Son muchas las esperanzas que el sector agrícola tiene depositadas en la biotecnología, y uno de los grandes argumentos que se suele esgrimir es la posibilidad de reducir el impacto de los fenómenos climáticos en los cultivos. En ese sentido, el gen HB4 es un caballito de batalla con bandera nacional, y como tal tenía que tener su espacio en el XXVI Congreso de AAPRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, donde se ve el futuro de la agricultura.
AgendAR ya publicó su posición sobre este tema, que puede leerse aquí.
Ignacio Crippa, líder de producto de Indear -la empresa de investigación y desarrollo del grupo Bioceres-, fue el encargado de mostrar los resultados que viene dando el gen que aporta tolerancia a sequía y salinidad en los cultivos de soja y trigo en su fase de ensayos, una tecnología que llega para aportar estabilidad a los rindes.
En síntesis, a partir de 37 ensayos realizados en la Argentina (contando los realizados en EE.UU. suman 50 ensayos) se encontró que el gen HB4 genera mejores rindes en condiciones de estrés hídrico y que en condiciones óptimas no tiene penalidad.
“En soja, los ensayos demuestran que mejora los resultados en un 13 % en promedio en condiciones de estrés, pudiendo alcanzar hasta un 30 % en condiciones de sequía severa. En trigo, los resultados son un 25,2 por ciento más de rendimiento en condiciones limitantes y un 1,4 más en lotes con napa”, aseguró Crippa.
La tecnología, que se desarrolló por primera vez en el cultivo de girasol a partir de un descubrimiento realizado por profesionales de la Universidad Nacional del Litoral y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) liderados por la Dra. Raquel Chan,genera en las plantas un aumento de la fotosíntesis y una disminución en la senescencia.
Según Crippa, “teniendo en cuenta los rindes promedio de trigo de la Argentina, HB4 puede ser considerado un gen no solo de resistencia a sequía sino de rinde”.
¿Cómo sería la producción en un año de sequía si todos los materiales de trigo y soja del mercado tuvieran esta tecnología? Bioceres hizo el cálculo: “En los últimos cinco años, la producción promedio de Argentina en soja es de 55 millones de toneladas. En la última campaña se perdieron 16 millones por la sequía, de las cuales con el evento se podría haber recuperado 4,5 millones de toneladas (un 26%)».
«En trigo, con el evento se podría haber recuperado más de 2 millones de toneladas”, dijo el técnico, y añadió que en términos económicos el impacto del gen podría haber llegado a los casi 2000 millones de dólares entre ambos cultivos.
Nueva York no otorgará nuevas licencias por plazo de un año para la empresa de transporte Uber y otras similares, según decidió el concejo deliberante de la ciudad.
Durante ese plazo el Gobierno local evaluará los efectos en el medio ambiente, el tráfico y el sector de taxis, cuyos conductores se han quejado de la creciente congestión de tránsito y la caída de los ingresos debido al aumento de la competencia.
«Nuestra ciudad enfrenta directamente una crisis que está llevando a los trabajadores de Nueva York a la pobreza y a nuestras calles al embotellamiento. El crecimiento incontrolado de las empresas de vehículos basadas en aplicaciones ha requerido medidas y ahora las tenemos», escribió a través de Twitter el alcalde la ciudad, Bill de Blasio.
La medida también afecta a empresas similares como Lyft, y habrá excepciones para aquellos vehículos con accesibilidad para discapacitados. La legislación habilita además la posibilidad de establecer tarifas mínimas para los conductores de Uber en Nueva York.
En Argentina, Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en permitir que funcione Uber.
Empresas como Uber y Lyft argumentan que limitar la emisión de licencias «dejará tirados» a muchos habitantes, que se enfrentan al racismo, o de bajos recursos, fuera de Manhattan, que tendrán que recurrir al deficiente sistema público de transporte -el metro pasa por horas críticas-, y de ello se hicieron eco los concejales que votaron en contra.
El riesgo país argentino trepó ayer a 619 unidades, el nivel más alto en la gestión de Mauricio Macri (Su anterior registro más alto fue 610 puntos, el 29 de junio pasado, en plena corrida cambiaria cuando el dólar «tocaba» los 30 pesos).
El Riesgo País mide el diferencial de tasas que pagan los bonos del Tesoro de EE.UU. contra los títulos de otros países. En el caso de la Argentina, ha subido en este año 2018 casi 300 puntos. En el mismo periodo, el promedio de la suba en los demás países emergentes -todos afectados como el nuestro por el alza de las tasas en EE.UU.- es de 50 puntos. Y el de los países latinoamericanos, menos de 50.
Hoy jueves 9, probablemente también como reflejo de la desconfiaza de inversores y especuladores, el dólar pegó un pequeño salto y llegó a $ 28,60.
Los analistas de los medios lo atribuyen a los malos resultados de la gestión y al escándalo por los supuestos sobornos en la obra pública, que afecta a grandes empresas. Esos factores influyen, sin duda. En AgendAR estos índices no nos resultan tan alarmantes como los ruidos en la cadena de pagos del comercio y la industria, de los que informamos aquí. Pero creemos el problema es estructural: una política que atiende sólo al aspecto financiero y no contempla el mercado interno ni la producción argentina.
Las cosechas argentinas fracasaron el verano 2017/2018 por una obstinada falta de agua. Pero este invierno en llueve con fanatismo, AgendAR declara que el campo necesita también agua pesada para poder fertilizar el suelo sin fundir la chacra importando nitrógeno. Pedimos un minuto de su atención para probar que no estamos locos. O tal vez sí lo estamos, como país: tenemos una instalación capaz de darle al campo 700 mil toneladas de amoníaco y 1 millón de toneladas de urea granulada… y está en perfecto estado, pero parada, y a punto de cierre y chatarreo.
Esa instalación es la Planta Industrial de Agua Pesada, o PIAP, en Arroyito, Neuquén, sobre el último embalse del río Limay. Es la mayor del planeta en su tipo.
El agua pesada en un insumo nuclear, no agropecuario. En lugar de un oxígeno ligado a dos hidrógenos, tiene un oxígeno ligado a dos isótopos pesados del hidrógeno: átomos de deuterio. En la jerga, D20 en lugar de H20. Líquido ideal para volver reactivo un combustible pobre, como el uranio natural de nuestras centrales. Hasta ahora, no parece que le estuviera hablando al agro pero pido paciencia. Tanto hablaremos de producción agrícola que incluso mencionaremos algo tan rural (al menos en el Sudeste Asiático) como la educación de los elefantes. Es promesa.
AgendAR interpela a sectores tan diversos y desencontrados como la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria (FAA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), los grupos CREA, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), las Confederación Rurales Argentinas (CRA), los contratistas de todo tamaño, las cerealeras, las semilleras y el campo todo. Tienen un interés común y no lo saben: si se cierra la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, Neuquén (y todo indica cierre) los productores agropecuarios pierden la mayor productora de amoníaco del planeta: 2150 toneladas/día. ¿Se imagina la cantidad de bolsas de diversos fertilizantes nitrogenados que se puede sacar de eso?
Por qué el amoníaco sirve para extraer D20 del H20, esa es una historia para nucleares. Ud., que lee Clarín Rural, La Nación Campo y la revista Supercampo en lugar de Nucleonics Week, no está exceptuado de tener unos 5 gramos de D20 en su masa corporal. Eso ocurre porque en 1 millón de moléculas de lo que llamamos genéricamente “agua” hay 156 de D20. Sin ese líquido azulado, el D20, pero llevado a una pureza del 99,75%, nuestra flota de centrales nucleoeléctricas se apagaría, y con ella también su computadora y hasta su fábrica de aceites, de harinas y de biodiésel, si tiene una: la agroindustria es electrodependiente. Pero vamos a lo que le interesa a Ud.: el amoníaco de la PIAP.
Del amoníaco salen el ácido nítrico y de éste casi todos los fertilizantes nitrogenados que nos faltan: urea, nitrato de amonio, etc. Si compramos 1/3 del amoníaco de la PIAP estaremos bien de nitrógeno un tiempo. Nos seguirán faltando los imprescindibles fosfatos, porque son raros en la corteza planetaria.Los esquivos fosfatos seguirán viniendo de China, EEUU o Marruecos. Y a precios terribles, dado que son un recurso escaso que ya pasó su pico mundial de producción hace 4 décadas y se extinguirá en las 4 siguientes, y después… ¿Dios proveerá? Pero entre tanto, con 1/3 de la PIAP dedicada al campo, combinar fósforo marroquí con nitrógeno argentino puede ser química pesada local, y dinero del productor criollo (otro recurso escaso) que se queda en el país.
En caso de cierre, el agro local sacrifica la posibilidad de fabricar un plus de 700 mil toneladas de amoníaco y 1 millón redondo más de toneladas de urea granulada nacionales. Eso es “grosso modo” lo que saldría de un tercio de la PIAP reconvertida para ser abastecedora número 2 del campo argentino. El puesto número 1 lo seguiría teniendo PROFÉRTIL en Bahía Blanca, por especialista.
Sumando todos los productores locales de nitrogenados, incluidos BUNGE en Campana, PROFÉRTIL y ese tercio disponible de la PIAP, más los fabricantes chicos, en 2025 de todos modos quedarán cortos para cubrir la demanda agropecuaria proyectada por la Asociación Civil FERTILIZAR. Y eso porque el regreso de la rotación de soja con trigo o maíz hace que el suelo de la llanura chacopampeana hoy pida nitrógeno a gritos. Y máxime en los lugares “top” como el cinturón Rosafé, donde los precios y rindes del trigo justifican la refertilización a macollaje.
(Para los lectores nucleares, lo del macollaje es volver a fertilizar el suelo cuando la planta está en brote: el crecimiento se dispara. La urea granulada es la que mejor se incorpora al suelo y menos nitrógeno pierde por evaporación. En cuanto al célebre fosfato diamónico, es el “burro de arranque” del motor biológico del suelo: lo pone en marcha para la siembra. Pero si aquí podemos sintetizar los radicales amonio, los fosfatos vienen de afuera sí o sí, pues nuestra geología es unánimente pobre en fósforo. La PIAP no remediaría eso: no hace magia).
En febrero de 2017, Mario Sufritti, recién nombrado presidente de PROFÉRTIL, suponía que en 4 o 5 años el campo iba a demandar un 50% más de fertilización que la de 2016. Ésta acababa de aumentar a su vez un 46% medida contra la de 2015. Sufritti pensaba que en 2022 o 2023 se alcanzaban las 140.000 toneladas cosechadas, y en el año y medio que pasó, fuera de las intercurrencias climáticas, los números le van dando la razón. El experto dijo también que para terminar con la “minería de suelos” (extracción de nutrientes sin reposición) había que llegar a 9 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, casi el triple de lo gastado en 2016.
Cuando se persiste en la “minería de nitrógeno”, pasa lo que en Córdoba con el trigo: cosecha 2018 récord, más de 1,4 millones de hectáreas sembradas por tercer año consecutivo. Y un volumen importante de grano que no llegó a los valores mínimos de proteína del estándar actual, y se pagaron menos. Si apostamos a super-cosechas, hay que super-fertilizar. Con la urea granulada a U$ 460 la tonelada, los productores medianos y chicos no pueden seguir en carrera. Terminan “cambiando la plata”, alquilando, o fundiéndose.
Todo en la PIAP es monumental: la producción, la superficie, la complejidad, los consumos.El equipamiento adicional de química pesada para hacer de la PIAP la 2da. proveedora de nitrógeno local estaría en U$ 520 millones. En realidad, deberían ser más de U$ 800 millones, pero la inversión principal, las dos enormes columnas de 47 metros de alto donde se fabrica amoníaco por la reacción de Haber-Bosch, está pagada. También la infraestructura de suministro de gas y electricidad en cantidades majestuosas.
A plena operación, la PIAP devora 1200 MW/hora (3/4 del consumo de Neuquén Capital) y 700.000 m3 de gas diarios. Por eso a fines de los ’70 el contralmirante Carlos Castro Madero, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la instaló en Neuquén, a tiro de las centrales hidroeléctricas del Limay y el Negro, y del gas de Loma de la Lata (hoy, el de Vaca Muerta). Todos esos son costos hundidos. Castro Madero quizás nunca se imaginó que esa planta, para salvarse, podría terminar trabajando para el campo. Y salvándolo. Por un tiempo, al menos.
Hasta el ramal ferroviario de la vieja línea Roca, hoy Tren Norpatagónico, está a tiro de la PIAP, en servicio hoy algo lerdo pero a punto de mejorar. El 29 de junio de este año el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y los gobernadores Alberto Weretilnek (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén), anunciaron la reparación a nuevo de los 700 km. de trocha ancha doble que ligan Añelo (Neuquén) con Puerto White (Bahía Blanca), una inversión de U$ 570 millones por el sistema PPP (Participación Público-Privada). Ese riel es el cordón umbilical de insumos de “fracking” de los campos de gas y petróleo de Vaca Muerta, Neuquén.
Con vías bien calzadas, la velocidad promedio de las formaciones cargueras pasará de los 12 km/h de hoy a 96 km/h. y las cargas anuales de 700.000 toneladas a 4,1 millones en 2030. Pero si a la arena especial, los tubos sin costura, las frutas, materiales de construcción, metanol y alimento balanceado que llevará y traerá el Tren Norpatagónico se le añadieran el amoníaco y la urea granulada desde la PIAP hasta White, los números de la línea cerrarían por encima de lo proyectado por Dietrich.
La demanda, en términos logísticos, está cerca, porque en la ecuación casi no hay camiones. La más urgente vendría probablemente desde el complejo industrial de “crushing” sojero del Gran Rosario, que se reparte sobre 70 km. lineales de costa santafecina jalonados de 19 puertos privados, vecinos de «la crema» de los campos argentinos, tendidos tierra adentro hasta a 300 km. del Paraná, y pidiendo nitrógeno.
Desde Arroyito a White el nitrógeno viajaría en tren, y de allí hasta el Gran Rosario, por agua salada y luego remontando la amarronada del Paraná. Riel y agua, flete barato.
Lo dicho: el rompecabezas de la fertilización está casi completo. Falta insertar en él la PIAP neuquina. Y no es tanto cuestión de plata, aunque nunca sobra, como de visión empresarial y/o o de estado, que en algunas circunstancias sobra un poco menos.
De ahí este llamado.
Razones para seguir fabricando agua pesada
El gobernador Gutiérrez fue proclive a dedicar un tercio de la PIAP a fines agrícolas, pero no puede. Como copropietaria del 49% de ENSI (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería), su provincia no tiene la plata. Lo que sí tiene es un problema de gobernabilidad: en la ENSI trabajan 420 profesionales y técnicos muy especializados, y personal de apoyo que suma 600 puestos más, todos a punto de perderse. Por ende, la idea de Gutiérrez es mantener la instalación en marcha entre 2 y 3 años más. Generaría así una reserva estratégica de 300 toneladas de D20 “de reposición” para la que van perdiendo, año a año, las Atuchas I y II en Lima, provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba. Gutiérrez no le añadiría ni un tornillo a la PIAP actual: claramente apuesta a pasarle el problema al propietario del 51% de ENSI, el gobierno nacional, preferiblemente no éste sino el próximo.
Pero NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina), compradora natural del producto de la PIAP por ser la constructora y operadora de centrales nucleares del estado, está siendo desguazada en recursos humanos, planes de desarrollo y fondos por el actual Ministerio de Energía. Por ende, tampoco puede firmarle contrato de compra de D20 a Gutiérrez. La PIAP hoy carece de plan A y de plan B.
Como todas estas centrales nucleoeléctricas deben reponer unos U$ 34 millones de D20/año y van a durar en operaciones, en promedio, 22 años más, el plan B de Gutiérrez liberaría a la Argentina de importar U$ 680 millones a precio de hoy de este líquido extraño y azulado del que, por ahora, es el primer fabricante mundial.
Eso, en un planeta donde hay 49 centrales, 47 de ellas CANDU de diseño canadiense, que necesitan reponer D20, sin tener autoabastecimiento pleno. Están en Canadá, Corea, Argentina, la India, Rumania y China. Éste último país compró 2 CANDU medianas de 728 MW, en línea desde 2003, y en septiembre de 2016 la CNNC y Lavalin, de Canadá, firmaron un acuerdo de co-desarrollo y márketing conjunto del CANDU AFCR 1000 y de sus novedosos combustibles. La idea es añadir 2 unidades grandes, de 1000 MW cada una, al complejo nuclear de Qinshan, cerca de Shanghai.
Lo que le interesa a China del diseño CANDU son dos cosas:
Estas máquinas pueden quemar el combustible gastado y reprocesado de 4 PWRs, las centrales de uranio enriquecido más comunes en el mundo (las que usan H20, agua liviana). Es el equivalente de reciclar los gases de escape de 4 camiones para darles un segundo quemado y mover un quinto camión de porte equivalente.
Pero además las CANDU de 1000 MW pueden quemar torio, 3 veces más abundante en la corteza terrestre que el uranio. La geología de China, país que en 2030 tendrá la mayor flota nucleoeléctrica del mundo, es enérgicamente avara en uranio. Los chinos odian depender de importaciones estratégicas. Torio, tienen de sobra. Saque cuentas.
De modo que si alguien le dice que sacrificamos Atucha III y hoy debemos cerrar la PIAP porque las centrales de D20 son cosa del pasado, no es por no leer Nucleonics Week. Es por no leer el diario.
Esos son dos motivos para mantener al menos 2/3 de la PIAP dedicados a su finalidad original. China va a generar demanda. Nuestra planta ya ha exportado D20 a Canadá, Corea, Estados Unidos, Australia, Suiza, Francia, Alemania y Noruega, y puede volver a hacerlo. El precio mundial está entre U$ 600 mil y 800 mil la tonelada.
El otro motivo es que no se nos apague la luz: la PIAP mantiene activos los 1756 megavatios instalados de mayor disponibilidad del mercado eléctrico nacional. Nuestras tres centrales, las Atuchas I y II y Embalse, una chica y dos medianas, fabrican tanta energía anual “de base” como la descomunal hidroeléctrica de Yacyretá, y un 20% más que todas las del Comahue, y sin importar si llueve, nieva o deja de hacerlo. La PIAP debe seguir alimentando las nucleoeléctricas por muchas razones, pero la que le importa al campo ya la dijimos: la agroindustria es MUY electrodependiente.
A todo esto, el Ministerio de Energía, hoy dueño de la “acción de oro” de ENSI, tiene planes que van a contramano de los 70 años del Programa Nuclear. Acaba de cancelar Atucha III, una CANDU de 728 MW que se iba a fabricar en un 75% en Argentina e iba a necesitar 600 toneladas de carga inicial de D20. Prefiere incurrir en algo que aquí no se hizo jamás: comprar una central de uranio enriquecido “llave en mano”, como quien compra una heladera o un auto, y cerrar la ENSI. Es decir, chatarrearla. Los autores de tan notable plan fueron el Ing. Juan J. Aranguren y hoy su sucesor, el Ing. Javier Iguacel, petroleros. Ud. los conoce por sus obras: le vienen fijando el precio del gasoil, del gas, de la electricidad e indirectamente, de los nitrogenados.
En la visión petrolera el átomo es gas y petróleo no explotados, o no importados. El Programa Nuclear Argentino, e incluso la posición de primer exportador mundial de reactores nucleares que tiene hoy nuestro país, a ojos de estadistas como los nombrados es un lujo cultural caro, una tilinguería que se pudo permitir durante 70 años, pero que se deberá sacrificar.
En la perspectiva de ambos próceres, los apagones se gestionan a tarifazos e importando centrales nucleares chinas Hualong I que quemen uranio enriquecido chino. Y que las construyan chinos, las operen chinos, que vengan hasta con cemento chino y que las maneje laCNNC (China National Nuclear Corporation) con sus propios criterios regulatorios (chinos). Eso último es ilegal porque terceriza lo intercerizable: la seguridad de diseño y operación. Y extiende a la CNNC un cheque en blanco en la materia: a fecha de hoy, aunque las Hualong I son sin duda muy avanzadas… no hay ninguna funcionando en el mundo. No pretendemos discutir aquí tanto colonialismo mental. AgendAR intentar ahora mirar este drama del modo en que lo ve el campo: como si no fuera su problema.Sin embargo, lo es y puede ser también su oportunidad. Reconvertir 1/3 de Arroyito sería un “win-win” estratégico de tapa de libro. El Programa Nuclear Argentino conservaría durante décadas la posibilidad de construir sus propias, baratas, sencillas, probadas y robustas centrales tipo CANDU de uranio natural. Es una ingeniería que la Argentina conoce de memoria desde 1984, y que no necesita de componentes importados, y mucho menos el combustible. Las Hualong I vienen con 60 años de combustible importado, lo que triplica su precio final de U$ 9000 millones a U$ 27.000 millones… Si uno tiene una F-100 o incluso una Hilux, ésta trabaja para la empresa de uno. Si uno tiene una Ferrari, trabaja para la fábrica Ferrari.
Pero no es una comparación válida: la Ferrari no te obliga a comprar SU nafta.Otro cultivo que regresó demandando nitrógeno, con las rotaciones: el maíz.
La SRA, la FAA, la CARBAP, CONINAGRO, la CRA, los grupos CREA, la ACA y demás líderes del “quién es quién” agropecuario ganarían mucho más si se apalancan en 1/3 de la PIAP: podrían apearse un tiempo de la rampa del precio mundial del nitrógeno, fijado por un cártel petroquímico muy reducido que lideran justamente China y EEUU. El primer paso en esa dirección lo dio YPF, al hacer joint-venture con Agrium, de Canadá, y fundar PROFÉRTIL en Bahía Blanca. Reconvertir 1/3 de la PIAP puede ser el paso número dos.
La propuesta de AgendAR es simple: salven la PIAP, gente del campo argentino, y le estarán pagando mucho menos nitrógeno a su principal cliente (China) y a su mayor competidor (EEUU), respectivamente. ¿Cierra?
¿Es negocio? Si no lo hacen Uds. su rol lo podría tomar alguna multinacional de la química pesada. Seguramente compraría el 100% de la PIAP en plan “Jack The Ripper”, para quedarse con las columnas de amoníaco y chatarrear el resto. Habría más nitrógeno en el país algunos años, pero la plata se giraría afuera. Y sin agua pesada a precio argentino (el más barato del mundo), a la larga habría problemas para mantener en servicio las Atuchas I y II y Embalse. Mirando el mapa, lo primero que surge es que habría apagones persistentes durante años en el AMBA, sur de Córdoba y el Gran Rosario. Es decir, en la capital mundial de los derivados de soja y el biodiésel.
Si FERTILIZAR tienen razón, en 2025 estaremos nuevamente en dependencia aguda de nitrógeno importado, más aún que antes de la apertura de operaciones de PROFÉRTIL en Bahía Blanca, que dio un largo respiro.
También es posible que en AgendAR estemos gastando retórica y nadie vea la oportunidad y/o necesidad. Y es que no resulta frecuente que la dirigencia rural argentina cambie figuritas con la nuclear: por ahora, son culturas separadas que no se hablan. Pero para mal de ambas: ¿acaso no son las dos ramas productivas de mayor nivel tecnológico del país?
Eso sólo justificaría levantar el teléfono, ir a ver la PIAP “in situ”, tragar saliva, hacer números, entender que había un elefante en el salón de fiestas pero los invitados no lo vieron hasta hoy, y pensar qué se puede hacer con él. Como sabe cualquier “mahout” (maestro de elefantes) en el Sudeste Asiático, un paquidermo educado y de gran porte es, básicamente, una tremenda herramienta de trabajo.
En un contexto de caídas generalizadas de ventas, las tarjetas de crédito resisten el cóctel tóxico de la inflación, devaluación y suba de tasas. Al menos por ahora, el consumo con plásticos viene creciendo por encima de la suba de precios (44% en mayo y 32% en junio).
Esto parece contradecir a las experiencias de quienes encuentran en forma cada vez más frecuente el cartelito «Están suspendidas las tarjetas», pero los grandes negocios (supermercados, retail, etc) siguen aceptándolas. De hecho, algunos negocios pequeños que antes exigían un consumo mínimo ahora las aceptan, con tal de facturar algo.
Otro dato relevante: también aumentan los clientes que pagan el mínimo o parcialmente el monto total de la factura, pese a que las tasas de interés son altísimas.
“El porcentaje viene subiendo desde febrero”, explicó una fuente del sector financiero y agregó que esta práctica “se concentra principalmente en las carteras internacionales y el segmento Gold”, es decir, principalmente por compras en el exterior efectuadas a un dólar mucho más bajo que el actual.
A pesar de todo, el uso de la tarjeta es un refugio frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, según coinciden los analistas. Mariano Mancurti, gerente del área tarjetas del HSBC, remarca que no sólo crecieron los plásticos emitidos sino también un mayor uso por parte de los usuarios. “El volumen de transacciones creció por encima de la base de clientes, lo que implica que hay más gente usando tarjeta”, explicó.
A pesar de la brusca suba de tasas y el encarecimiento del crédito, este ejecutivo señala que la participación de las compras en cuotas sobre el total del consumo no se modificó con respecto al año pasado. “La gente está más informada y educada sobre promociones, cuotas y descuentos, y sobre las ventajas de este medio de pago con relación al dinero físico”, dijo al Económico.
El nivel de bancarización en la Argentina es bajo.
Un reciente informe del Banco Mundial detectó que el 52% de los argentinos no posee ni siquiera una caja de ahorro, ni opera con bancos. Y que el porcentaje promedio sube al 57% entre las personas de menores ingresos. Frente a esto, la expansión de los plásticos resulta notoria: “En los últimos dos años, se emitieron 5,7 millones de tarjetas de crédito nuevas y la cantidad de usuarios creció en 3,7 millones”, dice Alejo Espora, economista del Banco Ciudad.
Con dificultades y en un marco de alta informalidad, la bancarización avanza pero por debajo de las aspiraciones oficiales. Una estadística del BCRA indica que hay cerca de 51 millones de cajas de ahorro operativas. Por otro lado, hay poco más de 40 millones de tarjetas de crédito y 45 millones de débito en uso, todos indicadores de la llamada “inclusión financiera”. En el país, señala el informe del Banco Mundial, en los últimos tres años la “desbancarización” subió 2%, principalmente entre la población de menores ingresos.
El tradicional diario de negocios El Cronista -que en general comparte la filosofía económica del actual gobierno- advierte de un hecho inquietante: Debido a que se resintió la cadena de pagos y a que las tasas de interés para las empresas escalaron al 70%, se incrementó 8% interanual en el primer semestre la presentación de concursos y quiebras, en especial de las pymes, las orientadas al consumo, y las del sector industrial, según datos oficiales.
De acuerdo con los números de la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura, se presentaron 132 concursos y 829 quiebras en el Fuero Comercial entre enero y junio.
«Se espera que en el segundo semestre de este año haya muchas más presentaciones», afirmó Germán Mozzi, de Mozzi Abogados quien observa que la tendencia comenzó ya a fines del año pasado y se incrementó con la corrida cambiaria.
«Las empresas están teniendo muchos problemas para financiar el capital de trabajo. En su gran mayoría, no cuentan con el mercado de descuentos de facturas y cheques. Además, enfrentan mora en la cartera activa, ya que los propios clientes piden alargamiento de los plazos. Otro problema grave es que es difícil trasladar los costos a los precios, porque hay problemas con la demanda y no saben a qué precio vender», explicó Mozzi. «En general, cuando hay inflación, se tiende a cubrirse con una política de atrasar los pagos de impuestos o cargas sociales, y empiezan a acumular deudas y moratorias».
La abogada Graciela Alfici, del estudio Goldsztein-Alfici, coincidió en que se incrementaron las presentaciones en los últimos 60 días, principalmente de pymes, y las vinculadas con el rubro textil y la venta de electrodomésticos.
«Porque bajaron abruptamente las ventas y se incrementaron los costos fijos, los servicios, las paritarias. Se produce un desequilibrio económico financiero que no pueden cubrir con el giro ordinario de sus negocios», dijo Alfici, al recordar que las financieras cobran a las pymes tasas del 70%.
«Hay una interrupción en la cadena de pagos, justamente porque las pymes se presentan en concursos. Dejan de pagar todos los cheques anteriores a la presentación del concurso y eso tiene un efecto multiplicador», explicó Alfici. «El concurso es un remedio
para evitar que se caigan las cuentas bancarias».
José María Allonca, de Allonca Abogados, espera más presentaciones en los próximos meses, «porque la cadena de pagos se va a seguir resintiendo, si no bajan las tasas y el mercado se sigue reprimiendo, y las empresas se están comiendo los stocks. El concurso es una herramienta para poner un freno a los reclamos y volver a reestructurar forzadamente la deuda».
Entiende que los impulsa una combinación de factores: el cambio de modelo económico, la apertura de las importaciones y la corrida cambiaria. El concurso preventivo «abre una ventana de casi dos años para no pagar las deudas», dijo Allonca. Implica la obligación de que todos los acreedores, incluso los trabajadores, tengan que
solicitar el reconocimiento de sus créditos ante el juez, quien ordena frenar todos los juicios contra la empresa e impide pedir nuevos embargos.
«Estamos peinando las cuentas de todas las personas que puedan estar involucradas». La confesión proviene de Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y es en referencia a las personas mencionadas en la investigación judicial que surgió de los «cuadernos». «No vemos que haya clientes nuestros entre los que se llevaron bolsos», agregó el representante de las entidades financieras nacionales. Luego, detalló que esta clase de operaciones -con personas moviendo cantidades inusuales de dinero- suele realizarse por fuera del sistema bancario.
El Foro de Convergencia Empresarial -un espacio que reune desde AEA hasta el campo, pasando la Bolsa, entidades rurales y organizaciones profesionales, muchas de abogados- había convocado para hablar sobre su apoyo a la decisión del Gobierno de bajar el déficit fiscal, pero el tembladeral sobre los empresarios cambió el foco previsto.
«Lo que está pasando con otros empresarios está en manos de la Justicia. Celebramos que este tipo de temas salga a la luz. Queremos que la justicia opere y no opere en los tiempos que venía operando, sino que opere con celeridad», manifestó Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia Empresarial.
Como el próximo paso judicial parece inclinarse hacia el movimiento de dinero, Cesario explicitó que «estamos a disposición de la justicia cuando venga el pedido del juez (Claudio) Bonadío, la UIF o Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción. Queremos que la cosa termine bien. Por supuesto que siempre puede fallar. El tipo que quiere saltar los controles lo puede hacer. Para sacar el dinero de los bancos tiene que haber una constancia. Pero también puede haber cheques que se hayan negociado por fuera del circuito», completó.
La empresa de logística Ocasa -para adaptarse a las nueva y cada vez más extendida modalidad del comercio: la compra online- lanzó Pickit, una compañía especializada en ofrecer soluciones de «última milla», como se denomina a la entrega de un pedido realizado en sitios de comercio electrónico.
A través de una plataforma tecnológica cuyo desarrollo demandó una inversión de US$ 2 millones, Pickit permite que sus clientes elijan dónde y cuándo retirar sus envíos gracias a una red de puntos, un amplio entramado de comercios que incluye locales de Havanna, Walmart, Staples, The Coffee Store, Pinturerías Rex y negocios barriales, entre otros.
A la fecha, el sistema permite gestionar la entrega de productos adquiridos en Mercado Libre, Dafiti, Fotter, Cardon, Sofía de Grecia, Philips, Bolivia, Elepants, Topper, Mizuno, Delaostia, Legacy, La Martina, Dr. Martens y Viamo.
La red consta de 400 puntos, cifra que esperan ampliar hasta superar los 1000 durante 2018.
«Actualmente, ofrecemos este servicio no solo en Capital y Gran Buenos Aires, sino también en Rosario, Santa Fe, Mar del Plata y, próximamente, en Córdoba y Bahía Blanca», señaló Maximiliano Martello, responsable de operaciones de la firma.
La empresa promete entregar los paquetes en un plazo máximo de 24 horas después de recibirlo de manos del vendedor a un precio más económico que el de sus competidores, también cuenta con un servicio de devoluciones que usa su misma red de puntos.
Según datos provistos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el e-commerce creció 52% en 2017 hasta $156.300 millones. En total, se vendieron 96 millones de productos con 60 millones de órdenes de compra, 28% arriba en comparación al año previo, con un ticket promedio de compra de $ 2600.
Las grandes marcas (Samsung, Motorola, Huawei) hacen esfuerzos para “empujar” sus equipos tope de gama y suelen dejar sin promoción a sus celulares más «baratos». A ese mercado llega Figo, una compañía que ya opera en Paraguay con modelos que van desde los $ 2.500 a los $ 7.000.
Con el objetivo de colocar unos 300.000 equipos en 2019 (lo que equivaldría a un 3% del mercado), la marca desembarca en Argentina, con cabeza de playa en Córdoba.
Figo es una marca que se desarrolla desde los EE.UU. para los mercados de latinoamérica. Iniciaron su negocio en Paraguay en 2012 donde colocan actualmente unos 25.000 equipos por mes y rondan el 5% del market share.
Su línea de productos se enfoca en la gama media y baja, con prestaciones en algunos casos básicas, pero también con smartphones competitivos en sus segmentos.
En Argentina, el desembarco llega de la mano de la empresa Growpro con asiento en la ciudad de Córdoba. Desde allí ya empezaron los trámites de homologación ante el Enacom de 8 equipos que esperan tener listos para la fecha más importante del año: Día de la Madre.
Entre su portafolio destaca -por lo económico y vintage- el modelo Furia, un revival de los celulares “con tapita”, sin sistema operativo y de uso básico, ideal para tres mercados:
Niños (como primer celular)
Adultos mayores (y tecnofóbicos)
“New age” (aquellos que dieron una vuelta y buscan desconectarse de los smartphones, pero estar “a tiro” de una llamada para cosas importantes o urgentes.
Las previsiones de ventas para el primer semestre de 2019 está en el orden de las 100.000 unidades, con previsiones de llegar a las 300.000 a fin del año próximo, un número que equivaldría al 3% de un mercado de 10 millones de unidades.
Linio, una tienda online con presencia en 8 países de Latinoamérica presentó su Índice de Precios de Tecnología 2018, un estudio en el que se calculó el precio promedio de 11 categorías tecnológicas en la región. El análisis también profundiza en productos claves y países en donde la compra de tecnología es una tendencia en crecimiento del e-commerce.
En Argentina, de acuerdo con la CACE, 48% de los compradores en línea han adquirido algún producto tecnológico lo que muestra un constante aumento en el interés por comprar en línea los gadgets que más se acomodan a nuestra vida.
Los resultados de la investigación indican que las tres subcategorías tecnológicas más costosas incluyen computadoras con sistema Mac y Windows, entre una y otro hay una diferencia de más de mil dólares. Otras subcategorías que incluyó el análisis son: smartphones, consolas de videojuegos y drones, con un precio promedio regional de $1031,35 USD, $483 USD y $426 USD, respectivamente.
En la tabla comparativa destacan Australia y Argentina como los países más costosos para adquirir los productos y Canadá o EUA como los más asequibles.
En el informe completo se pueden revisar también los precios de otros 9 smartphones, 7 consolas de videojuegos y 7 cámaras tipo réflex a nivel regional, así como la comparación entre marcas como Nikon vs Canon y iPhone vs Android.
Algunas de las conclusiones más relevantes son:
· El precio promedio regional de un producto tecnológico es de $834 USD, en Argentina es $200 USD más.
· Colombia es el país más barato de America Latina para comprar tecnología y Argentina el más caro, con un precio promedio por producto de $724 USD y $1036 USD respectivamente.
· Si un argentino comprara un artículo tecnológico de cada categoría a precio promedio gastaría en total $7203 USD, $3310 USD más que un estadounidense.
· México es el país más barato para comprar computadoras Mac a un precio promedio de $ 1,720 USD, 516 dólares menos que en Ecuador, el país más caro.
· En todas las categorías estudiadas, los peruanos y ecuatorianos pueden comprar los productos a un precio cercano al promedio regional o incluso menor.
El Índice de Precios de Tecnología 2018 incluye 404 productos tecnológicos de 6 categorías que se buscaron en 632 comercios electrónicos de 6 países latinoamericanos y 5 de otras regiones. Para el estudio se calculó el precio promedio de cada artículo por país para su comparación regional e internacional. Los impuestos y otros costos asociados de compra, menos la entrega, también se contabilizaron, los productos se escogieron de acuerdo a su popularidad en ventas y búsquedas dentro de Linio.
Se examinaron los costos de cada uno de los artículos en por lo menos tres tiendas en línea. El precio promedio regional se calculó de acuerdo con el precio promedio por país de cada uno de los productos. Las tasas de cambio se obtuvieron de acuerdo a lo indicado por Bloomberg Markets del 4 al 29 de junio del 2018
Fuentes: Linio, Cámara Argentina de Comercio electrónico y KANTAR TNS: “Los argentinos y el e-commerce, ¿cómo compramos y vendemos?”, 2018.
En el primer trimestre de este año, en la Ciudad de Buenos Aires, había 491.373 pobres, equivalente al 16% de los 3.064.463 habitantes porteños. De ese total 131.760 eran indigentes, el 4,3%, de acuerdo a la medición de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña .
Con relación igual periodo de 2017, hay 35.373 pobres más porque entonces la pobreza afectaba al 14,9% de la población porteña, sumando 456.000 personas. Se descuenta que el número de indigentes y pobres debe haber aumentado más en el segundo trimestre cuando se aceleró el deterioro de la situación económica y la inflación pegó un nuevo salto afectando más a los sectores de menores ingresos.
En cambio, por razones de estacionalidad, la pobreza disminuye con relación al IV trimestre de 2017 cuando alcanzó el 17,7% (541.000 personas).
El Informe oficial porteño marca que, además, hay otras 266.442 personas (8,7% del total) que pertenecían a los sectores “no pobres vulnerables” y 270.209 (8,8%) a la “clase media frágil”, así definidos porque “ante una eventual disminución del poder adquisitivo de los ingresos familiares, por ejemplo, por la suba de precios por encima de sus ingresos, o ante la pérdida del empleo o de ingreso de alguno de sus miembros, tienen una probabilidad alta de caer en los estratos más bajos”.
Así uno de cada 3 porteños atraviesa por una situación de fragilidad social porque cuenta con recursos que bordean o están por debajo de la línea de pobreza. La medición corresponde a la pobreza por ingresos, es decir, las personas, familias y hogares que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza o de indigencia.
Las ciudades costeras del Nordeste argentino y de la Mesopotamia están en alerta por la mayor bajante registrada en el río Paraná desde el 2009: los niveles que del río son preocupantes en Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa.
En esa zona persisten las dificultades para el normal abastecimiento de combustible, se complica la navegación comercial y ya hay pedidos de consumo racional de agua para garantizar su provisión.
De hecho ya hay faltantes de combustible en estaciones de Misiones, Chaco y Corrientes, y en el Gran Santa Fe. Además, los 19 puertos sojeros están teniendo que reducir las cargas navieras por falta de calado adecuado en la Hidrovía, situación que podría extenderse hasta septiembre.
«Hay que seguir con una estrategia de control de las localidades a la vera del río para garantizar el agua potable», señaló en las últimas horas el secretario de Infraestructura y Política Hídrica nacional, Pablo Bereciartúa.
El funcionario aseguró que se trata de una bajante «significativa», derivada de cerca de dos meses de lluvias por debajo del promedio en la cuenca alta de Brasil.
«Estos fenómenos ponen de manifiesto un hecho real: el clima pasa a ser una variable estructural para pensar a las regiones», remarcó el funcionario.
La escasez de combustible en Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes se origina en las trabas para que las barcazas con el estratégico insumo accedan al puerto chaqueño de Barranqueras, para activar luego la distribución en la región.
Ese inconveniente obligó a aplicar un sistema de reparto de combustible a través de camiones, lo que derivó en faltantes en las estaciones de servicio y largas filas de vehículos para llenar el tanque tanto en capitales como en localidades del interior de esas provincias.
Está resentido en algunos lugares el servicio de transporte público, y el intendente de la localidad misionera de San Pedro, Miguel Dos Santos, pide a la gente «que compre tanques, que los cargue y traten de utilizar el agua lo menos posible, es un problema que nos tiene preocupados ya que las napas se están secando».
El denominado escándalo de los cuadernos no sólo trajo problemas judiciales para los empresarios involucrados. Las empresas mencionadas quedaron bajo la lupa de las calificadoras de riesgo, porque podrían ingresar en un círculo vicioso donde esta situación les haga insostenible los próximos vencimientos de deuda. Lo que anticipa perspectivas negativas y hasta un posible default. Tal es el caso de Electroingeniería y Albanesi, según advirtió ayer Moody’s.
La calificadora Moody’s Investors Service dijo en un comunicado «Las investigaciones de sobornos condujeron al arresto de altos ejecutivos argentinos, entre ellos de Electroingeniería SA y Albanesi SA. Ambas tienen ahora crédito negativo porque muestran un claro riesgo de reputación y distraerán a la gerencia de las operaciones diarias. El proceso también podría debilitar la liquidez de ambas compañías al aumentar su riesgo de refinanciamiento. El caso aún se encuentra en una etapa inicial y puede convertirse en un asunto más amplio, que abarca múltiples empresas de diversos sectores».
Esta situación complica especialmente a Electroingeniería que ya mostraba dificultades financieras e incluso el año pasado demoró el pago de una Obligación Negociable (ON) por $ 400 millones.
Con respecto a la otra firma investigada que está calificada por Moody’s, señalan que la liquidez de Albanesi es adecuada en la actualidad, pero la compañía enfrenta vencimientos de deuda a corto plazo que pueden necesitar ser refinanciados.
Éstos son sólo dos casos del impacto que el «Lava Jato» que se dio comienzo a nivel local tiene sobre las corporaciones locales. Pero no sólo sobre ellas.
Porque Electroingeniería es parte de la UTE (Unión transitoria de empresas) Represas Patagonia, que ganó la licitación para construir las centrales hidroeléctricas santacruceñas Cóndor Cliff y La Barrancosa, asociada con la poderosa China Gezhouba Group Corp.(CGGC), interesada a su vez en otros proyectos en Argentina.
Macri siempre mostró aversión por el ambicioso proyecto de esas represas, Cóndor Cliff y La Barrancosa (antes Néstor Kirchner y Jorge Cepernic). Ni bien asumió, pensó en dar de baja el proyecto, pero como el contrato binacional incluye una cláusula de «default cruzado» con otras obras con inversión china, como por ejemplo el Belgrano Cargas, no se animó. En cambio, modificó las condiciones de construcción, acotó la capacidad instalada, dio de baja pequeñas obras complementarias, impuso nuevos requisitos exigibles a los contratistas. Ahora, con el presidente del socio local Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, en la cárcel, el emprendimiento parece dudoso.
En Gezhouba no piensan así. Frente a preguntas periodísticas dijeron: «No recibimos ninguna notificación del Gobierno argentino a través de canales oficiales sobre una suspensión de las obras. Los trabajos en Santa Cruz están avanzando con normalidad, así que seguiremos adelante. No hay razones para pensar en una suspensión o postergación».
Ahora, si la dupla Bonadío-Stornelli acusa a la empresa de sobornos para haber ganado esa licitación, es dudoso que los empresarios chinos vean con ecuanimidad ese posible desarrollo.
Lucio Garzon Maceda, abogado laboralista de amplia trayectoria, recordó que por los criterios internacionales aprobados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) el salario mínimo debe ser equivalente al 60% del salario medio de los trabajadores formales. Eso significa para la Argentina un salario mínimo de $ 18.000.
Según el último informe del Ministerio de Trabajo, a mayo, la remuneración bruta promedio de los asalariados privados era de $ 29.476. “Hace un año, conforme al criterio europeo y de la OIT nuestro Salario Minimo debió ser aproximadamente de $ 14.000 y no los $ 9.500 vigentes desde enero y los $10.000 desde julio. Y ahora resultaría de $ 18.000”.
Según trascendió, el Gobierno impulsaría un incremento del salario minimo del 25%, en cuotas, partiendo de un 12% o $ 11.200 hasta llevarlo a $ 12.500 para comienzos de 2018.
Garzón Maceda dice que “no es cierto que la actualización del valor del SMVM interesa a muy pocas personas ya que su importancia no solo es de aplicación directa sino que lo es, también, -por el llamado efecto contagio, efecto espejo-, para miles y miles de asalariados no registrados, con bajísimas remuneraciones, que si bien tienen la referencia del modelo de convenio de cada actividad, hay centenares de miles sin sindicalización y sin calificación, quiénes solamente se referencian conforme el Salario Mínimo Nacional” Ademas—concluye– el Salario Mínimo Nacional tienen aplicación directa para miles de empleados públicos provinciales y municipales, también en las remuneraciones adicionales del personal de la administración publica nacional, asi como sobre los nuevos valores de las asignaciones y planes de empleo de la llamada economía popular, que son un porcentual del salario mínimo.
En base al nuevo índice de movilidad que se aplica por tercera vez este año, el Gobierno determinó que a partir del primero de septiembre, las jubilaciones, pensiones y la AUH aumentarán 6,68%. Sin embargo, expertos previsionalistas estiman que si la inflación anual cierra por arriba del 35%, como proyectan las consultoras privadas, los titulares de este derecho perderán hasta 8% de poder adquisitivo real.
La jubilación mínima actual es de $ 8.096,30 y la máxima, de $ 59.314,97. Con el nuevo ajuste pasarán a $ 8.637,10 y $ 63.277,20, respectivamente. La AUH, que beneficia a unos 4,3 millones de niños y adolescentes de todo el país, subirá apenas $ 105, de $ 1.578 a $ 1.683 por mes.
El porcentaje de aumento se determina en un 70% por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Con el próximo 6,68% al que se llegó por las cifras de abril, mayo y junio de 2018 (segundo trimestre), el haber jubilatorio se habrá ajustado en total un 19,19% en nueve meses. Al sumar porcentajes acumulativos se deben pasar las cifras a decimales, sumarles la base 1 (1,0571; 1,0569; 1,0668), multiplicarlas, luego restarle 1 y multiplicarlas por 100. Pura matemática financiera.
Si se toman los últimos 12 meses desde junio para atrás, la suba de precios totalizó 29,5%. Pero desde octubre de 2017 a junio 2018 el costo de vida aumento 23,04%, con lo cual los abuelos perdieron 3,85% de poder de compra real en ese mismo período. Por este motivo, en marzo se dio un bono compensatorio por única vez de entre $ 375 y $ 750, según el caso, y de $ 400 los que perciben la AUH.
Aunque se tome ese bono, la pérdida existe igual: con la fórmula vieja en marzo pasado la suba debió ser del 14,5% (y no 11,73%) y, encima, tres meses antes.
Tras una investigación que llevó 14 meses, el Gobierno determinó que la empresa Acindar incurrió en conductas anticompetitivas en el mercado de productos de acero no planos, con una participación en la producción nacional del 68% y sobreprecios.
A partir de ahora, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) abre una nueva etapa en la que va a requerir datos de la empresa, que podría ser penada con una multa de más de $ 1.500 millones. Así lo confirmó el presidente de la CNDC, Esteban Greco.
El relevamiento, que se desarrolló entre abril de 2017 y junio del corriente año, responde a un pedido del Secretario Comercio Miguel Braun, y del mismo se desprende que Acindar «cuenta con una participación estable en la producción nacional del 68% (promedio entre 2013 y 2016)».
Al tratarse de un insumo clave en el sector de la construcción, de prosperar la investigación se prevé un impacto en el rubro.
Apenas trascendió la investigación oficial, Acindar emitió un comunicado en el que toma conocimiento de dicho proceso y pone a disposición de la CNDC «toda la documentación a su alcance para una rápida y eficaz resolución de la cuestión».
La AFIP dispuso que a partir de octubre, cronograma de por medio, todos los monotributistas deberán emitir sus facturas mediante el sistema electrónico.
La factura en papel sólo quedará autorizada para ser usada como mecanismo de resguardo para los casos en que por fallas técnicas no pueda utilizarse el que funciona online. Esta medida también alcanza a los contribuyentes que se encuentran exentos en el Impuesto al Valor Agregado y a los que emiten sus comprobantes en el domicilio de los clientes, que deberán usar el facturador online.
También, hay novedades para los que utilizan equipamientos denominados “controladores fiscales”, por los que se emiten tickets en lugar de facturas.
A través de la Resolución General 4290, se establecieron las modalidades a través de la cuales se deberán emitir los comprobantes electrónicos a fin de respaldar las operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras y las señas o anticipos que congelen el precio. Los comprobantes que deben emitirse en forma electrónica son: facturas, notas de débito y crédito tipo “A”, “B”, “C” y “E”.Cómo es el cronograma
1. Los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo):
F a K: ya emiten factura electrónica
E: arranca el 1 de octubre de 2018
D: 1 de diciembre
C: 1 de febrero de 2019
B: 1 de marzo de 2019
A: 1 de abril de 2019
Por las operaciones que se realicen con consumidores finales la obligación será de aplicación a partir del 1 de abril de 2019, independientemente de la categoría que revista el sujeto adherido al Monotributo. Dentro de este punto están los comercios, que deberán optar por facturar por medio de un controlador fiscal o mediante la factura electrónica.
2. Contribuyentes exentos en el impuesto al valor agregado, de acuerdo con el siguiente cronograma:
– Con ventas del último año calendario (incluidos impuestos), iguales o mayores a un millón de pesos: 1 de noviembre
– Con ventas menores a un millón de pesos: 1 de enero de 2019
3. Operaciones cuya facturación se deba efectuar con la modalidad electrónica, en momento de la entrega de los bienes o prestación del servicio objeto de la transacción, en el domicilio del cliente o en un domicilio distinto al del emisor del comprobante, de acuerdo con el siguiente cronograma:
– Comprobantes en línea /Facturador móvil: 1 de enero de 2019
– Webservices: 1 de abril de 2019
La Obligación de emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes (RG 3685), será a partir del 1 de agosto de 2019.
Los datos que deben contener cuando se trate de un sujeto que revista el carácter de consumidor final en el impuesto al valor agregado son los siguientes:
• Leyenda “A CONSUMIDOR FINAL”.
• Si el importe de la operación es igual o superior a $ 5.000: apellido y nombres, domicilio, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) o, en su caso, número de documento de identidad (LE, LC, DNI o, en el supuesto de extranjeros, Pasaporte o CI).
Para ver los detalles es posible entrar a la página Web de la AFIP, ingresando con el CUIT y la Clave Fiscal.
La ANMAT informó que procedió a “retirar del mercado una serie de productos congelados, hechos a base de maíz y otros vegetales, de distintas marcas provenientes de la planta húngara Greenyard Frozen Hungary Kft”. De acuerdo al organismo, se trata de una medida preventiva, producto de una alerta europea.
El inconveniente radica en que “el Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos reportó que en el mencionado establecimiento los productos procesados entre el 13 de agosto de 2016 y el 20 de junio de 2018 pudieron tener contacto con un brote de listeriosis”.
Listeriosis: retiran alimentos congelados en Europa vinculados a un brote bacterial.
Por lo tanto, la ANMAT ha decidido retirar las partidas detalladas a continuación, así como también recomienda “a las personas que tengan estos productos en su poder, se abstengan de utilizarlos o consumirlos”.
Los productos en cuestión son importados por las empresas Frío Polar S.A., Nutrifrost S.A. y Compañía Industrial Frutihortícola S.A.:
Empresa Frío Polar S.A.
1) Choclo entero IQF x 1 kg y 2,5 kg marca: Arganic, Lotes M -17218/1, M -18118/1, M- 17718/8, M -17818/2 con Vto.: 06/10/19,Lotes M- 18318/3, M- 17218/2 con Vto.: 12/10/19.
2) Mix Primavera IQF x 2,5 kg marca: Arganic, Lotes: M – 11718/5, M-17218/3 con Vto.: 09/12/18; M-18318/1, Vto.: 17/12/18.
3) Mix Primavera especial IQF x 15 kg marca: Arganic, Lote M-17818/1, Vto.: 17/12/18,
4) Mix Primavera cortado genérico IQF -1 kg, M 11718/6, Vto. 09/12/18.Con RNPA N° E/T 4049-28232/17
Leé también
La ANMAT prohibió la venta de una miel, un jugo, un suplemento deportivo y un arroz
Empresa Nutrifrost S.A.
1) Choclo Supercongelado, marca ARO, 2500 grs, RNPA N° 02-575911, 4089-10454/13 lotes/vto: 163-17/ 12/06/19,179-17/ 28/06/19 y 312-17/ 08/11/19.
2) Choclo Supercongelado, marca DIA 350 grs., RNPA N° 4089-12030/09, lote/vto: 160-17/ 09/06/19,175-17/ 24/06/19,179-17/ 28/06/19, 187-17/ 06/07/19, 159-17/ 16/09/19, 265-17/ 22/09/19, 269-17/ 26/09/19, 272-17/ 29/09/19, 290-17/ 17/10/19, 300-17/ 27/10/19 y 301-17/ 28/10/19.
3) Choclo Supercongelado, marca ERIN, 2500 grs., RNPA N° 02-559572, lotes/vto: 163-17/ 12/06/19, 179-17/ 28/06/19, 227-17/ 15/08/19, 268-17/ 25/09/19 y 294-17/ 21/10/19.
4) Choclo Supercongelado, marca JUMBO, RNPA N° 02-575911, 300 grs, lote/vto: 205-17/ 24/07/19.
5) Choclo Supercongelado, marca LA ANONIMA 300 grs., RNPA N° 02-590262, lotes/vto: 198-17/17/07/19, 206-17/ 25/07/19, 269-17/ 26/09/19 y 322-17/ 18/11/19.
6) Choclo Supercongelado, marca MOLTO, RNPA N° 02-585385, 300 grs, lote/vtos: 235-17/ 25/08/19 y 243-17/ 31/08/19.
7) Choclo Supercongelado, marca NELO, 2500 grs., RNPA N° 02-590262, lotes/vto:163-17/ 12/06/19, RNPA N° 02-576178, lotes/vto: 175-17/ 24/06/19 , 227-17/ 15/10/19, 162-17/ 19/09/19, 312-17/ 08/11/19, 325-17/ 21/11/19 y RNPA N° 02-575911, lote: 179-17/ 28/06/19.
8) Choclo Supercongelado, marca, MAGLIA, 300 grs., RNPA N° 02-581452, lotes/vto: 192-17/ 11/07/19, 198-17/ 17/07/19, 259-17/ 16/09/19 y 272-17/ 29/09/19.
9) Mix de Vegetales Supercongelado, marca DIA, 400 grs., RNPA N° 4089-10452/13 lotes/vto: 188-17/ 07/07/19, 247-17/ 04/09/19, 292-17/ 19/10/19, 320-17/ 16/11/19.
10) Ensalada Ibiza Supercongelada, marca DIA, RNPA N° 4089-12030/09, 350 grs., lotes/vto: 205-17/ 24/07/19, 240-17/ 28/08/19, 266-17/ 23/09/19, 273-17/ 30/09/19 y 290-17/ 17/10/19.
11) Mix Primavera Supercongelada, marca CARREFOUR, RNPA N° 2906-17161/14, 300 grs. lotes/vto: 280-17/ 07/10/19.
12) Mix Primavera Supercongelada, marca DIA, 500 grs., RNPA N° 4089-12030/09, lotes/vto: 184-17/ 03/07/19,192-17/ 11/07/19,200-17/ 19/07/19, 303-17/ 30/10/19, 311-17/ 07/11/19 y 326-17/ 22/11/19.
13) Mix Primavera Supercongelada, marca ERIN, 1000 grs., RNPA N° 02-590313, lotes/vto: 184-17/ 03/07/19, 234-17/ 22/08/19 y 326-17/ 22/11/19.
14) Mix Primavera Supercongelada, marca ERIN, RNPA N° 02-590313, 2500 grs., lote/vto: 186-17/ 05/07/19.
15) Mix Primavera Supercongelada, marca GREAT VALUE, 400 grs., RNPA N° 02-572770, lotes/vto:264-17/ 21/09/19, 269-17/ 26/09/19, 273-17/ 03/10/19 y 326-17/ 22/11/19.
16) Mix Primavera Supercongelada, marca LA ANONIMA, 400 grs., RNPA N°02-570639, lotes/vto: 234-17/ 22/08/19, 269-17/ 26/09/19, 298-17/ 25/10/19 y 311-17/ 07/11/19.
17) Mix Primavera Supercongelada, marca MAGLIA, 400 grs., RNPA N° 2906-12815/17, lotes/vto: 198-17/ 17/07/19, 200-17/ 19/07/19, 205-17/ 24/07/19, 298-17/ 25/10/19 y 311-17/ 07/11/19.
18) Relleno para Tacos con Pollo, marca MAGLIA, RNPA N° 2906-11050/16 400 grs, lote/vto: 212-17/ 31/07/19.
19) Relleno para tarta de Vegetales Supercongelados, marca MAGLIA, 400 grs., RNPA N° 02-581375, lotes/vto: 202-17/21/07/19, 282-17/ 09/10/19 y 327-17/ 23/11/19.
20) Sopa Supercongelada, marca LA ANONIMA, 400 grs., RNPA: 2906-290/15, lote/vto: 192-17/ 11/07/19.
21) Wok de Pollo Supercongelado, marca DIA, 400 grs., RNPA: 4089-5282/10, lotes/ vto:213-17/ 01/08/19, 223-17/ 11/08/19 y 268-17/ 25/09/19.
22) Wok de Pollo Supercongelado, marca GREAT VALUE, 400 grs., RNPA: 02-576913 lotes/vto: 188-17/ 07/07/19, 223-17/ 11/08/19 y 268-17/ 25/09/19.
23) Wok de Pollo Supercongelado, marca LA ANONIMA, 400 grs., RNPA: 02-576836 lotes/vto: 181-17/ 10/07/19, 192-17/ 11/07/19 y 249-17/ 06/09/19.
24) Wok de Pollo Supercongelado, marca MAGLIA, 400 grs., RNPA: 02-584797 lote/vto: 263-17/ 20/09/19.
25) Wok de Vegetales, marca ERIN, 2500 grs., RNPA: 02-587329 lote/vto: 315-17/ 11/11/19.
26) Wok de Vegetales Supercongelados, marca MAGLIA, 400 grs., RNPA N° 02-581376, lotes/vto: 206-17/ 25/07/19, 304-17/ 31/10/19.
27) Wok de Vegetales Supercongelado, marca JUMBO, 400 grs, RNPA N° 2906-2984/15 lotes/vto: 188-17/ 07/07/19 y 319-17/ 15/11/19.
28) Wok de Vegetales Supercongelado, marca LA ANONIMA, 400 grs., RNPA N° 2906-2488/15, lotes/vto: 319-17/ 15/11/19, 320-17/ 16/11/19.
Leé también
ANMAT: alerta global por un hipertensivo con una sustancia «potencialmente» cancerígena
Empresa Compañía Industrial Frutihortícola S.A.
1) Choclo Supercongelado, marca: CIFSA, RNPA: Exp. 4049-28183-2017
Lotes/ Vto.: 55227171 / 15/08/19, W6313G8 / 09/11/18 55143171/ 23/05/19, 55206171 / 25/07/19, 55208171 / 27/07/19, 55263171 / 20/09/19, 55265171 / 22/09/19, 55276171 / 03/10/19, 55279173 / 06/10/19, 55308171 / 04/11/19, 55314171 / 10/11/19, 55322171 / 18/11/19
2) Ensalada primavera congelada, marca: CIFSA, RNPA: 4049-28233-2017
Lotes / Vto: w7897i8 / 11/04/19, 55143171 / 23/05/19, 55160171 / 09/06/19, 55178171 / 27/06/19, 55179171 / 28/06/19, 55143171 / 23/05/19, 55181171 / 30/06/19.
3) Arvejas supercongeladas, marca: CIFSA, RNPA: 4049-28233-2017
Lote/ Vto.: 55026181/ 26/01/20, 55074181/ 15/03/20, 55143171 / 23/05/19, 55149181 / 26/05/20, 55275171 / 02/10/19, 55326171/ 22/11/19.
¿Qué es la listeriosis?
Listeria monocytogenes es el nombre de la bacteria responsable de la listeriosis, una enfermedad que puede causar fiebre, náuseas, dolores musculares y diarreas, pero que en los casos más severos puede resultar mortal.
La particularidad de esta bacteria, que la diferencia de otras que también afectan a los alimentos, es que puede sobrevivir y multiplicarse a las bajas temperaturas habituales en heladeras y freezers.
De acuerdo a lo informado por la Autoridad de Seguridad Sanitaria Europea, el brote ya afectó a Austria, Dinamarca, Finlandia, España, Suecia y Reino Unido. Se le atribuyen 47 casos de contagio desde 2015, nueve de los cuales resultaron fatales.
Los contagios se produjeron por consumir los vegetales descongelados crudos, como puede ser en el caso del “maíz dulce”, muy popular en las ensaladas de esos países. La recomendación de los funcionarios de las respectivas carteras sanitarias es la de cocinar siempre estos productos, especialmente cuando van a ser consumidos por poblaciones de riesgo como embarazadas, ancianos y personas inmunodeprimidas. La incubación de la listerioris puede ser de hasta 70 días.
La enfermedad puede tratarse si se diagnostica pronto. Para tratar los síntomas graves, como la meningitis, se utilizan antibióticos. Cuando la infección se produce en el embarazo, la pronta administración de antibióticos previene la infección del feto o el recién nacido.
¿Cómo impacta la última devaluación en las producciones regionales?
Un informe privado sostiene que si el dólar le gana a la inflación, dichas producciones se beneficiarán.
«Si la inflación no se dispara, la última devaluación no pasaría desapercibida en la economía argentina», destaca un informe elaborado por el economista Jorge Day, de la Fundación Mediterránea y sostiene que este escenario provocará «ganadores y perdedores en los diferentes negocios».
En ese sentido, «la situación no es uniforme, ya que existen importantes complejos agroindustriales con alta proporción de costos dolarizados y con una fuerte dependencia del mercado interno, como por ejemplo el azúcar, los duraznos, la yerba mate y los vinos genéricos», refleja el documento, mostrando a los que pierden. El informe pasa revista de otros muchos productos de las economías regionales que se destinan mayoritariamente a la exportación, como es el caso del té, el limón, las ciruelas, los porotos, peras, aceitunas y ajos, además de los sectores más conocidos como la soja y el trigo. Los ganadores, claro.
Ganadores, pero ¿por cuánto tiempo? El economista sostiene que los efectos de las devaluaciones anteriores (inicios de 2014 y finales de 2015) se diluyeron rápidamente con la inflación, pero la devaluación del primer semestre no sólo ha sido más fuerte, sino que puede diluirse en un tiempo mayor, debido a la contracción de las ventas internas y a un mayor impacto de las políticas fiscal y monetaria. Eso implica que los números a favor serán más perdurables para el agro, y favorecerán más a aquellos que son más exportadores y además que tengan menos costos dolarizados, redondeó Day.
Dentro de los sectores exportadores y con bajos costos dolarizados, están las producciones de ajo y poroto.
Las que peor posicionadas estarían, son aquellas con baja presencia en el mercado externo y costos más dolarizados, como durazno y azúcar.
En el informe, Jorge Day subrayó que las producciones de la región pampeana serían las más beneficiadas al ser más exportadoras, pero juegan en contra los efectos de la sequía, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la amenaza de la vuelta de las retenciones. Sobre lo que sucede en las otras regiones productivas del país, «no es claro el efecto, puesto que el agro cuenta con productos muy exportables y otros que no lo son tanto», comentó Day.
Otro tema que se advierte, es la fuerte dependencia que tienen muchas de nuestras producciones con el mercado de Brasil, como pueden ser la oliva y las frutas industrializadas, como ciruelas y duraznos. En la primera mitad del año, Brasil ha importado más de algunos productos argentinos, entre los cuales aparecen las manzanas, trigo y aceite de oliva.
En producciones frutales, como peras y manzanas, la devaluación llegó luego de las cosechas, causa por la cual el efecto favorable no ha llegado a los precios que percibieron los productores.
Según el economista de la Fundación Mediterránea, en soja la devaluación ha compensado la caída de los precios internacionales, algo que no ocurrió lo mismo con la producción de ajo. En aquellas producciones que se destinan más al mercado interno que al externo, el precio que se le paga al productor también depende de la cosecha: hubo buena cosecha de vinos y una buena parte se destina a elaborar vinos genéricos de venta interna. Eso explica el bajo precio de la uva. Y algo similar sucedió con las frutas de carozo, como ciruelas y duraznos.
Es una posibilidad real y cercana: el transporte fluvial en el Delta del Tigre está al borde de la crisis. Embarcaciones de hasta 100 años, demoras, boletos caros, un ruido ensordecedor y una actividad que, por error o desidia, no está subsidiada.
Así, las lanchas colectivas corren riesgo de desaparecer y dejar a miles de personas sin opciones para moverse por las islas.
Las empresas que las operan están en crisis: sólo reciben subsidio por una parte del gasoil, y desde hace dos años la Provincia las obligó a congelar la tarifa, que hoy es de $ 25 el boleto mínimo. Por la inflación, sus dueños afirman que no pueden cubrir los costos y que están al borde de la quiebra.
Adelantaron horarios argumentando que no tenían personal para cubrir los últimos servicios nocturnos. Mientras tanto, los choferes de esas lanchas ya hicieron paros en reclamo de aumento y mejores condiciones laborales.
Vivir en el Delta no es fácil para sus 15.000 habitantes. Ir de visita, como hacen unas 4.000 personas por mes, tampoco. Las quejas por el servicio son constantes. Barcos viejos e inseguros, falta de control del uso de salvavidas y problemas de horarios son sólo algunos de los motivos.
“Tenés que salir al muelle de madrugada para estar temprano en Tigre. A veces se adelanta o se atrasa, y la gente se muere de frío esperando en el muelle. Hay lanchas que funcionan con diez bombas sacando agua constantemente porque si no se van a pique”, cuenta Diego Renicoli, quien vive en el Delta desde hace más de dos décadas. Junto con Eugenia Fernández Romero y otros residentes formaron el grupo vecinal Unidad Isleña. “Es como si viajáramos en un colectivo de los años 40, en asientos de madera y con un ruido ensordecedor. Hay algunas lanchas que tienen más de cien años”, describe Fernández Romero.
Cuando se piensa en un viaje por las islas, la imagen de los pasajeros apretados como en un colectivo o subte parece lejana. Pero en el Delta también se ve, en horarios pico en días hábiles y también los fines de semana. “Muchos isleños vamos a trabajar al continente (sic) y los lunes no podemos subir a las lanchas de las 6 o las 7 porque vienen repletas de turistas que se quedaron el domingo a dormir. Entonces tenemos que pagar una lancha taxi, mucho más cara”, lamenta Cecilia Sheppard, que lleva vividos en las islas 34 de sus 36 años.
Pese a las deficiencias en el servicio, el boleto sale caro. A diferencia del de colectivo, que cuesta entre $ 10 y $ 11,75, el de una lancha colectiva para los isleños va de $25 a $ 90 y, para no residentes, de $ 70 a $ 190. La tarifa es la misma que en junio de 2016. “Cuando quisieron aumentarla, hicimos una manifestación cerrando el río. Gracias a eso y a las gestiones de Unidad Isleña, la congelaron”, explica Fernández Romero.
Cuando comenzaron los subsidios a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), en 2004, se incluyeron los terrestres pero se dejó afuera los fluviales. Es por eso que la única subvención que reciben las empresas de lanchas colectivas es por el gasoil. Desde el Ministerio de Transporte de la Nación indican que pagan mensualmente el 60% del valor del combustible. Para medir los kilómetros, instalaron máquinas de la tarjeta SUBE en las embarcaciones, que contienen un GPS. Con todo, ese sistema aún no está habilitado para que los pasajeros paguen porque, dicen las mismas fuentes, hay problemas de señal en las islas.
Las empresas con lanchas colectivas son cinco: Interisleña, Delta, Jilguero y El León, que parten desde la Estación Fluvial de Tigre; y Pfluger, con muelle en el Puerto de Escobar. Al ofrecer un servicio público, tienen horario fijo, tarifa regulada y son pasibles de ser subvencionadas.
La falta de subsidio no impacta sólo en el precio del boleto, sino también en el salario de quienes conducen las lanchas. “Hay empresas que están cerca de declararse en crisis preventiva y algunas convocadas, a un paso de la quiebra. En lo que va del año no tuvimos ninguna compensación tarifaria, y eso nos complica cumplir con la paritaria”, explica Cristian Ramaro, de Interisleña, la compañía que concentra la mayoría de los viajes. Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en tanto, piden un aumento del 25% y cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. “No se respetan muchos puntos. Uno de los más importantes es que los trabajadores deberían tener nueve francos por mes, pero les dan ocho”, sostiene el secretario de la seccional gremial de San Fernando, Hernán De Corte.
La otra pata del problema, la falta de renovación de la flota, se basa para los empresarios en dos factores: tiempo y dinero. “No podemos renovar unidades. Hoy una lancha con un motor nuevo de menor consumo de aluminio está a 800.000 dólares y no tenemos acceso a crédito”, precisa Ramaro. Desde Jilguero, Fernando Buiatti aporta otro motivo para el nulo recambio de la flota, más allá de la carencia del subsidio. “Hacer estas lanchas de 80 pasajeros demora de dos a tres años, porque no hay muchos astilleros”.
Los esquivos fosfatos seguirán viniendo de China, EEUU o Marruecos. Y a precios terribles, dado que son un recurso escaso que ya pasó su pico mundial de producción hace 4 décadas y se extinguirá en las 4 siguientes, y después… ¿Dios proveerá? Pero entre tanto, con 1/3 de la PIAP dedicada al campo, combinar fósforo marroquí con nitrógeno argentino puede ser química pesada local, y dinero del productor criollo (otro recurso escaso) que se queda en el país.
En caso de cierre, el agro local sacrifica la posibilidad de fabricar un plus de 700 mil toneladas de amoníaco y 1 millón redondo más de toneladas de urea granulada nacionales. Eso es “grosso modo” lo que saldría de un tercio de la PIAP reconvertida para ser abastecedora número 2 del campo argentino. El puesto número 1 lo seguiría teniendo PROFÉRTIL en Bahía Blanca, por especialista.
Sumando todos los productores locales de nitrogenados, incluidos BUNGE en Campana, PROFÉRTIL y ese tercio disponible de la PIAP, más los fabricantes chicos, en 2025 de todos modos quedarán cortos para cubrir la demanda agropecuaria proyectada por la Asociación Civil FERTILIZAR. Y eso porque el regreso de la rotación de soja con trigo o maíz hace que el suelo de la llanura chacopampeana hoy pida nitrógeno a gritos. Y máxime en los lugares “top” como el cinturón Rosafé, donde los precios y rindes del trigo justifican la refertilización a macollaje.
(Para los lectores nucleares, lo del macollaje es volver a fertilizar el suelo cuando la planta está en brote: el crecimiento se dispara. La urea granulada es la que mejor se incorpora al suelo y menos nitrógeno pierde por evaporación. En cuanto al célebre fosfato diamónico, es el “burro de arranque” del motor biológico del suelo: lo pone en marcha para la siembra. Pero si aquí podemos sintetizar los radicales amonio, los fosfatos vienen de afuera sí o sí, pues nuestra geología es unánimente pobre en fósforo. La PIAP no remediaría eso: no hace magia).
En febrero de 2017, Mario Sufritti, recién nombrado presidente de PROFÉRTIL, suponía que en 4 o 5 años el campo iba a demandar un 50% más de fertilización que la de 2016. Ésta acababa de aumentar a su vez un 46% medida contra la de 2015. Sufritti pensaba que en 2022 o 2023 se alcanzaban las 140.000 toneladas cosechadas, y en el año y medio que pasó, fuera de las intercurrencias climáticas, los números le van dando la razón. El experto dijo también que para terminar con la “minería de suelos” (extracción de nutrientes sin reposición) había que llegar a 9 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y fosfatados, casi el triple de lo gastado en 2016.
Cuando se persiste en la “minería de nitrógeno”, pasa lo que en Córdoba con el trigo: cosecha 2018 récord, más de 1,4 millones de hectáreas sembradas por tercer año consecutivo. Y un volumen importante de grano que no llegó a los valores mínimos de proteína del estándar actual, y se pagaron menos. Si apostamos a super-cosechas, hay que super-fertilizar. Con la urea granulada a U$ 460 la tonelada, los productores medianos y chicos no pueden seguir en carrera. Terminan “cambiando la plata”, alquilando, o fundiéndose.
Hasta el ramal ferroviario de la vieja línea Roca, hoy Tren Norpatagónico, está a tiro de la PIAP, en servicio hoy algo lerdo pero a punto de mejorar. El 29 de junio de este año el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y los gobernadores Alberto Weretilnek (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén), anunciaron la reparación a nuevo de los 700 km. de trocha ancha doble que ligan Añelo (Neuquén) con Puerto White (Bahía Blanca), una inversión de U$ 570 millones por el sistema PPP (Participación Público-Privada). Ese riel es el cordón umbilical de insumos de “fracking” de los campos de gas y petróleo de Vaca Muerta, Neuquén.
Con vías bien calzadas, la velocidad promedio de las formaciones cargueras pasará de los 12 km/h de hoy a 96 km/h. y las cargas anuales de 700.000 toneladas a 4,1 millones en 2030. Pero si a la arena especial, los tubos sin costura, las frutas, materiales de construcción, metanol y alimento balanceado que llevará y traerá el Tren Norpatagónico se le añadieran el amoníaco y la urea granulada desde la PIAP hasta White, los números de la línea cerrarían por encima de lo proyectado por Dietrich.
La demanda, en términos logísticos, está cerca, porque en la ecuación casi no hay camiones. La más urgente vendría probablemente desde el complejo industrial de “crushing” sojero del Gran Rosario, que se reparte sobre 70 km. lineales de costa santafecina jalonados de 19 puertos privados, vecinos de «la crema» de los campos argentinos, tendidos tierra adentro hasta a 300 km. del Paraná, y pidiendo nitrógeno.
Desde Arroyito a White el nitrógeno viajaría en tren, y de allí hasta el Gran Rosario, por agua salada y luego remontando la amarronada del Paraná. Riel y agua, flete barato.
Lo dicho: el rompecabezas de la fertilización está casi completo. Falta insertar en él la PIAP neuquina. Y no es tanto cuestión de plata, aunque nunca sobra, como de visión empresarial y/o o de estado, que en algunas circunstancias sobra un poco menos.
De ahí este llamado.
Razones para seguir fabricando agua pesada
El gobernador Gutiérrez fue proclive a dedicar un tercio de la PIAP a fines agrícolas, pero no puede. Como copropietaria del 49% de ENSI (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería), su provincia no tiene la plata. Lo que sí tiene es un problema de gobernabilidad: en la ENSI trabajan 420 profesionales y técnicos muy especializados, y personal de apoyo que suma 600 puestos más, todos a punto de perderse. Por ende, la idea de Gutiérrez es mantener la instalación en marcha entre 2 y 3 años más. Generaría así una reserva estratégica de 300 toneladas de D20 “de reposición” para la que van perdiendo, año a año, las Atuchas I y II en Lima, provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba. Gutiérrez no le añadiría ni un tornillo a la PIAP actual: claramente apuesta a pasarle el problema al propietario del 51% de ENSI, el gobierno nacional, preferiblemente no éste sino el próximo.
Pero NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina), compradora natural del producto de la PIAP por ser la constructora y operadora de centrales nucleares del estado, está siendo desguazada en recursos humanos, planes de desarrollo y fondos por el actual Ministerio de Energía. Por ende, tampoco puede firmarle contrato de compra de D20 a Gutiérrez. La PIAP hoy carece de plan A y de plan B.
Como todas estas centrales nucleoeléctricas deben reponer unos U$ 34 millones de D20/año y van a durar en operaciones, en promedio, 22 años más, el plan B de Gutiérrez liberaría a la Argentina de importar U$ 680 millones a precio de hoy de este líquido extraño y azulado del que, por ahora, es el primer fabricante mundial.
Eso, en un planeta donde hay 49 centrales, 47 de ellas CANDU de diseño canadiense, que necesitan reponer D20, sin tener autoabastecimiento pleno. Están en Canadá, Corea, Argentina, la India, Rumania y China. Éste último país compró 2 CANDU medianas de 728 MW, en línea desde 2003, y en septiembre de 2016 la CNNC y Lavalin, de Canadá, firmaron un acuerdo de co-desarrollo y márketing conjunto del CANDU AFCR 1000 y de sus novedosos combustibles. La idea es añadir 2 unidades grandes, de 1000 MW cada una, al complejo nuclear de Qinshan, cerca de Shanghai.
Lo que le interesa a China del diseño CANDU son dos cosas:
«Se espera que en el segundo semestre de este año haya muchas más presentaciones», afirmó Germán Mozzi, de Mozzi Abogados quien observa que la tendencia comenzó ya a fines del año pasado y se incrementó con la corrida cambiaria.
«Las empresas están teniendo muchos problemas para financiar el capital de trabajo. En su gran mayoría, no cuentan con el mercado de descuentos de facturas y cheques. Además, enfrentan mora en la cartera activa, ya que los propios clientes piden alargamiento de los plazos. Otro problema grave es que es difícil trasladar los costos a los precios, porque hay problemas con la demanda y no saben a qué precio vender», explicó Mozzi. «En general, cuando hay inflación, se tiende a cubrirse con una política de atrasar los pagos de impuestos o cargas sociales, y empiezan a acumular deudas y moratorias».
La abogada Graciela Alfici, del estudio Goldsztein-Alfici, coincidió en que se incrementaron las presentaciones en los últimos 60 días, principalmente de pymes, y las vinculadas con el rubro textil y la venta de electrodomésticos.
«Porque bajaron abruptamente las ventas y se incrementaron los costos fijos, los servicios, las paritarias. Se produce un desequilibrio económico financiero que no pueden cubrir con el giro ordinario de sus negocios», dijo Alfici, al recordar que las financieras cobran a las pymes tasas del 70%.
«Hay una interrupción en la cadena de pagos, justamente porque las pymes se presentan en concursos. Dejan de pagar todos los cheques anteriores a la presentación del concurso y eso tiene un efecto multiplicador», explicó Alfici. «El concurso es un remedio
para evitar que se caigan las cuentas bancarias».
José María Allonca, de Allonca Abogados, espera más presentaciones en los próximos meses, «porque la cadena de pagos se va a seguir resintiendo, si no bajan las tasas y el mercado se sigue reprimiendo, y las empresas se están comiendo los stocks. El concurso es una herramienta para poner un freno a los reclamos y volver a reestructurar forzadamente la deuda».
Entiende que los impulsa una combinación de factores: el cambio de modelo económico, la apertura de las importaciones y la corrida cambiaria. El concurso preventivo «abre una ventana de casi dos años para no pagar las deudas», dijo Allonca. Implica la obligación de que todos los acreedores, incluso los trabajadores, tengan que
solicitar el reconocimiento de sus créditos ante el juez, quien ordena frenar todos los juicios contra la empresa e impide pedir nuevos embargos. 
