domingo, 27 julio, 2025 - 8:52 am

«Abandonar o vender:». Los cientos de viñedos mendocinos que deben cerrar

“Todo eso era viña”…Una frase bien mendocina, que incluso se convirtió en un hit musical, para graficar el avance, a través de las décadas, del negocio inmobiliario sobre el campo cultivado en la tierra “del sol y del buen vino”. Nostalgia, pero también alerta. Así, esa tendencia no dejó de crecer y consolidarse: son cada vez más las tierras con plantaciones vitivinícolas que quedaron en el olvido, desaparecieron o pasaron a otras manos.

Por eso, el abandono y la erradicación de viñedos no dejan de preocupar a los diferentes actores del sector, sobre todos los más chicos de la cadena industrial. Es que la crisis económica de la actividad, tanto en el mercado interno como en las exportaciones, ha mantenido activos los intereses de las desarrolladoras en construir, principalmente, barrios privados, aunque también ha sido una oportunidad de expansión y reimplantación de nuevas vides para bodegueros con más espalda, lo que ha generado una mayor concentración de la vitivinicultura.

“De un día para el otro, el paisaje se nubló: aparecieron máquinas arrasando con las hileras de malbec. Realmente, da mucha pena e impotencia ver que la tierra con un producción tan cuidada por tantos años se convierte en un negocio inmobiliario. Un golpe para la vitivinicultura, por la falta de rentabilidad, y también contaminación visual para nosotros, ya que construirán viviendas que nos taparán la vista a la montaña”, contó a este diario Soledad, vecina de los distritos de Vistalba y Las Compuertas, en Luján de Cuyo, donde hay una importante cantidad de viñedos y bodegas top, pero también donde proliferan countries y viviendas de fin de semana.

En otros oasis de la provincia, el drama se repite, con otras características. “Estamos cada vez más ajustados con los costos, es la triste realidad, por lo que a muchos no les queda otra opción que dejar de producir, abandonar o vender las tierras. Es una situación muy acuciante. Además, la falta de agua es un problema grave para nosotros”, contó a este diario Eduardo, pequeño productor del este provincial, una de las zonas donde más se achicó la superficie cultivada de vid a lo largo de los años, lo que implica la lenta desaparición de los pequeños jugadores del mercado, quienes cada vez necesitan viñedos con más hectáreas para que la actividad sea rentable.

De acuerdo con datos oficiales, en base a un informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con información del 2021, la superficie de vid de la República Argentina alcanza las 211.099 hectáreas distribuidas en 23.278 viñedos, evidenciando una baja constante a lo largo de los años. Así, al comparar con el 2010, se observa que la superficie actual es un 3,1% menor, ya que se registró una reducción de 6651 hectáreas y 1502 viñedos menos.

En tanto, al cotejar las cifras con el año 2020, existe una disminución de 3699 hectáreas (-1,7%) y 421 viñedos menos (-1,8%). Si la comparación es con el añ0 2014, los diferencias son aún mayores: 226.388 hectáreas (-6,7%) y 25.482 viñedos (-8,6%).

Radiografía

Por su parte, el INV pondera que las propiedades son cada vez más grandes. El tamaño medio del viñedo en el año 1990 era de 5,8 hectáreas, en el año 2000 de 8 hectáreas, en 2010 de 8,8 hectáreas y en el año 2020 de 9,1 hectáreas.

Actualmente, se registra superficie de vid en 18 provincias argentinas. El 70,6% del total se encuentra en Mendoza, 20,7% en San Juan, 3,6% en La Rioja, 1,7% en Salta, 1,3% en Catamarca, 0,8% Neuquén y 0,7% Río Negro.

Estas 7 provincias concentran el 99,4% de la superficie total. El restante 0,6% se distribuye en 11 provincias: La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, San Luis, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Santiago del Estero y Santa Fe. El tamaño medio de viñedo del país es de 9,1 hectáreas. Respecto al año 2010, año en el que se realizó el último censo de viñedos, ha disminuido la superficie en 3 de las 7 provincias más cultivadas: Mendoza, San Juan y Río Negro.

La superficie de vid de Mendoza registrada al 31 de diciembre de 2021 alcanzaba las 148.996 hectáreas distribuidas en 15.171 viñedos. Hay 2237 hectáreas menos respecto al año anterior y 5219 hectáreas menos que en 2010. Los viñedos disminuyeron en 148 respecto al año anterior y en 1190 respecto a 2010. Los departamentos que registran mayor disminución de superficie desde el año 2010 son: San Martín (-3.127 ha), Maipú (-2.454 ha), San Rafael (-1.731 ha) y Rivadavia (-1.344 ha).

Diversos referentes de la industria dieron su visión del fenómeno que, justamente, no logra cortarse de raíz. “Esto es realmente preocupante. Hay erradicación pero más abandono, que es muchísimo en la zona este, principalmente por la rentabilidad. Los costos de producción y rendimiento por quintales más el valor del pago de la uva es una ecuación que no está dando, y cada vez se invierte menos, y por ende hay menos producción y más abandono. Al analizar los números no se observa una caída tan pronunciada pero es porque los grupos concentrados y las multinacionales están invirtiendo, por ejemplo, en el Valle de Uco, o en otras provincias”, contó a este diario Matías Manzanares, secretario de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), quien sumó otro factor determinante: la escasez de agua.

“A un productor que tiene más de 10 hectáreas se le complica regar, ya que en años normales, regando cada 30 días, si no te alcanza el agua, tenés que regar la mitad en dos vueltas, por lo que a esa finca le agregás agua cada 60 días, por lo que se seca y dejás de producir; entonces, abandonás un par de hectáreas, para tirarle más agua a las otras hectáreas”, apuntó el productor.

Por su parte, Fabián Ruggeri, titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), se mostró preocupado por la compleja situación que vive el sector. “La erradicación de viñedos es porque realmente no están dando, por la variedad o los kilos, una rentabilidad para sostenerlos. Hay muchos productores que han ido erradicando y cambiando de variedades o cambiando de actividad. También se venden algunas fincas que estaban en mal estado y se convierten en chacras, frutales o frutos secos. Eso sí, la superficie de viñedos ha tenido una baja en cuanto a hectáreas cultivadas, pero la producción no ha caído, lo que indica también que hay viñedos que mejoraron su rendimiento, con una tendencia lenta en Argentina a la concentración: propiedades con más superficies y más productivas”, indicó el dirigente, y agregó: “Sin dudas que esto nos preocupa, y defendemos al pequeño productor, por eso tratamos por todos los medios, como sistema cooperativo, que no desaparezca”.

En tanto, un empresario del sector que prefirió mantener su nombre en reserva aportó su perspectiva en un punto central. “La venta de tierras por el negocio inmobiliario es por la falta de ordenamiento territorial. Tenés zonas irrigadas, con caminos y con calidad para viñedos donde se están haciendo más barrios privados. Por eso, es importante tomar medidas y que sea para producción”, señaló.

A todo este escenario, se suma otro condimento extra, que reporta efectos colaterales. Así, los especialistas de la industria aseguran que el abandono es más peligroso que la erradicación. “Cuando erradicás, arrancaste lo que abandonaste. Pero el abandono, sin erradicar, genera que se siga produciendo uva, que no se cosecha, lo que complica el control de plagas, como la Lobesia botrana, conocida como polilla de la vid”, aportó Manzanares, quien hace un llamado al Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen) para que active la lucha y la vigilancia en estas zonas.

Especiales de AgendAR: «La saga de la Argentina nuclear»

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Cuando la actividad nuclear argentina está en riesgo, queremos repasar algunos momentos del largo esfuerzo que la construyó La saga de la Argentina nuclear I La saga de la Argentina nuclear II La saga de la Argentina nuclear III La saga de la Argentina nuclear IV La saga de la Argentina nuclear V La saga de la Argentina nuclear VI La saga de la Argentina nuclear VII La saga de la Argentina nuclear VIII La saga de la Argentina nuclear IX La saga de la Argentina nuclear X La saga de la Argentina nuclear XI La saga de la Argentina nuclear XII La saga de la Argentina nuclear XIII La saga de la Argentina nuclear XIV La saga de la Argentina nuclear XV La saga de la Argentina nuclear – XVI La saga de la Argentina nuclear – XVII La saga de la Argentina nuclear – XVIII La saga de la Argentina nuclear – XIX La saga de la Argentina nuclear – XX

La saga de la Argentina nuclear – XXI y XXII

La saga de la Argentina nuclear – XXIII y XXIV

La saga de la Argentina nuclear – XXV La saga de la Argentina nuclear – XXVI La saga de la Argentina nuclear – XXVII La saga de la Argentina nuclear – XXIX La saga de la Argentina nuclear – XXX

La saga de la Argentina nuclear – XXXI

La saga de la Argentina nuclear – XXXII

La saga de la Argentina nuclear – XXXIII La saga de la Argentina nuclear – XXXIV La saga de la Argentina nuclear – XXXV La saga de la Argentina nuclear – XXXVI La saga de la Argentina nuclear – XXXVII La saga de la Argentina nuclear – XXXVIII La saga de la Argentina nuclear – XXXIX La saga de la Argentina nuclear – XL La saga de la Argentina nuclear – XLI La saga de la Argentina nuclear – XLII La saga de la Argentina nuclear – XLIII La saga de la Argentina nuclear – XLIV

La saga de la Argentina nuclear – XLV

La saga de la Argentina nuclear – XLVI La saga de la Argentina nuclear – XLVII La saga de la Argentina nuclear – XLVIII La saga de la Argentina nuclear – XLIX

Preocupaciones ante el DNU por sus restricciones a la libre prescripción de medicamentos

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El decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Señor Presidente de la Nación contiene puntos sobre la prescripción y expendio de medicamentos que tienen gran relevancia para la salud pública y para nosotros, los médicos, como prescriptores de medicamentos. El DNU prohíbe al médico agregar un nombre comercial de su parecer en la receta de un medicamento para su paciente, y se habilita la venta de medicamentos fuera de las farmacias. Criticando esta medida se expidieron, además de las asociaciones profesionales, la Academia Nacional de Medicina y también la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Actualmente en la Argentina debe recetarse por nombre del principio activo, pudiendo los médicos agregar o no un nombre comercial que crean conveniente. Hoy en la Argentina se prescribe igual que en todos los países desarrollados: nombre de la droga y (a libre elección del profesional) una marca. Considero que esta es la mejor forma de hacerlo por dos razones: la primera razón es la comodidad y confiabilidad del medico y del paciente frente a un medicamento al que será expuesto, con toda la incertidumbre que ello conlleva. La segunda razón es que NO son iguales todos los productos que pretenden contener el mismo principio activo. Las razones son múltiples, pero todos hemos experimentado dificultades derivadas de la baja calidad de algunos productos, con potencial daño para la salud del paciente Solo recetan exclusivamente por el nombre de la droga muy pocos países, y son aquellos donde los medicamentos los financia el Estado Nacional que será quien negocia las compras. Además, como es sabido, en la Argentina no existen pruebas de bioequivalencia en la gran mayoría de los productos farmacéuticos. Dichas pruebas son la garantía de que un producto farmacéutico con un mismo principio activo conserve su potencia a través de sus diferentes formas en el mercado. Esta es la verdadera urgencia a resolver: garantizar la calidad de lo que se comercializa en materia de medicamentos. Por esta razón, los médicos, a través de años de experiencia confiamos en los laboratorios reconocidos y en sus productos, para orientar a nuestros pacientes al momento de recetar, tal como sucede hasta hoy en todos los países de la Unión Europea, América del Norte, y todos los países de América Latina, y Asia.
El DNU pretende eliminar la posibilidad de sugerir un nombre comercial a los pacientes.
Creemos que es innecesario. Debemos tener la libertad de, según nuestro criterio, recetar aquello que creamos más conveniente. La ley en vigencia, al igual que en todos los países desarrollados, permite que la receta del médico sea confeccionada con el nombre de la droga, la concentración y la dosificación, acompañada de la marca. Todo queda a criterio del médico, y el paciente tiene la libertad de optar como crea de su mayor conveniencia. Y es obligación del médico darle alternativas cuando sea mejor para el paciente. De no permitirse al médico asumir esta responsabilidad, cualquier inconveniente eventual con el medicamento ya sea por toxicidad o por falta de potencia, sería de responsabilidad primaria de quien lo dispense, siendo que asume la competencia de interpretar lo que el médico tratante consideró más seguro y efectivo para su paciente. El segundo cambio del DNU es la habilitación para vender medicamentos fuera de las farmacias. Considero que es un error. Todo medicamento, incluso la enorme mayoría de aquellos de venta libre (con algunas pocas excepciones), conllevan efectos adversos potenciales, y otras veces su consumo puede significar un problema de base en quien los solicita que sería advertido en el contexto profesional de la farmacia y pasaría lamentablemente desapercibido fuera de ella. La salud de los argentinos atraviesa una crisis que requiere cambios profundos. Pero ellos pasan por aumentar la capacidad de actuar del enorme cuerpo profesional actualmente a disposición de los pacientes. Ambas normas van en contra de esa disponibilidad.

Dr. Carlos Javier Regazzoni, Doctor en Medicina

La empresa de Elon Musk ya ejerce control territorial en EE.UU. ¿Qué pasaria en Argentina?

En su mensaje de presentación del cuestionado mega DNU el pasado miércoles 20, el presidente Javier Milei reconoció que la desregulación de la provisión de Internet se hace para favorecer el ingreso a ese mercado de empresas como Starlink, la que mencionó explícitamente.

El jefe de Estado, empero, no explicó qué recaudos se tomarán, para proteger la libertad de información y la soberanía del pueblo argentino ante las denuncias de funcionarios y ciudadanos norteamericanos por las limitaciones que estos principios sufren por efecto del control territorial que ejerce la empresa de comunicación digital por satélite.

Desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink”, dijo Milei al referirse al punto 28 de las 30 desregulaciones que mencionó en su discurso del miércoles 20.

Starlink es una empresa de provisión de servicios de Internet por los satélites de su matriz SpaceX, que ya colocó casi 4 mil naves en órbita terrestre baja (LEO, por su nombre en inglés) que dan acceso de alta velocidad a la red a más de un millón de clientes privados, institucionales y estatales en 70 países. En América Latina opera en Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y México. En Argentina, en tanto, la empresa ya estaba habilitada desde 2021, pero todavía no tiene asignadas bandas de frecuencia ni ha completado la coordinación de su red trasmisora con la empresa estatal ARSAT que ofrece este mismo acceso.

A diferencia de un servicio de fibra óptica, Starlink alcanza velocidades de descarga entre 25 y 220 megabites por segundo (mbs), aunque puede superar los 100mbs, mientras que, según la propia empresa, la latencia varía entre 25 y 60mbs en tierra y más de 100mbs en ubicaciones remotas. En los países donde está presente el costo mensual del servicio Starlink Standard es de U$S90. A eso se suma una tarifa de 599 dólares por el equipamiento de antena y receptor.

SpaceX, la empresa propietaria de Starlink, comenzó a lanzar satélites Starlink en 2019 y para mediados de la década de 2020 calcula tener en órbita cerca de 12.000 satélites. La empresa también planea vender satélites para uso militar, científico y de exploración. Recientemente su propietario, Elon Musk, ha anunciado el próximo lanzamiento de Starlink 2.0 con satélites de 7,5 kg. Sin embargo, éstos requieren cohetes más grandes que los actuales y, por consiguiente, la adecuación de las plataformas de lanzamiento. Como parte de este vertiginoso desarrollo, a principios de la semana pasada la firma instaló su primera antena en Paraguay, en el Chaco Boreal. La conexión satelital permite a la compañía de Elon Musk ganar mercados en las áreas aisladas o menos urbanizadas. De ese modo adquiere una enorme ventaja sobre sus competidores y sobre los propios estados, que mayormente dependen de la conexión por fibra óptica.

Space Exploration Technologies Corp., conocida como SpaceX, es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial con sede en Hawthorne (California). Fue fundada en 2002 por Elon Musk con el objetivo de reducir los costos de viajar al espacio para facilitar la colonización de Marte. La compañía ha desarrollado varios vehículos de lanzamiento, la constelación Starlink, la nave de carga Dragon y ha llevado en la Dragon a dos astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Sus logros tecnológicos son impresionantes.

El dueño de ambas firmas tecnológicas, Elon Reeve Musk (1971), conocido como Elon Musk, es un empresario, inversor y magnate sudafricano que también posee las nacionalidades canadiense y estadounidense. Es el fundador y directivo de SpaceX; Tesla, Inc., The Boring Company; cofundador de Neuralink y OpenAI (aunque ya no tiene más participación en esta última), además de ser el director de tecnología de X Corp. Con un patrimonio neto estimado en junio de 2023 en unos 207 mil millones de dólares, Musk es la persona más rica del mundo.

Este empresario nació en Pretoria (Sudáfrica) de madre canadiense y padre sudafricano blanco. Estudió brevemente en la Universidad de Pretoria antes de trasladarse a Canadá a los 17 años para luego estudiar en la Universidad de Pennsilvania donde se graduó en Economía y Física. En 1995 se trasladó a California, cofundando la empresa de software web Zip2 con su hermano Kimbal. En 1999 la empresa fue adquirida por Compaq por 307 millones de dólares. Ese mismo año Musk creó el banco online X.com que se fusionó con Confinity en 2000 para formar PayPal. La empresa fue pronto comprada por eBay por 1.500 millones de dólares.

En 2002 Musk fundó SpaceX, fabricante aeroespacial y empresa de servicios de transporte espacial, y en 2003 se unió a la fábrica de vehículos eléctricos Tesla Motors Inc. (ahora Tesla Inc.) como presidente y arquitecto de productos, convirtiéndose en su consejero delegado en 2008. Siguieron importantes fundaciones de empresas que constituyen hitos de su imperio tecnológico. En 2022, finalmente, compró por 44.000 millones de dólares la red social Twitter, la que rebautizó como X.

En el contexto de la política estadounidense Musk ha manifestado su apoyo a Barack Obama en 2008 y 2012, a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020. Sin embargo, en 2022 giró hacia el Partido Republicano, aunque sus posiciones ideológicas son contradictorias: está al mismo tiempo a favor de la renta básica universal, del derecho a la libre portación de armas, de la libertad de expresión y de un impuesto sobre las emisiones de carbono y se opone a las subvenciones gubernamentales.

Sus opiniones sobre las relaciones internacionales, incluidos los conflictos entre China y Taiwán y entre Rusia y Ucrania, han recibido reacciones encontradas. También apoyó el golpe de estado en Bolivia en noviembre de 2019 (declaradamente, para quedarse con el litio de ese país). Por el contrario, ha elogiado a China y mantiene una estrecha relación con el gobierno chino, lo que permite el acceso de Tesla al mercado de la potencia asiática.

A principios de abril de 2022, ante la destrucción de los servicios convencionales de Internet en Ucrania, SpaceX donó 3667 de un total de 5000 terminales Starlink que USAID proveyó a Ucrania. Starlink donó además las cuotas por servicio o abonos que normalmente Kiev debió haber costeado. Según Elon Musk, hasta el octubre siguiente su empresa había donado a Ucrania U$S80 millones y a fines de 2022 estimó que el costo de proveer acceso a Internet satelital a Ucrania alcanzaba los U$S20 millones mensuales.

Así, las terminales de satélite de SpaceX se hicieron cruciales para las operaciones militares ucranianas. Sin embargo, durante el verano boreal de 2023, la contraofensiva ucraniana en la sureña provincia de Zaporiyia se frenó, cuando su vanguardia descubrió que, traspasada una cierta línea, la conexión a Internet dejaba de funcionar. Interpelado por los medios, Elon Musk eludió una respuesta directa, pero declaró que había rechazado una solicitud ucraniana para extender la conexión satelital hasta Sebastopol, porque no quería involucrar a SpaceX en la guerra. Algunas fuentes citaron en ese contexto sus buenas relaciones con Vladímir Putín.

En octubre de 2022 Musk propuso en Twitter que Ucrania cediera Crimea a Rusia de forma permanente y abandonara su intento de ingresar en la OTAN. Ese mismo mes el magnate sugirió que Taiwán se convirtiera en “una zona administrativa especial” de China con un “acuerdo más indulgente que Hong Kong”. Todavía tan recientemente como el 10 de noviembre de 2023 Musk criticó las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Sin embargo, una semana después cambió su política en la plataforma X, declarando que serán suspendidos los usuarios que utilicen expresiones que, según él, impliquen el genocidio de los israelíes.

A lo largo de su carrera en EE.UU. Elon Musk se ha involucrado en interminables polémicas. Sus puntos de vista libertarios, conspirativistas, extremadamente individualistas, machistas, antiinmigrantes, negacionistas del cambio climático y del Covid19, entre otros muchos, provocan regularmente la reacción de los medios de comunicación masivos y de la opinión pública posmodernista.

Pero la influencia de Musk es más descarada y expansiva. Hay pocos precedentes de que un civil se convierta en árbitro de una guerra entre naciones de forma tan granular o del grado de dependencia que Estados Unidos tiene ahora de Musk en diversos campos, desde el futuro de la energía y el transporte hasta la exploración del espacio. SpaceX es actualmente el único medio por el que la NASA transporta tripulación desde suelo estadounidense al espacio, una situación que persistirá al menos un año más. El plan del gobierno para que la industria automovilística se oriente hacia los coches eléctricos requiere aumentar el acceso a estaciones de carga a lo largo de las carreteras de Estados Unidos, pero esto depende de las acciones de otra empresa de Musk, Tesla.

El fabricante de automóviles ha sembrado gran parte del país con sus propias estaciones de carga, hasta el punto de que el gobierno de Biden relajó su impulso inicial de una norma de carga universal que no gustaba a Musk. Todavía, empero, sus estaciones pueden recibir miles de millones de dólares en subvenciones, siempre que Tesla las haga compatibles con el otro estándar de recarga.

En los últimos veinte años, en un contexto de desmoronamiento de las infraestructuras y pérdida de confianza en las instituciones de Estados Unidos, Musk ha buscado oportunidades de negocio en áreas cruciales en las que el Estado ha retrocedido tras décadas de privatizaciones. El gobierno depende ahora de él, pero se esfuerza por reaccionar ante el gusto del empresario por tomar riesgos, su temeridad y su capricho. Funcionarios y ex funcionarios de la NASA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Transporte, la Administración Federal de Aviación y la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo reconocen que la influencia de Musk se había hecho ineludible en su trabajo y varios de ellos afirmaron que ahora lo tratan como una especie de funcionario no electo.

Si la primera potencia de Occidente reconoce los riesgos que trajo la creciente influencia del pulpo tecnológico de Elon Musk y el poder que le ha dado remplazar al Estado ausente en territorios y áreas de políticas públicas esenciales, pueden imaginarse los peligros que amenazan a nuestro país, con un Estado que en el último medio siglo fue varias veces atacado, se retiró de grandes áreas de nuestro territorio y descuidó funciones esenciales que hacen al mantenimiento de la soberanía y la libertad de los argentinos. No es para mencionar tan a la ligera a una empresa, como si fuera el sponsor oficial del gobierno.

Eduardo J. Vior analista internacional

La CGT convoca a un paro general con movilización para el 24 de enero

La CGT convocó a un paro general con movilización a la Plaza del Congreso para el 24 de enero próximo en rechazo del decreto del presidente Javier Milei, que modificó, entre numerosas cuestiones, la legislación laboral y el sistema de salud.

El malestar se agudizó al conocer la letra chica de la ley ómnibus enviada al Congreso. Causó enojo y sorpresa, sobre todo, el capítulo en lo relativo a las restricciones a la protesta social. “Es despótico, eso terminó de detonar todo”, lo calificó un jerárquico de la CGT. La última huelga de la central obrera peronista fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que activaron durante la gestión de Mauricio Macri.

La medida se resolvió de manera unánime en el Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT y del que participaron las regionales de todo el país. El 10 de enero habrá un plenario en el que se definirán detalles sobre la protesta, que contemplará una movilización al Congreso a partir de las 12 con la intención de poner otra vez a prueba el operativo antipiquetes que estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Es en respuesta a un DNU ilegal. No hay necesidad ni urgencia de aparecer con tantos artículos que dan vuelta la matriz del país. Atenta contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, también contra el sistema solidario de salud”, argumentó Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT. Y agregó: “Mientras que ayer nos estábamos movilizando apareció una ley ómnibus que atenta contra los jubilados. Quieren hacer desaparecer la fórmula jubilatoria con una inflación creciente. Como eso, otras tantas cosas: las privatizaciones, no cuidar el patrimonio de los argentinos”. Pablo Moyano, otro de los jefes cegetistas, dijo que Milei “se caga en el Congreso” y prometió una marcha multitudinaria para el 24 de enero.

Se sumarán al paro de la CGT las dos vertientes de la CTA, en quienes recae la representación mayoritaria de estatales y docentes, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde confluyen los movimientos sociales que hasta hace unas semanas comulgaban con la gestión de Alberto Fernández. También se sumarán gremios identificados con la izquierda trotskista, como es el caso del Sindicato del Neumático o una rama de la Unión Ferroviaria.

“Hay que voltear el decreto de Milei en la Justicia, en la política o en la calle”, dijo ayer Daer. La enumeración no fue casual: los gremios ya presentaron un amparo contra el DNU y avanzaron en gestiones con legisladores y gobernadores peronistas y opositores para articular una oposición al libertario en el Congreso. El paro del 24 sería un día antes de cuando el oficialismo espera tratar en el Parlamento el mega proyecto de ley que envió ayer, con más de 1000 artículos a reformular.

“La idea es apoyar y reclamar a la política que es el Parlamento el que debe actuar en favor de los trabajadores y de la sociedad civil, que es por donde pasa el 100 por 100 del ajuste”, dijo Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, uno de los gremios más afectados por la decisión oficial de frenar los proyectos de obra pública.

Es todo un récord el de la CGT, que le activaría un paro a Milei con menos de dos meses en el poder. El antecedente de una medida de rechazo en tan poco tiempo lo tenía Fernando de la Rúa, que sufrió la primera huelga a los 77 días de haber llegado a la Casa Rosada.

De la prudencia a la confrontación

En los días que les siguieron a las medidas de ajuste anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, hace ya dos semanas, la CGT había cerrado filas entre sus diferentes tribus para conservar un posicionamiento prudente y cauteloso. Darle tiempo y oxígeno al nuevo Gobierno a pesar de la amenaza de hiperinflación que se arrastra desde la gestión de Sergio Massa, el candidato presidencial que impulsaron los sindicatos.

Hubo dos argumentos consensuados entre los dirigentes para adoptar esta postura. Uno simbólico: tomar distancia de ese pesado estigma del sindicalismo antropófago, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea peronista. El otro motivo de la moderación fue más estratégico. Hasta antes del DNU, los dirigentes sindicales creían que la clase media iba a ser el fusible que encienda la protesta social, con marchas espontáneas y cacerolazos para expresar su descontento. Proyectaban ese primer estallido recién para marzo o abril, cuando la inflación haya devorado aún más los salarios, el ajuste ya haya dejado de su huella y el dinero de muchas familias no alcance para alimentos, pagar las tarifas, prepagas y ni hablar para gastos en educación privada. Esos tiempos se aceleraron dramáticamente ayer, con el tono de las medidas que incluyó el Presidente en la ley ómnibus y la falta de un interlocutor con el Gobierno. Desconcierta a la CGT no tener abierto un canal de diálogo y negociación en el cual apostar.

La marcha de la CGT, el 27 de diciembre, en los tribunales
La marcha de la CGT, el 27 de diciembre, en los tribunalesRodrigo Abd – AP

Como parte del plan de lucha que activó hoy la CGT, se trazó la siguiente hoja de ruta: presentación judicial contra el DNU, que ya fue realizada, aunque rechazada; pedidos de reunión con todos los bloques de diputados y senadores para debatir su acompañamiento a la postura sindical frente al DNU y la ley ómnibus; reunión con las demás centrales obreras para articular medidas en conjunto; llamado a plenario de delegaciones Regionales de CGT para el 10 de enero; paro nacional a partir de las 12 hs del 24 de enero y movilización al Congreso Nacional, y facultar al Consejo Directivo Nacional para dictar las medidas que considere pertinentes en la oportunidad que requiera el actual estado de situación. En la CGT sospechan del acompañamiento que algunos legisladores peronistas le puedan dar al proyecto oficial. También temen un giro de los gobernadores, quienes, urgidos de fondos, podrían avalar la reversión del impuesto a las ganancias.

“El Presidente dice que lo acompaña el poder de los cielos. A nosotros nos asiste el poder de Jesucristo, de la justicia y de los trabajadores”, desafió Daer a Milei durante su discurso de cierre en el Confederal. Daer integró la comitiva sindical que ensayó sin éxito un acercamiento con el Gobierno a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Hasta el momento, el único sindicalista de peso que mostró sintonía con los libertario fue el mercantil Armando Cavalieri, que manifestió su predisposición a adoptar para los empleados de comercio el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones. Se lo dijo ayer a Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano. Casi con 90 años, Cavalieri fue menemista, duhaldista, kirchnerista, macrista, albertista y ahora rompió el molde al acercarse a Milei. Así y todo, Cavalieri estuvo en la CGT y avaló el paro. Los sindicalistas suelen ser de lealtades frágiles.

Techint-Sacde presentaron la mejor oferta por el Gasoducto Norte

La reversión del Gasoducto del Norte, un licitación clave para garantizar el suministro de gas desde Vaca Muerta a siete provincias del NOA en el próximo invierno, tuvo un avance hoy luego de las dudas generadas por el cambio de gobierno nacional y el anuncio de paralización de toda la obra pública.

La empresa estatal Enarsa llevó a cabo hace instantes el acto de apertura de ofertas sobres N° 2 del renglón 2 de licitación pública GNPK N° 02/2023 “ingeniería de detalle, suministros y construcción (epc) del proyecto: Reversión del Gasoducto norte – obras complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.

La UTE Techint-Sacde quedó cerca de la adjudicación, con una propuesta $59.500.622.938,88 más IVA y una nota de descuento equivalente al 4,11%, lo que se traduce en un monto total de $57.055.147.336,09 más IVA.

Mientras que su competidora BTU hizo una oferta más alta: $72.106.171.580,33 más IVA.

Los tramos de la obra

En octubre, se abrieron las ofertas por el renglón 1, que abarca la reversión de cuatro plantas compresoras existentes en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, un loop (ampliación) de 62 kilómetros junto a la traza del Gasoducto Norte y la construcción de los 22 kilómetros finales del gasoducto Tío Pujio-La Carlota. La UTE Techint-Sacde también realizó la mejor oferta económica para esas obras, con una propuesta de $ 146.996.467.332 más IVA, respecto de la cual ofreció además un «descuento especial» de 3,80 %, de manera que la cifra final quedó en $ 141.410.601.573 más IVA. Mientras que la propuesta de BTU totalizó $ 183.334.454.848 más IVA. Enarsa rechazó la oferta y debe resolver si llama a una nueva licitación por ese tramo de la obra. El renglón 2, cuyas ofertas se conocieron hoy, comprende la obra desde el kilómetro 0 al 50. Resta avanzar con la apertura de ofertas por el renglón 3, desde el kilómetro 50 al 100 del gasoducto a construir entre Río Pujio y La Carlota, en la provincia de Córdoba. El presupuesto oficial de la obra es de US$ 710 millones, de los cuales US$ 540 millones serán financiados por un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF) y el resto con fondos de Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, según había planificado el gobierno anterior.

Estratégica y urgente

La Reversión del Gasoducto Norte permitirá llevar el gas de Vaca Muerta a hogares, industrias y centrales eléctricas del NOA y el desarrollo de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio. El gobierno deberá avanzar a contrarreloj para evitar una crisis de suministro de gas en esa región el próximo invierno, cuando venza el contrato de importación con Bolivia.

El CONICET y el resto de la estructura cientifica, en coma inducido

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Al retirarse, Fernando Peirano, expresidente de la Agencia I+D+I, el principal  financiador de la ciencia local, dejó en sus arcas 5000 millones de pesos y cuatro programas vigentes con organismos internacionales por más de 225 millones de dólares. Pero las autoridades designadas y por designar para el nuevo organigrama que regirá al sistema científico solo repiten el mantra que se escucha del resto de los funcionarios: “No hay plata”. Con esa excusa no solo están incumpliendo con compromisos ínfimos que habían quedado del gobierno anterior. Con la advertencia «de palabra» (todavía no hay nada firmado ni publicado en el Boletín Oficial) de que deberán manejarse con el presupuesto de 2023, están poniendo al Conicet (y al resto del aparato estatal, incluyendo universidades) en riesgo de parálisis. Aunque la orden fue emitida antes de que cesara en sus funciones la gestión previa y su monto es despreciable en términos del presupuesto del Estado, y a pesar de gestiones realizadas ante las nuevas autoridades, los científicos galardonados por su tarea destacada no reciben respuesta. Pero si esto no tiene una justificación plausible, es peor lo que anticipa un documento no oficial que circuló ampliamente sobre una reunión de directores de Centros Científicos y Tecnológicos del Conicet con los vicepresidentes, Claudia Capurro y Alberto Baruj en la que se les habría informado que desde el 10 de diciembre el organismo está imposibilitado de realizar pagos, porque no hay nadie que tenga firma autorizada, y que deberán enfrentar el próximo año, para el que se calculan niveles de inflación del 300% o más, con el mismo presupuesto de 2023, por lo que deberán pagar “los gastos mínimos e indispensables” para que las instituciones sigan funcionando. Todo, de palabra.
Incluso sin aumento de salarios, ese presupuesto solo permitiría llegar hasta mediados de año. Como se mencionó, la parálisis en junio no solo valdrá para el Conicet, sino para el Estado en su conjunto, porque no hay forma de pagarle a todo el personal el sueldo de diciembre con el presupuesto actual, que es la suma de lo que se pagó en todo el año que concluye, incluyendo los primeros meses, cuando las remuneraciones eran mucho más bajas. Mientras Daniel Salamone sigue reuniéndose con diferentes áreas para conocer su funcionamiento, el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pasó a una subsecretaría (también sin responsable nombrado) dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que está a cargo de Alejandro Cosentino. El Conicet y la Comisión Nacional de Energía Atómica dependerán en forma directa del titular de la Jefatura de Gabinete, Nicolás Posse. Aunque ya están los resultados de los concursos para ingreso a carrera, el directorio del Conicet debería publicar el orden de mérito el 12 de enero, pero en principio se habría resulto hacerlo sin el otorgamiento de la beca hasta que no estén los fondos. La incorporación de los nuevos investigadores debería ser en abril. La misma conducta se seguiría con respecto a las promociones. Se comunicarían los resultados de las evaluaciones, pero no se podrían hacer efectivas hasta que no se disponga del presupuesto. Y lo mismo con los ingresos pendientes de 2022 y 2023: solo se irían dando las altas a medida que haya presupuesto. Aunque seguirían haciéndose los concursos para ingreso a la carrera del investigador y becas posdoctorales, no se comunicarían los resultados ni se haría efectiva su incorporación. Además, siempre según esta minuta de la reunión, se dieron de baja varios convenios y obras en curso del Programa Federal Equipar y Construir, se suspendió el teletrabajo y no se pagarán horas extras, ni se firmarán convenios. Queda frenada por el momento la conformación de nuevos centros científico-tecnológicos. Según este recuento, Salamone les habría comunicado que, como el país está en una crisis muy profunda, la institución “deberá ser parte de la solución y no del problema”. Entre las “soluciones” que habría sugerido figura que la gente que está en condiciones de jubilarse lo haga, y que se potencie la vinculación con privados y la cooperación internacional.

Detalle de la propuesta privatizacion de las industrias de defensa

Reproducimos esta nota del portal especializado Zona Militar:

El alcance del proyecto de Ley Ómnibus, presentado por Javier Milei, de incidencia en los distintos sectores de interés nacional, incluye a las empresas estatales o de participación accionaria mixta del Complejo Militar Industrial Argentino, habilitando al Estado Nacional a queden sujetas a procesos de privatización. Entre ellas se detalla en uno de los anexos que integra el cuerpo del proyecto de Ley a la Fabrica Argentina de Aviones “Brig. San Martin” S.A. (FAdeA), Fabricaciones Militares S.E., Talleres Navales Dársena norte S.A.C.I. y N (TANDANOR), Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E. (COVIARA).

Esta situación fue analizada desde Zona Militar, en virtud que en el DNU 70/2023 se derogaron las Leyes Nº 15349/46, referente a normas del régimen de sociedades mixtas, y la 13.653 sobre el Régimen Legal de Funcionamiento de Empresas del Estado, con incidencia directa en la Política de Defensa de la República Argentina y su Instrumento Militar.

Se abre así un nuevo capítulo para las empresas estatales ligadas al sector Defensa, enfrentándose a una realidad compleja, atravesada por una profunda crisis económica y financiera, con resultados en términos de rendimiento objetables desde el punto de vista económico. Cabe destacar que no todas presentan un balance similar, siendo la situación puntual de cada una de ellas diferente.

Línea de remotorización Pampa II-40. Foto: Carlos Borda Bettolli

Si bien se trata de empresas con una trascendencia histórica fundamental para la industria argentina, su impacto en la mejora de las capacidades militares de la argentina en los últimos años se ha visto limitado por la falta del impulso presupuestario necesario, que muchas veces contrasta con la probada capacidad de su personal, alterando el resultado final en términos de costo-beneficio.

Oficializaron el nombramiento de Daniel Felipe Salamone al frente del CONICET

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En línea con las designaciones que se suceden ya a tres semanas de iniciado el gobierno de Javier Milei, se oficializó al médico veterinario Daniel Felipe Salamone en el cargo de presidente del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Su nombre se había rumoreado luego de las PASO, en medio de la polémica por las declaraciones del Presidente, quien en ese momento como candidato planteó que había que cerrar el organismo.

A través del decreto 102/2023 DECTO-2023-102-APN-PTE publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo designó a Salamone por un período de ley con la intención de llevar a cabo su plan de reformas que se centra en la inversión de capitales privados en el Conicet, con el objetivo de aumentar la producción y los beneficios de las investigaciones, para la sociedad.

El decreto sobre Salamone
El decreto sobre Salamone
 

Daniel Salamone nació en 1960 y tiene 63 años. Es médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en la misma materia en países como Japón y Canadá. Además, es doctor en biotecnología y biomedicina por la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Por otro lado, se especializó en reproducción asistida y clonación de animales domésticos y salvajes.

Daniel Salamone en su laboratorio en Agronomía
Daniel Salamone en su laboratorio en Agronomía

Entre sus antecedentes laborales se destacan sus trabajos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y como profesor de fisiología animal en la Facultad de Agronomía de la UBA, donde dirige el Laboratorio de Biotecnología Animal del Departamento de Zootecnia. El experimentado científico es investigador principal del Conicet y miembro de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.

En una entrevista que Salomone dio en noviembre, opinó que hubo un desfinanciamiento en la ciencia como consecuencia de la aguda crisis económica perpetuada a través de los años que inclinó la balanza en contra de la ciencia argentina en relación con la de países vecinos, que a pesar de ello, no poseen una organización gubernamental del calibre del Conicet.

Entre sus planteos, dijo que tenía intención de integrar el sistema científico con el sector privado y traducir el trabajo del laboratorio a resultados concretos, incorporar el financiamiento de fondos de inversión, empresas y universidades y promover la creación de start ups. Además, contó en aquella oportunidad que busca fomentar la integración de equipos internacionales y proporcionar soluciones a las necesidades de la población “en un país que, en este momento, es pobre”.

El trabajo de Salamone al frente del Conicet en primera instancia radicará en reanudar el funcionamiento y adquirir financiamiento, mientras despeja dudas respecto a rumores de despidos que circularon por los pasillos del organismo tras las críticas de Milei, a la par de lidiar con la resistencia política enraizada en los últimos años.

 

En la Universidad de Córdoba diseñaron un generador eléctrico portátil

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La principal inspiración para Alexis Tapia llegó de la mano de un problema. Todos los veranos, por el aumento del consumo de energía eléctrica, los cortes de luz son comunes en Río Segundo, su ciudad natal. Más de una vez se quedó sin servicio, y sin ventilador. Pero este estudiante de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (UNC) de 35 años reconoce que la idea también se gestó andando. Amante del trekking, Alexis se encontró más de una vez en parajes recónditos en medio de la montaña, sin batería para recargar su linterna frontal. Para coronar su gesta, en pandemia, ideó junto a un compañero un generador portátil para abastecer de energía a una carpa sanitaria. “La idea era tener un espacio en el que el servicio no se cortara. Uno podría pensar que los generadores y los paneles ya están inventados. Pero lo nuevo de nuestro invento fue poderlos trasladar. Aprovechar, por ejemplo, el viaje en ambulancia para recargar el generador y enchufarlo en una carpa o en un respirador”, cuenta Alexis. Los tres eventos (cortes de luz, caminatas por las sierras y pandemia) le valieron de inspiración para el proyecto que presentó en la edición 2023 de “UNC Innova”, una exposición organizada por la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Córdoba.

Cómo funciona

Este generador eléctrico móvil acumula energía y se abastece a través de distintos tipos de almacenamiento. Puede conectarse a un automóvil y utilizar la energía cinética del movimiento del vehículo para generar electricidad. También puede abastecerse del sistema energético de una vivienda, tenga o no energía fotovoltaica. “Si en una casa hay paneles solares que producen energía renovable, el aparato que inventé se conecta a la red de electricidad de esa vivienda y se retroalimenta. Cuando se desenchufa y se lleva, por ejemplo, a una casa de campo, se conecta a esa red y le da la energía que almacenó. Es como si se le sacara sangre a una persona para darle a otra”, ejemplifica. Al ser bidireccional, se puede alimentar de un sistema de energía eléctrica convencional, no renovable. El generador fue creado con un dispositivo que se adapta a cada tablero. También previene desperfectos de aparatos eléctricos por baja de tensión. En el caso de un auto, se conecta a la toma a 12 voltios. Alexis señala que un viaje de una hora (por ejemplo, de Río Segundo a Villa María) puede generar entre 30 a 45 minutos de energía gratis para una vivienda.

Impacto en la huella de carbono

Inspirado en la bioarquitectura y en los principios de la sustentabilidad, Alexis construye su casa en Pilar –una localidad contigua a Río Segundo- mediante el sistema steel frame. En su propio hogar pone en práctica sus estudios para crear una refrigeración y calefacción pasiva, sin utilizar tanto el aire acondicionado o un calefactor. Con la misma idea se propuso reducir la huella de carbono, a través de su nuevo invento. Por un lado, reduce el consumo de energía convencional no renovable. Por otro, permite obtener un rédito de la contaminación que genera un vehículo. “Un auto que funciona a combustible genera emisiones y despide dióxido de carbono. Mediante la utilización de este aparato, se puede obtener la energía que almacenó el generador. No evita la contaminación, pero queda una ganancia”, sostiene el estudiante.

Posibles usos

Si bien la idea original fue llevar energía a lugares remotos, con el tiempo Alexis se dio cuenta de que la mayor necesidad estaba en las grandes ciudades. La pandemia demostró que un corte de luz podía afectar el funcionamiento de un respirador, y conoció la realidad de gente electrodependiente, que depende de un artefacto eléctrico para sobrevivir o mantener calidad de vida. “Si quisiéramos llevar energía a un campo, podríamos tranquilamente conectar el generador a un tractor, almacenar y darle luz a un sitio que no cuenta con el servicio”, agrega. Esta propuesta puede ser utilizada en cualquier lugar donde se utilicen vehículos y exista la necesidad de disminuir la contaminación ambiental. También en lugares donde la red eléctrica es inestable o inaccesible, permitiendo el acceso a la energía mediante una fuente renovable y sostenible. En la actualidad, Alexis usa su generador para llevar energía a obras en construcción, en sitios que aún no cuentan con el servicio. Y también lo prueba en su propia casa, en proceso de edificación. En la feria de la UNC obtuvo excelentes comentarios. El proyecto espera financiamiento para ser probado y lanzado al mercado.
El proyecto
Nombre: Generador eléctrico solar para automóviles con almacenamiento de energía y conexión domiciliaria. Autor: Alexis Tapia, estudiante de cuarto año de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. El ahorro en números: un viaje de una hora aproximada (por ejemplo, de Río Segundo a Villa María) puede generar entre 30 a 45 minutos de energía gratis para una vivienda.

Por Natalia Lazzarini (UNCiencia)

También los ambientalistas cuestionan medidas del DNU de Milei

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Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023. Lo consideramos manifiestamente inconstitucional y en contradicción con los principios fundamentales de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El DNU carece de argumentos sólidos y no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad” y “urgencia”. A su vez, ignora los mecanismos constitucionales al eludir la aprobación legislativa, contraviniendo la jurisprudencia de la CSJN. También la emisión del DNU, de 336 artículos y dictado de manera apresurada, viola la prohibición constitucional establecida en el Artículo 29 de la Constitución Nacional, lo que puede ser considerado una “traición a la patria” como establece nuestra Carta Magna. A su vez, esto se intenta implementar en conjunto con un protocolo antipiquetes que viola el Derecho a la Protesta social, en un intento por acallar cualquier tipo de respuesta popular a las medidas. Compartimos a la sociedad un primer análisis de los aspectos socioambientales del mencionado Decreto, que muestra su carácter abiertamente regresivo. Entre los principales puntos que el documento analiza se encuentran: * Ley de Tierras Rurales: Sancionada en 2011, la Ley de tierras rurales expresó la necesidad de colocar un freno al proceso de extranjerización de tierras. La ley busca limitar la extranjerización de las tierras, colocando un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Un artículo importante es el que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles que sean ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y zonas de seguridad de frontera. La derogación de esta Ley conlleva directamente la liberación total de la compra o posesión a capitales extranjeros. Extranjerizar nuestros suelos se traduce en perder nuestra soberanía sobre los bienes comunes asociados al suelo y agua. A su vez esto implica el desplazamiento de poblaciones vulnerables; comunidades campesinas e indígenas podrán ser expulsados por la megaminería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto-industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera. * Leyes de Minería: la derogación de la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695 del Banco Nacional de Información Minera implica aún una mayor opacidad en una actividad que ya se encuentra absolutamente desregulada y con la habilitación a una minería a gran escala que flexibiliza controles, estableciendo un sistema de regalías irrisorios a las corporaciones mineras y que continúa intacto. * Impacto en el Sector Energético: Abre la puerta a la privatización total de las empresas públicas (su transformación de sociedades mixtas a sociedades anónimas). Representa un riesgo para la aceleración en la expansión de la frontera hidrocarburífera, en un contexto de crisis climática. Establece la liberalización tarifaria sin salvaguardas, lo cual amenaza el mercado interno y aumenta riesgos ambientales y sociales. A su vez la eliminación del Fondo para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) y afectación de certificados de crédito fiscal representan un retroceso en la implementación de energías renovables de baja escala necesarias para la transición ecosocial. Lo más llamativo es la absoluta ausencia de cualquier tipo de regulación o modificación de los grandes subsidios existentes para las grandes petroleras y empresas energéticas. Es decir, se seguirá subsidiando a las grandes petroleras multinacionales, no para el consumo interno, sino para la exportación. * Modificación de la Ley del Fuego: Si bien no aparece en el DNU publicado, la modificación -anunciada expresamente por el presidente en la cadena nacional- permitiría el cambio de uso del suelo de zonas afectadas por el fuego, alentando la destrucción de bosques, humedales y áreas protegidas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria. * Riesgo Alimentario: La derogación de normas como la Ley de Abastecimiento o la Ley de Góndolas favorecen la exportación del agronegocio en detrimento del abastecimiento interno. Esto representa un riesgo que profundiza la crisis alimentaria global y obtura la soberanía alimentaría

El proyecto de «Ley Omnibus» aspira a dar vuelta a la Argentina como un guante.

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El Gobierno nacional envió ayer al Congreso de la Nación la «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», informó la cuenta oficial de la oficina del mandatario. El texto de la «ley ómnibus» contiene 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas, contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso. Prevé la derogación de las PASO, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo aprivatizar las empresas estatales. También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos. «Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación», se informó en la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente de la Nación.En esa línea, continuó: «Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos». En su primer artículo el proyecto de ley ómnibus establece que su objeto es «promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales». El proyecto modifica una veintena de leyes y entre ellas propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020, facultando al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones «teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica».

Este es el proyecto completo de Reforma del Estado

Marcha de la CGT: «No se confunda señor presidente»

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La CGT se movilizó para escenificar su presentación en la Justicia para tratar de invalidar el decreto de necesidad y urgencia que impulsó Javier Milei para desregular la economía y reformar la legislación laboral. La presentación judicial que hizo la CGT lleva la firma de los miembros del triunvirato de mando, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicada en el juzgado laboral Número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet.

El magistrado rechazó hoy conceder la medida cautelar interina porque todavía no está en vigencia el decreto de Milei. Ramonet, en tanto, sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera y le corrió vista a la Jefatura de Gabinete.

En paralelo al formalismo judicial, la CGT hizo público un duro documento contra el Gobierno que se titula “Somos los trabajadores, no la casta” y que cuestiona, por ejemplo, que no se permita el debate de los cambios en el Congreso. “Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario. El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, planteó la central obrera peronista.

Y agregó: “Ser legal es respetar la Constitucion Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías. No se confunda señor presidente, somos trabajadores, no la casta”

El documento completo

El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste lo pagaría lo que él denomina “casta política”, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte.

Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales

El orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado.

No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral.

Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario.

El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad, tal como lo expresa nuestra Constitución y la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hoy vinimos a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU. Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República.

Es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores. Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía.

Hoy, en representación de los intereses de todos y todas las trabajadoras y los trabajadores que, de manera sectorizada o generalizada, ven conculcados sus derechos, presentamos ante la Justicia Nacional del Trabajo nuestro reclamo a fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad de Urgencia.

No lo hemos hecho ni por “sadismo ni por corrupción”, lo hacemos por la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general.

Por último, reiteramos que una elección democrática de Presidente otorga legalidad y legitimidad para quien es electo para impulsar las iniciativas políticas que considere necesarias pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la división de poderes republicanos.

Ser legal es respetar la Constitucion Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías.

Si no se respeta ese esquema se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República.

NO SE CONFUNDA SEÑOR PRESIDENTE. NO SOMOS LA CASTA. SOMOS LOS TRABAJADORES

Ciudad de Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2023.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

El Banco Nación y otras 40 empresas que el gobierno quiere privatizar

Este miércoles se presentó en el Congreso el paquete de leyes envíado por el ejecutivo «para la libertad de los argentinos», también conocido como «ley ómnibus» para complementar el polémico DNU de Javier Milei. Este proyecto incluye un listado de 41 empresas estatales «sujetas a privatización».En el listado de empresas del Estado que podrían pasar a manos privadas se encuentran Aerolíneas Argentinas, AySA, YPF, el Banco Nación y Ferrocarriles Argentinos, la empresa estatal con mayor cantidad de personal con más de 30 mil empleados. También figuran empresas emblemáticas como el Correo Argentino, Fabricaciones Militares, los Puertos, la agencia de noticias Télam y Radio y Televisión del Estado. Algunas de las compañías que forman parte del listado, como Aerolíneas y AySA, ya constituyen sociedades anónimas, lo que facilitará su proceso de privatización.

Esta es la lista de empresas públicas que el Gobierno busca privatizar

  • Administración General de Puertos S.E.
  • Aerolíneas Argentinas S.A.
  • Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
  • Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
  • Banco de la Nación Argentina
  • Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
  • Casa de Moneda S.E.
  • Contenidos Públicos S.E.
  • Corredores Viales S.A.
  • Correo Oficial de la República Argentina S.A.
  • Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E.
  • DIOXITEK S.A.
  • EDUC.AR S.E.
  • Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.
  • Energía Argentina S.A.
  • Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.
  • Fabricaciones Militares S.E.
  • Ferrocarriles Argentinos S.E.
  • Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.
  • INTERCARGO S.A.U.
  • Nación Bursátil S.A.
  • Pellegrini S.A.
  • Nación Reaseguros S.A.
  • Nación Seguros de Retiro S.A.
  • Nación Servicios S.A.
  • Nucleoeléctrica Argentina S.A.
  • Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A.
  • Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
  • Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A.
  • Radio y Televisión Argentina S.E.
  • Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba S.A.
  • Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.
  • TELAM S.E.
  • Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM.
  • BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A.
  • ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E.
  • OPERADORA FERROVIARIA S.E
  • Vehículo Espacial Nueva Generación S.A.
  • Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado
  • Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)
  • YPF S.A.

Quieren privatizar la actividad nuclear. Ya lo había intentado Menem

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Lo primero a entender es que no estamos en 1997 y hoy NA-SA es una empresa estratégicamente valiosa por su capital y su capacidad de recaudación. En 1997 no lo era. Pero las opciones diplomáticas son aún más atractivas que las económicas, aunque no para nuestro país: privatizar NA-SA hoy permitiría cavarle la tumba definitiva al Programa Nuclear Argentino tal como se lo concibió entre 1950 hasta 1989: independiente. En 1997 en el gobierno de Carlos Menem ya habÍa planteado la privatización de la actividad nuclear en la República Argentina con la Ley 24.804 que estableció:

«ARTICULO 35.-Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) o la sociedad que se constituya con el objeto de ejecutar la privatización autorizada por el artículo precedente mantendrá hasta un veinte por ciento (20 %) de su capital y una (1) acción como mínimo en poder del Estado nacional, correspondiendo su tenencia así como el ejercicio de los derechos societarios al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

De dicho capital se asignará a los trabajadores en relación de dependencia de la empresa, el porcentaje que se determine en el marco del programa de propiedad participada previsto en la ley 23.696.

El Estado nacional será titular permanente de una (1) acción de la sociedad y se requerirá ineludiblemente su voto afirmativo para la toma de decisiones que signifiquen:

a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva;

b) La salida de servicio por motivos no técnicos. ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica.

ARTICULO 36.- Declárase sujeta a privatización la actividad vinculada al ciclo de combustible nuclear con destino a la generación nucleoeléctrica a escala industrial o de investigación, y a la producción y aplicaciones de radioisótopos y radiaciones que desarrolla la Comisión Nacional de Energía Atómica, en forma directa o asociada con otras entidades. considerado ello tanto en su totalidad como en cualquiera de sus partes componentes.

ARTICULO 37.- A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, de las cuales el Estado nacional tendrá una (1) acción como mínimo con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.»

Como se ve el Estado conservaba una acción con poder decisivo en una serie de casos específicos, como ser adquisición de nuevas centrales o cierre de las anteriores. Esa NA-SA menemista fracasó en su objetivo inicial de privatizar dos centrales en buen funcionamiento (Atucha 1 y Embalse) a cambio de terminar una tercera (Atucha 2). Pero ésta seguiría clavada durante 27 años más en atrasos por desfinanciación y luego franco abandono de la obra a partir de fines de 1982.

Nadie quiso hacerse cargo de NA-SA, ese niño huérfano. A los «capitanes de la industria», el título que se daban en Clarín las empresas que mal o bien, y en general prendidas a la yugular del estado, habían practicado algunas ingenierías complejas, ahora preferían cosas menos complicadas, como cobrar peajes. Viendo que no había compradores internos o externos, Menem hizo de NA-SA una caja de recaudación personal, cuya misión era decir que estaba terminando Atucha 2.

Pero la situación actual es otra: NA-SA renació con una misión en 2006: terminar Atucha 2, bajo la dirección del Ing. José Luis Antúnez. Lo interesante de ello fue que renació no sólo como operadora, sino como constructora y diseñadora, y de yapa muy transparente por fuerza, porque no le iban a faltar enemigos.

La consecuencia es que hoy las dos Atuchas funcionan al pelo, tras haber sido reparadas de vicios de diseño típicos de prototipos, porque ambas lo son. Atucha 1, la más vieja y chica, ya atravesó una reparación de internos entre 1988 y 1990, más repotenciaciones y extensiones de vida.

Se le logró aumentar la potencia de 320 a 362 MWe, mejorar su quemado del combustible en un 80%, incrementar su seguridad contra accidentes por recalentamiento del núcleo, que ya era altísima cuando se la inauguró, e incrementar su disponibilidad de un 70% a un 93%. Ahora encara otra que le dará 20 años más de vida operativa y costará U$ 450 millones.

En esta tercera reencarnación, salvo que el nuevo gobierno o los nuevos dueños la impidan, la central estará facturando U$ 130 millones/año, es decir U$ 2600 millones a valor de hoy a término. Se abre la posibilidad de que el estado nacional invierta U$ 450 millones para que alguien que NO ES el estado facture U$ 2600 a término, y a dólar constante. ¿Es negocio?

Atucha 2 parece haber sido reparada de dos problemas de diseño. El primero fue una bomba del circuito primario, antes de la pandemia. El segundo fue el desprendimiento de una pieza inútil y redundante de soporte del núcleo, otro error de SIEMENS, por cuya reparación la multinacional alemana pidió 400 millones de euros con la central entre 4 y 6 años fuera de servicio. NA-SA, que terminó la máquina sin ayuda alguna de SIEMENS entre 2006 y 2014, hizo la reparación en 9 meses y por U$ 21 millones.

¿Se hubiera atrevido a lo mismo capitalista privado acostumbrado a medio siglo de prebendas? No, y no sólo por falta de vocación. Básicamente, porque no habría tenido a mano el nivel técnico de recursos humanos que juntan entre NA-SA y la CNEA. No cualquier cacatúa es Carlitos Gardel, aunque se crea. Ahora, el decretazo de Milei le dará a algún vividor algo que jamás habría conseguido por su cuenta.

Es presumible que la primera vida útil de Atucha 2 llegue hasta 2047, si repite la buena performance que tuvo Atucha 1 desde que la CNEA y luego NA-SA la fueron cepillando de sus defectos de diseño. Si logra esa disponibilidad fabulosa del 93%, estaría facturando U$ 267 millones/año durante los próximos 23 años, lo que da U$ 6141 millones de recaudación a algún vampiro del estado sin haber puesto antes un mango en la terminación y las reparaciones. ¿Es negocio?

Los números se repiten con ligeras variaciones para la Central Nuclear de Embalse, que por su tecnología de tubos de presión en lugar de recipiente de presión, debe ser «retubada» cada 30 años. Es una de las 11 CANDU-6 que se vendieron en Canadá y 6 países más, un producto estandarizado, pulido, seguro y predecible. Fue retubada a nuevo entre 2014 y 2018, ganó un 6% de potencia, su disponibilidad aumento del 89% (alta) a 93% y su prolongación de segunda vida probablemente expire en 2048, lo que supondría una facturación de U$ 232 millones/año durante 24 años, ergo un total de U$ 5568 millones.

Ninguna de estas cifras es 100% segura, porque a término de segundas o terceras extensiones de vida de centrales nucleares es predecible una pequeña merma de disponibilidad, por desperfectos debidos a desgaste.

Otro ángulo codiciable de NA-SA es el blindaje político que le otorgaría a los eventuales capitales petroleros que compren su paquete de centrales. Como dijimos en este mismo portal, no hace falta decir que las centrales nucleares tienen el megavatio hora más barato del país U$ 46 frente a los U$ 65 a 70 de las renovables, y que a término de vida útil, emitieron menos dióxido de carbono fósil y casi no generaron efecto invernadero. ¿O sí hace falta?

A mediano plazo es esperable que ante la total inepcia de las Naciones Unidas por mitigar el recalentamiento global, los países más perjudicados empiecen a aplicar sanciones unilaterales a los grandes emisores, ya se trate de empresas o países. Tener algunas centrales nucleares en el capital accionario es un apalancamiento ante posibles pérdidas. Y en términos de imagen, ahora que en la percepción pública el demonio es el clima extremo y no el átomo, para cualquier petrolero el operar centrales nucleares es un buen «greenwashing» de imagen.

Pero lo que resulta altamente improbable es que el nuevo dueño privado que se quede con este paquete tecnológico se conforme con cobrarle a CAMMESA U$ 46 el megavatio hora. Máxime ante un nuevo episodio de tarifazos. Acaban de desaparecer las posibilidades de que el estado le diga a un particular que siga cobrando lo mismo por electricidad nuclear, limpia y de alta disponibilidad como no la dan ni las centrales hidroeléctricas, en lugar del doble o el triple.

Ahora el proyecto que envio Javier Milei al Congreso elimina esa salvaguardia para Nucleoeléctrica Argentina y la conserva mas limitada y bajo control exclusivo del Poder Ejecutivo de la Nación para la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es decir, ya no será Javier Milei o quien lo suceda en el actual gobierno, y menos que menos el Poder Legislativo, quienes decidan si una central nuclear argentina se repara o no, se mejora o no, sale de servicio o no, si se revende a terceras partes o no.

Será el nuevo dueño de NA-SA.

Esta privatización empieza peor que la que terminó con YPF en manos de REPSOL. Aquella privatización en la que el estado resignó la acción de oro permitió que la firma española, una nulidad mundial sin petróleo ni gas ni desarrollos tecnológicos propios, vaciara (en términos físicos, no sólo contables) el gigantesco yacimiento de gas de Loma de la Lata. En 1986 se estimaba duraría 60 años con un crecimiento anual del PBI del 6,5%.

Pero mágicamente, a fuerza de una década de ventas subvaluadas a las «utilities» eléctricas criollas y a Chile, Loma de la Lata estaba despresurizada y ya casi muerta en 2004. El país zafó -y sólo un poco- con nuevo gas off-shore en Tierra del Fuego, y desde 2014, con fracking en Vaca Muerta y a un costo ambiental que te la cuento.

Los artículos que dejaban al estado argentino con la acción de oro de YPF en última instancia fueron apartados sin miramientos para que, vista la falta de oposición legislativa, Menem los borrara para que REPSOL se apropiara totalmente de YPF e hiciera lo que se le dio la gana. Eran:

«ARTÍCULO 10.- Derógase los artículos 35 de la Ley N° 24.804.

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 37 de la Ley N° 24.804, por el siguiente: “ARTICULO 37.- A los fines de las privatizaciones señaladas en el artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.

En la privatización de NA-SA por parte de Milei no hay acción de oro ni niño muerto, como dicen en el campo. La empresa se regala sin condiciones. El presidente está casi logrando que extrañemos a Menem.

De todos modos, todo esto que acabamos de explicar sobre el futuro NA-SA es nada, frente a lo que se abre: la posibilidad de comprarla a algún privado que le saque todo el jugo posible y luego la cierre. O la venda, ya devaluada y hecha percha por expulsión de personal calificado, a un operador yanqui para que éste la cierre, y así quitarse la responsabilidad pública de haber matado al activo joya del Programa Nuclear más dinámico y exitoso de todo el Hemisferio Sur.

Nada podría alegrar más a La Embajada y al mundo petrolero. Por causas distintas en cada caso.

La Embajada, porque desde que INVAP S.E. la otra empresa ESTATAL exitosa del Programa Nuclear, salió a competir en el mercado mundial de reactores multipropósito, los EEUU sólo pudieron ganar una licitación, la de Tailandia, sumamente amañada y con un impresentable TRIGA de la época del jopo. INVAP entre tanto ganó en Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita. EEUU tiene radioisótopos médicos sólo gracias al reactor OPAL que INVAP le vendió a Australia en 2000. Los autodenominados americanos ya ni tratan de competir con esta empresa barilochense.

Los petroleros tienen otras razones. Los 1763 MW nucleares instalados de NA-SA evitan la quema de 2820 millones de metros cúbicos de gas natural por año.

Somos un clavo en más de un zapato, lectores. Y del futuro de la seguridad nuclear todavía no hemos hablado. Ya lo haremos.

Es cara.

Daniel E. Arias y José A. Fernandez

Educación: Proponen prueba censal al fin del secundario, y otras reformas

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Si se aprueba el texto de la ley ómnibus tal como fue enviada al Congreso, al finalizar la secundaria los estudiantes deberán rendir un examen para acreditar su nivel de desempeño.

Será una prueba censal, es decir para medir el nivel general, pero será un dato que la persona podrá incluir en su currículum vitae. No se habló hasta ahora si condicionará su ingreso a la universidad.

Además, se incorporarán mecanismos de evaluación y revalidación de conocimientos, tanto para alumnos como docentes, y los padres podrán acceder a los resultados de los métodos de evaluación colectiva, como las pruebas Aprender, para conocer el desempeño de sus hijos y de la escuela a la que los envían.

Otro de los cambios será que para ingresar a la universidad pública se podrá optar por un examen o un curso de nivelación y que los estudios de grado en las universidades públicas seguirán siendo gratuitos para los argentinos y extranjeros residentes permanentes, pero se podrá cobrar una cuota a extranjeros que vengan a estudiar, aunque se podrá implementar un sistema de becas financiado por convenios con otros países o instituciones privadas extranjeras. También se habilitará un mecanismo para que se pueda optar por la modalidad de homeschooling a partir de cuarto grado del nivel primario, entre otros importantes cambios.

Esto surge del texto que envió al Congreso el gobierno de Javier Milei. La mayoría de los cambios propuestos en educación fueron impulsados por el equipo de Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central y gran impulsor detrás de las reformas propuestas.

“Se impulsan cambios en el sistema educativo, con un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país. Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Finalmente, respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”, dice el texto en sus primeras páginas.

Después, a partir de la página 162, incorpora cambios en las distintas leyes que regulan el sistema educativo. Habla de financiamiento, sin introducir grandes cambios ni mencionar nada ni siquiera parecido al sistema de vouchers, e incluso agrega un artículo en el que se respeta la potestad de las provincias de establecer las condiciones de la escolaridad, salario docente, calendario educativo, entre otras cuestiones, aunque abre la posibilidad a que empresas y donantes particulares aporten fondos a las cooperadoras de las escuelas, sin que se les prohíba usar esa información como parte de una acción publicitaria, algo que la ley vigente no permite.

Hoy marcha la CGT a tribunales por la anulación del DNU de Milei

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La CGT (Confederación General del Trabajo) va a protestar contra el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) firmado por el presidente Javier Milei la semana pasada con una marcha el próximo miércoles 27 de diciembre. Además, distintas voces dentro de la liga de sindicatos piden un paro general en rechazo a la derogación y modificación de más de 300 leyes —muchas en el ámbito laboral— que planteó el instrumento normativo.

La manifestación sindical tendrá como objeto el Palacio de Justicia de la Nación, cerca de la estación Tribunales del subte línea D, donde se ubica la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es que desde el polo gremial ya advirtieron que buscarán frenar las desregulaciones y cambios legales establecidos en el DNU a través de amparos judiciales, que recaerán en el Supremo Tribunal. Por eso, el centro geográfico del acto principal, previsto para las 12 del mediodía, será la Plaza Lavalle, frente al emblemático edificio del centro porteño.

Esta concentración tendrá como objetivo manifestarse contra el mega decreto de necesidad y urgencia presentado en cadena nacional por el presidente Javier Milei, que entre sus cientos de modificaciones legales incluye varias en el ámbito laboral. Entre otras, el texto plantea la eliminación de la ley 25.323 de indemnizaciones, así como la posibilidad de reemplazar el esquema actual de resarcimientos por despido por un fondo de cese, al cual el empleado aporta un componente mensual de su salario, similar al que ya existe en ámbitos como la construcción.

Además, también modifica la ley N° 23.660 de obras sociales, determinando que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, “funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa”.

¿Hay un paro general el miércoles contra el gobierno de Javier Milei?

Por este y otros cambios, no faltaron los rumores de un paro general por parte de la CGT, que sería su primera acción de este tipo desde mayo de 2019. Aunque no lo descartó, el triunviro cegetista Pablo Moyano eligió ir paso a paso: “La CGT convoca al día miércoles a Tribunales para presentar que se anule este decreto que es una locura lo que está produciendo en millones de argentinos. Después se va a discutir un plan de lucha, que también abarca un paro nacional”.

Esta decisión se tomaría al día siguiente, cuando sesionará un Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la central sindical y del que participan las regionales de todo el país.

Quiénes marcharán contra el Gobierno este miércoles 27

La central de origen peronista sumó la adhesión y participación a la marcha de las dos vertientes de la CTA (Central de trabajadores de la Argentina) y también de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Además, ya hubo negociaciones para sumar al Polo Obrero, referenciado en el Partido Obrero que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT). Por eso, este martes hay una reunión del triunvirato cegetista con Eduardo Belliboni, líder de la agrupación piquetera.

La marcha de la CGT del próximo miércoles 27 podría sumar a los piqueteros del Polo Obrero
La marcha de la CGT del próximo miércoles 27 podría sumar a los piqueteros del Polo ObreroTomás Cuesta 

En caso de sumarse a la protesta, será la segunda vez que desde el Polo Obrero marchan contra el gobierno de Milei, ya que este año realizaron la manifestación del 20 de diciembre, donde homenajearon a las víctimas civiles de la represión del Argentinazo, las protestas sociales que causaron la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.

FADEA impulsa la venta de 4 aviones AI-63 Pampa III a República Dominicana

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En un difícil contexto atento las limitaciones impuestas por la inestable política de defensa nacional, la Fábrica Argentina de Aviones ( FAdeA ) “Brigadier San Martín” aún se enfrenta al desafío de poder concretar una venta del entrenador IA-63 Pampa III a la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

Desde hace varios años, FAdeA ha mantenido acercamiento y negociaciones con varios países a los fines de poder avanzar en la venta del Pampa III. República Dominicana ha sido uno de esos interesados, país cuya Fuerza Aérea mantiene un requerimiento por una aeronave de las características del entrenador ofrecido por la fábrica.

Pese a que el interés y negociaciones se han mantenido con un bajo perfil, durante una reciente entrevista a la Presidente de FAdeA, Dra Mirta Iriondo, la titular de la fábrica expresó a Zona Militar que el interés dominicano es por cuatro de IA-63 Pampa III, aeronaves requeridas por sus capacidades de ataque ligero y bajos costos.

Sin embargo, Iriondo también destacó que para concretar la exportación del Pampa, FAdeA deberá contar con el apoyo del Gobierno argentino a los fines de garantizar y trabajar en cuestiones elementales como son la financiación y la disponibilidad de fondos para adquirir los componentes necesarios para la fabricación de los IA-63 Pampa III.

Esto último ha sido un punto crítico en los últimos años, ya que las condiciones para la compra de componentes en el extranjero, así como el pago a proveedores, se han deteriorado considerablemente por varias razones: la negativa de poner a disposición las divisas requeridas, la falta de autorización en la importaciones SIRA y demás limitaciones locales.

Lo mencionado no solo tienen una incidencia directa a la hora de salir a ofrecer al IA-63 Pampa III o al entrenador básico IA100, sino que también afectó las líneas locales, generando demoras en los cronogramas previstos en los contratos vigentes.

El futuro del Pampa III dependerá en buena medida de la estrategia que decida adoptar la nueva gestión, así como de las medidas de apoyo a FAdeA que permitan garantizar completar los contratos vigentes, manteniendo la posibilidad de realizar una venta al exterior. Esto implicará un esfuerzo interagencial en el cual deberán tomar participación el Ministerio de Defensa, Economía y Cancillería.

En los últimos años, FAdeA logró extender contactos con Egipto, Perú, Paraguay, México y Guatemala (con una venta fallida hace unos años), con el objetivo de ofrecer el IA-63 Pampa III como solución a los requerimientos de un entrenador avanzado con capacidad de ataque ligero. Por supuesto, cada propuesta con sus desafíos propios pero con la posibilidad de trabajar en acuerdos pensando en una venta.

El gobierno desalienta la producción de biodiésel

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Argentina es la única de los tres grandes naciones “sojeras” del mundo que, lejos de promover el consumo interno de biodiésel para consolidar el autoabastecimiento energético, viene implementando en los últimos años políticas para perjudicar a la actividad. Hilarión del Olmo, presidente de la fábrica de biodiésel Explora SA, realizó un repaso de la gestión de la última secretaria de Energía, Flavia Royón, para llegar a la conclusión de que fue una verdadera calamidad para el sector. “A nivel secretarios de Energía, el porcentaje de corte real de la gestión de Flavia Royón fue de 5,2%. El segundo porcentaje de corte real más bajo desde el inicio de la obligación efectiva de mezcla (marzo de 2010)”, indica el informe referido a la gestión comprendida entre el 8 de agosto de 2022 y el 10 de diciembre de 2023. Flavia Royón tuvo una eficiencia del 68,9% en el cumplimiento del corte obligatorio, el segundo nivel más bajo de la seria histórica, superado solamente por la gestión de Darío Martínez con el 55,8%. “En los 426 días de la gestión de Royón –contados desde el 1 de septiembre de 2022 desde hasta 31 de octubre 2023 (último dato disponible, empeorará cuando se conozcan los números de noviembre 2023) se entregaron 345.060 toneladas menos de biodiésel que lo asignado”, señala Del Olmo. El presidente de Explora remarca que entre el 8 de agosto de 2022 y el 29 de noviembre de 2023 Royón firmó cinco resoluciones que modificaron el precio del biodiésel destinado al corte obligatorio sin aplicar la fórmula de precio que considerara los costos de elaboración del producto, lo que incumple la Ley 27.640. El informe señala que en 2015 –último año de administración de Cristina Fernández de Kirchner– el consumo en el mercado interno de biodiésel fue de 1.014.363 toneladas con un corte obligatorio del 10% que en términos efectivos se ubicó en 8,3%. En 2019 –último año de administración de Mauricio Macri– el consumo en el mercado interno de biodiésel fue de 1.126.468 toneladas con un corte obligatorio también del 10% y uno real del 9,2%. “Por lo tanto, medido el resultado del año 2023, contra el año 2015 el consumo de biodiésel en el mercado argentino se contrajo un 37,8% o 383.238 toneladas menos; y contra 2019 se redujo en un 43,9% o 495.343 toneladas menos”, apunta el documento. “Para contrastarlo con lo ocurrido en el mercado de biodiésel en otros países: en EE.UU. en 2015 el consumo fue de 6.995.437 toneladas y en 2022 pasó a 9.993.482 toneladas; en Brasil en 2015 fue de 3.521.000 toneladas y en 2022 se ubicó 5.476.630 toneladas”, resume.

Comentario de AgendAR:

Olvidate del mercado interno y de la Ley de Corte. Como valor agregado, exportar aceites y harinas de soja no es gran cosa, pero es un negocio mucho mayor que el del corte local, y ahora impositivamente tiene iguales retenciones que exportar porotos.

Daniel E. Arias

La Central Nuclear de Embalse volvió a generar energía

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Este sábado, la Central Nuclear Embalse volvió a entrar en funcionamiento, tras permanecer fuera de servicio desde el jueves.

Luego de dos días de ausencia, desde el sábado a las 14.28 la planta nuclear volvió a reconectarse al sistema nacional y a aportar energía eléctrica a la red.

Según habían informado voceros de la empresa, un desperfecto en el sistema de control electrohidráulico de la turbina -en un edificio ajeno al reactor- había provocado el inconveniente.

Aseguraron a su vez, que el incidente no implicó ningún tipo de peligro ni para el personal ni para la comunidad.

Luego de efectuar las reparaciones correspondientes, este sábado se puso en marcha nuevamente. Desde la planta habían advertido que, en esas maniobras, podía llegar a liberarse vapor de agua por sus válvulas de alivio. “Este procedimiento, en ocasiones produce un fuerte sonido, que no representa ningún riesgo”, aclararon.