable de los ingleses.

En cualquier caso, la política del nuevo gobierno inglés tendrá que ser la búsqueda de aperturas comerciales, para tratar de sustituir el mercado europeo. Un tratado de libre comercio con los EE.UU., y con cualquier otro interlocutor que pueda aceptarlo. Algunos medios ya han recordado que él fue el primer canciller británico que rindió homenaje ante el monumento en Buenos Aires a los soldados argentinos caídos en Malvinas.

Es cierto que los «kelpers» están preocupados. Ellos sí temen la pérdida del mercado comunitario, y de la condición de territorios de ultramar de la Unión Europea. Hay algo seguro: el actual gobierno argentino no está para evaluar ni diseñar políticas para el escenario geopolítico que se abre, en medio de una campaña electoral. Pero el nuevo gobierno a partir de diciembre tendrá que hacerlo.

A partir de ahora, la política exterior del Reino Unido será más dinámica e imprevisible en la superficie, al estilo Trump. Pero en lo fundamental seguirá los lineamientos que tracen los EE.UU. No tendrá otro remedio. Y el general De Gaulle sonreirá desde donde esté. La unidad europea se irá afirmando sin, en el futuro inmediato, la influencia del Reino Unido (los partidos «soberanistas» de los otros países de la Unión ya no son tan «eurófobos», desde que piensan que pueden ir ganando peso en las instituciones europeas.

Y para los geopolíticos apresurados, se aclara que entre los primeros gobiernos en felicitar a Boris Johnson por su nuevo cargo, estuvieron los de Estados Unidos … y de Irán. El presidente Donald Trump dice «Congratulaciones a Boris Johnson por ser el nuevo Primer Ministro del Reino Unido. ¡Él será grande!». El canciller Javad Zarif se extiende un poco más «La captura de un petrolero iraní por el gobierno de (Theresa) May por cuenta de los EE.UU. fue piratería, pura y simple. Congratulo a mi anterior colega @BorisJohnson por ser el nuevo Primer Ministro del Reino Unido. Irán no busca el enfrentamiento. Pero tenemos 1500 millas del Golfo Pérsico. Esas son nuestras aguas y las protegeremos».

Y como una advertencia sobre las reacciones que despiertan en muchísimos votantes -no sólo en Gran Bretaña- las organizaciones supranacionales dirigidas por burocracias que toman en cuenta la corrección política progresista y más aún los intereses de los bancos, acercamos al final de esta nota un expresivo video «17 Million F*ck Offs – A Song About Brexit».

La política científico-tecnológica y la economía

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Reproducimos esta columna del Dr. Fernando Stefani, investigador principal del CONICET, profesor de Física Experimental de la FCEN UBA, vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias (CIBION), por una razón sencilla: resume, desde la comunidad científica, lo que ha sido la posición de AgendAR desde el comienzo. Y añadimos un tweet suyo que apunta a uno de los instrumentos claves para hacerla realidad.

«La característica esencial de un país en desarrollo no es su política monetaria o financiera, su legislación laboral o jubilatoria, o la cantidad de tratados de libre comercio que haya firmado. Ni siquiera lo son la facilidad para establecer empresas o recibir inversiones extranjeras, o si se rige más o menos democráticamente. Todos estos factores pueden tener su influencia, favorable o desfavorable, pero ninguno es la clave. La clave para el crecimiento económico sustentable, es reconvertir constantemente las actividades económicas que se realizan en nuevas actividades de mayor valor relativo en el mercado global.

La reconversión de las actividades económicas en nuevas de mayor valor relativo no ocurre espontáneamente, se induce desde el Estado con políticas científico-tecnológicas-productivas competitivas internacionalmente, que hasta ahora no hemos sabido aplicar.

El mundo desarrollado, a través del avance científico-tecnológico, genera todo el tiempo nuevas actividades de mayor valor relativo y marca el avance económico global. El ritmo del progreso global se puede medir en términos de la reinversión que se hace en ciencia, tecnología e innovación.

Según datos del Banco Mundial y UNESCO, el mundo desarrollado aumenta esta inversión de modo prácticamente lineal a un ritmo de 0,03 % PBI/año (números pequeños, pero muy potentes). Los países en desarrollo, para ir escalando posiciones y mejorar su competitividad, lo hacen más rápido. China por caso lo hace al 0,08 % PBI/año.

Argentina, como todos los países rezagados, van más lento. En promedio, desde 1995 a 2016 Argentina aumentó su inversión en ciencia, tecnología e innovación a un ritmo de 0,01 %PBI/año. Ese índice incluye un incremento en el período 2003-2015 a un ritmo de 0,02 % PBI/año, seguido de una fuerte reducción de -0,1 %PBI/año en 2015-2016.

Cuando fuimos en la dirección correcta lo hicimos a un cuarto de la velocidad requerida. La mayor debilidad fue la falta de impulso a la innovación industrial y de incentivos eficientes a la inversión privada. Los países desarrollados y en desarrollo destinan parte importante de su inversión a multiplicarla, estimulando a las empresas a que reinviertan en sí mismas en conocimiento y tecnología, y que generen nuevas actividades de mayor valor.

Naturalmente, esa política falló en reconvertir nuestras actividades económicas de manera significativa. La respuesta, en lugar de continuar la senda de aprendizaje y acelerar, fue ir en la dirección opuesta. Actualmente existe un mensaje contradictorio. Se le pide al sector privado que invierta en conocimiento y tecnología al tiempo que se reduce la inversión pública y se desmantelan partes vitales del sistema nacional de ciencia y técnica.

Se han generado numerosos instrumentos de incentivo a la inversión financiera de corto plazo y prácticamente ninguno para la inversión productiva con componentes de innovación, que son las que tienen la capacidad de mejorar nuestra competitividad a futuro.

La pregunta que debe delinear nuestra política científico-tecnológica-producitva es ¿de qué vamos a vivir en Argentina en 20-30 años? ¿Seguiremos vendiendo principalmente materias primas, productos y servicios de bajo procesamiento que luego compramos dentro de otros más sofisticados y de mayor valor?

Para responder esta pregunta no vale citar casos individuales de éxito, de alguna empresa o desarrollo tecnológico particular. Se trata de estadísticas, de un cambio de paradigma en el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación industrial en nuestras actividades económicas, en la composición de nuestro producto bruto y exportaciones».