Los capítulos del proyecto de acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha subido a su página el texto, dividido en capítulos, del proyecto de acuerdo Mercosur-Unión Europea. Se puede acceder a esa página cliqueando aquí. En AgendAR consideramos que, aunque el acuerdo no está vigente y faltan bastante tiempo e instancias para su aprobación, es importante saber qué es lo que ha planteado, y qué aceptó, en principio, nuestro gobierno.

Desde el ministerio se deja constancia que estos textos se publican sólo con fines informativos y pueden sufrir modificaciones adicionales como resultado del proceso de revisión legal de los mismos, sin perjuicio de no alterar los compromisos en las concesiones alcanzados en el acuerdo anunciado entre el MERCOSUR y la UE.

Los textos solo serán definitivos una vez firmado el Acuerdo, que debe ser aprobado por los 28 gobiernos de la Unión y los cuatro del Mercosur. El acuerdo será obligatorio para las Partes en virtud del derecho internacional solo después de que cada una de ellas complete los procedimientos legales internos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo (o su aplicación provisional).

La «revolución de los aviones», el gobierno y los gremios

Esta semana se firmó entre la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile el “Acuerdo de Doble Vigilancia”. Este es el primer paso para poder implementar en un futuro el interchange. Esto servirá para que entre los dos entes se establezcan los pasos a seguir y los procedimientos para la habilitación de las aeronaves.

El INTERCHANGE habilita a que un operador como LATAM o JETSMART o NORWEGIAN, vuele aviones dentro del país o con tripulación argentina, pero no con la matrícula nacional.

La decisión la tomó Tomás Insausti, número uno de ANAC. Pero detrás está la decisión del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich de hacer lugar el pedido de la aerolínea que planteó la posibilidad de cerrar la ruta a Miami si no se autorizaba este uso en pool de sus aviones para sus flotas de América Latina.

El Interchange es algo que está pidiendo LATAM para reemplazar sus Boeing 767 “argentinos” que no podrán entrar a USA desde el 1º de enero, por un pool de nueve 767 que usan las filiales de Chile, Perú, Brasil y Colombia, pero que tienen matrícula chilena.

Estos aviones, si se aprueba el interchange, serán volados por las tripulaciones argentinas y tendrán la misma cantidad de personal nacional que ahora. Los impuestos que se pagan siguen siendo argentinos, lo único que cambia es la matrícula del avión.

El frente gremial mantuvo una reunión con las autoridades de transporte. Y tras la reunión sacaron un comunicado crítico: «Si bien este encuentro permitió establecer un diálogo cordial con las autoridades del Ministerio de Transporte por primera vez en más de un año y medio, a lo largo de la reunión han quedado claras las diferencias irreconciliables que nos separan con quienes llevan adelante la política aerocomercial en nuestro país. Mientras Dietrich se focaliza en las distintas formas de bajar el costo laboral para ser competitivos, desde los Sindicatos Aeronáuticos Unidos vamos a seguir defendiendo el trabajo argentino y nuestras condiciones laborales que se ven afectadas por el fracaso de la Revolución de los Aviones».

Según la UCA, la pobreza alcanza a 35% de los argentinos. Y la indigencia, al 7%

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El índice de pobreza que elabora la Universidad Católica Argentina -UCA- ha sido mal recibido por este gobierno y también por los anteriores. Es un espejo (borroso) en el que no les gusta mirarse. Por eso Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, se cubre “En base a los datos de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, estimamos que en el primer trimestre de este año la pobreza alcanzó no menos del 35% y la indigencia poco más del 7%”.

Así, sobre la base de una población urbana de 40,5 millones, hay 14.175.000 de pobres, de los cuales casi 3 millones son indigentes. Esas cifras marcan un incremento de al menos 3 puntos – 1.200.000 personas – con relación a la medición de pobreza que, según el iNDEC, fue del 32% en el segundo semestre de 2018.

Respecto del 27,3% del primer semestre de 2018, el aumento de la pobreza sería no menor a 7,7 puntos, equivalente a 3 millones de nuevos pobres.

Salvia dice que el primer trimestre de este año habría sido el momento más difícil y complicado porque los ingresos no tuvieron un ajuste nominal en relación a valores de 2018, la suba de los precios de las canastas básicas fueron superiores a la propia inflación, continuó la fuerte recesión y aumentaron tanto las changas como las ocupaciones informales, el subempleo y empleo no registrado.

Estos datos de pobreza e indigencia son los más elevados de la década. Los picos anteriores fueron en 2001/2002, y 2008/2009 con el impacto de la crisis internacional. Cuando se analiza por regiones, Salvia explica que el conurbano bonaerense –una zona de alta concentración de población, que depende de la industria, servicios y comercio — es la de mayor impacto. Es también donde aumentó el trabajo infantil, a la vez que creció la asistencia pública en los comedores públicos, en un contexto donde la obra pública ayudó a mitigar en forma muy parcial la carencia de empleo e ingresos.

Según el INDEC, en el conurbano bonaerense la pobreza en el segundo semestre de 2008 fue del 35,9%, sumando 4.356.189 pobres. Y la tasa de desempleo en el primer trimestre fue del 12,3%, por encima del 10,1% del promedio nacional, con fuerte predominio juvenil: entre los varones jóvenes del 21,4% y mujeres jóvenes del 27,4%.

En base a los estudios del Observatorio de la UCA Salvia agregó: la incidencia de la pobreza por ingresos resulta más elevada entre los hogares que presentan privación en alimentación y salud, vivienda y trabajo.

A partir de 2016 tendió a incrementarse la correlación entre pobreza por ingresos y la dimensión empleo y seguridad social. Esto implicaría que si bien las condiciones desfavorables llevaron al incremento de la pobreza tanto para los que presentan déficit en esas dimensiones como para los que no, el impacto fue mucho más fuerte para los primeros que para los últimos. También el incremento de la pobreza afectó en mayor medida a los que presentan déficit en vivienda. La correlación también se incrementa entre pobreza y servicios, probablemente porque las mejoras hayan sido mayores para hogares que no se encontraron en situación de pobreza por ingresos.

El incremento de la pobreza estructural desde 2016 fue notoria particularmente en el Conurbano Bonaerense. En 2018 la pobreza estructural afectaba al 23% de los hogares y a 1 de cada 4 personas de esta región.

«Necesitamos poder despedir sin causa en industrias y comercios»

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Como ya fue señalado por muchas personas -incluso por empresarios- un empleador puede despedir sin causa, desde siempre. Sólo, está obligado a pagar una indemnización de acuerdo a la antigüedad de ese trabajador en su puesto.

Lo que el Sr. Crivelli, y otros, pretenden es despedir sin pagar nada. En eso se muestra como típico de una patronal parasitaria, que no aporta innovación y no acepta riesgos. Que no tiene problema en convivir con la corrupción, pero está dispuesto a «arrepentirse» si un juez o un fiscal le insinúan que así se libra de las consecuencias.

La economía capitalista no es una actividad «sin fines de lucro». Es inevitable que el empresario quiera aumentar sus ganancias; si no, no es empresario. Pero aquí se muestra ceguera con el interés propio. Un empresario que exporta al mercado global, puede despreocuparse de sus trabajadores: no son sus clientes, o lo son en una parte ínfima. Pero la construcción necesita de un mercado interno próspero. La Argentina no será una gran Punta del Este, donde vendrán extranjeros a comprar sus departamentos para las vacaciones.

APCNEAN DENUNCIA ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA LA DESTRUCCIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE AGUA PESADA

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AgendAR ha informado sobre este tema a lo largo de un año. Ahora, los científicos y técnicos de la actividad nuclear en Argentina -porque su tarea, su vocación, está en juego- sienten que se ha llegado a un límite.

«La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Actividad Nuclear (APCNEAN) y ATE CNEA ya se han pronunciado en varias oportunidades sobre este tema pero no pueden callar una vez más frente a la destrucción que se está llevando a cabo en este mismo momento.

La Planta Industrial de Agua Pesada (la PIAP) de Arroyito, Neuquén, una de las inversiones más grandes en la historia de la tecnología de nuestro país, del orden de los mil millones de dólares de los fines de los 80 y principios de los 90, es la planta de producción de agua pesada más grande del mundo, con posibilidades de exportación concretadas en el pasado y hoy insuficientemente exploradas.

Durante el tiempo que este gobierno sostuvo la misma política que el anterior en relación a la construcción de la cuarta central CANDU (que utiliza la tecnología de agua pesada y uranio natural para la cual tenemos todo lo necesario en nuestro país después de décadas de grandes inversiones públicas y privadas) se invirtieron unos 800 millones de pesos para poner la PIAP en condiciones para la producción requerida por esa central, como elemento esencial y constitutivo. ¿Quién se hace cargo de estas acciones irresponsables y de este despilfarro? ¿El Sr. Subsecretario de Energía Nuclear, que se ufana tanto de sus ahorros y de sus eficiencias, se hará cargo?

La pérdida de la PIAP nos cerrará para siempre el camino para continuar con la exitosa línea tecnológica que la Argentina tan dedicada y cuidadosamente construyó. No dudamos en calificar esta acción como de lesa patria.

El agua pesada también, y en primer lugar, es necesaria para reponer la que se consume en nuestras tres centrales. El stock actualmente disponible está muy lejos de cubrir las necesidades del país para toda la vida útil de las mismas (según nuestros datos hay para no más de dos o tres años!), con lo cual nos veremos en la situación de tener que importar, gastando divisas que no tenemos y pagar el precio que se le ocurra a los muy pocos proveedores que quedan. Además es necesaria para proveer a los reactores de investigación y producción de radioisótopos que el país exporta. Y esto sin mencionar la gran variedad de usos médicos e industriales menores pero muy relevantes.

Como elemento adicional vale la pena mencionar que el deuterio (el hidrógeno pesado que es el elemento determinante del agua pesada) que la PIAP extrae del agua natural podría convertirse en uno de los combustibles más importantes para el futuro de la humanidad. Este elemento es el que se “quemará” en los reactores de fusión termonuclear del futuro. Este es el segundo método para obtener energía nuclear, después de la fisión del uranio, solo que prácticamente no genera residuos radiactivos y es inagotable.

Hoy en día se está llevando a cabo el experimento más grande de la historia de la fusión termonuclear controlada a través de una cooperación internacional llamada ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). La Argentina podría participar aportando deuterio y tecnología (algo que ya está intentando a través de empresas del sector nuclear).

Hace algunas semanas representantes de APCNEAN y ATE mantuvimos una de tantas reuniones con el subsecretario de energía nuclear. Ante nuestra denuncia y reclamo nos aseguró que el gobierno preservaría la PIAP. La realidad, triste y dramáticamente, lo está desmintiendo. Una más de tantas promesas incumplidas.

De una planta de más de 400 trabajadores solo quedan hoy en día bastante menos de 300 y sigue diezmándose la plantilla de personal con un programa de retiro concertado. A través de este perverso mecanismo, utilizado en el pasado por todos los gobiernos neoliberales, se está desvinculando a los trabajadores más calificados sin los cuales no es posible preservar la PIAP en condiciones mínimamente aceptables. Esto habla, de una manera indubitable, de las verdaderas intenciones del gobierno.

Como ya ha ocurrido en otras aciagas circunstancias de nuestra vida como país se destruye capital intelectual malgastando recursos que debe pagar todo el pueblo argentino. Este estrago incalificable solo puede ser comprendido en el marco de elementos espúreos de presión sobre nuestro país consentido por las actuales autoridades. La decisión de terminar con esta línea tecnológica fue tomada inmediatamente después de firmar el acuerdo con el FMI. La conclusión es inevitable: en esta oportunidad se está consumando algo que fue intentado muchas veces en el pasado. Cerrarle a nuestro país la posibilidad de ser autosuficiente en materia de energía nuclear. Parecería que sólo las grandes potencias y algunos de sus fieles aliados tienen el derecho a esto.

La recomposición de los planteles de trabajadores altamente calificados será una tarea muy difícil y ardua. Y la reconstrucción de la PIAP una tarea costosa. Pero seguramente habrá gente talentosa y patriota dispuesta a participar de esta tarea.

La APCNEAN y ATE CNEA están empeñadas en lograr que este despropósito se revierta en el menor plazo posible por parte de un nuevo gobierno que retome la senda del desarrollo nuclear autónomo».

Secretariado Nacional APCNEAN

ATE CNEA Buenos Aires

La otra «pulseada» de Trump: con India

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Hace un mes, AgendAR informaba Se extiende la «guerra comercial». India impone aranceles a productos de EE.UU. El asunto no se quedó ahí, por supuesto. Compartimos este informado artículo de Héctor Rubini, del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador. Conocer las reglas de juego en estas «pulseadas» puede ser útil a un futuro gobierno argentino que se decida a proteger su industria, como Donald Trump lo hace con la suya (pero no le entusiasma que lo hagan otros).

«Una vez más, el presidente Donald Trump utilizó Twitter para anunciar el próximo capítulo de las prácticas proteccionistas de su administración. Este martes 9 “avisó” que los nuevos aranceles del Gobierno de India sobre 28 productos importados desde EE.UU. no son “aceptables”.

Si bien significa apenas un aumento en los ingresos aduaneros indios de poco más de U$S 215 millones, es una represalia frente a la eliminación de preferencias arancelarias para exportaciones de India a EE.UU. por U$S 6.300 millones desde el pasado 5 de junio. Previamente, en el mes de marzo la administración Trump aplicó aranceles de 25% al acero de origen indio y 10% a las importaciones de aluminio de la India. Pero el Gobierno de Narendra Modi había decidido en febrero aplicar un arancel de 50% a la importación de motocicletas estadounidenses.

El Gobierno de EE.UU. se apresta ahora a iniciar una ronda de negociaciones bilaterales por varios motivos: a) como bien lo señalan los funcionarios de Trump, es cierto que India tiene un largo recorrido y experiencia con la aplicación de altos aranceles y en su opinión deberían bajarlos si no quieren que Washington opte por nuevas medidas proteccionistas, b) el comercio bilateral de bienes y servicios arrojó en 2018 un déficit de U$S 24.200 millones para Estados Unidos, explicado en su mayor parte por el déficit en el comercio bilateral de bienes que en 2018 fue de U$S 21.300 millones, c) la decisión de India ha sido leída como una burla por la Casa Blanca, ya que a fines de esta semana está llegando a Nueva Delhi una misión del Gobierno de EE.UU. para discutir los aranceles aplicados por ambos gobiernos y la eliminación de las citadas preferencias arancelarias para la India.

Las perspectivas sobre esta ronda negociadora son en extremo inciertas. El “America First” del presidente Trump es no negociable frente a ningún país. Pero India no es cualquier mercado, y no es de dejarse llevar por delante.

De hecho, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), ambos países están embarcados en varias disputas. India ha iniciado 11 casos contra los Estados Unidos, y el gobierno estadounidense 8 contra la India. El pasado 27 de junio un panel de la OMC emitió una resolución a favor de un reclamo de la India contra exigencias de contenido nacional y subsidios para la industria de energía solar de 8 gobiernos estaduales de EE.UU.: California, Connecticut, Delaware, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana y Washington. Según la OMC dichas exigencias eran discriminatorias y violatorias de las normas del GATT. Si bien las medidas en cuestión son transitorias y en poco tiempo quedarán sin efecto, es un antecedente del clima poco amigable que se percibe entre ambos gobiernos, si bien los presidentes Modi y Trump se reunieron durante el reciente encuentro del G-20 en Osaka.

La disputa sobre los aranceles de este año no va a ser fácil de resolver, si bien podría esperarse cierta tregua como la ensayada por Trump con China en las últimas dos reuniones del G-20, en Japón y en Argentina. Según Washington, los aranceles que viene aplicando la India desde junio del año pasado son discriminatorios, por tanto inconsistentes con el GATT, y otorgan a las importaciones de origen estadounidense un tratamiento menos favorable que a las de otros países en el sistema indio de concesiones arancelarias. El argumento del gobierno de la India es que son aranceles aplicados en el marco del Acuerdo de Salvaguardas de la OMC, pero los funcionarios de Washington sostienen que han sido decisiones en el marco de la sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, y no salvaguardas.

Si las negociaciones fracasan, es probable que en pocas semanas el Gobierno de EE.UU. solicite a la OMC constituir un panel para que se expida en la cuestión. Algo que no marcará el fin de la escalada de medidas proteccionistas, represalias y contrarrepresalias bilaterales que recién parece estar en sus inicios. Por otra parte, el futuro de una nueva disputa en el marco de la OMC, como el de los paneles ya iniciados, está ingresando en un terreno incierto sobre el cual hasta ahora el G-20 no ha definido nada. El Órgano de Apelaciones para resolver diferencias debería estar integrado por siete miembros, pero al cese del mandato de varios de ellos en los últimos años no se han designado reemplazantes. Actualmente tiene tres miembros. En el caso de dos de ellos, Ujal Singh Bhatia, de la India, y Thomas Graham, de EE.UU., su mandato también vence en diciembre de 2019 mientras que el del tercero, el chino Hong Zhao, termina en noviembre de 2020.

El problema práctico que se avecina no es trivial: si no se nombran nuevos miembros, con una sola persona a cargo dicho órgano no puede funcionar. Escenario más que favorable para que Washington generalice la aplicación de restricciones comerciales a varios otros países aparte de China, India, la Unión Europea y otros. Esto puede permitirle a Trump lograr la reelección, pero a costa de una reducción futura del volumen del comercio y del crecimiento económico mundial.

Un riesgo que no debe minimizarse, y que seguirá provocando réplicas en otros gobiernos que tarde o temprano van a poner en riesgo no sólo la utilidad práctica de los órganos de la OMC para resolver disputas comerciales, sino la estabilidad macroeconómica de la mayoría de los países del mundo, especialmente la de los menos desarrollados. En ese sentido, habrá que prestar atención al conflicto entre EE.UU. y la India. Probablemente sea este, y no la guerra comercial con China, el que defina los futuros pasos del proteccionismo agresivo de Trump y de las inevitables réplicas del resto del mundo».

Moody´s no cree en los «veranitos»

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Hay una contradicción aparente. El precio del dólar se está manteniendo estable, con cierta tendencia a la baja, por dos meses. Los capitales especulativos -el «carry trade»- están entrando ahora mismo a Argentina en un nivel -se ha estimado- de 2.000 millones de dólares. (Lo segundo es una de las causas de lo primero). Y una de las calificadoras de riesgo más conocidas -Moody´s- cambia la calificación crediticia de Argentina de «estable» a «negativa«. Igual, los bonos del Estado argentino siguen siendo B2.

Los motivos para esta decisión de Moody´s son, según informa, «la mayor incertidumbre respecto de la implementación continua de políticas que, al abordar los desequilibrios fundamentales de Argentina, restablecen el acceso confiable a los mercados internacionales de capital y contienen el riesgo de mayores daños en los choques cambiarios«.

Dujovne, Sandleris, … Macri, tienen ahora una preocupación más. Que estas dudas de Moody´s no contagien a esos capitales especulativos que han estado llegando y que precipiten esos «choques cambiarios» que prevé la calificadora. Por supuesto, la preocupación termina siendo no sólo de ellos, sino de todos nosotros, los argentinos.

Reklus: el fabricante de autos clásicos que cambió la vida de Todd, un pueblo bonaerense

Manejan herramientas, toman mediciones, colocan piezas, pulen carrocerías y ensayan resultados. Son diez artesanos alrededor de un BMW 507 Roadster, en pleno proceso de construcción. Ninguno de ellos supera los 25 años y trabajan sobre la réplica de un auto cuyo diseño original se remonta a 1956, incluso antes de que nacieran sus propios padres.

Estamos en Todd, un pueblito de 750 habitantes, a 170 kilómetros del Obelisco. Ahí se instaló hace cuatro años Reklus, el fabricante de autos artesanales que decidió alejarse de la gran ciudad, para crecer en tamaño y cambiarle la vida a esta pequeña localidad del partido de Arrecifes.

En Arrecifes -la famosa “Cuna de Campeones” que vio surgir a los Froilán González, Di Palma y Canapino– hay muchos equipos y talleres de autos de competición, pero Reklus participa en una carrera muy diferente: ganar el mercado internacional de recreaciones de autos clásicos.

Se trata de una especialidad con muchos nombres consagrados en la Argentina, donde se destaca Pur Sang: la firma de Leónidas Anadón, que exporta desde Paraná (Entre Ríos) a todo el mundo diversas réplicas artesanales de Bugatti y Alfa Romeo, con valores promedio de 250 mil dólares la unidad.

Reklus fue fundada en 2005 con el mismo objetivo. Su creador, Gustavo “Pini” Mancardo, se radicó originalmente en un taller de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, pero en 2015 decidió instalarse en Todd para poder expandirse. “Y, de paso, alejarme de la locura de la ciudad”, contó Mancardo.

El equipo de Mancardo está compuesto por diez jóvenes artesanos nacidos en los alrededores de Todd, aunque tampoco falta el entrañable inmigrante venezolano, de alegre tonada caribeña. También le da trabajo a tapiceros, carpinteros y otros oficios de la zona. Las carrocerías se fabrican en aluminio y se instalan sobre chasis tubulares.

La especialidad de Reklus son las recreaciones de autos sport europeos de los años ’50 y 60, como BMW 507 Roadster, Maserati 300S y Alfa Romeo ATL. Se trabaja a un ritmo de ocho autos al año. Cada encargo –vendido por adelantado- demanda hasta 3.000 horas/hombre.

En Todd se fabrica el chasis, la carrocería y los interiores. Se instala la mecánica y la transmisión. Cuando el vehículo está completo, se lo prueba en el Autódromo de Arrecifes y parte rumbo al país de su dueño, que puede estar en Europa, Estados Unidos o Asia.

Pini Mancardo cuenta que muy pocos autos de Reklus quedan en el país. Son vehículos que se usan para manejar en circuitos y es difícil patentarlos. “La nueva Ley de Autos Artesanales no sirve en nuestro caso, porque está pensada para autos fabricadas en pequeñas series. En el caso de Reklus, cada auto que fabricamos es único y con especificaciones a pedido del cliente”, explicó Mancardo.

Por eso, su principal destino es la exportación. La fuente de trabajo automotriz que nunca había imaginado el pueblo de Todd.

César Lerena denuncia «Un instituto oficial colabora con los ingleses en Malvinas»

El Dr. César Augusto Lerena, ex Secretario de Estado, experto en Atlántico Sur y Pesca, y actualmente asesor en el Senado de la Nación, ha publicado otras veces en AgendAR -por ejemplo, aquí y aquí– sobre temas de su especialidad. Ahora nos ha hecho llegar una grave denuncia, que debe ser esclarecida.

«Me he ocupado durante décadas de defender la tarea de la investigación pesquera y, con ello, a los científicos y técnicos del INIDEP, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero; ahora, una cosa es hacer investigación independiente y otra, tener un Instituto intervenido que responde a las consignas insustentables del Ejecutivo y colaborar con el invasor británico en Malvinas.

Seré preciso para evitar malos entendidos: colaborar con el invasor, es acordar con éste la investigación conjunta de los recursos pesqueros argentinos en el Atlántico Sur, fuera y dentro de la arbitraria y prepotente Zona de Exclusión Británica, aportándole al Reino Unido el buque de investigación argentino Victor Angelescu y los científicos del INIDEP, formados y perfeccionados por el Estado Nacional, acercándole a estos ocupas, toda la información pesquera necesaria para que los ingleses sigan sosteniéndose en Malvinas, ratificando, lo que el Director británico de Recursos Pesqueros John Barton manifestaba el 14 de marzo de 2012: «Sin las Licencias de Pesca no hubiéramos sobrevivido en Malvinas» y, ello es así, porque el 75% de los recursos económicos de las Islas provienen de la pesca.

Nada más evidente que los hechos: ni durante, ni una vez concluida esta «investigación conjunta» los buques pesqueros argentinos podrán ingresar a la zona de exclusión impuesta por los ingleses y, por el contrario, lo harán los cientos de buques extranjeros que pescan con licencia ilegal británica.

El INIDEP no puede prestar información a los administradores ilegales de Malvinas y a través de éstos a los buques extranjeros que depredan nuestros recursos pesqueros dentro de la Zona Económica Exclusiva o fuera de ella, sobre las especies migratorias o asociadas, extrayendo más de un millón de toneladas anuales que provocan un desequilibrio biológico en el Atlántico Sur y  compiten con productos de origen argentino en los mercados internacionales con las empresas radicadas en el continente argentino.

Y, aún más, no puede prestarse información al enemigo porque lo prohíbe la Constitución Nacional, la Ley de Defensa Nacional y, desde lo específico, la ley 24.922. Puede resultar un poco duro utilizar la palabra enemigo para referirse al invasor británico, pero, parece la más adecuada para definir a «alguien que resulta contrario o antagónico a uno mismo o a lo propio» y porque «la enemistad surge por un desacuerdo extremo e intolerante entre ambos países» que ya lleva 186 años y, que en la confrontación de 1982 por recuperar el territorio nacional murieron 629 argentinos y quedaron más de mil heridos.

Y, aunque la voluntad general sea caminar hacia una amistad entre los pueblos, las condiciones para hacerlo deben ser de equilibrio entre las partes y no la cesión total e incondicional por parte de Argentina, mientras Gran Bretaña se niega sistemáticamente a negociar la soberanía de Malvinas, a pesar de que las Naciones Unidas y toda la comunidad internacional se lo reclame.

El Art. 119º de la Constitución Nacional precisa: «La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro…».

Por otra parte, la Ley de Defensa Nacional establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional, y tiene la finalidad de «garantizar de modo permanente, la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación…» y esa defensa abarca, no solo los espacios continentales, sino las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos, así como el Sector Antártico Argentino y, ello constituye un derecho y un deber para todos los argentinos (Ley 23.554 art. 2º, 5º y 6º y Ley 15.385).

Finalmente, la Ley 24.922 solo habilita al INIDEP a cooperar con organismos nacionales y provinciales (Art. 11º) y, por lo tanto, no está autorizada a hacerlo a terceros países y mucho menos suministrarle información que, en todos los casos, debe ser evaluada previamente por el gobierno nacional (Art. 13º).

Al mismo tiempo el Reino Unido está impidiendo al INIDEP establecer el Rendimiento Máximo Sostenible Anual (Art. 12º) de todo el Atlántico Sur, porque no tiene acceso directo y cierto de las capturas extranjeras y no puede relevar todo el territorio marítimo nacional y, por lo tanto, los invasores británicos incumplen con los art. 17º a 27º de la citada ley, depredando el recurso y provocando «excesos en la explotación y efectos dañosos sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico».

Y en lugar de proteger los derechos preferentes de la Nación en la condición de Estado Ribereño (Art. 22º) el INIDEP realiza tareas conjuntas con el Reino Unido para conocer los recursos naturales argentinos del área de influencia de Malvinas, colocando en un plano de igualdad a Gran Bretaña, como si se tratara de otro Estado Ribereño, sin una disputa territorial, quebrantando todas las Res. de las N.U. relativas a la explotación de los recursos naturales de los países ocupados.

El Código Internacional de Conducta Responsable de la FAO precisa: «Los Estados deberían adoptar las medidas de conservación, ordenación y el uso sostenible de los recursos pesqueros. Éstas, deberían basarse en los datos científicos y estar concebidas para garantizar la sostenibilidad de los recursos, promoviendo una utilización óptima y su disponibilidad para las generaciones actuales y futuras». Ello no es posible, mientras los ocupantes británicos exploten ilegalmente los recursos, a través de licencias pesqueras, consolidando esta actividad construyendo puertos con la colaboración de empresas españolas, otorgando licencias y, constituyendo, incluso, sociedades con empresas pesqueras de esta nacionalidad.

En este estado, la Argentina no puede prestar cooperación alguna, porque no solo está poniendo en juego los derechos territoriales y las toneladas que capturan ilegalmente los buques extranjeros habitados por Gran Bretaña, sino que a la luz del reciente Acuerdo de la Unión Europea-MERCOUR estaría aceptando que esas capturas sean tratados como originarias de los Buques de Bandera (los que no son de los Estados Ribereños), según las Reglas de Origen Sección A del citado Acuerdo.

En el momento, que, con motivo del Brexit, Gran Bretaña y con ello Malvinas, como territorio de Ultramar de la U.E., perderán los beneficios arancelarios de pertenecer a la Unión Europea y el MERCOSUR firma un Acuerdo al respecto, el gobierno argentino, colabora con invasores de Malvinas a mantener su economía y comercio.

Desde la creación del INIDEP pocos directores reunieron los requisitos de la ley. Muchos fueron delegados del Subsecretario, en otros casos éste asumió la función y, en ocasiones, se intervino. La presente es una de ellas; pero, los investigadores del INIDEP siempre estuvieron indicándole a los Subsecretarios de turno los límites de la sobreexplotación. Así ocurrió con los Acuerdos Marco con la URSS-Bulgaria, con el de la Unión Europea, con el charteo de calamar o con el festival de permisos de merluza de entonces o del langostino de hoy. Nunca ocurrió que se pusiese el INIDEP al servicio extranjero y mucho menos de quienes ocupan en forma prepotente 1,6 millones de km2 de nuestro territorio marítimo e insular y otorgan licencias pesqueras por 25 años.

Raramente, el Interventor, que pone el INIDEP al servicio de los británicos, es un Almirante retirado de la Armada, que parece conocer muy poco de soberanía nacional y mucho menos de pesca, a juzgar por el rol que cumple a pie juntillas. Su intervención en el Senado de la Nación, el pasado 18 de junio de 2019 es una prueba de ello:

Marcelo Lobbosco, de él se trata, subrayó en esa reunión que el INIDEP «abarca la totalidad de la problemática del Mar Argentino, por ende, tratamos cuestiones que son también comunes a otros países», dejando poco claro a qué otros países se refería, porque, en el Mar Argentino, hay una sola Zona Común, que es la acordada por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo en 1973 con la República Oriental del Uruguay, no habiendo cuestiones comunes en el Canal del Beagle ni en el llamado “Mar de la Zona Austral”, derivadas del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile, firmado en 1984. No creemos que Lobbosco, incluya dentro de esos países al Reino Unido, aunque es verdaderamente temerario en su informe cuando dice: «hicimos prospecciones -o tenemos previsto hacerlas- dentro de la Zona Económica Exclusiva o, mejor, autotitulada “exclusiva” por los ingleses» al referirse al Mar Argentino que rodea a las Malvinas.

No es, ni una “Zona Económica Inglesa” ni una “Zona Exclusiva Inglesa”. Este Interventor le da legitimidad a la Proclama Nº 4 de 1986 del Gobernador Inglés ilegítimo en Malvinas, que estableció una Zona de Exclusión Pesquera denominada «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías (FICZ)», un arbitraria área de exclusión que, luego se ampliaría, a los límites establecidos por la CONVEMAR y, en la que -como hemos dicho- está prohibida al ingreso de los buques pesqueros argentinos, pero, que el responsable del INIDEP insiste en prestarle servicios a los ingleses, a través de este «Acuerdo de Conservación Conjunta argentino-británica de los recursos marítimos argentinos en el Atlántico Sur» firmado el 28 de noviembre de 1990, destinado a evaluar la situación de los recursos pesqueros desde la altura de la Península de Valdez (Latitud 45ºS), por encima del Golfo de San Jorge de Chubut hasta debajo de las Islas Sándwich del sur (Latitud 60ºS), es decir, no solo en la FICZ, sino frente a los mares de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida, consolidando la ocupación británica en Malvinas y el Atlántico Sur y Océano Austral.

Llama la atención que, teniendo a su cargo la totalidad de la problemática marítima no haya sido convocado el INIDEP a la hora de licitar las áreas de exploración de hidrocarburos offshore, para el impacto sísmico y físico sobre las áreas sensibles de los recursos, a pesar de que «es necesario una prospección antes, durante y después» y, como bien refieren los investigadores del INIDEP si bien «existe innumerable bibliografía, no es aplicable directamente a nuestros recursos». Aunque el Sr. Lobbosco, entienda, vaya a saber con que conocimiento académico, que estas acciones «afectan de forma diferente según la especie” (sic) (¿?).

También que la Intervención no haya elaborado un informe relativo al daño ecológico que producen las capturas ilegales en el mar argentino por parte de buques extranjeros y, sugerido al Poder Ejecutivo Nacional, las medidas técnicas necesarias para erradicar estas extracciones ilegales de buques españoles, chinos, coreanos etc. con o sin licencia británica. Tal es el desorden, que, en el caso de los cuatro stocks de calamar, del mar argentino, el más importante el del Sur, que los investigadores del INIDEP sostienen que «es el que se comparte con Malvinas (con los británicos en la ZEE Argentina) y, para manejarlo, se necesitan saber todas las capturas. No puede haber un manejo exitoso si desconocemos cuánto se pesca; mucho más cuando afuera se está pescando más que adentro. Si acá hay 70 barcos, afuera hay 300, entonces, todo está muy desbalanceado».
Por otra parte, cuando varios asesores, en esa misma reunión, le preguntaron al Interventor, cuál proyecto de renovación de la flota le parecía más adecuado, en atención a que alguno preveía otorgar cuotas de pesca como incentivo, respondió, que «esos temas, al igual que la sobreexplotación de los recursos no le atañen al INIDEP sino a la subsecretaría», desconociendo, que el Rendimiento Máximo Sostenible de las Capturas le corresponde al Instituto a su cargo, al igual que la determinación anual de especies excedentarias y otras cuestiones relativas a la disposición de los recursos; por cierto, opiniones que fueron contradichas por la Directora Nacional de Investigaciones del INIDEP, que al respecto dijo: «Nosotros elevamos todas las recomendaciones a la autoridad de aplicación y, esta es la que concede las cuotas a la flota, es decir que esta está limitada por la cifra que el INIDEP recomienda. Nosotros somos los responsables de decir: se puede pescar esto».

Al tiempo que dejaba claro el propio Lobbosco, que menos del 20% de los buques pesqueros llevan observadores y aceptaba en silencio que «estamos frente a una reducción de personal; un día de barco sale diez mil dólares, con lo cual, imagínense (los asesores de los Senadores) que a veces no se cuenta con los recursos como para hacer las campañas de todos los recursos y de todos los datos que se necesitarían».

Pero lo alucinante estaba por llegar, el Asesor del Senado disparó la pregunta clave (a modo de anzuelo) sobre el calamar Illex argentinus, el que da sustento a los británicos en Malvinas:
 
“…(transcripción oficial del Senado)
 
-ASESOR: ¿Para el manejo adecuado del calamar estiman necesario un 40% de escape de las capturas para asegurar que la próxima generación de también se exitosa, no es así?
-INVESTIGADOR: SI.
-ASESOR: Pero hablaste también de 300 buques que están pescando afuera, de otra nacionalidad, ¿ese 40% por ciento se escapa también?
-INVESTIGADOR: NO, el 40% de nosotros. Nosotros indicamos: «corresponde cerrar la pesquería porque detectamos que ya estamos en el 40 por ciento de escape. ¿Quién cierra la pesquería? La Argentina»
-LOBBOSCO: Claro.
-INVESTIGADOR: Afuera los 300 siguen pescando. Esta es una pesquería totalmente desregulada. Nada de lo que podamos hacer nosotros acá… Y para el recurso es totalmente negativo, por supuesto.
-LOBBOSCO: Siguen pescando…                                                 …”
 
Un aire de asombro y desolación envolvió a los presentes.             
 
En esta situación, el Sr. Interventor del INIDEP Almirante Marcelo Lobbosco sigue colaborando para que los británicos puedan asegurarse la llegada del Calamar a Malvinas y el sostenimiento de los usurpadores ingleses».

Dr. César Augusto Lerena

Hacienda ya vendió u$s 3.420 millones, un tercio de los dólares autorizados por el FMI

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Algo que conviene aclarar: como es el Banco Central el que concreta la operación (aunque los dólares son del Tesoro), cierta confusión surgió desde que el 29 de abril el FMI autorizó a la autoridad monetaria a intervenir en el mercado de cambios, aún cuando el dólar estuviera por debajo del techo de la desdibujada zona de no intervención.

Desde esa fecha y hasta ahora la autoridad monetaria no vendió ni compró en el mercado de contado, algo que notaron en la plaza pero que además fue confirmado por fuentes del Banco Central. Lo hizo en el de futuros, con los márgenes previstos en el acuerdo con el Fondo. El acuerdo vigente permite al BCRA tener una posición vendida de u$s 1600 millones en julio, de u$s 1300 millones en agosto y de u$s 1000 millones en septiembre. De hecho, uno de los puntos que estuvieron pidiendo algunos funcionarios es la posibilidad de mayor intervención, para tener más respaldo ante una posible corrida cambiaria, con la mayor presión en el dólar a medida que se acerquen las elecciones presidenciales. Esto último ya fue comentado en AgendAR.

Recordemos que el 15 de abril el dólar estaba a unos $ 42,60 y, una semana más tarde, llegó a los $ 47. Fue en ese momento en el que FMI accedió a modificar la posibilidad de intervenir en el mercado de cambios, un giro inesperado un tiempo antes.

En abril se volcaron unos u$s 600 millones; en mayo, u$s 1320 millones; en junio, u$s 1080 millones y, en lo que va de julio, u$s 420 millones. Y se continuará por esta vía hasta llegar en unos meses a los u$s 9600 millones.

La demanda de energía eléctrica y gas sigue cayendo

La utilización de servicios públicos -energía eléctrica, gas y agua, en particular- tuvo su peor caída anual y lleva 12 meses en rojo. A pesar de números positivos en algunas actividades, la economía todavía está en recesión.

El Indicador Sintético de Servicios Públicos que difundió ayer el INDEC indicó una caída de 5,8% en abril último en la medición interanual, la contracción más alta del año. Así, acumula doce meses de caída continua. También tuvo una baja del 0,7% en abril en comparación con marzo, en la serie desestacionalizada.

De acuerdo a los datos oficiales, la demanda de energía eléctrica, gas y agua fue una de las más golpeadas, ya que registró una caída del 9,5%, síntoma de que la recesión industrial aún persiste.

La recolección de residuos tuvo una contracción de 12,3% y fue la más afectada, un indicador de la retracción del consumo. Por su parte, el transporte de pasajeros registró una caída interanual de 4,7% y una suba de 6,8% para el transporte de carga; los vehículos pasantes pagos por peajes se contrajeron 11,4%; el servicio de correo postal tuvo una caída de 7,4%; el sector de telefonía registró un descenso de 3,4%.

El uso de servicios públicos no mostró números positivos en abril tampoco en la medición mensual desestacionalizada, a diferencia de otros indicadores sectoriales. Respecto de marzo, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una caída de 0,7%; en la recolección de residuos hubo una reducción de 1,6%; el sector transporte registró una contracción de 3,9% en el transporte de pasajeros y una suba de 2,8% en el transporte de carga; los pagos por peajes consignaron una variación negativa de 0,6%; el servicio de correos tuvo una suba de 0,8%; finalmente, elservicio de telefonía registró una variación positiva de 0,1%.

«En el Centro Científico Tecnológico CONICET de Santa Fe estamos administrando miseria»

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En el Centro Científico Tecnológico CONICET de Santa Fe funcionan el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE), uno de los dieciocho que forman parte del CCT Santa Fe. Ulises Sedran es doctor en Ingeniería Química e investigador superior del CONICET. Es director del CCT y también del INCAPE. De él reproducimos este reportaje:

Como a muchos otros institutos del CONICET, el año pasado el INCAPE solo recibió el 40% del presupuesto para gastos de funcionamiento. Hace poco hubo anuncios por parte del Gobierno para paliar la situación. ¿Tuvieron noticias sobre esa decisión?

No, el monto que recibimos el año pasado, que era un 40% de lo recibido en 2017, quedó así. Por otro lado, el CONICET había pedido en 2018 un “presupuesto de base cero”. A cada uno de sus institutos les pidió un presupuesto donde se explique cuánto necesita para poder funcionar. En nuestra zona, todos los institutos se tomaron muy en serio el trabajo y produjeron un presupuesto de base cero, por lo que para este 2019 esperábamos que nos respondieran en base a eso. Y si bien han mejorado la asignación, no es la que elaboramos. Al menos, ya se han entregado las dos cuotas correspondientes a este año, que equivale al 40% del presupuesto total. Esto marca una diferencia con respecto al año pasado pero estamos lejos de estar funcionando como debemos.

¿En qué aspectos los ha afectado más la falta de recursos?

En todas las áreas de nuestra actividad. Aparte del problema con los gastos de funcionamiento, cada grupo de investigación tiene que concursar sus subsidios, muchos de los cuales fueron interrumpidos. Por un lado, está el programa del CONICET, llamado PIP (Programa de Investigación Plurianual), que en algunos casos llevan tres años sin entregar un solo peso. Y por otro, la fuerza de financiación más grande es la de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT, de la Secretaría de Ciencia), con sus PICT. Ahí el panorama es muy variado. Por ejemplo, los de 2016 han recibido algo, a valores de ese año. Los de 2017 todavía no recibieron nada. Y los de 2018 creo que lo iban a recibir ahora. A esto se suma el problema de la reducción en becarios, investigadores y personal de administración y servicios. También la falta de presupuesto para equipamiento, ya que la mayoría son equipos importados y muchos son adquiridos con programas compartidos: la Secretaría pone una parte y exige una contraparte del CONICET. Hace unos años, el CONICET canceló todas las contrapartes, con lo cual se cayeron los contratos.

¿Les ha pasado de no poder pagar servicios básicos?

Con respecto a eso, el panorama es distinto según el lugar. Incluso, dentro de nuestro CCT, tenemos situaciones distintas. De los 18 institutos, 16 tienen una suerte de presupuesto centralizado para sus gastos de energía y agua. Pero no es el caso de todos. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Diamante, hay un instituto de nuestro CCT que tiene que arreglárselas solo. En ese caso, el CCT tuvo que salir en auxilio porque no podía pagar la luz.

¿Tienen investigadores y becarios que se hayan ido por no poder ingresar a carrera o porque el salario no les alcanza?

Quienes más sufren esta situación, en general, son los jóvenes, que naturalmente buscan nuevas perspectivas. En cuanto a investigadores que se hayan ido afuera, no me consta que tengamos. En el período 2000-2003 sí era notable la cantidad de investigadores que se iban. Pero cada vez se reducen más las posibilidades. En la nueva convocatoria, otra vez hay 450 vacantes, de las cuales solo 300 van al CONICET. Con los becarios la situación es más crítica: terminan el doctorado y ni siquiera tienen la oportunidad de entrar al sistema. Además, los salarios en general son reducidos, no pueden competir con la industria. La cuestión vocacional es muy fuerte pero de ningún modo eso justifica que tengan que pasar por la situación que están viviendo.

¿Cómo vienen llevando la falta de presupuesto para equipamiento?

La promesa de CONICET para equipamiento son 300 millones. Creo que de los anuncios que se hicieron es el único que puede llegar a significar un alivio porque permitiría la obtención de aquellos equipos que ya habían sido concursados, subsidiados y en algunos casos licitados, pero quedaron paralizados. En nuestra región tenemos un equipo muy importante, el microscopio electrónico de barrido, que está en esa instancia, por lo que esperamos y necesitamos que esa promesa se concrete.

Usted comenzó a trabajar en el CONICET en la década del ‘80, por lo que atravesó diversos períodos de crisis. Desde su experiencia, ¿cuál diría que fue la época más crítica que atravesó la institución?

Todo el recorrido fue así (dibuja con la mano curvas ascendentes y descendentes). La situación actual es gravísima. Las consecuencias que puede tener esta situación, si no se intenta cambiarla, van a ser muy difíciles de revertir. Los recursos humanos formados con esfuerzo durante años que se están perdiendo no solo destruyen la carrera del profesional, sino también al proyecto y a la institución. Pero recuerdo otras épocas muy malas. La crisis de 1989 afectó a todo el país, pero en 1987 el CONICET había estado muy mal. Había un proyecto concreto de disolución del organismo y de pasar a todos los investigadores a las universidades. Y después tuvimos la crisis de 2001. Esto se resuelve estableciendo a la ciencia como política de Estado, eso te permite prever, programar, avanzar. Pero estamos lejos de eso. Esta crisis nos encuentra, al menos, con una estructura edilicia mejor. Este edificio en el que estamos, por ejemplo, tiene apenas cuatro años.

¿En algún momento pensó en irse?

En 1987 yo ya estaba en la carrera pero era joven y me quería ir. Estaba muy preocupado por la situación. Pero no hablo de irme al extranjero: me quería ir del sistema porque tenía una familia, dos hijos y no llegaba a fin de mes. Esta es la situación de muchos hoy. La diferencia es que en las otras crisis yo era investigador y en esta caso soy directivo de un instituto y del CCT. A los colegas, la frase que les dije fue: “Estamos administrando miseria”.

De la época anterior, en la que hubo un financiamiento sostenido para ciencia, ¿qué faltaba mejorar?

Consolidarla como política de Estado. Este tipo de actividad no puede depender de la visión del Gobierno. Por eso estamos como estamos ahora.

Los plazos fijos crecieron en junio. Los intereses que pagan los bancos

Los depósitos a plazo fijo del sector privado crecieron en junio un 3% respecto de mayo. Se considera una señal de más confianza, después de tres meses consecutivos en baja. Esta mejora fue impulsada por la estabilidad del dólar y por el sistema de plazos fijos online para no clientes, puesto en marcha por el Central en mayo.

Estos son los intereses que ofrecen hoy los bancos, según los datos del B.C.R.A. Se toma como referencia un depósito de $ 100.000 a 30 días. Y se entiende que por sumas mayores y plazos mayores las tasas de interés aumentan, y disminuyen el el caso contrario:

«Ante el contexto de altas tasas de interés, con una tasa de política monetaria en torno al 60%, hasta los ahorristas (y gerentes de finanzas) más conservadores se vieron tentados a desprenderse de dólares para volcar sus tenencias a instrumentos denominados en moneda local», explica Augusto Quiñones, analista de First Capital Group.

«La paz cambiaria que se vivió durante el mes de junio, incluso con apreciación del peso en relación al dólar estadounidense generó una redistribución en los portfolios financieros del sector privado», agrega este especialista. En realidad, el crecimiento de estos depósitos en junio estuvo a la par de la inflación. Las tasas son tentadoras, pero la experiencia argentina hace vacilar, excepto a los especuladores que tienen espaldas para aguantar.

Un factor que ayudó a potenciar los plazos fijos fue la decisión del BCRA de permitir que los bancos capten depósitos de no clientes, o clientes de otras entidades. Esto aumentó la competitividad entre ellos, reduciendo el margen entre la tasa de política monetaria (la que el BCRA le paga a los bancos) y la tasa Badlar (la que los bancos pagan por depósitos por encima de un millón de pesos). La diferencia promedio en el mes de junio fue de 15%, mientras que en mayo había sido de 20%.

Hay un punto, obvio donde se centra la preocupación de AgendAR: estos intereses, con el tipo de cambio quieto, son en dólares. ¿Qué actividad, qué economía puede pagar estos intereses?

Los inconvenientes técnicos y los problemas geopolíticos del 5G

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El término «5G» es la más reciente «estrella» en el negocio de las telecomunicaciones. Expertos, proveedores y operadores no se cansan de enumerar sus futuras bondades y las nuevas posibilidades de entretenimiento y negocios que se abrirán cuando comience a reemplazar al 4G: ciudades inteligentes, autos conectados, la Internet de las Cosas (IoT), videojuegos inmersivos de Realidad Virtual, operaciones médicas a distancia, el delivery de drones «seguros», y -por supuesto- una inacabable velocidad para recibir datos en cada celular. Pero antes que estas promesas se hagan realidad, la tecnología debe superar dos problemas importantes: uno en el rubro científico y otro en el geopolítico.

«Algunas de las frecuencias que en EE.UU están asignando al 5G se encuentran demasiado cerca, o se superponen, con las que requieren los satélites de observación para recopilar datos de temperatura y cantidad de vapor de agua, lluvia o nieve en la atmósfera y la superficie terreste», publicó -hace apenas dos meses- la revista científica Nature. Y voceros de la NASA y del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) también expresaron su preocupación ante la atribución de ciertas bandas a un uso comercial lo que podría afectar los pronósticos meteorológicos.

«Hasta ahora, con la evolución que tiene esta tecnología, nadie puede asegurar que no habrá ningún tipo de interferencia entre las bandas para 5G y algún otro servicio. En todo el mundo son cosas que en este mismo momento se están proponiendo y aprobando», le resumió Juan Juliano, Director en Telecomunicaciones de la consultora Accenture. «Pero sabemos que -si hay interferencias- también será posible encontrar soluciones para mitigar, o prevenir, esos conflictos. Seguramente no será un freno para el desarrollo de la nueva red».

«Se dice que el uso por 5G de ciertas frecuencias podría «minar» la capacidad de algún equipamiento científico o observación. Pero nosotros creemos que es una idea errónea», le dijo Lucas Gallitto, Director de Políticas Públicas de la GSMA, una asociación de la industria «telco». Y explicó que la UIT, un organismo de la ONU, se reúne cada cuatro años para que los países negocien las bandas que se atribuyen a cada tipo de usos: desde el control remoto del portón de un garaje, a la TV, 4 y 5G y el resto de los servicios, incluyendo los satélites». Por su parte Alejandro Adamowicz, experto en tecnología de la GSMA, recordó que «esto no es nuevo y ya pasamos conflictos similares con bandas atribuidas a la televisión UHF que se reasignaron al 4G. Todo eso se estudia y -cada 4 años- se analiza y, de ser necesario, se reasigna para prevenir conflictos de uso». Y aseguró que «tenemos que proteger los servicios de observación satelital pero los estudios hechos hasta ahora indican que no habrá problemas con la observación de vapor de agua».

El otro problema que asoma es geopolítico. Básicamente un conflicto de intereses y de seguridad nacional que agita Donald Trump acusando a la compañía china Huawei, una de las tres principales empresas que está desarrollando equipos para las redes de esta tecnología.

«La industria móvil necesita grandes escalas, y cualquier tema que pueda cerrar mercados a un proveedor seguramente afectará en forma negativa el desarrollo y las inversiones en nuevas redes. Con menos oferentes, menos competencia y eso afectará los costos del consumidor del 5G. Huawei tiene un market share en el mundo cercano al 40%», comentó Gallitto. Y recordó que también aparecen disputas importantes para redondear los estándares de la industria ya que eso define el pago de patentes y regalías. «Claro que, además, los países deben cuidar su seguridad y soberanía».

Para el consultor Enrique Carrier, «no es un tema importante en Argentina porque no somos un aliado estratégico de USA ni tenemos bases militares como si ocurre en Corea, Alemania o Japón. Por eso no es lo mismo la presión o el interés que puedan generar sobre las decisiones del estado o de las compañías locales».

De hecho, Argentina está aun lejos de terciar en estos conflictos mientras intenta superar su atraso tecnológico. Según le dijo a este diario Andres Ibarra Andrés, Secretario de Gobierno de Modernización, “como Estado tenemos el deber de facilitar que los ciudadanos se comuniquen sin barreras e incentivar las inversiones Por eso seguimos trabajando en la expansión de la red de 4G que para fin de este año brindará cobertura al 93% de la población y más de 15.000 km de corredores nacionales. Mientras tanto, tal como en otros países de la región, estamos analizando las frecuencias que mejor se adaptan al servicio de 5G, para diseñar un cronograma para su puesta a disposición. Estimamos que el año que viene se estarán realizando las primeras pruebas y que el servicio comenzaría a funcionar en 2021”.

Como avanza en Argentina

Mientras en un puñado de ciudades de Corea y comienzan, muy tímidamente, las primeras ofertas de servicios 5G, Argentina corre desde atrás, intentando completar la cobertura «4G». Igualmente, los principales operadores locales ya tienen ingenieros haciendo ensayos y pruebas y analizando opciones de posibles nuevos negocios montados sobre 5G. Según le comentó Adrian Di Meo, Director de Tecnología en Telefonica Movistar, «Hicimos tests ya 2017 y luego avanzamos con otros ensayos. Ahora estamos analizando cual sería una oportunidad de negocios, que es lo que está pasando en el mundo. El primer caso de negocios que a mi me gustaría ofrecer en Argentina sería para que algunas empresa o lugar haga Internet de las Cosas. Sin embargo siendo realista creo que la primera aplicación 5G que llegará a la Argentina será una oferta de servicios con de mayor velocidad de banda ancha y menos latencia, apuntados a los smartphones de los usuarios. Pero, tal como están las cosas, creo que sería difícil pensar en que haya alguna oferta de 5G antes de 2023».

Martín Wessel, Gerente de Evolución Tecnológica de Telecom Argentina, recordó que, hace semanas, su compañía hizo una demo pública de 5G y se lograron velocidades de datos de hasta 1.8 Gbps. «Probamos Smartphones Huawei MateX, y organizamos un partido de tenis jugado en realidad sobre la red». De hecho, muchos piensan que el gaming será una de los grandes aceleradores para el salto al 5G.

Drones “made in Argentina”

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(En AgendAR acercamos las noticias que -en nuestro juicio- tienen que ver con el desarrollo argentino, o las condiciones que lo estimulan o lo retrasan. Esta vez, nos salimos un poco de ese libreto. Encontramos, en una publicación digital sobre temas de defensa, una nota sobre una proyecto en marcha… en mayo de 2015. No quedó detenido… por completo. Un anterior intendente de Córdoba Capital, por ejemplo, firmó un convenio con FAdeA para utilizar drones en tareas de monitoreo urbano. Pero el Estado se desinteresó, y las empresas privadas argentinas viven atajando coyunturas.

Queda entonces en la sección que podemos llamar «Proyectos Pendientes». Corresponde. La Argentina es una realidad de 200 años, o de 400, y es también un Proyecto Pendiente).

«El Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA) abre (abría, en mayo 2015) una nueva posibilidad para que nuestro país se sume al escenario global en materia de aviones no tripulados como dueño de la tecnología. Por Patricia Fernández Mainardi

En la actualidad, hay dos proyectos motorizados por el Estado, específicamente por el Ministerio de Defensa, para el desarrollo en Argentina de vehículos aéreos no tripulados (VANTs): los clase I, como el P35 y Lipán, y el sistema SARA, conformado por VANTs clases II y III, y un paquete de tecnologías habilitantes para el diseño de un blanco aéreo de alta velocidad (BAAV).

Ambos proyectos cubren toda la gama de requerimientos para VANTs en función de su  tamaño, capacidad de carga útil, autonomía de vuelo y usos posibles. En este sentido, los desarrollos de esta tecnología tendrán aplicación dual, es decir tanto en ámbitos civiles como militares.

Tal como sostienen desde Fabricaciones Militares, el desarrollo en Argentina de esta tecnología es una decisión política que reforzará la soberanía nacional y el desarrollo federal, ya que los VANTs permiten obtener una visión macro del territorio y el espacio aéreo en tiempo real para facilitar la toma de decisiones en todas las áreas.

Desarrollo estratégico

Básicamente, se trata de una inversión histórica que posibilitará la producción en serie de una tecnología estratégica que permitirá no solo abastecer al mercado local, sino también abrir nuevos mercados para la exportación de productos tecnológicos de alto valor agregado.

Además, el desarrollo de estos proyectos gravitará positivamente sobre todo el sistema científico-tecnológico-industrial nacional por varios motivos: integrará el know-how del sistema científico-tecnológico nacional con las capacidades productivas instaladas del Polo Industrial-Tecnológico para la Defensa; integrará desarrollos y conocimientos existentes en tecnologías complejas como radares, telecomunicaciones, sensores, procesamiento de datos y navegación; impulsará el salto tecnológico no solo por el desarrollo de las aeronaves sino también de las cargas útiles, dispositivos que permiten que el vehículo cumpla su objetivo específico; y desarrollará la industria argentina y sus cadenas de valor.

Fabricaciones Militares y la Fábrica Argentina de Aviones fabricarán los sistemas de la mano de pymes e institutos científico-tecnológicos nacionales. Esto ayudará a fomentar la consolidación y el crecimiento de la cadena de proveedores tecnológicos locales en materia de seguridad y defensa; impulsará la ingeniería nacional con inversiones concretas en investigación y desarrollo a través de las empresas e institutos del Polo Industrial-Tecnológico para la Defensa y del Complejo Tecnológico-Industrial argentino en su totalidad; y potenciará el desarrollo científico-tecnológico nacional a partir de la sinergia con las universidades y los centros científicos de todo el país.

Esta tecnología transformará la manera en que se realizan en el país las tareas de búsqueda y rescate, ya que acortará los tiempos de respuesta y ampliará el tamaño de las superficies relevadas de forma remota. Junto con ello, en caso de emergencias y catástrofes, brindará un relevamiento preciso en tiempo real de las zonas afectadas. Además, permitirá el monitoreo de cultivos y será de gran utilidad para el resguardo de los recursos naturales, ya que hará posible controlar la actividad pesquera ilegal y vigilar los activos hidrocarburíferos nacionales.

El P35 y el LIPAN 

Este primer proyecto está siendo llevado adelante entre la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y Fabricaciones Militares. Consiste en la producción en serie de VANTs clase I a partir de dos sistemas que había desarrollado el Ejército, el P35 y el LIPAN. Ambos proyectos provienen de un requerimiento operativo del Estado Mayor Conjunto y fueron concebidos inicialmente en el seno del Ejército argentino. Los dos sistemas pertenecen a la clasificación de UAV clase I hasta 150 kg y están destinados a la obtención de información para uso de relevamiento de terreno e información de inteligencia dentro del ambiente militar.

FAdeA y Fabricaciones Militares, en conjunto con las unidades operativas del Ejército, de la Armada y de Fuerza Aérea, y con la colaboración del Estado Mayor Conjunto –que es quien nuclea los requerimientos de las tres fuerzas–, están llevando a cabo el trabajo. Además, para la producción de este sistema, FAdeA está desarrollando una red de proveedores nacionales, de componentes y software. Tanto el P35 como el LIPAN están fabricados en material compuesto, algunas partes son de carbono y otras de fibra de vidrio.

El P35 es un sistema de aviones no tripulados de reconocimiento cercano, diurno, y tiene la particularidad de que está diseñado para ser transportado en campo abierto por dos personas, en mochilas –es un sistema transportable– y puede ser desplegado en cualquier zona, armado rápidamente y lanzado a mano sin necesidad de ningún otro sistema. Tiene 1,40 m de envergadura, pesa 5 kg y puede llevar una carga útil de 1 kg. El motor es eléctrico y puede volar a 400 m de altura.

Por su definición y su concepción, el P35 es un sistema de reconocimiento de avanzada y le permite a una patrulla avanzada de una fuerza armada adentrarse en un terreno que no está controlado y poder tener observación, imágenes y video en tiempo real, de hasta 10 km más adelante, para ver la situación del potencial enemigo que se encuentre en esa zona y hacer un relevamiento.

Está diseñado para ser transportado y operado por dos personas, que es el componente mínimo de patrulla que podría adentrarse en un terreno enemigo. Una vez que está puesto en operación, las dos personas pueden mimetizarse en el terreno, porque tiene piloto automático y todo un plan de vuelo, que se realiza de forma automática, además de una autonomía de una hora, con lo cual el sistema puede estar enviando datos de imágenes, fotos y video en tiempo real, para que la patrulla pueda analizar y retransmitir la información durante esa hora de autonomía.

Los sistemas no tripulados también tienen un gran potencial de uso en el ámbito civil. En particular, el P35, por ser un elemento portátil, con una autonomía de una hora y un alcance de 10 km, permite monitorear cualquier situación de desastre natural, así como cualquier tarea de búsqueda y rescate. En campo abierto sin recursos especiales para poner en marcha un sistema de observación, permite ser desplegado rápidamente, operado con dos personas y tener información en tiempo real de la situación que uno quiera observar: incendios, inundaciones, búsquedas, accidentes. Toda esa información es posible verla y obtenerla en tiempo real con este tipo de sistemas.

El LIPAN es el segundo proyecto en el que trabaja FAdeA. Este es el sistema no tripulado de más uso que tiene el Ejército argentino; lleva una década prácticamente de operación. Fue concebido en el sector de inteligencia del Ejército, y se utilizó en forma pionera dentro de la región, para hacer las primeras experiencias de utilización y de concepto de utilización de un sistema de observación no tripulado. A lo largo de los años fueron desarrollando distintas capacidades, y en el año 2014, por decisión del Ministerio de Defensa, se lanzó el proyecto de convertir el sistema LIPAN en una producción seriada y certificada. Allí es donde FAdeA y Fabricaciones Militares llegaron a un acuerdo de trabajo para poder trasladar los conceptos de diseño que tenían del LIPAN, optimizarlos y llevarlos a un nivel de producción seriada y sostenible en el tiempo.

El LIPAN tiene características diferentes del P35, tanto por su tamaño y su alcance, como por la misión para la que fue concebido. El LIPAN ya tiene una envergadura de cerca de 4,5 m,  un alcance que ronda entre los 70 y los 100 km, y en la actualidad pesa 70 kg, pero el proyecto contempla reducir su peso. Su carga útil es de unos 10 kg; la autonomía es de alrededor de 4 horas, y eso le permite ser operado desde una pista, un terreno no preparado, pero con mayor necesidad de personal para poder operarlo. Las ventajas que tiene son una mayor autonomía y un mayor alcance, con lo cual permite adentrarse mucho más en un terreno conocido o no, dependiendo si estamos hablando de una utilización de defensa o una utilización civil. Además, dentro de la carga de sensores que lleva, hoy tiene una cámara estabilizada, pero también cuenta con la posibilidad de incorporar una cámara térmica para visión nocturna. Esto ya le permite dar realmente otros usos y otras posibilidades de vigilancia y de patrulla, en zonas fronterizas, en grandes extensiones, en zonas costeras. Las aplicaciones realmente son muchas y variadas.

Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA)

Para el proyecto SARA, iniciativa del gobierno nacional en el año 2010, el Ministerio de Defensa convocó a INVAP para que trabaje, dados los antecedentes que tiene esa empresa para colaborar en proyectos multidisciplinarios. Ese año se firmó un acuerdo marco y durante dos años se trabajó con todas las Fuerzas Armadas, incluyendo también a las de Seguridad, con la idea de fijar los requerimientos y especificaciones que tiene que tener este tipo de aeronaves y desarrollar un producto cuya plataforma sea de utilidad para todas las fuerzas armadas y de seguridad, con las variantes que cada una pueda introducir en razón de su actividad específica. Finalmente, el contrato definitivo entre el Ministerio de Defensa e INVAP se concretó en el mes de marzo con las firmas correspondientes.

El proyecto SARA representa una inversión de más de 2095 millones de pesos y supone el avance del país en el emergente campo de los vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como UAV, a través del desarrollo y fabricación nacional de prototipos operativos clase II y III, y de un paquete de tecnologías habilitantes para el diseño de un blanco aéreo de alta velocidad (BAAV).

Los VANTs clase II serán construidos utilizando materiales compuestos. Cabe señalar que se usará un motor a pistón de desarrollo nacional. Podrán llevar hasta 50 kg de carga útil, con 12 horas de autonomía y hasta 150 km de alcance.

La carga útil va a estar constituida por un sensor electroóptico consistente en un cabezal con cámaras divididas en diferentes tipos: aquellas que permiten obtener imágenes visibles y otras que habilitan la observación de imágenes infrarrojas. Los registros podrán ser transmitidos a tiempo, mientras que en tierra se dispondrá de un sistema que permite su análisis, procesamiento y distribución a los diferentes interesados. También contarán con  un sistema de piloto automático que va a permitir el vuelo autónomo y con un sistema de control en tierra  para manejar estos VANTs e indicarles el lugar por el que deben volar.

Los vehículos cumplirán tareas de vigilancia en zonas de frontera e incorporarán una plataforma de sensores electroópticos (ya desarrollada por INVAP para la Armada Argentina en el marco del proyecto SADI, Sistema de Adquisición de Imágenes).

Por otro lado, los vehículos no tripulados clase III serán bimotores y utilizarán una motorización turbohélice. La diferencia esencial con los clase II es que los clase III son aeronaves más grandes y de mayor carga útil (hasta 250 kg de carga útil, 20 horas de autonomía y hasta 1200 km de alcance). Otra diferencia  tiene que ver con los sensores que pueden cargar: los VANTs clase III podrán llevar un sensor radar que va a permitir contar con información desde tierra con independencia de fenómenos que obstaculicen la visión, como por ejemplo la cobertura de nubes, ya que el radar es capaz de trabajar en condiciones en las cuales las imágenes  no lo  permiten. También tendrán la posibilidad de operar más allá del alcance de su estación de control terrena, a través de enlaces satelitales o utilizando otros VANTs de la misma clase como retransmisores. Además, cargarán radares que les permitirán cumplir con sus tareas primarias, en la vigilancia de los límites del mar argentino y como complemento de los radares 3D que se están fabricando en nuestro país, monitoreando los “conos de sombra” producidos por la propia curvatura de la Tierra.

En lo que respecta al paquete de tecnologías habilitantes para el diseño de un blanco aéreo de alta velocidad (BAAV), la técnica se utilizará para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas y deberá ser reutilizable al menos en 20 ocasiones. Contempla el desarrollo de un motor que alcance los 900 km/h y esté acondicionado para operar en ambientes navales. Además, puede ser programado y reprogramado en vuelo, y tener la capacidad de retornar al punto de origen o abortar su vuelo en caso de perder comunicación o sufrir alguna falla en el sistema de control.

Cabe señalar que el proyecto SARA prevé diferentes instancias. En la primera fase, consistente en el diseño y desarrollo, intervienen diversos actores, tales como la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, coordinadora y articuladora de las capacidades industriales y el desarrollo de proveedores; INVAP, contratista y principal responsable del desarrollo; CITEDEF y el Instituto Universitario Aeronáutico (Córdoba), ambos como participantes de la investigación y del desarrollo; el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con sus Direcciones de Investigación y Desarrollo y requerimiento operativo; y por último, diversas universidades nacionales y pymes argentinas.

Esta primera etapa contempla la ingeniería de requerimientos funcionales y no funcionales de los sistemas y subsistemas, la definición de la solución técnica en materia de diseño (ingeniería básica) y la ingeniería de detalle, que incluye la generación de prototipos MET –modelos de evaluación tecnológica– para las pruebas de factibilidad y suficiencia de las tecnologías aplicadas.

Por su parte, la segunda fase del proyecto SARA sienta las bases de la transferencia completa de la tecnología del producto a Fabricaciones Militares y a FAdeA, lo que incluye la totalidad de documentos de la ingeniería básica y de detalle, herramientas, máquinas y otros elementos físicos de soporte productivo para la reproducción de los prototipos.

La propiedad intelectual, el know-how, la ingeniería y la comercialización de los VANTs clase II y III se entregarán a FAdeA, mientras que la propiedad intelectual del paquete de tecnologías habilitantes para el diseño de un blanco aéreo de alta velocidad (BAAV) se entregará a Fabricaciones Militares.

Por último, ya en una tercera etapa del SARA, el desarrollo de las líneas de producción y la fabricación en serie de los elementos respectivos a los VANT clase II y III quedarán en manos de la empresa aeronáutica FAdeA, mientras que Fabricaciones Militares será responsable de lo propio con los elementos correspondientes a la tecnología habilitante para el blanco aéreo. Junto con ellos, de esta etapa participaran pymes argentinas en la provisión de partes e insumos.

En Viedma tampoco hay vacunas contra la meningitis

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En AgendAR, como en otros medios, hemos estado alertando sobre el problema de la provisión deficiente de vacunas. Fuimos de los primeros en reproducir las actas oficiales que lo reconocían. Ahora, encontramos en una nota reciente de un diarios regional de Río Negro, la evidencia que el problema sigue, y en muchos lugares es crónico.

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El director del hospital Artémides Zatti de Viedma, José Rovascio, confirmó que también en la capital provincial faltan vacunas para prevenir la meningitis. Lo mismo ocurre en Bariloche, Cipolletti y otras ciudades del país.

«Hace más de un año que estamos en esta situación» informó el médico. «Recibimos partidas en forma irregular aseguró, y explicó que «el problema es nacional, las vacunas son provistas por la Secretaría de Salud».

Rovascio indicó que «específicamente con esa vacuna hay un especie de discontinuidad». Se emplea en niños de 3 meses a los 11 años y figura en el calendario nacional de vacunación, y protege contra una de las cepas del meningococo.

De todos modos, el director del nosocomio llevó tranquilidad: «no hemos tenido registro de casos de cepas, hace bastante que no tenemos casos de meningitis pero va a aparecer porque esta es una enfermedad endémica». «Necesitamos una provisión más seguida, para poder vacunar a los niños».

«Keynesianismo» electoral: el gobierno inyecta $ 212.000 millones para estimular el consumo

La inyección de fondos a la economía que lleva a cabo el gobierno hará que en estos meses se vuelquen unos $ 212.0000 millones para incentivar el consumo, justo antes de las elecciones presidenciales. De este monto, unos $ 60.000 millones ya salieron desde la ANSeS en forma de créditos, según los informes de esa dependencia.

(Conviene aclarar que el aporte original de John Maynard Keynes fue la percepción que el mercado no tiende naturalmente a un equilibrio óptimo, aquel que usa todos factores de la producción, capital y trabajo en toda su capacidad. A partir de eso, edificó su Teoría General. La idea que la demanda crea automáticamente la oferta de bienes no es de Keynes).

Como sea, dar fondos para incentivar el consumo es una práctica que se usa con frecuencia en los años electorales. El razonamiento es que, con la mejora en el bolsillo de los votantes, tiene mayores probabilidades de ser reelecto el oficialismo.

Entre el subsidio a la compra de autos (que el gobierno evalúa extender), tasas más bajas (o cero) para el plan Ahora 12, congelamiento de tarifas, préstamos de ANSeS, mayor presupuesto en obra pública, adelantamiento de los aumentos para el año de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y mayores transferencias a las provincias, suman unos $ 212.000 millones, equivalentes a 1% del PBI. Así surge del cálculo que hicieron en el Estudio Broda.

Con el consumo en caída en más de un año, los subsidios a la compra de vehículos y los créditos ANSeS fueron los pilares de este empujón fiscal, que busca impulsar la actividad, tras la recesión de los últimos meses. Según la ANSeS, desde el anuncio a mediados de abril y hasta el viernes pasado se entregaron casi 2 millones y medio de créditos personales, principalmente a titulares de la AUH (unos 1.266.538 préstamos), jubilados (571.890 en total) y a trabajadores en relación de dependencia que reciben asignaciones familiares (470.975).

Son $ 60.000 millones aproximadamente que ya se inyectaron a la economía, de los $ 124.000 millones disponibles para dar créditos ANSeS que el titular de la dependencia, Emilio Basavilbaso, declaró al periodismo.

A esto se suma el Plan Junio 0KM, que se extendió a julio, para amortiguar el desplome en las ventas de autos, con un costo fiscal anunciado de $ 1000 millones. Pero el de mayorimpacto vuelve a ser el impulso al crédito. Cuánto será el monto inyectado por el Ahora 12 va a depender de la confianza de los consumidores y cuánto están dispuestos a consumir en bienes durables o en textiles. En el Estudio Broda lo calcularon en $ 29.000 millones.

Sobre el congelamiento y aplanamiento de las tarifas (con el diferimiento del pago en el caso del gas), va a depender del tipo de cambio y de lo que dé el índice de precios mayoristas a lo largo de estos meses. En el Estudio Broda lo calculan en $ 100 mil millones. Pero ahí ya habían estimado que en los créditos ANSeS se inyectarían $ 29.000 millones, cuando los números muestran que ya son el doble, $ 60.000 millones. Es posible entonces que las cifras al final sean aún mayores. En cualquier caso, serán menores que lo que se acumula en los intereses de los bonos que emite el Estado, como se indica en otra nota que se publica hoy mismo en AgendAR.

A 32 días de las PASO, la esperanza oficialista reposa en que estos planes de estímulo causen su efecto, sumados a la tranquilidad en el mercado de cambios, que pone menor presión a la inflación. La pregunta clave es si alcanzarán para cambiar el mal clima que provocaron la recesión y el desempleo. Y además, que ese cambio llegue antes de las consecuencias de este vuelco de dinero al consumo. Porque aunque no hay una relación lineal entre el aumento de la base monetaria y los precios… tarde o temprano se van a reflejar ahí.

Los intereses de las LELIQ ya suman $ 300.000 millones en el semestre

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Las Letras de Liquidez (Leliq) del Banco Central nacieron como otro instrumento para regular la liquidez del sistema financiero. Pero en medio del descalabro de las Letras del BCRA (Lebac) tuvieron que cumplir otra función, la de reemplazarlas. Así se pactó con el FMI.

Pero el antibiótico que se eligió para combatir el virus de las Lebac terminó convirtiéndose en una bacilo más fuerte que se retroalimenta. Su dinámica explosiva inquieta a los analistas. Si bien se cree que será un dolor de cabeza para el próximo gobierno, no deja de generar inquietud ahora, mientras las elecciones se aproximan. Es que el stock de Leliq ya supera los $ 1,2 billones (las Lebac alcanzaron ese mismo nivel en la antesala de la crisis del 2018).

Para tener una idea, este monto representa casi el 90% de la base monetaria. O sea, la base casi se duplica tomando en cuenta las Leliq, que no son otra cosa que una emisión monetaria diferida. El mercado y los bancos lo saben. “Dios proveerá”, dicen algunos. Pero sea quien sea el que triunfe en las elecciones las Leliq será un tema a resolver. Muchos sospechan que la solución de este problema será un tipo de bono “compulsivo”, como en los 80 o el Plan Bonex a comienzos de los 90. La otra, trágica, alternativa, es una hiperinflación que licue esa deuda.

Como sea, con tasas de interés que orillan el 60% anual las Leliq se han vuelto monetariamente inestables. El BCRA no paga los intereses, sino que acredita más Leliq a los bancos. Por eso su dinámica explosiva: en lo que va del año los intereses del BCRA ya superan los $ 304.000 millones.

Para comprender estas cifras, señalemos que en todo el 2018 los intereses que pagó el BCRA sumaron menos de $132.000 millones. Es decir que ya en el primer semestre los intereses que paga el BCRA más que se duplicaron respecto a todo el año pasado. Este monto equivale además a todo el gasto estimado en subsidios económicos para este año.

Los bancos hoy tiene un elevado nivel de liquidez en pesos (de más del 64% de los depósitos totales) que está compuesto en un poco menos del 4% en efectivo, 4,5% en el Bono 2020, más de 18% en encajes en el BCRA, 9,5% en Leliq como encajes, y casi 27% en Leliq. El desarme de las Lebac derivó en una suba de los depósitos a plazo fijo que terminó a su vez aumentando las Leliq. Es decir que no hubo ni traslado ni a circulante ni a crédito (el derrumbe del crédito privado es espejo de la fuerte contracción monetaria implementada desde el año pasado).

Puede resumirse esta historia diciendo que el Estado -todos nosotros- está pagando en intereses cerca del triple de lo que se decide inyectar al consumo, en intereses a depositantes en pesos, además de una ganancia para los bancos, para evitar que esos fondos se vuelque a comprar dólares. Hay un elemento de locura en esta lógica.

EE.UU. desgrava biodiésel argentino. Pero sigue cerrado por «dumping»

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El gobierno de Estados Unidos determinó ayer en forma preliminar que no corresponde la aplicación de los derechos antisubsidios de 72% al biodiésel argentino. Pero deja sin cambios aranceles antidumping de 74%. Los exportadores argentinos afirman que con esas medidas «mantiene al mercado estadounidense totalmente cerrado».

En 2016, el último año sin restricciones, ese mercado fue el principal destino para el biodiésel elaborado en la Argentina con ventas superiores a los US$ 1.200 millones. Era el primer rubro de exportación del país a los EE.UU.

Tras la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles a la importación de biodiésel argentino por supuesto dumping y subsidios a la producción a principio de 2018 (en conjunto alcanzaban un arancel de casi 150%), Argentina pidió revisar la medida por un «cambio de circunstancias» en base al nuevo régimen de retenciones.

Ese régimen prevé una convergencia entre los derechos aplicables a la soja y al biodiésel. «Argentina eliminó el diferencial en las retenciones entre el aceite de soja y biodiésel», explicó el presidente de la Cámara Argentina de Combustibles (Carbio), Luis Zubizarreta.

El gobierno argentino impuso en mayo del año pasado retenciones de 15% al biodiésel y lo igualó con el tributo que pagaba el aceite de soja (materia prima para producción del combustible), al cual se le sumaron el cobro de retenciones de $ 4 por dólar exportado.

El Departamento de Comercio (DOC) de EE.UU. publicó que no corresponde la aplicación de derechos antisubsidios, pero mantiene la de «antidumping». Según el DOC, esa medida se mantuvo porque «no existen circunstancias cambiantes que justifiquen cambios bajo la orden de antidumping para biodiésel de Argentina».

Según la dependencia estadounidense, los precios del poroto de soja en la Argentina aún se mantienen por debajo de los precios del mercado internacional y este “diferencial” de precios es consecuencia del derecho de exportación aplicable a la soja en la Argentina (hoy en torno a 28%).

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, indicó que a pesar de la baja en los aranceles antisubsidios, el mercado norteamericano «sigue totalmente cerrado». «Seguiremos trabajando en el juicio contra el departamento de comercio y apoyando las negociaciones del gobierno argentino con Estados Unidos».

Las partes interesadas podrán presentar comentarios por escrito dentro de los 30 días de la publicación del DOC y también podrán solicitar una audiencia. Luego de que el DOC reciba los comentarios, los mismos serán evaluados y deberá emitir una determinación final. Se estima que el cierre del mercado estadounidense al biodiésel argentino significa hoy la pérdida de más de US$ 1.300 millones en exportaciones.

Novedades en el transporte urbano: otra empresa alquilará monopatines, bicis y motos

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Las ciudades con alta densidad de autos son el caldo de cultivo ideal para las nuevas formas de movilidad, que en la Argentina arrancaron con aplicaciones de viajes con conductor, como Uber y Cabify; y las de alquiler de coches, como Toyota Mobility Services, Awto (junto con Nissan) y MyKeego, entre otras.

En este sentido, en la Capital Federal hay 1,6 millones de vehículos particulares patentados, más del 10% del parque total del país (13 millones), sin contar el transporte público y los coches que provienen del Conurbano diariamente. Es decir, hay un auto cada dos porteños.

Por eso, la capital argentina también está en la mira de las apps de monopatines, ideales para trayectos cortos, de hasta 5 kilómetros, que acaparan gran parte de los viajes de los habitantes de megalópolis como Buenos Aires.

La primera en salir al ruedo fue Grin, una startup mexicana que mantiene una alianza con la app de delivery Rappi. Tras apenas un mes en suelo porteño –más exactamente, el barrio de Palermo– consiguió 5.000 usuarios, quienes ya realizaron 12.000 viajes por un total de 10.000 kilómetros.

No fue la única en ver el negocio: la estadounidense Lime, que arrancó con esta movida en San Francisco, asegura que Buenos Aires tiene las «características correctas» para implementar este servicio y que podrían hacerlo en las próximas seis semanas. De hecho, la firma ya opera en México, Brasil y Uruguay.

Y espera llegar a la Argentina luego de que el gobierno porteño haya reglamentado la ley que establece el monopatín eléctrico como «vehículo de uso personal» y prevé las siguientes cuestiones:

– La edad mínima para circular será 16 años
– Podrán utilizarse las bicisendas y ciclovías
– Los rodados deberán incluir luces delanteras y traseras
– También deberán contar con frenos y bocina
– Estará prohibido desplazarse sin casco o unido a otro transporte

Pero, silenciosamente, hay otro jugador global que está ultimando los detalles para aterrizar en la Argentina. Se trata de Movo, del holding español Maxi Mobility, que reúne bajo su paraguas a dos apps conocidas por los argentinos: Cabify, de viajes con conductor; y Glovo; y la de delivery de productos.

La firma promete no sólo desplegar estos rodados en la Capital Federal, sino en otras ciudades del interior, en las próximas semanas. Y para ello diseñó un ambicioso plan.

Así como Cabify aterrizó en la Argentina bajo la premisa de respetar la legislación local y evitar los problemas legales que experimentó Uber, Movo sigue los mismos pasos y ya se encuentra realizando los primeros tests en la calle bajo la supervisión de la Secretaría de Transporte porteña

«Estamos probando el sistema operativo y el monopatín. Este período de pruebas durará hasta que sea publicada la regulación por el Gobierno de la Ciudad y podamos lanzar el servicio», afirma en exclusiva a iProUP Guilherme Spinace, responsable de Expansión Global de Movo.

De acuerdo con el directivo, el Ejecutivo porteño escuchó las propuestas de la firma para el armado de la legislación, por lo que están esperando el OK oficial para avanzar.

«Lo que te puedo adelantar es un primer momento se lanzarán en microcentro, Recoleta y Palermo», indica el directivo, quien añade que están en negociaciones con otras dos ciudades del Interior que prefiere no revelar por temas de competencia.

Por estas horas, el equipo de ventas de Movo está recorriendo los locales porteños para contratar puntos de retiro y devolución privados, como cafés, restaurantes, kioscos y otros negocios. Así, los comerciantes aumentarán la visibilidad de los monopatines, pero también conseguirán mayor tráfico de potenciales clientes.

Uno de los principales diferenciales que tiene el ecosistema de Maxi Mobility es la integración de sus aplicaciones, que buscan acaparar todo el espectro de servicios de la nueva movilidad.

En efecto, la capilaridad que tienen marcas como Glovo o Cabify serán aprovechadas por Movo para poder ampliar rápidamente su base de usuarios. Se trata de una estrategia que ya utilizó en otros países de la región y que también aprovechará en la Argentina.

«Desde la aplicación de Cabify, podrás desbloquear un monopatín y usarlo. Lo que entendemos es que potencializará nuestra misión: impactar», revela Spinace a iProUP, quien confía que por estas horas están definiendo cuál será el rango horario en el que el servicio estará activo.

«En un primer momento no funcionarán las 24 horas. Arrancaríamos entre las 6 o 7 y terminamos en 20 o 22. Y operaremos los 7 días de la semana», señala el ejecutivo, quien añade que un diferencial que tendrán será el contacto de personal de la firma con los usuarios,

«Movo no es solo una empresa de scooter sharing, somos una plataforma multimodal de activos compartidos. Iniciamos con las motos en Madrid y traeremos este modelo a Latinoamérica. Ya estamos haciendo pruebas de bicicletas eléctricas, en Chile, un piloto, en Santiago», explicaron.