El creciente número de supercentenarios en el mundo sugiere que la esperanza de vida humana podría alcanzar esa edad ya durante este siglo.
Un estudio publicado ayer 29 de septiembre en la revista Royal Society Open Science indica que, en teoría, los humanos podrían vivir hasta los 130 años o más.
En su investigación, los científicos utilizaron una combinación de estadísticas de valores extremos, análisis de supervivencia y métodos informáticos evaluando los datos de supercentenarios (personas de 110 años o más) y semisupercentenarios (de 105 o más).
Los autores del estudio sitúan el límite superior actual de la esperanza de vida humana en unos 130 años. Esta conclusión no significa que pronto las personas vivirán hasta esa edad, ya que la probabilidad de vivir hasta los 130 años si se llega a los 110 años es muy baja. «Más allá de los 110 años, uno puede pensar que vivir un año más es casi como lanzar una moneda al aire», afirmaAnthony Davison, profesor de estadística de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), que dirigió la investigación.
Sin embargo, el creciente número de supercentenarios en el mundo sugiere que la esperanza de vida humana podría alcanzar los 130 años ya durante este siglo. Al mismo tiempo, Davison reconoció que «en ausencia de imprevisibles avances médicos y sociales» es poco probable que las personas vivan más allá de esa edad.
Para acceder al estudio original, cliquear aquí.
Hace días un lector adulto aún no vacunado contra el Covid-19 (algo ya no tan frecuente en Argentina), nos escribió para formar parte de la fase 1 de la vacuna de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín). Le deseamos buena suerte y lo derivamos. Va a tener que esperar. Este “trial” empieza recién en enero de 2022, noticia que ya dimos un par de veces y el 15 de agosto repetimos en este exhaustivo artículo de Nora Bär. Sin embargo, para los lectores que nos leen ocasionalmente sigue siendo novedad. La fase 1 es un ensayo de seguridad sobre 100 voluntarios sanos, y lo seguirá otro de fase 2/3 sobre 4000. Ambos grupos deberán haberse vacunado antes con otras fórmulas, porque lo que se intenta es explorar la inmunogenicidad como dosis de refuerzo de la ARVAC Cecilia Grierson. El equipo de la Dra. Juliana Cassataro votó por ese nombre con carga histórica. Grierson, primera argentina en ganarse el título de médica en el archimachista siglo XIX fue un monumento a la persistencia. Cassataro, por suerte para el país, también. Por brevedad y para diferenciar esta vacuna de las decenas en danza en el planeta, cada cual con su galimatías de cifras y acrónimos, en AgendAR llamamos “la Cecilia” a esta propuesta Nac & Pop. La vacuna de la UNSAM está pensada para tres usos:
Dosis de refuerzo
Fórmula de respuesta rápida ante la aparición de nuevas variantes virales en la región
Vacuna pediátrica y para personas inmunodeprimidas (esto requeriría de dos estudios más)
Para frustración del lector que nos preguntó, la performance de “La Cecilia” sólo se estudiará en pre-vacunados: a mediados de 2022 habrá poca gente sin su par de pinchazos, y no será población representativa. Y es que en mayo de 2021 se dio vuelta la taba y la Argentina arrancó (y era hora), con su inmunización masiva mediante vacunas importadas. Ésas ya costaron más de U$ 1661 millones. La vacuna china Sinopharm, por dar un caso, en lo peor del desabastecimiento de 2020, llegó a U$ 20 por dosis. Razón de más para tener una fórmula nacional que no le falte a nadie, que no haya que esperar en Ezeiza, libre de patentes extranjeras y cláusulas restrictivas a la exportación, de fabricación 100% local, con una base tecnológica simple y fácil de modificar para seguirle las gambetas evolutivas al SARS CoV2. Y por último, que cueste no más de U$ 8. Y que esos dólares queden en el país.1. Qué vino haciendo Argentina en la materiaEl verdadero vacunatorio VIP de la Argentina fue la cancha de básket del “Equipo Millonario”. El país entró al baile de esta pandemia tarde y a tropezones. Pagó con exceso de muertes el incumplimiento de las entregas de la vacuna AstraZeneca. Esta firma anglosueca fue el plan A del gobierno en 2020 y en AgendAR, por lo que valga nuestro apoyo, estuvimos en total acuerdo. Nos equivocamos. ¿Por qué estuvimos de acuerdo? La marca parecía tener un buen cruce de curvas de efectividad y precio. Nos pareció previsor que se fabricara bajo licencia en el país, por aquello de que más vale pájaro en mano que cien volando, visto que durante uno o dos años reinaría un enorme desabastecimiento mundial de vacunas. La escala de producción era otra garantía: se empezaría por 25 millones de dosis/mes para escalar luego a 50. No habría modo de que faltara. ¿O sí había? Lo hubo. Un acuerdo horroroso (para Argentina) permitió que la AstraZeneca se produzca a granel en mAbxience, Garín, provincia de Buenos Aires, planta perteneciente al grupo Insud de Hugo Sigman, para luego exportarse en tambores en un 100% a México con vistas a su fraccionamiento. Luego, supuestamente, la primera cuotaparte argentina -22,4 millones de dosis- debía volver al país, ya filtrada y encapsulada. El Estado pagó el 60% de la operación por adelantado. Y la cuotaparte la seguimos esperando. De suyo, ese ida y vuelta de la fórmula carecía y carece de todo sentido logístico. Nuestra compra preliminar podría haberse cumplido con menos de un mes de la producción inicial de mAbxience, la cual pudo y debió haber hecho el proceso de “filtering-filling” sin salir del país. No es tecnología extraterrestre, y aquí la tenemos. Y cerquita, además, y de empresas del mismo grupo o asociadas. A 400 metros de mAbxcience está la planta de Biogénesis Bagó, copropiedad de Bagó y del grupo Insud, el del mentado Sigman. Y Biogénesis algo de “filtering-filling” debe entender: fabrica 330 millones de dosis/año de inyectables para aftosa, además de otras enfermedades virales y bacterianas, entre ellas brucelosis y rabia. Biogénesis es parte de la mayor exportadora de inmunizantes anti-aftosa del mundo. Desde Canadá hasta el Cono Sur, 4 de 10 bovinos reciben sus fórmulas. No es la mayor fábrica del mundo en su tipo porque Insud y Bagó instalaron otra planta considerable en Sao Paulo, Brasil y está construyendo una cuarta aún mayor en Arabia Saudita, dado que la tercera la abrió en 2016 en la provincia de Shaanxi, China, donde produce 400 millones de dosis/año. Pero el grupo Insud tiene otra planta más que hasta 2020 se dedicaba únicamente al “filtering-filling” de vacunas importadas a granel: Sinergium Biotech, que está a 260 m. de distancia de mAbxience, en Garín. Como dice en la página web de Insud el dueño del grupo, Dr. Hugo Sigman, Sinergium “tuvo que dedicar un año y medio a la búsqueda de equipos y la capacitación de sus profesionales para poder fabricar completamente la vacuna de gripe de Novartis y la de neumococo de Pfizer”. En suma, que aquí había y hay filtros, botellitas, planta y recursos humanos para la terminación local de la AstraZeneca, todo a un minuto de distancia de garinense “a pata”. Visto lo cual el acuerdo de “todo va a México y después vemos” parece una imposición de:
el financista del acuerdo, el magnate mexicano Carlos Slim, quien privilegió a su país (“Who pays the piper calls the tune”, dicen los ingleses. “El que paga al flautista elige la música”)
la costumbre de AstraZeneca por fabricar en algunos países (y desabastecerlos totalmente) para vender en otros, algo que le ganó en la Unión Europea odios vehementes en los medios, denuncias parlamentarias, allanamientos de fábricas, juicios y decomisión de vacunas,
vocación nacional medible en números negativos por parte de Insud, que está en 40 países, es tan argentina como Barcelona (la ciudad, no la revista), y cuyos negocios con el estado argentino –Sigman dixit- representan sólo el 1,5% de su facturación,
y la distraída ausencia o presencia del Ministerio de Salud (MinSal) argentino en una mesa donde se decidía la vida de decenas de miles de compatriotas.
Insud puso U$ 60 millones en mAbxience para su reconversión. La planta, recién inaugurada, estaba inicialmente equipada para producir otro tipo de biológicos: anticuerpos monoclonales. Si eso es difícil, fabricar vacunas con adenovirus transgénicos como vectores está en otro orden de complejidad tecnológica mayor. El acuerdo se firmó en agosto de 2020 y la adaptación se hizo a velocidad warp. La planta de mAbxience ya estaba produciendo a todo vapor vacunas AstraZeneca a granel en noviembre de 2020. Según lo acordado, las primeras 2,3 millones de inoculaciones debían haber regresado fraccionadas a Argentina en marzo de 2021 y otras 4 millones en abril. No llegaron. ¿Por? Porque en México, donde el “filtering-filling” quedaba a cargo de Laboratorios Liomont, faltaban filtros y frasquitos. O sobraban contagiados, una de dos. El hecho es que la vacuna se quedó atrancada en tierras aztecas, y sin servir siquiera para inmunizar a los mexicanos. Es difícil de creer (pero no imposible) que Liomont careciera totalmente del equipamiento de terminación cuando se firmó el acuerdo. México todavía paga aún un precio muy alto por lentitud en la vacunación: cerró agosto con 525.000 contagios nuevos. Se dijo después que el entonces presidente Donald Trump retuvo en EEUU los insumos necesarios aplicando una ley de emergencia de 1948. Es “la tesis del yanqui malvado”. En Sudamérica, no hace falta ni venderla. Pero quien haya negociado por Slim sin cotejar antes las capacidades mexicanas no parece una lumbrera. Y sin embargo, comparado con quien haya negociado por Argentina (no veo alzarse ninguna mano) es un genio. En febrero de este año el presidente Alberto Fernández viajó a México con comitiva, presuntamente para eventos diplomáticos. Sin gran sarasa protocolar y junto a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, visitó Liomont. Si esperaba volver con un anuncio de regreso de vacunas, eso no sucedió. En un sálvese quien pueda a fines de marzo, al año y 8 días de empezado el “lockdown” antipandémico, el MinSal activó el sistema Covax de Naciones Unidas e hizo llegar 218 mil dosis de AstraZeneca “made in South Korea”, cuando ya traíamos 55.000 muertos en el “debe”. El Serum Institute hizo llegar 580.000 Covishield, que es la AstraZeneca “made in India”, y la empresa SK de Corea, 864.000 dosis de la AZ-SK Biol, igual vacuna “made in Corea”: todo de a puchitos, todo demasiado poco, todo demasiado tarde. Y ahí se terminó el Covax. La AstraZeneca “made in Garín” empezó un regreso sin gloria en otoño de 2021, también en cuentagotas. Promediando septiembre, Liomont debía aún unas 9 millones de dosis sobre las 22,4 millones comprometidas, y eso sobre mucho más de 100 millones fabricadas y exportadas a granel. Cuellos de botella parecidos o de otro tipo tuvieron todas las multinacionales que fabrican vacunas para el Covid: pasar de escala laboratorio a producción masiva es ripioso. Siempre hay algún aparato o insumo que falta, o una partida que sale mal, según los procedimientos GMP, y que hay que tirar. Pero las estupideces llegan a lo épico cuando la gestión de recursos únicos para la Argentina –en este caso, de la mayor y más compleja planta de biológicos de la región- la deciden entre una multinacional anglosueca, otra española y distantes filántropos como Bill Gates y el citado Slim, todo según derecho privado y con el estado argentino como mirón. ¿Qué puede salir mal? Por ejemplo, estar hoy en el puesto mundial número 13 por muertos de Covid-19. No es compatible con una población de sólo 45 millones, y se da de palos con la tradición de ser uno de los 3 países de la región con sistemas fuertes de salud pública. Los otros dos son Cuba y Uruguay. En el número que cuenta, el de muertos por millón de habitantes, Argentina está en 2511,04 contra 1944,95 de Chile, 1735,36 de Uruguay, 1577,29 de Bolivia, y 2761,56 de Brasil (si las cifras de Brasil pueden tomarse a valor nominal), aunque debajo del desastre peruano, con 5966,41 muertos. Estamos algo peor que Colombia, con 2456,29, país que ya cursa 61 años de guerra civil y jamás incurrió en la salud pública. Las cifras son de Our World in Data, 20 de septiembre.No habrán cambiado mucho esta semana.Algo habremos hecho mejor que Brasil y Perú, pero peor que Uruguay o Chile. AgendAR da por buenas estas cifras, pero no las brasileñas. Aquí –mérito indiscutible del MinSal- jamás colapsó el sistema de salud salvo en Jujuy. En Brasil, en cambio, hubo ciudades como Manaos que se quedaron sin oxígeno medicinal y la gente se ahogaba en los pasillos de los hospitales, o ante sus puertas. Damos plena razón a los epidemiólogos de la Universidad Federal de Pelotas, en Rio Grande do Sul: ya en mayo de 2020 decían que en su país había 7 veces más infectados que los declarados por el gobierno nacional. Para el caso, el horror intraducible de la India, donde no sólo colapsaron los hospitales sino también los crematorios, es reportado angelicalmente en apenas 319,64 muertos/millón por el gobierno nacionalista religioso de Narendra Modi. Tal vez el líder hinduista esté descontando de los muertos a los que ya reencarnaron.Vacuna antiaftosa de Biogénesis Bagó, 200 millones de dosis/año producidas en Garín, provincia de Buenos Aires, y 130 más para otras enfermedades. En general, no les falta frasquito. Pero aunque nuestros muertos criollos parecen más definitivos, deberíamos tener menos que la media regional. Y eso por algunas consecuencias impensadas e indirectas del desarrollo de un sistema educativo público de calidad, como tuvimos, y del cual salió una industria farmacológica sustitutiva muy atípica. Porque aguantó lo que no soportaron nuestras otras industrias sustitutivas básicas: la electrónica, la electromecánica, la aeronáutica, la naval, la del acero, la de armamento, la de locomotoras y vagones, la de máquinas herramienta. La farmacológica aquí factura arriba de U$ 6000 millones de dólares, abarca el 5% del PBI industrial, el casi 9% del mercado regional y conserva la posición 43 entre las de su mismo palo en el planeta. Detrás de la protección de los Ministerios de Salud, el de la Nación y de algunos provinciales, así como de las obras sociales sindicales, la industria farmacológica argenta acomodó el “jab” antiindustrial setentista sin desmayarse, seguido por el “cross a la mandíbula” noventista, esa combinación de box que dejó en la lona a tantos otros sectores otrora fortísimos. Y no cayó. Pero empeoró. La diversidad de coberturas amplía el mercado interno farmacológico mucho más allá de las prepagas, y logró evitar que las multinacionales barrieran con las empresas locales. En este país hay 210 laboratorios con 190 plantas manufactureras, pero de ellas 160 son de capital argentino y 30, “multis”. Y a sumar: 40 laboratorios públicos de medicamentos.De los 15 laboratorios que más facturan aquí, 12 son argentinos, y las 160 empresas locales mueven el 69% del mercado interno. Eso es la consecuencia de un ecosistema que compra nacional no porque lo mande una ley, sino porque le conviene a los 4 grandes actores del sistema de salud, de los cuales 3 son el estado federal en forma directa u obrando a traavés de sus muchos avatares. Alrededor del 36% de nuestros compatriotas tienen una obra social nacional o provincial, el 13% son jubilados o discapacitados a cargo del PAMI, un 13% se atiende con “prepagas”, o seguros de salud privados, y un 36% tiene la cobertura universal exigida por la Constitución Nacional a nuestros hospitales públicos. El estado, en sus diversos niveles, es el garante final del sistema. Funciona muy al límite de sus instalaciones y recursos humanos, visible en las colas de aspirantes a paciente a deshoras de madrugada para sacar un número y agendar una consulta, pero la salud pública da garantías de atención que la salud privada no otorga. En América Latina seguimos siendo más la excepción que la regla. En este raro ecosistema sanitario vive una farmacología que emplea a 43.000 personas en forma directa y a más de 120.000 de forma indirecta, mayormente técnicos y universitarios. Ese sector gasta el 20% de la inversión nacional en investigación y desarrollo. Sin embargo, habida cuenta de que ésta no llega ni a palos al 1% del PBI (hoy está en el 0,28%), la industria resultante ya no es autónoma en generación de patentes y desarrollo de fármacos. De hecho, ésta es su principal renguera: la farmacología argentina importa unos U$ 800 M en principios activos, lo que contrapesa sus exportaciones, que a veces llegaron a U$ 1500 M/año. Las cosas que importamos no son tanto las farmoquímicas, sino las biológicas, refinadas y caras: enzimas, hormonas, anticonceptivos, insulinas, hemoderivados y vacunas. Muchas vacunas esenciales hasta los ’70 las fabricaba el estado a través del Instituto Malbrán (hoy ANLIS), o los laboratorios universitarios provinciales como el Biológico de La Plata y el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. Y se fueron dejando de fabricar durante el Proceso y luego en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Son pocas las empresas privadas argentinas que incursionaron en biológicos por ingeniería genética de cultivos celulares, o de animales recombinantes. La más famosa fue Biosidus, cuya asombrosa trayectoria entre 1983 y 2018 empezó por enzimas, siguió por hormonas y citoquinas, y llegó a la clonación de vacas transgénicas para producir hGH (hormona del crecimiento humano) en su leche. Pese a algunos logros así de espectaculares, más que ser toro en ruedo propio, Biosidus prefirió el ancho mundo: se volvió un proveedor de genéricos de las primeras marcas del Norte de Europa y EEUU. En ello, siguió un destino parecido a las firmas gigantescas como el Serum Institute de la India, Aché de Brasil o SK de Corea. Pero le fue demasiado bien: en 2018, Biosidus fue comprada por dos fondos de inversión estadounidenses (ver aquí). Desde el punto de vista del país, fue el fin de una aventura. Hasta que cambió de rumbo con la pandemia, parecía que mAbxience haría un derrotero parecido: exportación de anticuerpos monoclonales genéricos para las Big Pharma. Sin embargo, al toque de inaugurada empezó la pandemia y fue reclutada por AstraZeneca para producir vacunas por vector viral recombinante. Hoy, junto con Biogénesis Bagó y Sinergium Biotech, que importa principios activos de vacunas y les da “filtering-filling”, forman un polo biotecnológico muy de avanzada, cuyo dueño es mayormente Hugo Sigman (comparte el 50% de la propiedad de Biogénesis, y el resto de las firmas es de él). Sinergium le da terminación a 6 vacunas para humanos a razón de 30 millones de dosis anuales. La antineumocóccica la vende con marca propia, pero también como genérica para Pfizer, que la rotula como propia. Muchas primeras marcas mundiales, entre ellas Glaxosmithkline y Novartis, pagarían costos de producción muy altos si no tercerizaran parte de su producción en países como la India, Corea, Rusia, Brasil o Argentina. Es algo poco sabido, aunque la pandemia lo reveló de un modo dramático. Cuando AstraZeneca nos falluteó con nuestra propia vacuna (la de ellos, según la ley), estaba haciendo desastres similares pero peores en otras partes del mundo. Con Bélgica incendiada de casos, la producción entera de la planta de genéricos de Seneffe, cercana a Bruselas, se iba a Inglaterra. La UE le hizo juicio a la firma anglosueca por 90 millones de dosis no entregadas sobre 120 comprometidas. Italia empezó a decomisar dosis dirigidas a Australia. En la India, AstraZeneca tenía contratado al Serum Institute, el mayor fabricante genérico de vacunas del planeta, para producir y exportar la fórmula anglosueca a mercados de alto poder adquisitivo bajo la marca Covishield.Nadie lleva la cuenta de cuánta gente murió en la India porque TODA la Covishield se exportaba y todavía no había vacunas nativas licenciadas. No sólo colapsaron hospitales y clínicas, sino también los crematorios, el oxígeno medicinal desapareció, y el SARS CoV2 tuvo el ecosistema perfecto para generar una cepa nueva, más contagiosa y letal que la Wuhan, la Kent, la Sudafricana, la Manaos y la Andes: es la delta. Preferimos no llamarla “la India” para no manchar a una nación por la hijeputez de sus clases dirigentes. Estamos tratando de dar un pantallazo del talento biotecnológico ya inherente a nuestro país, expresado en recursos humanos y capacidad instalada. Somos una subpotencia biotecnológica que no se asume, y paga su cobardía con muertos. Es infumable que aquí 2020 terminara sin provisión propia de vacunas contra el Covid-19. La fabricación local de punta a punta de alguna fórmula pudo haber achatado el pico de la 2da ola causada por la cepa Manaos entre abril y junio de 2021, que llegó a picos de más de 760 fallecimientos diarios. En la página web de Insud, el Dr. Hugo Sigman dice: “Hay otras preguntas que se suelen enunciar. ¿No podríamos utilizar parte del principio activo que produce mAbxience para formularlo, envasarlo y distribuirlo directamente en Argentina? Como señalé, mAbxience no es la propietaria del principio activo, solo lo fabrica, de modo que no puede disponer del mismo como si le perteneciera”. ¿A quién le pertenecía el transatlántico Queen Mary II cuando el gobierno británico lo incautó como transporte de tropas para retomar las Malvinas en 1982? A la Cunard Line, pero eso no le importa a nadie: Su Graciosa Majestad lo tomó, lo llenó de tropas, lo llevó a la guerra, logró traerlo milagrosamente de regreso en un solo pedazo, lo emprolijó, lo repintó y lo devolvió. Para construir aquella Task Force de 127 barcos, Su Graciosa hizo lo mismo con un total de 62 naves de transporte pertenecientes a firmas particulares. La mayor de todas fue misileada, quemada y hundida por un par de Exocet argentinos: la containera STUFT “Atlantic Conveyor”, también de la Cunard Line. Quien firmó las 62 requisas –sin preguntarle a la Cunard ni a Magoya- fue la difunta baronesa Maggie Thatcher, entonces Primera Ministra, aún sin rango nobiliario. Maggie no era exactamente una socialista, pero los gobiernos que gobiernan hacen esas cosas ante las emergencias nacionales: incautan activos, a veces bajo alquiler temporal. Para el caso, cuando los muertos se pudrían en las calles de Delhi por el colapso técnico de los crematorios, hasta el complaciente premier nacionalista Narendra Modi, corrido por izquierda por el Congress Party, radicó la producción de la Covishield en la India. No sale una ampollita más, muchachos, le dijo al Serum Institute. (Y ahí nos perdimos 580.000 dosis que venían para aquí). Dada la necesidad pública, ¿era lícito que el gobierno argentino requisara un mes (en realidad, menos) de la producción de mAbxience, así como la capacidad de “filtering-filling” de sus casi vecinas de puerta, Biogénesis Bagó, y especialmente la de Sinergium Biotech, para cerrar el verano con 22,4 millones de dosis en Argentina? Según derecho privado, legal no era. Pero no es ésa la pregunta. Y además, la necesidad pública es parte de nuestra constitución: bastaba un decreto, no era siquiera necesaria una ley. El gobierno no usó ninguno de esos recursos.La discusión sobre ética hoy es académica: tenía sentido político y sanitario cuando terminaba 2020 con una rampa de 43.245 argentinos muertos y una necesidad desesperada de vacunas, en lugar de los 115.038 fallecidos de hoy. Pero seguir comiéndose la historia del gringo malo que nos dejó sin filtros ni frasquitos de vidrio; eso en mi país es comer vidrio. Hay gente a la que le sale bien.
Se podrá exportar el 100% de la producción de vaca de conserva y manufacturera, la que se destina a China, y continuará limitada la venta al exterior de los siete cortes que más se consumen en el mercado interno.
el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció una apertura gradual del cepo a las exportaciones de carne. Los productores de cría y tamberos podrán vender al exterior la vaca manufacturera cuyo principal comprador es China. El ministro mencionó los pedidos de los gobernadores de provincias ganaderas.
Actualmente, está prohibida la exportación de siete cortes populares con el objetivo de contener el precio de la carne y se permiten solo las ventas al exterior a aquellos embarques que no superen el 50% exportado el año pasado, con excepción de las cuotas con preferencias arancelarias con Estados Unidos, Europa e Israel.
La principal novedad es que se permitirá la exportación desde el lunes de la vaca de conserva y manufacturera -que se destina principalmente a China y no se consume en el mercado interno. Específicamente sería un cupo de 50.000 toneladas de vaca de las categorías D y E.
Así, según las proyecciones oficiales, el año terminaría con un 89% de las exportaciones habilitadas, respecto al año anterior.
En la charla con el periodismo, Domínguez, que asumió hace menos de diez días, aclaró: «No esperaba ser Ministro, pero me comprometí a trabajar». Explicó que puso una condición antes de asumir, luego de los que enfrentó el anterior, Luis Basterra, en torno a la falta de poder para la toma de decisiones. «Lo que planteé sí o sí es que el Ministerio recupere las competencias que había perdido. Por eso, el presidente tienen un decreto que en breve firmará para que todos los temas de agricultura ganadería, pesca se resuelven acá».
Sobre el tema puntual, el Ministro indicó que los frigoríficos se beneficiaban con el cupo vigente a costa de los pequeños productores. «Son vacas de productores chicos. Estos meses los frigoríficos estaban exportando y el más perjudicado fue el productor por la pérdida de valor de esos animales, que a su vez hacía que los frigoríficos puedan comprar barato».
Según anticiparon fuentes del Ministerio de Agricultura estarán permitidos todos los cortes de este tipo de animales. Argentina actualmente exporta un 30% del total que produce. Por otro lado, la normativa para la «vaca gorda» que es el otro 70% y la que se destina a los argentinos continuará sin modificaciones.
La noticia se dio a conocer luego de que el Ministro de Agricultura se reunió de manera presencial con los cuatro presidentes de la Mesa de Enlace: Nicolás Pino de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Elbio Laucirica de Coninagro, Carlos Achetoni de la Federación Agraria Argentina (FAA) y Jorge Chemes de Confederaciones Rurales Argentina (CRA).
También participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Wado de Pedro y cinco gobernadores: de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Santa Fe, Omar Perotti, de La Pampa, Sergio Zioliotto y de Entre Ríos, Gustavo Bordet.
La evidencia creciente sobre los efectos potencialmente dañinos del consumo de alimentos ultraprocesados en la salud ha dirigido la atención hacia los efectos en la salud pública del procesamiento industrial de alimentos.
Los alimentos ultraprocesados, tal como lo define el sistema de clasificación de alimentos NOVA, son formulaciones industriales de ingredientes que se someten a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos. Típicamente, no tienen componentes alimenticios saludables intactos e incluyen varios aditivos.
Los alimentos ultraprocesados tienden a ser más densos en energía y nutricionalmente más pobres (es decir, altos en niveles de azúcar libre, sal y grasas saturadas, pero bajos en niveles de proteínas, fibra dietética y micronutrientes) en comparación con las alternativas menos procesadas y están diseñados para ser baratos, apetecibles, duraderos, convenientes y atractivos.9
Estos productos son comercializados agresivamente por el industria alimentaria para promover la compra y dar forma a las preferencias dietéticas, y los niños son los principales consumidores.
La rápida expansión de los sistemas alimentarios globales e industrializados ha desplazado gradualmente los patrones dietéticos tradicionales basados en alimentos frescos y mínimamente procesados, a favor de los UPFs listos para consumir.
Según el estudio publicado en Intramed, los UPFs representan el 65,4% y el 66,2% de la ingesta diaria de calorías entre los niños en edad escolar de Gran Bretaña y EE. UU., respectivamente. (No tenemos números precisos en Argentina, pero todo indica que el porcentaje ha llegado a ser similar en los últimos años):
El creciente consumo en todo el mundo, incluidos los países de ingresos bajos y medianos, ha reflejado un aumento paralelo de la prevalencia de obesidad infantil y adulta globalmente, sugiriendo que el consumo de UPFs puede ser un factor clave impulsor subyacente de la epidemia de obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta.
Un ensayo clínico reciente encontró que el consumo de UPF lleva a la ingesta excesiva de calorías y al aumento de peso en adultos y estudios de cohorte han reportado asociaciones entre un mayor consumo y un riesgo elevado de obesidad, diabetes tipo 2 enfermedades cardiovasculares, cáncer, y mortalidad en adultos.
Las asociaciones del consumo de UPF con la adiposidad en niños y adolescentes siguen siendo escasas, con solo unos pocos estudios previos a pequeña escala disponibles. Este estudio investiga las asociaciones prospectivas entre el consumo de UPF y evaluó objetivamente las medidas de adiposidad desde la niñez hasta los adultos jóvenes en una gran cohorte de niños británicos.
El estudio longitudinal de padres e hijos de Avon (ALSPAC) es un estudio prospectivo de cohorte de nacimiento que inicialmente inscribió a 14.541 mujeres embarazadas residentes en Avon, Inglaterra. En este estudio, los niños fueron seguidos desde 7 a 24 años durante el período de estudio a partir del 1 de septiembre de 1998 al 31 de octubre de 2017.
Se invitó a los niños a un total de 10 evaluaciones clínicas casi anualmente desde los 7 a los 17 años de edad y luego a los 24 años. Los resultados primarios incluyeron índice de masa corporal (IMC), índice de masa grasa (IMG), índice de masa magra (IMM) y porcentaje de grasa corporal total.
Resultados
Se siguió un total de 9025 niños (4481 [49,7%] mujeres y 4544 [50,3%] varones) durante una mediana de 10,2 años.
En este gran estudio prospectivo de seguimiento de niños británicos de 7 a 24 años, encontró que
Los hallazgos de este estudio de cohorte sugieren que un mayor consumo de UPFs en la infancia se asocia con una progresión más rápida del índice de masa corporal (IMC), índice de masa grasa (IMG), el peso y la circunferencia de la cintura en la adolescencia y adultez temprana.
Se necesitan con urgencia acciones de salud pública más radicales y eficaces que reduzcan la exposición y el consumo de UPFs en los niños para abordar la obesidad en la infancia en Inglaterra e internacionalmente.
Un mayor consumo de #ULTRAPROCESADOS en la infancia se asocia con una progresión más rápida del índice de masa corporal, índice de masa grasa, el peso y la circunferencia de la cintura en la adolescencia y adultez temprana. t.co/A87DR0QcpYpic.twitter.com/xq2Z0etEgW
Argentina tiene al 89% de sus adultos vacunados al menos una dosis y al 64% con las dos dosis. Acá, la cobertura por edad y sexo con una dosis y dos dosis sobre la pirámide poblacional del país. pic.twitter.com/alfoHFVYJQ
Con una dosis el sistema inmunológico inicia el proceso de generación de anticuerpos, el cual se potencia con la segunda (depende un poco de cada vacuna)! Eso está informado en el gráfico para entender la inmunidad de la población.
«Se espera que las políticas climáticas y energéticas ocupen un lugar preponderante en las conversaciones para determinar qué partidos formarán el próximo gobierno de Alemania, después de las muy anticipadas elecciones federales del 26 de septiembre.
Los socialdemócratas de centroizquierda, socio menor en el actual gobierno de gran coalición, ganaron las elecciones por un estrecho margen antes que los demócratas cristianos de centro derecha de la canciller saliente Angela Merkel. Esta elección fue la primera en la que Merkel no se presentó desde que se convirtió en canciller en 2005.
Los líderes de los socialdemócratas y los demócratas cristianos han afirmado que tienen el mandato de formar un gobierno. Es poco probable que los dos partidos continúen su coalición, y un nuevo gobierno, quienquiera que lo lidere, podría incluir al Partido Verde y los liberales Demócratas Libres, que obtuvieron el 14,8% y el 11,5% de los votos, respectivamente, según los resultados preliminares. Pueden pasar semanas o meses de discusiones antes de que se forme una coalición.
El cambio climático fue un tema clave en esta elección, y el nuevo gobierno deberá diseñar un plan para lograr los objetivos climáticos del país: una reducción del 65% en las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con los niveles de 1990 para 2030 y convertirse en carbono neutral para 2045. “Los verdes y los liberales tienen diferentes preferencias en cuanto a la combinación de instrumentos basados en el mercado, subsidios y leyes reguladoras para lograr la neutralidad de carbono en las próximas décadas”, dice Ottmar Edenhofer, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático.
Los Verdes quieren revisar la ley de energía renovable de Alemania para aumentar el uso de energía baja en carbono en los sectores de transporte e industria, y para calefacción. También quieren adelantar una eliminación planificada del carbón en ocho años, hasta 2030. Los liberales son reacios a abordar el cambio climático a través de leyes reguladoras o subsidios estatales a las tecnologías verdes.»
En cambio, quieren ampliar los sistemas de comercio de emisiones nacionales y europeos para cubrir todos los sectores de la economía, incluido el transporte. Tanto los socialdemócratas como los demócratas cristianos también se han comprometido a intensificar la acción climática de acuerdo con los objetivos climáticos de la Unión Europea y el acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1,5 ° C por encima de los niveles preindustriales.
Transición energética
La investigación básica ha hecho contribuciones significativas en los últimos 20 años a las nuevas tecnologías verdes, desde la producción de acero a base de hidrógeno hasta las tecnologías de almacenamiento de energía, dice Martin Stratmann, presidente de la Sociedad Max Planck, una de las organizaciones de investigación líderes en Alemania. Pero ahora, dice, es el momento de implementar la Energiewende, la transición del país hacia una economía baja en carbono. Es un proyecto de escala sin precedentes que el nuevo gobierno debe buscar desencadenar en todos los sectores, agrega Stratmann. “La ciencia guiará el proceso. Pero la implementación práctica es una gigantesca tarea económica, social y política que necesita mucho apoyo más allá de la investigación científica y la tecnología «.
Los Verdes y los liberales están en condiciones de elegir qué socio político más grande podrían preferir en un gobierno de coalición, dice Edenhofer. Los analistas esperan que los Verdes puedan reclamar la responsabilidad ministerial de medio ambiente y transporte, ministerios clave para las políticas climáticas, mientras que los liberales podrían reclamar el ministerio de economía. Es demasiado pronto para decir qué partido podría conseguir el ministerio de ciencia y qué podría tener reservado el nuevo gobierno para los investigadores.
Los verdes y los liberales han prometido seguir aumentando el gasto total en investigación alemán en al menos un 3% cada año. Ambas partes también han dicho que quieren mejorar las oportunidades profesionales de los científicos jóvenes mediante la creación de puestos académicos más permanentes y la ampliación de los programas de permanencia en las universidades.
“Desafortunadamente, la investigación y la educación, además de los debates sobre las acciones climáticas, fueron severamente descuidadas como temas durante las campañas electorales, lo que dificulta juzgar qué esperar de los diferentes partidos”, dice Gisela Kopp, bióloga del comportamiento del Instituto Max Planck. de ornitología en Radolfzell, que es miembro de Die Junge Akademie, la academia científica alemana para jóvenes científicos y académicos.
“No espero ver cambios fuertes en la política científica”, agrega. “Muchos investigadores esperan que el nuevo gobierno impulse importantes reformas estructurales. Las condiciones laborales en el mundo académico, donde la mayoría de los investigadores tienen contratos de duración determinada, han estimulado acalorados debates durante los últimos meses y este tema debe ser abordado con urgencia por el nuevo gobierno.
(En AgendAR somos escépticos del ambientalismo alemán. Una decisión de Ángela Merkel, a nuestro entender profundamente equivocada, decidió el cierre de las plantas nucleares en Alemania. En completo contraste a la política de su vecina, Francia, por ejemplo.
Así, Alemania importa una gran parte de su energía… de las centrales térmicas, de carbón, de su otra vecina, Polonia. Hablemos de huella de carbono).
Tecpetrol, brazo petrolero del Grupo Techint, volvió a encabezar la producción con 15,6 MMm3/d, un 19,1% más que un año antes. Pero el mayor crecimiento lo registró YPF: en sus tres principales bloques productores sumó 10,9 MMm3/d, un 159,5% más que en agosto de 2020.
La producción de shale gas alcanzó en agosto un nuevo record: con 43,9 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), un 36,3% más que en el mismo mes de 2020, según informó la consultora Economía y Energía. Tecpetrol, brazo petrolero del Grupo Techint, fue el mayor productor con 15,6 MMm3/d, un 19,1% más que un año antes.
Sin embargo, el mayor crecimiento lo registró YPF que en sus tres principales bloques productores sumó 10,9 MMm3/d, un 159,5% más que en agosto de 2020.
La fuerte recuperación de YPF en términos absolutos y porcentuales se debe a la baja base de comparación, ya que la producción de la compañía controlada por el Estado Nacional se había desmoronado en 2020.
Luego de la puesta en marcha del PlanGas.Ar, YPF reactivó de manera decidida su producción. En Rincón de Mangrullo pasó en un año de 1,6 a 4,7 MMm3/d, un 193,7% más. En El Orejano trepó de 1,8 a 3,8 MMm3/d, un 111,1% y en Aguada de la Arena elevó su producción de 0,8 a 2,4 MMm3/d, un 200%.
En el tercer lugar del ranking empresario aparece Pluspetrol que en La Calera mejoró en un año de 2,7 a 4,1 MMm3/d, un 51,8%.
Luego aparece Total que en Aguada Pichana Este produjo 3,6 MMm3/d, aunque su producción cayó 23,4% respecto a los 4,7 MMm3/d que aportó en agosto de 2020.
Entre los bloques más significativos, por último figura PAE en Aguada Pichana Oeste que pasó de 1,7 a 2,8 MMm3/d en un año, lo que representa una mejora de 64,7% en su producción.
Observación de AgendAR:
El mensaje de hoy de Carlos Lamiral en Ámbito puede ser acusado de triunfalista, en un enfoque muy de sector: Por el Plan Gas, Argentina quedaría al margen de crisis energética que azota a Europa. Pero no se puede negar que tiene una base de verdad.
El aumento del precio del gas natural en el mundo tiene en jaque, en especial, a los gobiernos europeos, que tratan de mitigar los efectos de una escalada de precios históricos de la electricidad. Europa se prepara para el invierno del Hemisferio Norte con sus reservas de gas en un 60% de las acostumbradas. En Gran Bretaña se habla de usar el ejército para asegurar un abastecimiento interno equitativo de combustible.
No es la situación argentina, por suerte (y porque los costos del transporte de gas a ultramar son mucho más altos que los del transporte del petróleo. Si fuera fácilmente exportable, tendríamos el mismo problema que con la carne. Aunque, como pasa con la carne vacuna, las divisas nos vendrían muy bien…).
De cualquier modo, los combustibles son el insumo clave de la industria y del agro. El Plan Gas.Ar se ha mostrado exitoso en lograr aumentos en la extracción de gas, pero el Estado debe evaluar el costo de los privilegios y subsidios que se otorgan a las empresas extractoras, que forman parte del precio real del combustible que pagamos todos.
Esa es la discusión que se abre ahora en el Congreso de la Nación, en el debate del proyecto de Ley de Hidrocarburos.
Argentina superó ayer las 68 millones de vacunas contra el coronavirus recibidas con la llegada de un cargamento de más de 549.600 dosis del fármaco elaborado por AstraZeneca.
Un nuevo lote de 200.000 unidades de la vacuna monodosis CanSino había arribado este domingo, con lo cual la Argentina ya recibió 68.257.645 dosis de vacunas contra el coronavirus desde el comienzo del plan de inmunización.
Hasta el viernes pasado se habían recibido 67.708,045 dosis. De ese total, 28.856.000 sonSinopharm, 14.234.820 son Sputnik V (9.775.655 del componente 1 y 4.459.165 del componente 2) y 3.129.125 Sputnik V terminadas en Argentina por Laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 1.949.500 del segundo).
A la firma AstraZeneca corresponden 16.966.900 dosis (580.000 de Covishield; 2.493.600 recibidas por el mecanismo COVAX, 13.200.500 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina y 1.242.400 donadas por España).
En tanto, 3.500.000 corresponden a Moderna donadas por Estados Unidos, 600.000 a CanSino y 421.200 a Pfizer.
De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta tarde se distribuyeron 56.031.629 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 51.153.324. A su vez, 29.518.605 personas recibieron la primera dosis y 21.634.719 ya tienen dos aplicaciones.
Ante estos datos, la primera de las dos jornadas previstas para una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que se realiza en Mar del Plata, dejó conformidad entre las autoridades por los resultados del plan de vacunación en marcha, la caída en la cantidad de contagios, internaciones y muertes por coronavirus y, frente a dudas y algunas cuestionamientos, una nueva ratificación a la seguridad de la vacuna Sputnik V, la primera a la que recurrió el gobierno nacional.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, presidió este encuentro y afirmó: “El consenso con las provincias es avanzar hacia el mayor número de personas con al menos una dosis e ir casa por casa, duda por duda, con las personas que aún no se han inscripto”.
En la conferencia de prensa agregó que esperan llegar la semana próxima a 70 millones de dosis recibidas y 50% de la población del país con las dos aplicaciones requeridas para inmunizar.
Junto al ministro de Salud bonaerense y anfitrión en esta edición, Nicolás Kreplak, reclamaron a la comunidad que atienda y responda a los turnos para vacunarse con la segunda dosis y coincidió con Vizzoti en descartar por ahora la opción de una tercera para alguna de las variantes que se están aplicando en el país. “En el futuro se verá, pero hay que pensar en otras necesidades”, y consideró mucho más importante que toda la población tenga al menos una dosis para prevenir o enfrentar el Covid-19.
Para hacer más fácil el acceso a los insumos necesarios para el desarrollo de proyectos de investigación en ciencia y tecnología, el Gobierno lanzó una tarjeta precargada para los investigadores a cargo de iniciativas financiadas por la Agencia I+D+i.
Esta tarjeta permite que los gastos en moneda extranjera asociados a los proyectos de investigación estén exentos del pago del impuesto PAIS y también de la retención del 35% de pago a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.
El instrumento, que simplifica los trámites a los investigadores, es el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la AFIP, la Agencia I+D+i y el Banco Nación.
Los gastos asociados a proyectos de investigación están exceptuados del Impuesto PAIS y de la percepción del 35% de pago a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Hasta ahora, los investigadores debían solicitar la devolución para cada operación que realizaban con moneda extranjera. La nueva tarjeta prepaga, que es emitida por el Banco Nación, permite que los gastos abonados con ese instrumento se vean exceptuados en forma automática.
El Registro de Gastos Asociados a Proyectos de Investigación (REGAPI) de la AFIP llevará la nómina de proyectos que accederán a la tarjeta prepaga. Las Unidades de Vinculación Tecnológica dependientes de la Agencia I+D+i entregarán a cada investigador responsable una tarjeta que servirá para cubrir todos los gastos asociados al proyecto de investigación.
Esta herramienta fue presentada en un evento en el que participaron el ministro Daniel Filmus; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; y de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano. En ese acto se entregó la primera tarjeta prepaga a las científicas Mónica Lacarrieu y Natalia Rojas.
Decimos que éste es dato que informa sobre la sociedad, no sobre la economía, porque 131 millones de dólares no «mueven el amperímetro». Significan muy poco, frente a los números de la economía. Pero demuestra que para muchos argentinos, comprar el dólar a su valor oficial, más el impuesto PAIS, y la retención del 35%, es un buen negocio. Que el «valor real» del dólar está por arriba de eso. Esta convicción sí tiene una influencia decisiva en la economía argentina.
En el mes previo a las PASO, la cantidad de personas que compraron dólar ahorro marcó en agosto un nuevo máximo desde el comienzo del año, al rozar los 700.000 individuos, de acuerdo al informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, publicado por el Banco Central (BCRA).697 mil individuos compraron dólares «ahorro», mientras que unos 30 mil vendieron, resultando así compras y ventas per cápita de u$s187 y u$s220, respectivamente.Las “personas humanas” compraron billetes por u$s 131 millones en agosto, similar nivel a julio, y efectuaron ventas por u$s 7 millones, indicó el BCRA.
Tanto la cifra de cantidad de compradores, como de monto adquiridos, registradas en agostos se ubican muy lejos las contabilizadas una año atrás, cuando la primera habían alcanzado un máximo de 4 millones de personas, y la segunda más de u$s4.000 millones, momento a partir del cual el BCRA introdujo nuevas regulaciones para el acceso a moneda extranjera.
A mediados de septiembre de 2020, la autoridad monetaria impuso cambios normativos: control y monitoreo de la capacidad económica y de ingresos requeridos para la apertura de nuevas cajas de ahorro en moneda extranjera, y límites al acceso de cotitulares a la compra de moneda extranjera para formación de activos externos.
Además, estableció que los pagos realizados por los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito se tienen en cuenta en el cupo mensual de u$s 200 por persona y determinó que quienes sean beneficiarios de programas sociales no podrán acceder al mercado de cambios.
Hace 8 años se inauguraba el Centro de Ensayos de Alta tecnología. Una empresa nacional, que es capaz de simular escenarios extremos de temperatura, presión, humedad, sonido, vibraciones y radiofrecuencia para testear el funcionamiento de diferentes equipos tecnológicos. pic.twitter.com/gpR2XcAadF
En este ambiente, se ensayaron nuestros satélites Arsat-1 y Arsat-2 y los de la misión Saocom, de la CONAE.
El Centro de Ensayos de Alta Tecnología Sociedad Anónima, CEATSA, es una empresa argentina que provee ensayos ambientales y pruebas de ingeniería a las industrias aeroespacial, agropecuaria, automotriz, electrónica, energética y de defensa. Es de propiedad conjunta de ARSAT (en un 80%) y de INVAP (en un 20%).
En la Argentina, es frecuente encontrar prototipos de dispositivos tecnológicos muy innovadores que no llegan al mercado.
En los países más desarrollados, las empresas suelen tener acceso a herramientas financieras para llevar a cabo al escalado de proyectos en instancias tempranas, generalmente traccionados por inversores de riesgo y créditos con tasa muy baja. En los países denominados periféricos. el financiamiento para dar el salto del prototipado a la escala industrial suele ser estatal, y no abunda. Así, la conexión entre uno y otro eslabón de la cadena es un problema de difícil solución.Para poder cubrir esa brecha, los ministerios de Ciencia y Tecnología y el de Desarrollo Productivo crearon la convocatoria de proyectos estratégicos de base científica y tecnológica.
Cae dentro del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, que financiará a empresas industriales de áreas estratégicas para que escalen a la producción en serie los prototipos de base científico-tecnológica, que puede incluir la compra de maquinaria y la obtención de certificaciones.
El programa cuenta con un financiamiento de 250 millones de pesos en Aportes No Reembolsables (ARN), 30 millones en concepto de bonificación del 10% de la tasa de interés en un crédito bancario del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y servicios de asistencia técnica, tanto del INTI como de otros organismos de ciencia y tecnología.
Erica Carrizo, Directora Nacional de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, explica que “el programa financia a empresas industriales que presenten proyectos de base científica y tecnológica, con visión industrial y una búsqueda de escalar su producción. Obviamente, tienen que tener antecedentes científicos y tecnológicos en estas empresas para poder adaptarse a la convocatoria. Esperamos que se presenten prototipos ya desarrollados que incorporen tecnología y que estén en la última etapa, que tengan resuelta la I+D para producir en serie”.
Las empresas que pueden presentarse a esta convocatoria deberán estar insertas en las cadenas de valor de las siguientes áreas, que fueron definidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo: salud, alimentos, minería e hidrocarburos, transporte ferroviario y naval, movilidad sustentable, aeroespacial, tecnología verde, defensa y seguridad, industria 4.0, y agua y saneamiento.
Erica Carrizo, Directora Nacional de Proyectos Estratégicos del MinCyt
“Hay muchos proyectos que logran resultados a nivel prototipo y después quedan boyando…»
Julián Hecker, director Nacional de Compre Argentino y del Programa de Desarrollo de Proveedores del Ministerio de Desarrollo Productivo, señala que “son sectores que tienen la oportunidad de dar un salto, tienen alto valor agregado y pueden alcanzar un estándar internacional de producción”. Están excluidas de la convocatoria las empresas que se dediquen a la fundición de hierro, acero y otros metales no ferrosos, ya que para ellas habrá otras herramientas de financiación.
“Al ser la primera vez que vamos a aplicar este esquema de gestión se trata de una prueba piloto de la que esperamos relevar y sistematizar los aprendizajes necesarios para después replicarlos de una forma más sencilla”, dice Hecker.
En el mismo sentido, Carrizo menciona “Muchas veces el Ministerio de Ciencia tiene una especificidad muy marcada y se ocupa solo de I+D, pero hay muchos proyectos que logran resultados a nivel prototipo y después quedan boyando, por eso fuimos a buscar a Producción para trabajar en ese espacio vacío, para que ese potencial no quede sin acompañamiento en ese eslabón con el que trabajan más ellos. Producción tiene mucho contacto con empresas industriales o que generan servicios para empresas y se focalizan en esto, como en proyecto ya prearmados que tienen que incorporar maquinaria o hacer certificaciones o ensayos para instalar la producción. Por ahí pasa el foco del programa”.
Las empresas que quieran presentar proyectos para ser financiados por el programa deberán consultar las bases y condiciones (cliquea aquí) para determinar si cumplen con los requisitos e inscribirse en la Red de Proveedores, si no lo hubieran hecho en una oportunidad anterior.
Según Carrizo, “es el primer emergente de un trabajo conjunto que iniciamos en el año 2020 entre la Dirección Nacional de Proyectos Estratégicos del MINCYT y la Dirección Nacional de Compre Argentino y el Ministerio de Desarrollo Productivo”. El programa se creó con el objetivo de aumentar el grado de integración de componentes en cadenas de valor estratégicas, sustituir importaciones de alto valor agregado, producir más bienes de capital –especialmente los vinculados con la industria 4.0–, promover la creación de empleos de alta calidad, el diseño de tecnología y, en última instancia, mejorar la calidad de los proveedores de la Administración Pública Nacional.
Observación de AgendAR:
Esta nota de Matías Alonso apunta a un problema clave de la tecnología y la industria argentina desde hace mucho tiempo. Y no surge solamente de la falta de instrumentos de financiamiento, de inversores de riesgo,…
Hay algo cultural también: a muchos argentinos nos resulta fácil concebir, o enamorarnos, de ideas brillantes y proyectos audaces. Nos cuesta más emprender la tarea, más rutinaria y más engorrosa, de sentar las bases para la producción en gran escala. Que es la etapa decisiva, desde la Revolución Industrial en adelante.
Por eso elegimos para ilustrar esta nota el icónico Pulqui II. Argentina fabricó hace 7 décadas un avión caza como muy pocos otros países podían producir un aparato equivalente en ese tiempo. Pero no se alcanzó a producirlo en serie, y quedó sólo como un ejemplo de las capacidades argentinas. (ver aquí «Tanta diversidad mata»)
Por supuesto, el Pulqui, y la legendaria Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME), fueron víctimas de la inestabilidad política argentina, de la ausencia de una clase dirigente comprometida con un proyecto de nación. Más tarde, en los ´70, pasó lo mismo con la prometedora industria electrónica argentina (ver aquí).
Que el Estado asuma una iniciativa -aunque sea con los modestos recursos disponibles- para encauzar a la industria privada en la dirección correcta, nos parece una magnífica noticia.
Al final de este período parlamentario -en sólo dos meses- el proyecto de Ley de etiquetado frontal de advertencias habrá caducado, al no haber sido tratado ni en el año en que se presentó ni en el siguiente.
Esto sucedería a pesar que, como informamos aquí, en julio de este año, en un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados obtuvo dictamen favorable.
Por eso muchas ONGs e institutciones hicieron pedidos a los presidentes de bloques de Diputados, y al presidente de la Cámara, para solicitar que convoquen urgentemente a sesión y que se apruebe este proyecto sin más cambios ni demoras.
Las cartas fueron enviadas por FIC Argentina, FAGRAN, Consumidores Argentinos, Fundeps, Sanar y Consciente Colectivo, quienes comparten la preocupación sobre la demora en el tratamiento de la ley. “No hay motivos válidos para retrasar más la aprobación de la ley. El proyecto cuenta con apoyo de la sociedad civil y académica, tanto de Argentina como de la región; con el respaldo de la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés y con el aval de la Cámara de Senadores. indicó Victoria Tiscornia, investigadora de FIC Argentina.
Antecedentes
El proyecto obtuvo media sanción del Senado en octubre del 2020 y el 13 de julio se emitió dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria de la Cámara de Diputados. Desde entonces, su tratamiento en Diputados está trabado.
Estas organizaciones de consumidores denuncian que la industria de alimentos y sus aliados continúan difundiendo mitos sobre el proyecto con el objetivo de dilatar su sanción. «Todos estos argumentos falaces fueron desmentidos previamente por diversas organizaciones tomando la experiencia de países que implementaron la medida así como también la mejor evidencia científica libre de conflictos de interés», afirman.
«Por ejemplo, uno de los mitos más recurrentes es que el etiquetado de advertencias “demoniza a los alimentos”. La evidencia disponible muestra que este sistema permite a los consumidores contar con información sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos en los productos alimenticios, como azúcares, grasas o sodio. Por lo tanto, se concluye que el sistema informa, no demoniza».
Otro de los argumentos más difundidos en oposición a la política gira en torno a que el sistema de perfil de OPS contradice las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). Al respecto, en nuestro país se han realizado dos estudios de manera independiente, uno de ellos desde el Ministerio de Salud de la Nación y otro desde FIC Argentina, donde se ha evaluado el acuerdo de diferentes sistemas de perfiles de nutrientes respecto a las GAPA y ambos llegaron al mismo resultado: el sistema que mayor concordancia tiene con nuestras guías alimentarias es el desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud.
Que pide el proyecto de Ley
El proyecto busca implementar un etiquetado frontal de advertencias de octógonos negros con la inscripción “Exceso en..” para advertir en los envases sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos como azúcar, grasas y/o sodio. Además, está basado en el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
Esta medida, se asegura es una de las intervenciones más efectivas para garantizar el derecho a la alimentación y el derecho de los y las consumidores a estar informados.
Han sido las elecciones más emocionantes que Alemania recuerda en muchos años. Y la incertidumbre continúa.
El Partido Socialdemócrata (SPD) de Olaf Scholz aumentó con fuerza su porción del electorado y aventaja en el escrutinio a los democristianos de la CDU, que habrían hecho su peor elección desde la 2da. guerra mundial. Pero la distancia es tan pequeña—de unos dos puntos— que todo está abierto.
Según el recuento de la cadena ARD, el SPD habría obtenido un 25,8% de los votos frente al 24,1% de la CDU. La última palabra la tendrán los acuerdos que ambas fuerzas hagan con Los Verdes y/o los liberales del FDP, necesarios para conseguir en el Bundesrat (Parlamento) los votos para coronar a Scholz o al conservador Armin Laschet. Los alemanes se despertaron hoy sin saber quién gobernará los próximos cuatro años.
Los Verdes —dispuestos a coaligarse con unos y con otros, pero más proclives a Scholz— obtienen casi el 15%. Es el mejor resultado de su historia, y crecen entre los jóvenes, pero quedan muy lejos del objetivo de su candidata, Annalena Baerbock, de convertirse en canciller. Los liberales, más cerca de la CDU de Laschet, mejoran ligeramente sus resultados con un 11,5%.
Con estos datos, si se confirman, tanto Scholz como Laschet podrían ser el canciller de Alemania. Pero, si no hay ningún cambio en el recuento, el socialdemócrata podrá enarbolar su puesto de primera minoría como argumento para suceder a Angela Merkel al frente del país.
La participación de los votantes fue del 76%, prácticamente igual a la de 2017. En Alemania, el porcentaje que acude a las urnas nunca ha bajado del 70%. Las estimaciones indican que más del 40% de los votantes enviaron su voto por correo, un incremento importante respecto al 28% de hace cuatro años, fruto de la pandemia.
Observaciones de AgendAR:
El punto más importante a destacar -en nuestra opinión- es que estas elecciones no han mostrado ningún desplazamiento sorpresivo en las inclinaciones de los votantes alemanes. Hay cambios, y se pueden ver en el cuadro que encabeza esta nota, pero ya estaban en marcha 4 años atrás.
La CDU ha hecho una elección muy mala: claramente, sufrió una derrota. Y se vio anoche en los ojos enrojecidos de Merkel. A pesar de sus 16 años de gobierno, o probablemente por eso mismo. El factor «Ufa», que este editor suele mencionar en su blog personal.
Como sea, ni Laschet ni sus correligionarios bajarán las brazos. Van a tratar de conseguir los apoyos necesarios para encabezar el futuro gobierno.
De todos modos, el socialdemócrata Scholz tiene una fuerte chance de ser el próximo Canciller. Su «marca» -una tranquilidad imperturbable- le va a servir para sumar apoyos en un país preocupado por el actual desorden global.
Lo que resulta ineludible es que el próximo gobierno será una coalición. Del SPD y Los Verdes, si les alcanzan las bancas. Más probable, el SPD, Los Verdes y algunos liberales. Menos probable, la CDU, los liberales y algún Verde. Aún menos probable, en este equilibrio de las fuerzas, pero de ningún modo imposible, es una «gran coalición»: un cogobierno del SPD y la CDU. Ya ocurrió en el pasado; esta vez sería encabezada por Scholz.
Los otros aspectos significativos a señalar, creemos, es el derrumbe de Die Linke, el partido de izquierda al que se sumaron los ex comunistas, que quedaría fuera del Parlamento, y la persistencia de la AfD, la Alternativa por Alemania, una fuerza de derecha nacionalista con un mensaje «antisistema», al estilo del Frente Nacional Francés. Disminuyeron sus votos, pero sigue siendo una fuerza a tener en cuenta.
Cabe destacar que, en teoría, las bancas de la CDU, más las de los liberales y la AfD, alcanzarían para formar un gobierno claramente de derecha. Pero el compromiso de las demás fuerzas políticas alemanas, de no aceptar alianzas de ningún tipo con la AfD se ha mantenido firme hasta ahora.
Fue desarrollado por científicos del CONICET. El método es igual de preciso que la PCR y tiene un costo mucho más bajo.
Las pruebas diagnósticas que se utilizan en la actualidad para determinar la infección por SARS-CoV-2 sufren de dos limitaciones fundamentales: la técnica más difundida y precisa, denominada PCR (por la sigla en inglés para Reacción en Cadena Polimerasa), requiere mucho tiempo para obtener resultados y la utilización de materiales y equipos muy costosos; mientras que los llamados test rápidos, son precisamente más inmediatos pero tienen baja sensibilidad o límite de detección, por lo que pueden arrojar, en algunos casos, falsos negativos.
En este contexto, cobra relevancia el más reciente avance de un equipo de especialistas del CONICET que pudo desarrollar un método de detección de virus directo, muy sensible, rápido y económico, que tiene una particularidad adicional: permite diferenciar virus que están en estado infeccioso de aquellos que ya fueron inactivados. El sorprendente resultado se publicó en la prestigiosa revista científica Science Advances.
La nueva tecnología desarrollada consiste en un sensor compuesto por una membrana plástica o filmina con una perforación a escala nanométrica –equivalente a la millonésima parte de un milímetro– en su centro, donde su ubican moléculas de ADN con un alto grado de selectividad y sensibilidad frente a diferentes tipos de muestras, que pueden ser saliva, suero o, incluso, agua.
Ana Sol Peinetti, investigadora del CONICET en el Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE, CONICET-UBA), primera autora de la publicación, informa:
“El trabajo comenzó hace unos tres años, durante mi formación posdoctoral en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, Estados Unidos, con la idea de desarrollar un método de detección de virus en general. En ese momento decidí combinarlo con la tecnología que aprendí durante mi primer posdoctorado en La Plata, en el grupo de Omar Azzaroni, del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, CONICET-UNLP), que es la que permite lograr una gran sensibilidad. En 2020, durante el surgimiento de la pandemia, nos encontrábamos en el proceso final de testeo, y decidimos aplicarlo sobre el SARS-CoV-2 para comprobar la generalidad del método”.
El primer paso del desarrollo consistió en la selección in vitro de las moléculas de ADN específicas que debían tener la capacidad de adherirse al virus activo al entrar en contacto con él. “Una vez obtenidas, hicimos un proceso de selección inverso: las pusimos en contacto con el virus inactivo, para descartar las que se le unían. De esta manera, seleccionamos solo aquellas que tienen la capacidad de unirse al virus en estado infeccioso, pero no al desactivado. Esto nos permitió obtener moléculas de ADN específicas, que denominamos aptámeros, que presentan esa selectividad particular: solo se pegan al virus activo”, subraya Peinetti.
El siguiente paso fue incorporar esos aptámeros dentro de un nanoporo, un pequeñísimo orificio de 15 a 20 nanómetros de diámetro –el mismo tamaño que tiene el virus– ubicado en el centro de la membrana plástica del sensor. El uso de esta tecnología como plataforma de sensores ultrasensibles es un proyecto que el laboratorio de Azzaroni desarrolla conjuntamente con investigadoras del centro de investigación GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung de Alemania, también autoras del trabajo. “Como el nanoporo mide lo mismo que el virus, cuando se deposita la muestra en el dispositivo y el virus encaja en él, los aptámeros actúan como anticuerpos, es decir nos dan la señal apenas entran en contacto con el virus activo”, comenta el experto del INIFTA.
“El sensor agudiza la vista sobre el virus infeccioso, porque los aptámeros seleccionados se le unen solo en ese estado. Entonces lo que presentamos puede ser un cambio de paradigma importante para la etapa que viene luego de la pandemia: una técnica de PCR puede dar positivo, porque detecta material genético, alguna proteína, fragmento o residuo del virus, pero este test puede determinar que ese resabio permanece, aunque en realidad el virus ya está desactivado y, por lo tanto, la persona no contagia y no es necesario su aislamiento. Esa es la principal novedad”, destaca Azzaroni.
Como se dijo, los expertos han demostrado que el método se puede aplicar a distintos tipos de muestras, además de saliva, por ejemplo en suero y agua, así como también a diferentes virus: “Esto hace que sea útil no solo para el diagnóstico sino también para el monitoreo ambiental, ya que hay proyectos para identificar focos de infección antes de que se lleguen a expandir siguiendo la presencia del virus en aguas residuales, y en ese caso el sensor serviría como una alarma temprana”, explica Peinetti, y agrega: “Para detectar otros virus hay que buscar el pool de moléculas que sirvan como aptámeros: moléculas nuevas para virus nuevos. Incluso tenemos la intención de obtener aptámeros que puedan discernir entre distintas variantes de SARS-Cov-2”.
Lo que sigue para el equipo es conseguir el financiamiento que les permita producir el sensor a mayor escala, y en una versión portable y versátil que facilite su uso en espacios donde se requiera determinar rápidamente si una persona transita o no un estado infeccioso: “Pensamos que puede ser utilizado en ámbitos públicos, como aeropuertos, estaciones de trenes o micros, u hospitales. En un período de entre 30 minutos y dos horas, y sin la necesidad de procesar las muestras, se puede obtener un resultado tan preciso como el que arroja la PCR”, concluye Azzaroni.
Con 3.380 de 3.763 mesas escrutadas, la postura a favor de la expropiación aventaja con el 56,5% de los votos al «no», que obtiene un 38,8%. El referéndum no es vinculante, pero representa un masivo apoyo en favor de la expropiación de viviendas para que pasen a ser propiedad pública.
Por la crisis de viviendas que afecta a la capital de Alemania, los berlineses acudieron ayer domingo a las urnas no solo para elegir al sucesor de Angela Merkel. También para expresar su postura respecto a una posible expropiación de unas 240.000 viviendas de alquiler que actualmente están en manos de empresas privadas. Los votantes por el Sí lograron superar el piso mínimo requerido para la validación del plebiscito – 611.900 -, al obtener ya 717.363 votos.
El objetivo de la iniciativa -sobre la que informamos en AgendAR aquí– es la compra por parte del Estado de las viviendas expropiadas a empresas inmobiliarias, ára reducir la especulación y ofrecerlas a precios más accesibles.
La crisis inmobiliaria se agudizó en los últimos años. La ciudad que hace cinco años se perfilaba para ser la capital de Europa y se posicionaba como una de las ciudades más baratas para vivir, fue cercada por la especulación financiera y las empresas comenzaron a comprar espacios para instalar sus sedes.
Actualmente, el 80% de los berlineses alquila y se supone que entre 2017 y 2030 la ciudad necesitará al menos 200.000 nuevas propiedades para hacer frente al problema de vivienda.
El miércoles pasado, Berlín dio un segundo paso sobre el problema y compró a las principales inmobiliarias, Deutsche Wohnen y Vonovia, 14.750 viviendas y 450 locales por 2.500 millones de euros (casi 3.000 millones de dólares), con el fin de intervenir en los precios del alquiler.
Estas propiedades serán distribuidas entre las compañías públicas de vivienda de la ciudad y se suman a otras 6.000 casas sociales que habían sido compradas en 2019 a la inmobiliaria Ado Properties.
Para llevar a cabo el referéndum, se logró reunir en pocos meses las 175.000 firmas de berlineses necesarias, y los últimos sondeos adelantaban una mayoría de votantes a favor de una ley de expropiación.
Esta votación supone un aumento de la tensión ya que la propuesta divide a la coalición que gobierna Berlín: el partido Die Linke, de izquierda (que en las elecciones nacionales sufrió una derrota- la apoya firmemente; los Verdes dieron señales contradictorias; y el partido Social Demócrata la rechaza, al igual que los principales partidos de la oposición.
Quienes quieren que el Senado de Berlín elabore una ley que permita la compra de lo que denominan empresas inmobiliarias «privadas» y que poseen más de 3.000 viviendas, argumentan que sería compatible con la Constitución alemana en virtud del artículo 15, nunca antes utilizado, que establece que «el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización».
Afirman que las empresas serían indemnizadas a un precio «muy inferior al valor de mercado», según el portal de la radio y televisión pública alemana Deutsche Welle.
Algunos juristas aseguran que si el Senado de Berlín aprobara una ley así, sería objeto de varios recursos judiciales. En abril de 2021, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania anuló la decisión del Gobierno de imponer un tope de alquileres de cinco años en la ciudad.
Las cuatro entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace expresaron este viernes su preocupación por las más de 50.000 hectáreas sembradas con trigo transgénico tolerante a sequía (HB4) aprobado en octubre del año pasado por el Gobierno nacional.
(Resulta sorprendente que una representación de empresarios del agro levante una bandera cara a Greenpeace «Cosas veredes, Sancho…»).
«Cuesta entender la razón de hacer y autorizar semejante volumen de producción de trigo que legalmente no puede comercializarse», apuntó la Mesa de Enlace mediante un comunicado en la antesala de lo que será la primera reunión con el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
«Tan elevado nivel de producción hace realmente imposible su contralor por las autoridades oficiales, razón por la cual será inevitable que se genere un proceso de contaminación de los trigos no modificados genéticamente», advirtieron la Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro.
«Las autoridades deben tomar medidas urgentes a fin de impedir que se produzcan trigos transgénicos en la Argentina, garantizando totalmente su no ingreso en la cadena comercial, bajo estrictos protocolos a la desmedida producción de HB4», agregó la Mesa de Enlace.
Las entidades rurales vienen haciendo lobby para vetar el desarrollo tecnológico perteneciente a la firma de capitales nacionales, Bioceres. Los principales opositores al trigo transgénico son el ex ministro Luis Miguel Etchevehere y su mano derecha Santiago del Solar.
De hecho, esta semana Etchevehere se refirió al tema. «Bioceres anunció que hay sembradas 55.000 hectáreas de trigo HB4, aún no aprobado para su comercialización. ¿Qué medidas está tomando el Estado para evitar posibles fugas que tendrían graves consecuencias», señaló en Twitter.
Durante la gestión de Etchevehere en el Ministerio de Agricultura (2017/2019) este asunto estuvo completamente trabado, como se señaló en los últimos años en AgendAR. Incluso se habían generado fuertes internas con otros ministros del Gabinete de Macri que estaban a favor del transgénico como Lino Barañao y Dante Sica.
El tema también se debatió en la semana en varios grupos de WhatsApp de productores agropecuarios. Allí se generó polémica y fuertes discusiones porque el transgénico divide a los que están a favor y los que están en contra.
En este sentido, por las dudas, la Mesa de Enlace aclaró y se atajó ante posibles críticas: «Reiteramos nuestro apoyo a la ciencia nacional, la innovación tecnológica y los servicios que se siguen realizando en nuestro país, con vocación de aportar al desarrollo económico y social».
Cabe mencionar que la cosecha argentina de trigo ronda las 20 millones de toneladas. Se estima que, mediante la aprobación del HB4, podría crecer la producción y, por ende, las exportaciones que se ubican en torno a las 12 millones de toneladas por año.
El problema que plantean algunos integrantes de la cadena triguera es que en el mundo hay otros compradores de trigo argentino que aún mantienen prohibido dicho desarrollo biotecnológico por objeciones referentes a la salud y al consumo humano.
Un aspecto no menor es que los funcionarios del Gobierno y los directivos de Bioceres ya iniciaron el año pasado los trámites tendientes a aprobar los protocolos del trigo tolerante a sequía en países como Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y Bolivia, entre otros.
«Hay trámites presentados ante Brasil, nuestro principal comprador, pero aún no hay nada concreto al respecto. Y a pesar de esto la molinería brasileña pone serios reparos y advertencias ante la eventualidad de embarques a dicho país con presencia de trigo HB4», alertó la Mesa de Enlace.
En la próxima campaña 2021/22, las exportaciones de trigo ascenderían al orden de los 3.200 millones de dólares. «Este valor peligraría en caso de que Argentina no sea considerada como un oferente de trigo pan», concluyó la Mesa de Enlace en un claro mensaje a Domínguez.
El 10 de este mes de septiembre el secretario de Planeamiento y Políticas en CTI, Diego Hurtado, presentó las definiciones estratégicas del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2030 en una reunión con los miembros de la Comisión Asesora, creada por la ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Todos los que la componen son personalidades destacadas –Roberto Salvarezza agradeció en ese momento sus contribuciones, ya que “nos ayudan a poner las ideas que están en nuestras cabezas de una manera más clara sobre el papel”. Y el plan en sí es ambicioso:
«El PNCTI es el instrumento que define, organiza y comunica el conjunto de políticas, estrategias e instrumentos para todos los actores y agentes públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación».
Ahora, el plan mismo está escrito en burocratés, y repleto de siglas, además. Por eso traemos aquí la exposición que hizo el Secretario Diego Hurtado, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Escúchenlo:
En medio de la tensión entre el gobierno nacional y los ganaderos por las restricciones para exportar carne vacuna, los envíos al exterior del producto crecieron 25% en agosto al alcanzar las 45.925 toneladas frente a las 36.787 toneladas que se habían exportado en julio. El crecimiento se debe a los mayores envíos de la Cuota 481, que no está limitada por la medida, y la flexibilización de los envíos de carne kosher a Israel.
También se debe tener en cuenta –para la entrevista del martes de Julián Domínguez con la Mesa de Enlace– que durante agosto la industria exportó por un total de u$s 240,1 millones, sólo un 2,4% menos que el mismo mes del año pasado, cuando no había restricciones.
En cuanto a los precios de exportación, la situación es favorable para Argentina. Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio de agosto de este año es superior, (+13,3%), al observado al de agosto de 2020.
La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros ocho meses del año 2021 con aproximadamente 289.000 toneladas, seguido por Chile, 22.000 mil toneladas, y luego por Israel, 20.000 toneladas.
En cuanto al valor de las divisas ingresadas, también el principal mercado durante el periodo fue China, que representa un 61,3% del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (8,2%), y Chile (8,0%).
Analizando el acumulado hasta agosto de este año, no se evidencia una fuerte retracción en los envíos versus el mismo período del 2020. Entre enero y agosto de este año se exportaron 381.000 toneladas y en el mismo período del año anterior fueron 381.934 toneladas, un 0.2% menos.
A través del SENASA, el Gobierno comenzó a pedirle a los frigoríficos que informen acerca del stock de carne acumulada en sus cámaras de frío.
Resumen de situación:
Los productores agropecuarios solicitan la reapertura total de las exportaciones de carne. Apuntan al peligro de perder mercados, frente a Uruguay, Brasil, Sudáfrica y otros productores a los que no se les ocurre restringirlas.
Desde el gobierno se percibe que, desde que se implementó la medida la carne paró de aumentar y muestra una leve caída en los precios, aunque todavía en el comparativo interanual sigue muy por encima del índice general de inflación.
El ministro Domínguez buscará trabajar junto con el gabinete de Economía para solucionar el clásico dilema del balance entre el mercado interno y las exportaciones.
Se trata de una historia digna de Hollywood. En realidad, ya hcieron una película con un tema muy parecido: «Space Cowbos» (Jinetes del Espacio). Desde hace 31 años, el telescopio Hubble gira alrededor de la Tierra a unos 550 kilómetros de altura, proporcionándonos fascinantes fotos de estrellas y galaxias lejanas. Originalmente, la misión debía durar solo 15 años, pero nuestro telescopio de galaxias lejanas sigue en órbita, y ha enviado hasta ahora cerca de 1,5 millones de imágenes a la Tierra.
Pero… el 13 de junio de 2021, la computadora de carga útil del Hubble, que controla y coordina los instrumentos científicos a bordo del telescopio, falló repentinamente. Cuando la computadora principal dejó de recibir la señal de la computadora de carga útil, colocó automáticamente todos los instrumentos científicos del Hubble en modo reposo. Pero todos los intentos del equipo por reiniciar la computadora averiada a través de la computadora principal fracasaron.
Hay una computadora de seguridad, pero ¿cómo funciona?
Esto no es motivo de alarma, ya que, después de todo, los componentes importantes del Hubble se instalaron por duplicado, por si acaso. También hay una computadora de seguridad, solo que nunca se había utilizado, desde el lanzamiento del telescopio, en 1990. Pero un ordenador como ese no se puede iniciar pulsando simplemente el interruptor de encendido.
¿Cómo es posible que en la NASA, altamente tecnificada, ya no sepan cómo funcionaban antes esos aparatos? Imagínese que encuentra en el sótano una caja con recuerdos de su infancia: un casete de música con sus antiguas canciones favoritas y un disquete con fotos. Mientras su nieto le pregunta qué son esos extraños aparatos, usted piensa quién podría tener todavía un reproductor de casetes y disquetes para poder reproducir las grabaciones.
Estos son ejemplos banales, pero la tecnología y los conocimientos antiguos se pierden fácilmente, y cualquier error en la operación de rescate de la NASA pudo haber supuesto el irremediable fin de la misión del Hubble.
Los jubilados apoyan al nuevo equipo
Para estar seguros, Nzinga Tull, jefe del equipo de emergencia del Hubble, reunió a algunos antiguos empleados. Para reparar un telescopio construido en la década de 1980, se necesitaron los conocimientos de los empleados que conocían toda la historia del Hubble, escribe la NASA en una declaración abierta tras el éxito de la misión.
Paso a paso se calculó la puesta en marcha de la computadora usando un simulador. Y más de 50 personas participaron en la operación de rescate, que duró dos semanas. Juntos, los miembros del nuevo y del antiguo equipo trabajaron inicialmente en la lista de posibles puntos débiles y trataron de aislar el problema.
Conocimiento analógico en la mente y en el papel
Los antiguos empleados que ya habían participado en la construcción del telescopio todavía estaban familiarizados con la antigua unidad de mando y procesamiento de datos de la computadora de carga útil. Otros jubilados de la NASA encontraron las pistas decisivas para el procedimiento correcto en documentos originales del Hubble que tenían entre 30 y 40 años de antigüedad.
«Esa es una de las ventajas de tener un programa que lleva más de 30 años funcionando: la increíble cantidad de experiencia y conocimientos», dijo Nzinga Tull. «Ha sido aleccionador e inspirador trabajar tanto con el equipo actual, como con los que han pasado a otros proyectos. Todos demostraron mucha dedicación hacia sus colegas del Hubble, hacia el observatorio y hacia la ciencia por la cual el telescopio es famoso».
La fusión de galaxias como recompensa
El arranque de la computadora se calculó paso a paso en un simulador en el centro de control. Gracias al esfuerzo conjunto, la computadora de reserva se puso en marcha exitosamente el 15 de julio, tras una pausa forzada de cinco semanas.
Dos días más tarde, los instrumentos volvieron a proporcionar fascinantes fotos de galaxias lejanas. En primer lugar, el Hubble fotografió dos galaxias que se fusionan en Capricornio con tres brazos espirales. Así, el telescopio espacial vuelve a estar en pleno funcionamiento gracias a la ayuda de los jubilados de la NASA.Escena de la película Space Cowboys
El verdadero vacunatorio VIP de la Argentina fue la cancha de básket del “Equipo Millonario”.
El país entró al baile de esta pandemia tarde y a tropezones. Pagó con exceso de muertes el incumplimiento de las entregas de la vacuna AstraZeneca. Esta firma anglosueca fue el plan A del gobierno en 2020 y en AgendAR, por lo que valga nuestro apoyo, estuvimos en total acuerdo. Nos equivocamos.
¿Por qué estuvimos de acuerdo? La marca parecía tener un buen cruce de curvas de efectividad y precio. Nos pareció previsor que se fabricara bajo licencia en el país, por aquello de que más vale pájaro en mano que cien volando, visto que durante uno o dos años reinaría un enorme desabastecimiento mundial de vacunas.
La escala de producción era otra garantía: se empezaría por 25 millones de dosis/mes para escalar luego a 50. No habría modo de que faltara. ¿O sí había?
Lo hubo. Un acuerdo horroroso (para Argentina) permitió que la AstraZeneca se produzca a granel en mAbxience, Garín, provincia de Buenos Aires, planta perteneciente al grupo Insud de Hugo Sigman, para luego exportarse en tambores en un 100% a México con vistas a su fraccionamiento.
Luego, supuestamente, la primera cuotaparte argentina -22,4 millones de dosis- debía volver al país, ya filtrada y encapsulada. El Estado pagó el 60% de la operación por adelantado. Y la cuotaparte la seguimos esperando.
De suyo, ese ida y vuelta de la fórmula carecía y carece de todo sentido logístico. Nuestra compra preliminar podría haberse cumplido con menos de un mes de la producción inicial de mAbxience, la cual pudo y debió haber hecho el proceso de “filtering-filling” sin salir del país. No es tecnología extraterrestre, y aquí la tenemos.
Y cerquita, además, y de empresas del mismo grupo o asociadas. A 400 metros de mAbxcience está la planta de Biogénesis Bagó, copropiedad de Bagó y del grupo Insud, el del mentado Sigman. Y Biogénesis algo de “filtering-filling” debe entender: fabrica 330 millones de dosis/año de inyectables para aftosa, además de otras enfermedades virales y bacterianas, entre ellas brucelosis y rabia.
Biogénesis es parte de la mayor exportadora de inmunizantes anti-aftosa del mundo. Desde Canadá hasta el Cono Sur, 4 de 10 bovinos reciben sus fórmulas. No es la mayor fábrica del mundo en su tipo porque Insud y Bagó instalaron otra planta considerable en Sao Paulo, Brasil y está construyendo una cuarta aún mayor en Arabia Saudita, dado que la tercera la abrió en 2016 en la provincia de Shaanxi, China, donde produce 400 millones de dosis/año.
Pero el grupo Insud tiene otra planta más que hasta 2020 se dedicaba únicamente al “filtering-filling” de vacunas importadas a granel: Sinergium Biotech, que está a 260 m. de distancia de mAbxience, en Garín. Como dice en la página web de Insud el dueño del grupo, Dr. Hugo Sigman, Sinergium “tuvo que dedicar un año y medio a la búsqueda de equipos y la capacitación de sus profesionales para poder fabricar completamente la vacuna de gripe de Novartis y la de neumococo de Pfizer”.
En suma, que aquí había y hay filtros, botellitas, planta y recursos humanos para la terminación local de la AstraZeneca, todo a un minuto de distancia de garinense “a pata”. Visto lo cual el acuerdo de “todo va a México y después vemos” parece una imposición de:
Vacuna antiaftosa de Biogénesis Bagó, 200 millones de dosis/año producidas en Garín, provincia de Buenos Aires, y 130 más para otras enfermedades. En general, no les falta frasquito.
Pero aunque nuestros muertos criollos parecen más definitivos, deberíamos tener menos que la media regional. Y eso por algunas consecuencias impensadas e indirectas del desarrollo de un sistema educativo público de calidad, como tuvimos, y del cual salió una industria farmacológica sustitutiva muy atípica.
Porque aguantó lo que no soportaron nuestras otras industrias sustitutivas básicas: la electrónica, la electromecánica, la aeronáutica, la naval, la del acero, la de armamento, la de locomotoras y vagones, la de máquinas herramienta. La farmacológica aquí factura arriba de U$ 6000 millones de dólares, abarca el 5% del PBI industrial, el casi 9% del mercado regional y conserva la posición 43 entre las de su mismo palo en el planeta.
Detrás de la protección de los Ministerios de Salud, el de la Nación y de algunos provinciales, así como de las obras sociales sindicales, la industria farmacológica argenta acomodó el “jab” antiindustrial setentista sin desmayarse, seguido por el “cross a la mandíbula” noventista, esa combinación de box que dejó en la lona a tantos otros sectores otrora fortísimos. Y no cayó. Pero empeoró.
La diversidad de coberturas amplía el mercado interno farmacológico mucho más allá de las prepagas, y logró evitar que las multinacionales barrieran con las empresas locales. En este país hay 210 laboratorios con 190 plantas manufactureras, pero de ellas 160 son de capital argentino y 30, “multis”. Y a sumar: 40 laboratorios públicos de medicamentos.
De los 15 laboratorios que más facturan aquí, 12 son argentinos, y las 160 empresas locales mueven el 69% del mercado interno. Eso es la consecuencia de un ecosistema que compra nacional no porque lo mande una ley, sino porque le conviene a los 4 grandes actores del sistema de salud, de los cuales 3 son el estado federal en forma directa u obrando a traavés de sus muchos avatares.
Alrededor del 36% de nuestros compatriotas tienen una obra social nacional o provincial, el 13% son jubilados o discapacitados a cargo del PAMI, un 13% se atiende con “prepagas”, o seguros de salud privados, y un 36% tiene la cobertura universal exigida por la Constitución Nacional a nuestros hospitales públicos.
El estado, en sus diversos niveles, es el garante final del sistema. Funciona muy al límite de sus instalaciones y recursos humanos, visible en las colas de aspirantes a paciente a deshoras de madrugada para sacar un número y agendar una consulta, pero la salud pública da garantías de atención que la salud privada no otorga. En América Latina seguimos siendo más la excepción que la regla.
En este raro ecosistema sanitario vive una farmacología que emplea a 43.000 personas en forma directa y a más de 120.000 de forma indirecta, mayormente técnicos y universitarios. Ese sector gasta el 20% de la inversión nacional en investigación y desarrollo. Sin embargo, habida cuenta de que ésta no llega ni a palos al 1% del PBI (hoy está en el 0,28%), la industria resultante ya no es autónoma en generación de patentes y desarrollo de fármacos.
De hecho, ésta es su principal renguera: la farmacología argentina importa unos U$ 800 M en principios activos, lo que contrapesa sus exportaciones, que a veces llegaron a U$ 1500 M/año. Las cosas que importamos no son tanto las farmoquímicas, sino las biológicas, refinadas y caras: enzimas, hormonas, anticonceptivos, insulinas, hemoderivados y vacunas.
Muchas vacunas esenciales hasta los ’70 las fabricaba el estado a través del Instituto Malbrán (hoy ANLIS), o los laboratorios universitarios provinciales como el Biológico de La Plata y el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. Y se fueron dejando de fabricar durante el Proceso y luego en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
Son pocas las empresas privadas argentinas que incursionaron en biológicos por ingeniería genética de cultivos celulares, o de animales recombinantes. La más famosa fue Biosidus, cuya asombrosa trayectoria entre 1983 y 2018 empezó por enzimas, siguió por hormonas y citoquinas, y llegó a la clonación de vacas transgénicas para producir hGH (hormona del crecimiento humano) en su leche.
Pese a algunos logros así de espectaculares, más que ser toro en ruedo propio, Biosidus prefirió el ancho mundo: se volvió un proveedor de genéricos de las primeras marcas del Norte de Europa y EEUU. En ello, siguió un destino parecido a las firmas gigantescas como el Serum Institute de la India, Aché de Brasil o SK de Corea. Pero le fue demasiado bien: en 2018, Biosidus fue comprada por dos fondos de inversión estadounidenses (ver aquí). Desde el punto de vista del país, fue el fin de una aventura.
Hasta que cambió de rumbo con la pandemia, parecía que mAbxience haría un derrotero parecido: exportación de anticuerpos monoclonales genéricos para las Big Pharma. Sin embargo, al toque de inaugurada empezó la pandemia y fue reclutada por AstraZeneca para producir vacunas por vector viral recombinante.
Hoy, junto con Biogénesis Bagó y Sinergium Biotech, que importa principios activos de vacunas y les da “filtering-filling”, forman un polo biotecnológico muy de avanzada, cuyo dueño es mayormente Hugo Sigman (comparte el 50% de la propiedad de Biogénesis, y el resto de las firmas es de él).
Sinergium le da terminación a 6 vacunas para humanos a razón de 30 millones de dosis anuales. La antineumocóccica la vende con marca propia, pero también como genérica para Pfizer, que la rotula como propia.
Muchas primeras marcas mundiales, entre ellas Glaxosmithkline y Novartis, pagarían costos de producción muy altos si no tercerizaran parte de su producción en países como la India, Corea, Rusia, Brasil o Argentina. Es algo poco sabido, aunque la pandemia lo reveló de un modo dramático.
Cuando AstraZeneca nos falluteó con nuestra propia vacuna (la de ellos, según la ley), estaba haciendo desastres similares pero peores en otras partes del mundo. Con Bélgica incendiada de casos, la producción entera de la planta de genéricos de Seneffe, cercana a Bruselas, se iba a Inglaterra. La UE le hizo juicio a la firma anglosueca por 90 millones de dosis no entregadas sobre 120 comprometidas. Italia empezó a decomisar dosis dirigidas a Australia.
En la India, AstraZeneca tenía contratado al Serum Institute, el mayor fabricante genérico de vacunas del planeta, para producir y exportar la fórmula anglosueca a mercados de alto poder adquisitivo bajo la marca Covishield.
Nadie lleva la cuenta de cuánta gente murió en la India porque TODA la Covishield se exportaba y todavía no había vacunas nativas licenciadas. No sólo colapsaron hospitales y clínicas, sino también los crematorios, el oxígeno medicinal desapareció, y el SARS CoV2 tuvo el ecosistema perfecto para generar una cepa nueva, más contagiosa y letal que la Wuhan, la Kent, la Sudafricana, la Manaos y la Andes: es la delta. Preferimos no llamarla “la India” para no manchar a una nación por la hijeputez de sus clases dirigentes.
Estamos tratando de dar un pantallazo del talento biotecnológico ya inherente a nuestro país, expresado en recursos humanos y capacidad instalada. Somos una subpotencia biotecnológica que no se asume, y paga su cobardía con muertos.
Es infumable que aquí 2020 terminara sin provisión propia de vacunas contra el Covid-19. La fabricación local de punta a punta de alguna fórmula pudo haber achatado el pico de la 2da ola causada por la cepa Manaos entre abril y junio de 2021, que llegó a picos de más de 760 fallecimientos diarios.
En la página web de Insud, el Dr. Hugo Sigman dice: “Hay otras preguntas que se suelen enunciar. ¿No podríamos utilizar parte del principio activo que produce mAbxience para formularlo, envasarlo y distribuirlo directamente en Argentina? Como señalé, mAbxience no es la propietaria del principio activo, solo lo fabrica, de modo que no puede disponer del mismo como si le perteneciera”.
¿A quién le pertenecía el transatlántico Queen Mary II cuando el gobierno británico lo incautó como transporte de tropas para retomar las Malvinas en 1982? A la Cunard Line, pero eso no le importa a nadie: Su Graciosa Majestad lo tomó, lo llenó de tropas, lo llevó a la guerra, logró traerlo milagrosamente de regreso en un solo pedazo, lo emprolijó, lo repintó y lo devolvió.
Para construir aquella Task Force de 127 barcos, Su Graciosa hizo lo mismo con un total de 62 naves de transporte pertenecientes a firmas particulares. La mayor de todas fue misileada, quemada y hundida por un par de Exocet argentinos: la containera STUFT “Atlantic Conveyor”, también de la Cunard Line.
Quien firmó las 62 requisas –sin preguntarle a la Cunard ni a Magoya- fue la difunta baronesa Maggie Thatcher, entonces Primera Ministra, aún sin rango nobiliario. Maggie no era exactamente una socialista, pero los gobiernos que gobiernan hacen esas cosas ante las emergencias nacionales: incautan activos, a veces bajo alquiler temporal.
Para el caso, cuando los muertos se pudrían en las calles de Delhi por el colapso técnico de los crematorios, hasta el complaciente premier nacionalista Narendra Modi, corrido por izquierda por el Congress Party, radicó la producción de la Covishield en la India. No sale una ampollita más, muchachos, le dijo al Serum Institute. (Y ahí nos perdimos 580.000 dosis que venían para aquí).
Dada la necesidad pública, ¿era lícito que el gobierno argentino requisara un mes (en realidad, menos) de la producción de mAbxience, así como la capacidad de “filtering-filling” de sus casi vecinas de puerta, Biogénesis Bagó, y especialmente la de Sinergium Biotech, para cerrar el verano con 22,4 millones de dosis en Argentina? Según derecho privado, legal no era.
Pero no es ésa la pregunta. Y además, la necesidad pública es parte de nuestra constitución: bastaba un decreto, no era siquiera necesaria una ley.
El gobierno no usó ninguno de esos recursos. La discusión sobre ética hoy es académica: tenía sentido político y sanitario cuando terminaba 2020 con una rampa de 43.245 argentinos muertos y una necesidad desesperada de vacunas, en lugar de los 115.038 fallecidos de hoy.
Pero seguir comiéndose la historia del gringo malo que nos dejó sin filtros ni frasquitos de vidrio; eso en mi país es comer vidrio.
Hay gente a la que le sale bien.
