Las afecciones respiratorias usuales cayeron un 50%, por el aislamiento

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Con la llegada del invierno suelen aumentar las probabilidades de contraer ciertas enfermedades respiratorias causadas por virus o bacterias. Este año, a diferencia del 2019, se produjo una disminución de las enfermedades respiratorias en todas las provincias, a excepción de Río Negro, según lo notificado por el Ministerio de Salud de la Nación. Mientras que las enfermedades causadas por el virus de influenza se redujeron un 52%, los casos de neumonía bajaron un 57%, registrándose 19.349 casos en todo el país, y los de bronquiolitis descendieron un 74%, con 18.283 casos confirmados hasta el 24 de mayo. Según explica la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC -Obra Social de Entidades Deportivas y Civiles: “la mayoría de estas enfermedades son virales, al igual que el COVID-19, y se transmiten de una persona a otra por el contacto directo con las manos contaminadas con secreciones nasales y a través de las gotitas aerotransportadas que generan al toser o estornudar aquellas personas infectadas por algún virus”. Pero, ¿cómo se puede explicar este fenómeno?  “Dado que la forma de contagio de estas enfermedades típicas de invierno es similar a la del coronavirus, las medidas adoptadas para proteger a la sociedad de la pandemia, como lavarse las manos de manera constante, el distanciamiento social, el uso de barbijos, la disminución de la cantidad de personas en los medios de transporte o el cierre de colegios dan como resultado la disminución de otras patologías respiratorias, como la gripe, el resfrío, la neumonía y la bronquiolitis”, explica El Haj.

CONAE prepara mapas hídricos para el agro argentino

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La política nuclear que Argentina necesita. Y que no se está llevando adelante

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El Dr. Gabriel N. Barceló (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz); el Ing. José Luis Antúnez (Colaborador Independiente – Ex Presidente de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima); el Dr. Andrés J. Kreiner (Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Sector Nuclear); y el Ing. Eduardo Barreiro (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz); con la colaboración de varios de los participantes de la reunión virtual del 17 de junio, prepararon este trabajo. AgendAR lo publica y lo hace suyo. Es largo y es fundamental. Para el sector nuclear argentino, y también para el futuro de las capacidades tecnológicas nacionales. «INTRODUCCIÓN: En el prólogo de la publicación “National Energy Strategy 1991-1992” del Departamento de Energía de EE. UU., emitida en febrero de 1991, se reproducían palabras del presidente George Bush (padre), incluidas en su convocatoria para la formulación de dicha estrategia en Julio de 1989: “… conseguir un balance entre nuestra creciente necesidad de energía a precios razonables, nuestro compromiso con un medio ambiente más seguro, más saludable, nuestra decisión de mantener una economía primera entre todas, y nuestro objetivo de reducir la dependencia de nosotros y la de nuestros amigos y aliados, de proveedores potencialmente no confiables.” [1] En Julio de 1989 el bloque soviético se caía a pedazos, ya se había abierto la cortina de hierro entra Hungría y Austria y al muro de Berlín le quedaban poco más de 3 meses de existencia. Francis Fukuyama ya estaba pergeñando el fin de la historia y el presidente de la única potencia vencedora de la guerra fría, el Hegemón sobreviviente, se preocupaba por asegurarse la provisión de energía reduciendo ”la dependencia de proveedores potencialmente no confiables” y marcando, de paso, a quién le iban a deber su seguridad energética los “amigos y aliados”. En los años /20, el General Ingeniero Enrique Mosconi, decía: “Es obvio repetir que el ritmo que ha alcanzado la vida moderna no puede sostenerse sin los seguros aprovisionamientos de los motores a combustión interna y de los motores a explosión…no podrán funcionar sin los seguros aprovisionamientos de carburante…” Y más tarde: “En torno al petróleo se han entablado las más tenaces luchas económicas y armadas, y se presencia ya a diario cómo se utilizan grandes cantidades de oro, destinado a obtener, por acaparamiento, la complacencia, la infidelidad, el soborno y la traición de los encargados de custodiarlo.” [2] Hay abundantes testimonios que indican que la decisión de los técnicos de CNEA de los años ’60 de inclinarse por las centrales de uranio natural y agua pesada se debió a que era posible conseguir el agua pesada en el momento de la construcción de la central y luego en pocas cantidades a lo largo de la vida de ésta, pero podía ser más complicado conseguir el servicio de enriquecimiento de uranio todos los años para los combustibles. Además, resultaba más factible conseguir la tecnología de fabricación de agua pesada que la de enriquecimiento de uranio. En las expresiones del pensamiento nacional en cuestiones energéticas siempre ha sido el aseguramiento de la provisión de la fuente de energía el factor fundamental. El objetivo fundamental no fue nunca procurar la percepción por el estado de la renta de los insumos energéticos, sino, antes que nada, asegurar el suministro de energía a precios accesibles para el desarrollo industrial y, además, para la provisión a la población. La decisión de aquellos técnicos de CNEA sigue siendo hoy absolutamente válida. LA ENERGÍA COMO BIEN ESTRATÉGICO Y LA ENERGÍA NUCLEAR Más allá del neoliberalismo financiero que nos ahoga, la energía es, todavía, la corriente sanguínea de la industria y ésta la base del desarrollo social y económico. Y en un mundo que se disputa, y se disputará cada vez más la hegemonía industrial, la carencia de energía del adversario es un factor importante en la construcción de hegemonía. Tal como puede constatarse en el primer párrafo de este trabajo, este principio está muy presente en las acciones de los países desarrollados en su política exterior, y son justamente estos países los que poseen la capacidad de enriquecer uranio y, además, los referentes más encumbrados del Nuclear Suppliers Group (Grupo de Proveedores Nucleares). Adicionalmente la energía nuclear tiene una ventaja importante frente a otras energías alternativas: no emite CO2. Hay otras energías renovables que tampoco lo hacen, pero son discontinuas.La energía eólica y la energía fotovoltaica o solar térmica funcionan cuando tienen la energía primaria disponible, viento o sol. Algunos tratan de demeritar la energía nuclear sumando la cantidad de CO2 que se emitió al construir la central, pero considerando la larguísima vida útil de las centrales (una central repotenciada tiene una vida útil de por lo menos 60 años) la emisión de CO2 por MWh producido es bajísima, en cualquier caso. Adicionalmente el factor de servicio de las centrales nucleares es muy alto. En términos generales, la disponibilidad de las energías renovables más difundidas, hidroeléctrica, eólica y solar, está condicionada a factores climáticos. Y un desarrollo industrial saludable no puede depender de ellas exclusivamente. Por otra parte, la tecnología nuclear es, en realidad, un complejo de tecnologías en muy diversos campos, que van desde la geología hasta las asociadas a la ciencia del medio ambiente, pasando por las tecnologías químicas, las de materiales y las tecnologías blandas de aseguramiento de la calidad, por nombrar algunas. Un país que maneje la energía nuclear maneja, entonces, también los conocimientos involucrados en todos esos campos del conocimiento tecnológico y puede volcarlos hacia todas las industrias involucradas. En la Argentina hay sobrados ejemplos de ello, desde los spin -off metalúrgicos surgidos de los primeros trabajos de Sábato hasta los procedimientos de garantía de calidad que se proyectaron desde CNEA hacia otras industrias masivas, como la automotriz. En tanto y en cuanto los combustibles fósiles comiencen a ser dejados de utilizar como medida paliatoria del cambio climático, la energía nuclear jugará, casi con seguridad, un papel preponderante como fuente firme confiable para la base de la curva de generación eléctrica en todo el mundo. Un argumento adicional a favor de esta presunción es la poca incidencia que el costo de combustible tiene sobre el costo final de generación por medios nucleares, la mayor parte de los costos de cada kWh viene de los gastos de instalación, con lo que la viabilidad económica de esta forma de generación está definida, una vez asumido el costo financiero de la construcción, a partir del momento de puesta en marcha de la central, ya que los costos variables constituyen nunca más que el 20 o 25%, y el combustible propiamente dicho, no más del 10 o 15% del costo del kWh generado. Por otro lado, la energía nuclear carga con una resistencia innegable en sectores de la población. La cuestión de los riesgos asociados con las radiaciones configura un fantasma que la comunicación realizada desde los gobiernos y empresas nucleares en el mundo no ha podido, en general, disipar. El tema de los residuos nucleares en particular, pese a tener soluciones tecnológicas plausibles e, incluso, ejemplos existentes de gestión exitosa con acuerdo y control de las poblaciones cercanas a las regiones geográficas involucradas, no ha conseguido aclarar el asunto frente al gran público, más que en algunos pocos países, como Finlandia o Suecia, que han manejado el tema con ingenio y compromiso comunicacional. Presumiblemente, en la medida que la energía nuclear regane su rol como solución energética masiva, empezando por los países centrales, estas soluciones comunicacionales se harán accesibles a la opinión pública masiva y el problema será solucionado. La iniciativa de EE. UU. de reactivación de su industria nuclear podría ser un primer paso en ese sentido. Una alternativa posible para disminuir los daños ambientales y favorecer la comprensión y aceptación de la población y autoridades es desarrollar las técnicas microbiológicas de procesamiento de mineral de uranio y de remediación de la producción de nitratos de las técnicas convencionales. Los procesos de biolixiviación de mineral de uranio mediante bacterias ambientales y de reducción de los residuos de nitratos mediante bacterias nitrato reductoras se aplicaron con éxito en Alemania y países del este europeo hace más de dos décadas y ya hubo actividad en esa dirección en el CAE que fue abandonada. (Este párrafo incorpora una sugerencia del Dr. Alberto Keitelman). EL PANORAMA INTERNACIONAL, EL URANIO NATURAL Y EL ENRIQUECIMIENTO DE URANIO En cuanto al panorama internacional de la generación nucleoeléctrica, su viabilidad política está condicionada a las decisiones de la institución internacional nombrada algo más arriba, el “Grupo de Proveedores Nucleares”, o NSG, por su sigla en inglés, heredero del Club de Londres, que se fundó en 1974, ante la explosión de la primera bomba atómica de la India, país no firmante del TNP (Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares). El objetivo formal de la existencia del NSG es asegurarse de que no haya asistencia, deliberada o no, de los países con capacidades nucleares a otros sin ellas que les permita a estos últimos acceder a un explosivo nuclear. Es sabido que las tecnologías de enriquecimiento de uranio o de obtención de plutonio 239 tienen uso dual, sirven para obtener combustibles para reactores de producción de electricidad y también para la fabricación de explosivos. Por esta circunstancia, el resorte fundamental del NSG y las demás iniciativas del sistema nuclear internacional de no proliferación es vigilar, y restringir todo lo posible, la exportación de conocimientos, materiales y equipamientos necesarios para el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible gastado a países que no poseen esa capacidad. Esta política se suma a iniciativas de uno u otro de los miembros más desarrollados del NSG, que invariablemente cuentan con el apoyo de los demás países desarrollados, para disuadir a los países en desarrollo de conseguir sus propias capacidades de enriquecimiento. Ejemplos de estas iniciativas son el “International Framework for Nuclear Energy Cooperation” (IFNEC – del cual el Subsecretario de Energía Nuclear de Macri fue orgulloso presidente por un período), la iniciativa del Banco de Combustible Nuclear en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y diversas recomendaciones incluidas en las Directrices del propio NSG. El cierre de la política se completa por el lado del descrédito de la línea de uranio natural y agua pesada (línea CANDU), llevado a cabo por medios más sutiles, ya que Canadá, origen de la tecnología más difundida de esta línea, es un aliado fundamental de EE. UU. y del “Mundo Libre”. Estas acciones se manifiestan en planteos diplomáticos cara a cara o presiones sobre funcionarios en las reuniones del OIEA. Más allá de las tareas de repotenciación y prolongación de la vida útil de sus reactores CANDU, la situación, en cierto modo privilegiada,de Canadá no lo ha eximido de ver desmanteladas sus plantas de agua pesada y cerrados sus proyectos de reactores nucleares de uranio natural desde hace unos 23 años.  Pero, precisamente, ese posicionamiento geopolítico de Canadá le asegura que su desarrollo industrial no se verá perjudicado. Algo que de ninguna manera podemos asegurarle a la Argentina. De todos modos, Canadá no ha planificado todavía ninguna central nuclear de uranio enriquecido. Una fidelidad digna, por lo menos, a su desarrollo autónomo. Por otro lado Canadá está colaborando con China en el desarrollo de dos nuevas centrales CANDU, que China quiere utilizar como “post-quemadores” de los combustibles descargados de sus centrales de Uranio enriquecido, lo cual posiciona a la tecnología CANDU como complementaria. Esto desmiente las afirmaciones sobre la falta de futuro de la línea CANDU o similares. No solo China tiene gran interés en esta línea sino también la India, que impulsa decididamente la línea de Uranio natural y agua pesada con un amplio programa de desarrollo y construcción. También hay muchas posibilidades de innovación tecnológica en esta línea que inclusive comprende la posibilidad de reactores reproductores a torio, que podrían generar más combustible que el que consumen abriendo la posibilidad de lograr combustible prácticamente ilimitado. El torio es un material 4 a 5 veces más abundante en la corteza terrestre que el uranio y a partir del cual se puede lograr U233, un material físil equivalente al U235 pero menos proliferante porque no está asociado a la producción de plutonio. LA NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES Y EL NSG Ahora bien, existen varios ejemplos de países que, habiendo decidido desarrollar un explosivo nuclear, lo hicieron sin acudir a plantas de enriquecimiento de uranio dedicadas al combustible de centrales nucleares convencionales, ni a reprocesar combustibles gastados de reactores generadores de electricidad, como Corea del Norte o la India, que desarrollaron sus explosivos, al menos en principio, a partir de reactores diseñados específicamente para producir cantidades importantes de plutonio, mucho más sencillos tecnológicamente, que los reactores de generación eléctrica. Por lo dicho en el párrafo anterior, es discutible que todas las restricciones impuestas por el sistema nuclear internacional al desarrollo y uso de plantas de enriquecimiento de uranio sirvan para dificultar el acceso a un explosivo nuclear por parte de países que quieran poseerlo; pero resulta claro que son eficaces para dificultar al máximo el surgimiento de países en desarrollo que quieren ser autosuficientes con sus combustibles nucleares de uranio enriquecido y, eventualmente, constituirse en una competencia estratégica y comercial para los pocos que sí tienen la capacidad y controlan el NSG. Entre los insumos cuya comercialización está restringida por el NSG figura el uranio en todas sus formas, tanto natural como enriquecido. Entre las condiciones que fija el NSG para que un país sea elegible para recibir exportaciones nucleares figura la firma del Protocolo Adicional (PA) al Tratado de Salvaguardias que tenemos vigente como parte de las obligaciones del TNP (Tratado de No Proliferación). Este PA impone condiciones leoninas a los países firmantes. Argentina y Brasil han conseguido una dispensa transitoria por una fórmula diplomática que puede ser eliminada en cualquier momento, si se dan las condiciones apropiadas. En ese caso, si no queremos ver intervenidos por los países centrales todos nuestros desarrollos nucleares (y algunos otros), tendremos que ser autosuficientes en la provisión del combustible nuclear. No resultará muy difícil recuperar nuestra capacidad de fabricar el combustible de uranio natural, pero sí la de alcanzar la del combustible de uranio enriquecido. LA SITUACIÓN DE LAS CAPACIDADES NUCLEARES ARGENTINAS Y decimos recuperar nuestra capacidad de fabricar íntegramente el combustible de uranio natural porque la hemos ido perdiendo sin prisa, pero sin pausa. En 1990 Argentina contaba con todos los servicios y las capacidades industriales necesarias para fabricar el combustible para sus centrales con la única excepción del “trex” de zircalloy, un insumo intermedio para la fabricación de las vainas de los elementos combustibles. Teníamos exploración de uranio de alta capacidad, minería del uranio, lixiviación y producción de la «torta amarilla», producción de UO2 de grado nuclear y fabricación de los combustibles. Hoy en día, la minería del uranio está interrumpida desde hace 22 años cuando, por decisión de la conducción económica de la época, y con el argumento de los bajos costos internacionales de la torta amarilla, cosa que era transitoriamente cierta pero no justificación suficiente (¿si compramos todo afuera porque es más barato, de qué vivimos?), se decidió cerrar la explotación. Desde entonces, las dos provincias donde podía producirse más económicamente (Chubut y Mendoza) se han declarado contrarias a la minería de los metales en general y a la del uranio en particular. Junto con la minería se cerraron las plantas de lixiviación y obtención de torta amarilla porque es éste último insumo el que se comercializa internacionalmente. La fabricación de UO2 está en serios problemas en su planta de Alta Córdoba y se interrumpirá si no arrancamos la planta de Formosa cuya construcción está parada desde el macrismo. La exploración de uranio languidece, entre otras cosas porque las provincias interesantes han desarrollado piquetes de “vecinos” que agreden a los técnicos de CNEA que encuentran en sus territorios, y porque la conducción de CNEA del macrismo se ocupó de destruirla, desarmar equipos de técnicos, negarle presupuestos razonables, pagar sueldos muy bajos al profesional capacitado. El nudo se va cerrando, pero el deterioro todavía es reversible porque el recurso humano está o puede ser recuperado. Esta recuperación deberá estar acompañada por un esfuerzo comunicacional que permita contar con el apoyo de la opinión pública nacional, asegurándole, especialmente a las poblaciones cercanas a las instalaciones nucleares, acceso a información confiable y rápida, para resolver eficazmente cualquier campaña denigratoria de la actividad que pueda surgir. En cuanto al enriquecimiento de uranio: las instalaciones de Pilcaniyeu, Río Negro, ya tienen 38 años y nunca se pudo concretar la planta semi-industrial que era el objetivo original. En el desarrollo de ultracentrífugas se está trabajando desde hace cerca de 15 años y todavía no hay un prototipo convincente. Y no es que falte capacidad técnica. Lo concreto es que, por ese lado, si bien es imprescindible seguir en el empeño, el camino no está garantizado. Para comparación, la Planta de Demostración de Pilcaniyeu se hizo en 5 o 6 años, desde que se tomó la decisión hasta que se anunció. LA IV Y V CENTRAL NUCLEAR Y así llegamos a la circunstancia de decidir las tecnologías para nuestras cuarta y quinta centrales nucleares. Las opciones básicas, considerando las fuentes de financiación y la realidad nacional, son dos: una central nuclear Hualong, de uranio enriquecido, vendida por China con grandes facilidades crediticias que incluye un importante período de gracia (pero que inexorablemente va a cargar a la deuda externa en 8.000 millones de dólares), con nula o casi nula participación de la industria nacional, y una de uranio natural de la que la industria nacional puede fabricar entre el 60 y el 70 % de los componentes, cuya erogación sería en moneda nacional. Además, en ese 60-70 % de piezas de fabricación nacional están incluidos los equipos específicamente nucleares, estratégicos (se estima que podemos fabricar entre un 80 a 85% de los equipos tecnológicamente más elaborados). La Argentina adquirió, junto con la licencia para la construcción de la central CANDU de Embalse, el derecho a replicar la central en cualquier parte de su territorio nacional. Y ha demostrado que domina la tecnología a través de la exitosa extensión de vida por 30 años más de la Central Nuclear Embalse. Para la última alternativa de las antes señaladas, China, en 2015 aportaba la financiación a condición de que simultáneamente compráramos la central Hualong. Este proyecto, denominado “Proyecto Nacional” fue cancelado y dado de baja en el 2018 simultáneamente con el Acuerdo Financiero firmado con el FMI. De esta manera fue perdida, por decisión propia de la Argentina, la posibilidad de financiamiento parcial del Proyecto Nacional por parte de China en el marco del Acuerdo País-País del 2014. Esta decisión de cancelación del Proyecto Nacional CANDU es pasible de ser revisada en el marco de negociaciones llevadas a cabo por una conducción nacional con convicciones firmes en este sentido. Creemos además que el 60-70% del aporte nacional debería financiarse con pesos ya que no parece razonable contraer deuda externa para financiar inversiones que se hacen en moneda local. El resto de los insumos y equipos podrían ser provistos y financiados por China. El Ing. José Luis Antúnez, quien condujo con éxito la tarea tecnológica y gerencial de concluir Atucha II, ideó una solución posible al dilema: anular la decisión del año 2018 de cancelar el Proyecto Nacional CANDU y de contratar con China solamente la Central Hualong bajo la modalidad “llave en mano”. Volver, a partir de ahora, al esquema original del Plan Nuclear 2014, con modificaciones derivadas del tiempo transcurrido y las circunstancias actuales según el esquema siguiente: contratar con China la central de uranio enriquecido Hualong actuando NASA como arquitecto ingeniero del proyecto, a cargo de la totalidad de la construcción y montaje con empresas locales de esas especialidades, así como de la compra a la industria manufacturera nacional de todos los componentes e insumos que sea posible producir localmente y muy especialmente negociando la fabricación del combustible en nuestro país. Simultáneamente lanzar el Proyecto Nacional CANDU (utilizando pesos en todo lo que sea posible) con una programación distinta a la que estaba prevista en el Plan Nuclear 2014. La diferencia con el Plan 2014 estará en la programación del Proyecto Nacional, que se realizaría comenzando por la recuperación de las capacidades de la industria manufacturera local con la compra de los insumos y componentes locales, para así asegurar la continuidad y preservación de todas las capacidades nacionales para diseño y construcción de centrales de ciclo de combustible de uranio natural y agua pesada. Con respecto a las obras y montajes del Proyecto Nacional, las mismas se programarían para iniciarse de manera que permitan absorber la mano de obra que se vaya liberando de la construcción de la Hualong a medida que vayan finalizando las distintas fases de su ejecución. El objetivo principal de este cambio en la programación del Proyecto es evitar la desaparición de las capacidades manufactureras locales, incluyendo las de la Planta de Agua Pesada (de Arroyito, Neuquén) y las demás del ciclo de combustible, en un momento crítico en el que la necesidad de crear empleo industrial es prioritaria. Esta solución fue llevada en enero al Secretario de Energía, quien no la comentó todavía. Varios de los protagonistas designados a cargo del sector han manifestado reiteradas veces y por años su oposición a la CANDU y su apoyo a la construcción de la central china, por lo que, en caso de adoptarse la solución propuesta, deberá lograrse un real compromiso con la misma, lo que exige revertir la decisión del gobierno anterior de cancelación del proyecto, para el cual estaba ya aprobado el régimen jurídico que incluye el crédito fiscal, por la ley 26.566. Esta acción debiera tener lugar, a más tardar, en enero próximo (2021). La CNEA debiera tener prevista la participación en los aspectos tecnológicos de las obras y el codesarrollo de los proyectos desde el punto de vista de la tecnología implicada, pero, en caso de concretarse la Hualong “llave en mano”, esto será casi imposible. En cualquier proyecto nacional, CNEA deberá tener un rol protagónico, tal como lo tuvo, con total éxito en los dos últimos grandes proyectos nacionales: la terminación de Atucha II y la extensión de vida de Embalse. Entre las críticas al proyecto CANDU se destacan las que indican que los derechos que adquirió Argentina con la central de Embalse Rio III incluyen el uso de la tecnología tal como estaba en la década del ’60, y que, desde entonces, y en particular desde el accidente de Fukushima, en Japón, la normativa de diseño y construcción cambió para adaptarlos a las nuevas normas de seguridad emergentes de la experiencia de ese accidente. El argumento continúa con que la empresa canadiense, dueña de la ingeniería CANDU, pide unos 1.000 millones de dólares para la elaboración de la ingeniería necesaria para ese “aggiornamiento”, además de condiciones también leoninas. Según la opinión de otros expertos, esta suma está claramente exagerada. Para empezar, las “recomendaciones” de OIEA en materia de actualización son eso, recomendaciones, y el Organismo Internacional no tiene ni la intención ni los medios para imponerlas. En el panorama internacional India construye sus centrales como le parece más adecuado y Embalse Rio III, por ejemplo, ha sido licenciada, luego de la intervención que se completó el año 2019, sin algunas de las nuevas recomendaciones de OIEA. Además, buena parte de las modificaciones recomendadas por OIEA ya han sido introducidas en la actualización de Embalse. Si se decidiera incorporar las restantes, según la opinión de estos expertos nacionales, ellas pueden ser desarrolladas en casi todos los casos por ingenieros argentinos y por lo tanto pagadas localmente, contribuyendo al mismo tiempo a la creación de empleo nacional. Esta vía de acción nos permitiría mantener la capacidad de fabricación de componentes para centrales nucleares y, además, aseguraría la provisión del combustible para las mismas. Si se prioriza, en el gobierno, la voluntad de incorporar créditos y tecnologías externas a estos proyectos, el Proyecto Nacional puede ser adecuado para hacerlo sin comprometer un destino autónomo para el desarrollo nuclear argentino. Es importante recalcar que la idea central que debiera primar en toda política asociada a la construcción de las futuras centrales nucleares argentinas es que, si de lo que se trata es de centrales CANDU, nuestro país cuenta con la capacidad técnica para realizar, de manera autónoma, la fabricación de todas las partes específicamente nucleares, además del montaje y la construcción civil y, sobre todo, la capacidad de arquitecto ingeniero; lo que, además de darnos autonomía de decisión, limita fuertemente las necesidades de divisas asociadas a estos proyectos. Por ello, desde consideraciones solamente técnicas, la necesidad de participación de cualquier proveedor extranjero está solamente asociada al suministro de algunos pocos equipos, como las turbinas de vapor de alto porte y algunos elementos de medición que pueden ser provistos por fabricantes de varios países del mundo. Por otra parte, volcarnos totalmente a la tecnología de uranio enriquecido afectaría quizá de forma irreversible estas capacidades y sometería a la Argentina a una posición de dependencia, incluso en lo que hace al suministro del combustible. De modo que, si la decisión se orientara hacia definir una sola línea tecnológica para las futuras centrales nucleares, claramente, la elegida debiera ser la línea de uranio natural. EL CAREM La Central Argentina de Elementos Modulares CAREM es un proyecto que se está desarrollando en nuestro país también desde la década del /80. Es posiblemente el primer SMR (Small Modular Reactor) planteado y tiene el mérito especial de que la refrigeración primaria, la que enfría el núcleo donde se produce la reacción nuclear, se hace por convección natural, lo que limita grandemente cualquier hipótesis de accidente. Este concepto de reactor trabaja, por diseño, solamente con uranio enriquecido y agua liviana. Además, el sentido de su modularidad es posibilitar la construcción en serie de sus partes, lo que debiera abaratar considerablemente las cargas económicas de instalación que, como se dice en otra parte de este trabajo, son el elemento fundamental del costo de la energía eléctrica producida. El hecho que las potencias de diseño sean pequeñas, junto con su seguridad intrínseca, posibilita su uso en aplicaciones en lugares remotos al mismo tiempo que su construcción en líneas de montaje puede compensar el factor de escala que favorece, en principio, las centrales de mayor potencia, del orden de los 1000 MW. La idea ha sido tomada, desde entonces, por una decena de países que han iniciado proyectos semejantes, ninguno de los cuales ha llegado, todavía, a concretarse en instalaciones reales. LAS CAPACIDADES DE ENRIQUECIMIENTO DE URANIO Por las circunstancias antes expuestas y otras a ser desarrolladas aquí, sería necesario alcanzar la capacidad autónoma de enriquecimiento de Uranio. Los reactores de investigación funcionan también con uranio enriquecido y su principal aplicación médica, la fabricación de molibdeno 99, se realiza con blancos constituidos por ese material (y además, los últimos diseños,incorporan agua pesada). Por otro lado, el reactor nacional, que se suele mencionar como el “proyecto nuclear estrella” de la Argentina, el CAREM, está diseñado para funcionar con uranio enriquecido. Es nuestra opinión que, para fortalecer este proyecto, sería necesario contar con la capacidad de enriquecer Uranio. Como decimos más arriba, la Argentina no tiene todavía la capacidad industrial de enriquecer uranio. En los hechos, no podemos prever en qué momento podremos contar con esa capacidad. Es necesario, entonces, reactivar la planta de Pilcaniyeu porque eso nos asegura mantenernos entre el concierto de países que ya enriquecen y, en paralelo, potenciar el desarrollo de la tecnología de enriquecimiento por ultracentrífugas, pero no abandonar el uranio natural y los elementos que nos permiten mantener esta línea abierta, como la planta industrial de agua pesada (PIAP). La trayectoria impecable de la Argentina en cuanto a su vocación de uso pacífico de la energía nuclear, habiendo puesto sus instalaciones íntegramente bajo salvaguardias del OIEA y participando activamente en todos los organismos internacionales preocupados por la no proliferación de armas nucleares y el desarme, nos pone al abrigo de cualquier suspicacia que puedan esgrimir los países centrales respecto de las intenciones de estos desarrollos. El hecho que el Secretario General de OIEA sea actualmente un argentino, es una muestra del respeto que todos los países del mundo tienen por el nuestro en estos asuntos. Aun cuando se decidiera incursionar en la tecnología de uranio enriquecido, la continuidad de las dos líneas tecnológicas en el desarrollo nuclear futuro es claramente defendible, y no solo desde la posición de mantener una actividad nuclear totalmente autónoma desde lo nacional. La tecnología de base CANDU es robusta, y puede adaptarse al quemado no solo del combustible descargado de las centrales de Uranio enriquecido, aun rico en U 235, sino también de parte de los residuos nucleares emitidos por las otras tecnologías, reduciéndolos o, incluso, eliminándolos. La India está ensayando esta opción. Y China está planeando dos nuevas CANDU, muy posiblemente, para ensayarla. Por su parte, además de India y China, también Corea del Sur tiene centrales de las dos tecnologías. LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA PESADA La contundencia de los recursos tecnológicos de un país se materializa cuando las tecnologías en cuestión se manifiestan en equipos y/o instalaciones completas. La Planta Industrial de Agua Pesada es precisamente eso: una instalación real, operativa y que estaba funcionando con extraordinaria eficiencia. Es imperativo recuperarla de la situación crítica en la que se la puso durante el macrismo, al despedir de su planta al personal especializado. La PIAP está, además, cargada con fluidos corrosivos y la falta de un mantenimiento apropiado va a provocar daños muy difíciles de reparar. Su agua pesada es imprescindible, en primer lugar, para seguir operando nuestras centrales y no tener que salir a comprarla a precios altísimos en divisas. El agua pesada es esencial para la tecnología de uranio natural. No hay ninguna planta en el mundo funcionando con la capacidad nominal de la PIAP o mayor, y necesitamos esa agua pesada para continuar con la línea tecnológica que podemos manejar de manera autónoma. Además, el agua pesada tiene un mercado internacional. Entre otras iniciativas, y en contra de lo que se ha afirmado para defender a la Hualong en el sentido que la línea CANDU estaría abandonándose, la India está construyendo cuatro centrales PHWR, es decir, de esta tecnología y muy similares o iguales a la CANDU y tiene planeadas 12 más. China, por su parte, está encarando la construcción de un par más, como ya hemos mencionado. Según una fuente relevante del sistema nuclear, recuperar la planta de agua pesada, PIAP, costaría unos 40 millones de dólares, casi todos en pesos, con lo que la disponibilidad de divisas no sería un problema demasiado grave. Habría que recomponer los cuadros técnicos y comprar los repuestos necesarios, no es una tarea sencilla pero tampoco imposible. Como resultado tendríamos una herramienta fundamental para cimentar nuestra capacidad de generar nucleoelectricidad con recursos propios. Mantener activo este recurso, junto con la opción de la tecnología de uranio natural, sería un factor crucial también a la hora de la negociación con cualquier proveedor de nuevos reactores nucleares, si decidiéramos comprarlos a un país extranjero. Sería la puerta abierta que le estaría marcando al oferente que podemos recurrir a otra cosa.» REFERENCIAS: [1] National Energy Strategy – Powerful Ideas for America – First Edition 1991/1992 – National Technical Information Service – US Department of Commerce – Springfield – VA USA. [2]: Gloria Iris Arrigoni, en “Historias del Petróleo” – Ediciones Atlántico – Comodoro Rivadavia, Chubut, Noviembre 2007.-

La cuarentena estricta del 0,5 %

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Antes de reproducir en el portal un adecuado resumen de las decisiones anunciadas ayer, quiero explicar el sentido de esta nota. Que apunta sobre un problema clave para enfrentar esta pandemia y tomar las medidas de prevención del contagio. Y también sobre una realidad estructural de la República Argentina. El Área Metropolitana de Buenos Aires se puede definir de distintas formas. Pero el territorio máximo que se le puede calcular, la Capital Federal más los 40 municipios bonaerenses cercanos (que incluyen zonas bien rurales), ocupa sólo el 0,5% del territorio continental argentino. Continental, sin incluir las islas del Atlántico Sur y el sector Antártico Argentino. Para enfrentar la acelerada suba de contagios que se registra en esta minúscula parte del territorio del 8° país del mundo en extensión, el presidente de la Nación y los dos mandatarios que manejan las administraciones subnacionlales con más recursos han dedicado la mayor parte de su tiempo y de su caudal político, ayer y desde hace muchos días. Hay una muy buena razón para esto, por supuesto. En el AMBA vive alrededor del 40% de la población argentina. Además de ser la sede de buena parte de su industria manufacturera, y, sobre todo, de los centros de la industria cultural, la que produce información y contenidos para el resto del país. Ezequiel Martínez Estrada fue uno de los, numerosos, intelectuales argentinos que hace unos 80 años recibieron con rechazo y aversión la democracia de masas que comenzaba. Pero, a pesar de esto, podemos reconocer que estaba en lo cierto al percibir algo patológico en la «cabeza de Goliat», una ciudad que ya era, en varios sentidos, demasiado grande para su cuerpo. Por supuesto, más allá de los juicios y lamentaciones, es la realidad a manejar. Las medidas de prevención de contagios que se aplican y aplicarán están determinadas por esta aglomeración urbana. Y puede ser que resten nuestra atención de las que deben pensarse para realidades distintas en las distintas provincias. No es un problema que encuentre en estos días el tiempo ni la disposición para encararlo. Pero es conveniente tenerlo muy en cuenta cuando se habla de los perjuicios y la paralización productiva que ha provocado esta pandemia. En el resto del territorio argentino hay focos de contagio, por cierto, y la posibilidad de rebrotes. Pero, por ahora, no la pandemia no desborda las capacidades de manejo. Y la actividad rural y sus transportes han sido consideradas, con razón, esenciales y no se interrumpieron en ningún momento.

A. B. F.

La nueva etapa de aislamiento estricto que empieza (¿por qué?) desde el 1° hasta el 17 de julio

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La nueva etapa de la cuarentena estricta será acompañada por un refuerzo de los controles de seguridad en los pasos entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y por una intensificación del monitoreo de los contactos estrechos de casos confirmados de coronavirus. Quedó establecido que el objetivo principal de las fuerzas de seguridad será montar un cerco que impida cruzar sin autorización de Capital a provincia, y viceversa, como fórmula para reducir el nivel de circulación de personas. La responsabilidad de esa tarea puntual quedará en manos de las fuerzas federales, en tanto que la policía porteña y la bonaerense se ocuparán del control de sus respectivos territorios. Así se acordó hoy en una reunión que encabezó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. «Habrá saturación policial como método disuasivo», dijeron en la Casa Rosada, y anticiparon que la presencia policial en las calles será similar a la que se desplegó durante las primeras semanas de cuarentena, a fines de marzo. También está decidido que se cerrarán pasos interjurisdiccionales, pero resta definir cuáles. Durante reuniones que se extenderán durante todo el fin de semana debe establecerse también el nivel de rigurosidad que se aplicará ante las infracciones. Otro punto clave a definir son los controles en el transporte. El ministerio que encabeza Mario Meoni debe coordinar con la Secretaría de Innovación, de Jefatura de Gabinete, qué permiso será necesario para usar trenes, subtes y colectivos. Las restricciones se aplicarán a partir del miércoles y podrían instrumentarse por medio de la tarjeta SUBE: se analiza que solo queden habilitadas aquellas vinculadas a permisos de trabajadores esenciales. En coordinación con la Casa Rosada , los gobiernos porteño y bonaerense se disponen además ampliar las redes de detección temprana, rastreo de contactos y aislamiento efectivo, una tarea que es señalada como un déficit por investigadores del Conicet con los que los tres gobiernos mantuvieron conversaciones durante las últimas semanas. Los anuncios sobre el fortalecimiento de esas actividades siguen siendo insuficientes, destacó el bioinformático Rodrigo Quiroga, uno de los referentes de ese grupo. En la Ciudad se duplicará el personal destinado al rastreo y seguimiento de contactos estrechos, tanto en el territorio como vía telefónica, anticipó el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Detalló que la Ciudad tiene 1.000 personas para esa tarea y que pasará a tener 2.000. Los expertos que asesoran a los gobernantes señalan que aún esos incrementos son insuficientes. Pero hay limitaciones en la disponibilidad y el entrenamiento del personal. En realidad, estas dificultades, que se encuentran aún en las fuerzas de seguridad, probablemente son los motivos del hecho que esta etapa comience recién el miércoles.

En la UTN de La Plata desarrollaron un producto para rociar sobre objetos y evitar que el virus se adhiera

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Científicas bonaerenses desarrollaron un producto químico que se puede rociar en distintos objetos que se tocan a cada rato y que impide que el coronavirus se adhiera a las superficies, informó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. Se trata de investigadoras de la Universidad Tecnológica de La Plata, quienes retomaron un estudio que la misma casa de estudios había realizado tiempo atrás, adaptándolo y dándole un propósito de cuidado sanitario mediante un producto que permite aislar del coronavirus a distintas superficies y objetos que suelen ser de uso diario en centros de salud. El proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación en el marco de la pandemia, se denomina «Recubrimiento biocida para elementos de protección para personal sanitario», e intenta trasladar lo que se hizo en maderas (para evitar su deterioro biológico) a todos los objetos utilizados, fundamentalmente telas y otros elementos de uso cotidiano durante la atención de pacientes. El decano de la institución, Carlos Fantini, explicó que «las doctoras Guadalupe Canosa y Paula Alfieri, junto a un gran equipo perteneciente al Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Materiales de la UTN, fueron las encargadas de tamaño descubrimiento que, sin dudas, brindará un avance significativo en evitar la propagación de los contagios por coronavirus». Por su parte, una de las responsables del hallazgo, la ingeniera química y doctora en ingeniería Guadalupe Canosa, señaló que «esto interpondrá una barrera de protección física entre el virus y el personal sanitario que se expone cotidianamente. Es una fórmula química que desactiva la partícula viral que genera la covid-19″.

Rusia construirá cuatro nuevas centrales nucleares

«Moscú – Rusia comenzó con los trabajos preparatorios para la construcción de las nuevas unidades de potencia en las regiones de Leningradsky y Smolensky. La decisión correspondiente fue firmada por el Director General de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rosatom, Alexey Likhachev. Likhachev señaló que el sector nuclear de Rusia llegó a esta etapa con los más recientes desarrollos en el diseño de las plantas nucleares que son VVER-1200 y VVER-TOI. “Estos modelos ponen en marcha los logros y desarrollos más avanzados de la industria nuclear que cumplen con todos los requisitos de seguridad internacional reciente y que se están implementando con éxito no solo en Rusia sino también en otros países del mundo”. Para las nuevas unidades de la central nuclear Leningradskaya fue elegido el proyecto VVER-1200, similar a la primera fase de la construcción de la central Leningradskaya-2. Para Smolenskaya se tomó como referencia el proyecto VVER-TOI, similar al que se está construyendo en la central Kurskaya-2. Andrey Petrov, el director general de la corporación Rosenergoatom señaló que las nuevas unidades de potencia reemplazarán las unidades existentes con los reactores del tipo RBMK-1000, cuya vida útil finaliza la próxima década. “Según nuestras estimaciones, la construcción de las dos obras a la vez creará hasta 15 mil nuevos puestos de trabajo en las regiones y proporcionará ingresos tributarios regulares a los presupuestos locales». Estos proyectos fueron incluidos al esquema integral de la distribución e instalación de obras de generación de energía eléctrica hasta el 2035, aprobado por el gobierno de la Federación de Rusia.» Quienes conocen del tema en AgendAR nos dicen que las centrales VVER son adecuadas y seguras. Rosatom ha superado muchos problemas desde que abandonó la tecnología RBMK. Pero no los ven como proveedores para Argentina por su modo de venta BOO (Build, Own, Operate): ellos construyen la central, la operan y son sus propietarios. Es casi extraterritorial, como si fuera una embajada.

Veterinarios de Buenos Aires buscarán coronavirus en perros y gatos de la ciudad

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Médicos veterinarios de la Facultad de Ciencias Veterinaria de la UBA estudiarán la presencia del SARS-CoV-2 en mascotas.

El 14 de mayo pasado, la revista Nature publicó un estudio que determinó que dos perros fueron contagiados con el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) por sus dueños en Hong Kong. Algunos científicos plantean la posibilidad de que las mascotas puedan transmitir el virus entre sí y a las personas, pero es algo de lo que no se sabe mucho. “Es importante investigar la interacción de los humanos con sus mascotas en relación con el nuevo coronavirus para que la información obtenida sirva para manejar apropiadamente brotes futuros”, afirmó a la Agencia CyTA-Leloir Ana Bratanich, investigadora de la Cátedra de Virología de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FVet) de la UBA. Bratanich y un equipo de colegas se proponen estudiar la dinámica de la transmisión del nuevo coronavirus en la ciudad de Buenos Aires entre humanos y mascotas: perros, gatos y también hurones. Con muestras extraídas de mascotas en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y en veterinarias privadas y el uso de técnicas de biología molecular e inmunológicas tratarán de evaluar la presencia del virus o de anticuerpos como prueba de infecciones pasadas. También extraerán muestras de animales de compañía de pacientes humanos con Covid-19 atendidos en hospitales universitarios de la UBA. “Hasta el momento no hay evidencias de que perros, gatos y hurones hayan sido vectores del virus SARS-CoV-2 a humanos y se asume que es un evento poco probable. Cuando tengamos los resultados, estarán a disposición de la ciencia y de la comunidad en general”, afirmó Bratanich.

También en animales silvestres

Otra rama del estudio se enfoca a animales silvestres. En Jujuy, Bratanich y colegas estudiarán qué tipos de coronavirus están circulando en camélidos (llamas, alpacas, vicuñas y guanacos) en estrecho contacto con dos especies de animales conocidos como reservorios de estos virus: los murciélagos y roedores. “Estudiando la secuencia de esos coronavirus podemos tener una idea del grado de intercambio viral que ha habido entre ellos, parecido a lo que ocurre con SARS-CoV-2 que tiene orígenes en el murciélago y quizás en el pangolín”, afirmó la científica. De acuerdo con Bratanich, el estudio de las secuencias genéticas de los coronavirus ayudaría a identificar las regiones que pueden darle la habilidad de infectar nuevas especies y qué cambios van apareciendo que puedan presagiar saltos al humano. “Todos los conocimientos generados durante este proyecto son imprescindibles para el diseño de estrategias de control, entendidas como las mejores acciones de prevención en las especies silvestres y domésticas que intenten evitar la dispersión y el salto del virus entre especies”, concluyó. También participan de estos proyectos Silvia Mundo, profesora titular de Inmunología,Marcelo Miragaya, profesor titular de Teriogenología,Alejandro Ferrante y Adriana Duchene, todos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA; Gabriel Capitelli,profesor titular de Biología de la Facultad de Medicina y del CBC de la UBA; y Sergio Bracamonte, del Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy. Estas líneas de trabajo cuentan con un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Hoy se anuncia una nueva fase de cuarentena estricta, del 1° al 17 de julio

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El presidente Alberto Fernández, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, después de conversaciones que se prolongaron durante varios días y en el marco del aumento de casos positivos de COVID-19 que se registran, anunciarán este mediodía el regreso a una cuarentena estricta en el Área Metropolitana, principal foco de los contagios de coronavirus. Según se adelantó, la nueva etapa comenzará el 1° de julio y terminará el 17. En total, son 10 días hábiles, ya que hay dos fines de semana y dos días feriados. Se pretende una vuelta en Capital y Gran Buenos Aires a los primeros días de la cuarentena, la «fase 1», con algunas variantes: se mantienen la apertura de bancos y las salidas recreativas para los niños. Solo abrirán los comercios esenciales y no habrá salidas deportivas. Las industrias ubicadas en el conurbano también quedarían exceptuadas, ya que cumplen protocolos sanitarios y de transporte específicos (su personal es trasladado en vehículos proporcionados por las empresas) El objetivo central de la decisión es bajar la circulación de personas, esencial para intentar disminuir el nivel de contagio. La clave, según coincidieron en el encuentro que duró casi tres horas, será el férreo control sobre el transporte público, aunque no adelantaron cómo y quiénes estará autorizados a utilizar trenes, colectivos y subterráneos. Los tres mandatarios hoy harán el anuncio -en principio, al mediodía. Fue definido en una reunión en la quinta presidencial de que también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli; los ministros de Salud Ginés González García, Fernán Quirós y Daniel Gollán; y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti. Se afirma que el mensaje que dará el Presidente, junto a Kicillof y Rodríguez Larreta, estará centrado en convencer a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, donde se concentra el 90% de los casos de coronavirus, de que es el «último esfuerzo» para aplanar la curva de contagios.

La sociedad argentina y el campo. Conclusión

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Este artículo en 3 partes de Roy Hora fue reproducido en AgendAR en momentos de tensión de los productores agrarios con el gobierno anterior. Creemos que tiene vigencia en momentos de otras, distintas, tensiones. 3ª La primera parte de este artículo está aquí, y la segunda, aquí. En ellas Roy Hora, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, profesor en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Nacional de Quilmes, e investigador principal del CONICET, contó cómo llegamos al presente. En ésta, hace su propuesta. Para el debate. «Este nuevo mundo agrícola comenzó a hacerse visible en la primera década del siglo XXI. La ocasión para ello fue la veloz recuperación económica que tuvo tras la crisis de 1998-2002. Junto con la construcción, el agro fue el sector que más contribuyó a impulsar el crecimiento tras el derrumbe de la convertibilidad impulsada por el gobierno de Carlos Menem en los primeros años 90 y, sobre todo, el que más beneficios simbólicos cosechó gracias a ese auge productivo. Fueron tiempos de intensificación de la ganadería y de expansión de la frontera agrícola, de difusión de la siembra directa, de incremento del volumen cosechado y, por supuesto, de precios excepcionales para la soja. Pero fueron también los años en que, en la visión de sus agentes, «el campo se puso el país al hombro» para liderar la recuperación económica que coincidió con la presidencia de Néstor Kirchner. Allí nació ese «nuevo campo» que, además de obtener altas ganancias, podía volver a proclamar con orgullo no solo su modernidad productiva sino también su papel de locomotora económica del país. El nuevo agro terminó de imponerse en la consideración pública durante el «conflicto del campo» de 2008. La renuencia del Estado a reprimir los piquetes surgidos en toda la geografía de la soja en rechazo al alza de los impuestos a las exportaciones –una inesperada imitación de los repertorios de movilización de pobres y desocupados de la década de 1990 por los activistas del campo– fue decisiva para arraigar la protesta en las rutas y concitar la atención ciudadana sobre la demanda agraria. Pero el vuelco de amplios sectores de las clases medias urbanas en favor de la movilización agraria que se extendió a lo largo del otoño de 2008 no puede entenderse sin tomar en cuenta el cambio en la valoración del campo. Ese apoyo ciudadano habría sido inimaginable en tiempos de Perón o de Alfonsín. Y es que, amén de la hostilidad hacia el gobierno de Cristina Fernández, para 2008 se volvió creíble la idea de que la dinámica agricultura que «se había puesto el país al hombro» había dejado de integrar el catálogo de los problemas argentinos para convertirse en parte de su solución. Al igual que en 1912, sin embargo, ello no fue suficiente para que el ruralismo lograra pararse políticamente sobre sus propios pies. Las elecciones de 2009 y 2011 dejaron en claro que ese proyecto no era más que una quimera, y ese veredicto no ha perdido valor hoy en día. Un país que cuenta con fuerzas partidarias bien implantadas en todo el territorio nacional y que gozan de vastos apoyos ciudadanos, y que posee una tasa de urbanización cercana a 95%, no ofrece condiciones favorables ni para la emergencia de un partido agrarista ni para dar a los voceros de la nueva agricultura mayor influjo sobre las organizaciones partidarias. Mucho menos en una cultura política que siempre se mostró hostil a los partidos single-issue. El campo cuenta con mayor visibilidad e incluso legitimidad. Pero si algo no tiene es futuro político. ¿Un modelo sostenible? Tres tipos de objeciones se han elevado contra el capitalismo agrario de nuestros días. Algunos lo descalifican poniendo el acento en el efecto socialmente destructivo de la agricultura en gran escala sobre las pequeñas comunidades rurales locales. Otros, en cambio, plantean interrogantes respecto a su sustentabilidad ambiental. Finalmente, una tercera línea impugna su contribución, vía la «sojización», a una supuesta reprimarización de la estructura productiva. Todas estas críticas deben ser analizadas con atención, ya que refieren a cuestiones relevantes y sensibles. Sería extraño que un proceso de expansión productiva no tuviera aristas negativas. Para acercarse a su verdadera significación, empero, es preciso colocarlas en una perspectiva más amplia, no siempre presente en los estudios sobre el tema. Así, por ejemplo, quienes enfatizan los efectos negativos del auge agrícola en el nivel local rara vez tienen en cuenta que, lejos de constituir un fenómeno inédito, estamos en todo caso ante una nueva etapa del secular proceso de urbanización, motorizado por la migración hacia la ciudad, que desde muy temprano signó a la región. En nuestro país, la utopía comunitaria rural (con frecuencia de inspiración reaccionaria) resultó siempre más seductora para las elites intelectuales que para los sujetos a los que supuestamente debía beneficiar. Por otra parte, dictaminar sobre las virtudes y los defectos económicos de un determinado orden productivo obliga, ante todo, a considerar su impacto a escala regional o nacional. Sin desconocer todo lo dañino que puede resultar el «progreso» para una pequeña comunidad local, el punto más relevante es si, al margen de procesos de relocalización productiva que se revelan dramáticos para los sujetos afectados, las actividades en cuestión compensan esa pérdida generando más empleo, estimulando la creación de nuevas firmas y aumentando el producto. En un país tan urbanizado como Argentina, ello invita a evaluar con especial atención los efectos del desarrollo agrario sobre la estructura productiva y el mercado de trabajo en las aglomeraciones urbanas. Lo pequeño puede ser hermoso, pero no siempre es lo más relevante. El avance de la nueva agricultura ha sido acompañado por fenómenos de deforestación, reducción de la diversidad biológica, contracción de pastizales y humedales, pérdida de nutrientes del suelo y ascenso de las napas freáticas. La expansión de la frontera agrícola empujada por la agricultura de la siembra directa tiene costos medioambientales, aun cuando es claro que muchos de ellos anteceden a este periodo. Con todo, hay que recordar que, de acuerdo con la evidencia científica disponible, esta tecnología preserva mejor el suelo que los métodos tradicionales de cultivo. Empero, un tema particularmente urticante es el empleo de fitosanitarios, en particular herbicidas, que la siembra directa utiliza de manera mucho más intensiva que las formas tradicionales de cultivo, y que con frecuencia se consideran dañinos para la salud humana. Sobre esta cuestión aún no se ha dicho la última palabra. Es importante reparar en que los herbicidas de amplio espectro (en primer lugar, el glifosato) que están en el centro de la polémica son de uso corriente en países donde la agenda verde es muy relevante y que además cuentan con instituciones de regulación muy poderosas y eficientes, como los de la Unión Europea3. En cualquier caso, estas cuestiones deben ser objeto de investigación cuidadosa y regulaciones más estrictas, diseñadas e implementadas con la colaboración de una burocracia más competente y más autónoma de los intereses creados que la hoy existente. Argentina tiene por delante la difícil tarea de adoptar políticas que refuercen la armonía entre sociedad y medio ambiente pero que, al mismo tiempo, reconozcan la importancia de expandir la producción del sector rural. Una política insensible al problema del crecimiento es un lujo que no puede darse. Este punto nos lleva a la tercera objeción, la que concibe el crecimiento agrícola como contradictorio con el desarrollo de procesos de diversificación de la economía. Quienes adoptan este punto de vista suelen concebir la estructura económica argentina como un juego de suma cero, en el que la ganancia de un sector supone pérdida para otros. Esta visión no permite enfocar la atención en los problemas de fondo que enfrenta un país con una estructura productiva y fiscal tan endeble como la argentina, que una agricultura exportadora pujante puede contribuir a aliviar. Para empezar, no incorpora a su horizonte analítico el hecho de que, en muchas ramas de actividad, el agro y la industria están integrados en cadenas de valor (insumos, actividad primaria e industrialización más servicios) que generan uno de cada seis puestos de trabajo del sector privado. Tal vez más importante es recordar que, al margen de la agricultura exportadora, Argentina no cuenta con otras actividades productivas que le permitan generar un superávit comercial suficiente como para a) obtener las divisas que demandan sus compromisos financieros y b) satisfacer la creciente necesidad de divisas que acompaña todo proceso de expansión del consumo privado y de las actividades volcadas sobre el mercado interno (estas últimas, sabemos, fundamentales para expandir el empleo). En particular, el sector manufacturero solo puede expandirse y generar más empleo si cuenta con una oferta de divisas que las fábricas argentinas no están en condiciones de generar por sí mismas y que, inevitablemente, en su mayor parte deben venir del campo. Lo mismo vale para el sector de servicios, mucho más relevante que la industria manufacturera en términos de generación de empleo. Este tipo de dinámica positiva se observó, a grandes rasgos, en el quinquenio de recuperación que siguió a la crisis de 1998-2002. La relación virtuosa entre expansión exportadora y diversificación de la estructura productiva (industria y servicios) se fue opacando hacia el fin de la década de 2000, cuando la caída de los términos de intercambio y la atonía de las exportaciones terminaron creando dificultades en muchos otros sectores, sobre todo por la vía de la falta de dólares. En 2011, la economía ya no podía funcionar sin control de cambios. La consecuencia fue una larga recesión, con fuerte impacto sobre la industria y los servicios, el empleo y el bienestar, a la que desde 2018 se sumó una crisis de deuda. Las ventajas de un agro pujante no se limitan al campo. Sin los dólares que genera el sector, no habrá expansión económica sustentable ni alivio duradero en las cuentas públicas. ¿Otra vez la locomotora? El panorama que hoy tenemos ante nosotros es el producto de esta historia. Para terminar de perfilar sus rasgos actuales, tres factores deben agregarse al cuadro trazado en los párrafos precedentes. Por una parte, el contexto excepcionalmente favorable que el boom de los precios de las materias primas le ofreció a la agricultura argentina de la primera década del siglo XXI ya no está vigente. En nuestros días, además, las necesidades fiscales del sector público son mucho más apremiantes que en 2008 o 2015. Argentina no solo enfrenta una economía mundial más hostil sino que debe hacerlo con un Estado sin reservas y sin acceso a financiamiento, sometido a fuertes pujas distributivas y forzado a atender un sinnúmero de demandas urgentes. Por último, la pandemia de covid-19, cuya duración y consecuencias a esta altura son impredecibles, agrava este cuadro. Al cabo de un decenio sin crecimiento ni logros económicos perdurables, no son muchos los sectores sobre los que el fisco puede volverse en busca de recursos. Cuando el futuro de la explotación petrolera no convencional –sobre el que tantas expectativas se habían depositado desde el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta en 2011– se revela incierto, el más importante de todos esos recursos es, nuevamente, el agroexportador. En las presentes circunstancias, su contribución fiscal es irreemplazable. Esto es tan cierto como que, en el mediano plazo, no habrá posibilidades de crecimiento sustentable para el conjunto de la economía sin el empuje de la agricultura, cuyo potencial productivo debe estimularse. Las ventajas comparativas que posee el suelo pampeano, que se traducen en costos de producción más bajos que los que predominan en otras regiones agrícolas del mundo, justifican que el campo tribute en mayor proporción que otros sectores sin que sus empresas vean afectada su viabilidad. El nivel de impuestos «razonable» es materia de un debate que debe tramitarse no en las rutas sino en las instituciones de la república democrática. En todo caso, después de largos años de parálisis en la discusión sobre impuestos, es tiempo de que estas instituciones empujen ese debate más allá de la cuestión de la magnitud relativa del tributo, para comprender también su forma y objetivos. Es preciso alzar la vista por sobre las urgencias del momento para diseñar y acordar qué tipos de impuestos sirven mejor el triple propósito de contribuir a sostener el Estado, estimular la actividad productiva y promover una mayor equidad (y de hacerlo, además, cuidando la salud de la población y preservando el medio ambiente). Es bien sabido que las retenciones, desde hace mucho tiempo la clave de bóveda de los tributos sobre la producción exportable, son un instrumento muy imperfecto para ello. Son infrecuentes en otros países exportadores de alimentos y sus deficiencias son conocidas en cualquiera de los tres planos recién mencionados. Por una parte, benefician a los consumidores de bienes agroexportables en su conjunto, independientemente de su capacidad adquisitiva (es decir, están sesgados a favor de los más ricos). Además, castigan proporcionalmente más a los agricultores y ganaderos más eficientes, así como a los que producen en tierras más alejadas o menos fértiles. Finalmente, no sirven para estimular el aumento de la producción4. Quizás aceptables hace tres o cuatro décadas, cuando todavía resultaba imposible discriminar fiscalmente entre consumidores de distinto nivel de ingreso, y cuando la política pública partía de la premisa de que la producción agroganadera era poco sensible a los estímulos de precios y descreía del potencial de crecimiento de la agricultura exportable, las retenciones hoy resultan anacrónicas. La idea de proteger la mesa de todos los argentinos tiene que ser reemplazada por la exigencia, perentoria, de proteger la de los ciudadanos de menores ingresos; para ello, nada mejor que incrementar y concentrar los subsidios a la compra de alimentos de manera exclusiva en esos segmentos de la población (afortunadamente, el actual gobierno ha dado algunos pasos, todavía tímidos, en esta dirección). Y objetivos como promover la inversión y la mejora de la productividad y premiar a los agricultores más dinámicos se alcanzan mejor con impuestos sobre el valor venal del suelo que con impuestos sobre las ventas externas. Este es, quizás, el punto crucial. Los impuestos sobre el valor de mercado de la tierra son sinónimo de tributación progresista. Aun cuando es sabido que no hay impuestos perfectos, este tipo de contribuciones tienen la ventaja de que pesan más sobre el patrimonio y la renta que sobre los frutos del esfuerzo productivo. Pesan sobre los contribuyentes en relación directa con la magnitud de su patrimonio inmobiliario. Por este motivo, los impuestos progresivos sobre el suelo sirven para contrarrestar el influjo de ese gran productor de desigualdad que es la propiedad de la tierra, muchas veces expresión del privilegio heredado, muy ligeramente gravado en Argentina. Una política dirigida a disminuir gradualmente las retenciones, reemplazándolas por contribuciones sobre el suelo con un sesgo más progresivo que el vigente, constituye la mejor alternativa para compatibilizar los distintos objetivos que reclama el momento actual. Ayudará a liberar las energías productivas del nuevo agro y, a la vez, servirá para colocar la tributación rural en consonancia con los valores de una sociedad más amiga de la innovación, más solidaria y más democrática. Este camino no puede recorrerse de la noche a la mañana. Requiere, entre otras cosas, forjar acuerdos entre actores del mundo productivo y entre distintos niveles de gobierno. Pero la dirección en que debe moverse la fiscalidad agraria no admite dudas. Menos retenciones y más impuestos progresivos sobre la tierra son esenciales para dejar atrás el espectro del año 2008 y terminar de reconciliar al nuevo campo con una Argentina que necesita reafirmar su compromiso tanto con el crecimiento como con la equidad.»

China se afirma como el principal destino de las exportaciones argentinas

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AgendAR ya había informado que China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina durante abril. Ahora, en mayo, en el marco de la pandemia, con las exportaciones en alza y las importaciones en baja, Argentina consiguió un saldo favorable de US$ 307 millones con el principal exportador de manufacturas del mundo, según las cifras del INDEC. En conjunto, la balanza comercial argentina dejó en mayo un superávit de US$ 1.893 millones, superior a los US$ 1.399 millones registrado en igual mes del año pasado. Pero este saldo favorable, aunque alivia el problema financiero de nuestro país, no es una noticia sin elementos negativos: surge de la caída de las importaciones. En mayo las exportaciones sumaron ingresos por US$ 5.061 millones, con una caída del 16% interanual; mientras que las importaciones retrocedieron 31%, con un monto de US$ 3.168 millones. Es cierto que en mayo, si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del 2019, el saldo comercial habría arrojado un superávit sensiblemente mayor, de US$ 2.097 millones, debido a que los valores de los productos exportados mostraron una caída de 8,6% internacional, mientras que los precios de las importaciones retrocedieron 7,8%. Así, el superávit comercial se verificó en un contexto de retracción de los valores y de las cantidades intercambiadas a lo largo de los cinco meses del corriente año. La pandemia empeora la recesión local y la global. Nuevamente recomendamos leer esta nota que publicamos hace un poco más de dos años:China ¿nuestra nueva Inglaterra? Y aprender chino.

Pymes industriales reclaman por las tarifas eléctricas: «Cobran aún cuando no hay consumo»

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«Siguen cobrando lo que quieren, no respetan resoluciones del ENRE con excusas, y asfixian al sector productivo» acusó, furioso, el presidente de la Confederación Económica bonaerense (CEPBA), Guillermo Siro. Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (ADIMRA) dijeron: «Nos preocupa que este problema aún no esté resuelto, cuando existe una decisión de (la distribuidora general de energía) Cammesa que pide que se cobre lo consumido realmente». En la entidad metalúrgica se refieren a facturas actuales que oscilan entre los 100 a 200 mil pesos, durante períodos donde las fábricas estuvieron directamente cerradas o incluso ahora, con baja actividad. En el mismo sentido, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), afirmó: «No se puede aceptar el costo fijo de la energía si no hay consumo, ya que sin producir o en situaciones como la actual, representa un costo tremendo. Pretendemos que se elimine el cargo fijo; sería una medida muy importante porque no es justo afrontar facturas por consumos no realizados». Precisamente, para IPA, este es uno de los cuatro principales problemas de las pequeñas y medianas empresas. «Las distribuidoras y generadoras deben cobrar por el consumo, y no está claro el parámetro. Esto genera grandes perjuicios sobre las pymes». La directiva de CAMIMA (Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina), Rita Cosentino, sostuvo que » Edenor y Edesur realizan estimaciones de consumos por bimestres anteriores, distorsionando casos. Seguimos con la tarifa de energía por potencia contratada, y hay empresas que pagan y aún no están habilitadas». Norberto Fermani (titular de la cámara de ópticos) dijo que «las distribuidoras cobran energÍa como en un mundo ideal; las facturas llegan con montos tremendos por contratos prepandema, y no por lo consumido». En AgendAR señalamos que las empresas eléctricas siguen amortizando sus inversiones a través de las tarifas, se use la energía o no. Para ellas la pandemia no existe en sus cálculos. Y si el Ente Regulador no se impone, lo seguirán haciendo, también en los consumos domiciliarios.

En la Universidad de Tres de Febrero crearon una «cabina segura» para testear y detectar Covid-19

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Un médico y docente de la UNTREF creó una cabina construida con un material que evita la proliferación de gérmenes y permite la atención con una reducción de riesgos para el personal sanitario.

Según los últimos reportes del Ministerio de Salud de la Nación, alrededor del 9% de los casos confirmados de coronavirus en la Argentina corresponde a trabajadores de la salud: casi una de cada diez personas contagiadas. ¿Cómo cuidar a los que nos cuidan? Motivado por esa pregunta, Santos Tieso, médico otorrinolaringólogo y profesor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), diseñó una cabina para testear casos sospechosos de COVID-19 de forma segura. Una de ellas ya está en funcionamiento en el Centro de Salud N° 10 del municipio bonaerense de Tres de Febrero. “La idea surgió cuando mi primo, José Briguori, presidente de la pyme Tecnoamérica, me dijo que quería aportar algo para la situación sanitaria que estamos atravesando. Entonces pensé que, como médico, lo que necesitaba es algo que me permitiera estar cerca del paciente pero lejos del virus”, dijo Tieso. Así, decidieron construir una cabina que está dividida a la mitad por una placa de policarbonato: de un lado, ingresa el personal médico y, del otro, el paciente. Para que el primero pueda revisarlo, hicieron dos orificios a la altura de las manos y colocaron dos guantes de látex. De esa manera, el médico puede realizar su trabajo sin exponerse al virus. Pero la ciencia no está hecha solo de desarrollos exitosos, sino que avanza a partir de ensayo y error. Antes de diseñar la cabina, Tieso, que es profesor de Biofísica en la carrera de Ingeniería de Sonido, quiso aprovechar sus conocimientos en ondas electromagnéticas para desarrollar un método para sanitizar elementos muy utilizados por la gente, como el dinero y las tarjetas de crédito. Sin embargo, sus cálculos no llegaron a buen puerto y abandonó la idea. Una semana después, recuperó el entusiasmo con la fabricación de la cabina, que está hecha de corián, un material sintético que suele utilizarse en la construcción de quirófanos por sus propiedades bacteriostáticas, que impiden la propagación de gérmenes sobre la superficie. “Con la cabina se abarata enormemente la consulta del paciente febril. Se lo puede hisopar, sacar sangre y auscultar sin riesgos, y permite ahorrar una gran cantidad de equipos de protección individual (EPI) que deben utilizar los médicos para revisar a cada paciente, que son insumos caros y escasos. Además, si un médico revisa a 20 pacientes en un día, tiene que cambiarse 20 veces y con un cuidadoso protocolo. Esto lo termina enloqueciendo, además de exponerlo al riesgo de contagiarse al tener que vestirse y desvestirse tantas veces en medio de las urgencias”, explicó el médico. Una vez construida la cabina, faltaba resolver un problema: cómo esterilizar el área del paciente para que no haya riesgos de contagio entre quienes ingresen allí para ser revisados. Para este aspecto, Tieso trabajó con el ingeniero Remo Marcovecchio, con quien vienen estudiando desde hace tiempo la sanitización del agua a partir de la luz ultravioleta C. A partir de esta idea crearon un sistema sencillo de luces UV-C que se encienden entre paciente y paciente para esterilizar el lugar. “La cabina, que fue donada al Centro de Salud N° 10, se está utilizando con mucho éxito. Los médicos nos cuentan que trabajan más tranquilos, más enfocados en el paciente en vez de estar pensando si se llevan el virus a la casa”, afirmó Tieso. Además, la cabina también es útil para el rastreo de contactos estrechos de casos confirmados. En este caso, el centro de salud posee una unidad móvil que se encarga de ir a buscar y testear contactos estrechos, tarea para la cual también se utiliza la cabina. Actualmente, están construyendo una segunda cabina y la idea es seguir fabricando más según la demanda que tengan. Con respecto al costo, Tieso estimó que con la atención de 25 pacientes (y el ahorro en insumos médicos) ya se amortiza. También están atentos a la devolución que les hacen los médicos que la están utilizando, para poder perfeccionar el desarrollo. “Los otorrinolaringólogos estamos entre los que más sufrimos la epidemia porque trabajamos directamente sobre nariz y boca del paciente. La carga viral que se recibe es muy grande si no se toman precauciones. Eso es lo que me mueve a seguir trabajando en esto. Además, mi hija tiene la misma profesión: lo último que quisiera es que se contagie”.

La sociedad argentina y el campo. Segunda parte

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Este artículo en 3 partes de Roy Hora fue reproducido en AgendAR en momentos de tensión de los productores agrarios con el gobierno anterior. Creemos que tiene vigencia en momentos de otras, distintas, tensiones. 2ª La primera parte de este artículo está aquí. Se indicó ahí en los últimos párrafos que, en las elecciones legislativas de 1914, ya bajo la Ley Sáenz Peña, cuando la Unión Cívica Radical de Hipólito Yrigoyen fue por primera vez a las urnas en la provincia de Buenos Aires, Yrigoyen eligió para  encabezar su lista de diputados al estanciero Leonardo Pereyra Iraola, uno de los ganaderos más conspicuos del país. E hizo una muy buena elección. Roy Hora apuntó «Fue quizás la última vez que un exponente tan emblemático de la alta burguesía agraria que había liderado el formidable proceso de cambio rural del medio siglo previo estuvo en condiciones de encarnar un ideal inclusivo de comunidad.» «La era democrática no fue amable con los poderosos, y mucho menos con los poderosos del campo. Y estos, a su vez, le pagaron con la misma moneda. En los años de entreguerras, un foso cada vez más profundo, cavado al calor de la intensificación del conflicto social y la pérdida de centralidad económica del sector agroexportador, comenzó a dividir ambos mundos. El empresariado del campo fue en una dirección; la sociedad, en otra. Conflicto, industria y democratización Comencemos por la disputa social. En el curso de la década de 1910, los conflictos entre terratenientes y agricultores arrendatarios cobraron intensidad, lo que desprestigió a los propietarios y los empujó hacia el lado negativo de la ecuación política. Para la década de 1920, esta impugnación, nacida tímidamente con la huelga de Alcorta, Santa Fe, de 1912, se extendió a toda la región pampeana. También se impuso en la ciudad, tal como lo muestra la simpatía con que fue recibida por la población porteña la marcha al Congreso con que, en agosto de 1921, los chacareros de la Federación Agraria reclamaron una ley de arrendamientos que acotara el poder propietario. Ganaderos pequeños y medianos también elevaron sus quejas contra los grandes estancieros, diferenciándose y por momentos enfrentando a aquellos cuyo liderazgo hasta entonces habían aceptado. La Gran Depresión de comienzos de la década de 1930, que golpeó con dureza al campo, reafirmó este humor antielitista: de allí en adelante, la imagen pública del gran estanciero quedó asociada, cada vez más, al egoísmo y el atraso productivo. Desprestigiados y corroídos por la crítica popular, el terrateniente y su mundo terminaron de consagrarse como un obstáculo al progreso de la comunidad. La sociedad rural no solo expuso sus divisiones a la luz del día. La crisis del 30 marcó el comienzo de una etapa de declinación ya no del ascendiente de las elites rurales, sino del patrón de desarrollo centrado en las exportaciones pampeanas. En esos años, el motor económico del país se fue quedando sin energía. El cierre del mercado mundial hizo que la capacidad de integración social del país agroexportador se dañara de manera irremediable. La desocupación comenzó a ceder hacia 1933, pero los salarios permanecieron estancados por una década. Para trabajadores que se habían acostumbrado a que el progreso era el orden natural de las cosas, fue la señal de que vivían en un país distinto al de 1900 o 1920. Ese retroceso despejó el camino para la formulación de un nuevo horizonte a partir de la cual desplegar las aspiraciones de bienestar de las mayorías: la nueva nación crecida al calor de la sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial. El peronismo y el desarrollismo encarnaron, cada uno a su manera, las promesas de esta nueva era. Dividido internamente e impedido de formular una propuesta capaz de interpelar a los actores y protagonistas de un país cada vez más industrial, y en el que la población urbana ya superaba ampliamente a la rural (la tasa de urbanización en 1947 era de 62%, y se elevaba a 72% en la región pampeana), el agro quedó confinado a la irrelevancia, como un mero proveedor de recursos con que apuntalar la expansión de la ciudad. Allí, en las grandes urbes litorales, en torno de la manufactura y los servicios, se calmaban la sed de justicia social y las demandas de incorporación de las mayorías. Allí se labraba el futuro del país y hacia allí migraron, desde las provincias pampeanas y pronto también desde el interior profundo, los que anhelaban mejorar su condición. El campo era el pasado y, a juicio de muchos, un pasado en el que no había nada valioso para rescatar. Los descendientes de Leonardo Pereyra Iraola lo experimentaron en carne propia: su estancia más deslumbrante, San Juan, ubicada a las puertas de La Plata, fue expropiada en 1949, y en esas tierras nació el parque Derechos de la Ancianidad. Es indudable, sin embargo, que Juan D. Perón fue avaro con los que, desde su izquierda, le reclamaron una reforma agraria comprensiva y sistemática. El presidente justicialista se contentó con poner los recursos del sector exportador al servicio del proyecto que en verdad le importaba: una reforma de la sociedad urbana centrada en salarios elevados, pleno empleo y sindicalización, todo ello apoyado por la expansión del sector industrial. Para los arrendatarios, sin embargo, el nuevo país que había renegado del campo como motor de desarrollo no fue nada mezquino: gracias al congelamiento de los arrendamientos decretado durante la Segunda Guerra Mundial y convertido en ley en 1948, y desde entonces prolongado por más de 20 años, muchos de ellos se fueron sumando, poco a poco, al universo de los propietarios. Con un escenario sesgado a favor de los agricultores de menor escala, la línea de fractura nacida en Alcorta continuó dividiendo a la población de la campaña. En esta etapa de veloz diversificación del tejido productivo, el Estado pudo ampliar sus fuentes de recursos fiscales. Este programa fue tomando cuerpo desde la década de 1930, con la sanción del impuesto a la renta, que volvió a la administración pública menos dependiente de los avatares del comercio exterior. Luego fueron cobrando volumen otros impuestos dependientes de la actividad interna. Pero en la medida en que la manufactura crecida al calor de la sustitución de importaciones nunca logró generar sus propias divisas, los impuestos a las exportaciones agrarias siguieron desempeñando un papel primordial en el esquema tributario. La administración de las ventas externas por el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio durante el periodo 1946-1955 y luego los impuestos a las ventas externas, conocidos como retenciones, fueron sus principales manifestaciones. Pese a que ni sus recursos naturales, ni su capital humano, ni el tamaño de sus mercados de bienes y servicios podían augurarle un futuro promisorio para el crecimiento industrial, Argentina continuó progresando. Ya no brillaba en América Latina, pero siguió avanzando e incrementando el bienestar de sus mayorías. En la década de 1970, sin embargo, la sustitución de importaciones alcanzó su techo, y paralelamente el producto y el empleo manufacturero iniciaron un retroceso que hasta el día de hoy no se ha detenido. La notable inestabilidad macroeconómica que signa al país desde entonces agravó los problemas. Todo esto coincidió con una sed de divisas cada vez más intensa, producto ya no solo de las necesidades de la manufactura sino de las demandas de consumo de una sociedad que reclama más bienes y servicios que los que su economía puede generar. Las limitaciones del patrón de crecimiento centrado en la industrialización por sustitución de importaciones no conmovieron la visión negativa sobre el sector rural y su empresariado forjada en el curso del medio siglo previo. La principal protesta rural de la década de 1980 lo pone de relieve. El rechazo suscitado por el «camionetazo» que una importante asociación propietaria, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), organizó en marzo de 1985 contra un alza de las retenciones a las exportaciones decidida por el gobierno del presidente Raúl Alfonsín revela que, todavía entonces, los voceros del campo no podían asociarse a ningún proyecto de futuro. Esa protesta fue percibida como la expresión del egoísmo de un empresariado que no podía ver más allá de su propio interés, casi siempre opuesto al del resto de los argentinos. Aupadas por un amplio respaldo ciudadano, predominante en las clases medias urbanas, las fuerzas de seguridad sacaron a los ruralistas de la calle y las rutas sin miramientos. Nadie osó salir en su defensa. Todo esto nos recuerda que, en el renacer de nuestra democracia, expresiones como «empresa agraria» y «modernidad productiva» seguían perteneciendo a universos retóricos enfrentados. Para entonces, sin embargo, la pampa comenzaba a despertarse de la larga siesta que anestesió su potencial expansivo desde la Gran Depresión. Atenazadas entre un mercado mundial que osciló entre la atonía y el proteccionismo, y una política pública más orientada a extraer recursos que a promover el crecimiento, las exportaciones agrícolas se mantuvieron literalmente estancadas entre 1930 y 1960. En ese lapso, Argentina perdió cerca de dos terceras partes de su participación en los mercados mundiales de productos agrícolas. En la década de 1960, tractores y semillas híbridas comenzaron a revertir la caída. Por otros 30 años, sin embargo, la recuperación fue lenta. El terreno perdido comenzó a recuperarse a mayor velocidad desde la década de 1990. El principal factor fue una importante reducción en los costos del capital, que acercó a la agricultura pampeana a la frontera tecnológica internacional. Desde 2002, una fuerte expansión de la demanda asiática, que llevó los precios a las nubes, le dio bríos a este ciclo de crecimiento. Fue entonces cuando cobró envergadura una agricultura más dinámica y más plenamente capitalista, cuya punta de lanza fue el sistema de cultivo conservacionista de mínimo laboreo del suelo conocido como siembra directa (es decir, sin arado ni labranza). En comparación con otras regiones productoras de bienes agrícolas de clima templado en América del Norte, Europa central o Asia, la calidad y baratura del suelo siguen constituyendo un rasgo diferencial de la agricultura granífera argentina, que llevan a un uso intensivo de este factor. Desde la década de 1990, sin embargo, la inversión en tecnología desempeña un papel más central en el proceso productivo que en cualquier otra etapa del desarrollo agrícola pampeano del último siglo. Y esto, a su vez, estimula las economías de escala y premia a las empresas de espaldas financieras más anchas y gestión más profesionalizada. El salto tecnológico Convertidas en la vanguardia tecnológica del campo, las firmas de mayor tamaño constituyen el más importante impulsor de un proceso de concentración productiva todavía en curso. Estas empresas son las principales responsables del auge productivo que, con la soja como nave insignia, llevó la cosecha de granos de 40 millones a casi 150 millones de toneladas en los últimos 30 años. Aunque menos espectaculares, otros procesos de transformación se observan en la ganadería vacuna, impulsada por la tecnología del confinamiento o feedlot y, sobre todo, en la expansiva «industria» aviar, responsable hoy de más de 40% del consumo de carne en el país. Este nuevo escenario signado por el cambio tecnológico ha incrementado la presión sobre las chacras familiares. En el curso de las últimas tres décadas cerca de un tercio de estas empresas desapareció. Diversos elementos sugieren que ese porcentaje es superior en los distritos dominados por la agricultura exportable. Desplazados del proceso productivo, muchos agricultores cedieron sus tierras a empresas de mayor envergadura y pasaron a convertirse en rentistas. Al calor de este proceso de concentración productiva, el mundo agrícola actual se perfila como la contracara del forjado en la «primera globalización». A comienzos del siglo XX, los terratenientes imponían su voluntad sobre un vasto universo de chacras familiares, cuyo trabajo explotaban. Hoy son los grandes empresarios los que, en su condición de arrendatarios, labran la tierra de numerosos pequeños y medianos rentistas. Cuando a mediados de la década de 2000 el más famoso de estos nuevos potentados rurales se describía como un «sin tierra» –para entonces su firma explotaba casi 100.000 hectáreas ajenas–, cometía algo más que una boutade1. Arrinconada la explotación familiar, acotado el papel de la propiedad del suelo como factor determinante del patrón de desarrollo, el capital extiende su dominio sobre el campo. En un punto, sin embargo, el expansivo capitalismo agrario de nuestro tiempo no es el ciego expropiador que en su momento creyó ver Karl Kautsky. Las empresas de enorme tamaño, esas que controlan decenas e incluso cientos de miles de hectáreas, han demostrado ser criaturas frágiles: abruptos cambios en los mercados y en la política pública penalizan las estrategias de expansión muy veloces. La producción de commodities con una tecnología cuyo manejo está al alcance de muchas empresas hace del campo un ámbito poco favorable para la emergencia de unicornios del maíz o de la soja. Y si dirigimos la atención hacia el otro extremo del universo propietario, podemos constatar que muchos pequeños productores sufrieron el rigor de los nuevos tiempos, pero no al punto de verse obligados a desprenderse de su patrimonio. Las liquidaciones forzadas de tierra fueron un fenómeno limitado a la década de 1990, de poca significación relativa. En resumen: parcialmente acotada en la cumbre, la concentración productiva convive con una estructura de propiedad en la que todavía existen grandes propiedades pero que aun así tiene una impronta mesocrática, hija de la partición hereditaria y de las leyes de congelamiento de los arrendamientos de la década de 1940, y sostenida desde hace un par de décadas por la metamorfosis de muchos agricultores en rentistas. A su vez, esta agricultura se apoya sobre un vasto universo de empresas proveedoras de servicios, algunas de ellas con cientos de empleados pero otras de escala familiar, cuya prosperidad depende del éxito de la economía de la siembra directa. Estos procesos empujaron la constitución de un bloque agrario heterogéneo pero que, desde el punto de vista de la política de los intereses, carece de fisuras internas de importancia2. Allí convive una variedad de empresas de servicios –productores y proveedores de insumos, contratistas de maquinaria, AgTech que ofrecen servicios especializados, agrónomos y transportistas– junto con los agricultores que tanto la Federación Agraria como la Sociedad Rural aspiran a representar. Por primera vez en tres cuartos de siglo, este conjunto diverso pero con intereses confluyentes no solo puede exhibir una unidad que, si bien sometida a tensiones, no se ha quebrado en más de una década. También encarna la voz de un campo que ha logrado volver a hablar el lenguaje de la modernidad productiva. En el compost cultural que alimenta la imaginación de esta comunidad empresaria hay mucho más de futuro que de pasado.»

(Concluirá mañana)

Bayer pagará más de 10 mil millones de dólares en los juicios contra Monsanto. Glisofato y linfomas

El gigante alemán Bayer pagará más de u$s 10.000 millones para cerrar la mayoría de las demandas penales que asumió tras la adquisición de Monsanto, iniciadas en Estados Unidos por presuntas muertes y enfermedades que habría causado el uso del glifosato, herbicida «estrella» del portfolio de la empresa estadounidense. «Bayer anunció una serie de acuerdos que resolverán sustancialmente importantes litigios pendientes de Monsanto, incluidos los litigios de responsabilidad de producto Roundup en los Estados Unidos, los procesos sobre «dispersión de dicamba (otro herbicida)» y los litigios de «PCBs en agua«, informó la empresa, a través de un comunicado. «La característica principal es la resolución de Roundup en los Estados Unidos, que dará cierre a aproximadamente el 75% de los litigios actuales. Se trata de aproximadamente 125.000 demandas, presentadas y no presentadas en total. Las demandas resueltas incluyen todas las firmas de abogados demandantes que lideran el litigio federal multi-distrito de Roundup o los casos representativos de California seleccionados para juicio, y aquellos que representan el 95% de los casos actualmente listos para juicio, y establecen valores y parámetros clave para guiar la resolución del restante de los reclamos, a medida que avanzan las negociaciones». «Además, la resolución pone en marcha un mecanismo para resolver de manera eficiente posibles futuras demandas. La compañía efectuará un pago de u$s 8.800 millones a u$s 9.600 millones para resolver los litigios actuales de Roundup, incluyendo una asignación con la que se espera cubrir reclamos no resueltos y de u$s 1.250 millones, para apoyar un acuerdo colectivo por separado, con el fin de abordar potenciales futuros litigios». AgendAR ha seguido a lo largo del tiempo estos juicios en varias notas, dada la relevancia que tienen estos juicios para la actividad agrícola en Argentina, donde el glifosato -uno de los componentes del herbicida Roundup- es habitualmente usado. Sugerimos ver Monsanto: condenado por causar cáncer con el herbicida Roundup y Bayer anuncia una inversión de u$s 5.600 millones en herbicidas alternativos al glifosato.

Organigrama oficial: cuatro direcciones del sector eléctrico. Ninguna abarca la energía nuclear!

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A través de la Decisión Administrativa 1080/2020 se definió el organigrama del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas. La Secretaría de Energía, a cargo de Sergio Lanziani, presenta tres subsecretarías: Energía Eléctrica, Hidrocarburos, y Planeamiento Energética. Cabe señalar que el área administrativa y legal de la Secretaría de Energía pasó a depender directamente del ministro Matías Kulfas. Esta Subsecretaría de Energía Eléctrica dirige cuatro áreas estratégicas:
  • Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico
  • Dirección Nacional de Generación Eléctrica
  • Dirección Nacional de Infraestructura Eléctrica
  • Dirección Nacional de Transporte y Distribución Eléctrica
A su vez, la Dirección Nacional de Generación Eléctrica presenta tres direcciones: Dirección de Generación Hidroeléctrica, Dirección de Energías Renovables, Dirección de Generación Térmica. Dejó de existir, entonces, la dirección de energía nuclear. En AgendAR entendemos que en el área nuclear existen distintos proyectos, apasionadamente defendidos por sus partidarios, y no es fácil compatibilizarlos. Pero lo nuclear es demasido importante en Argentina, por historia y por presente, y la peor solución es la que no se implemente. Además, hay una ironía que esta Decisión Administrativa 1080 se haya hecho conocer un 24 de junio, fecha que un grupo de técnicos y trabajadores de la central nuclear Atucha recordaba en un comunicado: «Hace 46 años atrás, el 24 de junio de 1974, se iniciaba la operación comercial de Atucha I Presidente Juan Domingo Perón, primera central nuclear en Latinoamérica. Durante los primeros 90 días de pandemia, la central generó 723.344 MWh con un Factor de Carga Neto del 98,49%, cifra que refleja su excelencia operativa. Además, la planta se prepara para extender su vida útil. Estamos orgullosos y comprometidos con la generación de energía para millones de argentinos. #ArgentinaUnida #Atucha #nuclear»

«Aulas burbuja», para volver a la escuela

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Todos los alumnos, a partir de primer grado, deberán usar un barbijo casero, que tape la nariz, la boca y el mentón. Será obligatorio adentro y afuera del aula. El distanciamiento social obligatorio será de 1,5 metros, sin excepción. No se podrán hacer actos, reuniones ni eventos, y, en el caso de confirmarse un caso positivo dentro de la escuela, se cerrará el establecimiento por un día para una exhaustiva desinfección. La cantidad de alumnos dentro del aula estará limitada por la relación entre su superficie y el metro y medio de separación obligatorio entre pupitres. Y para lograr una mejor dinámica en las clases, se propone el modelo de las aulas burbujas, con la idea de formar pequeños grupos de 2, 3 o 4 estudiantes, rompiendo con el esquema tradicional del salón con los alumnos sentados en fila y mirando al frente. Esas son algunas de las pautas y recomendaciones que figuran en el protocolo nacional para el regreso presencial a las aulas, que presentó ayer el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. El Consejo Asesor creado para tal fin fue el responsable de la redacción de las casi 70 páginas que tiene el documento, que será debatido para ser aprobado por el Consejo Federal de Educación en los próximos días, a más tardar la semana próxima: Normas y sugerencias en relación con la salud, la higiene y la seguridad. También incluye posibles cambios en la arquitectura escolar, el funcionamiento de las universidades y de otros ámbitos como la ruralidad, la educación técnico profesional, las escuelas especiales y la actividad física, que fueron redactadas y consensuadas por un gran número de expertos y distintas organizaciones. Se trata, según Trotta, de un piso mínimo y obligatorio que todos los establecimientos educativos deberán cumplir, a los que luego se le sumarán los protocolos particulares de cada provincia, jurisdicción y de las propias escuelas. «Desde hace más de un mes venimos pensando en el regreso a las aulas bajo la premisa del cuidado de la salud, y de la construcción de consensos. Para eso creamos el Consejo Asesor [a través de la resolución 423], en el que participan representantes de todos los sectores de la educación», señaló Trotta al inicio de la conferencia. Lo acompañó durante las dos horas que duró el encuentro virtual el biólogo Diego Golombek, director del INET y responsable del consejo asesor. Los protocolos, según el científico, conforman un trabajo con lineamientos detallados y exhaustivos. Señalan, por ejemplo, la concentración y el porcentaje de lavandina que debe diluirse para desinfectar las superficies, y sugieren ideas como la de «dejar la puerta principal de acceso al baño siempre abierta, para que los chicos no tengan que tocar el picaportes en cada ocasión que van», dijo Golombek. El documento prevé dos instancias: una previa a la apertura de los establecimientos, para garantizar las condiciones sanitarias, y otra que contempla el accionar cuando las escuelas estén en funcionamiento, siempre y cuando la situación epidemiológica de cada región lo permita. «Es un trabajo amplio, consensuado por los más diversos especialistas, plural, que busca derribar los lógicos temores y generar una conciencia colectiva de cuidados para disminuir las posibilidades de contagio», dijo Trotta. Y agregó: «Capacitar a los docentes, al personal docente y preparar a las familias para la vuelta a una escuela que no será la misma que en marzo requiere de cuidados específicos y normas nacionales. El sistema educativo moviliza a más de 15 millones de personas por lo que resulta definitorio el nivel de circulación del virus en cada lugar previo al regreso». Por su parte, Golombek, señaló que es fundamental hacer la distinción entre protocolos que son obligatorios y recomendaciones, que serán adaptadas a cada jurisdicción. «También estamos trabajando en protocolos para aplicar en el transporte público y el escolar. La idea es retrasar un poco el horario de ingreso a la escuela para que no coincida con el pico laboral», explicó Trotta. «Además estamos analizando con el Ministerio de Salud para promover una campaña de vacunación contra la gripe en docentes y chicos, y elaboramos recomendaciones especiales para modalidades educativas específicas como la artística, educación técnico profesional (ETP), educación física, educación especial, en contextos de encierro y facultades de salud». (Entre los participantes en la conferencia virtual se observó una aparente contradicción entre el nivel actual de contagios, que obliga a endurecer la cuarentena, y este protocolo para volver a las aulas. Desde AgendAR señalamos que el «pico» se registra, sobre todo, en el Área Metropolitana. El resto del país debe empezar a encarar este tema, sin apresuramientos.

Tecnólogos argentinos desarrollaron un sistema para hacer monitoreo remoto de pacientes Covid-19

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La solución está destinada a los enfermos leves que tienen que cumplir con internación domiciliaria. Los médicos podrán seguirlos a distancia.

Un equipo de profesionales, investigadores y emprendedores argentinos está terminando de poner a punto un sistema de monitoreo médico remoto que puede ser aplicado a pacientes diagnosticados con Covid-19. Cuando los afectados por coronavirus tienen síntomas leves y deben transitar la enfermedad en aislamiento hogareño, emplear esta tecnología facilitaría hacerles un seguimiento y detectar, en forma precoz, si el contagiado empeora. En esos casos el sistema inteligente dispara una alerta y los médicos pueden determinar con rapidez si es necesario una visita personal al domicilio o enviar una ambulancia para trasladarlo al hospital. “Nuestra compañía diseña y fabrica equipos que se usan en universidades de todo el mundo para hacer investigación y algunos se pueden manipular y supervisar a través de Internet: lo llamamos “un laboratorio en la Nube””, contó Sergio Simonetta, doctor en biología y ex-investigador del Conicet, que se retiró de la carrera para fundar Phylumtech. “Cuando apareció la pandemia nos pusimos a pensar si nuestra experiencia en tecnología remota podía ayudar y descubrimos que no había una opción disponible para monitorear personas diagnosticadas con Covid-19, ya sea asintomáticos o con sintomatología leve que deben cumplir aislamiento en su hogar”. Hasta ahora, el protocolo indica que un médico debería hacerles seguimientos diarios, ver como evolucionan y determinar si -eventualmente- necesitan derivación a un centro médico. Justamente, para determinar como pueden evolucionar estos pacientes hay un par de indicadores claves que dan pistas. Uno es la fiebre y el otro la cantidad de oxígeno en sangre que se mide con un oxímetro. Y si una persona tiene baja saturación puede ser un indicio para una internación. “En su casa todo el mundo dispone de un termómetro, pero no de un oxímetro, detalló la doctora Ingrid Briggiler, ginecóloga y fundadora de la compañía de telemedicina “Llamando al Doctor”, que se asoció con Phylumtech para las pruebas y futuro uso de este dispositivo.
PARA TENER UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA CADA KIT NO DEBERÍA COSTAR MÁS DE $3500
“El paciente solo debe colocarse el equipo dos o tres veces por día, durante un par de minutos, según le indiquen, y en forma automática se toman esos parámetros y son enviados por Internet o por una línea de teléfono celular a una central de monitoreo, supervisada por nuestros médicos. Si algún dato se sale de los números esperados, el sistema lo detecta, dispara una alarma y el profesional revisa que pasa, puede llamar al paciente o, incluso -si es necesario-, avisar a urgencias y enviar una ambulancia al domicilio”, agregó la experta que se dedica a desarrollar servicios de telemedicina desde 2016. Según Simonetta, “para poder tener una solución económica -queremos que cada kit no supere los $3500 de costo- lo armamos usando tecnología open source, y con sensores no invasivos, usamos una placa de hardware Arduino que incluye un módulo de conexión WiFi e hicimos una aplicación Web que muestran en forma gráfica la evolución del paciente”. Actualmente el equipo, que está en proceso de homologación por entidades como INTI y Anmat, suma un pulsioxímetro de dedo, que mide la saturometría y la frecuencia cardíaca; una mascarilla con sensor de CO2, para determinar la frecuencia respiratoria; y un sensor de temperatura corporal periférica. Funciona con pilas comunes y realiza las mediciones en un par de minutos. Mientras que ahora esta solución puede ayudar a manejar la emergencia del coronavirus, este tipo de dispositivos de telemedicina son prometedores: “es algo nuevo el mundo, pero está creciendo”, explicó Briggiler. Y aseguró que “en el mediano plazo, estos equipos van a ser algo tan común como hoy los termómetros, que están disponibles en cualquier casa. La razón es que -en muchos casos- recogen información que puede evitar concurrir a una guardia o consultorio por temas menores: desde renovar la receta de un paciente crónico, a chequear los resultados de análisis de rutina o -incluso- resolver consultas pediátricas de baja complejidad”.

La seguridad de los datos

“Un aspecto importante que tuvimos en cuenta para diseñar la solución de telemedicina fue el cuidado de la privacidad y la seguridad de los datos recogicos”, dijo Adrián Lasso, vicepresidente de la compañía Baufest y responsable del desarrollo de software que soporta el monitor remoto. “En cuanto a la privacidad, decidimos que la información de la persona no se almacene sino que sólo se muestre la identificación de cada dispositivo. En caso que los equipos sean usados por instituciones medicas, es posible vincularlos con sus propios sistemas de atención de pacientes para que los datos y parámetros personales de cada persona sólo puedan ser accedidos por los médicos o el personal de salud debidamente autorizados y así poder preservar la privacidad de esa data sensible”. Según el experto, al escribir el software usamos las mejores prácticas para asegurar tanto la transmisión como el almacenamiento de toda la información delicada relacionada con cada usuario”.

Enrique Garabetyan 

La sociedad argentina y el campo. Primera parte

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Este artículo en 3 partes de Roy Hora fue reproducido en AgendAR en momentos de tensión de los productores agrarios con el gobierno anterior. Creemos que tiene vigencia en momentos de otras, distintas, tensiones. 1ª Reproducimos este valioso ensayo de Roy Hora, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, profesor en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Nacional de Quilmes, e investigador principal del CONICET. Es un intelectual que escribe sobre lo que ha estudiado. «Argentina, el país del «vértigo horizontal» de las grandes planicies, respira campo. Pero al mismo tiempo es un país apabullantemente urbano, en el que los imaginarios sobre ese campo se construyen a menudo a la distancia. Los conflictos recurrentes por el reparto de la renta agraria, en un contexto de fuertes transformaciones tecnológicas y de cambios en la propiedad de la tierra, dejan ver las discusiones irresueltas y plantean nuevos debates sobre la relación entre campo e industria, el tipo de impuestos deseables y la sostenibilidad del modelo actual. Tras un segundo aumento de los derechos que gravan las exportaciones agrícolas, impuesto a solo tres meses de que Alberto Fernández asumiera la Presidencia, el malestar viene creciendo entre los empresarios del campo. Por el momento, la pandemia de covid-19 que asola al mundo ha sacado el tema del centro del escenario, dirigiendo la atención hacia problemas más urgentes y, de paso, deshilachando la protesta que las asociaciones ruralistas, reunidas en su Mesa de Enlace, habían programado entre el 9 y el 12 de marzo. El malestar agrario, sin embargo, no ha desaparecido, y más tarde o más temprano volverá a expresarse. Aunque es muy improbable que alcance la virulencia del conflicto del campo del otoño de 2008, el espectro de esa protesta continúa acechando. Doce años atrás, durante cuatro meses de intensa disputa, la Argentina urbana aprendió sobre impuestos a las exportaciones y siembra directa, sobre productores de soja y piquetes agrarios. Visto a la distancia, la principal consecuencia de la mayor protesta agraria de toda la historia argentina fue la constitución del «campo» como una fuerza sociocultural y, sobre esa base, aunque de manera mucho menos exitosa, como un actor dispuesto a alzar su voz en la disputa política. Una década más tarde, mucho de ese legado sigue vigente. ¿Cuánto hay de novedoso en el panorama que se abrió en 2008, tan decisivo para entender el malhumor propietario que vuelve a desplegarse ante nuestros ojos? Quizá no tanto como algunos suponen. Basta una rápida mirada hacia atrás para constatar que, desde muy temprano en la historia argentina, cierto grado de tensión constituyó un rasgo definitorio de la relación entre el empresariado rural y el Estado. No podía ser de otro modo en un país que ya en la última parte del siglo XIX contaba con un sector público de dimensiones considerables cuyo financiamiento, inevitablemente, dependía del agro pampeano, su motor económico y su único generador de divisas. El campo como locomotora Contra lo que afirma el mito liberal y reafirma el populista, para 1910 Argentina ya había forjado un Estado que era mucho más que un guardián nocturno. Su tamaño, medido en términos de erogaciones per cápita, se encontraba entre los mayores del mundo. Un sistema educativo que era motivo de orgullo nacional, un presupuesto militar elevado, grandes inversiones en infraestructura (ferrocarriles y puertos, edificios públicos y agua corriente) y una abultada deuda externa ayudan a explicar por qué el Estado costaba, ajustado por el tamaño de la población, tanto como en Francia o Alemania. Pero a diferencia de estos países, que poseían economías más diversificadas y menos asimetrías regionales, aquí solo la pujante economía exportadora surgida en las fértiles praderas pampeanas podía saldar esa cuenta. De manera directa o indirecta, el grueso de esos recursos salía del campo. Considerando la temprana emergencia del Estado más robusto y costoso de América Latina, no sorprende que el problema del tamaño y la calidad del gasto público animaran el debate cívico desde antes de la era democrática. Y que la presión fiscal diese lugar a pujas y disputas y, en ocasiones, también a movilizaciones. En los principales distritos pampeanos (Buenos Aires y Santa Fe) las hubo al menos desde comienzos de la década de 1890, y en ellas participaron tanto agricultores como ganaderos y terratenientes. Por su significación, conviene detenerse en la rebelión fiscal del verano de 1911-1912, buen ejemplo de las protestas que movilizaron al empresariado del campo a comienzos del siglo XX. En esos meses, un abrupto incremento del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires puso en pie de guerra a la clase propietaria. Las empresas agrarias no podrán sostener ese nivel de impuestos e irán a la quiebra, dijeron, palabras más, palabras menos, muchos exaltados. Al calor de esa rebelión fiscal, Defensa Rural, un partido de base terrateniente nacido en los salones de la Sociedad Rural Argentina, se propuso desafiar al gobierno provincial. Animados por la sanción de la Ley Sáenz Peña, que aseguraba elecciones mucho más transparentes y participativas que las anteriores, los grandes estancieros dijeron presente. Es importante destacar que la constitución del empresariado rural como un actor político no tuvo lugar en el seno, sino contra el gobierno del Partido Conservador. Una prueba más de que la idea de bloque histórico no describe bien la relación entre Estado y clase propietaria en la Argentina oligárquica. ¿Por qué los ruralistas desafiaron a una fuerza política tan poderosa como el oficialismo de entonces? Porque eran la única voz que hablaba en nombre de un sector de actividad que, desde la izquierda hasta la derecha, todos veían como la locomotora del país. Al fin y al cabo, el sector agroexportador había convertido la economía argentina en una de las de más veloz crecimiento del planeta en la «primera globalización». Y porque, pese a la pregnancia del sentimiento antielitista que por entonces ya tenía un lugar en la vida pública, los capitalistas rurales aún no eran tenidos por enemigos de la comunidad salvo por grupos minoritarios, de escasa gravitación en el debate público. En abril de 1912, los estancieros de Defensa Rural aprendieron que no es posible competir en elecciones sin el respaldo de una organización bien implantada en el territorio y mordieron el polvo de la derrota. Aun así, la creencia de que estos actores tenían cierto ascendiente sobre la población de la campaña no parece haber sido del todo equivocada. De hecho, cuando dos años más tarde la Unión Cívica Radical (UCR) de Hipólito Yrigoyen fue por primera vez a las urnas en la provincia de Buenos Aires (en 1912 se había abstenido), su lista de diputados estuvo encabezada por Leonardo Pereyra Iraola, uno de los ganaderos más conspicuos del país. La legislación electoral daba entonces a los votantes la posibilidad de tachar nombres en la boleta de su elección (no existía la «lista sábana»), lo que nos permite conocer mejor sus preferencias. El conteo de los votos muestra que el jefe radical no se equivocó al colocar a Pereyra Iraola como mascarón de proa de su programa de renovación de las instituciones: fue el más votado de la lista radical y superó a candidatos de carreras políticas más notorias y nacidos en cunas más populares. La lección parece clara: en el principal distrito agroganadero del país, ser un terrateniente reconocido, más que un baldón, podía constituir un activo. Un personaje como Pereyra Iraola no disminuía, sino que incrementaba el atractivo de una organización política que aspiraba a conquistar el voto popular. Pero no por mucho tiempo. Fue quizás la última vez que un exponente tan emblemático de la alta burguesía agraria que había liderado el formidable proceso de cambio rural del medio siglo previo estuvo en condiciones de encarnar un ideal inclusivo de comunidad.»

(Continuará)

Mangas de langostas en Santa Fe y en Corrientes. Córdoba se prepara

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Hace dos meses, el 19 de abril, AgendAR informó Volvió la langosta a la Argentina. Ahora, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba señala que, junto al SENASA, comenzaron a articular acciones de seguimiento y monitoreo ante el avance de una plaga de langostas que ya ha llegado hasta el norte de Santa Fe. Según los datos que ha venido recolectando el Senasa en los últimos días, las mangas con estos insectos provienen de Paraguay y se asentaron ahora en el departamento General Obligado de esa provincia. También hay un foco en Corrientes. En la calificación del Senasa, Santa Fe y Corrientes están bajo “peligro” y Córdoba figura en “precaución”. Precisamente por eso, las autoridades sanitarias decidieron activar medidas preventivas ante la posibilidad de que las langostas entren a Córdoba por el nordeste. En el mapa se puede ver el avance de la plaga, y el nivel de advertencia para las distintas provincias. De todos modos, las informaciones técnicas indican que, en función de las características climáticas que se esperan en las próximas horas -fundamentalmente la dirección del viento-, es más probable que la manga se dirija hacia sectores de las provincias de la Mesopotamia, y no hacia Córdoba. La luz amarilla, no obstante, existe: el Ministerio recordó que en aproximadamente un kilómetro cuadrado pueden movilizarse hasta 40 millones de insectos, comiendo pastizales equivalentes a lo que pueden consumir dos mil vacas en un día. En este marco, desde el Gobierno provincial y el Senasa recordaron que la Ley Nacional 27.233 establece la obligación del productor agropecuario de denunciar la presencia de la plaga en sus establecimientos, como así también el control con los productos autorizados para tal fin. Para hacer estas denuncias, hay que contactarse con el Senasa a través de la línea 0800-999-2386, del correo electrónico [email protected], o a través de la aplicación Alertas Senasa. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en tanto, también cuenta con una línea para denuncias: 0800-8888-AGRO. Además, la cartera provincial y la dirección local del organismo nacional cuentan con protocolos de trabajo que pueden ser activados en caso de ingreso de la plaga. Entre otros aspectos, incluyen una red de informantes en todo el territorio cordobés, y la articulación con municipios y comunas para el desarrollo de las tareas de control.